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Etiqueta: COVID-19

Convocatoria-propuesta para un movimiento nacional por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense y las instituciones públicas

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

SURCOS, recibió la siguiente propuesta para los diferentes sectores de la ciudadanía costarricense para unirse por la defensa del Estado Social de Derecho de nuestro país, propiciando una articulación y alianzas entre grupos con iniciativas ya planteadas y con propuestas de soluciones integrales y conjuntas:

Convocatoria-propuesta para un movimiento nacional por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense y las instituciones públicas

En esta hora difícil de la vida del país, proponemos respetuosamente a las asociaciones culturales, cooperativas, sindicatos y centrales sindicales, asociaciones de mujeres, universidades públicas, grupos comunales, grupos artísticos, asociaciones ambientalistas, grupos de científicos y a todos los sectores de la ciudadanía unirse por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense, sus conquistas e instituciones, entre ellas, CCSS, INS, ICE, bancos del Estado, INA y las universidades públicas, de modo que se propicie una articulación, con una agenda común, en la búsqueda de las respuestas necesarias desde la ciudadanía, concernida por la Constitución Política de la República, artículo 9o. Para lograrlo, se procuren alianzas entre grupos con iniciativas ya planteadas y otros, en la tarea de proponer soluciones integrales y conjuntas, ante el momento actual y sus desafíos.

Esa unión de todos los sectores sociales es indispensable para la defensa de la institucionalidad democrática, frente a las acciones de las fuerzas políticas y económicas neoliberales, que impactan fuertemente en la conducción del Estado costarricense, mediante una alianza de partidos políticos, en la Asamblea Legislativa. Esos grupos, desde hace varias décadas, partiendo de los Programas de Ajuste Estructural (PAEs) pretenden cambiar, de manera regresiva, el modelo propio del Estado social costarricense. En la actualidad, ubicados en distintos espacios, están tomando medidas económicas que impactan muy seriamente a la clase media y a los grupos menos favorecidos del país, aprovechando el contexto del COVID-19, que inmoviliza al pueblo costarricense por la cuarentena. Aprobar, en estas circunstancias, leyes y medidas económicas sin fundamentos técnicos, que podrían ser violatorias de los derechos laborales adquiridos, e incluso, algunas de carácter retroactivo, sería un acto lesivo, recordado por generaciones.

En efecto, desde los poderes del Estado, luego de haber hecho recaer el peso de la crisis fiscal sobre el pueblo trabajador y los grupos de jubilados, cargándolos de impuestos, se eximen y perdonan las deudas a los grupos poderosos del capital financiero y empresarial, incluidos a los evasores de impuestos. Paralelamente, se han reducido las libertades de protesta y manifestación públicas, mediante, leyes insólitas, como la “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”. Otras amenazas penden sobre nuestras cabezas, a saber, un pretendido rebajo del 15% de la jornada laboral y la sugerencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de crear un impuesto sobre el salario escolar y el aguinaldo. La meta final de esos sectores parece ser borrar lo que sobrevive del Estado de bienestar costarricense, construido históricamente con el esfuerzo democrático y solidario de las generaciones que nos preceden.

Con ese nuevo estilo de gobierno, se diría que buscan imponer la forma del Estado propio de las sociedades neoliberales, sobre la base del fundamentalismo de mercado y la privatización. Al priorizar los objetivos económicos y una tecnología excluyente, sobre la dignidad de la vida humana, concentran la riqueza y exacerban la brecha social entre pobres y ricos. Se destruyen así las condiciones estructurales sobre las que se edifica la paz social, la dignidad humana, la justicia social, la equidad y la búsqueda del consenso, pilares del estilo de vida democrático costarricense. Con todo ello, se obedece también a los dictados de los organismos internacionales, cuyo propósito es enfatizar una globalización neoliberal en el país, cuando ya está cuestionada y en retroceso en varias partes del mundo. A pesar de haber encontrado resistencia social, estas políticas han logrado colocar a Costa Rica entre los diez países más desiguales del mundo, lo que significa que han producido una enfática polarización social en los últimos cuarenta años.Finalmente, por lo que se ha anunciado, se avecina una escalada mayor, pues la búsqueda de préstamos multimillonarios dejaría a Costa Rica más endeudada y a merced de los organismos internacionales y sus dictados. Es así que sectores del gran empresariado, como el grupo Horizonte Positivo, con el respaldo de la Unión Costarricense de Cámaras empresariales (UCCAEP), han pedido la venta de los activos más lucrativos del Estado, entre ellos, la FANAL y KÖLBI, mientras que, por otra parte, existe la negativa a financiar debidamente instituciones de bien común, tales como la CCSS y las universidades públicas, todo ello, sin que se ofrezca la fundamentación fidedigna.

Ante este escenario, consideramos indispensable la unión del pueblo costarricense y, en consecuencia, hacemos una vehemente excitativa para que se cree un Movimiento Nacional por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense y sus instituciones, como alianza duradera de todos los sectores sociales frente a los objetivos económicos y las acciones políticas que profundizan las brechas económicas, tecnológicas, legales, culturales y sociales. Se debilita de ese modo a la clase media y se lanza a muchos sectores a una pobreza cada vez mayor.

Se trataría de un movimiento pacífico, en el marco del ordenamiento jurídico costarricense.

Sugerimos los siguientes objetivos, entre otros muchos:

  1. Defender, a partir de una agenda nacional compartida, las garantías constitucionales y sociales que le confieren identidad al Estado costarricense y a sus instituciones, a saber, CCSS, ICE, INS, RECOPE, bancos del Estado, las universidades y demás instituciones públicas, frente a la amenaza de eliminación o privatización, explícita o implícita, muy evidente en el momento actual de crisis sanitaria y social.
  2. Analizar e informar sobre los distintos proyectos de ley, decretos, programas y otros que pretendan direccionar el Estado costarricense hacia los objetivos neoliberales y otros que buscan la polarización económica y social, desoyendo las necesidades de las mayorías o actuando contra ellas.
  3. Informar y alertar a la población costarricense sobre proyectos y programas económicos y otras medidas, como préstamos y firma de tratados internacionales, así como sobre personas físicas y jurídicas que los promueven, atentando contra el Estado Social de Derecho, la democracia y sus instituciones.
  4. Llamar a la población costarricense a analizar y pronunciarse colectivamente sobre actos de corrupción, favorecimiento de las empresas privadas frente a las públicas, traslado o conversión indebida de bienes públicos en privados, deterioro de los servicios públicos, deudas acumuladas y no pagadas a las instituciones públicas y creación de impuestos no equitativos, entre otros.
  5. Denunciar y repudiar las acciones económicas y políticas lesivas contra las mayorías en tiempo de pandemia, o el aprovechamiento de las condiciones de aislamiento social, para impulsar leyes por la vía rápida y sin la discusión política debida, de cara al pueblo costarricense.
  6. Propiciar el diálogo, el análisis y la discusión de todos los temas de interés colectivo mayoritario, tales como proyectos, programas, leyes y decretos de primera importancia para la vida nacional; igualmente, el resguardo de la privacidad de los miembros de la ciudadanía, las estrategias sanitarias y alimentarias ante emergencias y otros similares, procurando el más amplio acceso, mediante plataformas de alcance masivo.

San José, 18 de agosto de 2020

CONVOCATORIA-PROPUESTA PARA UN MOVIMIENTO NACIONAL POR LA DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO COSTARRICENSE Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

LISTADO DE FIRMANTES

Un total de cincuenta y cinco personas son firmantes de este documento:

  1. Alice Ramírez Ramírez. Educadora jubilada. Consultora independiente en temas relacionados con la educación superior y área curricular.
  2. Ana Lorena Ulate Rodríguez. Educadora comprometida con las luchas patrióticas costarricenses. Defensora de los derechos de las mujeres y promotora cultural.
  3. Anacristina Rossi. Escritora, traductora, especialista en estudios de la mujer, ambientalista y profesora universitaria, Universidad de Costa Rica.
  4. Aquiles Jiménez Arias. Escultor, dos veces Premio Nacional Aquileo Echeverría en escultura.
  5. Arnoldo Mora Rodríguez. Filósofo costarricense, académico distinguido de varias universidades, Premio Nacional Aquileo J. Echeverría y Premio Joaquín García Monge, Miembro de la Academia Costarricense de la Lengua.
  6. Carmen Camacho Rodríguez. Socióloga, docente universitaria, investigadora y consultora internacional.
  7. Carmen María Méndez Navas. Catedrática jubilada, UNA-UCR; doctora en Cultura Artística Centroamericana. Directora de la Fundación Academia ACUA. Exdirectora General de la Orquesta Sinfónica Nacional.
  8. Daniel Camacho Monge. Abogado, académico, Profesor Emérito de la UCR, sociólogo de muy destacada trayectoria nacional e internacional.
  9. Eduardo Madrigal Muñoz. Doctor en Historia, profesor catedrático de UCR e investigador (CIICLA-UCR)
  10. Federico Molina Campos. Pianista y educador de la Escuela de Artes Musicales, UCR. Pianista titular de la Compañía Lírica en dos oportunidades, cofundador de la Orquesta Sinfónica Municipal de Cartago.
  11. Flora Fernández Amón. Administradora de Empresas, empresaria. Fue parte de la Comisión Económica para América Latina.
  12. Gabriel Mejía Ramírez. Catedrático jubilado, Doctor en Educación, consultor internacional, autor de varios libros sobre educación para la salud y la tercera edad.
  13. Gerardo Meza Sandoval. Pianista con un doctorado interdisciplinario en Letras y Artes de la Universidad Nacional.
  14. Giselle Virginia Chang Vargas. Antropóloga, doctorado en Sociedad y Cultura. Premio UNESCO, Premio Tenerife, España, autora, editora, experta en patrimonio cultural.
  15. Grettel Balmaceda García. Maestría en Salud Pública. Exfuncionaria del Ministerio Salud. Docente de UCIMED y UNED.
  16. Guillermo Miranda Camacho. Sociólogo, especialista en Sociología de la Educación, Doctor en Educación. Catedrático jubilado, UNA-UCR.
  17. Hannia Franceschi Barraza. Especialista en trabajo social y desarrollo sostenible.
  18. Harry Castillo Valle. Ingeniero Químico. Investigador jubilado de la Escuela de Ingeniería Química de la UCR.
  19. Hazel Vargas Zeledón. Catedrática jubilada UNA y UCR. Ex decana Centro de Estudios Generales UNA, Ex Secretaria Adjunta del CSUCA.
  20. Henry G. Arce Arce. Fundador del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (CINAT) de la UNA.
  21. Henry Orlando Vargas Benavides. Catedrático, Fundación InterArtes.
  22. Isabel Zúñiga Narváez. Educadora.
  23. Javier Solís Herrera. Periodista y teólogo. Diputado en el período 1986-1990.
  24. Jorge Eduardo Carmona Ruiz. Pianista, doctor en Cultura Musical Centroamericana, miembro Comisión CR-UNESCO, miembro FLADEM, Premio Nacional de Música. Catedrático jubilado, UCR.
  25. Jorge Hernández Cascante. Sociólogo. Estudios sobre campesinado.
  26. José Luis Vega Carballo. Sociólogo. Académico jubilado. Dedicado a investigar, escribir y promocionar causas de la lucha social.
  27. José Solano Alpízar. Historiador y pedagogo, doctor en Ciencias Humanas, con Mención en Análisis del Discurso y la Cultura.
  28. Julieta Dobles Yzaguirre. Poeta, Premio Magón, catedrática jubilada UCR, Miembro de la Academia Costarricense de la Lengua.
  29. Leiner Vargas Alfaro. Economista. Profesor e Investigador del CINPE-UNA. Profesor invitado en varias universidades de Europa.
  30. Lorena Flores Solano. Profesora jubilada, ex coordinadora de la Oficina de Pensiones de APSE.
  31. Luis Jorge Poveda Álvarez. Biólogo, taxónomo. Cofundador del Herbario Juvenal Valerio de la UNA. Profesor Emérito. Investigador de antioxidantes para beneficio de la salud, identificación de plantas medicinales contra el cáncer.
  32. Luis Paulino Vargas Solís. Economista, catedrático universitario, académico del CICDE-UNED. Ha publicado doce libros y diversos artículos científicos. Premio Nacional Aquileo Echeverría.
  33. Luis Sánchez Chaves. Catedrático, especialista en apicultura tropical. Coordinador de la Maestría en Apicultura del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (CINAT)-UNA.
  34. Macarena Barahona Riera. Catedrática UCR. Investigadora en temas culturales, políticos y de las humanidades; poeta.
  35. Magda Zavala. Escritora, catedrática UNA, investigadora y gestora cultural. Fundadora, entre otros, de Asociación Costarricense de Escritoras y Revista ÍSTMICA.
  36. María Elena Salazar. Profesora. Dirigente magisterial y sindical, activista social, miembro del Consejo Consultivo de CONAPAM.
  37. María del Rosario Alfaro González. Catedrática Jubilada. Especialista en Ciencias Ambientales. Consultora Ambiental internacional. Impulsora del programa Calidad del aire (ProEco) para Centroamérica y Panamá.
  38. Mariano Rodríguez Pacheco. Profesor en la enseñanza del Francés, jubilado; Exsecretario General de APSE (2011-2013).
  39. Marino Protti Quesada. Geólogo. Catedrático del Ovsicori, UNA, Premio Nacional de Ciencia y Tecnología “Clodomiro Picado Twight”, Miembro de la Academia Nacional de Ciencias.
  40. Mario Alfagüell. Catedrático jubilado UCR, pianista y compositor. Premio Ones (España), Premio Nacional Aquileo J. Echeverría (3 veces), Premio Áncora (2 veces), Premio Jorge Volio y obra seleccionada en TRIMALCA.
  41. Mario Devandas Brenes. Doctor en Educación, Exdiputado (1978-1982), fundador de FENATRAP, cofundador del Frente Nacional por la Seguridad Social, Representante sindical en la Junta Directiva de la CCSS.
  42. Maynor Carranza Varela. Investigador del Herbario Juvenal Valerio de la UNA, colaborador en la recolección, identificación plantas como potenciales antioxidantes.
  43. Melvin Durán Carballo. Empresario.
  44. Leda Méndez. Abogada, activista social.
  45. Michael McCoy. Biólogo, cofundador del Programa de Maestría de Vida Silvestre, UNA. Diversas publicaciones sobre conservación y manejo de la Fauna Silvestre.
  46. Miguel Picado Gatjens. Teólogo, presbítero católico, investigador, catedrático, UNA; historiador.
  47. Osvaldo Durán Castro. Sociólogo y ecologista. Catedrático Instituto Tecnológico de Costa Rica.
  48. Pablo Sánchez Vindas. Botánico, cofundador del Herbario Juvenal Valerio, taxónomo e investigador de antioxidantes para beneficio de la salud. Autor de varios libros sobre plantas.
  49. Raziel Acevedo Álvarez. Musicólogo, investigador. Catedrático de la Sede de Guanacaste, amplia producción investigativa, UCR.
  50. Roberto Villalobos Ardón. Arquitecto, Rector ITCR 1983-1987, miembro de la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO, presidió el Colegio de Arquitectos de Costa Rica entre 1982-1984.
  51. Ronald Bonilla Carvajal. Escritor. Maestro de talleres literarios. Premio Nacional de Cultura Magón.
  52. Roxana Salazar Bonilla. Artista plástica. Profesora jubilada. Fungió como directora del Museo de San Ramón y directora de la Sede de Occidente, UCR, en San Ramón.
  53. Vera Ramírez Marín. Abogada.
  54. Virginia Vargas. Economista, empresaria, activista en derechos de las mujeres
  55. Walter Antillón Montealegre. Jurista y académico, Profesor Emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

Nota final

Las organizaciones y personas interesadas en mayor información sobre esta iniciativa pueden comunicarse con el grupo proponente en el siguiente correo electrónico: redcientificocultural@gmail.com

Primeros resultados del diagnóstico comunitario en el marco de la pandemia

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Como una iniciativa del Programa Kioscos Socioambientales, el Centro de Investigaciones en Estudios Políticos (CIEP) y algunos Trabajos Comunales Universitarios para conocer las implicaciones comunitarias, familiares, laborales y socioproductivas para los territorios indígenas, campesinos y costeros, así como poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la pandemia por el virus Covid-19.

Compartimos los primeros resultados del diagnóstico:

Carta para Carlos Alvarado de Mujeres en Acción

Escrito en . Publicado en Derechos.

Compartimos la carta enviada por el colectivo Mujeres en Acción con respecto a la iniciativa del Gobierno llamada: «Costa Rica escucha, propone y dialoga»:

San José, 18 de agosto del 2020

Señor
Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República
Su Despacho

Estimado señor presidente:

El colectivo feminista Mujeres en Acción, conscientes y extremadamente preocupadas por la crisis social, política y económica que vive nuestro país a consecuencia de las decisiones históricas y, las que se han adoptado para enfrentar la pandemia, ante la sugerencia del gobierno llamada: «Costa Rica escucha, propone y dialoga», consideramos importante manifestar lo siguiente:

  1. Es vital un diálogo nacional que abra la posibilidad de comprender y actuar sobre las realidades territoriales, sectoriales y poblacionales creadas y profundizadas a partir de las medidas adoptadas en el marco de la crisis sanitaria.
  2. Es clave reconocer que desde que inició la pandemia, grupos sociales y económicos hemos planteado acciones inmediatas, de corto y mediano plazo, que no han sido respondidas por parte de su gobierno.

En el contexto actual, y ante esta nueva propuesta, nos preguntamos:

  1. ¿Por qué se parte de una agenda ya definida unilateralmente por parte del gobierno y no se abre a una construcción conjunta entre la diversidad de sectores y actores sociales y políticos, como base para un auténtico diálogo que pueda llevar a negociaciones y acuerdos?
  2. ¿Por qué luego de cuatro meses de falta de escucha a los movimientos sociales se dan plazos tan cortos para dialogar y proponer las urgentes reformas coyunturales y estructurales que necesita nuestro país?
  3. ¿Por qué no se evidencian de forma transparente los mecanismos para analizar y sistematizar las propuestas?
  4. ¿Por qué no se aclara desde ya cuál será el mecanismo de diálogo que garantice las condiciones democráticas, justas, reales y que conduzcan a una eficaz negociación y definición de agenda nacional?
  5. ¿Existe un compromiso real con una visión y proyecto de país inclusivo y democrático, que garantice la actuación del Estado en aras del bienestar colectivo?

En relación con su llamado a la remisión de propuestas queremos recordar que este colectivo remitió a su despacho dos cartas con propuestas concretas, mismas que no han sido respondidas.

El 11 de junio enviamos al despacho que usted representa una propuesta fiscal con seis soluciones concretas para superar la pandemia sin un aumento de la desigualdad y protegiendo las instituciones del Estado de bienestar. Aquí le adjuntamos, para su estudio y respuesta, el siguiente enlace donde encuentra dicho documento:

https://drive.google.com/file/d/1SFihEzmsVmnuIbphQKhx_HwdjmIhzBuI/view?usp=sharing

En una segunda carta abierta, también dirigida a su persona y enviada el 14 de Julio a su despacho (https://drive.google.com/file/d/1lDdDuBz-jpNRmuZVovJ7OHxdW8QWeV4v/view?usp=sharing), en respuesta a su discurso en cadena nacional de televisión del 12 de julio, le preguntamos, entre otras cosas:

  1. ¿Por qué considera indispensable negociar con el Fondo Monetario Internacional, sin abordar públicamente la opción de recurrir a las reservas del Banco Central?
  2. ¿Cómo propone el gobierno refinanciar a las instituciones públicas y a los programas sociales, durante y después de la pandemia?
  3. ¿Está el gobierno valorando la venta de activos en el corto o mediano plazo? ¿Por qué?

También le expresamos nuestro asombro y preocupación con el hecho de que su equipo de gobierno no se hubiera referido aún a las propuestas para enfrentar la crisis que hemos hecho distintos sectores; incluidas dos propuestas legislativas de recurrir a contribuciones fiscales del gran capital para así evitar que Costa Rica salga de la crisis aún más desigual de lo que ya es hoy. Tampoco en esa oportunidad recibimos respuesta.

Nos llama la atención y nos genera dudas la legitimidad de este llamado al diálogo que, se convoca con la decisión ya tomada de negociar un convenio stand by con el FMI en septiembre. Lo anterior a pesar de que se ha cuestionado su conveniencia como única vía para financiar al Estado y, tomando en cuenta que hasta la fecha, ha existido la negativa de transparentar los términos de esta negociación.

El gobierno ha tenido muchos meses para escuchar y actuar sobre las diversas propuestas de los movimientos sociales. Sin embargo, no hay existido un mínimo respeto y consideración para contestarlas.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos respuestas transparentes, claras, concretas y por escrito de ambas misivas al correo de mujeresenaccion.costarica@gmail.com y respetuosamente sugerimos, con miras a participar en un eventual diálogo, lo siguiente:

  1. Un primer diálogo con una participación plural para fijar una agenda entre todos los movimientos sociales, sectores económicos y sociales organizados y el gobierno, con metas de corto, mediano y largo plazo.
  2. El carácter vinculante de los acuerdos tomados con miras al establecimiento de una hoja de ruta que verdaderamente los incorpore y garantice su cumplimiento.
  3. Un marco ético de actuación con mínimos comunes para el diálogo y los disensos acordados entre todos los sectores y movimientos.
  4. La suspensión o retiro de los proyectos enviados a la Asamblea Legislativa que afectan el empleo y las finanzas públicas, especialmente el proyecto N. 21181, denominado proyecto de flexibilización laboral, que no sólo es inconstitucional, sino que atenta contra el derecho al trabajo y las conquistas laborales de los últimos 100 años, así como todos los estándares y principios del derecho internacional.
  5. Un informe sobre el avance de las negociaciones con el FMI y los términos concretos que se están negociando.
  6. La discusión colectiva de si las negociaciones con el FMI son realmente indispensables o si es posible contar con alternativas de financiamiento a partir de un impuesto temporal a los grandes patrimonios y las riquezas nacionales propuestas por muchos sectores, uso de fondos del Banco Central e impuestos a las transacciones financieras.
  7. La presencia de personeros gubernamentales de rango ministerial y con poder de decisión durante todas las negociaciones, incluyendo al Equipo Económico del Gobierno.
  8. La incorporación y operacionalización del principio de la ética del cuidado de la vida humana y del planeta en el centro de las políticas económicas y sociales.
  9. La existencia de observadores garantes del diálogo, acordados de común acuerdo, incluyendo personalidades reconocidas, neutrales e idóneas, como representantes de las universidades públicas, más no de denominaciones religiosas.

Finalmente, adjuntamos un documento que recoge una serie de nuestras propuestas claves a contemplarse en este diálogo y que ya presentamos públicamente el día 24 de julio (https://www.facebook.com/mujeresenaccioncostarica/videos/770243210209319).Reiteramos que nos anima el amor que tenemos por nuestro país, la defensa de los derechos humanos de todas las personas que lo habitamos, y el deseo de fortalecer la democracia política, social y económica y en consecuencia, el Estado Social de Bienestar.

M.Sc. Ana Elena Obando M.
Mujeres en Acción

»Respira UCR» realiza nuevas pruebas preclínicas de un ventilador para pacientes con COVID-19

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Los procedimientos son verificados por profesionales en medicina, veterinaria, física e ingeniería

El proyecto Respira UCR, para la construcción de un ventilador mecánico, inició en abril pasado con la participación de investigadores de distintas escuelas de la Universidad de Costa Rica. Foto: Karla Richmond.

Tras un proceso de casi cinco meses de trabajo en la construcción de un prototipo de ventilador mecánico, el proyecto Respira UCR inició el 13 de agosto siete nuevas pruebas preclínicas con cerdos, con el propósito de validar el funcionamiento del dispositivo que podría constituir una alternativa de atención para pacientes con COVID-19.

Los ensayos se efectúan durante el mes de agosto en el Laboratorio de Docencia y Cáncer (DCLab) de la Universidad de Costa Rica (UCR), con la participación de especialistas en medicina de cuidados intensivos, emergencias, anestesia, medicina veterinaria y terapia respiratoria.

Para efectuar las pruebas se cuenta con la aprobación y los protocolos establecidos por el Comité Institucional para el Cuidado y Uso de los Animales (Cicua), de la UCR, con el fin de garantizar la calidad de vida de los cerdos involucrados en los procedimientos.

El coordinador del proyecto y director de la Escuela de Física, Ralph García Vindas, manifestó que, una vez concluidas las pruebas preclínicas, tienen en la mira las pruebas clínicas.

“Para esto, estamos acelerando el trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), así como con personal médico y de salud pública, para definir los protocolos, guías y requerimientos necesarios para validar y regular este tipo de dispositivos médicos, antes de ser aplicados en condiciones reales”, expresó García.

El Laboratorio de Docencia y Cáncer (DCLab) de la Universidad de Costa Rica es el sitio en donde durante el mes de agosto se realizan siete pruebas preclínicas de un ventilador mecánico, construido por investigadores de esta casa de educación superior pública. Foto: cortesía de «Respira UCR».

Los investigadores impulsores de la iniciativa estiman iniciar muy pronto la producción en serie de 50 dispositivos, para entregarlos a la CCSS y así incrementar la capacidad de atención del sistema de seguridad social.

Según García, a medida que aumentan las hospitalizaciones, toma relevancia el poder contar con este tipo de dispositivos en nuestro país. Por lo tanto, se torna indispensable poder construirlos localmente a bajo costo.

El Dr. Alberto Cubero, médico intensivista del Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID-19 (Ceaco), calificó el proyecto Respira UCR muy pertinente en el momento actual. “En el contexto de una pandemia, esta iniciativa es una respuesta social efectiva de la UCR a la población, en caso de que este ventilador se requiera en los contextos clínicos del manejo de los pacientes con COVID-19, dado el riesgo de desabastecimiento de este tipo de dispositivos”, resaltó.

El prototipo ha pasado por varias etapas de construcción y perfeccionamiento hasta convertirse en lo que es hoy: un dispositivo de alta tecnología, con pantallas táctiles, portátil y de fácil uso para los profesionales de la salud, aseguraron sus creadores. Además, utiliza baterías de litio, lo que garantiza su funcionamiento sin estar conectado a la electricidad y facilita su uso en el traslado de pacientes.

En Costa Rica no existe una industria de dispositivos biomédicos clase 3 (categoría en la que se ubica el prototipo de Respira UCR), razón por la cual tampoco hay legislación para inscribir equipo producido en suelo nacional para uso local. Únicamente se dispone de un Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico del Ministerio de Salud, que permite el registro de ventiladores importados.

Los ensayos preclínicos se están efectuando con la participación de un equipo interdisciplinario de especialistas, quienes verifican el funcionamiento del dispositivo de ventilación. Foto: cortesía «Respira UCR».

Alianzas público-privadas

La Escuela de Física y el Centro de Investigación en Ciencias Atómicas, Nucleares y Moleculares (Cicanum), de la UCR, líderes de Respira UCR, han establecido alianzas con otras dependencias académicas universitarias para el desarrollo del proyecto, como las escuelas de Ingeniería Mecánica, Artes Plásticas, Economía y Enfermería de este centro de educación superior pública. Además, con la Vicerrectoría de Investigación, el Laboratorio de Prototipado (Protolab), el CICUA, el DCLab, el Laboratorio de Fabricación (Fablab) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y el Laboratorio Costarricense de Metrología (Lacomet).

Igualmente, el proyecto ha contado con la colaboración financiera de entidades públicas y privadas, como la Embajada de Alemania en Costa Rica, que aportó US$27 000 para la fabricación de los primeros ventiladores.

Torsten Göhler, Consejero de esta Embajada, reconoció el carácter modelo del proyecto. «En tiempos de crisis, como los que atravesamos actualmente, iniciativas como esta crean soluciones y alientan a los habitantes de Costa Rica”, subrayó.

La iniciativa ha recibido apoyo de distintas empresas privadas, entre ellas la compañía farmacéutica Roche y Elvatron. Ambas han brindado asesoría sobre componentes e insumos médicos y biomédicos; establecimiento de líneas de fabricación y producción; software; tratamiento clínico, hospitalario y animal; inscripción; materiales; autoría y patentes.

“La vinculación a Respira UCR, junto a otros actores, nos permite contribuir activamente con nuestra experiencia y voluntarios al desarrollo de innovación de la mano con la academia, como una respuesta urgente al llamado de las autoridades para fortalecer la infraestructura de atención”, explicó Álvaro Soto, gerente general de Roche para Centroamérica y el Caribe.

Se estima que el valor final de cada ventilador ronda los US$4 500, un precio muy inferior al del mercado internacional, que oscila entre US$30 000 y US$50 000 por un dispositivo de características similares. La vida útil del sistema de motorización es de aproximadamente 30 años, bajo un funcionamiento continuo.

El gerente general de Elvatron, André Sonderegger, destacó que “a través de estas alianzas público-privadas, la unión de fuerzas permitirá seguir creando en Costa Rica soluciones de interés nacional, aprovechando el gran talento humano”.

 

Departamento de Comunicación empresa Roche y redacción de la ODI.
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

La Producción Agroalimentaria ha sido seriamente afectada por la pandemia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

Según información del índice mensual de actividad económica(IMAE), las consecuencias económicas de la pandemia por el covid-19, han provocado la caída de la actividad en junio del 2020 en un 7.4% respecto al mismo periodo del año anterior, periodo en el que las actividades más afectadas son alojamiento y suministro de comida que tuvo una caída interanual del 59.5%, mientras la industria alimentaria disminuyó un 7.2% por la menor fabricación de productos alimenticios, sobretodo de arroz, bebidas, frutas, legumbres y café.(LN,12-8-2020).

Las medidas de restricción sanitaria han llevado a sodas y restaurantes a cerrar o trabajar a media jornada, arrastrando a la crisis a las empresas productoras de pollo y cerdo, las cuales reportan fuertes contracciones debido a que no hay donde colocar el producto.

Las cadenas de producción de porcicultores, avicultores y en menor medida agricultores, están imposibilitados de poder colocar sus productos, los cuales en su mayoría se comercializan a nivel local. En el caso del cerdo, se calculó entre $7 y $8 millones la pérdida en productos que no se están vendiendo y se está buscando la forma de congelarlos para que no se pierdan. Según los porcicultores el consumo de carne de cerdo cayó en un 30% por la crisis.

En el caso del mercado avícola, los grandes suplidores del mercado nacional, constituido por las empresas PIPASA y Pollo el Rey, con cerca del 70% del mercado nacional, se han visto impactados, el primero entre un 15 y un 20% de sus ventas totales y el segundo de una manera más crítica porque han llegado al 35% en la reducción de sus ventas, a partir del cierre de restaurantes, bares y food services.

Junto a esas grandes empresas, las pequeñas y medianas granjas familiares que venden sus productos a esas grandes comercializadoras y dependen de la actividad, han sido severamente afectadas y se encuentran en peligro de no poder continuar trabajando. (CRHOY.com,19-8-2020).

Además de los efectos sobre la producción de las industrias cárnicas y avícolas, otras actividades como la producción de queso y derivados lácteos, habían reportado desde inicios de la pandemia haber sido afectadas debido a la interrupción de las cadenas de comercialización generada por el cierre de hoteles y restaurantes.

En algunas zonas del país, como Upala, Alfaro Ruíz y Santa Cruz de Turrialba, los pequeños productores de leche y de quesos, han comenzado a tener problemas para colocar los productos y han visto una reducción significativa de la demanda de los mismos. Los afectados de Upala unos mil pequeños lecheros producen de 25.000 a 30.000 litros diarios, pero por la reducción de sus compras debieron despedir a unos 2.000 empleados y botar 1.200 litros de leche.

En Las Brisas de Zarcero, el gerente de Coopebrisas, advirtió de que 69 productores pequeños tienen la entrega del alimento en peligro. Esto porque la empresa, desde hace varios años, distribuye productos a los hoteles, sobre todo en Guanacaste, los cuales cerraron sus puertas y dejaron de comprar. Mientras que en Santa Cruz, muchos pequeños productores que no van a las ferias del agricultor a vender quesos, dependen de las compras de intermediarios quienes llegan a sus fincas, por lo que son los que más están sufriendo con la menor demanda. (Alterdescr,4-2020).

En el caso de la actividad agropecuaria según el IMAE, el decrecimiento interanual fue de 1.3% por la menor producción de flores, follajes y plantas, descenso que no ha sido tan pronunciado debido a que las exportaciones de azúcar, café oro y carne impulsaron al sector agrícola y a que la producción interna de hortalizas y frutas se ha mantenido relativamente estable gracias a la permanencia continua de los mercados locales como las ferias del agricultor.

A la situación de descenso en la demanda interna de productos, se suma el diferendo en las últimas semanas con el vecino país de Panamá por el bloqueo impuesto a las exportaciones de algunos productos alimenticios que ha afectado a productos de 19 plantas costarricenses de lácteos y derivados lácteos, carne de bovino, carne de cerdo, carne procesada de aves y de embutidos, que en lo que respecta a la leche ha supuesto la prohibición de exportación de 80 mil litros diarios de leche. Las Autoridades del Ministerio de Agricultura han elevado la denuncia a la Organización Mundial del Comercio. (LN.com,6-8-2020).

La producción agroalimentaria y algunas de sus principales cadenas productivas, se han visto afectadas por las medidas sanitarias adoptadas por la pandemia, reduciendo considerablemente el consumo y la demanda de productos alimentarios, sin embargo, han logrado enfrentar los cambios en los procesos de comercialización mediante mecanismos para reducir la producción, adecuar las líneas de procesamiento y buscar mercados alternativos.

Según la FAO, pareciera ser que los sistemas alimentarios han resultado ser más resilientes de lo que se esperaba y que las amenazas y riesgos que podrían afectar al comercio de productos agrícolas a causa de la crisis económica, pueden ser enfrentados a través de la optimización de los canales de comunicación e información, así como implementar herramientas de inteligencia comercial con el fin de realizar un monitoreo del comercio y de la demanda de productos agroalimentarios para garantizar la seguridad alimentaria.(FAO, Boletín #12,8-2020).

*Imagen ilustrativa, UCR.

La urgencia democrática del diálogo social (II)

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Manuel Hernández

En un artículo anterior, que lleva este mismo título, presenté una semblanza de la gobernanza de la emergencia sanitaria, con sus implicaciones económicas y sociales, destacando la importancia y la imperiosa necesidad de un proceso de diálogo social, que con vocación política transformadora comprenda amplios sectores y colectivos de nuestro país.

Pues resulta que el Gobierno de la República lanzó en estos días una iniciativa con una sugestiva denominación, aunque nada provocativa, titulada: “Costa Rica escucha, propone y dialoga.”   

Hay algunos que afirman y hasta celebran que, por fin, el Gobierno está impulsando un proceso de diálogo social.

Pero, lo primero, sin ánimo de ser aguafiestas, que tenemos que plantearnos es si esta iniciativa, tan publicitada, constituye efectivamente un ejercicio político de diálogo social real.

1.- ¿Qué es Diálogo Social?

Tratemos de despejar esta ecuación partiendo de la premisa que la democracia supone una pluralidad de intereses divergentes.

Nos dice la filósofa alemana Hannah Arendt que la política representa la experiencia de compartir un “mundo común”, por parte de una diversidad de sujetos.

Aquí es donde el diálogo social, particularmente en escenarios de crisis, juega un papel importante, en orden a reconocer las capacidades de los distintos actores para asumir, enfrentar y procurar la solución compartida de las situaciones conflictivas que alteran la convivencia social y la estabilidad política.

El diálogo social es un instrumento esencial de la democracia plural, un cauce de participación democrática de los distintos actores que asumen la representación de intereses que se aprecian socialmente legítimos.

Hay que resaltar que el diálogo social es un fenómeno esencialmente político, una opción de interlocución política de los agentes públicos, sociales y productivos, en la construcción y definición, pactada si fuera posible, de las cuestiones sociales y económicas que resultan de interés general o del bien común.

En fin, el diálogo social es un mecanismo de gobernanza democrática, que se diferencia de los esquemas unilateralistas y autoritarios de administración de las crisis o conflictos que regularmente sobrevienen en las sociedades.

2.- La iniciativa “Costa Rica escucha, propone y dialoga”

Varios países del viejo continente, por ejemplo, Italia y España, y de América Latina, Argentina y Uruguay, desde el advenimiento de la pandemia, promovieron y articularon instancias de diálogo social, particularmente en el ámbito de las relaciones de trabajo.

Si algo tiene de exitoso la gobernanza de la pandemia en Uruguay, por cierto, en manos de un gobierno muy a la derecha del nuestro, precisamente radica en esa apuesta política por el diálogo social.

Por contrario, en nuestro país, no es sino hasta ahora, cinco meses después que irrumpió el fatídico virus y se declaró el estado de emergencia sanitaria, que el Gobierno de la República lanzó al vuelo aquella iniciativa. Tanto tiempo después que la pandemia terminó de destruir nuestro tejido productivo y social, que nos llevó a duplicar la tasa de desempleo en menos de seis meses.

¿Pero, en qué consiste y cuáles son los alcances de esta iniciativa?

Analicemos la iniciativa gubernamental, tratando de establecer un orden sistemático, recurriendo a tres dimensiones: temática-funcional, la participación de los sujetos y finalmente, la dimensión procesal.

i.- La dimensión temática y funcional

La oferta gubernamental invita a las personas y organizaciones interesadas   remitir sus propuestas acerca de tres ejes que constituyen la agenda de la iniciativa: 1) Finanzas Públicas y el acuerdo con el FMI, 2) Reactivación Económica y 3) Creación y Protección del Empleo.

La agenda baja a la llanura ya encorsetada, con una temática numerus clausus, restringiendo que la ciudadanía pueda colocar en la agenda pública otros ejes temáticos.

Desde el punto de vista funcional, se convoca a la ciudadanía a presentar propuestas relacionadas con la ejecución de decisiones políticas tomadas de antemano y no a concertar la definición de estas políticas.

Por ejemplo, en el tema del Acuerdo de financiamiento con el FMI, la exposición de motivos de la invitación advierte lo siguiente: “que la vulnerabilidad de las finanzas públicas (…), agravada por la emergencia sanitaria, obligan a un acuerdo de financiamiento con el FMI”.

Es decir, a buen entendedor con pocas palabras: aquí no hay ningún espacio de interlocución, ni siquiera propositivo, porque anticipadamente se determinó que no hay otra alternativa, que se define obligada, que no sea necesariamente aprobar el Acuerdo con el FMI; aunque sea con todas las implicaciones que sabemos que tendrá en (contra) la institucionalidad pública.

La participación de la ciudadanía, entonces, queda circunscrita a la remisión simbólica de propuestas en aquellos exclusivos temas previamente escritos en el libreto oficialista, acompañada de foros poéticos que quedan en el limbo, sin que se definan espacios formales de negociación o concertación, destinados a pactar acuerdos, que constituyan la base de políticas concretas que se materialicen, ex post, en actos de gobierno, programas de acción o proyectos de ley.

ii.- La dimensión de los sujetos intervinientes

En teoría pueden participar, en abstracto, todas aquellas personas físicas o jurídicas con interés de remitir las correspondientes propuestas.

Se trata de una participación socialmente difusa, que no se articula con instancias orgánicas de intervención políticamente activa de actores sociales que ostenten suficiente legitimidad reconocida, para asumir la representación de los intereses plurales y diversos de la sociedad.

Esta difuminación de los sujetos intervinientes enerva el desarrollo de un proceso de interlocución e intercambio político con actores socialmente legitimados.

Esta carencia política afectaría sustancialmente la propia legitimidad del proceso. La efectividad de un verdadero proceso de diálogo social depende mucho de la legitimidad de los actores sociales.

Por otra parte, en esa nebulosa tampoco queda claro cuál es el rol que asumirá el Gobierno, en tanto que poder público.

No pareciera que asumirá una actoria política, cuya función instrumental queda minimizada a la de un simple anfitrión o coordinador “neutral”.

En otras palabras, el Gobierno no tendría el status de interlocutor del pretendido diálogo multipartito, con el que otros agentes sociales pudieran negociar y pactar acuerdos.

iii.- La última dimensión concierne a las reglas adjetivas del proceso.

En un proceso de diálogo que se estime democrático, normalmente lo primero que se pacta son precisamente las reglas del proceso.

En la iniciativa que se comenta las reglas también vienen prefabricadas.  

Quienes tengan interés de participar, deberán someterse, de manera incondicional, a las reglas fijadas unilateralmente de previo.

Tampoco se disciplina una hoja de ruta transparente, ordenada y estructurada de las fases o etapas del sinuoso proceso.

No existe definición o claridad de los mecanismos sociales, políticos y jurídicos que conlleven a compromisos de los actores involucrados, y mucho menos que garanticen su cumplimiento.

En conclusión, no puede sostenerse que el Gobierno esté convocando a un  verdadero diálogo social, destinado a desarrollar un proceso de interlocución con los actores sociales, que ostenten la legítima representatividad de los  diferentes sectores y colectivos, enfocado a discutir y concertar los grandes consensos políticos, de carácter transformador, que el país urgentemente demanda, en una sociedad estructuralmente marcada y dividida por la creciente desigualdad de todo tipo, que ya la conocíamos, pero que ha sido desnudada en toda su crudeza por la inclemente pandemia.

Veremos, eso sí, hasta dónde nuestra devaluada democracia puede llegar a sostenerse y soportar tanta injusticia social y desigualdad.

En definitiva, una caricatura de diálogo social, una desesperada y oportunista iniciativa de buzón de sugerencias on line, palabras más, palabras menos, como acertadamente la calificó un dirigente sindical.

Todo refleja que el Gobierno no sale del autismo y la ceguera política que ha sellado su modelo de gobernanza: “Algunos ciegos no solo son de los ojos, sino también del entendimiento.”  (Ensayo sobre la ceguera, Saramago)

20/08/2020

Pandemia y neoliberalismo: la factura ha llegado

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

El Covid-19 puso de relieve la importancia de contar con sólidos sistemas de salud pública en tiempos de crisis sanitaria. Sin embargo, las políticas de América Latina destinadas a este sector han evolucionado en sentido contrario.

Este vídeo, producido por la Internacional de Servicios Públicos (ISP) en asociación con Le Monde Diplomatique Brasil, y apoyado por la Fundación Friedrich Ebert (FES), presenta los discursos e intereses que han apoyado el agotamiento de la financiación de la salud en la región durante las últimas décadas y cómo las políticas neoliberales, especialmente las medidas de austeridad fiscal, perjudican la lucha contra la pandemia.

UCR: El desempleo preocupa a la ciudadanía más que el COVID-19

Escrito en . Publicado en Derechos.

El 53 % de las personas consultadas reconoció alguna afectación en su núcleo familiar por la pérdida de empleo como resultado de la pandemia

La encuesta retrató pesimismo, el 82 % de las personas consultadas catalogó la situación económica como mala o muy mala. Imagen con fines ilustrativos. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

El desempleo preocupa a la ciudadanía más que el COVID-19, así lo revelan los resultados de la más reciente encuesta de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Según la consulta, aplicada de manera telefónica entre el 3 y el 11 de agosto, 27,45 % de las 877 personas consultadas en todo el territorio nacional señaló la falta de trabajo como el principal problema del país en el actual contexto.

Aunque la encuesta realizada por el CIEP en abril anterior indicó que el coronavirus era la mayor inquietud de la población en ese momento, tras cinco meses de pandemia la situación laboral y económica retoman un papel prioritario para las personas.

El coronavirus se colocó como el segundo problema más relevante al ser señalado por el 24,84 % de los encuestados, seguido por el costo de la vida que fue destacado por el 19,21 % de la muestra consultada. Desde el 2013, el desempleo y la situación económica han sido preocupaciones constantes en las mediciones que realiza el CIEP cada mes de agosto.

Poco más de la mitad de las personas consultadas, 53 % específicamente, confirmó que su núcleo familiar experimenta alguna afectación por la pérdida de empleo como resultado de la crisis por COVID-19. De esta cifra, el 15 % reconoció que enfrenta esta circunstancia y, además, la comparte con alguien más de su hogar.

El 32 % de los entrevistados afirmó que su familia experimenta algún tipo de consecuencia económica como resultado de una reducción de jornada laboral. En el 17 % de esos casos se indicó que, además de la persona consultada, la situación ocurría también con otro miembro de su grupo familiar.

El investigador del CIEP, Ronald Alfaro, reconoció que el impacto del panorama económico en la vida de las familias como resultado del desempleo es palpable y generalizado en la diversidad de grupos sociales del país.

“El impacto actual a raíz del desempleo es grande y profundo, deja a la población en una condición personal y familiar de fragilidad y eso la vuelve sin lugar a dudas en la mayor preocupación de la gente, junto al tema sanitario”, afirmó el politólogo.

La encuesta también retrató pesimismo respecto al estado del país. Cerca del 60 % de los entrevistados considera que el rumbo es malo y menos del 20 % piensa que el panorama es positivo, mientras que el 82 % cataloga la situación económica como mala o muy mala.

Población apoya medidas sanitarias y rechaza acciones económicas

La opinión positiva de la población respecto a las decisiones del Gobierno frente a la pandemia se ubica en el 46 % frente a un 27 % de percepciones negativas. Pese a que el apoyo es mayoritario, evidencia una significativa baja respecto al 75 % de respaldo que recibió en abril anterior.

El mismo efecto se evidenció al analizar la valoración de las medidas económicas, donde el apoyo pasó de 71 % a 27 %, frente a un 44 % de opiniones desfavorables respecto a las acciones gubernamentales abordadas en esta materia.

Pese a lo anterior, en esta consulta se retrata un significativo apoyo ciudadano a las medidas sanitarias implementadas en el país por parte del 69 % de la muestra, mientras que solo el 13 % manifestó disconformidad respecto a su implementación.

Las medidas que reciben mayor aprobación son el uso de mascarilla, la restricción vehicular y la prohibición de fiestas o reuniones con familiares o amigos. Mientras que se perciben opiniones dividas respecto al cierre de bares o restaurantes y la apertura de iglesias o centros de culto.

Destaca, además, la anuencia del 85 % de la población respecto a seguir las órdenes dadas por el Gobierno, cifra que aumenta al 95 % cuando se trata de respetar las medidas sanitarias. En contraposición, un 4 % preferiría actuar como desea y solo un 1 % considera que las recomendaciones son innecesarias.

Según Alfaro, la encuesta evidencia a una población costarricense bastante disciplinada que, a diferencia del comportamiento percibido en otras naciones del mundo, adopta y respalda las medidas oficializadas por el país para proteger la salud de la sociedad en general.

“Este comportamiento genera un escenario favorable para hacerle frente a la crisis. El contexto es complejo y en ocasiones involucra restricciones a la libertad de las personas, pero la gente sigue reconociendo que esas medidas aminoran el efecto de la situación que estamos viviendo”, concluyó el académico.

Esta es la primera encuesta que el CIEP realiza de manera completamente remota, como parte de los procesos de adaptación que desarrolla la Universidad para continuar con sus funciones de manera virtual en el marco del distanciamiento social impuesto por el COVID-19.

La medición tiene un nivel de confianza del 95 %, las entrevistas se realizaron a partir de un muestreo aleatorio basado en el Plan Nacional de Numeración-Sutel, por lo cual todos los resultados deben referirse estrictamente a la población con acceso a teléfono celular.

09/2017, Bandera de Costa Rica en las afueras de la antigua Facultad de Ciencias Sociales,

La democracia sobrevive a las dificultades actuales

El apoyo de la ciudadanía a la democracia, determinado por esta medición, se coloca en 65 puntos, es decir, se mantiene alto, aunque reporta una baja respecto a la cifra sin precedentes que obtuvo en abril anterior cuando se colocó en 76 puntos.

El CIEP advierte que las situaciones de crisis son momentos propicios para que las dificultades generen lesiones que podrían desestabilizar el sistema político. Esto vuelve relevante que se le haga saber a la población la importancia de encontrar las formas apropiadas para lidiar con las dificultades.

 

Andrea Méndez Montero
Periodista, Oficina de Divulgación e Información