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Etiqueta: COVID-19

Alfabetización Ciudadana trabaja por la comunidad para enfrentar la pandemia

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos, Salud.

Alfabetización Ciudadana

El Territorio Seguro Alfabetización Ciudadana de Barrio Carit ha estado gestionando diversas acciones para hacerle frente a la pandemia con el Ministerio de Salud, Comité Municipal de Emergencias y Policía Municipal. Se ha logrado enviar ayudas humanitarias a personas con COVID-19 en la comunidad y se están interviniendo las cuarterías donde hay contagio. Es necesario que los y las ciudadanas nos organicemos y trabajemos en conjunto con las instituciones en medio de esta pandemia, para resguardar la salud y la vida de las personas. En cumplimiento del mandato constitucional según los artículos 9, 11, 21, 50, 194 de nuestra Carta Magna. Agradecemos la labor que están realizando estas instituciones y esperamos poder seguir trabajando de esta manera los aspectos de prevención, preparación y contención.

¿Qué es ALFABETIZACIÓN CIUDADANA?

Somos una iniciativa nacida del interés de personas ciudadanas por llevar conocimiento a otros sobre los derechos y responsabilidades de los ciudadanos según el mandato constitucional, cuyo slogan es «Alfabetización Ciudadana en la construcción de una nueva ciudadanía».

También somos parte del Movimiento de Ciudadanía que construye Territorios Seguros.

Basados en el ejercicio de la Participación Ciudadana que se establece en el Artículo 9 de la Constitución Política, para co-gobernar con los otros poderes de la República y en el Artículo 11 respecto a la obligatoriedad de los funcionarios públicos de rendir cuentas, nos centramos en temas como fiscalización de las finanzas públicas, justicia social y tributaria. Lo cual implica responsabilidad y derecho en la toma de decisiones en las políticas públicas.

La Emisión Monetaria propuesta por el Banco Central… ¿Que pretende?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Jorge Hernaldo Jiménez Bustamante

El BCCR propuso, o puso en consulta, la emisión de 700 000 millones de colones para financiar las entidades financieras. ¿Por qué lo hace? Para contrarrestar el proceso recesivo generado por las medidas tomadas por el gobierno para disminuir el efecto de la pandemia del Coronavirus Covid-19. (Recesión inducida)

El Banco Central hará préstamos por medio del Mercado Integrado de Liquidez, a una tasa de 0.8% anual y a un plazo de cuatro años.

De esta noticia surgen naturalmente algunas dudas, veamos las principales:

  1. ¿Esta emisión monetaria generaría inflación?

 La respuesta es que no, el economista José Luis Arce dice: “En las condiciones macroeconómicas actuales no creo que esta monetización vaya a significar presiones inflacionarias” La recesión económica tiene como característica que las transacciones económicas disminuyen, la velocidad de circulación del dinero es mucho más lenta, los precios tienden a bajar o mantenerse con un índice de precios estático con lo cual el aumento de la cantidad de dinero en circulación no repercutirá en los precios sino en las transacciones económicas dado el alto nivel de desocupación que tiene la economía. La baja tasa de interés que propone el BCCR es clara muestra de que está asumiendo el bajo riesgo de inflación, ya que probablemente estaría cobrando el costo administrativo de la colocación y recuperación del dinero emitido. El Presidente del BCCR, don Rodrigo Cubero, dijo: “En un contexto donde vemos más bien fuertes presiones des inflacionarias y donde el instrumento básicamente representa un 2% del PIB (Producto Interno Bruto), un poco más del 3% de la cartera total de crédito al sector privado, por lo cual realmente el Banco Central y sus modelos no proyectan que se vaya a dar un impacto inflacionario”

  1. ¿Cuáles entidades financieras serían las beneficiarias de los créditos y por qué?

El Presidente de Central dice que el monto de 700 000 millones está calibrado para que se puedan canalizar recursos a los afectados. Pero del dicho al hecho hay un gran trecho, eso no lleva a cuestionar si hay planes en las cuales hayan participado las entidades financieras que canalizarán los préstamos. Los bancos comerciales tienen mucha liquidez y sabemos que pagan muy bajos intereses pasivos o no pagan ninguna tasa en los depósitos en cuentas corrientes. Entonces el problema está en la propia raíz de la recesión, las oportunidades de inversión están ausentes y por lo tanto los bancos tienen problemas en colocar nuevos créditos, el consumo también está restringido y pocos se atreven a gastar como lo hacían antes de la recesión, además de que muchos no tienen la misma capacidad de gasto por haber visto disminuidos sus ingresos. Ahora bien ¿a qué tasa de interés y a qué plazo van a prestar las entidades financieras que acepten los recursos del BCCR? De ello dependerá de que algunos deudores puedan sustituir deuda cara por deuda menos cara. Y en tal caso, poco se lograría en términos de inversión de obras nuevas y de empleo.

  1. ¿Cuál sería la mejor opción para el debido uso de la emisión monetaria?

El mayor problema de nuestro país es el desempleo y la disminución drástica del crecimiento del PIB. No es la deuda pública, queda claro que la preocupación del Fondo Monetario Internacional es la relación entre deuda pública y el PIB, que según ellos no debe ser superior a un 50% para los países de la periferia, y la gran reocupación de nuestros economistas es que por tal razón, las calificadoras de riesgo nos bajen la nota. Entonces todos nuestros problemas se unen en un solo propósito, a saber, hacer crecer el PIB en forma continuada y a una tasa superior al crecimiento de nuestra deuda. Así las cosas, la mejor opción para el debido uso de la emisión monetaria que propone el Banco Central es aquella que genere en forma inmediata inversión y gasto. Puede observarse dada la situación macroeconómica que el sector privado no puede hacerlo. La única opción viable es la combinación estratégica entre el sector público y el sector privado. Pero para ello se debe extender el plazo y aumentar la tasa de interés a partir del cuarto año para que iguale al índice de precios y así asimilar la posible inflación que pudiera generarse.

  1. La mejor opción es la construcción de obras públicas.

 En el contexto actual el sector construcción, según titular de un periódico escrito*: “Construcción pasa por desplome ni siquiera visto en crisis del 2008”, y agrega: “en diciembre de 2018 comenzó el más reciente lapso de comportamiento negativo (decrecimiento) en la actividad de la construcción. De ahí hasta mayo pasado, (última medición del IMAE, índice mensual de actividad económica), se calculan esos 18 meses, según la variación interanual del indicador” con comportamiento negativo. El punto más bajo se presentó en junio de 2019, cuando la caída interanual fue del 18,9%. Un análisis por sectores del BCCR indica que la construcción con destino público comenzó su ciclo negativo actual en marzo del 2018 y se mantiene hasta mayo de 2020, 27 meses de variaciones negativas. En el sector privado hay expectativas pesimistas de los agentes económicos para ejecutar nuevos proyectos de inversión, lo cual se ha manifestado en una baja demanda de crédito por parte del sector privado. (Esto concuerda con lo escrito en el punto anterior) Don Esteban Acón, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción, le dijo al periodista Marvin Barquero, que el sector generaba 150.000 empleos y que en el primer trimestre de este año perdió 28.000. Y agregó: la esperanza que nos queda enfatizó, don Esteban, es un repunte de las obras públicas y mencionó al Ministerio de Educación y a la Caja Costarricense de Seguro Social. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos tenía proyecciones en las cuales en 2020 se esperaba una tendencia positiva, la cual se frustró con la depresión generada por la Pandemia Covid19.

  1. El Sector Construcción y el empleo.

El mayor problema de Costa Rica actualmente es el desempleo, altísimo (12 a 13%) y aumentado peligrosamente por la depresión inducida por el gobierno para disminuir el riesgo de enfermedad por la pandemia del Covid19, de un 15 a un 17%. El problema no es sólo económico es también un grave problema social y repercute en gastos mayores para el Estado y disminución de ingresos (cuotas a los seguros sociales y tributación sobre compras, sueldos e ingresos).

Un estudio realizado por especialistas contratados por CEPAL (Comisión Económica para América Latina) en Nicaragua estimaron en 47.000 empleos directos e indirectos generados por un millón de dólares en construcción. Es de suponer que la generación de empleo tiene una disminución marginal para un mayor número de millones invertidos, pero en todo caso es generalmente reconocida la importancia que tiene la construcción en la generación de empleo, considerando la cantidad de industrias y comercios que le dan apoyo logístico a las empresas de construcción, quienes a su vez son grandes empleadores de mano de obra.

  1. Los propósitos de la emisión monetaria del BCCR.

Hemos de suponer que el Banco Central se propone reactivar la economía mediante una emisión monetaria de 700.000 millones de colones, en tal caso debe colocar el dinero en donde realmente sea usado lo más pronto posible en inversión, mayoritariamente en construcción y con proyectos que tengan reproducción pronta en el crecimiento del PIB y del Empleo. Es necesario que un grupo interprofesional de economistas ingenieros evalúen los distintos proyectos que presenten las instituciones públicas en un tiempo récord y la capacidad de las empresas privadas de diseño y construcción que las han de llevar a cabo. Sugiero se estudien obras de gran magnitud como los hospitales de la Caja, el puerto de Caldera, la Carretera a San Carlos, las rutas 27 y 32, la Carretera a Cartago, programa de construcción de viviendas populares y las obras inconclusas del ministerio de Educación para que sean estudiadas y priorizadas.

Conclusiones

Queda demostrado que el Banco Central si está en capacidad de ser el actor que dinamice la economía y la saque de la recesión en la cual se encuentra. Quedan desvirtuados los temores inflacionistas de muchos políticos y de muchos “políticos economistas”. La emisión monetaria en momentos de recesión no producirá inflación.

Es previsible que el camino escogido de traspasar las emisiones a las entidades financieras para préstamos a las empresas privadas no tenga los resultados esperados de reactivación económica. Es un error histórico excluir las instituciones públicas y al mismo gobierno quienes son los únicos entes capaces de detener el decrecimiento del sector construcción y por el contrario hacerlo crecer con sus consecuencias en el empleo y en el consumo.

Quienes abogan por la disminución del déficit fiscal acaso no ven que esta es una oportunidad de sustituir crédito caro por crédito barato y así aliviar el pago de intereses del Gobierno y de las Instituciones Públicas.

Dedico este artículo a Valeria Jiménez R. Máster en Economía Internacional Hochschule fur Wirtschaft un Recht Berlin y Máster en Análisis y Desarrollo Económico en la Universidad Paris Sorbonne Nord.

*Periódico la Nación.

Nota: de última hora, 24% de la fuerza laboral ha perdido el empleo o sus fuentes de ingresos, de acuerdo con la cifra que reveló este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos, (INEC).

Agosto 6 de 2020, Curridabat, Costa Rica.

UCR: Estudio sobre la salud mental del personal sanitario será realizado por universidades públicas

Escrito en . Publicado en Derechos.

El saldo negativo que dejará el nuevo coronavirus en la salud mental de la humanidad preocupa a los expertos. El personal sanitario es uno de los grupos más susceptibles de sufrir las consecuencias y, por eso, en Costa Rica se estudiará su condición emocional

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, se debe prestar mayor atención a la salud mental durante la pandemia y después de esta, porque los efectos los vamos a ver por muchos meses y años. Foto: Miriet Ábrego, Semanario Universidad.

La atención de pacientes con COVID-19 recae principalmente sobre las espaldas de profesionales en medicina, enfermería, microbiología y otros, así como en personal técnico y administrativo. Este grupo tiene a diario jornadas intensas para resguardar la salud de las personas contagiadas por el coronavirus.

Estos funcionarios se ven sometidos a múltiples presiones psicosociales de manera permanente e, incluso, al riesgo de infectarse y de poner en peligro su vida y la de sus seres queridos.

Además, el miedo, la angustia, la incertidumbre y el encerramiento, tras varios meses de haber iniciado la pandemia, son circunstancias que tienen un impacto social, pues han cambiado por completo nuestras formas de vida.

Al calor de la pandemia, las acciones de los Gobiernos y las instituciones se centran sobre todo en el cuidado de la salud física. Como resultado, la salud mental no es una prioridad y pasa a un segundo plano, aun cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) insiste en que la salud es un estado integral, que comprende al ser humano en todas sus facetas.

En mayo pasado, esta organización alertó sobre las consecuencias del nuevo coronavirus en la salud mental, a corto y largo plazo, especialmente entre el personal sanitario y de primera respuesta, debido al posible aumento de trastornos y de suicidios.

En este contexto, en Costa Rica, surge una iniciativa interinstitucional para tomar acciones inmediatas, a partir del análisis de los efectos psicosociales en la salud física y mental del personal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que se encuentra en la primera línea de atención de la pandemia por el COVID-19.

El estudio será efectuado por la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA), con la colaboración de la CCSS y el Ministerio de Salud. Actualmente, se está a la espera del visto bueno del Consejo Nacional de Investigación en Salud (Conis) para aplicar el proyecto.

De acuerdo con Henriette Raventós Vorst, Vanessa Smith Castro y Raúl Ortega Montero, investigadores a cargo del análisis, se ha observado que entre un 20 % y 30 % del personal sanitario, directamente involucrado en la atención y cuidado de los pacientes, sufre alguna consecuencia en su salud psicológica.

Una evaluación efectuada en Canadá a trabajadores sanitarios en medio de la pandemia reveló que casi la mitad de ellos (47 %) declaró necesitar apoyo psicológico; mientras que en China un 50 % sufría depresión, un 45 % ansiedad y un 34 % insomnio.

“A largo plazo, los efectos en la salud mental van a ser muchos y todas las acciones que hagamos ya con estas personas, que están trabajando en primera línea, son muy importantes”, destacó Vanessa Smith, científica social del Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP) de la UCR.

El personal sanitario es uno de los grupos más vulnerables de la población a los efectos psicosociales de la pandemia, pues está sometido de manera permanente al estrés y al temor de ser contagiado. Foto: Miriet Ábrego, Semanario Universidad.

Esta misma preocupación fue expresada por la directora del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la OMS, Dévora Kestel, quien advirtió en una conferencia de prensa que es probable que se dé «un aumento a largo plazo del número y la severidad de los problemas de salud mental», debido al «sufrimiento inmenso de cientos de millones de personas».

Entre los grupos de mayor riesgo, están el personal sanitario y de primera respuesta (por la ansiedad y estrés que están viviendo); niños, niñas, y adolescentes; mujeres en peligro de violencia doméstica; adultos mayores; personas con condiciones mentales preexistentes u otras enfermedades.

Capacidad sobrepasada

En Costa Rica, el trabajo interinstitucional sobre salud mental se inició desde marzo pasado, por medio de la mesa técnica operativa en salud mental y apoyo psicosocial. En esta instancia participan el Ministerio de Salud, la CCSS, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) y las universidades públicas, entre otras instituciones.

Raúl Ortega, psicólogo de la UNA, aseguró que en estos meses de pandemia se han efectuado una gran cantidad de labores, desde tomar los lineamientos de la OMS y adaptarlos a Costa Rica, hasta examinar cómo llevar las acciones de salud mental al ámbito comunitario.

“Esta emergencia es única. Llevamos varios meses en ella y no sabemos cuándo va a terminar. Estamos, simultáneamente, atendiendo el impacto y la consecuencia de la crisis”, subrayó.

Según el investigador, todas las personas tenemos un rol que cumplir para proteger nuestra salud mental y la de la comunidad. Sin embargo, “en este momento, todo está sobrepasado, tanto la institucionalidad pública como nuestras propias capacidades de afrontamiento”.

A escala mundial, se ha observado un aumento significativo de síntomas depresivos, ansiedad, comportamientos obsesivos y compulsivos, agresividad e irritabilidad, aseguró la psiquiatra Henriette Raventós, coordinadora del estudio al personal de la CCSS.

“En un conversatorio con psiquiatras de diferentes partes del mundo, ellos expresaron que es muy similar lo que están viendo en sus consultas. Personas que no presentan ningún trastorno mental empiezan a tener sintomatología que es totalmente normal ante una situación de emergencia”, detalló la investigadora del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular (CIBCM) de la UCR.

El medio digital Infobae reportó que con la pandemia se ha evidenciado que una de cada cuatro personas en el mundo sufre de trastornos mentales, el 40 % de la población está experimentando síntomas leves de ansiedad y el 23 % de depresión como consecuencia del aislamiento social.

Para los especialistas, en una emergencia estas reacciones son normales, pues muestran la capacidad que tenemos las personas de afrontar situaciones críticas que nos ponen al límite de nuestras capacidades.

El estudio interinstitucional, liderado por la UCR y la UNA, para conocer los efectos de la pandemia en la salud mental del personal sanitario de la Caja Costarricense de Seguro Social, cuenta con el aval de esta institución y del Ministerio de Salud. Foto: Miriet Ábrego, Semanario Universidad.

“La situación de emergencia nos pone alerta y el cuerpo se prepara. Pero si esta alerta se sostiene en el tiempo, va desgastando y produce dificultad para dormir, para comer o ganas de comer más, irritabilidad, enojo, frustración, dolor de cabeza o de estómago y preocupación continua”, añadió Ortega.

El estudio

La investigación de la UCR y de la UNA tiene como objetivo indagar sobre las diferentes formas de malestar físico y emocional del personal sanitario de la CCSS involucrado, de forma directa o indirecta, en la atención y contacto con los usuarios.

Se aplicará un cuestionario en línea y se invitará, a través de las jefaturas, a que todos los trabajadores de dicha institución lo respondan, de manera anónima y voluntaria.

Además, se busca que participe todo el personal de hospitales, clínicas, ebáis y demás centros de la red integrada de servicios de la CCSS del país; así como de distintas áreas, por ejemplo, medicina, enfermería, laboratorio, farmacia, limpieza, lavandería, transportes, seguridad y administración.

“A largo plazo, los efectos en la salud mental van a ser muchos y todas las acciones que hagamos ya con estas personas, que están trabajando en primera línea, son muy importantes”. Dra. Vanessa Smith Castro, Instituto de Investigaciones Psicológicas de la UCR.

El cuestionario fue diseñado por expertos en respuesta psicológica en situaciones de emergencia. Contiene una sección de datos demográficos y de condiciones de vida de los funcionarios, su situación laboral y su vida familiar, explicó Smith.

“Es un cuestionario corto, se responde en 15 minutos y se puede completar desde una computadora o teléfono celular”, indicó la psicóloga de la UCR.

En abril pasado, se efectuó un estudio entre el personal de salud de Estados Unidos, el cual proporcionó datos sobre las principales preocupaciones de esta población. Dicho trabajo constituye un antecedente que sirvió para el diseño de la consulta que se hará en Costa Rica.

Entre los temores identificados, los profesionales mencionaron que no se les reconociera su conocimiento para responder a las necesidades, su salud personal, que no tuvieran acceso a condiciones adecuadas y a equipo para brindar la atención a los pacientes y que no tenían claro si la institución les iba a ayudar en caso de que ellos se infectaran con el coronavirus.

En Costa Rica, “nuestra principal intención es proporcionar información de primera mano basada en evidencia científica sobre cuáles son los principales retos que están enfrentando los funcionarios que laboran en primera línea, para poder apoyar el trabajo de cuidar a los que cuidan”, concluyó Smith.

 

Patricia Blanco Picado
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Declaración sobre el futuro del Banco Interamericano de Desarrollo

Escrito en . Publicado en Derechos.

Mesa de reflexión latinoamericana. Agosto 2020

La Mesa de Reflexión Latinoamericana, haciendo eco y en respaldo de los pronunciamientos de ex Presidentes, ex Cancilleres y ex Ministros de Estado latinoamericanos, ha convocado a un grupo amplio y plural de personalidades de América Latina y el Caribe, que firman este documento, para proponer la postergación de la elección del Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, programada para septiembre de este año, por tratarse de un proceso que ha generado notables y justificadas inquietudes a lo largo y ancho del continente y que tiene lugar en un momento de inflexión internacional sin precedentes.

Esta declaración ofrece una salida viable y constructiva a las legítimas preocupaciones sobre el futuro de la institución. Responde a la convicción compartida que la elección de las autoridades del BID debe ser precedida de una urgente reflexión sobre su papel en un sistema interamericano profundamente trastocado por la emergencia sanitaria y sus secuelas económicas, políticas, sociales y culturales.

América aún está sufriendo el impacto devastador del COVID-19 en múltiples dimensiones y restan varios meses antes de que esta letal pandemia sea superada. Son tiempos de incertidumbre sobre cuándo y cómo América Latina y el Caribe podrán emprender la difícil y formidable tarea de reconstrucción inclusiva de las economías.

En este contexto, es imperativo repensar las prioridades y asumir, con todos los países signatarios del Convenio Constitutivo del BID, un diálogo político que conduzca a un nuevo consenso sobre las prioridades del financiamiento multilateral con una visión integral. Sin una base de legitimidad renovada y sin acuerdos programáticos consensuados, quien asuma la responsabilidad de dirigir al BID verá mermada su capacidad institucional para apoyar a los países en la ardua tarea de reconstrucción económica y social tras la pandemia.

Esa tarea reclama interrogar sobre el significado contemporáneo de las palabras “interamericano” y “desarrollo”, desde las cuales el BID ha construido su identidad durante seis décadas. Las grandes mayorías de este continente reclaman un desarrollo con oportunidades más igualitarias, con ciudades vivibles, con una economía verde eficiente, con oportunidades de trabajo para los jóvenes en ámbitos de innovación verdadera, con un papel de la mujer sin desequilibrios injustos, con una educación sin brechas digitales y con sistemas de salud fortalecidos tras la experiencia de la crisis sanitaria.

El papel del BID y de otras instituciones financieras multilaterales será esencial. Y ello requiere que actúe con plena responsabilidad y una hoja de ruta de mediano y largo plazo que le permita sortear conmociones inesperadas.

Por ello, proponemos postergar la elección de presidente en la próxima Asamblea del BID, a fin de dedicar los próximos meses a definir estrategias y prioridades, tras lo cual concordemos de manera consensuada quien estará a la cabeza de la institución. Esta oportunidad debería servir también para confirmar formalmente que un ciudadano latinoamericano o caribeño debe ejercer la Presidencia de la institución. En esta circunstancia, se trata de asumir colectivamente el reto de una década que nos lleve a cumplir las metas establecidas en la Agenda 2030 como la prioridad de los gobiernos de la América Latina y el Caribe.

Hacemos un enfático llamado a todos los gobiernos miembros del BID para establecer este periodo de reflexión y evitar divisiones innecesarias a que pongan en riesgo la convivencia continental precisamente cuando la cooperación regional resulta más necesaria que nunca.

El momento reclama hacer del BID una entidad con una legitimidad política interamericana pensada entre todos. Esa debe ser la prioridad de nuestros gobiernos y sociedades. Los diplomáticos, políticos y académicos integrantes de la Mesa de Reflexión Latinoamericana y las personalidades que suscriben este documento, hacemos pública nuestra disposición a participar y contribuir en los procesos a favor de instituciones multilaterales fuertes, eficaces y democráticas.

  1. Abal Medina, Juan Manuel. Ex Jefe de Gabinete. Argentina.
    2. Adins, Sebastien. Profesor. Pontificia Universidad Católica del Perú.
    3. Adrianzén, Alberto, Ex Parlamentario Andino. Perú.
    4. Allende Busi, Isabel. Senadora. Chile.
    5. Altman, Jossette. Secretaria Ejecutiva FLACSO. San José.
    6. Amorim, Celso. Ex Ministro de Defensa. Ex Canciller. Brasil
    7. Anguiano Roch, Eugenio. Ex embajador. México.
    8. Araníbar, Antonio. Ex Canciller. Bolivia.
    9. Ayala Mora, Enrique. Presidente. Colegio de América. Universidad Andina Simón
    Bolívar. Ecuador
    10. Barragán Valencia, Héctor. Analista Político y Periodista. México.
    11. Basáñez Ebergenyi, Miguel. Ex Embajador en Estados Unidos. México.
    12. Becerril Straffon, Rodolfo. Economista. Profesor investigador. El Colegio de Morelos.
    México.
    13. Bergamino, Ariel. Ex Vicecanciller. Uruguay.
    14. Bernal Meza, Raúl. Profesor de la Universidad del Centro. Argentina.
    15. Berúmen Torres, Edmundo. Consultor Nacional e Internacional de encuestas. México.
    16. Bielsa, Rafael. Ex Canciller. Argentina.
    17. Bitar, Sergio. Ex Ministro de Educación y Obras Públicas. Ex Senador. Chile.
    18. Bizzozero, Lincoln. Profesor e Investigador. Universidad de la República. Uruguay.
    19. Borda, Sandra. Profesora. Universidad de los Andes. Colombia.
    20. Bordón, José Octavio. Ex Senador y Ex Embajador. Argentina.
    21. Busso, Annabella. Profesora. Universidad Nacional de Rosario. Argentina.
    22. Caetano, Gerardo. Profesor e investigador. Universidad de la República. Uruguay.
    23. Carrión, Francisco. Ex Canciller. Ecuador.
    24. Casar I., José. Profesor e Investigador. Programa Universitario de Estudios del
    Desarrollo. UNAM. México.
    25. Cepeda Ruiz, María Enriqueta. Directora Ejecutiva. INCIDE Social. México.
    26. Chacón, Susana. Directora. Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi. México.
    27. Chavarría Machado, Claudia Pamela. Investigadora. INCIDE Social. México.
    28. Cordera Campos, Rolando. Profesor Emérito. Coordinador. PUED. UNAM. México.
    29. Costa, Gino, Congresista. Perú.
    30. De La Puente, Juan. Profesor. Universidad San Martín de Porres. Perú.
    31. De María y Campos, Mauricio. Ex embajador y ex Director General de ONUDI. México.
    32. Delgado Ballesteros, Gabriela. Profesora Investigadora. IIUE. UNAM. México.
    33. Díaz Maynard, Alvaro. Ex Decano de la Facultad de Agronomía. Uruguay.
    34. Dookeran, Winston. Ex Ministro de Hacienda. Trinidad y Tobago.
    35. Drago, Rolando. Embajador del Servicio Exterior. Chile.
    36. Escobar, Ramiro. Profesor. Pontificia Universidad Católica del Perú.
    37. Fajardo, Sergio. Ex Gobernador de Antioquia. Ex Candidato Presidencial. Colombia.
    38. Fernández Amunátegui, Mariano. Ex Canciller. Chile.
    39. Fernández, Gustavo. Ex Canciller. Bolivia.
    40. Ferrero Costa, Eduardo. Ex Canciller. Perú.
    41. Gallardo, Javier. Profesor e Investigador. Universidad de la República. Uruguay.
    42. García Sayán, Diego. Ex Canciller. Perú.
    43. Gatti, Daniel. Abogado y Jurista. Uruguay.
    44. Gomes, Gerson. Ex Funcionario CEPAL y FAO. Uruguay.
    45. González González, Guadalupe. Profesora Asociada. Colegio de México. México.
    46. González-Olaechea Franco, Javier. Ex Funcionario OIT. Perú.
    47. Goñi, José. Ex Ministro de Defensa. Chile.
    48. Grebe, Horst. Ex Ministro Desarrollo Económico. Bolivia.
    49. Heine, Jorge. Ex Embajador. Ex Ministro de Estado. Chile.
    50. Heredia Zubieta, Carlos. Profesor Asociado. CIDE. México.
    51. Hirst, Mónica. Profesora. UTDT. IESP-UERJ. Brasil.
    52. Holguín, María Ángela. Ex Canciller. Colombia.
    53. Insulza, José Miguel. Ex Canciller. Chile.
    54. Iturralde Ballivián, Carlos. Ex Canciller. Bolivia.
    55. Jarquín, Edmundo. Ex Candidato a la Presidencia. Nicaragua.
    56. Jiménez Mayor, Juan. Ex Presidente Consejo de Ministros. Perú.
    57. Jiménez Morales, Maryhen. Profesora. Universidad Central. Venezuela.
    58. Jordán, Nicole. Profesora. Universidad Católica Boliviana “San Pablo”. Bolivia.
    59. Jusidman Rapoport, Clara. Presidenta. Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi. México.
    60. Kahhat, Farid. Profesor, Pontificia Universidad Católica del Perú
    61. Kisic, Drago. Director Macroconsult. Perú.
    62. Kovacs, Karen. Consultora internacional. México.
    63. Kresalja, Baldo. Ex Ministro de Justicia. Perú.
    64. Lafer, Celso. Ex Canciller. Brasil.
    65. Lerner Ghitis, Salomón. Ex Presidente del Consejo de Ministros. Perú.
    66. Letelier, Juan Pablo. Senador. Chile.
    67. López Giral, Dorotea. Instituto Estudios Internacionales. Universidad de Chile.
    68. Lousteau, Martín. Senador y Ex Embajador. Argentina.
    69. Luiselli, Cassio. Ex embajador. Consejero. Seguridad Alimentaria para las Américas.
    IICA. México.
    70. Lustig, Nora. Profesora. Universidad de Tulane.
    71. Machicado Saravia, Flavio. Ex Ministro de Finanzas. Bolivia.
    72. Machinea, José Luis. Ex Ministro de Economía. Argentina.
    73. Maira, Luis. Ex Ministro de Desarrollo Social. Chile.
    74. Malcorra, Susana. Ex Canciller. Argentina.
    75. Marcos Giacomán, Ernesto. Economista y Consultor. México.
    76. Martínez Martínez, Sergio. Investigador. INCIDE Social. México.
    77. Maúrtua de Romaña, Oscar. Ex Canciller. Perú.
    78. Mayoral, César. Ex Embajador ante NNUU, Canadá, China. Argentina.
    79. Merke, Federico. Profesor. Universidad de San Andrés. Argentina.
    80. Morales Moreno, Isidro. Profesor Investigador. Tecnológico de Monterrey. México
    81. Morales, Juan Antonio. Ex Presidente del Banco Central. Bolivia.
    82. Murillo, Javier. Ex Canciller. Bolivia.
    83. Navarrete, Jorge Eduardo. Embajador Eminente. México.
    84. Nin Novoa, Rodolfo. Ex Vicepresidente y Ex Canciller. Uruguay.
    85. Ocampo, José Antonio. Profesor. Universidad de Columbia. Ex Director Banco de la
    República. Colombia.
    86. Ominami, Carlos. Ex Ministro de Economía. Chile.
    87. Orellana Halkyer, René. Ex Ministro de Planificación. Bolivia.
    88. Orias, Ramiro. Profesor. Universidad Católica Boliviana “San Pablo”. Bolivia.
    89. Ortiz Mena L.N., Antonio. Profesor Asociado. CIDE. México.
    90. Oswald Spring, Úrsula. Secretaria General. IPRA. Profesora investigadora. CRIM.
    UNAM. México.
    91. Pachano, Simón. Profesor Investigador FLACSO. Ecuador.
    92. Padrón, Alvaro. Ex Secretario General. Coordinador de Centrales Sindicales del
    Mercosur. Uruguay.
    93. Palma Valderrama, Hugo. Ex Vicecanciller. Perú.
    94. Pardo, Rodrigo. Ex Canciller. Colombia.
    95. Pellicer, Olga. Ex embajadora. Profesora Investigadora. ITAM. México.
    96. Peres-Cajías, Guadalupe. Profesora. Universidad Católica Boliviana “San Pablo”. Bolivia.
    97. Pérez, Antonio. Ex-jefe Servicios de Apoyo a las Políticas Agrícolas; FAO, Roma.
    Uruguay.
    98. Puchet Anyul, Martín. Profesor investigador. Facultad de Economía. UNAM. México.
    99. Quijano, José Manuel. Ex Director de la Secretaría General del Mercosur.
    100. Rangel, Ana Patricia. Investigadora. INCIDE Social. México.
    101. Reyes Matta, Fernando. Ex Embajador. Profesor. Universidad Andrés Bello. Chile.
    102. Ricúpero, Rubens. Ex Ministro Hacienda. Brasil.
    103. Rincón Gonzáles, Ximena. Senadora. Chile.
    104. Rivas, Eda. Ex Canciller. Perú.
    105. Robledo, Marcos. Ex Subsecretario de Defensa. Chile.
    106. Rodríguez Cuadros, Manuel. Ex Canciller. Perú.
    107. Rodríguez Gigena, Gonzalo. Ex Embajador ante ALADI. Uruguay.
    108. Rojas Aravena, Francisco. Rector Universidad de La Paz. San José.
    109. Rojas, Fernando, Ex Vicecanciller. Perú.
    110. Romero, Carlos. Profesor. Universidad Central. Venezuela.
    111. Roncagliolo, Rafael. Ex Canciller. Perú.
    112. Rosales, Osvaldo. Ex Director Comercio Internacional. CEPAL. Chile.
    113. Russell, Roberto. Profesor. Universidad Torcuato Di Tella. Argentina.
    114. Saltalamacchia Ziccardi, Natalia. Profesora Investigadora. ITAM. México.
    115. Sandoval Espinosa, Elena. Ex Directora. Facultad de Economía. UNAM. México.
    116. Schatan, Claudia. Consultora Internacional Independiente. México.
    117. Sennes, Ricardo. Instituto Fernando Henrique Cardoso. Brasil.
    118. Siles, Juan Ignacio. Ex Canciller. Bolivia.
    119. Soares de Lima, María Regina. Profesora. IESP-UERJ. Brasil.
    120. Somavía, Juan. Ex Director General. Organización Internacional del Trabajo. Chile.
    121. Stubrin, Marcelo. Ex Embajador. Ex Senador. Argentina.
    122. Suárez Dávila, Francisco. Ex embajador en Canadá. México.
    123. Talavera Gran, Cesar, Ex Integrante de la FAO. PNUD. Uruguay
    124. Tavares, María Herminia. Investigadora CEBRAP. São Paulo. Brasil.
    125. Tokatlián, Juan Gabriel. Profesor. Universidad Torcuato Di Tella. Argentina.
    126. Trigo Loubiere, Jacques. Ex Ministro de Hacienda. Bolivia.
    127. Valdés Ugalde, Francisco. Profesor investigador. Instituto de Investigaciones Sociales.
    UNAM. México.
    128. Valdés Ugalde, José Luis. Profesor investigador. CISAN. UNAM. México.
    129. Valdés, Juan Gabriel. Ex Canciller. Chile.
    130. Vidarte, Oscar. Profesor. Pontificia Universidad Católica del Perú.
    131. Wagner, Allan. Ex Canciller. Perú.
    132. Zarati, Francesco. Físico. Columnista de Opinión. Bolivia.
    133. Zegada, María Teresa. Universidad Mayor de San Simón. Bolivia.

Atención del COVID-19 SÍ, desaparición del Hospital Nacional Psiquiátrico NO

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Lucha por el Hospital Nacional Psiquiátrico Pbro. Manuel Antonio Chapuí y Torres se ve fortalecida gracias a las gestiones emprendidas por UNDECA.

El día martes 4 de agosto, se hizo presente al HNP, la Gerencia Médica, de Logística e Infraestructura, junto con una comitiva de más de 15 miembros de diferentes departamentos, para escuchar de parte de la Seccional de nuestra organización y trabajadores, los planteamientos propuestos con apoyo de UNDECA, que permitan garantizar la protección del bienestar de los usuarios y de los trabajadores de este Nosocomio.

Como primer acercamiento la Gerencia Médica se compromete:

1- Garantizar que se mantendrá el nombre del Hospital Nacional Psiquiátrico Pbro. Manuel Antonio Chapuí y Torres, pese a la modalidad de atención dual a la que será sometido el Centro Hospitalario por conversión transitoria para atención de COVID-19, garantizándose la continuidad de atención a las patologías de salud mental que ha brindado por 136 años.

2- Garantizar en lo inmediato la presencia de un equipo de acompañamiento de la Gerencia Médica y Adminsitrativo que permita el apoyo necesario para fortalecer los canales de comunicación entre los trabajadores del Centro Hospitalario, ofrecer las condiciones idóneas para el desarrollo de las funciones que permita la capacitación y la inducción necesaria por los cambios que van a implementarse en un corto tiempo y, garantizar la logística necesaria para los procedimientos y el volumen en la demanda de trabajo que se está teniendo y se extenderá por la duración de la Pandemia.

3- Garantizar los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas de los trabajadores en cuanto al respeto de las Vacaciones Profilácticas, el Incentivo de Riesgos Hospitalarios y el respeto al registro de Elegibles local.

4- Garantizar la atención psicolemocional de los trabajadores y de los familiares que se vean sometidos en la atención de pacientes por COVID-19.

5- Garantizar el reforzamiendo de los Equipos de Protección para los trabajadores del HNP por la implementación de la atención transitoria de pacientes por COVID-19, así como el resguardo de la salud de los trabajadores con factores de riesgo permitiendo su desempeño en otras áreas de trabajo acorde a sus perfiles o por medio del teletrabajo.

 

Tomado de la página de Facebook de Undeca Ccss
Enviado a SURCOS por Luis Chavarría.

“La carreta delante de los Bueyes”

Escrito en . Publicado en Análisis, Equidad y derechos de la mujer.

El día comenzaba a declinar, y acercándose los doce, le dijeron:
«Despide a la multitud, para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores, y hallen alojamiento y consigan alimentos; porque aquí estamos en un lugar desierto».
«Dénles ustedes de comer»,les dijo Jesús.
Y ellos dijeron: «No tenemos más que cinco panes y dos peces,
a no ser que vayamos y compremos alimentos para toda esta gente».
Lucas 9,12-13

¡¡¡Entonces, con sólo cinco panes
y dos peces, puestos en común,
sucedió el milagro!!!

Chietón Morén

En el Museo y Mercadito Chietón Morén, hemos leído con estupor, los comentarios de Carlos Peña, presidente de la Cámara Nacional de las Pymes, de Costa Rica, quien ante el escenario de desolación producido por la Pandemia del Covid 19 y ante el clamor de sus asociados que pedían dirección y consejo, (¿Qué vamos a hacer? – le clamaban), con gran cinismo respondió, literalmente: “¡absolutamente nada!”.

Y justificó su posición con los argumentos más salvajes que le hemos escuchado a un representante de ese capitalismo ya en decadencia: “aquellas empresas que cierren operaciones entre el 15 de marzo y el 30 de junio son propuestas de valor que el mercado no necesita, no le interesan y/o no está dispuesto a darle continuidad porque no son bienes esenciales, no generan valor ni beneficios reales.”

Esperábamos que, al menos, esta fuera solo la opinión personal del señor Carlos Peña, sin embargo confirmamos que el mismo artículo fue publicado en la página oficial de la Cámara Nacional de Pymes, por lo que suponemos que lamentablemente, puede ser también una posición oficial de dicha Cámara. Ya nos aclararán sus asociados si esta es la posición de su Cámara.

Nuestra primera reacción, aún con sangre en el ojo, fue de perder el habla. Como partícipes de una pequeña Pyme, que reúne a 250 familias, todas ellas de territorios indígenas de Costa Rica, no podíamos creer que fuera real y posible que el presidente de una Cámara, la cual, debería representar nuestros intereses, tratara con tal desprecio el esfuerzo y el trabajo de tantas familias que, a lo largo y ancho del país, constituyen pymes. Familias que con las uñas y con grandes y valiosos esfuerzos, hacen lo mejor e inimaginable para resistir esta Pandemia Mundial. No hace falta ser un experto para constatar los graves y severos efectos de la misma en todos los espacios del quehacer de la humanidad: la salud, la educación, la política, y sin dejar de lado, la economía de cada una las familias. Nunca en la historia de la humanidad la humanidad había experimentado un evento de estas magnitudes y con estas consecuencias. Y aun así miles de familias, con valentía, creatividad y entereza, continúan en una lucha para sostener sus empresas en medio de este huracán que se les vino encima.

Habiendo dejado calmar las aguas, nos parece sumamente importante, que las pymes reflexionemos dos ideas sobre la posición de la Cámara, en la figura de su presidente.

Dice el señor Carlos Peña, “Propuestas de valor que el mercado no necesita”

Llama la atención primeramente cómo el señor Carlos “personaliza” el mercado. Diríamos más bien, los diosifica… le da atributos de un dios poderoso y omnipresente el cual determina qué necesita, qué deshecha, qué crea, qué destruye, qué valora. Un dios que solo busca el bienestar de sí mismo o de sus acólitos. Un dios, ante cuyo altar debemos inmolar lo más preciado, lo más hermoso: nuestro trabajo, nuestra salud, nuestras familias, nuestras vocaciones personales y particulares, nuestras pequeñas riquezas. Tal vez, quién sabe, lo logremos calmar con estos sacrificios. Tal vez le agrade nuestra inmolación. Nos señala don Carlos, que será el dios-mercado quien determinará si “está dispuesto a darle continuidad” a nuestros pequeños proyectos.

Creemos que ya de entrada esta visión del presidente de la Cámara Nacional de Pymes está pervirtiendo la realidad y los fines últimos del “Mercado”. El señor Peña, puso la carreta delante de los bueyes. ¿Cómo se lo podemos explicar?

Nosotros, desde los pueblos indígenas, al contrario, entendemos que el Mercado es el instrumento, que la humanidad ha creado, para que nos sirva a nosotros, y no, que nosotros sirvamos al mercado. Por supuesto, si ese instrumento no nos sirve, significa que hemos escogido un instrumento que no es válido… que algo en él está fallando y que la consecuencia lógica sería revisarlo, analizarlo, juzgarlo y actuar en consecuencia. Efectivamente, con certeza hemos comprobado que el modelo de mercado que la Cámara y su presidente preconizan, en una emergencia de la magnitud como la que estamos viviendo, a las pequeñas empresas “no nos ha sido útil, no nos ha asegurado los bienes esenciales ni nos generó valor ni beneficios reales”.

Permítanos decirles, señores de la Cámara, que precisamente es su modelo de mercado el que no ha pasado la prueba en esta pandemia. Es su modelo de mercado el que nos ha quedado debiendo.

Chietón Morén, un buen trato

Nuestro espacio, el Mercadito (sí, en diminutivo) donde exponemos nuestros productos se llama Chietón Morén (en lengua brunca), porque este es nuestro mayor anhelo. Recibir y brindar, en igualdad de condiciones, un buen trato entre nosotros y las personas amigas que nos visitan. No comerciamos nuestro producto. Intercambiamos nuestra cultura, nuestro arte, con toda aquella persona que quiera compartirla. El lazo que nos une en medio de tanta diversidad en nuestro trabajo es la búsqueda del bienestar común: cada persona con su cultura, su arte, sus diferencias… A clientes, a artesanos y a voluntarios nos une una sola cosa: la solidaridad. La búsqueda del bien común. Ese es nuestro “bien esencial”, nuestro “valor” y de allí surgen los “beneficios reales” que percibimos tanto las personas artesanas como aquellas que nos visitan.

Ese es el camino señor Carlos… la convocatoria que debemos hacer es a la búsqueda del bienestar común. Allí no hay pérdida. Aquí no vale un “sálvese quien pueda”

¡¡¡¡Cada pequeña pyme aportará sus cinco panes y sus dos peces, los cuáles, puestos en común, repetirán una vez más en la historia, por sí solos y sin su ayuda ni la de su cámara, el verdadero milagro!!!!

Resistiremos, muy a pesar suyo.

San José, lunes 4 de agosto del 2020

Imagen de portada: https://www.elquintopoder.cl

Las protestas y exigencias privadas, ¿son democráticas?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Huaylupo Alcázar[1]

La democracia es quizás una de las expresiones más usadas en el mundo contemporáneo, sea porque es considerada un anhelo de los ciudadanos en los pueblos que sufren dictaduras, o también por aquellos donde la miseria, el hambre y la explotación son una vivencia cotidiana, pero también, por sociedades cuya historia les ha permitido conquistar avances en la calidad de vida y en los derechos de sus integrantes. Pero claro está, que la democracia es una necesidad para todos y particularmente para las inmensas cantidades de personas que están excluidas de bienestar y sin capacidad para decidir sobre la situación nacional y sobre su propia condición social. Cabe anotar, que esa necesidad es evidente y tangible, sin embargo, no siempre es demandada por esas poblaciones, en parte, porque es una situación y condición ausente en su devenir cotidiano y, por tanto, esa democracia le es ajena. Esto es, la pregonada democracia de los medios, de los propietarios del capital y del Estado, es solo formal, puesto que excluye las necesidades, anhelos y voz de importantes y mayoritarios sectores sociales. Esa democracia discursiva es dictatorial.

La democracia costarricense paradójicamente es para quienes tienen el poder, como en la época ateniense, de la Antigua Grecia del siglo VI a. C., una democracia de propietarios en un universo esclavizado. La democracia es inexistente en el contexto actual donde las decisiones y acciones se ejecutan en nombre de la colectividad nacional, pero sin tomarlas en cuenta sin participación ni injerencia alguna de los trabajadores y los pobres que sustentan la economía, el devenir social y los poderes existentes. Ellos están excluidos en la democracia discursiva y de papel.

En la actualidad ya no se debate sobre la significación de la democracia, sobre sus implicancias, tampoco se discute su concepción ni se contrasta con realidades políticas concretas, solo se asume que democracia es la participación ciudadana en las elecciones y en sus resultados cuantitativos. De este modo, la democracia queda reducida al acto mecánico de votar y contar.

Elegir a personajes dueños de partidos políticos, constituidos por formalidades legales, que no representan el interés general de la heterogeneidad social, que son ignorantes de la problemática nacional y de las alternativas de actuación gubernamental, así como desconocedores de la inmensa literatura y prácticas históricas sobre la democracia, enclaustran las posibilidades de elegibilidad ciudadana, lo cual no motiva preocupación alguna al tribunal electoral que exclusivamente aprecia las formas legales e instrumentales, aun cuando estas formas de mediación y representación política discrepen y antagonicen con la concepción de democracia que iluminó los movimientos y esperanzas de libertad, justicia y solidaridad en el espacio nacional y mundial.

No es democracia cuando esta es privada, cuando son pocos los que gozan de los privilegios del sistema y se enriquecen del trabajo de otros. Pero, la democracia no es la igualación de posesión y usos de la riqueza entre los heterogéneos actores en la sociedad, porque no se tienen iguales carencias, necesidades ni anhelos en la desigualdad de la sociedad contemporánea. De ningún modo es democracia, cuando los que acumulan riqueza lo hacen a expensas de quienes explotan y atentan contra la salud y vida de los pobres y trabajadores. Es absurdo en nuestro espacio social que los empresarios reclamen democracia, ser escuchados y obedecidos, cuando en su desprecio social, inmoral e inhumano, empobrecen y arriesgan la existencia ciudadana.

En muchas oportunidades la democracia ha sido entendida equívocamente como la satisfacción de las necesidades, intereses o anhelos de grupos de interés de la sociedad. Sin embargo, ello no es democracia es autocracia, dado que no es lo común a todos en un contexto desigual e interdependiente. Aun cuando los grupos privados protesten contra el Estado, para lograr su amparo y beneficio, de ningún modo son exigencias democráticas, por el contrario, son particulares y específicas que reproducen y agudizan la desigualdad e inequidad en la heterogeneidad de nuestra sociedad.

En la actualidad las demandas patronales, por la apertura de los negocios y contra las restricciones sanitarias, son peticiones privadas, aun cuando dan trabajo, sus propósitos no son el brindar salarios dignos, equidad ni correspondencia salarial con la labor desempeñada y las necesidades de los trabajadores, tampoco su preocupación es proporcionar mercancías y servicios requeridos por los clientes. ¿Por qué abrir los negocios para luego cerrarlos ante la difusión del Covid-19, y propiciar quiebras de algunos negocios? Las propuestas patronales son totalitarias contra la ciudadanía y los derechos humanos.

El fin de las restricciones exigidas por los negociantes, son en aras de la rentabilidad privada, encubiertas por la necesidad de trabajo remunerado y los requerimientos de bienes y servicios por parte de la población. La obsesiva posesividad economicista de los empresarios ticos no tiene límites, como tampoco lo tiene su afán totalitario que exige gobiernos y al Estado ser sumisos y obedientes a sus dictados, así como exigentes en aumentar las imposiciones tributarias a salarios y pensiones en una estructura tributaria que es regresiva, a la vez que impulsan la venta o privatización de los activos del Estado y a profundizar la liquidación de la institucionalidad pública.

Los empresarios son insaciables, no solo en sus ganancias, también con el poder que ya ostentan y a pesar de tener un Estado complaciente que no les cobra ni les entablan demandas judiciales por evadir, eludir y falsificar sus obligaciones tributarias. Un Estado que no suprime las exenciones y privilegios exclusivos, no se impone tributos a las riquezas privadas, no se elimina el secreto bancario que oculta delitos tributarios o blanqueo de capitales, no se rescata lo público en las determinaciones privatizadoras de las entidades financieras estatales, no se regula la difusión de violencia, miedos y falsedades mediáticas que no educan ni difunden cultura, ciencia ni información fidedigna. Las demandas patronales son regresivas.

En la desigualdad social las protestas ciudadanas poseen distintas y contradictorias significaciones entre sectores polarizados. Los mercaderes no representan lo público, el desarrollo nacional ni los derechos humanos, solo se representan a sí mismos y como autócratas proponen políticas tiránicas a los otros. El individualismo posesivo de los propietarios destruye y liquida el bienestar colectivo, la democracia y el desarrollo, sus protestas, en nombre de la democracia, para empobrecer, hambrear e inclusive atentar con la existencia de gran parte de la ciudadanía, es un totalitarismo fascista.

No ocurre lo mismo, con las protestas y movilizaciones populares, de los trabajadores y pobres de la sociedad, porque sus demandas por trabajo, salarios dignos, mejores condiciones de vida, libertad y derechos igualitarios, dinamizan todas las actividades laborales, sociales e intelectuales de la sociedad. En las demandas populares por la equidad y la democracia, están implicados todos, sin perdedores, muertos ni dictaduras. El progreso de las naciones está en íntima relación con el bienestar de los sectores mayoritarios de la sociedad. Es una verdad de perogrullo afirmar que el bienestar para los pobres lo es también para la sociedad.

El despliegue mediático o, mejor dicho, de los medios privados de la información, en favor de la apertura de los negocios, guarda correspondencia con el pensamiento y acción de sus dueños de los medios, degradando una profesión digna de larga y comprometida historia con la democracia en muchos contextos en el mundo. El periodismo investigativo, serio y digno, ha sido lastimosamente debilitado y amenazado con ser liquidado. El privilegio informativo en favor o en contra de un determinado sector de la sociedad, es una información parcial y parcializada que simplifica y distorsiona intencionalmente la complejidad de la realidad. Parafraseando a Mark Twain (1835-1910), quien fue periodista, reconocía en su tiempo, que si no se leen ni escuchan los medios, no se está informado, pero hacerlo es estar mal informado, así mismo, en los medios, nunca se puede ser más veras que cuando se reconocen a sí mismos como mentirosos.

Imagen: https://sooluciona.com

[1] Catedrático en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

Covid-19, marginalidad y pobreza: El desafío fundamental

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Luis Paulino Vargas Solís
Economista; Director CICDE-UNED
Grupo Economía Pluralista

La estrategia que se está aplicando para controlar la pandemia del Covid19, está teniendo algunos logros, pero éstos son insuficientes.

Si uno se remite al total de nuevos casos registrados semanalmente (de lunes a domingo), observa que el crecimiento de ese acumulado tiende a acelerarse hacia finales de mayo e inicios de junio, y alcanza un pico (de hasta más del 100%) a fines de junio e inicios de julio. A lo largo de este último mes, tiende a desacelerarse. En la semana que concluye el 2 de agosto se registran 369 casos menos que la semana previa (reducción del -9%), la primera vez que hay un decrecimiento semanal en dos meses y medio.

Si se lograra mantener tasas negativas de crecimiento, es decir, si lográramos que cada semana el número de casos disminuya en comparación con la semana anterior, iríamos camino de controlar la pandemia. Pero con la “apertura”, y por más protocolos que se apliquen en las empresas, es improbable que se logre tal cosa, porque la “apertura” implica más tumultos de gente, más personas en los buses y, en definitiva, mayores riesgos de contagio. Más aún en plena estación lluviosa.

Aunque no se han dado datos precisos, pareciera claro que el violento rebrote que hemos registrado a partir de mayo, se ha centrado en las barriadas empobrecidas de nuestras áreas urbanas. Lo cual, por cierto, no debería sorprender a nadie, puesto que se trata de poblaciones que viven en extrema precariedad, y en situaciones de hacinamiento.

Bajo esas condiciones, el discurso de responsabilización individual pierde sentido y se vuelve ineficaz. La disciplina del distanciamiento social y la higiene personal, se vuelve una imposibilidad de hecho, cuando docenas de personas viven literalmente amontonadas en unos pocos metros cuadrados. Y puesto que de ahí provienen muchísimos de los trabajadores y trabajadoras que las empresas necesitan, ello advierte acerca de la insuficiencia de que éstas apliquen rigurosos protocolos sanitarios. De muy poco les serviría hacerlo, cuando sus trabajadoras y trabajadores podría estarse contagiando en espacios externos a los del sitio de trabajo.

Se necesita desarrollar un concienzudo trabajo a nivel barrial. El sociólogo Miguel Sobrado sugería tomar como modelo la exitosísima experiencia del Hospital sin Paredes desarrollada en San Ramón. Dudo, sin embargo, que sea una referencia apropiada, porque hay enormes diferencias culturales entre las poblaciones, en gran parte rurales, de aquel cantón, y estas poblaciones de áreas urbanas empobrecidas.

La cuestión exige no solo un masivo esfuerzo educativo, sino también movilización de recursos: hay que proporcionar un mínimo de condiciones decentes de habitabilidad, que hagan viables la aplicación de las normas de cuido y prevención.

No esperemos que la Caja y el Ministerio de Salud, con sus recursos actuales, puedan resolver esto. La primera está embarcada en un esfuerzo extremo, realmente épico, en procura de atender el número creciente de pacientes Covid-19 que llegan a sus hospitales. El segundo, que también se ha partido el alma en esta lucha, simplemente carece de los recursos requeridos.

Tenemos que proporcionarles a estas instituciones esos necesarios recursos, pero, más aún, tenemos que asumirlo con un compromiso de alcance nacional, absolutamente prioritario. Es aquí donde se juega nuestro destino, y aquí, por lo tanto, donde deberían hoy estar enfocados los esfuerzos de Costa Rica entera: las diversas instituciones públicas; las universidades; municipalidades; cámaras empresariales; sindicatos; cooperativas y solidarismo; organizaciones comunales, etc.

Para ganar la batalla en el frente económico, tenemos que ganar la batalla en el frente sanitario. Si no entendemos esto tan básico, significa que no estamos entendiendo nada.

¡Pongámosle ganas!

Compartido con SURCOS por el autor y publicado en su blog https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2020/08/covid-19-marginalidad-y-pobreza-el.html?m=1

La Participación Social en Salud como Alternativa de Política Pública a la Crisis Sanitaria de la COVID-19

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Derechos, Formación, Salud.

Este viernes 7 de agosto a las 8:30 a.m. se llevará a cabo el conversatorio virtual: “La Participación Social en Salud como Alternativa de Política Pública a la Crisis Sanitaria de la COVID-19”. Se contará con los aportes de: Dra. Carmen Camacho Rodríguez, Dr. Emilio Messina, Dra. Ileana Benítez Jiménez y el Dr. Joel Arboleda.

Transmisión virtual vía Adobe Connect.

Inscripciones: https://forms.gle/TJ1mN5SaJMGGG2Jx5

Las dimensiones del COVID-19, desempleo y pérdida de derechos laborales de las y los trabajadores de los servicios públicos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Oscar Rodríguez León*

Desde la declaración de la pandemia generada por el COVID 19, a mediados de marzo, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Dr. Tedros Adhanom, nos advertía que los colapsos en el sistema sanitario de los países por este coronavirus podrían aumentar drásticamente las muertes de pacientes con otras enfermedades, hasta llegar a más de un millón. Sin embargo, al 18 de mayo un reporte publicado por la Universidad Johns Hopkins, los casos totales confirmados en el mundo ascendían a 4,859,742 (millones) y a un total de 318,398 personas lamentablemente fallecidas. Siendo que los Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido y Brasil encabezan el mayor número de casos, superando a España, Italia, Francia y Alemania, quienes hasta hace unas pocas semanas atrás, repuntaban estas alarmantes estadísticas.

En el interés de coadyuvar a dimensionar las graves consecuencias generadas por esta crisis sanitaria, es preciso que centremos nuestra atención en las repercusiones económicas, sociales y políticas que sensiblemente han venido aflorando cada vez más en la región de América Latina y el Caribe (ALCA).

En un informe de la CEPAL1, se dice que antes del COVID-19, la tasa de crecimiento del PIB regional había disminuido del 6% al 0,2%. Esta será causa de la mayor crisis económica y social de la región en décadas, con efectos muy negativos en el empleo, el combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad. Otras entidades financieras como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el propio Fondo Monetarios Internacional (FMI), estiman que para este 2020 la región de ALCA proyecta una caída de la economía entre el 5-6% del PIB, lo que significa un crecimiento de 30 millones más de personas pobres; así como un ensanchamiento del endeudamiento de los países, 11 millones de personas desempleadas, un crecimiento de la informalidad laboral y una quiebra inminente de miles de pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Dicho esto, es necesario enfatizar que el COVID-19 ha venido a confirmar, lo que, por muchos años, las organizaciones sociales globales, defensoras de derechos humanos, laborales y ambientales, han pregonado en distintos foros internacionales: “… que el modelo económico excluyente, exacerbado por una Clase Capitalista Transnacional (CCT), ha evidenciado su inevitable agotamiento, y que la élite dominante de la gobernanza global neoliberal, tenga necesariamente que mostrarse de acuerdo que el rumbo trazado hasta antes de esta pandemia, amenazaba con la destrucción absoluta de la democracia, las libertades individuales, la privacidad y de la supervivencia económica de miles de millones de personas en todo el mundo”.

Como nunca, reconocidas figuras políticas como el presidente de Francia, Emmanuel Macron y la Primera Ministra de Alemania, Angela Merkel entre muchas otras notorias personalidades y entidades influyentes en el mundo, han tenido que empezar a revalorizar el rol del Estado con el imprescindible financiamiento de los servicios públicos esenciales y de la salud ante las fracasadas políticas de austeridad de los años precedentes, bajo el liderazgo de la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE), el FMI y los gobiernos conservadores, tan solo por poner como ejemplo el continente europeo, en una situación similar con lo que pasa en nuestro propio continente americano.

El cierre de fronteras, el obligado confinamiento de las personas en sus casas, la pérdida de innumerables empleos, entre otras medidas restrictivas severas adoptadas por los gobiernos para contener al COVID-19, y el bajo crecimiento de las economías hasta el 2021, exaltó la preocupación de entidades financieras internacionales como el FMI. La Directora Gerente, Kristalina Georgieva, en una declaración hecha el pasado 23 de marzo en el marco de una teleconferencia con los ministros de hacienda y gobernadores de bancos centrales del G-20, manifestó lo siguiente2:

“Los costos humanos de la pandemia del coronavirus ya son inmensurables y es preciso que todos los países trabajen en colaboración para proteger a la gente y limitar el daño económico. Este es el momento de actuar con solidaridad, un tema central en la reunión que mantuvieron los ministros de hacienda y gobernadores de bancos centrales del G-20”.

Curiosamente, una las propuestas formuladas por la Sra. Kristalina Georgieva durante esta reunión al grupo del G 20, fue: “…respaldar firmemente las medidas fiscales extraordinarias que ya han tomado muchos países para dar apoyo a los sistemas sanitarios y a los trabajadores y empresas afectados, y nos parece positiva la decisión de los principales bancos centrales de flexibilizar la política monetaria”.

Después de esta declaración algunos podríamos pensar que este giro de tuerca viró hacia el keynesianismo3, pero suspicazmente debería concluirse que no y por el contrario observar con recelo, como el gran capital, nuevamente en momentos de crisis, acude al Estado para exigir más protección, a través de nuevos auxilios que van desde una mayor flexibilización fiscal y de la legislación laboral, en detrimento  de las contribuciones a la seguridad social, los empleos, la productividad y el medio ambiente.

Por otro lado, el crecimiento exponencial de la pandemia ha dejado al descubierto en la mayoría de los países, las falencias existentes en materia de seguridad sanitaria; así como las profundas brechas de desigualdad como resultado de tres décadas de imposición de políticas neoliberales que agudizaron los índices de pobreza y agrandaron aún más los problemas derivados de la exclusión social.

En este nuevo contexto, debido a los problemas de encadenamiento productivo y de distribución global, causado por la emergencia del coronavirus, hasta los países más ricos se vieron afectados por el desabastecimiento de medicamentos y equipos de protección personal (EPP), incluido desinfectantes, lo cual causó todo un caos, al verse los países imposibilitados en el corto plazo de producirlos localmente.

Esta situación provocó una verdadera emergencia médica, al verse las unidades y centros hospitalarios con insuficientes EPP; así como de respiradores artificiales y otros insumos necesarios para atender en las unidades de cuidados intensivos (UCI) a los enfermos más graves por el contagio.

La carrera científica de algunos países más desarrollados por alcanzar la cura del COVID-19 a través del descubrimiento de una vacuna, así como la producción de otros medicamentos más efectivos para palear la pandemia, apunta hacia una desglobalización al verse los países más obligados a proteger con una mayor prevalencia sus propios intereses, poniendo una mayor restricción a la investigación científica y a la industria farmacéutica a priorizar su mercado en el país donde está asentado y del cual goza de ciertos beneficios del Estado. Esto ocurrió recientemente, cuando el gobierno de Francia protestó tras el anuncio del gigante farmacéutico francés “Sanofi” de que daría prioridad a Estados Unidos en caso de hallar una vacuna contra la covid-19, una medida «inaceptable» en plena pandemia, dijo la secretaria de Estado francesa para Economía Agnès Pannier-Runacher en declaraciones a la radio4.

En otro contexto, más apegado al día a día de la pandemia, las y los trabajadores de la salud pública y de otros servicios esenciales que están en primera línea de combate al coronavirus, se encuentran laborando en condiciones precarias, al estar desprovistos de EPP y de insumos básicos necesarios frente al Covid.

A inicios de la pandemia, la Secretaria General de la ISP, la Sra. Rosa Pavanelli, ya advertía al Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para que esta organización multilateral se ocupara del faltante de equipos de protección personal (EPP) para las y los trabajadores que pasando largas horas en contacto directo con pacientes contagiados; no contaban con esas protecciones, ni tampoco los pacientes con suficientes ventiladores y/o respiradores artificiales.

Ante esta preocupante situación expuesta por los sindicatos de trabajadores de la salud, la ISP se vio forzada a desplegar una campaña global cuyo lema enfatiza que: “Trabajadores protegidos salvan vidas”.

El objetivo de esta campaña está enfocado en la necesidad de:

  • Asegurar que todas las y los trabajadores de los servicios públicos, en particular el personal de la salud, tengan las condiciones de trabajo de calidad y el equipo de protección personal (EPP) que necesitan para no correr riesgos indebidos en la lucha contra el Coronavirus.
  • Fomentar la solidaridad mundial compartiendo materiales y estrategias entre los sindicatos de todo el mundo para ayudar a mantener la seguridad de sus miembros.
  • Recopilar testimonios de las y los trabajadores de primera línea para ilustrar los retos a los que nos enfrentamos en el futuro.
  • Presionar a los gobiernos para que adopten medidas más rigurosas para proteger a las y los trabajadores, garantizando la dotación efectiva de personal para la prestación de servicios de salud y el respeto de los derechos y principios laborales fundamentales.

Por tanto, la ISP hace hincapié, que las y los trabajadores de este sector y otras actividades esenciales como por ejemplo de los gobiernos regionales, estaduales o locales que están en primera línea de atención de esta pandemia, sean dotados de suficientes equipos de protección personal (EPP), así como sean capacitados sobre las implicaciones y riesgos de este virus, con la finalidad de mantenerse saludables mientras salvan vidas y dan una continuidad ininterrumpida a la prestación de otros servicios básicos.

Con respecto a las extenuantes jornadas laborales que imposibilitan un adecuado cuidado de sus hijos y personas a su cargo, adoptar las medidas necesarias que solucionen tales dificultades. Así como establecer disposiciones para el trabajo a domicilio, licencias por enfermedad remuneradas, subsidios de desempleo de emergencia y, sobre todo, atención de la salud gratuita para TODAS/OS.

Producir materiales de investigación en los que se recojan tanto los testimonios de las y los trabajadores como los datos cualitativos sobre la respuesta al Coronavirus, a fin de argumentar a favor de un aumento de los recursos y de personal en la atención de la salud pública y de la necesidad de contar con sistemas de salud pública más resistentes.

He de destacar cómo la respuesta al Coronavirus muestra la necesidad de una fuerte intervención pública que ponga la salud de las personas en primer lugar para hacer frente a los retos futuros, incluida la crisis climática.

En complemento a esta estrategia de respuesta sindical ante esta difícil situación, se necesita adicionalmente también de más respuestas políticas justas e inclusivas de corto plazo para no perder de vista la protección de las familias cuyos ingresos han sido menguados o eliminados por la pérdida exponencial de empleos ante esta crisis. Por ejemplo, que nuestros gobiernos, al menos temporalmente, asignen suficientes fondos económicos como auxilio a los miles de salarios perdidos, así como extender un plan de seguridad social no contributivo con programas de ayudas económicas.

Con respecto a la modalidad del teletrabajo, como respuesta a la afectación económica de las empresas públicas y privadas, aprovechar el momento para exigir a los gobiernos y las entidades privadas, una adecuada regulación bajo los estándares establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Paralelamente, apoyar cualquier iniciativa nacional o global, con el objeto de exigir al FMI, Banco Mundial, BID y el G20, abrir líneas de financiación a los países sin la exigencia de nuevos ajustes estructurales ni un incremento en el endeudamiento, de por sí ya muy pesado. Así como revertir las reformas tributarias e imponer un impuesto solidario a las ganancias de las grandes empresas nacionales y multinacionales asentadas en nuestros territorios y de quienes reciben de nuestros sistemas previsionales, pensiones exorbitantes o de lujo.

El actual brote de Coronavirus está poniendo de manifiesto la necesidad vital de contar con servicios públicos de calidad, especialmente con sistemas de salud pública robustos y bien dotados con personal capacitado.

Defender la prevalencia de los servicios públicos por encima del lucro corporativo, haciendo que nuestros gobiernos mejoren su gestión financiera a través de la imposición de tributos al capital financiero y a un llamado al impago temporal o total de la deuda.

Potencializar el uso de las nuevas tecnologías de información y de telecomunicaciones (TIC´s) para mantenernos interconectados y activados para ser mucho más eficaces en nuestra línea de lucha y mejorar nuestra gestión sindical por la defensa de nuestros derechos laborales y ciudadanos.

Hacer de esta situación de crisis una oportunidad de transformaciones que impliquen un nuevo orden mundial, es decir una nueva normalidad, inclusiva en igualdad de género.

Aprovecho esta ocasión para compartir las palabras del Director Regional de la OIT para América Latina y el Caribe (ALCA), Sr. Vinícius Pinheiro, en el marco de un artículo sobre las secuelas laborales de la pandemia, publicado a finales de marzo, en las que subrayó lo siguiente:

“Esta batalla será larga”. “La desaceleración económica provocará aumento del desempleo, mayor precariedad, disminución del ingreso y una gran presión sobre los sistemas de protección social”. Por lo cual sugiere que, en el marco del diálogo social, trazar una hoja de ruta para respuestas enmarcadas en tres pilares de acción que deberán considerarse como esenciales para enfrentar la crisis: (i) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, (ii) estimular la economía y la demanda de mano de obra por parte de las empresas, y (iii) apoyar el empleo y los ingresos de las personas, en particular los más vulnerables.

Por último, no quisiera cerrar estas notas sin poderles compartir mi lección hasta ahora aprendida de esta emergencia:

“… a pesar de la existencia de tantas transformaciones tecnológicas desde tiempos remotos, el ser humano como especie predominante en este planeta, sigue siendo vulnerable frente a lo desconocido e incapaz por sí sólo de ver la luz ante la incertidumbre. No obstante, como un aspecto positivo y con cierto grado de complicidad y de optimismo, confío como en el pasado, que nuestra resiliencia nos permita construir otro mundo mejor para nuestras futuras generaciones”.

* Secretario para la Sub-Región México, América Central y República Dominicana, de la Federación Internacional de Servicios Públicos (ISP), que como Federación Sindical Internacional aglutina 30 millones de trabajador@s en 154 países y representa a 700 organizaciones afiliadas.

1 Informe Especial N°2.: COVID-19. CEPAL, 21 de abril 2020

2 FMI:    https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/03/23/pr2098-imfmanaging-director-statement-followinga-g20-ministerial-call-on-the-coronavirusemergency

3 El keynesianismo es una teoría económica propuesta por John Maynard Keynes, plasmada en su obra Teoría general del empleo, el interés y el dinero, publicada en 1936 como respuesta hipotética a la Gran Depresión de 1929. Wikipedia.

4 https://www.dw.com/es/sanofi-da-prioridad-a-ee-uu-para-vacuna-contra-covid-19/a-53436248

Artículo publicado en la revista: Trabajo y Democracia Hoy https://we.tl/t-JGkwNbEExE

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