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Etiqueta: COVID-19

Historia de un bloqueo

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

“La ignorancia mata a los pueblos, y es preciso matar a la ignorancia. Pueblo que se somete, perece”. José Martí

Trino Barrantes Araya*

La potencia imperialista norteamericana, inició oficialmente el Bloqueo contra Cuba, el 27 de agosto de 1959, es a partir de esa fecha en la que el gobierno norteamericano, establece, por primera vez, los mecanismos coercitivos contra la República de Cuba.

Así las cosas, 30 días después del triunfo de la Revolución Cubana, inicia el bloqueo a través de los mecanismos que históricamente se harán presentes en estas 6 largas décadas, de la Revolución Socialista Cubana.

Es claro que el pretexto para esta brutal medida, tiene su anclaje en la derrota contra la dictadura de Fulgencio Batista, La caída de este dictador, abrió, entonces, un abanico de hostilidades que se extiende ya, por cerca de sesenta y un años.

Desde el 27 de agosto de 1959, el bloqueo económico, ha estado presente por medio de una guerra mediática sostenida; como prácticas comerciales y políticas desleales, campañas de desinformación deshumanizadas, sabotajes, inoculación de enfermedades contra la agricultura y el pueblo, son parte del currículo vitae de las diferentes magistraturas de los gobiernos de Estados Unidos contra Cuba.

Pese a todo, los Estados Unidos de América-USA, no ha logrado detener el proceso socialista y los grandes avances culturales, educativos, científicos, en salud y económicos que ha alcanzado Cuba, por el contrario, como lo señala prístinamente, en uno de sus artículos, Manuel Yepe, cuando menciona lo siguiente:

“…la persistencia del bloqueo contra Cuba ha contribuido, al igual que su política de amenazas y agresiones abiertas y encubiertas, a la promoción de una política de unidad popular de los cubanos que ha servido para estimular el apoyo entusiasta de la población al proyecto político (Manuel Yepe, Septiembre 14 de 2017)”.

De manera muy sencilla, pero pese a todo esto, los Estados Unidos no ha logrado detener el proceso socialista y los grandes avances de la revolución social cubana.

De manera muy sencilla, la historia señala que EL BLOQUEO estadounidense contra Cuba, tiene como acuerdo inicial, eliminar la cuota azucarera negociada entre ambos países.

Pero seguidamente, las medidas económicas y políticas trascendieron y llegaron a constituirse en una política férrea e impositiva, que se pueden enumerar sucintamente de la siguiente manera:

1.- A inicios de la revolución, en 1959, la American Foreign Power (Electric Bond and Share) cancela un financiamiento por la suma de $15.000.000 (15 millones de dólares). Esto en respuesta a la medida revolucionaria de rebajar las tarifas eléctricas cerca de un 30%.

2.- El 17 de octubre de 1959, la Casa Blanca se opone al acuerdo militar suscrito entre Inglaterra y Cuba, el cuál invalida el suministro de aeronaves y repuestos.

3.- Un año después, en marzo de 1960, EE.UU. suspende la venta de helicópteros a Cuba y restringe el cabotaje de embarcaciones norteamericanas a puertos cubanos.

4.- Ese mismo año, en junio, las transnacionales del petróleo TEXACO, ESSO y SHELL suspenden el suministro de petróleo al proceso revolucionario.

5.- En 1960, a un año del triunfo, se afirma el recorte absoluto de la cuota azucarera fijada entre ambos gobiernos. Pero además se restringen las ventas de muchos productos de Estados Unidos hacia Cuba.

6.- El 14 de mayo de 1964, el cinismo y lo más obsceno de este bloqueo se va a manifestar mediante el cierre comercial de medicinas y alimentos para el gobierno cubano y su pueblo. Pero el macabro mapa de datos de este bloqueo va más allá, no solamente se expresa en esas medidas concretas que hemos indicado.

Recordemos que el Departamento de Estado, la Agencia Central de Inteligencia-CIA y el Pentágono inician un cerco violento para aislar a Cuba del ajedrez internacional; primeramente, en 1961, con la expulsión de Cuba de la OEA y posteriormente mediante la aplicación sostenida de las múltiples enmiendas.

“Solo en el quinquenio 1987-1991 en la administración estadounidense se presentan las siguientes enmiendas de ley dirigidas a estrechar cada vez más el cerco de la isla: Enmienda Pepper: limitar el acceso de los buques que arriban a cuba; Enmienda Mack: Prohibición a las firmas subsidiarias de compañías estadounidenses establecidas en terceros países, la realización de operaciones comerciales con Cuba; Enmienda Smith”.

Debemos aquí también apuntar, otras acciones directas como La Ley de Ajuste Cubano, que en lo concreto manifiesta que:

“La Ley de Ajuste Cubano fue creada por el Congreso de los Estados Unidos en 1966, para amparar legalmente a los supuestos refugiados políticos cubanos que llegaban. Como no existía (hasta 1980) una ley de asilo, no había un mecanismo legal que permitiera tramitarlo. El Congreso inventó la Ley de Ajuste con el propósito de facilitar la legalización de los cubanos que decían ser refugiados”.

La Ley de Ajuste Cubano, es complementada por las medidas que aprueba la Casa Blanca, incrementando en 10 millones de dólares su apoyo para darle sostenibilidad financiera a la migración ilícita de los cubanos y cubanas.

Vicky Huddleston, exjefa de la Sección de Intereses de los Estados Unidos en Cuba, en una clara posición coherente con la lógica imperialista manifestó en el New York Times, que la Ley de Ajuste se derogará, para poder, entre otras cosas:

“fomentar una migración segura y ordenada, además de salvar vidas /…/ Respecto a esa ley agrega la autora…Es una ley anacrónica. También es una ley dispareja, porque solamente les otorga residencia permanente a los cubanos. El resto de los indocumentados quedan fuera. Finalmente, es una ley que estimula la inmigración ilegal en los Estados Unidos”.

A partir del 2015, Barack Obama abrió, casi medio siglo después, las relaciones diplomáticas con Cuba. Pero este nuevo coqueteo –cuyos intereses y objetivos siguen siendo desconocidos-, no tuvieron mucha duración ni éxito y muy por el contrario, la nueva magistratura de Donald Trump, desde su discurso de campaña electoral anunció las fuertes medidas que aplicaría contra Cuba ante su eventual gobierno, las cuales adquieren luz propia en junio del año 2017.

Así entonces, la magistratura de Donald Trump, certificó la cancelación de la iniciativa Obama, volviéndose a restringir los viajes a Cuba e imposibilitar al gobierno del Comandante y Presidente Raúl Castro Ruz, sostener intercambios con el sistema de los bancos norteamericanos.

Obviamente estas nuevas medidas derivadas del BLOQUEO no se quedaron ahí. Entre otras regulaciones, las limitaciones para viajar a Cuba, sanciones a otros países por transportar pasajeros, prohibiciones en los mercados, restricciones y ataque directos a la agricultura cubana, forman parte de esta larga cadena de latrocinios imperialistas; justificadas y amparadas ahora en la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton y otras medidas más agresivas por parte del Gobierno de Estados Unidos, para recrudecer el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba.

Los pueblos latinoamericanos, conscientes de la hermandad y solidaridad, para con el pueblo y el gobierno de Cuba, debemos asumir la tarea de eliminar EL BLOQUEO miserable y mezquino que afecta a Cuba y que atenta contra la hermandad de los pueblos, como lo soñó Martí en su ensayo Nuestra América. Como costarricenses consientes y democráticos, estaremos dispuestos, al igual que el pueblo cubano en apoyar al gobierno dirigido por Díaz-Canel contra todas las acciones devenidas de la Administración Trump.

En el marco de la pandemia del COVID-19, hacemos público el reconocimiento de los profesionales de la salud del pueblo de Cuba y de su gobierno, ante el compromiso y solidaridad expresada a los diferentes pueblos del mundo afectados severamente por esta pandemia.

En este contexto, denunciamos la irracionalidad de Trump, quien agrega un nuevo elemento al Bloqueo contra Cuba, negando al pueblo norteamericano el “interferón” y el apoyo médico y humanitario del personal de la salud, que ofreció el gobierno de Cuba al pueblo de los Estados Unidos.

En esta fecha, cobra total vigencia el lema internacional “CUBA SOBERANA SÍ, BLOQUEO NO”. La aspiración de los pueblos progresistas del mundo, contra el bloqueo en cuba es una legítima reivindicación de hoy y para siempre.

* camilosantamaria775@gmail.com
San José-Costa Rica, 21 de abril de 2020

Imagen: http://www.escambray.cu/2019/onu-debate-hoy-el-proyecto-de-resolucion-de-cuba-contra-el-bloqueo/

Huelgas Inquilinarias y Sindicatos de Desocupados

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Derechos.

Vladimir de la Cruz

Las luchas sociales, las de los movimientos obreros y de trabajadores, tienen muchas formas de manifestarse y de realizarse. La historia universal, latinoamericana y costarricense es rica en estas experiencias de luchas.

Los movimientos sindicales, y sus luchas, surgieron especialmente en la segunda mitad del siglo XIX. Desde entonces existen y han contribuido, con sus luchas, movilizaciones y demandas, a desarrollar leyes sociales, leyes laborales, ampliar los conceptos de los Derechos Humanos, han contribuido a la gestación y desarrollo del Estado Social de Derecho y del Estado Social y Democrático de Derecho.

Carlos Marx, estudioso en esos años, del siglo XIX, del desarrollo del capitalismo, como un modo histórico de producción, en esa fase de nacimiento, de este régimen económico, social y político, pudo visualizar el carácter internacional de este sistema. Con ello señaló igualmente el carácter internacional de la clase capitalista, como una clase social aliada, en ese plano internacional, por las interrelaciones que establecían de producción, de comercio, de mercados, que establecía acuerdos para salvaguardar y acrecentar sus intereses económicos y políticos, y de explotación, y sobre explotación, de las clases trabajadoras.

Igualmente, valoró por ello, el papel que los trabajadores, de la clase obrera asalariada, tenía en ese proceso económico productivo, como factor generador de la riqueza social y de la acumulación de capital, a base de la explotación social que sufría organizadamente por las clases capitalistas. Y valoró a esta clase social en su papel estratégico en la lucha anticapitalista. No habían surgido las clases medias, ni el Estado y sus instituciones, ni el sector servicios, se habían desarrollado como lo hicieron en el siglo XX.

Esto lo llevó a visualizar el capitalismo como un sistema universal, igual su clase capitalista, en todas sus manifestaciones, como una clase universal que actuaba unitariamente y, por la misma razón, los trabajadores de todos los países eran a la vez una clase social universal, que se identificaba entre sí, como los capitalistas entre ellos, por la situación y posición que tenían en el proceso de la producción, por las relaciones sociales de producción que en los países capitalistas se daban, y por las condiciones de trabajo que los homogenizaba.

Así Calos Marx impulsó, en 1864, la Asociación Internacional de Trabajadores, como una gran organización internacional para agrupar a los distintos movimientos organizados de trabajadores, en sus sindicatos, sus Ligas de Obreros, y sus organizaciones políticas que se estaban desarrollando, en esa segunda mitad del siglo XIX, los Partidos Obreros Social Demócratas, los partidos Socialistas, y las organizaciones anarquistas, principalmente.

El objetivo de la Asociación Internacional de los Trabajadores fue la unidad internacional de sus luchas, la trasmisión internacional de sus experiencias de lucha y de organización.

La Asociación Internacional de Trabajadores, conocida como I Internacional, fue reprimida, sus dirigentes igualmente reprimidos y perseguidos por los distintos gobiernos europeos. Tuvo que trasladar su sede en varias ocasiones. Dio paso, todavía en vida de Carlos Marx, a la gestación de la II Internacional, que como organización llegó hasta la I Guerra Mundial.

La I Guerra la fragmentó a la clase trabajadora y sus organizaciones, por la posición que adquirieron los grupos obreros, en los diversos países, en torno al conflicto, donde no vieron las nuevas condiciones internacionales que se vivían a principios del siglo XX, y se pronunciaron unos a favor de participar en la guerra, y en apoyar a sus gobiernos, y otros en contra.

Si en época de Marx, y durante todo el siglo XIX se desarrolló el capitalismo, al finalizar el siglo XIX, desde 1890 hasta 1914, lo que estaba en desarrollo era su fase superior, la etapa del Imperialismo. Fue Vladimir Lenin, el gran líder del movimiento obrero y revolucionario ruso, el que señaló, estudió y puso en relieve esta nueva situación. Así analizó la I Guerra Mundial como una guerra inter imperialista donde se disputaban el control y dominación de áreas de materias primas estratégicas para los nuevos procesos industriales, regiones de mano de obra barata y mercados de colocación de productos caros, realizados con esta mano de obra barata y estas materias primas.

Los planteamientos de Lenin marcaron una orientación política correcta sobre lo que tenían que hacer las clases trabajadoras, oponerse a la guerra y tratar de acabar con los gobiernos que estaban en ese conflicto. Impulsó la organización política a nuevos niveles, constituyendo partidos políticos de nuevo tipo, entre ellos los comunistas, y le dio a la clase trabajadora organizada, derroteros claros para la toma del Poder, como objetivo fundamental de su lucha, lo que lo distinguió de otras corrientes políticas, que se consolaban con la representación parlamentaria y la elaboración de leyes, mientras Lenin proponía la instauración de un régimen socialista y comunista, especialmente al movimiento obrero ruso, desde 1903 hasta 1917, cuando logra triunfar, en Octubre de ese año, de acuerdo al viejo calendario Juliano, y en noviembre, de conformidad al Calendario Gregoriano, que estableció la Revolución Rusa, en febrero de 1918.

Con el triunfo comunista en Rusia, Lenin impulsó una nueva organización Internacional, la III Internacional, en 1919, con el propósito de unificar los intereses de los partidos comunistas, que la Internacional también impulsó y de los movimientos sindicales de ese momento, muchos de ellos desarrollados y dirigidos por partidos revolucionarios y comunistas. También existían organizaciones sindicales internacionales de otras corrientes políticas y religiosas.

La III Internacional llegó hasta principios de la década de 1940, cuando en el contexto de la II Guerra Mundial se disolvió, dando origen a nuevas organizaciones sindicales internacionales, con iguales propósitos, de trasmitir experiencias de lucha, de organización y de solidaridad.

En el contexto de la Guerra Fría se desarrollaron a niveles mundial, continentales y regionales organizaciones sindicales, de diversas orientaciones políticas, comunistas, socialistas, revolucionarias, socialdemócratas, socialcristianas etc.

La caída del Socialismo Mundial, la desintegración del sistema Mundial Socialista, debilitó, pero no hizo desaparecer estas organizaciones. Siguen existiendo en las condiciones histórico políticas surgidas a partir de 1991, de la globalización mundial, y de la organización capitalista internacional, en las nuevas condiciones desarrolladas desde esos años hasta hoy, con nuevos escenarios de luchas.

En su esencia los problemas de los trabajadores siguen siendo los mismos, los temas originales de lucha siguen vigentes, los salarios, los beneficios salariales, las pensiones, las jornadas de trabajo, las condiciones de seguridad e higiene ocupacional, las regulaciones de los trabajos de mujeres, menores de edad y de niños, hoy también la situación de los trabajadores migrantes, transfronterizos. A ellos se sumaron problemas sociales de los trabajadores, de sus condiciones de vida, de seguridad social, que se trataban de resolver desde las luchas obreras, que tradicionalmente han sido específicas de los centros de trabajo, fábricas, empresas públicas y privadas.

Las luchas sindicales, sus movilizaciones y su organización se dan, y siguen dando, en función de estos problemas. Hoy no están dirigidas por partidos políticos, como se hacía ampliamente antes de 1990, cuando estos partidos tenían bajo su control esas organizaciones sindicales.

Frente a una situación internacional como la pandemia del coronavirus, las organizaciones sindicales, especialmente europeas, están tratando de dar respuestas colectivas a la crisis, y situación de vida, que están sufriendo los trabajadores de cierre de empresas, cierre de actividades económicas, comerciales y de servicios, de desempleo, de reducción de jornadas, de teletrabajos y de regularlos, de reducción del trabajo empresarial, de asegurar que en estas condiciones no se rebajen salarios, que se den seguros de desempleo, de protección de los distintos sectores sociales de la población y que se estimulen las micros y pequeñas empresas, que se aseguren los fondos para estimular las distintas actividades económicas y productivas, que se atiendan políticas públicas que regulen los intereses en los pagos, que se establezcan moratorias en pagos de préstamos y alquileres, que los alquileres que se congelen en sus aumentos, que se congelen los precios de productos básicos, que se estimule la producción nacional y local etc.

En el siglo XX, a principios, en la década de 1920, en Panamá, se produjeron huelgas inquilinarias, de no pago de alquileres, bien organizadas, con bastante éxito, durante muchos meses, frente a una situación de crisis que condujo a una contracción de los salarios y los ingresos.

En Costa Rica no se han dado estas luchas, pero de agudizarse la situación económica social por el impacto y la prolongación de la paralización económica y de desempleo creciente en el país, y la falta de dinero por la cesación de trabajos, con la imposibilidad de que la gente tenga recursos económicos, si acaso más que para la comida básica, la huelga de pagos de alquileres puede ser inminente, posible y necesaria. La realidad dice que no se puede desahuciar, desalojar, a miles de personas y familias. Tal vez los tribunales tengan la capacidad para hacerlo pero el Estado ni la sociedad no la tienen para soportarlo, y los sectores ricos y acomodados del país tendrían una situación de inseguridad aguda de darse una situación como ésta.

El problema de los ingresos básicos, por subsidios, pagos de jornadas parciales, por bonos, por ayudas estatales y otras modalidades que puedan impulsarse frente a los desempleados existentes y crecientes, debe atenderse con urgencia, procurando asegurar la vivienda que se tenga y la canasta básica de alimentos para los afectados, de esta manera, por esta crisis.

A finales de la década de 1920 y hasta 1933 prácticamente, el impacto que provocó la Crisis Mundial de 1928-1929 que llegó en sus efectos, en Costa Rica, hasta 1934, con tres grandes huelgas, la bananera, las de trabajadores en Turrialba y otra en San José, generando, en esos años, casi un 13% de desempleo, que era desempleo real de familias completas, hizo surgir Sindicatos de Desempleados, que fueron muy importantes en las luchas sociales de esos días, y que igualmente contribuyeron a la gestación en 1931 del Partido Comunista de Costa Rica, siendo buena parte, esos desempleados, de su base social en esos primeros meses y años.

Como sindicatos de desempleados pasaban constantemente los trabajadores en manifestaciones de calle, con sus instrumentos de trabajo, machetes, palas, picos, principalmente, por el origen agrícola de esos trabajadores desempleados, provocando en una ocasión, mayo de 1933, un enfrentamiento con la policía con saldo de un muerto.

En esa época no había leyes, como hoy, que regularan los sindicatos. Por eso funcionaron los Sindicatos de Desempleados, como Sindicatos de la realidad que se vivía. La organización de los trabajadores puede encontrar formas para situaciones como estas hoy. Al menos las movilizaciones de desempleados sí pueden darse, es un derecho constitucional y ciudadano, una vez que se superen las restricciones, de reuniones públicas, impuestas por la pandemia, en caso de que su situación, la de los trabajadores se agudice, y tengan que movilizarse en busca de trabajo y protección institucional.

En España, en los últimos años del franquismo, las Comisiones Obreras, frente a la represión en las fábricas y centros de trabajo, para impedir la organización sindical, impulsaron con bastante éxito, la organización de los trabajadores de las fábricas en sus lugares de habitación, que generalmente eran alrededor de las fábricas y empresas. Con ello se lograba agitar dobles problemas, los de la fábrica y los de la barriada, que les eran comunes a los trabajadores. Así entraban a las fábricas desde el barrio, desde donde vivían los trabajadores.

A principios de la década de 1970, recién fundado el Partido Socialista Costarricense, intentamos, yo participé en ese esfuerzo, hacer algo parecido, que resultó sin éxito, porque aquí no había barrios obreros alrededor de fábricas, donde los trabajadores de esas fábricas vivieran a la par de ellas. Al contrario, trabajadores que vivían en Curridabat trabajaban en Pavas, o de Desamparados también se trasladaban a otras regiones largo de sus casas. No fue posible articular luchas en este sentido.

Los barrios de trabajadores, cercanos a parques industriales, no necesariamente tienen esta particularidad hoy. Los multifamiliares y condominios que se construyen cerca de las zonas francas, y parques industriales, no son para la clase obrera, que trabaja en esos amurallados centros empresariales, generalmente son para funcionarios medios, jóvenes profesionales, y cuadros calificados, sin ningún interés sindical, donde muchos se desempeñan en las áreas de servicios que se ofrecen desde allí.

El Partido Comunista, Vanguardia Popular, durante muchos años, prácticamente desde su fundación, pero especialmente en los años de la clandestinidad, en la década de 1950 hasta los 70s, desarrolló con bastante éxito las Juntas Progresistas, algunas muy poderosas por sus dirigentes, que gozaban de un buen apoyo vecinal, y por las luchas comunales que daban. Frente a ellas el Partido Liberación Nacional impulsó, con el apoyo del Estado y sus instituciones, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, creando las organizaciones vecinales alternas, copando esas luchas desde el Estado, y debilitando la influencia comunista en ese tipo de organizaciones y en las comunidades.

Frente a la situación que estamos viviendo urgen políticas nacionales, urge que en ellas se tomen en cuenta a todos los sectores políticos y sociales organizados, en procura de impulsar soluciones de común acuerdo, cediendo todos los sectores proporcionalmente en su capacidad de ingresos y su capacidad económica.

De la misma manera como a nivel internacional se abordan políticas de todos los países para enfrentar la pandemia de manera coordinada, a nivel nacional se debe actuar de manera similar.

Urge fortalecer a los pequeños y microempresarios. Esta es la clave. En su defensa y seguridad está la del resto de los trabajadores. Hay que atender el sector agrícola nacional, nuestra soberanía agrícola, y la seguridad alimentaria del país, sobre todo cuando alrededor de productos fundamentales la producción en el país anda alrededor del 50%. Las economías locales y los sectores productivos nacionales hoy son estratégicas.

En la defensa de la Gran Clase Media nacional, incluida la clase media empresarial, pequeños y micros empresarios y emprendedores, está la defensa de todos los trabajadores, de los sectores pobres y de los sectores en extrema pobreza. No es golpeándola en sus ingresos, salarios y pensiones, en la reducción o eliminación de su beneficios sociales y laborales. Es en asegurar sus ingresos de manera decente, decorosa y digna.

La situación de encadenamientos mundiales, que se ha puesto a prueba con la Pandemia, puede hacer que países como el nuestro, Costa Rica, se vuelvan más estratégicos para las grandes inversiones extranjeras, por la amplia calidad de estudios de nuestra población y de los jóvenes, por la cercanía geográfica y de las rutas de transporte aéreas y navieras, con los Estados Unidos que sigue siendo nuestro principal socio comercial. También está México y Canadá, y la misma región centroamericana que sigue teniendo un peso importante en nuestras exportaciones. Si de productos nacionales se trata, tenemos una canasta de exportación de casi 5.000 productos. Esto hay que fortalecerlo para el consumo interno y para fortalecer al productor nacional, y asegurar al consumidor nacional.

La pandemia ha demostrado la fortaleza y el papel estratégico de instituciones estatales, especialmente las vinculadas a la seguridad social y la salud pública. No es momento para debilitarlas. Es necesario fortalecerlas, ampliarlas en su proyección nacional hasta donde sea posible.

El Coronavirus llegó para quedarse como otros virus lo han hecho, y convivimos con ellos. Hay que prepararse para que un paro similar como el que se está viviendo no vuelva a ocurrir. Otros virus nuevos pueden aparecer de manera similar. Hay que estar preparados, y bien preparados. Lo que no debe ocurrir es que estemos desprevenidos para situaciones similares.

Enviado a SURCOS por el autor.

Colegio de Profesionales de Sociología ante el COVID-19

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

El Colegio de Profesionales de Sociología de Costa Rica pronunciamiento ante la pandemia del COVID-19
Junta Directiva, 24 de abril del 2020

El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica, ante la obligación que le confiere su Ley de creación de pronunciarse en asuntos de interés nacional e internacional, así como de emitir opinión y brindar asesoramiento a los Poderes del Estado, las organizaciones y las instituciones públicas y privadas, nos permitimos emitir nuestra posición sobre la emergencia nacional ante el Covid-19. Para ello dirigimos este pronunciamiento al señor Presidente de la República con copia a otras autoridades que están trabajando en la dirección y coordinación de políticas y acciones para su consideración, tales como el Consejo de Gobierno, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, la Comisión Nacional de Emergencias, la Defensoría de los Habitantes, los Rectores y consejos universitarios, las Escuelas de Sociología, la Federación de Colegios Universitarios de Costa Rica (FECOPROU), Sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Seguidamente enumeramos algunas consideraciones que desde las ciencias sociales y la sociología en particular, son criterios básicos a valorar en el proceso de diseño de medidas de emergencia y la toma de decisiones de política pública:

  1. En primer lugar, felicitar al Señor Presidente de la República, su Gabinete y autoridades de instituciones públicas por la rápida organización, aplicación de medidas de emergencia sanitaria, cambios y fortalecimiento en la organización interna de centros de salud, centros educativos y la atención de los sectores sociales con mayor riesgo y más afectados por las medidas adoptadas para detener la pandemia del COVID-19.
  2. La emergencia afecta a todos los sectores y actores sociales que requieren trabajar junto con el Gobierno de Costa Rica para direccionar el impacto que esta pandemia ha generado sobre la condición económica y social del país. Sabemos que la cuarentena sanitaria tiene efectos sobre las relaciones del trabajo y la distribución de los ingresos y de capital en los distintos sectores de la estructura social costarricense. Estos efectos impactarán en forma distinta a los diversos estratos socioeconómicos, donde algunos se verán beneficiados y otros muy amplios se verán perjudicados, dependiendo de la actividad económica, la posición socio laboral y la forma en que la legislación establezca la distribución de los beneficios y las personas beneficiarias, así como las fuentes de recursos, empréstitos y donaciones para afrontar la crisis.
  3. Desde la perspectiva sociológica es de fundamental importancia que el Gobierno escuche y tome decisiones considerando estas diferencias al otorgar beneficios y establecer medidas de políticas sociales, económicas y fiscales. Por una parte, la clase trabajadora tiene grandes diferencias entre sí, no solo por su condición ocupacional (ocupados, desempleados, buscan trabajo por primera vez), sino por sus calidades (nivel educativo, capacitación, experiencia laboral, dominio de otros idiomas, etc.), condiciones sociodemográficas (género, etnia, edad, nivel nutricional y de salud, territorialidad), cualidades (habilidades, valores, desempeño) y las remuneraciones salariales que percibe según su estrato sociocupacional (altos, medios, bajos) o su condición de vulnerabilidad, pobreza y exclusión social. Existen variables e indicadores que permiten sumar estas condiciones que ya existen en registros como el SINERUBE, el SICERE de la CCSS, el INEC y otras fuentes de Información públicas, pero que no son accesibles para la toma de decisiones en el ámbito municipal, empresarial o de las organizaciones sociales, lo cual incrementa el riesgo de filtraciones, exclusiones, duplicidades y trasposición de beneficios y personas beneficiarias.
  4. Por otra parte, en el proceso de toma de decisiones se requiere tomar en cuenta que también existen diferencias dentro del sector privado o empresarial. Entre ellas cabe considerar variables tales como el tamaño de las empresas (pequeñas, medianas y grandes), el volumen de trabajadores/as que emplean, la categoría ocupacional de empresarios/as (patronos, trabajadores independientes o familiares sin sueldo), la condición de ocupación o inactividad (ocupados, jubilados, rentistas u otros), la actividad principal a la cual se dedican (financiera, agrícola, industrial, tecnológica, comercial, turística, etc.), el tipo de empresa (formal, informal, zona franca, otro), el ámbito de su mercado (familiar, comunal, local, regional, nacional, internacional o transnacional), el volumen y uso de servicios públicos (electricidad, agua, carreteras, puertos, salud, seguridad financiera, etc. ), la figura jurídica (sociedad anónima, economía social, organización sin fines de lucro, con fines de lucro y otras), el nivel de ingresos y de bienes de capital (fines y valor agregado, composición, encadenamientos productivos, el capital “golondrina” y otros), origen/destino de productos (importaciones/exportaciones) y su aporte al desarrollo local y nacional (Responsabilidad Social Empresarial, pago transparente o no de impuestos, donaciones, etc.). El apoyo solidario del sector empresarial para salir de la crisis sanitaria y económica es fundamental, así como el apoyo de las alianzas estratégicas con la cooperación internacional, las cuales pueden marcar una ruta necesaria para la consolidación y fortalecimiento del Pacto Social entre el Estado, empresas y ciudadanía.
  5. Ante la urgencia de tomar medidas de política púbica dirigidas a proteger y compensar los sectores más vulnerables y afectados por la pandemia y el aislamiento, implica que todos los sectores deben asumir su responsabilidad. El Estado requiere identificar las principales características de los potenciales sectores beneficiarios por un lado y de los contribuyentes por el otro. El sector empresarial debe asumir su responsabilidad de actuar a derecho pero también de contribuir al desarrollo equitativo del país, eso les beneficia al ampliar los mercados, reinventarse y activar su productividad. Por su parte la población y empresas beneficiarias de estas políticas públicas, deben ser responsables para mejorar sus capacidades, innovar, trabajar duro y reaccionar con nuevas propuestas que aseguren el bienestar social y económico de todos y todas para cuando pase la crisis. Para ello se requiere del esfuerzo solidario tanto del Estado como del sector empresarial y el de los/as trabajadores/as teniendo como norte el bienestar social con equidad, racionalidad y solidaridad.
  6. En este proceso de la toma de decisiones de políticas públicas y el rediseño de programas y proyectos cabe recordar que además de nueva legislación se requiere aplicar el criterio técnico (sociológico, político, económico, tecnológico, gerencial, etc.) que prevea mecanismos de control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas no solo institucionales, sino también de cara a las empresas y a la ciudadanía, con su participación y apoyo, conforme al ordenamiento de nuestro Estado Social de Derecho. Así esperamos que las instituciones públicas, empresariales y las organizaciones de la sociedad civil juntas eviten que los recursos disponibles y el gran esfuerzo realizado en este tiempo de urgencias puedan dar pie a la desconfianza e incertidumbre o de paso al clientelismo político oportunista, las filtraciones, exclusiones y duplicidades en la identificación de personas beneficiarias y la asignación de los beneficios.
  7. Cabe señalar que el país dispone de muchos estudios e informes sobre el panorama social, económico, político y ambiental que explican la evolución y condiciones de vida de los y las costarricenses, desagregadas por regiones, territorios, sectores sociales, hogares, familias y personas. En las últimas décadas el país ha acumulado la experiencia profesional, académica e institucional en la elaboración de diagnósticos, diseño de programas y evaluaciones sobre efectos e impactos. Entre las principales fuentes de información con estadísticas recientes y periódicas se encuentra el Programa del Estado de la Nación, MIDEPLAN, el Banco Central, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), institutos de investigación económica y social de las universidades públicas y organizaciones de la sociedad civil. En todas ellas participa una amplia red de profesionales en las diversas especialidades, en su mayoría afiliados a órganos públicos no estatales como lo son los Colegios Profesionales, los cuales disponemos de la Federación de Colegios Universitarios de Costa Rica (FECOPROU) y las Asociaciones Internacionales de profesionales en las distintas disciplinas.
  8. El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica cuenta con casi mil profesionales afiliados/as que laboran en instituciones públicas y privadas, quienes realizan investigaciones, evaluaciones y acciones sustantivas dirigidas a contribuir en el desarrollo local, nacional e internacional. Una de las principales capacidades desarrolladas por los y las sociólogas es precisamente la realización de diagnósticos sociales, el diseño de los procesos de planificación, ejecución, control y evaluación de planes, programas y proyectos sociales que impactan en forma diferente a ciertos sectores, actores sociales y económicos.
  9. Las metodologías, herramientas y perspectivas sociológicas destacan diferencias sobre las causas, efectos e impactos que se generan de los programas y proyectos, así como si éstos cumplen con ciertos principios fundamentales tales como la equidad, justicia social, la honestidad, la legalidad y solidaridad social. Estos principios y enfoques como la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la Responsabilidad Social de la Administración Pública (RSAP), facilitará la empleabilidad estable y de calidad, reinversiones de capital, innovación tecnológica, calidad de resultados y el respeto a la legislación laboral y social, requeridos en estos momentos de crisis y las etapas posteriores.
  10. Los decretos emitidos y los proyectos de ley elaborados por el Poder Ejecutivo que requieren de su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, deben tener en cuenta la consulta a la opinión ciudadana y los diversos sectores de la economía y sociedad, así como prever los posibles efectos e impactos sociales que estas políticas públicas y programas especiales pueden generar sobre los diversos sectores sociales, económicos y grupos de personas según su condición social, laboral, vulnerabilidad y pobreza distribuidas en las regiones y territorios más afectados por la crisis.

Ante este panorama, el Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica considera relevante recomendar al Gobierno de la República que tome en cuenta las siguientes acciones:

  1. Fortalecer y dar peso al carácter social del accionar del Estado y su institucionalidad frente a los intereses puramente financieros y lucrativos que subordinan lo social y lo ambiental. Lo anterior bajo el principio de revitalizar el carácter del modelo de desarrollo costarricense basado en nuestro Estado Social de Derecho.
  2. Promover acciones para mejorar la gobernanza desde la Responsabilidad Social de la Administración Pública (RSAP). Poner en práctica los principios y valores como la transparencia en la gestión pública, la integralidad, la objetividad en el desempeño, la honestidad y el liderazgo a favor del interés público que afecta a la ciudadanía. De ahí la importancia de que la administración pública sea accesible, concertadora y evaluadora del trabajo tanto del político y como del funcionario/a. El liderazgo direcciona y facilita la coordinación en la gestión pública para concertar acuerdos entre los diferentes sectores sociales y empresariales para llevar a cabo el “Contrato Social”, más allá de planes y programas coyunturales, de sus intereses o circunstancias, tal como lo ameritan las medidas que se están tomando para evitar la expansión del Covid-19.
  3. Revertir las dinámicas de la desigualdad social y territorial, tanto en el accionar institucional como en la inversión pública en las etapas de atención antes, durante y después de la pandemia, con el fin de generar procesos de inclusión, ampliar las capacidades humanas y las oportunidades laborales y prevenir el riesgo de aumentar los patrones de violencia, en especial de género y étnicas. Lo anterior implica identificar los sectores de la sociedad y de la economía costarricense en los cuales recaerán las mayores cargas económicas durante la crisis. Urge identificar salidas viables y las formas generales de recuperación de la economía nacional y regional con políticas redistributivas y basadas en la justicia social con solidaridad.
  4. Aprovechar esta coyuntura para impulsar con más fuerza el trabajo digno y promover esquemas asociativos y de emprendimiento económico que potencien los territorios y las poblaciones, desde la eco-economía social solidaria. En este proceso es importante la transparencia en las acciones que se realizan y la rendición de cuentas periódicas a la ciudadanía, lo cual promueve la cohesión e integración social.
  5. La identificación y atención institucional pertinente a los sectores de la economía informal, principalmente a las personas trabajadoras que no cuentan con interlocución o tienen una débil organización, desocupados/as, personas en condición de calle, privados/as de libertad y otros/as. Generar medios de articulación con el voluntariado de la red formal y de hecho con el movimiento comunal, organizaciones sociales y ONG´s de las distintas localidades en todo el territorio nacional.
  6. Cultivar mayores niveles de conciencia y compromiso social activo y organizativo de las poblaciones, actores sociales y organizaciones sociales en todos los ámbitos que permitan ser protagonistas de sus espacios de vida, partiendo de estilos de vida saludable, la educación crítica, creadora y generadora de oportunidades, la articulación y encadenamientos económicos entre organizaciones y territorios. Esto implica partir de una visión que rompa patrones de consumo, convivencia y uso social de los recursos y servicios ecosistémicos, de mitigación y transformaciones para la superación del cambio climático, donde cada persona, familia, comunidad y las organizaciones asuman compromisos en sus ámbitos de responsabilidad. De tal modo, es recomendable fortalecer articulaciones territoriales y encadenamiento de activación económica y social en los territorios; no pretender que solo el Estado asume y provee las soluciones y recursos. Una sociedad que exige pero que también se involucra y compromete activamente, revitaliza nuestros liderazgos sociales y económicos.
  7. Potenciar y revitalizar el lugar y el peso de los pueblos indígenas en sus territorios, activando tanto sus modelos de acción, su cosmovisión y gestión como su protección ante las amenazas no solo sanitarias, sino económicas, sociales, ambientales, territoriales y culturales. Respetar la normativa nacional y los Convenios Internacionales que rigen nuestras etnias ancestrales.
  8. Consolidar prácticas de acción gubernamental basadas en la evidencia científica, destaca en especial el papel de la moderna ciencia social, que se basa en enfoques interdisciplinarios que atienden no solo las condiciones, factores y dinámicas sociales sino también previendo los posibles efectos e impactos sociales y ambientales. Así lo demuestran día a día en esta crisis los/as epidemiólogos/as trabajando junto a personal de salud, seguridad pública, emergencias, sociólogos/as, economistas, comunicadores/as y ambientalistas. Se requiere dar mayor peso y reconocimiento a las ciencias sociales, tanto en la comprensión como en el diseño y generación de rutas y soluciones alternativas, basadas en criterios propios de nuestras ciencias.

El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica llama la atención al Gobierno de la República sobre los peligros de tomar decisiones aceleradas sin los elementos de análisis sobre las fuentes de ingreso, el control del gasto y la redistribución efectiva de los recursos que se logren recaudar invertidas en las poblaciones objetivo y territorios en riesgo. En emergencias vividas en el pasado se cometieron muchos errores que posteriormente debieron ser ventilados en tribunales de justicia y querellas que generaron dudas sobre el adecuado uso de los recursos públicos. El criterio técnico y normativo debe ser respaldado con adecuados sistemas de información, bases de datos cruzadas entre entidades ejecutoras con los registros nacionales y sistemas de información de potenciales beneficiarios. Los sociólogos y sociólogas desde nuestro Colegio, nos ponemos a la orden del Gobierno en aquellas acciones ligadas a la crisis y acorde con nuestra especificidad profesional. Estamos comprometidos/as a aportar con nuestro conocimiento y experiencia, fundamentados/as en nuestros principios de integralidad, compromiso, solidaridad y respeto al ordenamiento jurídico y defensa del interés público en momentos de emergencia nacional y mundial.

Firma responsable: Dra. Carmen Camacho Rodríguez, Presidenta. Cédula 4-0110-0275

CC Arch.

Adjunto a oficio CPSCR-JD-004-2020 remitido al Presidente de la República el 24 de Abril, 2020

La clase política no le teme al pueblo

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Carlos Campos Rojas

Así sentenció la diputada guapileña Yorleny León, la decisión tomada en la Asamblea Legislativa, con el apoyo del gobierno, para imponerle al país un conjunto de leyes tendientes a favorecer a quienes tomaron la decisión, de acabar con lo que quedaba del estado de bienestar en este país.

La reunión que por primera vez tuvo la Junta Directiva de la CCSS con el Presidente Alvarado en lo que va de este gobierno, fue para anunciarles, a través del Ministro de Hacienda y acompañados del Presidente del Banco Central, que no hay dinero para salvar la Caja Costarricense del Seguro Social. Una acción muy coordinada, como todas las que ha hecho este gobierno. No hay casualidades.

El escándalo fue tal, que Carlos Alvarado tuvo que salir a desdecirse, a su mejor estilo, inmediatamente al día siguiente. De paso informó que crearía una comisión para resolver el mal entendido, ahora la Caja está en más peligro que antes, a pesar de las poses.

Para destruir este legado de Calderón Guardia, apoyado por Manuel Mora, Monseñor Sanabria y defendido con generosidad por José Figueres, muy a pesar de la oligarquía del 48, contaron con el apoyo de economistas y funcionarios que erosionaron poco a poco las finanzas de la Caja. Reducir en un 75% el aporte patronal, fue una estocada al corazón de la institución. Rendir cuentas sobre lo que aquí pasó, es una responsabilidad constitucional inmediata, que debe cumplirse como lo establece el Art. 11 y afrontar penalmente las responsabilidades.

En este país sobra el dinero, sino no se lo robarían. Que lo estén guardando para otros intereses es otra cosa, porque cuando se trata de rescatar de los problemas a la mafia política, no les ha temblado el pulso nunca, para arrebatarle inmoralmente a la ciudadanía sus recursos. Así se han perdido fondos de pensiones, el valor del ahorro y ni qué decir de los impuestos que evadieron o eludieron, para los que nunca hubo interés en vigilar.

Ahora resulta que de ninguna manera se puede hacer un crédito puente para rescatar la Caja, tampoco se puede repatriar parte de los recursos del Banco Central que tiene invertidos en el exterior; mucho menos tocar los abundantes recursos de SUTEL o que el sistema cooperativo haga un préstamo. Jamás poner un impuesto a la riqueza, como se atrevió el viejo Figueres para rescatar la hacienda pública, porque ya lo advirtió una de las cámaras: “nada de impuestos y menos impuestos solidarios”. Gobernantes de esos, ya no hay.

Siempre he reconocido en Oscar Arias su visión, al establecer como compensación social por el Ajuste Estructural, la puesta en marcha desde el CNP, del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI). Lastimosamente la corrupción y la impunidad torpedearon esa importante herramienta, pero sigue disponible y ahora se requiere para dotar desde la ciudadanía que va a quedar en la pobreza, parte importante de los suministros que la Caja requiere, así se reparte riqueza.

Roberto Artavia figura destacada del INCAE y ayudando al gobierno, ha advertido que no se puede pensar y actuar como se hacía antes de marzo, para enfrentar las secuelas del COVID 19. Hasta él reconoce que ahora la política debe humanizarse, porque debe restituirse la credibilidad institucional, pero cuidado si algunos van más por un botín, que sacar adelante este país.

Es el momento del diálogo, al estilo costarricense, de frente, entre todos, sin privilegios.

No se trata de reunir los amigos del gobierno y decir que ésos representan al país y que definirán el futuro de Costa Rica.

No, ninguno de esos me representa.

Hoy más que nunca, el diálogo debe ser sin exclusiones, sin miedo a los disensos, porque hay que construir consensos, para reconstruir el país y mantener la paz.

Carlos Campos Rojas
24 de abril de 2020
A cincuenta años de ALCOA.

COVID 19: La supervivencia de los pueblos indígenas está en riesgo

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Las Américas, 21 de abril de 2020. – Frente a la emergencia ocasionada por la propagación del COVID-19 en el continente americano, hacemos un llamado enérgico a los Estados de la región para adoptar medidas urgentes que respondan a las necesidades específicas de las comunidades indígenas para la prevención del contagio y la mitigación de las consecuencias que generan las diversas políticas públicas implementadas durante la pandemia.

En conformidad con las obligaciones internacionales, estas medidas deben ser culturalmente adecuadas y consultadas con las comunidades, además de garantizar la atención diferenciada de los pueblos transfronterizos y de las personas indígenas en espacios urbanos, rurales o en entornos naturales más aislados, así como de aquellos pueblos en aislamiento voluntario o contacto inicial.

La pandemia del COVID-19 está afectando negativamente a toda la población del hemisferio, obligando a los Estados de la región a tomar medidas extraordinarias para atender esta emergencia. Asimismo, esta crisis de salud ha evidenciado nuevamente que existen grupos de personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad, determinando una afectación exacerbada por esta pandemia. Tal es el caso de los 826 pueblos indígenas de las Américas, que agrupan a 45 millones de personas. Estos pueblos han tenido históricamente un acceso limitado a los servicios de salud, enfrentan obstáculos constantes para la práctica de medicinas tradicionales, sufren enfermedades crónicas en altas proporciones, y han sido afectados de manera devastadora por enfermedades derivadas del contacto con actores externos a sus comunidades, situación particularmente grave para los pueblos en aislamiento y contacto inicial.

La llegada de la pandemia a las comunidades y el grave impacto que puede tener en sus derechos no representa una urgencia futura. Ya se han reportado casos de contagios en distintos pueblos en la región, por lo que la respuesta debe ser profunda y urgente, para prevenir su exterminio físico y cultural.

En ese contexto, manifestamos nuestra preocupación ante el hecho de que la mayoría de los pueblos indígenas del hemisferio están excluidos de la formulación de las políticas que los afectan, así como de la implementación de las mismas. Esto es también la realidad en el marco de esta pandemia.

A lo largo del continente persisten condiciones de desigualdad, pobreza, exclusión, discriminación histórica y falta de consulta adecuada de los pueblos indígenas. Lo anterior, impacta e impide su acceso a bienes, servicios y derechos básicos que se vuelven de vida o muerte en el marco de la pandemia, tales como la alimentación, servicios de salud, agua y artículos de higiene. Estos factores, combinados con ciertas vulnerabilidades específicas que acompañan a algunos pueblos indígenas, tales como trastornos respiratorios y falta de defensas inmunológicas contra enfermedades relativamente comunes, se suman a los factores de riesgo ya constatados para el COVID 19 y convierten a esta pandemia en una amenaza grave a la supervivencia no sólo de las personas sino de los pueblos.

Por otra parte, en los territorios de los pueblos indígenas de la región continúan desarrollándose actividades petroleras, mineras, agronegocios, forestales, entre otras, que además de la afectación histórica a sus derechos, en esta ocasión se convierten en un factor de riesgo más, por el ingreso de personas ajenas a las comunidades. Lo anterior pese a la solicitud de moratoria o suspensión temporal realizada por varias organizaciones en la región por considerar estas actividades no esenciales. Este riesgo también está presente en aquellos sitios donde no se han impuesto restricciones a la circulación, y se mantiene el turismo y el tránsito continuo de personas.

Preocupación especial merece el hecho de que se ha documentado en ciertas zonas un aumento en la presencia y amenazas de grupos armados ilegales dentro y alrededor de los territorios de los pueblos indígenas, situación que incrementa además el riesgo de violaciones a los derechos humanos. Ello al igual que las medidas de cuarentena profundizan el aislamiento de algunas comunidades cuyos miembros necesitan salir para abastecerse de insumos básicos, alimentos y ayuda humanitaria.

Adicionalmente, los pueblos indígenas están excluidos de  información oficial adecuada y oportuna respecto de la pandemia. La falta de información mediada culturalmente y disponible en las lenguas originarias amenaza su supervivencia, y violenta su derecho a la no discriminación.

Por todo lo anterior, recordamos a los Estados que todas las medidas adoptadas deben garantizar, sin discriminación alguna, los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, con un respeto pleno de las realidades, cosmovisión, tradiciones y experiencias de cada pueblo. Estas medidas deberían ser articuladas entre las distintas instituciones del Estado de manera que garanticen el disfrute del más alto nivel de salud, física, mental y espiritual, así como el acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y sanitarios. De igual forma, es fundamental que se adopte de manera inmediata un enfoque diferencial que tome en cuenta la intersección de distintos factores (edad, sexo, género, capacidades diversas) que aumentan la vulnerabilidad de las personas pertenecientes a pueblos indígenas y a quienes dentro de ellos sean particularmente vulnerables a los impactos de la pandemia.

Hacemos un llamado a los Estados a coordinar de manera inmediata con los pueblos indígenas de la región cualquier medida que les involucre o que se implemente dentro de sus territorios. Para ello, los Estados deberán:

  • Incluir a los pueblos indígenas en la formulación de mecanismos y medidas para la implementación de respuestas a la pandemia COVID-19, a fin de adoptar medidas culturalmente adecuadas para cada pueblo. Deberán a su vez formular medidas específicas para personas indígenas en espacios urbanos, rurales o en entornos naturales más aislados, y aquellos pueblos en contacto inicial o aislamiento voluntario. Deberán, asimismo, generar procesos adecuados para los pueblos transfronterizos;
  • Garantizar que todas las acciones y medidas tomadas sean realizadas en completa coordinación con las autoridades de las comunidades indígenas, con irrestricto respeto a los derechos de consulta y consentimiento previo.
  • Generar información apropiada sobre la magnitud y los riesgos de la crisis sanitaria, los métodos de prevención y atención las medidas a implementar; etc, en línea con los entornos físicos, sociales y culturales de los pueblos de la región;
  • Implementar medidas que garanticen la seguridad alimentaria adecuada, el acceso en cantidades necesarias al agua potable y a los servicios de salud apropiados para las necesidades de los pueblos indígenas, incluyendo protocolos especiales de prevención del contagio en las mismas.
  • Asegurar que los pueblos cuenten con medios de comunicación suficientes para acceder a información y servicios de salud adecuados (por ejemplo, considerar la disponibilidad de sistemas de radio, teléfono satelital, conexión a internet, etc.);
  • Asegurar el transporte a los centros de salud, el acceso a medicamentos adecuados, la traducción en la atención para las personas indígenas afectadas por el coronavirus o enfermedades endémicas que lo precisen; así como condiciones seguras de cuarentena para las personas indígenas que retornen a su comunidad.
  • Garantizar que los territorios de los pueblos indígenas y sus alrededores se encuentren libres de amenazas por parte de actores legales e ilegales, limitando su ingreso al territorio y garantizando la integridad de los pobladores;
  • Suspender todo tipo de actividad económica o proyecto extractivo dentro y alrededor de los territorios de los pueblos indígenas que pueda ponerles en riesgo, con particular cuidado frente a la situación de los pueblos en contacto inicial o pueblos en aislamiento voluntario, absteniéndose a su vez de tomar cualquier medida regresiva en materia de consulta previa y de flexibilización de mecanismos de control y fiscalización ambiental;
  • Asegurar medidas de cuarentena y post cuarentena que garanticen el derecho a la educación y la salud de los niños-as y las comunidades;
  • Asignar de manera prioritaria recursos para garantizar todos los derechos de los pueblos indígenas y evitar la propagación del COVID-19 dentro de sus territorios con un respeto pleno de las realidades, cosmovisión, tradiciones y experiencias de cada pueblo; exhortando a los Estados a requerir el apoyo de sistemas de cooperación internacional, especialmente en la adquisición de pruebas para la realización de testeos masivos y permanentes que ayuden a comprender el avance de la pandemia y por ende a tomar y/o reforzar medidas idóneas de respuesta.
  • Asegurar que los ritos fúnebres y de pasaje se realicen en condiciones de seguridad y salud teniendo en cuenta consideraciones culturales de los diferentes pueblos;
  • Adoptar medidas generales y específicas de prevención de la pandemia y de mitigación de las consecuencias de ésta y de la cuarentena en las comunidades y pueblos, garantizando los derechos a la salud, el agua, la alimentación, la educación, la vida y la sobrevivencia como pueblos.
  • Generar acciones y políticas públicas que superen problemas crónicos de desprotección y afianzar la vigencia de los derechos humanos;
  • Priorizar las respuestas urgentes desde el reconocimiento de una situación de discriminación y exclusión histórica que requiere tanto medidas urgentes como paliativas para esta situación de emergencia, pero también medidas profundas y estructurales que puedan garantizar el goce pleno de derecho por parte de los pueblos indígenas de la región más allá de esta crisis particular.

Organizaciones Firmantes
Acción Ecológica
Alianza Territorial Mapuche
Amazon Frontlines
Asociación Interamericana par la Defensa del Ambiente (AIDA)
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Consultoría por los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (CNDDHH)
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
Proyecto Amigo
Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS)
Fórum Solidaridad Perú
Instituto del Bien Común (IBC)
Servicios en Comunicación Intercultural (SERVINDI)
Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe – Perú (CEAAL)
EarthRights International
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
Instituto de Defensa Legal (IDL)
Movimiento Amplio por la Diginidad y la Justicia (MADJ)
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras
Tierraviva

 

Imagen ilustrativa, UCR.

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Especialistas: urge flexibilizar normas ante nuevas migraciones en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos.

Especialistas de la academia, organizaciones internacionales, entidades no gubernamentales y representantes de migrantes, concluyeron que es imperante ajustar el marco normativo de las movilidades en Costa Rica para dar respuesta a los flujos de migraciones actuales, ya que tienen nuevas lógicas y características.

En el marco del Ideario Nacional del Bicentenario coordinado por la Universidad Nacional (UNA), el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo-UNA) impartió el taller virtual Migraciones y movilidad en Costa Rica: desafíos contemporáneos, el martes 14 de abril a las 9 a.m. por la plataforma zoom. En la actividad participaron 26 especialistas en movilidades en Costa Rica; entre ellos académicos de la UNA, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la Universidad de Costa Rica (UCR), y representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organismos de la Sociedad Civil, Organismos representantes de poblaciones migrantes y estudiantes avanzados de la UNA.

Jenyel Contreras, académica de la UCR, exaltó la importancia de reflexionar sobre los nuevos retos que implican las movilidades que atraviesan el país, pues es un fenómeno multifactorial que requiere atención desde todas las instituciones presentes en el taller virtual, más aún en la coyuntura actual.

El taller desarrolló el tema en 4 ejes. En primer lugar, se discutió sobre las políticas públicas actuales. En este apartado los especialistas coinciden con Guillermo Acuña, académico del Idespo, quien considera necesario precisar las nuevas características y realidades de los migrantes para poder atender sus necesidades desde las diversas instituciones y organizaciones que trabajan en el país.

También se abordó el eje de los imaginarios, donde se concluyó que se deben realizar grandes esfuerzos para mitigar la falta de información sobre las movilidades en la población en general, pues se desconocen las causas y las consecuencias de los migrantes.

Los especialistas discutieron sobre el abordaje de las contingencias y emergencias migratorias. Acuña especificó que es adecuado incorporar las dinámicas de las movilidades al ejercicio institucional, más allá de la atención histórica que se les ha proporcionado a los flujos migrantes que llegan al país, dado que vivimos dinámicas de movilidad distintas y en consecuencia se deben dar nuevas respuestas.

Para concluir, los participantes analizaron la necesidad de continuar estudiando este fenómeno y construir más conocimiento sobre este tema dado que las nuevas migraciones están vinculadas con dimensiones económicas, ambientales, políticas y en la actualidad a contingencias sanitarias como la del covid-19, por esta razón son muy complejas y requieren atención interinstitucional.

Para más información puede contactarse al 8814-7820 o al correo electrónico: guillermo.acuna.gonzalez@una.cr

 

Imagen ilustrativa.

Enviado por UNA Comunicación.

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Consecuencias ambientales del COVID-19

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Fernando Bermúdez, docente e investigador en la Sede del Caribe de la UCR expone acerca de las consecuencias ambientales del COVID-19. SURCOS le invita a escuchar y compartir esta explicación.

UNA… impresión solidaria

Escrito en . Publicado en Derechos.

La situación generada por la enfermedad covid-19 provoca que, a nivel mundial, los Gobiernos busquen insumos de protección para el personal de salud, y la disponibilidad se vuelve escasa. Ante esto, las universidades públicas unen sus recursos humanos y de tecnología, para solventar este faltante.

La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica (UCR), realizó una propuesta de proveer de protectores faciales a los hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), este es uno de los dispositivos de salud que más utilizan los médicos no sólo para atender a pacientes con covid-19, sino también en las cirugías u operaciones.

La demanda, generó que la misma Facultad hiciera un llamado a las universidades públicas que contaran con impresoras 3D para que se unieran a esta iniciativa. Es así como desde hace dos semanas la Escuela de Arte y Comunicación Visual de la Universidad Nacional (EACV-UNA), se unió al llamado de la Facultad de Ingeniería de la UCR, para colaborar con la impresión de piezas que luego son trasladadas a la Ciudad de la Investigación de la UCR, para para el ensamblaje de la pantalla de acrílico.

“Ellos enviaron un diseño de cuatro piezas, el compañero de bodega Dani Alfaro y el académico Alexis Bustamante, realizaron algunas pruebas y lograron la impresión de los modelos. Cada juego de estos tarda de 9 a 12 horas para impresión es un proceso lento. Solicitamos un presupuesto para la compra de más material, ya contamos con él y estamos trabajando para a corto plazo poder hacer efectiva la compra que tenemos proyectado nos cubra el trabajo de 8 semanas”, detalló Tatiana Rodríguez, directora de la EACV-UNA.

De acuerdo con Bustamante, gracias a la colaboración de los funcionarios de la Oficina de Correos, el miércoles anterior se hizo la primera entrega de este material con un total de 28 piezas. “En la Facultad de Ingeniería lo que hacen es colocarle la parte transparente, y lo distribuyen a los hospitales en un convenio previo que tienen con la CCSS”.

“Esta situación nos ha impulsado a realizar este trabajo colaborativo que hasta el momento ha sido exitoso. En un corto plazo esperamos concretar la idea que ya habíamos propuesto de contar con un Laboratorio de Tecnologías Digitales, precisamente para explorar este tipo de iniciativas y ponerlas al servicio no solo de nuestros estudiantes e instancias académicas, sino también del país”, concluyó la directora.

Para más información comuníquese al 8998-2182.

 

Enviado por UNA Comunicación.

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