Se fortalecerá el trabajo para la atención de las necesidades sociales, sanitarias, educativas, económicas y ambientales derivadas del impacto de la pandemia COVID-19
En el 2020 como parte de las acciones para enfrentar la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, las universidades estatales acordaron reducir y postergar sus gastos e inversiones previstos para el presente ejercicio económico, en la suma de ¢48 mil millones. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
La Comisión de Enlace acordó este 13 de agosto que el Fondo Especial para la Educación Superior Pública (FEES) del año 2021 será de ¢515.909,48 millones y el presupuesto de la Universidad Técnica Nacional (UTN) será de ¢35.895,52 millones.
Estas sumas corresponden al presupuesto asignado en el año 2020, pero ajustado de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda, tomando en consideración para ello la inflación interanual a mayo de 2020, que alcanzó el 0,61%.
Considerando las consecuencias fiscales generadas por la pandemia, la primera propuesta de las personas representantes del Poder Ejecutivo en la Comisión de Enlace fue la de disminuir en un 10 % el FEES del 2021, con respecto del monto acordado para el año 2020, lo que implicaría para algunas de estas casas de educación superior una suerte de cierre técnico.
Luego de múltiples negociaciones que pretendieron acercar posiciones, finalmente el acuerdo establece que teniendo en cuenta la compleja situación de las finanzas públicas, producto de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, de forma excepcional, el Ministerio de Hacienda incluirá en el presupuesto ordinario de la República del año 2021, la suma de 490.114,006 millones de colones como transferencias ordinarias del FEES y 34.100,744 millones de colones como transferencia para la UTN. Al finalizar el primer semestre del año 2021, la Comisión de Enlace se reunirá nuevamente para decidir cómo se presupuestará la diferencia.
“Pese a lo difícil del contexto actual, el acuerdo tomado garantiza el cumplimiento del orden constitucional y el funcionamiento de nuestras instituciones, haciéndose evidente el reconocimiento a nuestros incuestionables aportes. Garantizar el resguardo de la educación es promover, planificada y conscientemente, la mejora integral y prospectiva de nuestra población”, señaló el Dr. Carlos Araya Leandro, rector de la Universidad de Costa Rica.
Además, las universidades públicas continuarán realizando esfuerzos en su compromiso con la mejora continua para el aseguramiento de la calidad, la equidad, la mayor cobertura, la vinculación con los sectores productivos y sociales, el fortalecimiento de sus programas regionales, la excelencia y el logro académico de sus estudiantes, la sostenibilidad financiera y la rendición de cuentas ante la sociedad costarricense.
Estos compromisos se concretarán y evaluarán mediante las acciones y el seguimiento anual del PLANES 2021-2025. En este contexto, las instituciones de educación superior universitaria estatal publicarán el resultado de su gestión.
De igual manera, se continuará con el fortalecimiento del mecanismo integral de cooperación recíproca que ya se ha puesto en práctica en anteriores ocasiones.
En este sentido, se trabajará de manera conjunta en proyectos para la atención de las necesidades sociales, sanitarias, educativas, económicas y ambientales derivadas del impacto de la pandemia COVID-19.
Así como el combate a las brechas y desigualdades estructurales que obstaculizan el desarrollo humano inclusivo y sostenible en la sociedad costarricense; y la promoción del crecimiento económico en las diferentes regiones de planificación del país, la generación de empleo de calidad, el desarrollo de cadenas de valor, la innovación científica y tecnológica, y la utilización sostenible de los recursos naturales, entre otros.
La Comisión de Enlace está compuesta por Guiselle Cruz Maduro, Ministra de Educación Pública; Elian Villegas Valverde, Ministro de Hacienda; Pilar Garrido Gonzalo, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica; Paola Vega Castillo, Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones; Silva Lara Povedano, Viceministra de la Presidencia, representantes del Gobierno de la República
Y Luis Paulino Méndez Badilla, rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica y presidente del Consejo Nacional de Rectores; Carlos Araya Leandro, rector de la Universidad de Costa Rica; Francisco González Alvarado, rector de la Universidad Nacional; Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia; Emmanuel González Alvarado, rector de la Universidad Técnica Nacional y Noel Cruz Muñoz, representante estudiantil.
Andrea Marín Castro Periodista, Oficina de Divulgación e Información
El pasado 9 de agosto, se conmemoraron los 10 años desde aquel triste episodio acaecido en la noche del 9 al 10 de agosto del 2010, en el que se desalojó durante la madrugada con efectivos policiales a líderes indígenas costarricences que habían llegado a la Asamblea Legislativa la tarde anterior. Su petición era muy sencilla: exigir la votación de un Proyecto de Ley sobre Autonomía Indígena y mantenerse dentro de las instalaciones del Congreso hasta que el voto tuviera lugar.
Cabe precisar que este proyecto llevaba 16 años discutiéndose y que los dirigentes indígenas únicamente pedían que se votara, sea en contra, sea a favor.
Una vivencia colectiva dolorosa que sigue marcando profundamente a las comunidades indígenas costarricenses
Sobre algunos detalles de este episodio, referimos a esta nota detallada) del Programa universitario Kioscos Ambientales publicada en el 2010. Salvo error de nuestra parte, no se conoce de un análisis que haya detallado la forma muy peculiar con la que varios medios de prensa costarricenses reportaron este hecho, intentando desacreditar a los dirigentes indígenas (y se sugiere a alguna escuela de comunicación colectiva u otra unidad académica pensar en realizarlo en el futuro si no existe).
De manera a conocer el clima durante el cual se dió la discusión intra muros en aquella tarde del 9 de agosto, remitimos a nuestros estimables lectores al acta de la sesión de la Asamblea Legislativa (véase texto completo). También nos parece oportuno referir a este reciente artículo escrito por uno de los líderes indígenas presentes aquella noche, Pablo Sibar, titulado precisamente «Una década de que nos sacaron arrastrados de la Asamblea Legislativa» y cuya lectura completa recomendamos (véase texto completo).
Nótese que este proyecto de ley ha sido mencionado en prácticamente todos los informes oficiales de Costa Rica de cara a las comparecencias ante diversos órganos de Naciones Unidas, a la hora de responder a observaciones que le han hecho los órganos de supervisión sobre la falta de implementación de sus obligaciones internacionales en la materia (Comité de Derechos Humanos, Comité del Pacto DESC, Comité de Derecho del Niño, Comité de la Convención CEDAW sobre la mujer y Comité de la convención CERD – Nota 1).
Con relación a lo sucedido en agosto del 2010 dentro de la Asamblea Legislativa, en este valioso recordatorio publicado hace pocos días, titulado «La persistente violación de los derechos de los pueblos indígenas costarricenses» y cuya lectura integral también recomendamos (véase texto completo), se puede leer que:
«La respuesta de las autoridades del Congreso no podría haber sido más irónica: ordenaron su desalojo por la fuerza y no votaron el proyecto ni en ese, ni en la siguiente legislatura, para ser finalmente desechado sin justificación clara ni alternativa alguna, a los pocos meses del actual período legislativo (2018-2022).
Con esta experiencia como detonante, se agota para los indígenas la confianza en la institucionalidad pública y en las autoridades políticas, cuya consecuencia inmediata fue la decisión de varios de estos líderes comunitarios y sus familias de iniciar acciones para reivindicar, por la vía de hecho, sus derechos sobre sus propios territorios, mediante las llamadas “recuperaciones” «.
En este artículo publicado hace unos años sobres las distintas luchas emprendidas por las comunidades indígenas en Costa Rica (véase texto completo), se puede leer que:
«Este desalojo violento marcó la lucha, pues la dirigencia indígena presente decidió que las siguientes acciones de defensa territorial se harían desde los mismos territorios. En este punto, las y los indígenas decidieron retirarse del Valle Central y ejercer la autonomía desde sus comunidades argumentándola desde los marcos jurídicos de la Ley Indígena de Costa Rica N.º 6172, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del 2007, en los que se ratifican los derechos territoriales y el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos».
Desde entonces, han sido escasas las apariciones de representantes indígenas en el Congreso costarricense, a la vez que las acciones generadas por sus comunidades para recuperar sus territorios han originado un clima de violencia en su contra en algunas regiones de Costa Rica, en particular en una de ellas.
Un errático actuar del Estado costarricense desde el 2010
Este 9 de agosto del 2020, Costa Rica conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas con dos dirigentes indígenas de la región de Salitre asesinados en menos de un año (marzo 2019-febrero del 2020): dos hechos sumamente graves, y que se mantienen en una indignante impunidad al no haberse a la fecha identificado a sus autores materiales e intelectuales por parte de las autoridades.
El hecho que ambos líderes fueran objeto de medidas cautelares ordenadas al Estado costarricense por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde abril del 2015 no hace sino evidenciar la total inoperancia del Estado para resguardar la vida y la integridad física de las personas que defienden los derechos de las comunidades indígenas (Nota 2).
En esta reveladora entrevista a dos dirigentes indígenas costarricenses realizada por LaRevista.cr el pasado 9 de agosto (véase enlace con el audio), se puede escuchar el tipo de percepción que ambos tienen sobre el significado de esta fecha: ninguno encuentra motivo alguno para una celebración.
Foto extraída de nota de prensa de la BBC titulada «Asesinato de Sergio Rojas: la conmoción en Costa Rica por la muerte del líder indígena que defendía las tierras de pueblos originarios», edición del 20/03/2019
Cabe recordar también que el pasado 2 de julio del 2020, se declaró admisible una petición presentada por la comunidad indígena Terraba contra Costa Rica (véase al respecto nuestra breve nota, titulada «Comunidad indígena Terraba en Costa Rica: Comisión Interamericana de Derechos Humanos admite petición«).
Iniciativas estatales que «para mí son solo papeles»
En el precitado artículo del líder indígena Pablo Sibar rememorando los 10 años de lo que las comunidades indígenas costarricenses denominan «la arrastrada«, leemos que:
«No entiendo cómo llevamos 10 años y el Gobierno sigue haciendo cosas que se miran muy bonitas, pero yo quiero decirles para mí son solo papeles. Como un Brörán que llevo 40 años de lucha lo que quisiera es escuchar cosas que sean reales, no papeles, no habladas, quisiera que todos los ticos exijan a los Gobiernos que nos den nuestras tierras libres para poder vivir en paz y poder dormir tranquilos, que nuestros territorios, que nuestros hijos, nietos, no sigan llevando el miedo como ese miedo del covid 19 que es lo que vivimos los pueblo indígenas por los terratenientes hace mmmuuucho tiempo«.
Con relación a las iniciativas que regularmente Costa Rica ofrece a los órganos de derechos humanos como prueba de su firme compromiso con los derechos de las comunidades indígenas, podemos señalar que la misma Defensoría de los Habitantes (DHR) de Costa Rica emplazó recientemente al Poder Judicial a brindar explicaciones sobre la falta de acceso a la justicia a personas indígenas, pese a un sinnúmero de mesas redondas, comisiones, subcomisiones, guías y demás publicaciones en el seno del Poder Judicial desde varios años (véase texto completo de carta remitida por la DHR el pasado 29/07/2020 al Presidente del Poder Judicial).
Como se recordará, en julio del 2018, se aprobó la ley 9593 (véase texto) titulada «Acceso a la justicia de los Pueblos Indígenas«.
Es de señalar que estos y otros cuestionamientos en Costa Rica se dan en un momento en que, en América Latina, los derechos de las poblaciones indígenas son objeto de una preocupación mucho mayor debido a los efectos del COVID-19 en comunidades indígenas aisladas, y con un acceso muy limitado a servicios básicos de salud: incluso cuando los hay, la falta de preparación en el abordaje cultural por parte del personal médico desplegado puede llevar a reducir el alcance de las medidas sanitarias. La desatención a la ya crítica situación por parte de las autoridades estatales es latente en diversas latitudes: en mayo del 2020, fue la misma CIDH la que advirtió sobre la situación en un comunicado de prensa titulado «La CIDH alerta sobre la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la pandemia de COVID-19 y llama a los Estados a tomar medidas específicas y acordes con su cultura y respeto a sus territorios» (véase texto completo). A modo de conclusión
Con o sin pandemia, la deuda histórica que acumula Costa Rica con relación a sus comunidades indígenas se traduce con el paso del tiempo en un despojo paulatino de sus recursos y de sus derechos, siendo el derecho a la tierra su principal reinvindicación, así como el respeto a su cultura. Esta situación es la que ha originado una atención particular sobre lo que ocurre en Costa Rica por parte de diversos órganos de derechos humanos, tanto a nivel de Naciones Unidas como del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
Entre por un lado, comunidades indígenas cada vez más decididas a recuperar – con o sin el concurso del Estado – sus territorios y, por otro, órganos de supervisión internacionales cada vez más atentos a lo que en ellos sucede, las diversas iniciativas propiciadas por el Estado costarricense ya no parecen ser suficientes. En un reciente artículo, publicado por el periodista Diego Delfino, al mencionar algunos de los anuncios hechos por las autoridades el pasado 9 de agosto (véase texto completo), el autor señala de una manera que nos parece muy justa que:
«El tema, es que este paso de pie a logros concretos y no al clásico anuncio conmemorativo que después se queda en lo simbólico hasta que llegue… otro anuncio. Tenemos que reconocer que hasta ahora esa ha sido el modus operandi de nuestro país cuando de abordar este tema se trata«.
Notas
Nota 1: En el 2015, se puede leer en la observaciones finales del Comité CERD al informe presentado por Costa Rica (véase texto completo) que:
«14. El Comité recomienda priorizar en la agenda legislativa las iniciativas para la lucha contra la discriminación racial y la promoción de los derechos de las personas afrodescendientes y de los pueblos indígenas para su urgente discusión y adopción, en consulta con dichos pueblos, para contar con un marco legal adecuado en materia de lucha contra la discriminación racial«.
En el 2016, se puede leer en la observaciones finales del Comité de Derechos Humanos al informe presentado por Costa Rica (véase texto completo) que:
Preocupa al Comité que el proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas aún no haya sido aprobado y que aún no se haya adoptado un mecanismo legal que garantice la consulta previa de los pueblos indígenas en relación a la toma de decisiones que pudieran afectar al ejercicio de sus derechos. A pesar del reconocimiento legal del derecho que tienen los pueblos indígenas a las tierras y territorios que tradicionalmente han poseído u ocupado, preocupa al Comité la limitada protección al ejercicio de estos derechos en la práctica y que algunos pueblos indígenas hayan sido víctimas de ataques por conflictos de tierra (art. 27).
El Estado parte debe: a) Agilizar la aprobación del proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas; b) Garantizar la celebración efectiva de consultas previas con los pueblos indígenas con miras a obtener su consentimiento libre, previo e informado antes de adoptar y aplicar cualquier medida que pueda incidir sustancialmente en su modo de vida y su cultura, en particular en relación con proyectos que puedan tener un impacto sobre sus tierras o territorios y otros recursos, tales como proyectos de explotación y/o exploración de recursos naturales; c) Garantizar en la práctica el derecho que tienen los pueblos indígenas a las tierras y territorios que tradicionalmente han poseído u ocupado, incluso mediante el reconocimiento legal y protección jurídica necesaria; d) Proporcionar los medios legales necesarios para asegurar la recuperación de tierras inalienables que ya han sido otorgadas a pueblos indígenas mediante la legislación nacional y brinde la protección adecuada, incluso mediante recursos efectivos, a los pueblos indígenas que han sido víctimas de ataques«.
Nota 2: Con relación al asesinato de Sergio Rojas ocurrido el 18 de marzo del 2019, tuvimos la ocasión de examinar las cartas hechas públicas por Naciones Unidas con respecto a los requerimientos específicos solicitados a las autoridades costarricenses sobre el asesinato de Sergio Rojas (véase nuestra nota al respecto publicado en el portal de la Universidad de Costa Rica – UCR). Varios de estos requerimientos de Naciones Unidas (que fueron solicitados en el mes de marzo del 2019) buscaban que hechos similares no se repitieran más en Costa Rica (véase documento de Naciones Unidas, página 5): el 24 de febrero del 2020 fue asesinado otro líder indígena, Jerhy Rivera.
Esta nota fue escrita por Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica
Cuatro posibles escenarios esperan a Costa Rica en el futuro: uno catastrófico, dos de peligro y el escenario deseable o escenario apuesta.
De no rectificar el rumbo, el país se dirige hacia escenarios muy peligrosos según se desprende de la investigación “Escenarios Costa Rica 2040: Hacia la Nueva Normalidad”, realizada por la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional (EPPS-UNA), mediante consulta a más de 200 representantes de distintos sectores sociales.
Al presentar los resultados de este estudio, Juan Carlos Mora, coordinador y especialista en prospectiva –análisis de futuro-, empezó con el escenario del “país del juego /sueño perdido”, considerado el catastrófico, por ser –dijo- el que más coincide con la situación que está viviendo el país y con la que podría experimentar una vez superada la pandemia.
En este escenario se da la mayor desigualdad social, mientras la producción nacional no crece para lograr un equilibrio en el desarrollo.
“No estamos tan lejos de tomar ese rumbo. Las tendencias del país caminan hacia ese escenario y por eso es que “un cisne negro” como la pandemia que estamos viviendo ha venido a acelerar la marcha”, advirtió el investigador.
Y es que el elemento más claro en el futuro del país, en términos tendenciales, es precisamente la desigualdad social, como lo muestra el comportamiento del coeficiente de Gini.
A esto se suma, una ralentización del crecimiento de la producción, medida por Producto Interno Bruto (PIB), que también contribuye a acercar al país al peor escenario.
No por casualidad, se han venido perdiendo aceleradamente posiciones en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), lo que también da cuenta del rumbo poco deseable que lleva el país.
Escenarios de peligro
Entre los cuatro escenarios más posibles, destacan también dos de peligro, de alta inestabilidad.
A uno de ellos se le ha denominado “el país de unos pocos”, el cual está caracterizado por la concentración de la riqueza en un sector muy pequeño de la población, lo que provoca altos índices de desigualdad social, sin que el Estado logre implementar una política pública redistributiva para revertir el proceso.
Costa Rica tampoco está lejos de este escenario de peligro. “Hay una tendencia hacia la concentración del ingreso, que la pandemia va a acelerar”, dice Mora, quien considera preocupante que se esté tratando de contrarrestar esta tendencia con política pública cortoplacista, que no la revierte.
El otro escenario de peligro es “el país que reparte lo que no tiene”, donde se logra mejorar en temas de igualdad, pero a costa de endeudamiento, de un sistema de impuestos regresivo, de una política pública populista, que deja muy comprometidas las posibilidades de desarrollo.
Hacia “el país donde quiero vivir…”
“Es importante indicar que la ocurrencia o no de un escenario todavía está en manos nuestras; por eso, la investigación contempla como probabilidad el escenario apuesta, que es el país donde quiero vivir el resto de mi vida”, subrayó el académico de EPPS.
¿Podría Costa Rica alcanzar cambiar el rumbo y caminar hacia este escenario apuesta, en el que crece el PIB y disminuye la desigualdad?
Este escenario no está cerca, según reconoce el coordinador de “Escenarios Costa Rica 2040: Hacia la Nueva Normalidad”, para quien el empuje hacia “el país donde quiero vivir el resto de mi vida” va a requerir esfuerzo, así como varios gobiernos; “no se va a lograr en cuatro años ni con el mejor gobierno del mundo”.
Aunque las tendencias se oponen, este escenario alcanzó en el estudio un 42% de probabilidad, lo cual es importante –afirma el investigador- porque refleja que se ven posibilidades de que Costa Rica rectifique el rumbo, de manera que pueda superar factores evidentes de desigualdad social, como baja conectividad, educación desigual, disparidad territorial, bajo acceso a tecnología, brecha en ingresos e impuestos regresivos, entre otros.
“En este escenario vemos la Costa Rica del futuro como un país virtual en muchas de las cosas que hace, pero es una Costa Rica donde el Estado universaliza la conectividad y eso hace que la educación, por ejemplo, no sea un factor de exclusión social, sino que podamos llevar las oportunidades a todas las regiones del país”.
Mora fue enfático en que en “el país donde quiero vivir el resto de mi vida” no se podría aceptar que haya estudiantes que reciban clase en la casa con un teléfono celular, tal como se mostró en el reciente informe del Estado de la Educación.
“Tenemos que resolver el problema educativo. Nuestra principal razón de desigualdad social sigue siendo el tema educativo. La diferencia salarial entre una persona que estudió y una que no lo hizo, es abismal. Entonces, ahí está el verdadero problema de la desigualdad”, subrayó Mora.
El país donde quiero vivir el resto de mi vida es un escenario se logra un acuerdo en torno a las decisiones que debe tomar los gobiernos de los próximos 10 0 12 años en este y otros temas esenciales, como economía y en ambiente.
Para lograrlo es preciso poner atención en la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, así como contar con solidaridad, liderazgo, compromiso y disciplina.
El investigador de EPPS considera que ese acuerdo nacional es imprescindible. “No podemos atender el futuro, tan disruptivo que se nos presenta, con las mismas medidas y decisiones de siempre. Deberá venir un compromiso del Estado por hacer cosas diferentes. Solo de esa manera alcanzaremos ese escenario apuesta”, advirtió.
***Mayores detalles con Juan Carlos Mora, investigador EPPS al 8893-9950 o con periodista Oficina de Comunicación 8334-4150.
El objetivo de los científicos es generar el conocimiento necesario para su eventual producción en Cosa Rica
Estas pruebas pilotos no serán usadas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Su propósito es generar conocimiento para una eventual producción nacional. Foto: Karla Richmond.
Con más de cinco meses de esfuerzo y 400 horas de trabajo, el personal científico de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica (UCR) logró concluir de forma exitosa la elaboración de las primeras 500 tabletas piloto a base de favipiravir, un compuesto que podría ayudar a contrarrestar el COVID-19.
El favipiravir es un fármaco antiviral japonés usado para el tratamiento de la influenza. En mayo del 2020, Rusia aprobó su versión genérica conocida como Avifavir, al encontrar evidencia inicial que sugería un efecto inhibidor de la replicación del virus SARS-CoV-2 en el organismo.
Aunque a nivel internacional se continúan realizando ensayos clínicos para determinar de forma concluyente la efectividad del compuesto, resultados preliminares de científicos rusos (como los últimos publicados el 04 de agosto en MedRxiv y que se pueden consultar aquí), el Avifavir demuestra una respuesta antiviral rápida contra el virus que causa la enfermedad del COVID-19.
Otros estudios científicos, como el publicado por la Sociedad Americana para la Farmacología Clínica y Terapéutica de los Estados Unidos (mismo que se puede acceder aquí), indican que el favipiravir proporciona un sustituto para el uso compasivo en el COVID-19. Actualmente, si bien se sigue a la espera de confirmación clínica adicional, ya países como Japón, Rusia, India y China utilizan este medicamento para ayudar a los pacientes a mitigar el avance de la enfermedad.
“La idea de nosotros en la UCR es generar el conocimiento para que Costa Rica pueda formular el medicamento en el territorio nacional, sin depender del extranjero. Con este proyecto de investigación lo que buscamos es hacer una transferencia de conocimiento para que una empresa farmacéutica con capacidad industrial pueda producirlo”, manifestó el Dr. German Madrigal Redondo, director del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas (Inifar-UCR).
Para el Dr. Madrigal, lo anterior es un aporte trascendental en medio de una pandemia que ha dificultado el acceso a diversas terapias.
“En los últimos días se ha visto un acaparamiento de medicamentos, soluciones sanitarias y dispositivos clínicos por países con un mayor poder adquisitivo. Este estudio que desarrollamos en la UCR nos permite confiar que en Costa Rica tenemos la tecnología, el conocimiento, los científicos y las personas que pueden desarrollar estas terapias a un bajo costo”, amplió el investigador.
: En la fotografía se puede observar algunas de las tabletas a base de favipiravir. Con esta investigación, Costa Rica no necesitará importar el medicamento, solo requiere traer un único “ingrediente” (el principio activo) para generar en suelo costarricense la formulación final. Foto: Karla Richmond.
El objetivo de esta investigación es generar el conocimiento suficiente para realizar una transferencia tecnológica a un fabricante de medicamentos en Costa Rica debidamente regulado.
¿Cómo se logró?
Cada tableta elaborada por los científicos de la UCR es de 250 mg con los excipientes (componentes adicionales).
Para lograr ese lote piloto, el primer paso de los farmacéuticos fue recopilar toda la información científica necesaria para justificar el uso del fármaco. Esta labor fue apoyada por el Centro Nacional de Información de Medicamentos (Cimed-UCR).
Posteriormente, con el apoyo del Laboratorio de Fitofarmacología y Tecnología Farmacéutica y Cosmética (Lafitec-UCR), se elaboró la formulación y se definió el tipo de recubrimiento a emplear en las tabletas.
“Al inicio realizamos estudios de preformulación con este principio activo a fin de caracterizarlo, conocerlo y ver sus propiedades físicas y químicas. De acuerdo con esto, desarrollamos toda una formulación y procedimiento de preparación de pruebas en pequeña cantidad”, manifestó el Dr. Jorge Pacheco Molina, investigador del Departamento de Farmacia Industrial de la UCR.
El segundo paso de los científicos fue generar un placebo (formulación sin potencial terapéutico) como guía para determinar las dimensiones de la tableta. Luego, se formuló un granulado, se comprimió para obtener las tabletas y, finalmente, se efectuó el recubrimiento.
“Escogimos este principio activo por dos razones. La primera es porque ha pasado por fases clínicas I, II y III. También, porque se están desarrollando estudios en fase III en coronavirus. En estos estudios que se han estado realizando se ha demostrado una efectividad en la disminución del agravamiento de la enfermedad de un 30 %, un menor tiempo de residencia en hospital de un 35 % y, en algunos, se ha encontrado una menor mortalidad”, amplió el Dr. Madrigal.
El Dr. German Madrigal y el Dr. Jorge Pacheco observan el avance en el recubrimiento de las tabletas. Foto: Karla Richmond.
La siguiente tarea
Ahora lo que sigue es la validación de la metodología analítica y pruebas de control de calidad por el Laboratorio de Análisis y Asesoría Farmacéutica (Layafa-UCR). Este laboratorio tiene más de 15 años de contribuir con el Ministerio de Salud en la tarea de asegurar que los fármacos comercializados en el país cumplan con todos los criterios de calidad, seguridad y eficacia.
Adicionalmente, se realizarán pruebas cinéticas de disolución. Estos exámenes son necesarios para definir si la liberación del fármaco al ingresar al cuerpo humano ocurre de forma satisfactoria. Dicho análisis será efectuado por el Laboratorio de Biofarmacia y Farmacocinética (Labiofar-UCR).
“Ahora lo que haremos es proseguir con los métodos de análisis y de control de calidad, con los cuales se va a establecer la fórmula y el procedimiento óptimo para realizar una transferencia tecnológica a un fabricante de medicamentos en Costa Rica. Hay muchos laboratorios farmacéuticos nacionales que están en capacidad de llevar a cabo una producción industrial con todos los permisos y registros requeridos ante el Ministerio de Salud. Nosotros solo estamos haciendo pruebas, investigación científica y, con los resultados, haremos la transferencia tecnológica”, amplió el Dr. Pacheco.
Grandes alianzas
En los últimos meses, el Inifar-UCR ha logrado establecer importantes alianzas con el sector productivo. Una es con el grupo farmacéutico Alcames. En este caso, el vínculo le permitió a la UCR adquirir el principio activo de otro potencial medicamento que ha mostrado una eficacia inicial importante contra el COVID-19: el remdesivir.
El remdesivir incluso es el primer fármaco que ha sido recomendado por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para autorizar su uso en la Unión Europea. Así lo comunicó la misma EMA el 25 de julio en un comunicado de prensa.
“La evaluación del expediente ha concluido con la recomendación de hoy, que se basa principalmente en los datos del estudio NIAID-ACTT-11, patrocinado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los EE. UU. (NIAID), más datos de apoyo de otros estudios sobre remdesivir”, se cita en el documento.
Ahora, los farmacéuticos de la UCR esperan la llegada de ese principio (remdesivir) para iniciar en los próximos días una nueva formulación que dé la posibilidad de ofrecer alternativas adicionales en la lucha contra el COVID-19 en el territorio nacional.
Jenniffer Jiménez Córdoba Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria, Universidad de Costa Rica. Analizan situación actual de personas migrantes y transfronterizas de la Zona Norte de Costa Rica en conversatorio internacional sobre inmovilidades cartográficas por COVID-19
El pasado lunes 10 de agosto se llevó a cabo el VII conversatorio virtual “(In)movilidades cartográficas en tiempos de Covid-19: fronteras, trazos y narrativas espaciales”, organizado por FLACSO-Guatemala y por Ecosur-México. La actividad planteó como interrogantes ¿Qué relación hay entre los mapas y las migraciones? ¿Cómo contribuye la ciencia de la cartografía al estudio de las movilidades humanas? ¿Cómo se han transformado los territorios durante la pandemia? ¿Cómo se vislumbra el panorama post pandemia? Las personas invitadas trataron de contestar a estas preguntas en un ambiente tipo conversatorio, donde se fueron tejiendo distintos temas alrededor de la cartografía, la migración-movilidad y sobre todo de este contexto actual de pandemia que estamos viviendo de forma muy impactante en América Latina.
Participamos en esta actividad representantes del colectivo Raya-Montaña de Monterrey, México, del CIIECRe, CESMECA-UNICACH, CONACYT y ECOSUR de Chiapas, México, de Cartografías de los Bosques del Pueblo de Panamá, de FLACSO-Guatemala y del Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de Costa Rica. Cada una de las participaciones fue exponiendo de dónde surgió su interés por la cartografía, cómo definen el trabajo cartográfico que realizan en sus organizaciones o colectivos, cuáles son los actuales retos para el territorio o territorios donde trabajan en este contexto y cómo incorporan los conocimientos y experiencias territoriales de las personas que lo habitan y transitan.
Para el caso de Costa Rica, expusieron dos docentes del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica. El conversatorio contaba con dos bloques de participación, en el primero Kioscos contó del trabajo que ha realizado utilizando Cartografía Participativa desde el año 2013 en varias comunidades como el territorio bribri de Talamanca, Paraíso de Sixaola, las Fincas de Palmar Sur de Osa y los cantones de Upala, Guatuso y Los Chiles de la Zona Norte. Para el segundo bloque, desde Kioscos se analizó la situación actual que están viviendo las personas migrantes y transfronterizas trabajadoras de plantaciones (de piña, yuca y cítricos) en la Zona Norte del país, ya que estas personas se ven afectadas por violación de sus derechos laborales, marginalización, estigmatización por xenofobia y racismo y finalmente por empobrecimiento de sus condiciones materiales, al estar sometidas a lógicas de flexibilización del trabajo bajo condiciones bastante cuestionables.
Desde el Programa Kioscos, el reto está en seguir acompañando a estas comunidades de la Zona Norte del país en este contexto actual de pandemia, ya que las condiciones actuales aún no permiten un acercamiento con estas personas. Es necesario ir pensando en otras formas de vinculación con las comunidades rurales en un momento tan delicado como este. La construcción de redes nacionales e internacionales son una excelente forma de ir pensando estos nuevos retos de forma colectiva.
La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum invita este próximo viernes 14 de agosto a las 9 a.m. al Webinar: “Costa Rica, después del COVID-19 en lo Político, Económico y Social”. Será transmitido por Facebook Live.
Participan: Sofía Guillén, Economista y docente; Vladimir de la Cruz, Historiador y docente.
El Sindicato Nacional de Periodistas, en conjunto con las secretarías de género de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, le invita al II Foro Virtual Nacional: “Impacto del COVID 19: en lo socioeconómico, violencia y en la salud mental de las mujeres trabajadoras”, a realizarse el jueves 20 de agosto del presente año a partir de las 8:45 a.m.
Se contará con la participación de las expositoras: -M.S.c. Ana Rosa Ruiz, representante de la Oficina de Equidad de Género del TEC, con el tema: Impacto Económico de la crisis del COVID-19 en las Mujeres. -Licda. Nury Sánchez, Representante del Consejo de Salud Ocupacional del MTSS, con el tema: El Impacto Psicosocial, y la Violencia de la mujer en la crisis del COVID-19.
San José, 11 de agosto de 2020.- La pandemia por COVID-19 ha profundizado las desigualdades con respecto a la garantía del derecho al agua en América Latina y el mundo. En este contexto, el acceso al agua resulta aún más indispensable en tanto las directrices de la OMS urgen el lavado de manos para limitar el contagio y propagación del virus, medida que resulta imposible en algunas comunidades sin acceso al agua en cantidades suficientes como para cubrir las necesidades básicas de consumo e higiene.
Al tiempo que comunidades enfrentan el desabastecimiento del agua, pueblos indígenas y comunidades campesinas continúan ejerciendo su labor de defensa del agua y recursos naturales ante la instalación de proyectos extractivos en sus territorios. Ante ello, personas defensoras continúan siento amenazadas, estigmatizadas y criminalizadas.
Aunque el reconocimiento al derecho al agua se consolida cada vez más en el ámbito internacional desde su primera definición hace casi 20 años y se ha reconocido el vínculo indispensable entre agua y la garantía de muchos otros derechos, incluyendo la vida, la salud, la alimentación, entre otros, este proceso de paulatina consolidación no ha estado necesariamente acompañado en la misma intensidad por ejercicios de rendición de cuentas y este derecho continúa amenazado.
Así, resulta indispensable definir con mayor precisión el alcance de su protección; y los deberes de prevención y respuesta de los Estados, así como visibilizar las luchas de los pueblos y comunidades que continúan resistiendo al extractivisimo y el desabastecimiento y exigen la garantía de su derecho al agua.
Frente a este contexto, desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Mujeres MODATIMA (Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente) te invitamos el próximo jueves 13 de agosto de 10:00am a 4:00pm (hora Centroamérica) a una jornada virtual para conversar sobre las luchas, alcances y retos para garantizar el derecho al agua en América Latina.
Conoce nuestros bloques de conversación (hora Centroamérica):
10:00-11:00am: Estándares internacionales sobre el derecho al agua, ¿dónde estamos y qué falta?
Ponentes:
María Noel Leoni – Directora de CEJIL para el Cono Sur y Bolivia
Manuela Royo – Abogada, académica e integrante del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente
Modera: Liliana Caballero – Oficial de incidencia de CEJIL para Centroamérica y México
11:30-12:30am: Relatos desde la ruralidad: entrevista sobre la situación en Guapinol, Honduras; y Petorca, Chile
Ponentes:
Lorena Donaire – Fundadora y vocera de Mujeres Modatima, Petorca y Co Fundadora de Mujeres en Resistencia (Chile)
Juana Zúniga – Defensora del río Guapinol e integrante del Comité Municipal de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (Honduras)
Modera: Sofía Espinal – Oficial de comunicación de CEJIL para Centroamérica y México
2:00-3:30pm: La resistencia de pueblos originarios en Mesoamérica: foro sobre la lucha de los pueblos Mixe y Maya en México, el pueblo Lenca en Honduras y el pueblo Ngäbe en Panamá
Ponentes:
Yásnaya Elena Aguilar – Pueblo mixe, Oaxaca, México
Pedro Uc Be – Pueblo maya, Yucatán, México
Dunia Sánchez – Pueblo lenca, comunidad de Río Blanco, Honduras
Weni Bagama – Pueblo Ngäbe, Comarca Ngäbe-Buglé, Panamá
Modera: Guillermo Rodríguez – Oficial de incidencia de CEJIL para Centroamérica y México
3:30-4:00pm: Clausura: reivindicar la lucha por aguas libres a través de la poesía
Presentan: • Yásnaya Elena Aguilar – Pueblo mixe, Oaxaca, México • Pedro Uc Be – Pueblo maya, Yucatán, México
Taller se enfoca en el aporte desde la Educación Popular para el trabajo con comunidades
El proyecto “Educación Popular y Geografía: Análisis de la Conflictividad Socioambiental en territorios rurales de Costa Rica”, de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria, de la Universidad de Costa Rica (UCR) dieron inicio al taller virtual “Educación Popular y Territorios Comunitarios: Principios básicos de la Educación Popular para el trabajo en comunidades”, el pasado 5 de agosto.
Este taller forma parte de los esfuerzos por virtualizar actividades propias de la Acción Social, como capacitaciones y talleres para docentes y estudiantes de la UCR vinculados a proyectos de Acción Social. El principal objetivo del taller es que las personas participantes adquieran herramientas básicas sobre la Educación Popular y su aplicación a procesos comunitarios y proyectos de Acción Social, basándose en la experiencia de más de 12 años que tiene el Programa Kioscos en este tema.
Al taller se inscribieron más de 100 personas de distintas carreras, sedes regionales e incluso docentes de la Universidad, sin embargo se realizó un proceso de selección, mediante el formulario de inscripciones, ya que las características del taller permitían un cupo máximo de 25 participantes.
De esta forma, se obtuvo un grupo diverso de estudiantes y docentes de distintas áreas del conocimiento, con gran interés en aplicar la Educación Popular en los procesos comunitarios con los cuales se vinculan.
Maria Jose Carpio Ulloa, estudiante de licenciatura en Geografía y participante del taller indicó que a ella le interesó participar “por la pandemia, porque vi que esto puso en jaque los medios tradicionales de enseñanza, sobre todo por la desigualdad tecnología que vive el país (…) La educación lamentablemente no es ni universal ni pareja para todo el mundo”.
La primera sesión contó con la presencia del señor Oscar Jara Holliday, quien trabaja en el Centro de Estudios y Publicaciones Alforja y en el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL). Jara dio al grupo una charla sobre aspectos históricos de la Educación Popular, pasando por varios momentos claves en la historia de América Latina y llegando al contexto de dictaduras en el continente, en el cual surge la principal propuesta que ahora conocemos de Educación Popular, donde sin duda alguna es Paulo Freire el autor y exponente más reconocido, y con quien Jara tuvo el honor de trabajar.
Uno de los principales temas que se están tratando en el taller, es cómo hacer Educación Popular en este contexto de pandemia, reconociendo que es ahora cuando más se han intensificado las brechas sociales, de acceso a recursos tecnológicos y de comunicación.
El equipo coordinador del taller indicó que “es este contexto actual el que más nos obliga, como educadoras y educadores que buscan la transformación social desde las Universidades, a pensar en formas de hacer Educación Popular y seguir trabajando con las poblaciones más vulnerabilizadas e impactadas por esta pandemia y la crisis económica que conlleva”.
Autoría: José Antonio Mora (Coordinador del proyecto ED-3526) Omar Mejía (Asistente del proyecto ED-3526)
Foto: Participantes del taller “Educación Popular y Territorios Comunitarios: Principios básicos de la Educación Popular para el trabajo en comunidades” en charla con Oscar Jara Holliday. Screenshot de José Antonio Mora.
Los viales fueron entregados a la Caja para iniciar el estudio clínico en cuanto se apruebe el protocolo
El lunes 10 de agosto, a las 7:00 a. m., parte del personal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fue al Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica (ICP-UCR) para obtener, de manera oficial, los primeros 80 viales de los sueros Anti-SARS-CoV-2.
Con estas primeras formulaciones, y una vez que el protocolo sea aprobado por el Comité Ético Científico Central, la CCSS procederá a realizar el estudio clínico en pacientes con la enfermedad del COVID-19.
Los resultados de ese estudio serán cruciales. Si bien los análisis de la Universidad de George Mason indicaron que las formulaciones son capaces de inhibir la infectividad del SARS-CoV-2 en células en cultivo, solo el estudio clínico que efectuará la Caja definirá (de manera concluyente) si el suero es realmente eficaz para tratar a pacientes afectados por el virus.
“El Instituto Clodomiro Picado de la UCR es una joya en nuestro país. Esto no hubiera sido posible si este Instituto no existiera. Lo que hoy se entrega no es algo que se improvisa, sino el resultado de 50 años de investigación y producción. Son pocos los países del mundo los que pueden lograr un producto tan rápido, de alta calidad y con controles de calidad que demuestren una alta potencia neutralizadora del virus”, indicó Román Macaya Hayes, presidente ejecutivo de la CCSS.
De acuerdo con el Dr. Alberto Alape Girón, investigador del ICP-UCR, este día es muy significativo para el Instituto, pues se concreta el esfuerzo de varios meses y de una oportunidad para contribuir al país. Ahora, lo que se espera es que los resultados del estudio clínico sean satisfactorios para que estas formulaciones pronto sean usadas en la terapia de los pacientes con COVID-19.
“Esa capacidad de responder que tiene la UCR es lo que hizo que lleguemos a este día y entreguemos este producto de altísima calidad que esperamos pueda contribuir, en alta medida, al tratamiento de la enfermedad”, afirmó la Dra. Cecilia Díaz Oreiro, nueva directora del ICP-UCR.
El ICP-UCR generó dos tipos de formulaciones a partir del plasma equino. Cuarenta viales del suero son contra la proteína S1. Los otros cuarenta son una mezcla de cuatro proteínas del virus: la S1, la E, la M y la N de la nucleocápside. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Estudio clínico
Para iniciar el estudio clínico se requiere de un elemento fundamental: la aprobación del protocolo del ensayo por parte del Comité Ético Científico Central de la CCSS.
Este documento, que ya está en revisión, fue preparado por médicos intensivistas, bajo el liderazgo del Dr. Willem Buján, profesor de la Escuela de Medicina de la UCR, así como de la Dra. Ann Echeverri y el Dr. Alfredo Sanabria, de la Unidad de Investigación Clínica del Hospital San Juan de Dios.
Cuando la CCSS concluya esa guía, se procederá a realizar el estudio clínico, el cual tiene previsto contemplar a 26 pacientes de cuatro centros hospitalarios: el Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID-19 (Ceaco), el Hospital México, el Hospital San Juan de Dios y el Hospital Calderón Guardia.
“El protocolo es muy importante, porque es la ruta que se va a seguir en la evaluación de estas terapias en la parte clínica. Estamos en una fase de alto riesgo por los casos de todos los días y esta es una solución que esperamos que sea muy eficaz para que se pueda implementar muy rápido”, manifestó el Dr. Macaya.
La idea es dividir el grupo de 26 pacientes en dos, de manera tal que a 13 personas se les administrará el primer tipo de anticuerpos equinos formulados por el ICP-UCR contra la proteína S1. Por su parte, a los otros 13 se les dará la segunda formulación, preparada contra una mezcla de las proteínas del virus S1, E, M y N de la nucleocápside. Según sea la respuesta de los pacientes, se sabrá cuál de los dos sueros propuestos es el más efectivo.
“Hace dos semanas llenamos de orgullo al país, pero sobre todo lo llenamos de esperanza. De una esperanza de poder, efectivamente, contar con una herramienta valiosísima que nos permita enfrentar el efecto en la salud humana que genera el COVID-19, pero también el efecto socioeconómico”, comentó el doctor Carlos Araya Leandro, rector de la UCR. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Unión institucional
La UCR seguirá trabajando fuertemente con la CCSS y, si las formulaciones muestran ser efectivas, el ICP-UCR iniciará la producción de más viales.
Para el Dr. Macaya, esta alianza demuestra el gran acierto que fue apostarle por tantos años a la salud y a la educación, especialmente a la CCSS y a la UCR, instituciones que siguen trabajando conjuntamente para resolver grandes problemas nacionales.
Lo mismo compartió el Dr. Carlos Araya Leandro, rector de la UCR, quien enfatizó que las decisiones tomadas hace 80 años son las que hoy permiten disfrutar de un Estado social de derecho, basado en la universalización de los servicios, en la cual la Caja y la educación juegan un papel fundamental.
“El resultado que tenemos hoy no es casualidad. Aquí hay una inversión en infraestructura, equipamiento y capital humano. Es el fruto de modelo del país que hemos desarrollado en las últimas ocho décadas y que esperamos seguir. La CCSS y la UCR, a través del Instituto Clodomiro Picado, le dicen a Costa Rica que la institucionalidad pública es necesaria para el desarrollo del país y para enfrentarse a situaciones de emergencia como la que vivimos hoy en día”, comentó el Dr. Araya.
Entonces, ¿cómo se podría describir al Instituto Clodomiro Picado? “Como el instituto que estaba en el lugar correcto, en el momento correcto y con las personas correctas para que esto fuera exitoso”, concluyó el Dr. Macaya.
Jenniffer Jiménez Córdoba Periodista, Oficina de Divulgación e Información
