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¿Qué tan diferente será nuestro futuro?

Escrito en 27/07/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

M.Sc Juan Carlos Mora Montero
Académico
Escuela de Planificación y Promoción Social
Universidad Nacional-EPPS-UNA
Costa Rica

Existe un claro hábito humano a pensar el futuro a partir de lo vivido; es decir la idea de futuro que nos forjamos está muy marcada por nuestra cosmovisión, por nuestros valores y de alguna manera por las aspiraciones que tengamos.

De vez en cuando en la historia de las sociedades humanas ocurren fenómenos con la capacidad disruptiva para obligarnos o invitarnos a un cambio a veces radical de nuestra zona de confort; ya sea en nuestra familia, nuestro país o el mundo entero.

En el plano personal y familiar, estos cambios pueden ser el inicio de nuestra vida laboral, el paso del colegio a la Universidad, el cambio de estado civil, la jubilación, entre otros. Estos cambios, pese a ser disruptivos en nuestras vidas tienen la bondad de ser previsibles y quizá otras personas los han vivido por lo que nos pueden contar su narrativa y eso ayuda a prepararnos. Luego después de un tiempo nos adaptamos a ese cambio y lo hacemos parte de nuestra normalidad.

A nivel del país, cambios como una guerra civil, un fenómeno natural, un conflicto armado, una reforma institucional como la de los años 40 del siglo pasado en Costa Rica, entre otras pueden tener un efecto disruptivo importante y generar elementos de una nueva sociedad. No obstante, mientras el país se adapta a esa nueva normalidad el mundo en general siguió similar a como estaba.

Finalmente, existen otros fenómenos que ocurren con mucha menos frecuencia en la historia de la humanidad que no solo cambian mi vida personal y la del país; sino que cambian la dinámica mundial, generando nuevos patrones de consumo, de producción, de intercambio y en general nuevos modos de vida.

Estos fenómenos son las guerras mundiales, las pandemias, el cambio climático, las eras geológicas, las revoluciones productivas, un acto terrorista, entre otros. Hoy estamos enfrentando y preparándonos para una nueva normalidad; es decir que no necesariamente por nuestra voluntad, muchos de nuestros patrones de consumo, de producción, de relación y de vida en general van a cambiar planetariamente generando una nueva normalidad; es decir un nuevo estado dinámico de las cosas con la fuerza de generar una cultura distinta a la anteriormente vivida y conocida.

¿Qué tan diferente será nuestro futuro? Aún nadie puedo dar una respuesta 100% precisa de cómo será el futuro y por eso en prospectiva acudimos a la construcción de escenarios y a partir de ellos y de su plausibilidad generar las conversaciones de cómo prepararnos para el tránsito hacia esas nuevas normalidades.

Para el director de la Cátedra de Futuro de la Unesco Sohail Inayatullah, dicho dos meses después de iniciada la pandemia; la nueva normalidad estará caracterizada por la aparición de soluciones inimaginables en el presente; o solo imaginables por muy pocas personas para grandes problemas y necesidades de la humanidad.

Pero la gran oportunidad que genera este cambio es poder dejar en el pasado las cosas que no veníamos haciendo bien como sociedad. Jouvenel, posiblemente, el padre de la prospectiva decía que la prospectiva es pensar cómo podría ser el futuro y decidir qué hacer con esa información, como poder cambiar lo que no nos gusta y fortalecer lo que hemos venido haciendo bien.

Los escenarios tendenciales para Costa Rica nos alertan de que seremos una sociedad mucho más desigual. Ahora a la desigualdad por ingresos y concentración de estos que se ha medido con el coeficiente de Gini, se suman otras alertas de incremento de la desigualdad: la conectividad a internet, el acceso a la tecnología, la educación y la salud virtual, el trabajo virtual, nuestra ubicación territorial, el acceso a la cultura.

No obstante, la alerta no es una condena del futuro. La alerta es para tomar decisiones presentes y poder revertir las situaciones. Por eso la expresión de que el “futuro está en nuestras manos”, pese a ser muy trillada y sobre todo usada para la autoayuda, es cierta. La sociedad que queremos ser es una decisión.

Hoy cuando el discurso en la agenda nacional se dirige hacia la confrontación entre el sector público y el privado, entre las personas con COVID y las que aún no se han contagiado, entre los que acatan las disposiciones de las autoridades sanitarias y las que no; es decir discursos que en todos los casos nos dividen, también debe encenderse la alerta de que debemos estar unidos. Este enemigo que tenemos se encuentra muy cómodo en una sociedad dividida.

Es muy posible que en la medida en qué la crisis por COVID se alargue por la ausencia de la tan esperada vacuna o tratamiento, vayamos observando con más claridad que debemos estar juntos en esto. Quizá lo que vivimos con el COVID sea la antesala de retos y desafíos mayores que tendrá la humanidad como es el caso del cambio climático que nos necesita unidos, con un liderazgo integrador y no buscando cada uno como aprovechar la crisis en beneficio personal.

En medio de la pandemia, el ICP-UCR avanza hacia un sistema que mejorará aún más su rendimiento

Escrito en 24/07/2020. Publicado en Derechos.

El ICP-UCR logra recertificar el Sistema de Gestión de Calidad y adelanta la implementación de un sistema integrado de gestión

Con una lista amplia de tareas para mantener el desarrollo de sueros antiofídicos y, al mismo tiempo, generar una formulación de anticuerpos equinos para tratar a los pacientes con COVID-19, el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica (ICP-UCR) ha logrado avanzar de manera importante hacia un sistema integrado de gestión.

Los sistemas integrados de gestión son herramientas que guían los pasos a seguir en las actividades diarias. Su implementación permite optimizar los recursos, así como mejorar la organización y el rendimiento. Esto disminuye de manera importante los costos y aumenta la satisfacción de los colaboradores.

Con el trabajo de tesis de licenciatura de tres estudiantes de Ingeniería Industrial de la UCR, el ICP logró el diseño de un sistema integrado de gestión que incluye los tres ejes que lo conforman: calidad, ambiente y salud ocupacional.

Actualmente, el Instituto cuenta con una certificación de calidad en la norma INTE/ISO 9001:2015. Por esto, el aporte de los jóvenes abre una puerta para conseguir otras dos certificaciones más: la norma de ambiente INTE/ISO 14001:2015 y la de salud ocupacional 45001:2018.

“Lo que nos pareció sumamente interesante dentro del ICP-UCR fue su cultura. Todas las personas estaban muy dispuestas a ayudar y buscan la manera de hacer mejor las cosas. Eso demuestra un compromiso fiel a la mejora continua”, afirmó la estudiante Natalia Morales, quien desarrolló la propuesta del Sistema Integrado de Gestión junto con sus compañeros Luis Alonso Rodríguez y María José Monge.

Para lograrlo, los estudiantes realizaron varias auditorías y encuestas a los funcionarios del ICP-UCR. Además, tomaron en cuenta distintos requisitos legales para modificar y crear los documentos necesarios que permitieran acatar los distintos requerimientos.

“El personal del ICP-UCR tiene fortalezas importantes como su iniciativa, su disposición a ayudar y su compromiso con la Institución. Estos tres elementos los favorecen bastante para implementar el Sistema Integrado de Gestión”, amplió Natalia Morales.

Compromiso con la calidad

Para alcanzar ese Sistema Integrado de Gestión, ya el ICP-UCR tiene consolidado el primer rubro: su Sistema de Gestión de Calidad.

El 2 y el 3 de julio de julio, el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (Inteco) realizó la auditoría de seguimiento. El resultado fue positivo y su declaración contundente: “se evidencia un sistema de gestión maduro con más de 8 años de estar certificado, el cual ha venido evidenciando mejora continua en la capacidad de cumplir con los resultados previstos”, detalla el informe de la auditoría.

En esta ocasión, algunos de los procesos auditados fueron la producción de plasma, la producción de venenos, el control de calidad y la producción de inmunobiológicos, entre otros. Con este logro, el ICP-UCR alcanza su segunda recertificación. El primer certificado se obtuvo en el 2013 y la primera recertificación se logró en el 2016.

“Inteco es un organismo de certificación acreditado y se basa en los más estrictos estándares. Nosotros, para poder evaluar de los procesos y garantizar una gestión transparente, mantenemos personal altamente competente. Del ICP-UCR podemos decir que tiene una amplia experiencia en su sistema de gestión de calidad. Durante todos estos años, el Instituto ha mantenido auditorías de seguimiento y vigilancia, y siempre ha cumplido con los requisitos”, dijo Manuel González, auditor líder de Inteco.

Que el ICP-UCR cuente con un sistema de gestión de calidad certificado garantiza que los trabajos hacen de la mejor forma posible y que hay completa trazabilidad de los datos.

Cuido del ambiente

Si ese sistema de calidad se le acompaña de otro enfocado en gestión ambiental, los logros aumentan aún más.

De acuerdo con Vivian González, coordinadora de la Comisión de Gestión Ambiental del ICP-UCR, un sistema de gestión en esta área permite un control eficiente de los recursos y conseguir un ahorro en el consumo de agua, energía y demás materias primas. Asimismo, mejora la eficacia de los procesos productivos y reduce la cantidad de residuos generados.

“El Dr. Alberto Alape, director del ICP-UCR, creó la comisión de gestión ambiental y la de salud ocupacional con el objetivo de empezar a trabajar en esas áreas para, justamente, llegar a ese sistema integrado de gestión. Hemos estado sembrando árboles en peligro de extinción, arreglando tanques de agua para que no hubiese fugas, cambiando bombas, válvulas y tomando acciones para mejorar nuestro desempeño ambiental”, relató González.

En estos momentos, y gracias a la Comisión de Ambiente, ya el Instituto posee un control de los aspectos que contemplan indicadores ambientales y de la huella de carbono. Ahora, para lograr la certificación ante Inteco, solo falta su implementación, la cual está suspendida por la pandemia.

“Entre lo que hemos realizado está un inventario de los árboles en ambas fincas con el apoyo de expertos. Por otro lado, desde el 2015 venimos calculado la huella de carbono. Los resultados que hemos obtenido nos dan señales que ya podríamos considerarnos carbono neutral. Solo falta la certificación para formalizar la evidencia”, dijo González.

En medio de la pandemia

Pero eso no ha sido todo. La Comisión de Salud Ocupacional del ICP-UCR ha garantizado la seguridad del personal para seguir operando bajo las condiciones de pandemia. Esta comisión ha estado trabajando fuertemente con los protocolos que se están siguiendo para poder seguir operando.

“Hemos trabajado protocolos de seguridad para todos los funcionarios. De igual forma, hemos abordado la parte de ergonomía y de seguridad, así como de riesgo laboral. Con el COVID-19, hemos efectuado horarios de atención, el control de ingreso y la aplicación de todos los protocolos. Ha sido un trabajo arduo porque nosotros no nos podemos detener”, destacó el Ingeniero Carlos Masis, coordinador de la Comisión de Salud Ocupacional.

Un sistema de gestión de la seguridad y la salud laboral eficiente permite identificar y valorar los riesgos que existen en cada puesto de trabajo. Su gestión otorga la posibilidad de evitar accidentes y mejorar la salud de los colaboradores, con lo que se puede estimular su confianza, motivación y compromiso con el Instituto, así como aumentar su productividad.

El Sistema de Gestión Integrada ya está diseñado pero, para lograr su implementación formalmente, habrá que esperar que se supere completamente la pandemia.

Jenniffer Jiménez Córdoba
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Planteamiento público al Presidente Carlos Alvarado Quesada

Escrito en 24/07/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

COORDINADORA PATRIOTICA ALAJUELENSE
JUAN SANTAMARIA

23 de julio del 2020

Carta Pública

Sr. Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República de Costa Rica

Miles de costarricenses integrantes de organizaciones sociales, cívicas, sindicales y ambientales coincidimos en que llegó la hora de hacer ejercicio de nuestros derechos y deberes ciudadanos, ante la crítica situación fiscal, económica y social, y nos vemos en la obligación de hacerle públicamente el siguiente planteamiento.

Para nosotros y para miles de costarricenses es evidente que en esta situación de pandemia, las libertades que tanto apreciamos están bajo la amenaza de grupos privilegiados que utilizan la crisis para mantener, reforzar y ampliar su control del poder político y así obtener mayores beneficios económicos, consolidando una preocupante e inaceptable plutocracia.

Además, somos conscientes de que nuestros antepasados instauraron la democracia como sistema para proteger los derechos de todos los ciudadanos, especialmente los de minorías y grupos vulnerables.

También tenemos claro, que quienes ahora intentan reforzar su control del poder, son los que en las últimas décadas han minado y debilitado sistemáticamente esos derechos logrados durante décadas de trabajo colectivo para lograr la democratización. Ese ha sido también un trabajo de búsqueda de igualdad y de oportunidades.

Sabemos que en este momento la democracia es más importante que nunca y estamos dispuestos a defenderla en cualquier momento y en cualquier terreno, incluyendo la calle.

La democracia real, no la del papel, permite a la sociedad civil movilizarse, enfrentar las desigualdades, debatir abiertamente los asuntos políticos, distribuir información confiable y pedir la rendición de cuentas. En estos momentos de crisis necesitamos y vamos a defender esa democracia, en los medios y en las calles.

Aún más, nuestra democracia y nuestra Constitución Política establecen que el gobierno de la república ha de ser popular, representativo, PARTICIPATIVO, alternativo y responsable, Lo ejercen el PUEBLO y tres Poderes distintos e independientes entre sí.

El respaldo constitucional de los artículos 9 y 11 nos convoca como PUEBLO hoy y aquí a hacer los siguientes planteamientos que usted por deber constitucional no puede obviar.

Los políticos en los últimos 25 años han saqueado las arcas del Estado a través de actos de corrupción (INS reaseguro 1.220.100.000 de colones (PUSC), Pacto La Nación- Hacienda 2.100.000.000 de colones, Canal 7 obligado a pagar 3.724.419.539 de colones, platina (PLN) 7.000.000.000 de colones, cemento chino (PAC) 18.592.000.000 de colones, Caja Fischel (PUSC) 18.600.000.000 de colones, Yamber (PAC) 21.500.000.000 de colones, Préstamo Español (PLN) 23.240.000.000 de colones, trocha (PLN) 50.000.000.000 de colones, pensiones de lujo (PAC-PLN-PUSC) 663.002.340.000 de colones ) que sumados alcanzan la muy importante suma de 804.039.285519 millones de colones, cerca del 2.7% del PIB.

Además el Estado, por maniobras cuestionables de esos mismos políticos han llevado la deuda del Estado con la CCSS a la inimaginable suma de al menos 1.8 billones de colones al 2020.

Esto lo han hecho los negligentes e irresponsables del PLUSC_PAC, coludidos con empresarios que han actuado directamente en contra de esa institución a través de tácticas dilatorias y hasta evasión y elusión crónicas, que han hecho sucumbir la seguridad social, pero también al margen de sagrados principios, valores y deberes constitucionales.

Más recientemente como parte del proyecto de Plan Fiscal (PAC, PUSC, PLN, RN, NR, PIN) se otorgó una amnistía tributaria al sector privado de 194.000.000.000 de colones (0.7% del PIB). Por otro lado el Gobierno de Costa Rica informó este miércoles 1 de Julio que el déficit fiscal del 2019 cerró en el 6,96 % del Producto Interno Bruto (PIB), la cifra más alta de los últimos años y que superó en un punto porcentual a la del 2018. Los efectos de la pandemia podrían estar llevando el déficit fiscal alrededor del 10% del PIB. La deuda externa de nuestro país alcanzaría para fin de año los 43 mil millones de dólares.

Apenas la última semana de Junio, como acciones para cargar una vez más el déficit fiscal y los efectos de la corrupción de los políticos de las últimas décadas sobre las espaldas del pueblo, se anuncia la posible venta, probablemente a precios de remate para negocio de políticos nacionales, de parte importante del patrimonio común de los costarricenses. Vale decir el BICSA, el BCR, FANAL, RECOPE y KOLBI de ICE), en unos 532.000.000.000 de colones, cerca del 1.4% del PIB. Todo eso como parte de las negociaciones, por cierto muy opacas, entre uno de los poderes de la república (sin participación del pueblo y en violación del artículo 9 de la Constitución) con el FMI, a quien su administración le ha solicitado financiamiento para que el pueblo pague las sumas considerables de dinero que los políticos y empresarios corruptos se han robado en los últimas dos décadas.

Ciertamente como pueblo consciente de este saqueo, no vamos a permitir que nos vendan las joyas de la abuela. Esa es una acción más de los poderosos que nos quieren robar la democracia endeudándonos y empobreciéndonos aún más, comprometiendo injusta e irresponsablemente a las futuras generaciones.

También tuvimos la oportunidad de escuchar una entrevista a su exministro de Hacienda en el medio digital EL Faro el 28 de Junio de 2020, en la que se mencionan datos escandalosos pero muy clarificadores de los asuntos internos de la hacienda pública.

Estos datos dejan claro que la solución de los problemas fiscales no está en las cosas que hasta ahora se han hecho o se proponen, sino casualmente en lo que no se ha hecho, como es el control de la evasión y la elusión, entre otras cosas, y en lo que los políticos de turno y los burócratas tecnócratas no están dispuestos a trabajar como es su obligación ética y legal en cumplimiento de la ley 8292 (Ley general de control interno).

Los datos que se dan a conocer por parte del exministro Chaves no pueden ser ignorados, ni puede el Poder Ejecutivo decir que no son reales porque vienen casualmente de su exministro de Hacienda.

De acuerdo con el exministro la evasión fiscal en Costa Rica está entre los $3.800 millones y los $5000 millones (entre 2,2 y 2.9 millones de millones de colones), entre el 6% y el 8% del PIB. Una suma a todas luces escandalosa que hace palidecer lo recaudado por el mismo plan fiscal impulsado por su gobierno y la Asamblea Legislativa, además de que nos deja muy claro que en Costa Rica no existe un déficit fiscal, lo que existe es una enorme evasión fiscal.

La recaudación de los montos de dinero que son del gobierno de la república, y que algunos no pagaron y se dejaron esas exorbitantes sumas de dinero terminaría con el problema fiscal de manera eficaz, eficiente y expedita mediante un decreto suyo.

Con voluntad política y con manejo efectivo de la autoridad que les otorga el puesto, al presidente, al ministro de hacienda y a los burócratas de mandos medios y ejecutivos, en cuestión de 3 o 4 años se recaudaría esa suma que se roban los evasores. Esos montos no solo pagarían el déficit fiscal en casi su totalidad, sino que serían montos mucho más altos que los montos que el mismo FMI nos podría prestar. Tampoco tendríamos que vender ninguno de los preciados e invaluables bienes patrimoniales de los costarricenses.

Evidentemente no tiene explicación alguna el querer endeudarnos cuando no necesitamos hacerlo, excepto que existan intermediarios percibiendo jugosos ingresos por asesorar en el trámite de préstamos y/o el de “venta de activos” del Estado. Lo que necesitamos es recuperar el dinero que algunos se vienen robando de la hacienda pública y esto es lo que exige el Soberano a usted (y a su gobierno), electo en el marco de una elección popular y de la Constitución Política, la cual usted juró cumplir y la cual nosotros tenemos el derecho y el deber de vigilar y garantizar que se haga valer y prevalecer, por encima de presiones, privilegios e intereses corporativos o individuales, nacionales o extranjeros.

Según lo dicho en esa entrevista solo se requiere de una inversión de entre $150 y $250 millones en la compra y puesta en práctica de los instrumentos tecnológicos requeridos para iniciar la recuperación de esos dineros. Por supuesto, además sería imprescindible la voluntad política para hacer lo que a todas luces hay que hacer y que es precisamente lo que el pueblo exige hacer.

No es posible que tengamos a mano la solución a mediano plazo de la situación fiscal y no se tenga la voluntad política de un gobierno que se llama democrático para ejecutarla. No podemos permitir que se esté comprometiendo el futuro de varias generaciones por la inacción, colusión o complicidad del gobierno en una situación como la que tenemos entre manos y que ya no se puede seguir ocultando.

Este saqueo sistemático y paulatino de la hacienda pública, que ya es sistémico y se ha consolidado a lo largo de los años, está acompañado de un proceso de empobrecimiento de la población, de un incremento de la desigualdad, la discriminación y la exclusión, las cuales vienen a traernos como resultado un país más pobre y de muy pocas oportunidades para las mayorías. Costa Rica se encuentra entre los más desiguales de América Latina, y para no solo combatir esa desigualdad, sino también para poder desarrollarnos como sociedad con base en planes operacionales y a 25 años plazo, es necesario cerrarles los portillos a los defraudadores del fisco.

Este país ocupa el tercer lugar en desigualdad en América Latina. Sabemos que la desigualdad es el resultado de las políticas de un país. En nuestro caso ese grado de desigualdad se da como resultado de las acciones y presiones que sobre el Estado han ejercido tradicionalmente los grupos poderosos, para su propio beneficio. De esta manera, la distribución de la riqueza simplemente dejó de darse y pasó a unas pocas manos. Son las mismas manos que ahora nos tienen en esta encrucijada fiscal.

Ante todo esto, el pueblo, representado en las más diversas organizaciones sociales exige que:

1-su gabinete le explique al país porqué insiste en tomar medidas económicas en contra del pueblo y en buscar endeudamientos muy negativos para nuestro futuro, mientras existen opciones viables para solventar los problemas, siempre y cuando se tenga el coraje, la entereza moral y la voluntad política para hacerlo. Es imperante en esta hora de la historia que usted dé soluciones de cara al pueblo de Costa Rica, es decir ante el cuarto poder que también debe constitucionalmente ejercer el poder en este país a la par del Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo.

2- escuche al pueblo que por derecho y mandato constitucional también ejerce el poder

3- no se vendan empresas del estado (banca estatal, ICE, FANAl, RECOPE y otras)

4-no se vendan activos importantes del país

5-el gobierno se abstenga de aprobar más deuda externa e interna

6-se inicie de inmediato el proceso de instrumentalización de la Hacienda Pública para el cobro urgente a los evasores.

7- rinda cuentas al pueblo explicando las razones que le impiden, como presidente, tomar este camino constitucional de solución expedita, contundente, eficaz, eficiente , legal y ética a los problemas financieros del Estado y que es, además, un camino mucho más beneficioso y menos agobiante para la mayoría de la población, sabiendo que en materia de control de la evasión y la elusión fiscal, tendría usted garantizado el respaldo total del 99% de los costarricenses .

8-rebaje los salarios a los más altos funcionarios de Hacienda por su ineficiencia y por haber permitido esa escandalosa evasión.

9-aplique la equidad en la carga que debemos pagar todos los costarricenses ante esta crisis fiscal, económica, social y de salud asociada con el Covid-19, de manera que se cumpla con el artículo 33 de la Constitución Política que dice:

Artículo 33.- Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. Reforma dada por ley No.7880 y Publicada en la Gaceta 118 del 18 de junio de 1999.

10-aplique justicia tributaria, de manera que paguen más los que más tienen.

11-proceda a eliminar las odiosas e inconstitucionales exoneraciones tributarias que por su naturaleza discriminatoria maltratan otros sectores del país.

12-cesen de amnistías para sectores económicamente poderosos

13- se detenga la desigualdad por medio de la aplicación de un sistema tributario que en efecto controle la evasión y la elusión.

14- explore otras fuentes limpias de ingreso económico para el Estado (complementarias a los Impuestos).

15- realice un inventario de gastos innecesarios, para eliminarlos o reducirlos: pago de asesorías superfluas, pago a organismos internacionales como OCDE y otros.

16- efectúe un inventario de gastos en pensiones de lujo y pensiones a difunto, con miras a reducir o eliminar, según corresponda.

17-Lidere un verdadero, nuevo e histórico Pacto Social de cara al bicentenario en el que participen todos los sectores que democráticamente deben de participar.

Para todo esto tenemos los instrumentos y las condiciones. Lo único que nos falta en este proceso es la voluntad política para hacerlo y esa es nuestra mayor exigencia en este momento.

Los ciudadanos que dieron su voto para elegirle presidente, igualmente le exigen en este momento esa acción determinante para un futuro menos doloroso, de mayor esperanza y más digno para Costa Rica.

COORDINADORA PATRIOTICA ALAJUELENSE JUAN SANTAMARIA
Por la consolidación de instancias regionales de unidad en la diversidad de los movimientos sociales
POR LA ARTICULACION PROPOSITIVA Y UNITARIA DEL PUEBLO COSTARRICENSE

La participación involucra y moviliza, la participulación desmoviliza las comunidades en la lucha contra la pandemia

Escrito en 23/07/2020. Publicado en Análisis, Comunidad.

Miguel Sobrado

En un artículo anterior señalé que la pandemia se propagaría si no se involucra a las comunidades en su control y mencioné la experiencia del Hospital sin Paredes de San Ramón en los 70s. Algunas personas me han pedido que de mayores detalles sobre el método utilizado para descentralizar la actividad institucional involucrando e incorporando a las comunidades activamente en la lucha contra la pandemia en su dimensión más amplia incluyendo la generación de ingresos.

En primer lugar mi propuesta no pretende transformar de la noche a la mañana el sistema de Ebais, sino recuperar en una primera instancia la experiencia ramonense en forma de proyecto piloto que pueda ser extendido en las organizaciones comunales que lo demanden.

El problema de las palabras gastadas

Casi todas las políticas sociales mencionan la importancia de la participación de las comunidades y beneficiarios para el logro de sus metas. Pero, aunque mencionamos la misma palabra, ¿estamos hablando de lo mismo? Pues no y la diferencia es sustancial en cuanto a los resultados.

Las diferencias de enfoque en la aplicación de la salud comunitaria en la Costa Rica de los 80s las destacó la antropóloga norteamericana Lynn Morgan en su libro “La política de atención primaria en Costa Rica” traducido y publicado por CENDEIS en 1997. Señala la Dra. Morgan que el sector primigenio inspirado en el Hospital sin Paredes, procuraba involucrar a las comunidades desde el diagnóstico de la situación de la salud, en la elaboración de los planes de acción y su ejecución.

El grupo que le sucedió en el poder, aunque aceptaba nominalmente el concepto de participación comunal lo ubicaba en un papel pasivo dependiente, esto es de apoyo y colaboración a las acciones definidas por los técnicos y autoridades.

Esta diferencia generó prácticas diametralmente opuestas en el involucramiento y resultados de la acción de la comunidad. Mientras que en la experiencia del Hospital sin Paredes se fusionaba y enriquecía el conocimiento sobre la salud y se obtenían resultados extraordinarios que integraban a la comunidad con el Hospital, en otros casos la “participación” comunal se limitaba a prestar servicios de limpieza. Lamentablemente este concepto de participación fue el que prevaleció en el montaje de los Ebais por parte de CCSS.

Aunque en la Ley de reforma del sector salud de inicios de los 90s del siglo pasado exigía la participación comunal en los Ebais, el concepto de participación como ayuda pasiva no pegó en las comunidades. Las evaluaciones realizadas por la CCSS, señalan esta de manera reiterativa, pero esto no ha sido suficiente para revisar su aplicación. Ahora, con la pandemia la realidad se impone y el manejo centralizado de la pandemia están poniendo en evidencia la necesidad de descentralizar y de incorporar aunque sea poco a poco a las comunidades.

Procedimiento que le permitió conseguir la participación de las comunidades, previniendo, curando y generando ingresos en las comunidades

Visita a las comunidades donde se les informaba de las limitaciones de personal del Hospital y se les invitaba a organizarse en Comités de Salud locales, para poder brindar una mejor atención sanitaria.
Las comunidades que aceptaban y se organizaban, debían: a) nombrar una “enfermerita” de la comunidad que trabajara con el Comité de Salud y b) destinar una habitación en una casa o local comunal para ser utilizada para las reuniones del Comité y la atención a los pacientes, cuando llegaran los médicos.
La enfermerita debería prepararse en un curso que impartía el Hospital para reconocer los síntomas más frecuentes y llena una boleta de cada familia, casa por casa.
La información recogida por la enfermerita era analizada por el equipo médico y el Comité de Salud local. Sobre la base de este diagnóstico se fijaban las prioridades de trabajo de salud, tanto de las tareas que tocaban al equipo médico como a la comunidad.
El equipo médico le entregaba a cada Comité un plano de las viviendas de su comunidad que se fijaba en una pared. El comité colocaba en cada vivienda “banderas” de colores de acuerdo con la sintomatología.
En el Hospital la información, de los cinco cantones que cubría el Hospital, era procesada manualmente, ya que no existían computadores, por un médico especialista en estadísticas, de tal forma que manejaba un censo actualizado de salud.
El análisis de la salud que realizaba la comunidad no se limitaba a lo preventivo y curativo, sino que también incluía el concepto de bienestar e ingresos.
En este sentido la participación de la comunidad, no se limitaba a actuar sobre las causas inmediatas de las enfermedades gastro intestinales, tales como la carencia de agua potable o letrinas, sino que incluía el problema de caminos, el mercadeo de los productos o la tenencia de la tierra.
Producto de la gestión de los 161 comités de salud creados por el Hospital sin paredes se crearon múltiples cooperativas de servicios múltiples, comités de vecinos para resolver el problema del transporte e incluso gestiones ante las municipalidades locales para expropiar y repartir tierras ahí donde los terratenientes no pagaban salarios mínimos y los hijos de los peones sufrieran desnutrición.
Se trata de una experiencia impulsada desde el Hospital, que le permitía al equipo médico tener una visión y conocimiento sobre la realidad que no tenían en sus oficinas, pero que al mismo tiempo operaba con gran iniciativa local basada en la autonomía plena de las comunidades. Un contexto de cogestión en que no cabía la participulación institucional.

Santa María de Dota 21 de julio de 2020

Imagen: Actividad participativa con la comunidad para evaluar las condiciones de salud. Documental de Víctor Ramírez sobre el Hospital sin Paredes.

Comunicado del Colectivo Semilla Ramonense – MANIFIESTO ANTI-NEOLIBERAL

Escrito en 23/07/2020. Publicado en Análisis, Comunidad.

SAN RAMÓN, 22 DE JULIO 2020

Estamos presenciando en nuestra Costa Rica, la arremetida más violenta del neoliberalismo contra la clase trabajadora.

Después de la aprobación del PLAN FISCAL, contundente golpe de los sectores gobernantes a las mayorías costarricenses, el Gobierno y la UCCAEP se han abalanzado ferozmente hacia la consolidación del modelo neoliberal.

La llegada del COVID-19 encontró la economía del país en un estado ultra-crítico y la está terminando de destruir porque el Gobierno, la UCAEP, la oligarquía nacional y transnacional se están aprovechando agresivamente de la crisis sanitaria.

Es decir, están utilizando la crisis sanitaria, para destruir lo que el país había avanzado desde la aprobación de las Garantías Sociales y el desarrollo del Estado Social, para más bien fortalecer el modelo neoliberal de los últimos cuarenta años.

Las condiciones de las personas que viven del trabajo, de los sectores informales, de la clase media, del campesino pequeño y medio, del pequeño y mediano comerciante, del pequeño y mediano empresario en general, están siendo reducidas a la pobreza. Aquellos que están en situación de pobreza, están siendo reducidos a la miseria.

Nuestro Colectivo Político hace un llamado al Pueblo en general a organizarse para la defensa de sus intereses de clase, y a las organizaciones sindicales y populares, de toda índole a formar una férrea UNIDAD ANTI-NEOLIBERAL. Llamamos a cerrar filas conjuntamente contra la UCCAEP, su Gobierno y sus Diputados, pues todas las organizaciones y el pueblo en general deben comprender que sólo una fuerte y amplia unidad popular puede frenar el avance neoliberal que galopa sobre la pandemia. Es hora de hacer a un lado las diferencias para sumar fuerzas en torno a las coincidencias.

Convocamos a unirnos a la CARAVANA SINDICAL y POPULAR REGIONALIZADA, a realizarse este jueves 23 de julio durante la mañana, así como a las diversas formas de manifestaciones populares que se continúen realizando en esta dirección.

El MARTILLO, aplicado en la crisis sanitaria, nuestros gobernantes lo han convertido en un MARTILLAZO VIOLENTO, descargado sobre la precaria economía de la mayoría de los costarricenses para continuar en su danza neoliberal enriquecedora.

¡NO MÁS MARTILLO CONTRA LOS POBRES!
¡CON LA BOCA TAPADA, PERO JAMÁS CALLADA!
¡NO MÁS ACUMULACIÓN DE RIQUEZA A COSTA DE LA POBREZA!
¡OCCIDENTE POR UN FRENTE NACIONAL UNITARIO ANTI-NEOLIBERAL¡

Frente Nacional por la Seguridad Social llama a participar de marcha vehicular

Escrito en 22/07/2020. Publicado en Derechos, Salud.

FRENASS – Comunicado

De la crisis que genera la pandemia por el COVID 19, solo saldremos juntos y juntas como sociedad. No podemos dejar a nadie atrás. En este contexto de crisis pandémica, queda claro que la salud pública y, principalmente, la Caja Costarricense de Seguro Social siempre ha estado en la primera línea de contención de la enfermedad. Por eso, exigimos al gobierno del presidente Carlos Alvarado Quesada honrar la deuda que el Estado Costarricense tiene con la seguridad social. Demandamos del presidente una sana solución financiera para la Caja, a corto, mediano y largo plazo, dado que sus ingresos se han visto disminuidos con la rebaja -promovida por su Gobierno-de la base mínima contributiva desde el mes de marzo a la fecha, con un promedio de 180.000.000 (ciento ochenta mil millones de colones por mes), lo que podría alcanzar al cierre del 2020, más de un billón de colones. Lo que impedirá a la Caja hacerle frente en forma eficaz a la atención por la demanda del servicio de salud y a la emergencia por la pandemia.

La Caja es patrimonio del pueblo de Costa Rica, por eso, solicitamos vehementemente a la Junta Directiva de la Caja, promover una DISCUSIÓN NACIONAL amplia y participativa acerca del futuro de nuestra C.C.S.S., más allá de una atención coyuntural de la pandemia. Exigimos al gobierno de Alvarado y a la Asamblea Legislativa aprobar los recursos necesarios para garantizar a las familias desempleadas, víctimas de contratos laborales suspendidos, o jornada laborales disminuidas, el sustento diario a través del Bono Proteger y destinar para ello, parte de las reservas en dólares del Banco Central y establecer una política de impuestos progresivos sobre la renta y sobre la riqueza que contribuya a reducir la desigualdad social de nuestro país que se ha hecho evidente con la pandemia. Rechazamos la propuesta de tercerizarlos servicios de salud que brinda la Caja promovida por la UCCAEP y el sector empresarial, porque corresponde a una estrategia neoliberal que busca privatizar la Caja poco a poco.

NO ES CIERTO que los servicios que brindan las empresas privadas o terceros resulten más baratos para la Caja y para quienes contribuimos solidariamente con su sostenimiento. Denunciamos ante la ciudadanía la campaña generalizada contra el sector laboral público, al que se le ha querido responsabilizar por los desequilibrios económicos de la mala administración del gobierno y de las políticas económicas abusivas aprobadas por la Asamblea Legislativa. Exigimos a los que más tienen y más riquezas han acumulado pagar la cuota de responsabilidad que les corresponde para sobrellevar la crisis actual y mantener el estado social de derecho costarricense.

POR ESO, INVITAMOS TODAS Y TODOS, DENTRO Y CON NUESTRAS BURBUJAS SOCIALES, IR EN CARAVANA DEL PARQUE DE LA MERCED A LA CASA PRESIDENCIAL, MAÑANA JUEVES 23 DE JULIO. 9:00 A.M.

HOY MÁS QUE NUNCA, LA CAJA NECESITA QUE LA DEFENDAMOS.

¡LA CAJA NO SE VENDE, LA CAJA SE DEFIENDE!

UCR: Primeros lotes del posible fármaco contra el coronavirus ya están envasados

Escrito en 21/07/2020. Publicado en Derechos, Salud.

Las formulaciones del Instituto Clodomiro Picado de la UCR ahora son sometidas a estrictas pruebas de calidad

El Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica (ICP-UCR) ya envasó con éxito los dos primeros lotes de inmunoglobulinas equinas con los cuales se pretende tratar a pacientes graves con COVID-19. Los lotes constan de un total de 1 000 viales y contienen anticuerpos contra dos combinaciones diferentes de proteínas del SARS-CoV-2.

“Después de varios meses de trabajo, finalmente hemos logrado envasar la formulación de inmunoglobulinas equinas. El proceso ocurrió según lo programado. Los datos previos que tenemos indican que las formulaciones cumplen con el diseño que habíamos establecido”, manifestó el Dr. Guillermo León Montero, coordinador de la División Industrial del ICP-UCR.

Ahora sigue una de las fases más estrictas del proceso: el control de calidad. En estos momentos, las formulaciones están siendo sometidas a una serie de rigurosos análisis que incluyen la prueba de esterilidad.

El propósito de la prueba de esterilidad es garantizar que el suero sea seguro para los pacientes antes de enviarlo a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). En esta ocasión, el estudio está siendo realizado por el Laboratorio de Análisis y Asesoría Farmacéutica de la Facultad de Farmacia de la UCR (Layafa-UCR).

Por más de 15 años, el Layafa-UCR ha contribuido con el Ministerio de Salud en la tarea de asegurar que los fármacos comercializados en el país cumplan con todos los criterios de calidad, seguridad y eficacia.

“Nosotros estamos corriendo el ensayo de esterilidad para dos lotes de inmunoglobulinas equinas fabricados por el ICP-UCR. Esta prueba de calidad busca demostrar la seguridad del producto en cuanto a verificar la ausencia de bacterias aerobias, hongos y levaduras. La prueba es muy importante pues, si se le aplica al paciente un producto con alguna contaminación, este puede producir una sepsis y poner en peligro su vida”, indicó la Dra. Jeimy Blanco Barrantes, coordinadora del Laboratorio.

Adicional a lo anterior, la Universidad de George Mason, de los Estados Unidos, también está analizando si las formulaciones propuestas por los científicos costarricenses inhiben la infectividad del virus SARS-CoV-2 en células de cultivo.

Si todo lo anterior es culminado de manera satisfactoria, lo que sigue es el envío oficial de los lotes a la CCSS. Los resultados del estudio clínico que efectuará la Caja serán los que determinarán, de manera concluyente, si las formulaciones realizadas son eficaces para el tratamiento de los pacientes con COVID-19.

“El esfuerzo ha sido grande y hemos obtenido los frutos que teníamos programados. Las formulaciones tienen altas concentraciones de anticuerpos contra las proteínas virales. De hecho, tienen concentraciones bastante más altas que la del plasma de pacientes convalecientes. Sin embargo, solo el estudio clínico dirá si las formulaciones son eficaces”, enfatizó el Dr. León.

En este trabajo participó todo el equipo del Instituto Clodomiro Picado de la UCR, que incluye el personal del bioterio, serpentario, caballeriza, producción, control de calidad, desarrollo tecnológico, investigación y del área administrativa.

La Universidad de Costa Rica comunicará de manera oportuna el avance de este proceso (que podría tardar un par de semanas), así como la entrega oficial de los lotes a la CCSS.

Jenniffer Jiménez Córdoba
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Voz experta UCR: El COVID-19 y el sector cultura: aplaudir no alcanza

Escrito en 21/07/2020. Publicado en Derechos.

Por Priscilla Carballo Villagra, profesora de la Maestría en Artes, UCR

La crisis económica actual ha afectado radicalmente al sector cultura. No obstante, este es uno de los grupos más solidarios en la crisis: pusieron a disposición sus películas, dan conciertos fines de semana, leen cuentos en línea, comparten sus montajes y espectáculos, escriben canciones sobre la crisis y, con su trabajo, nos hacen sonreír

Las expresiones culturales son producto y reflejo de las dinámicas sociales, son espacios donde las personas de las artes se hacen preguntas sobre la condición humana. Temas como el amor, la muerte, las condiciones políticas y las guerras han estado presentes en las manifestaciones artísticas como preguntas inminentemente humanas.

Las artes en toda su diversidad están cada día en la vida de las personas. Por ejemplo, basta transitar una calle o tomar un bus, para estar expuestos a la música, a un texto, a una imagen y a otras expresiones del arte.

¿Pero qué pasa con el arte en periodos de crisis como los actuales? El contexto de crisis económica, que se ha generado con la pandemia del COVID-19, ha afectado radicalmente a este sector por la cancelación de actividades colectivas y por los problemas económicos de la población que limitan sus posibilidades de invertir en actividades culturales. Este es un sector que está siendo y va a ser profundamente golpeado por la crisis, y con tiempos venideros realmente inciertos.

La sobrevivencia económica de las personas que se dedican al arte siempre ha sido un reto. Attali, por ejemplo, nos recuerda el caso de Mozart, un personaje fundamental en la historia de la música, pero que en su vida no estuvo cerca de tener estabilidad financiera:

“Nadie vivió más que Mozart la inseguridad del músico empresario, víctima de la despiadada censura económica a todo lo largo de su vida, uno de los primeros prisioneros del dinero abstracto, anónimo, del dinero vestido de negro. Pocos meses antes de su muerte, escribía aún: ‘En vez de pagar mis deudas, ¡sigo pidiendo dinero! […] A causa de mi enfermedad, no he podido ganar dinero. Pero debo añadir que a pesar de mi estado lastimoso, he decidido dar conciertos por suscripción en mi casa para poder hacer frente al menos a mis gastos cotidianos, porque estaba absolutamente convencido de tu ayuda amistosa. Pero hasta eso ha fallado. El destino está tan puesto contra mí —de hecho, únicamente en Viena— que ni siquiera cuando pongo todo de mi parte consigo ganar dinero’” (Attali, 1977, p. 106).

Hasta el día de hoy el escenario no ha cambiado de manera significativa, mucho menos en economías pequeñas como las centroamericanas, donde pocas personas pueden gastar dinero en asistir a una obra, comprar un cuadro, ir a un concierto o comprar libros.

En el actual contexto de crisis económica se habla de sectores que están siendo afectados como el turismo, las pequeñas empresas o los restaurantes. Pero poco se habla de los grupos de teatro que estaban a punto de estrenar una obra, de músicas y músicos que tenían conciertos programados en restaurantes, festivales y hoteles, de las editoriales independientes que publicaron nuevos libros recientemente, de cineastas que iban a proyectar en el Festival de Cine, de los teatros y cines alternativos que tuvieron que cerrar o de la labor de docencia que realizan todos y todas estas artistas para complementar sus ingresos, la cual no puede ser realizada de manera virtual fácilmente. Estas personas trabajadoras independientes vieron paralizadas sus economías y no se vislumbran medidas claras para ellas.

Históricamente, en el país no han existido políticas de protección para las personas trabajadoras de la cultura, ni seguros de desempleo, ni subsidios, y en esto el Estado costarricense ha fallado. En esta crisis tenemos la oportunidad de vencer esta deuda histórica y tomar medidas para apoyar la materialidad de la existencia de estas personas. Del arte se vive y son obreros del arte, por tanto, sus condiciones deben ser atendidas como con cualquier otro sector laboral.

Justamente, esta omisión del Estado sobre la condición de las personas trabajadoras del mundo del arte se debe a dos elementos: en primer lugar, a una limitación estatal y social para comprender el arte como trabajo remunerado y base de subsistencia de las personas que se dedican a él. Y, en segundo lugar, por acciones estatales que jerarquizan y priorizan unos empleos sobre otros, así como un modelo de productividad sobre otro. Desde estos parámetros solo algunos empleos merecen ser protegidos. Es decir, se remite a la urgencia de “rescatar” de la crisis a sectores productivos y laborales prioritarios, y el sector del arte nunca lo es. Se asumen sus productos como bienes de segundo orden, y se deja a la libre del mercado la existencia o no de estos emprendimientos. En esta priorización existen premisas violentas que generan precarización de dicha población laboral.

Irónicamente, a pesar de la dureza de las condiciones, este es uno de los sectores más solidarios en la crisis y que ha estado más presente en la cotidianidad de las clases medias que se han podido quedar en casa. Estos y estas artistas han puesto a disposición sus películas, han dado conciertos fines de semana, han leído cuentos en línea, han compartido sus montajes y espectáculos, han escrito canciones sobre la crisis y el encierro, y nos han sacado una sonrisa moviendo recuerdos y vivencias a partir de su trabajo.

Algunas grandes empresas quieren capitalizar los esfuerzos de las y los artistas para hacer crecer sus redes sociales empresariales. Les proponen hacer presentaciones virtuales desde las plataformas de sus empresas, sin ofrecer nada más; ofrecen visibilidad, como si esto diera de comer. Hacer estas propuestas es irrespetuoso, es seguir sin entender el arte, verlo como el show gratis o como mero espectáculo, sin aportar nada a la dura situación que el sector enfrenta.

Este grupo va a ser posiblemente uno de los que va a retomar labores con más dificultad, por la necesidad de colectividad en su trabajo, porque trabajan desde y con su cuerpo, y en este contexto el contacto corporal es visto como un peligro. Entonces, ¿cómo se hace danza o música sin tocarse entre sí? ¿Cómo se hacen los montajes manteniendo la distancia? ¿Y cómo se agrupa al público para un espectáculo? Si ya generar taquilla es un reto en estos países, ahora con un aforo de 50 % esto resulta imposible.

Aplaudir no basta, nunca ha bastado. Para ellos y ellas el arte es una forma de vida, no es algo recreativo que se hace en el tiempo libre, es parte de lo que son y de lo que hacen. Se necesita una institucionalidad que asuma y comprenda las particularidades del sector, que contemple acciones concretas e inmediatas en elementos básicos de su condición laboral. Es urgente una legislación específica para el sector, la cual contemple formas de cobertura específicas en temas como seguridad social, seguros, subsidios de desempleo, licencias de maternidad. Pero, además, en esta coyuntura es urgente elaborar estrategias para invertir y dinamizar el espacio de la cultura cuando podamos retomar los espacios públicos.

Como ciudadanos y ciudadanas que nos nutrimos de las expresiones culturales, debemos exigir estos apoyos para el sector y no dejarlo solo en este proceso, pues las expresiones culturales construyen ciudadanía y dinamizan el espacio social. La cultura no es gratis y es un deber del Estado invertir en ella, pues con estas acciones se está garantizando un derecho humano: el derecho a participar en la vida cultural y a gozar de las artes.

Fuente
Attali, J. (1977). Ruidos: Ensayo sobre la economía política de la música (1. ed. En español). Siglo Veintiuno Ed.

Mtr. Priscilla Carballo Villagra
Mtr. Priscilla Carballo Villagra, socióloga, profesora de la Maestría en Artes, UCR

Consideraciones para el Consejo de Rectoría Ampliado de la Universidad de Costa Rica

Escrito en 21/07/2020. Publicado en Derechos, Trabajo.

Juan Armando Navarro Martínez
Abogado – SINDEU

Hay tres consideraciones que no se les ha prestado atención, sobre lo que establece el Proyecto de Ley de Reducción de Jornadas en el Sector Público, Expediente Número 22.081 de la Asamblea Legislativa.

La primera puede ser blindarse en las acciones que la Universidad está realizando como: los respiradores no invasivos; el suero contra el COVID-19; los protectores faciales; repartir medicamentos de la CCSS a pacientes; participar en los operativos de tránsito; mantener el respaldo al sector productivo agropecuario en un momento donde la soberanía alimentaria importa más que antes; la participación indiscutible de profesores y estudiantes que están día a día en primera línea, trabajando en las instituciones que el artículo 2 del proyecto de ley tiene como excepciones; mantener la continuidad de los estudios de toda la población estudiantil en todo el país; redistribuir presupuestos internos y aportar de sus finanzas para la atención de la crisis; entre muchas otras acciones que se están realizando en la Universidad de Costa Rica para enfrentar la pandemia; estas, ya son razones suficientes para exigir que la Universidad de Costa Rica (y a las Universidades Públicas) integre la lista de excepciones de instituciones que están combatiendo la pandemia.

Esto tiene fundamento en los principios de realidad, equilibrio, razonabilidad, sana crítica, equidad, igualdad y no discriminación, entre otros; así como, la diferencia que se daría entre la aplicación de los artículos 128-139 de la Ley General de Administración Pública sobre la eficacia del acto administrativo y, por otro lado, lo que establece el artículo 6 de la misma ley, sobre la jerarquía de las normas. Lo cual quiere decir que, pese a la eventual existencia de un acto administrativo que contemple todos los contenidos de los artículos 128-139 citados, este acto nunca podrá irrespetar la jerarquía de las normas que, por considerable importancia, está en la parte general de ley.

Pese a lo expuesto, la segunda consideración debe generar una discusión mayor que lo antes mencionado, está en la aplicación que estable el artículo 1 del proyecto de ley. Este se refiere a que se aplica a las instituciones públicas comprendidas en el artículo 26 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, Ley número 2166, que con la aprobación del Plan Fiscal quedó, así redactado en el inciso 2): La Administración descentralizada: autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado y municipalidades. (Así adicionado por el artículo 3° del título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 del 3 de diciembre de 2018).

Por varias razones, eso excluye a la Universidad de Costa Rica de la aplicación. Lo primero es que el artículo 26 de la Ley citada, es parte del capítulo III ORDENAMIENTO DEL SISTEMA REMUNERATIVO Y DEL AUXILIO DE CESANTÍA PARA EL SECTOR PÚBLICO, únicamente; esto ya está siendo aplicado por el Rector mediante resolución R-73-2019.

El artículo 1 de la misma ley, refiere a la aplicación general de la ley: La presente ley se dicta para garantizar la eficiencia de la Administración Pública y constituirá el sistema oficial de retribución para todas las clases de puestos clasificados en el Manual Descriptivo de Puestos, conforme lo dispone el Capítulo X del Estatuto de Servicio Civil. Evidentemente, la Universidad de Costa Rica no tiene ninguna relación o responsabilidad administrativa con el Manual Descriptivo de Puestos ahí mencionado.

Además, es claro que existe en proceso Contencioso Administrativo que pretender dirimir la diferencia absurda entre incluir a las Universidades Públicas en un reglamento, cuando no se incluyó en la ley. Existe jurisprudencia de la Sala Constitucional que se cita en los votos 495-92 y 1313-93, en la cual se establece que, la autonomía de las Universidades Públicas es superior y diferente a la que se dispone en los artículos 188 y 190 de la misma Constitución, la cual es la que hace referencia a las Instituciones Autónomas. De manera que, en caso que una ley o jurisprudencia indique que se aplica a las instituciones autónomas, debe entenderse que no incluye a las Universidades Públicas, salvo que la norma lo haga bajo texto expreso.

Está de más decir que, esto es materia fundamental del primer mes en la carrera de derecho y en varios cursos del derecho, principalmente en el curso de Introducción al Derecho, cuando se ve la pirámide de Kelsen sobre la jerarquía normativa (del texto Teoría Pura del Derecho), en este sentido, no tengo duda que si se le pregunta a un estudiante de la Facultad de Derecho de esta Universidad, emitirá contundente respuesta diciendo que el reglamento tiene un rango inferior a la ley y no la puede equiparar o sustituir.

Entonces ¿por qué el Rector resuelve el pago de la cesantía como indica el título III del Plan Fiscal desde el 15 de marzo de 2019 y ahora dice La Nación del 10 de julio de 2020, sin que exista resolución institucional, que la Universidad pagará la anualidad del título III del Plan Fiscal y no lo que indica la Convención Colectiva de Trabajo? ¿Por qué aplicar el título III del Plan Fiscal en momentos diferentes?

La tercera consideración es la captura del jerarca. Es de suponer que, con la amenaza de miedo y control, el Gobierno está utilizando la pandemia como forma de infundir temor y control para que la clase trabajadora no se movilice, todo lo contrario, que se paralice, sea obediente y haga únicamente, lo que dice el Gobierno sobre como “enfrentar la pandemia”.

En el caso del Rector, debe estar amenazado por la PGR y la CGR que, si decide no aplicar el título III del Plan Fiscal de manera ilegítima, como le indican, que harán el informe correspondiente para enterar al Ministerio Público de la supuesta irregularidad del jerarca, situación que le podría significar eventualmente repercusiones penales por emitir resoluciones contrarias a la ley (prevaricato).

Pese a que los contenidos del Proyecto de Ley 22.081 son de todas formas ilegales, es posible que en el caso que exista algún intento de consolidar la aplicación del contenido del proyecto, en el momento en que sea ley, si es que ocurre, sea la claudicación del jerarca frente a las presiones, temor y control del Gobierno.

Sólo una observación de lo expuesto. La clase trabajadora no se ha dejado intimidar, sigue organizando la lucha, ha exigido respeto, se ha movilizado y continuará haciéndolo. El Consejo de Rectoría Ampliado debe ver en toda la Comunidad Universitaria la articulación de la lucha y la defensa de la Universidad de Costa Rica. Las personas trabajadoras están dispuestas a articular esa lucha frente a los ataques del Gobierno y demás, Poderes de la República. Lo mínimo esperable del Consejo de Rectoría Ampliado es determinar el rechazo al Proyecto de Ley 22.081 y resolver de inmediato la movilización de toda la Comunidad Universitaria para la defensa de la Educación Superior Pública y de Calidad.

No permitamos más robos al empleo público, de cualquier manera, que propongan las estructuras de poder, la eliminación de derechos laborales en razón de la pandemia, es un manifiesto ilegal, inconstitucional e inmoral.

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