El Ensamble de Percusión Costa Rica – UNED, desde la casa y con su música, llega a ustedes.
No importa la distancia: ¡esa es nuestra fortaleza!
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Para disfrutarlo:
Enviado a SURCOS por Martha Verónica Herrera Pérez – UNED
Desde diciembre anterior, el mundo se ha venido enfrentando al coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2), causante de la enfermedad covid-19. El primer caso identificado en Costa Rica se dio el 6 de marzo, y ya para el 8 de marzo se declaró alerta amarilla en el país. El 9 de marzo el Gobierno de la República ordenó el teletrabajo obligatorio en el sector público del país, y suspendió actividades masivas indefinidamente. Desde el primer caso detectado han transcurrido 6 semanas, donde el comportamiento de la población ha cambiado, motivado tanto por la precaución y el miedo ante el brote, así como por las medidas tomadas por el Gobierno y sector privado.
Sin duda alguna, la pandemia ha traído consecuencias en cuanto la actividad económica y social del país. La implementación masiva del teletrabajo, la suspensión presencial de los cursos lectivos escolares, colegiales y universitarios, las restricciones a la movilidad automotriz y al comercio han ocasionado una disminución en la cantidad de vehículos que transitan en las carreteras diariamente, así como en la producción industrial, provocando un impacto en la calidad del aire derivado de la reducción de las emisiones de contaminantes, principalmente en las zonas urbanas de la GAM.
Este fenómeno no es único en Costa Rica y se ha venido dando en grandes ciudades alrededor del mundo. Sin embargo, la relación entre el covid-19 y la calidad del aire, podría tener un trasfondo aún más complejo que se está empezando a estudiar. Recientemente la Escuela de Salud Pública de la Universidad Harvard, Estados Unidos, publicó un estudio sobre como la mayoría de las enfermedades preexistentes que aumentan el riesgo de muerte por covid19, son también ocasionadas por la exposición crónica a una mala calidad del aire. Lo que sugiere un aumento en la vulnerabilidad de las personas frente al COVID19.
La vigilancia de la calidad del aire en el Gran Área Metropolitana (GAM) del país se coordina a través de esfuerzos entre distintas instituciones como el Ministerio de Salud como ente rector del tema, la Refinadora Costarricense de Petróleo, la Municipalidad de San José, la Municipalidad de Belén, la Municipalidad de Escazú y la Universidad Nacional. Esta última, a través del Laboratorio de Análisis Ambiental de la Escuela de Ciencias Ambientales, brinda el soporte técnico en las mediciones ejecutadas, incluyendo el aseguramiento de la calidad de los datos.
Algunos de estos contaminantes se usan como indicadores de la calidad del aire y la mayoría de estos provienen del sector transporte. Entre los contaminantes más importantes que se monitorean en la GAM se encuentran:
En este comunicado se mostrará el comportamiento que han tenido estos dos contaminantes durante el inicio y actual período gradual de las restricciones, cada vez más estrictas. En este contexto, el Laboratorio de Análisis Ambiental de la UNA monitorea la calidad del aire a través de tres tipos de redes: activa-manual, automática y pasiva. La primera consta de 10 sitios de monitoreo de Partículas PM10, distribuidos en distintos puntos estratégicos dentro de la Gran Área Metropolitana. Para la determinación de material particulado se coloca un equipo provisto con un filtro especial sobre cual se recolectan las partículas en un periodo de aproximadamente 24 horas, proceso que se realiza al menos tres veces por semana durante todo el año. La segunda consta de 4 estaciones automáticas distribuidas en la GAM que proveen datos continuos. Finalmente, la red pasiva consiste en el uso de tubos especiales de captación de gases los cuáles se exponen durante aproximadamente un mes. Sólo en la ciudad de San José se cuentan con 28 puntos de muestreo, algunos de ellos con más de 10 años de monitoreo continuo, en Belén hay 11 puntos y en Escazú 16 puntos.
Este contaminante se monitorea de dos distintas formas, la primera es utilizando muestreo pasivo el cual genera promedios mensuales y nos permite estudiar la contaminación a largo plazo.
Para este análisis se seleccionaron tanto sitios de muestreo que tienen un alto tránsito vehicular, así como otros donde no es tan marcado, esto con el fin de estudiar la variación en la concentración de NO2 producto de las medidas de restricción vehicular implementadas hasta fecha. En la Figura 1 se hizo el contraste de las campañas marzo-abril de 20129 y 2020 para 9 ubicaciones.
Figura 1. Comparación de la concentración de dióxido de nitrógeno para la campaña de marzo-abril por año.
En este caso, se evidencia una disminución generalizada en los niveles de NO2 para la campaña de marzo-abril del 2020 con respecto al 2019. Los porcentajes de reducción varían entre 28% (MINSA) y 52% (Nunciatura, Sabana). Nótese que el punto cerca de CONARE no muestra una reducción importante, de hecho, este comportamiento se presenta en otros sitios que no presentan una influencia significativa de fuentes vehiculares.
En la Figura 2 se muestra la variación diaria (promedio de 24 horas) de NO2 entre el 14 marzo y 14 de abril del presente año, en la estación ubicada en Hatillo 2.
Figura 2. Promedios diarios de la concentración de dióxido de nitrógeno.
En la gráfica se observa claramente el impacto que han tenido las distintas medidas de restricción vehicular y de actividades económicas. Las primeras directrices dirigidas hacia el aislamiento social ocasionaron una disminución en las concentraciones de este contaminante, las cuales bajaron aún más cuando se empezó a ampliar la restricción vehicular. Sin embargo, cuando se anunció el endurecimiento de las restricciones para Semana Santa, se dio un rápido aumento en la concentración de este gas, este fenómeno se atribuyó a la reacción que tuvo la población de salir y abastecerse en comercios y supermercados, lo que generó un aumento en el flujo vehicular. Durante la Semana Santa se dio una disminución sostenida alcanzando los niveles más bajos en el periodo analizado. Posteriormente las concentraciones volvieron a aumentar lo cual coincidió con el relajamiento en las medidas de restricción vehicular y en comercios, sumado también a la necesidad de la población de reabastecerse, realizar trámites o simplemente salir de sus hogares.
Con esta información también se analizó el efecto de aplicar una restricción vehicular ampliada sobre la contaminación del aire, tal y como se observa en la figura 3.
Figura 3. Variación horaria de la concentración de dióxido de nitrógeno con y sin restricción vehicular ampliada.
Al comparar períodos donde no había restricción vehicular ampliada con otros en donde sí, es claro que una restricción más severa se traduce en una mayor disminución del dióxido de nitrógeno, principalmente hacia la tarde noche donde las multas y castigos por circular fuera de horario aumentan considerablemente.
Con el propósito de evaluar el impacto sobre este contaminante de las medidas adoptadas por el gobierno para disminuir la transmisión del COVID19, se seleccionaron dos sitios de muestreo manual de partículas tipo PM10. Se hizo una comparación de los niveles de concentración promedio diarios entre los meses de febrero, marzo y abril de 2019 y 2020.
En la figura 4 se muestra el comportamiento de la concentración de partículas en el sitio de muestreo ubicado en Heredia, en el edificio de la Rectoría de la Universidad Nacional, el cual tiene una alta influencia vehicular. Se puede notar que entre el 11 y el 26 de marzo del presente año, se registró una reducción en los niveles de partículas en el aire, pasando de un promedio de 18,7 µg/m3 para dicho periodo en el 2019, a 10,4 µg/m3 en el 2020, representando una reducción de un 44,2%, poniendo en evidencia el impacto de la restricción vehicular y el aislamiento social sobre la calidad del aire. También es importante mencionar que en este período se han alcanzado los niveles más bajos del año si lo comparamos con los valores que se vienen observando desde enero antes de la implementación de las restricciones.
Figura 4. Perfil de concentración de PM-10 en el sitio ubicado en Heredia, frente a la Universidad Nacional de Costa Rica para los meses de febrero, marzo y abril de 2019 y 2020.
El segundo sitio evaluado está ubicado en la Catedral Metropolitana de San José, un punto que sin duda es altamente representativo de las medidas adoptadas al encontrarse en el corazón de la ciudad de San José. En la Figura 5 se puede notar que en este sitio también se registró una reducción en la concentración de partículas entre el 04 y el 31 de marzo de 2020 con respecto al 2019. En este caso la concentración de partículas pasó de 17,5 µg/m3 en 2019 a 13,9 µg/m3 en 2020, traduciéndose en una reducción promedio de 20,2%. Al igual que en Heredia, también en este período se observaron las concentraciones más bajas y una disminución con respecto a lo que se venía observando desde inicios del 2020.
Figura 5. Perfil de concentración de PM-10 en el sitio ubicado en la Catedral de San José, para los meses de febrero, marzo y abril de 2019 y 2020.
Se debe aclarar que este comportamiento no se observó en todos los sitios, por ejemplo, el ubicado en la Universidad Técnica Nacional (UTN), en Villa Bonita de Alajuela, no se encontró una disminución importante durante el presente año. Es posible que este sitio no esté tan fuertemente influenciado por fuentes vehiculares y puede haber otro tipo de actividades aportando más a las concentraciones observadas. Otro factor relevante que determina este comportamiento es el meteorológico pues afecta la dispersión de los contaminantes en sus alrededores.
Para este contaminante, pero en una fracción más fina denominada PM2.5, se cuenta con monitoreo continuo en estaciones automáticas. En la Figura 6 se aprecia la variación de partículas finas en el presente año para la estación ubicada en el plantel de la Municipalidad de Desamparados.
Figura 6. Comportamiento de los niveles promedio diarios de PM2.5 durante el 2020 en la estación ubicada en Desamparados.
De la figura se puede apreciar que posterior al anuncio de la presencia del COVID19 y las primeras medidas de contención, se empezó a observar un descenso en las concentraciones de partículas finas. Sin embargo, al igual que en caso de NO2, se dio un súbito aumento de las restricciones previo a la Semana Santa. Posteriormente no se observó una disminución significativa durante Semana Santa, lo que indica que otro tipo de actividades generadoras de partículas pudieron aumentar en esa semana. Si es evidente que también se observó otro súbito aumento al regreso de Semana Santa con el relajamiento de las medidas de restricción.
La evidencia muestra que, en general, las restricciones parciales impuestas por el Gobierno han también reducido los niveles de contaminación del aire en varios sitios de la GAM.
Las medidas más restrictivas tomadas durante Semana Santa muestran una mayor disminución en las concentraciones de dióxido de nitrógeno y partículas tipo PM10, lo que se traduce en una mejora temporal de la calidad del aire.
Es claro que la respuesta de la población ante estas medidas puede generar reacciones adveras que disparan los niveles de estos contaminantes en momentos determinados. Lo que también se traduce en acciones que pudieran estar generando aglomeraciones parciales.
En cierta medida la cuarentena y sus restricciones mejoran la calidad del aire lo que a su vez disminuyen distintas afectaciones a la salud que podrían aumentar el riesgo de mortalidad ante una infección con COVID19.
Se debe mantener el monitoreo de la calidad del aire para caracterizar mejor estas tendencias al ser un fenómeno nuevo y muy particular.
El monitoreo es fundamental para evaluar indirectamente la efectividad de las medidas de restricción vehicular que se vayan a implementar.
Imagen ilustrativa tomada de https://news.un.org/
Enviado por Oficina de Comunicación, UNA.
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Vamos a celebrar
La misa del amor esta mañana.
Haremos una hostia, con masa de maíz, harina y esperanza.
En un filo de roca,
Sobre el vientre de un cerro,
Consagraremos la hostia de la vida
Y el vino del derecho.
Jorge Debravo.
Álvaro Vega Sánchez, sociólogo
La oligarquía empresarial y financiera ha sacado sus sables para blandirlos con fuerza contra los trabajadores del sector público. Realmente, sus desmanes resultan repugnantes y desenfrenados. Se ha envalentonado por su poder extralimitado, conferido por los gobiernos de turno.
Apelar a estas armas innobles, también, la delata en su debilidad ética para encarar situaciones adversas, que demandan, por parte de toda la ciudadanía costarricense, patriotismo, sensibilidad humana y solidaridad.
Es una oligarquía que se ha venido despatriando porque ha traicionado valores fundamentales de una patria solidaria y amiga. Ha endeudado al país porque no ha pagado debidamente los impuestos. Ha estafado a los bancos del Estado. Ha atacado con saña a los empleados y pensionados del sector público, exhibiéndolos como responsables de la crisis fiscal, de la que ella y sola ella es la principal y verdadera responsable. Y ahora, pretende dictarle medidas leoninas para enfrentar la pandemia del Covid-19.
Vive en otro mundo, y su ceguera es total. El poder extralimitado la ha segado al punto de pensar que puede eximirse de contribuir solidariamente, quizá porque sigue pensando que sus riquezas son el fruto de su esfuerzo y capacidad, desconociendo el aporte de sus trabajadores –la mayoría mal pagados– y el soporte que le brinda la institucionalidad social pública -esa que buscan desmantelar para privatizarla-, sin los cuales se moriría de hambre.
Este pueblo se está cansando de que lo trate como ignorante y pordiosero. Ya no puede seguirle mintiendo, declarando cero ganancias mientras acumula riquezas en paraísos fiscales. Y pretende que le crean el cuento de que los privilegiados son los empleados del sector público, que hoy se parten el alma por sacar adelante al país de esta pandemia, dando lo mejor de sí con generosidad solidaria, precisamente, lo que esta oligarquía no tiene.
Tales comportamientos, son producto de su ambición ilimitada de poder; aspira a tener todos los poderes. Y como hay poderes que no puede comprar, como el de los intelectuales dignos, entonces los ataca y desprestigia; como no tiene el poder de la humildad, entonces busca ganarse el favor de los pobres con las migajas que le tira de su mesa, es decir, los humilla; y como no tiene la delicadeza y la sabiduría de los maestros, entonces los persigue y los degrada.
Pero toda su vanidad se diluye como la neblina. ¡Vanidad de vanidades, todos es vanidad!, dice el sabio escritor del Eclesiastés, en tiempos muy parecidos a los nuestros donde la dinastía tolomea celebraba el auge tecnológico, comercial y cultural del imperio griego-macedonio. La palabra que se traduce como vanidad, en este texto, corresponde más propiamente a palabras más triviales como “cochinada”, “porquería” o “mierda” (Tamez, Elsa. Cuando los horizontes se cierran. pp.15-21). Y en su “vanidad”, esta oligarquía no perdurará. Como la pandemia del coronavirus, dejará muchas víctimas en el camino, pero las mayorías sobrevivirán.
¿Hacia dónde va Costa Rica? Hacia un Estado Social de Derecho del Siglo XXI, más fortalecido que nunca en su historia. Será la nueva gesta victoriosa de mujeres y hombres libres que, así como se sacudieron la bota filibustera en 1856, se sacudirán de esta oligarquía que ha pretendido doblegarlos, empobreciéndolos y ofreciéndoles falsas promesas de reactivación económica.
Todavía hay reservas suficientes de dignidad en este pueblo valeroso y solidario, que vencerá a ambas pandemias: la del coronavirus y la oligárquica.
Imagen: UNED
Asociación de Estudiantes de Sociología UCR
En el marco de la emergencia nacional, debido a la expansión del COVID-19 en nuestro país, la Universidad de Costa Rica emitió la directriz de recibir los cursos durante este semestre en la modalidad virtual. Desde la Asociación de Estudiantes de Sociología (AES) reconocemos que la desigualdad social y tecnológica afecta el desempeño de la población estudiantil en el desarrollo del semestre, por esto la AES ha diseñado el proyecto “Virtualización Solidaria” que busca apoyar a los y las estudiantes afectadas por la propagación de la pandemia en Costa Rica.
Gracias al trabajo de la comisión de Evaluación, Orientación y Matrícula de la Escuela de Sociología (mediante una encuesta) se logró obtener los datos del acceso a las herramientas tecnológicas para integrarse a la virtualización, por parte del estudiantado. Si bien los datos son limitados, por la forma en que se recopiló la información, sirve de guía tanto para la AES como para la Escuela en la elaboración de un plan de acción.
La Virtualización Solidaria consta de 2 pilares fundamentales:
1. La creación de un fondo solidario a través de la cuenta bancaria de nuestra tesorera Génesis Mora, con el propósito de reducir el impacto negativo de la virtualización en la población estudiantil de Sociología.
1.1. Este fondo solidario busca contribuir con la población estudiantil que requiera apoyo con alimentación debido a la situación actual del país.
1.2. El fondo solidario servirá de apoyo a las personas que no cuentan con acceso a Internet, por lo que se gestionaría para la instalación de Internet -de ser posible- en las zonas donde residen les estudiantes. Este apoyo se brindará mensualmente hasta que se levante la alerta sanitaria emitida por el Ministerio de Salud.
1.3. En el caso de las personas estudiantes que no cuenten con acceso a Internet por una situación geográfica, se les ofrecerá la opción de hospedaje solidario por lo que resta del semestre.
1.4. El Fondo Solidario cubrirá, asimismo, las recargas de las líneas prepago para que estudiantes que lo requieran, puedan realizar sus asignaciones académicas.
1.5 Los gastos por servicios de transporte (encomienda, mensajería o inclusive pases) también serían cubiertos por el Fondo Solidario.
2. Una campaña de recolección de aparatos inteligentes con la intención de facilitarlos a las personas que no tienen acceso a un dispositivo móvil, para que lleven a cabo sus asignaciones a lo largo del semestre.
Hospedaje Solidario
Quienes no cuenten con acceso a Internet por una situación geográfica, se les buscará un hospedaje solidario por lo que resta del semestre.
Para brindar hospedaje:
https://forms.gle/f8on6yk24DvjhDuH8
Recolección y Préstamo de Computadoras
A quienes no cuenten con un dispositivo móvil para realizar sus asignaciones académicas, se les buscará facilitar computadoras durante su semestre virtual.
Para donar o prestar una computadora:
https://forms.gle/bP4ym1NkGHLkSByk9
Invitamos a la comunidad estudiantil y al profesorado a solidarizarse con las personas que lo necesiten para que puedan llevar a cabo su semestre.
Evento en Facebook donde pueden unirse:
https://www.facebook.com/events/233336477872552
Facebook: Asociación Estudiantes Sociología UCR
Jenyel Contreras Guzmán, Socióloga,
Investigadora y evaluadora Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, COSTA RICA). Docente Universidad de Costa Rica (UCR)
Guillermo Acuña González, escritor, sociólogo.
Académico Instituto de Estudios Sociales en Población, Universidad Nacional
Repensarnos en la otredad nunca ha sido tarea fácil. Reconocer a la persona migrante como sujeto con derechos, aún en tiempos de pandemia, se vislumbra como el nuevo gran reto. En un momento de la historia en el cual es preciso reconsiderar los marcos de convivencia humana, el sujeto migrante, la persona que se moviliza, vuelve a ser portador de malas noticias, no por sí mismo, sino por los otros que lo increpan. Lo que genera su existencia no solo tiene que ver con la construcción de miedos, de desconocimientos, de rechazos sistemáticos. Se relaciona con la conformación global de estructuras de poder, la distribución de sentidos de otredad que marcan, delimitan, expulsan, excluyen. Este escenario está servido en Costa Rica.
Si existe una población doblemente vulnerabilizada en el actual contexto de emergencia sanitaria, esa es la población migrante. “A un país que no le importamos en vida tampoco parece que le importamos en la muerte”, sentencia Juan Carlos Ruíz[1], veterano y defensor de las personas migrantes en Nueva York, la ciudad de mayor afectación por coronavirus en Estados Unidos, en donde alrededor del 35% del total de personas fallecidas son de origen hispano.
Tales cifras se corresponden con los bajos ingresos, que les obliga a seguir trabajando pese a las medidas de confinamiento, el padecimiento de enfermedades crónicas subyacentes, vivir en el hacinamiento en viviendas multifamiliares, la falta de acceso al seguro médico y no buscar asistencia médica por temor a sufrir represalias como la deportación, que han continuado aún con la pandemia a cuestas. Esa misma ciudad que registra una muerte cada 2 minutos, ha sido abandonada a su suerte por los ricos que el virus no ha encontrado en sus casas, porque han salido sin rubor en aviones privados hacia sus multimillonarias residencias en Long Island a resguardarse de la letalidad y el confinamiento. Si hay un proceso que no se ha detenido ni con la pandemia, ha sido el de la reproducción global del poder, capitalista, eurocentrado, extractivo.
Entre el rigor y la dureza de tales cifras y el desdén de las élites estadounidenses, se asoma en aquel país tibiamente el fallecimiento de 5 personas de origen costarricense como producto de la pandemia. Para los efectos, representan una diáspora silenciosa y poco referenciada en las reflexiones sobre movilidades en el país, tan acostumbradas más bien a sentir resquemor y sospecha por aquellas personas que vienen de afuera, un afuera selectivo y siempre diferenciado. Un país que no discute sobre su diáspora, la niega, la invisibiliza y reproduce el mismo desinterés que las élites globales muestran por el resto de la población. Refleja para sí un orden colonial de pensamiento, una dinámica desigual de funcionamiento y de responsabilidad para con los suyos.
El Coronavirus desconoce fronteras, edad, género y estatus social, mas no las estructuras de exclusión, racialidad y desigualdad social que le han acogido, y que no permiten ignorar que no afecta a todas las personas y grupos por igual y que hemos organizado la sociedad no para la protección de quienes históricamente han sido vulnerabilizados, sino para el resguardo de los bien situados.
Nos encontramos ante un brote epidemiológico que esta vez no tuvo como epicentro el África Subsahariana ni la Latinoamérica subdesarrollada, un contagio global que no migró desde el sur global con gente en barcazas o en caravanas, un enemigo no tan invisible cuando las fronteras fueron cerradas. Una pandemia que ha dejado al descubierto el costo de no haber atendido oportunamente los problemas estructurales de sociedades acostumbradas a socializar las pérdidas y privatizar las ganancias.
Teniendo como conducta normal responsabilizar en los otros, los de afuera, los males que le aquejan, esta sociedad ya había tenido sus ensayos de construcción de discursos culpabilizantes en los extranjeros, en épocas recientes de epidemias no tan azotadoras ni devastadoras como la presente.
Hace tan solo seis años, cuando se produjo la crisis del ébola, el cuerpo sospechoso provenía de ese sur global devastado por la pobreza, el hambre y la miseria. Era un cuerpo enemigo, racializado, excluido. Teniendo como principio de conducción del virus, la movilidad de personas fue restringida, pese a la negativa de la Organización Mundial de la Salud de no limitar las movilidades humanas en aquel periodo. No tantos aviones fueron obligados a poner pie en tierra como ahora, pero las personas en contextos de movilidad fueron sacudidas por una percepción de portabilidad y enfermedad, solo por el hecho de moverse entre las fronteras internacionales.
Esa misma percepción, conviene recordarlo, se construyó como aguja hipodérmica del norte al sur, con consecuencias graves para las personas de contextos nacionales precarios, como el caso del áfrica subsahariana, de donde supuestamente provino el origen del virus. Con esta misma percepción, se incautaron los derechos de las personas en contextos de movilidad, como lo señaló en su momento Deysi Ventura: “el fantasma del extranjero que trae la enfermedad justifica medidas que restrigen las migraciones internacionales y fomenta violaciones a los derechos humanos”.[2]
Palabras previsoras de un mundo que seis años después continúa la tiranía en contra de las personas en procesos de movilidad, ahora con un claro carácter forzado alrededor del mundo. En el contexto de clausura que se experimenta, cualquier intento de movilidad a través de las fronteras trae consigo el germen de la construcción de la sospecha, el virus del estigma y el rechazo.
¡Que se vaya a morir a Nicaragua!
La narrativa antiinmigrante no ha sido heredada de los tiempos actuales de pandemia. En épocas recientes las imágenes han sido lacerantes: el horror de una niñez enjaulada y enjuicida como criminal por las cortes migratorias estadounidense, familias separadas y confinadas (ahora que el concepto de confinamiento ha supuesto novedad para quien lo experimenta en el marco de la coyuntura), la desesperación de las caravanas y corredores humanitarios centroamericanos de finales de 2018 y principios del 2019, cientos de cadáveres dispersos en el Mediterráneo, teniendo el agua como única promesa de tierra segura, las historias de drama para cientos de personas migrantes en la frontera entre Grecia y Turquía, sucedidas hace apenas unas semanas.
Nuevos muros se han construido en todo el mundo con ladrillos sólidos, alimentados por el miedo y el lenguaje de guerra. Una vez más hemos permitido que un problema estructural sea reducido a un conflicto de nacionalidad, a un sálvense quien pueda, a un nadie más cruce la frontera.
En Costa Rica los imaginarios de superioridad nacionalista son rastreables al siglo XIX. En su trabajo, Costarricense por dicha (2002, Editorial UCR), el historiador Iván Molina habla de la construcción de esta identidad nacional, blanqueada y vallecentrista.
Recientemente, no es posible obviar episodios de construcción de discurso nacionalista, salpicados de odio y rechazo al extranjero, pero no a cualquiera. Recordemos el caso del ataque y desamparo hacia Natividad Canda en 2005 y los discursos generados, la marcha xenofóbica en San José del 18 de agosto de 2018, la existencia de más de 30 páginas de redes sociales incitando al rechazo al extranjero, con cerca de 80.000 seguidores ese mismo año y el último acontecimiento, ocurrido en un lamentable domingo de resurrección lleno de discursos viscerales hacia una menor de edad, migrante y embarazada que cruzó la frontera en busca de asistencia médica al cierre de la Semana Santa.
Escudados en una protección higiénica del país, de sus fronteras, de sus familias, tales discursos traspasaron el filtro de la objetividad y se perdieron en una maraña de epítetos contra el cuerpo de esta niña, condensando en ella esa actitud anti nicaragüense que se enciende con cada coyuntura de toda naturaleza.
Este discurso no es solo xenofobia, porque también recrea otros elementos de la construcción de procesos históricos de diferenciación y desigualdad en el país. Mientras la protección de la dignidad humana continúe estando atravesada por la colonialidad del poder, se sostendrá la necropolítica, esa idea de que hay cuerpos que importan y cuerpos que pueden ser descartados. Así, la pandemia ha develado no solo los temores higienizantes al contagio, sino los miedos sociales siempre presentes en sociedades construidas al amparo de ideas hegemónicas sobre identidades y convivencias. Reiteramos: no solo se trata de xenofobias, que existen y son muchas. Son los resabios de estructuras de poder económico y social que hacen su trabajo en sociedades fracturadas en su tejido colectivo y social, como el caso costarricense.
También en el contexto internacional la crueldad no se detiene y ejemplos existen todos los días.
La consigna America first se constituye en el nuevo lema que ha permitido a la administración Trump expulsar a casi 10 mil personas migrantes desde el pasado 21 de marzo, en una nueva cruzada de odio antimigrante y racial. Este poder le ha permitido firmar un decreto para sancionar a los países que no “recojan” a sus deportados.
Por otra parte, la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México continuó en funcionamiento, tipificada bajo la categoría de actividad esencial y los trabajadores migrantes mexicanos que lo levantan, deben cruzar todos los días la frontera, ponerse bajo las órdenes de las autoridades sanitarias estadounidenses y mostrar con documentos que se dirigen a la obra fronteriza.
Mostrando el desdén colonial del norte global, hace unos días dos médicos franceses sugirieron en un programa de televisión que la vacuna contra el coronavirus podría ser probada en África. Distintos países europeos y la misma Casa Blanca hacen un llamado de solidaridad migrante para continuar con las “actividades esenciales” y recibir apoyo de profesionales extranjeros del área de la salud. Muchas actividades subterráneas y precarizadas continúan su funcionamiento en el mundo gracias a la actividad laboral de cientos de miles de personas trabajadoras migrantes. Incluido por supuesto el caso costarricense.
Detectamos y rechazamos
Un país que continuamente se reconoce en la ausencia de ejército, parece interesarle bastante poco reflexionar sobre los efectos de la utilización de lenguaje bélico para abordar situaciones de orden cotidiano. Los países de Centroamérica podrían darnos cuenta de los impactos devastadores de ello. Hace más de 30 años, el lingüista George Lakoff y el filósofo Mark Johnson explicaron el poder de las llamadas metáforas estructurales que impregnan la vida misma, no solamente en el lenguaje, sino también el pensamiento.
Pero ese discurso bélico ha estado presente en otras coyunturas recientes, como el caso desatado por la coyuntura de tensión con Nicaragua por el territorio de Isla Calero y los llamados a defender la soberanía nacional realizados en aquel momento[3].
En este marco, un imaginario de combate diario es reforzado en publicaciones de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), el Ministerio de Seguridad Pública y la Vicepresidencia de la Republica en sus cuentas de redes sociales: “detectamos y rechazamos extranjeros” “#FronterasSeguras” “control migratorio” “tolerancia cero”. A esto se ha unido, incidentalmente, un medio de comunicación, que haciendo gala de una extraña idea de neutralidad periodística, acompaña los sobrevuelos del Ministerio de Seguridad en zonas de frontera, mostrando la efectividad del barrido y los esfuerzos por proteger la soberanía sanitaria nacional.
Todos Idearios propios de los abordajes securiatarios de las migraciones, cuyo logro principal es el reforzamiento de las fronteras ante las amenazas externas. De ello da cuenta la política exterior estadounidense continuamente. Nos preguntamos si esta agenda institucional y mediática, no condensará finalmente otros temas como la aceleración de las reformas de empleo en el sector público o la inserción de los intereses empresariales en los actuales esquemas de gobernanza, solo por mencionar dos casos puntuales actualmente en transcurso.
Como sea, resultado de este escenario discursivo, se han producido dos reacciones de la sociedad costarricense: el impulso del humanismo y solidaridad que existe y se cuenta por decenas y por otro lado el discurso de la división, del rechazo visceral y la confrontación constante. Las personas que atizan el conflicto y la polarización, hacen un daño enorme, porque la convivencia es muy frágil y la estamos convirtiendo en una lucha de todos contra todos, con dificultad para el debate saludable, basado en argumentos y premisas de conocimiento sobre las causas y las consecuencias de las movilidades humanas en los actuales contextos.
Abundan los mensajes efervescentes, las noticias falsas, la información no verificada (como por ejemplo el video circulado de un supuesto cementerio de cuerpos nicaragüenses, que finalmente fue ubicado en Ecuador), los Dunning-Kruger de las migraciones, y los grupos supremacistas, que los hay en el país, clamando por una defensa armada y el resguardo de las fronteras. Paradójicamente, esos mismos grupos guardaron silencio cuando las grandes empresas evasoras eludieron su responsabilidad con las instituciones que se han encargado de proteger desde la salud pública en el marco de la pandemia y que han sido debilitadas durante décadas por políticas de racionalización económica y el concurso de empresas de capital extranjero y transnacional. Ahí está el detalle: al descubierto se refleja que el problema no son los extranjeros, siempre y cuando no sean pobres y provenientes del sur global.
Ya en 1947 Albert Camus nos recordaba que las peores epidemias no son biológicas, sino morales, y que es en las situaciones de crisis que sale a la luz lo peor o mejor de la sociedad. Las grandes crisis no solo apelan a la ética cívica y a la responsabilidad individual y colectiva. Sirven también para discernir lo trascendental de lo accesorio, lo esencial de lo superficial. Será nuestra tarea apostar por la solidaridad intersubjetiva, para construir sociedades más inclusivas cuando la emergencia sanitaria haya terminado.
[1] En entrevista para La Jornada, 11 de abril de 2020.
[2] Deysi Ventura, 2016. El impacto de las crisis sanitarias internacionales en los derechos de los migrantes. SUR 23 – v.13 n.23 • 61 – 75
[3] Un abordaje analítico sobre este acontecimiento puede ser consultado en el texto del académico Esteban Aguilar denominado Proyecto Calero: una historia de militarización y xenofobia. (Praxis, Revista de Filosofía, N 71. Junio-Diciembre 2013)
Comunicado de FRENASS:
Este jueves 16 de abril del 2020, la Junta Directiva de la Caja, en sesión ordinaria conoció la nota que suscribimos 7.805 firmas ciudadanas de todo el país. Donde les solicitamos a las personas miembros de la Junta Directiva rechazar la propuesta de modificación de la política de la C.C.S.S. para la provisión de servicios de salud por medio de proveedores externos (terceros), la derogatoria del artículo 38 del Reglamento a la Ley 7852 y la no aprobación de un nuevo reglamento para la contratación de servicios médicos especializados por medio de terceros, porque promovería la privatización de los servicios de salud de la C.C.S.S.
La Junta Directiva trasladó nuestra solicitud a la Gerencia de Logística. No obstante, lo que más nos satisface es que también acordó que el asunto del Reglamento se verá cuando se considere oportuno, es decir, este tema queda pendiente para su discusión.
Nuestras manifestaciones y nuestra oposición a la privatización de la C.C.S.S., han obtenido sus frutos. Entre todos y todas hemos logrado un primer triunfo, hemos detenido momentáneamente una agresión mortal a la seguridad social y a la paz de nuestro pueblo. Sabíamos de la premura de algunas autoridades de la C.C.S.S. por querer modificar la normativa señalada y de los intereses privados y particulares que la impulsaban; por eso, celebramos con júbilo la decisión sensata de la Junta Directiva, pero que esto no nos engañe y no nos induzca a bajar la guardia ni a pensar que la lucha por la defensa de la Caja ha terminado. Por el contrario, hoy más que nunca, nuestra seguridad social corre peligro y debemos estar muy alertas para que no se contagie del virus de la privatización.
Este peligro existe desde el año 1998, cuando el expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, nos anunciaba la “conveniencia de la privatización”; en el 2017, la OCDE señala que “en materia de gobernanza: no existe un mandato claro para la institución que se encarga de la cobertura de atención de la salud y de proveer los servicios de salud” y sugiere entre otras cosas, permite a los pacientes la elección de sus proveedores, incluidos los del sector privado (pagados con fondos públicos).
Hoy, cuando estamos viviendo la crisis más severa de salud a nivel mundial de las últimas décadas por el COVID-19, es cuando el sector público laboral de la Caja se constituye en un baluarte esencial en la detección, el tratamiento y la no propagación del contagio de este letal virus. El Gobierno y la mayoría de la Junta Directiva de la C.C.S.S. redujeron el 75% de la base mínima contributiva vigente en el seguro de salud y en el de las pensiones, lo que reducirá en miles de millones de colones el presupuesto de la Caja, con el agravante de que el Gobierno de Carlos Alvarado no haya dado señales de querer cumplir con las obligaciones y las deudas pendientes con la Caja.
Por eso, no podemos olvidar que se sigue impulsando una agenda neoliberal contra la seguridad social que promueve su privatización. Hoy, más que nunca, debemos estar alertas y seguir en la lucha por la defensa de nuestra seguridad social y la paz social.
¡La C.C.S.S. es de nuestro pueblo y por eso entre todos y todas debemos defenderla, fortalecerla y hacerla crecer!
Frente Nacional por la Seguridad Social -FRENASS-
El Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) buscarán una alternativa para no depender por completo de donadores humanos, recuperados de la enfermedad del COVID-19, para obtener anticuerpos y producir un medicamento contra la enfermedad.
¿El motivo? La donación de 35 millones de colones dada por el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit) a la UCR, el cual permitirá comprar varias proteínas del virus SARS-CoV-2.
Varias proteínas virales se usarán para inmunizar a seis caballos donados a la UCR y así obtener los anticuerpos equinos. Esta labor se hará sin dejar de lado el procesamiento del plasma de donadores humanos, quienes superaron exitosamente la infección por COVID-19.
El método consiste en lo siguiente: algunas de las proteínas del nuevo coronavirus se inyectan repetidamente al caballo y, en tres meses, el animal habrá producido una buena cantidad de anticuerpos con capacidad de neutralizar el virus.
Posteriormente, los científicos extraen la sangre y separan las células sanguíneas de su parte líquida, llamada plasma sanguíneo, el cual contiene los anticuepos.
Luego, los anticuerpos equinos anti-SARS-COV-2 se purifican y, por último, se usan para preparar el medicamento que es un líquido inyectable colocado en un frasco de vidrio o vial.
“Justamente, aprovechando la experiencia del ICP-UCR, se propone una tercera línea de acción para el país que permita obtener anticuerpos neutralizantes equinos, y así no depender de donadores humanos de plasma. Este esfuerzo tan esperanzador, de las manos del Dr. Guillermo León, del Dr. Alberto Alape y de su grupo de investigadores, podría poner en un lapso de tres meses alrededor de 600 dosis de inmunoglobulinas neutralizantes equinas”, agregó la Dra. Giselle Tamayo Castillo, quien preside el Conicit.
Vea de manera gráfica el proceso
De acuerdo con el Dr. Alberto Alape Girón, director del ICP-UCR, mediante la inmunización de caballos se podría aumentar considerablemente la cantidad de medicamento disponible y obtener mayores ventajas si se compara con los donadores humanos.
Por ejemplo, para obtener un máximo de 50 viales contra el COVID-19, se requiere que 25 personas donen, aproximadamente, un litro de plasma cada una en diferentes momentos de extracción. Para que el fármaco logre funcionar, necesita que cada frasco o vial tenga un mínimo de 50 ml de solución de inmunoglobulinas humanas. Una cantidad muy diferente si se obtienen esos mismos anticuerpos de un caballo.
“De un solo caballo se pueden extraer 100 viales de 10 ml cada uno, con un mejor rendimiento en cuanto a su potencia neutralizante, en comparación con el producto que se genera a partir del plasma humano. Lo que se planea hacer es generar dos combinaciones distintas, de las proteínas del SARS-COV-2, para inmunizar a los caballos y luego analizar cuál de las dos estrategias permite obtener anticuerpos con una mejor potencia para neutralizar la efectividad del virus”, explicó el Dr. Alape.
En el comunicado de prensa emitido por el Conicit, la Dra. Tamayo comentó que la FDA emitió recientemente una invitación para evaluar el uso de plasma y de inmunoglobulinas purificadas para el tratamiento de enfermos de COVID-19. Según la información proporcionada por el Conicit, los reportes que llegan de China son altamente esperanzadores, a pesar de que la prueba clínica involucró grupos pequeños.
Otro país con resultados alentadores ha sido Corea del Sur. El 7 de abril del 2020, el Hospital Severance informó que dos pacientes críticos se recuperaron completamente de la infección por COVID-19, después de recibir una terapia de plasma convaleciente. Dicho hospital incluso publicó un artículo científico que se puede consultar aquí: https://jkms.org/DOIx.php?id=10.3346/jkms.2020.35.e149
“El papel del ICP-UCR sería simplemente procesar el plasma, tanto de pacientes recuperados del COVID-19 que logre ser recolectado por los Bancos de Sangre de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como del plasma que vayamos a obtener de los caballos. El medicamento será enviado a la CCSS como una formulación inyectable de inmunogobulinas purificadas y concentradas. El resultado que se busca es una mejora en el pronóstico de los pacientes que lleguen a requerir internamiento. Ese resultado será evaluado por personal de salud calificado de la CCSS”, informó Guillermo León Montero, coordinador de la División Industrial del ICP-UCR.
La donación fue anunciada por el Conicit el jueves 16 de marzo y se proyecta que la compra se dé en las próximas semanas.
Jenniffer Jiménez Córdoba
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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Carlos Campos Rojas
Son momentos de incuestionable unión y de esfuerzos conjuntos. De la mano, así tenemos que salir de este desafío que nos impuso el Covid 19.
Es inaceptable que la mafia política se aproveche de la situación, para enriquecerse más.
Hemos recuperado la solidaridad que habíamos perdido por los desvaríos de una sociedad de consumo, que consideraba moral y correcto, pisotear al “otro”, para lograr sus privilegios y su estatus.
La economía globalizada tenía su soporte en el consumo irracional, irresponsable e inescrupuloso. Se consideraba el consumismo como el centro del desarrollo y la forma de demostrar la integración a las nuevas tendencias posmodernistas de hacer política y establecer modelos de gobernanza, que profundizaban la dominación a la que habíamos estado sometidos.
Este gobierno sabía al asumir su mandato, que se enfrentaba en su trabajo a un terrible legado de las administraciones que, después del gobierno de Rodrigo Carazo, tuvieron como norte destruir nuestro estado de bienestar por uno presuntamente más moderno, más acorde a la privatización y a la negación del ejercicio de los derechos políticos de la persona ciudadana. Entregaron nuestra riqueza, como si fueran bienes de difunto a banqueros privados, alquiladores de edificios, prestatarios de servicios, etc., que aparecieron sin percatarnos, para hacerse del botín, como una gollería.
Pasamos a ser el país más desigual de América, porque la riqueza se concentró en muy pocas manos. Se imponía que era más importante el bienestar del individuo, aunque fuera pisoteando la espalda de los demás.
Así, entre las múltiples herencias aportadas por esa vieja mafia política que asumió el mando en la oscuridad, está la Concesión de la Ruta 27. Uno de los contratos más leoninos a los que nos ha condenado un gobierno.
Oscar Arias, lleno de malinchismo y sin ningún amor por nuestra patria –entre muchos de sus actos-, nos encadenó a enriquecer una empresa extranjera, a través de una concesión que demostró que el artilugio legal, servía para legitimar el saqueo de la riqueza que nos ha pertenecido.
La Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos Nº 7762, aprobada el 22 de mayo de 1998, fue el instrumento para que una legalidad viciada, finalizara un proceso de años de irresponsabilidad estatal. En el mejor de los casos tuvimos que pagar $3 millones por comisiones al BID, por créditos que no se usaron y así se puso al desnudo la cultura de corrupción y de impunidad que se consolidaba.
Hoy todos debemos ser solidarios, la ciudadanía saca para ayudar al prójimo, incluso de donde no tiene y estamos dispuestos a correr al llamado del gobierno. Los ticos, somos solidarios porque no han podido arrebatarnos todas nuestras raíces, eso nos tiene con esperanza de salir adelante en estos momentos difíciles.
Resulta que ese leonino convenio de la Ruta 27 y las posteriores Adendas, dejaron establecida la obligación del gobierno –o sea el pueblo costarricense- de pagarle a la empresa Concesionaria Autopistas del Sol (c.c. Globalvía Ruta 27), los ingresos que la empresa no obtuviera, si por los peajes no pasan, los vehículos suficientes para cubrir los costos y obtener las ganancias que –en el gobierno de Arias- se le prometieron a la empresa extranjera, calculados con el Índice de Precios al Consumidor Urbano de los Estados Unidos (CPI-U).
La Ruta 27 está desierta porque en estos momentos todos debemos estar en casa. Es la orden gubernamental para no ser castigados por el Covid 19 y ésa debe ser la responsabilidad ciudadana.
Debemos saber de manera transparente, si para cumplirle a la Concesionaria, hay que arrebatarle en esta emergencia a las personas desempleadas y en alta vulnerabilidad social, la plata para comprar alimentos, que, con mucho esfuerzo, hemos aportado con nuestros impuestos para ellos.
Aunque el contrato tiene una cláusula de Caso Fortuito, está más relacionada con los aspectos de construcción de la carretera y referidos desde luego a eximir a la empresa de cualquier responsabilidad.
Que sepa el gobierno que en estos momentos la probidad y la transparencia son la prioridad del país. Que cuenta con la ciudadanía como respaldo, ante los desafueros y la ignominia que una mafia política organizó, con una legalidad espuria.
La Concesionaria Autopistas del Sol ha estado en silencio, todavía no sabemos cuándo se dará por satisfecha y nos devolverá lo que nos pertenece. Para defenderla sobran los corsarios del derecho y la justicia.
Ya algunas empresas han manifestado que demostrarán en estos momentos, su solidaridad y responsabilidad social con el país.
La solidaridad debe ser de todos los que convivimos en esta patria, la ciudadanía ya ha puesto su parte.
Ahora le toca demostrarlo, sobre todo, a ese tipo de empresas que se enriquecen con lo que nos pertenece.
La Central de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), entregó a las autoridades, en nombre de miles de trabajadores y de sus familias costarricenses, pero también pensando en las micro y pequeñas empresas (MIPYMES); un documento solicitando aliviar la pesada situación financiera que viven los y las trabajadoras, pues si las deudas de los núcleos familiares y las MIPYMES crecen de manera desmedida, perderán por completo la capacidad de pago.
Compartimos la nota.
15 de abril del 2020
Nota sobre documento CTRN N° 083-2020
El documento fue enviado de parte de la Confederación de Trabajadores RERUM NOVARUM CTRN, dicho documento fue firmado por Lenin Hernández Navas, Presidente CTRN y por Juan Carlos Durán Castro, Secretario de Seguridad Socia CTRN, este se dirige a Diputados y Diputadas Jefes y Jefas de Fracción.
Asunto: Trámite y Aprobación de Expediente Legislativo 20861.
La organización se apersona ante las autoridades, en nombre de miles de trabajadores y de sus familias costarricenses, pero también pensando en las micro y pequeñas empresas (MIPYMES); para solicitarles que interpongan sus buenos oficios, a fin de aliviar la pesada situación financiera que viven hoy estos estamentos sociales.
Se menciona que las tasas de interés que les cobran por esas deudas no tiene relación alguna con parámetros como la inflación, las tasas de referencia bancarias o la tasa básica, pues hay personas que están soportando tasas del 210%, 120%, 80 % y 50% anual.
Dado lo anterior hay personas que se están aprovechando de los afectados y ofrecen el capitalizarles la deuda y los intereses de sus obligaciones, con lo que el compromiso económico de cada uno crecerá a tasas exponenciales, lo que los condena a cuotas cada vez mayores que se harán impagables.
Si las deudas de los núcleos familiares y las MIPYMES crecen de manera desmedida, perderán por completo la capacidad de pago y serán los mismos entes financieros quienes no podrán recuperar su capital, por lo que en algún momento también sufrirá el sistema bancario.
Algunos datos reveladores que permiten visualizar la preocupación son que:
1- El 60% de las familias costarricenses tienen deudas, esto significa concretamente unas 920.000 familias.
2- Según datos del BCCR, el saldo de la deuda de los hogares en el sistema financiero supervisado por la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF), ha aumentado casi en un 70% en colones corrientes del año 2013 al 2018.
3- Conforme se avanza en el quintil de ingreso, el porcentaje de hogares con al menos una deuda crece. Por ejemplo, un 41% de los hogares del quintil I, tiene una deuda, mientras que en el III y en el V, esos porcentajes son del 59.4% y del 74%, respectivamente.
4- El 30% de los préstamos se tienen con comercios tipo almacenes de electrodomésticos y agencias de autos.
5- Tomando cifras de estudios diversos se puede concluir que unos ₵4 billones están a tasas efectivas promedio del 60%.
Petitoria
Debido a lo anterior, con relación a la deuda privada generada en el país y la medidas tomadas por los entes financieros de recapitalizar las obligaciones crediticias de los deudores, se solicita con urgencia la aprobación del proyecto de ley contenido en expediente Legislativo 20861, pero con una tasa de interés para tarjetas de créditos, créditos de consumo y de emprendimiento más favorable para los deudores, tal como lo hacen los países pertenecientes a la OCDE, como punto de referencia.
Imagen enviada a SURCOS por CTRN.
Sea parte de SURCOS:
La Central General de Trabajadores (CGT), la Confederación de Trabajadores Rerun Novarum (CTRN), la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC), y la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), denuncian públicamente las acciones que equivocadamente, han venido realizando el Gobierno de la República en perjuicio de los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado.
En primer lugar, nos decían que había que privatizar varias instituciones públicas, porque de acuerdo con los empresarios de la UCCAEP, eran deficientes. Dichas instituciones hoy en la emergencia han dado la cara y han demostrado una gran eficiencia, brindándole los servicios necesarios y esenciales a toda la población.
También se debe garantizar que el estado proteja el ingreso de los trabajadores de manera prioritaria, esto no solo desde un sentido humanitario sino también económico. Una reducción del ingreso de los trabajadores puede derivar en una reducción aún mayor del consumo y afectar a la economía en la crisis y en la recuperación de esta.
Se están tramitando proyectos para posponer la cancelación del incremento salarial 2020 y las anualidades a todos los trabajadores y trabajadoras del sector público, lo cual traería consecuencias para esta población y para el país.
Es por esto que CGT, CTRN, CMTC y la CUT, solicitan:
-Solicitan a los señores diputados (as) el archivo definitivo del proyecto de ley expediente 21.917, que pretende crear un transitorio único a la ley de salarios de la administración pública, para eliminar el pago de anualidades durante este año con excepción de algunas instituciones.
-Se comprende que la capacidad de las empresas, especialmente las más pequeñas, están siendo afectadas considerablemente en esta crisis, pero las pérdidas económicas no pueden ni deben ser trasladas únicamente a los trabajadores y trabajadoras del Sector Público y Privado.
-Se exige de parte del Gobierno de la República mecanismos de ayuda para la venta de productos nacionales de pequeños y medianos comerciantes.
-Eliminación de contrataciones de propaganda e imagen de gobierno e instituciones.
-Entre otras peticiones más.
Gobierno de la República se empeña en Reducir más los Ingresos de los Trabajadores Y Trabajadoras.
La Central General de Trabajadores (CGT), la Confederación de Trabajadores Rerun Novarum (CTRN), la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC), y la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), denunciamos y repudiamos públicamente las acciones que equivocadamente, han venido realizando el gobierno de la república en perjuicio de los trabajadores y trabajadoras del Sector Público y Privado. Esto en obediencia a lo que la cúpula del Sector Empresarial Asociado a la UCCAEP, le ha venido planteando para resolver la emergencia nacional, derivada del COVIC-19.
Primero nos decían que había que privatizar varias instituciones públicas, tales como: CCSS, ICE, INS, RECOPE, FNL, CNP, AYA, entre otras, porque según los empresarios de la UCCAEP, eran deficientes. Sin embargo, los costarricenses se han dado cuenta que dichas instituciones hoy en la emergencia han dado la cara y han demostrado una gran eficiencia, brindándole los servicios necesarios y esenciales a toda la población.
En segundo lugar, las organizaciones que suscribimos este comunicado planteamos en su oportunidad al gobierno de la república, que ante la emergencia por el COVID-19, lo más importante era establecer mecanismos de diálogo y solución de la crisis nacional, fundamentalmente, Poniendo en el centro a la persona al momento de diseñar medidas de contención de la crisis.
En tercer lugar, se debe garantizar que el estado proteja el ingreso de los trabajadores de manera prioritaria, esto no solo desde un sentido humanitario sino también económico. Una reducción del ingreso de los trabajadores puede derivar en una reducción aún mayor del consumo y afectar a la economía en la crisis y en la recuperación de esta, sin embargo, vemos como se tramitan proyectos de ley por parte del Poder Ejecutivo hacia la Asamblea Legislativa, que algunos ya son ley en beneficio de sector empresarial representado por la UCCAEP y en perjuicio de los trabajadores del sector privado y por supuesto de las familias costarricenses.
Asimismo, se tramitan proyectos para posponer la cancelación del incremento salarial 2020 y las anualidades a todos los trabajadores y trabajadoras del sector público, lo cual traería consecuencias para esta población y para el país, Costa Rica viene de una situación económica frágil, no solo fiscal, también relativa a la capacidad de consumos de los hogares. Si dejamos que la capacidad de compra de los hogares se siga deteriorando, la crisis económica será de dimensiones aún mayores.
En cuarto lugar, luego de sus pretensiones por callar al trabajador público el cual defiende la democracia costarricense y sus instituciones, crearon mediante el proyecto de ley 21.097 texto base de los lineamientos del sindicato de la UCCAEP y encabezado por el Diputado Carlos Ricardo Benavidez, los SERVICIOS ESENCIALES, mismos que ahora buscan como no llamarlos así para eliminar los derechos del trabajo y el salario digno.
Lamentamos mucho que el Gobierno de la República se aferre de esta manera contra los trabajadores del Sector Público y Privado, quienes somos los que pagamos los impuestos puntualmente.
Entonces debería prevalecer un sentido de solidaridad, equidad y un rol más protagónico del estado garantizando que no sean solo los trabajadores (as) y las familias las que carguen con el efecto negativo de esta crisis. También las grandes empresas que han venido reportando cero utilidades y que avaden el pago de impuestos, deben obligatoriamente solidarizarse y poner su granito de arena, situación que no ha sido manifiesta hasta el día hoy.
Por tanto, si realmente queremos salvar vidas señores de gobierno y diputados (as), mantengamos los empleos y la estabilidad económica.
¡Porque no solo el COVID-19 mata, el hambre y el desespero también…!!!!
De esta manera:
-Solicitamos a los señores diputados (as) el archivo definitivo del proyecto de ley expediente 21.917, que pretende crear un transitorio único a la ley de salarios de la administración pública, para eliminar el pago de anualidades durante este año con excepción de algunas instituciones. Esto en razón de que dicho proyecto podría ser inconstitucional y discriminatorio.
-Comprendemos que la capacidad de las empresas, especialmente las más pequeñas, están siendo afectadas considerablemente en esta crisis, particularmente en los sectores de turismo, restaurantes, imprentas y hoteles, entre otras, Pero las pérdidas económicas no pueden ni deben ser trasladas únicamente a los trabajadores y trabajadoras del Sector Público y Privado.
-Exigimos de parte del Gobierno de la República mecanismos de ayuda para la venta de productos nacionales de pequeños y medianos comerciantes, por ejemplo: Pequeños y medianos productores, Patentados estacionarios, vendedores ambulantes, mujeres jefas de hogar, etc., estancados por la crisis.
-Creación de una mesa de diálogo social para enfrentar la crisis nacional con participación sindical activa. Sus programas y políticas deberán de ser congruentes con la recomendación 205 OIT, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 y 8 de la AGENDA 2030 de la Organización de las Naciones Unidades.
-Eliminación de la aplicación de la regla fiscal para toda aquella institución vinculada a políticas sociales.
-Subvención del pago de servicios públicos básicos de las tarifas de consumo residencial por tres meses. Dando el Gobierno Central este monto a cada institución para el servicio básico que realizan.
-Proyectos como el de USURA deben de avanzar y ser garantes del principio solidario.
-Eliminación de contrataciones de propaganda e imagen de gobierno e instituciones.
-Reducción de la deuda política para la campaña electoral venidera del 50%.
-Reducción de gastos de representación legislativa y uso de recursos al 50%.
-Aplicación de las 17 medidas entregadas en pasado 20 de marzo del 2020.
-Solicitamos la moratoria del pago de la deuda externa.
-Para atender la crisis derivada del COVIC-19 se utilice urgentemente un porcentaje de las reservas del Banco Central de Costa Rica.
POR UN PAÍS CON VERDADERA JUSTICIA SOCIAL, UNAMOS NUESTROS ESFUERZOS EN ESTOS MOMENTOS DE CRISIS.
De ustedes;
La Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), en representación de la señora Sol Salas Morales, Secretaria General, la Confederación de Trabajadores Rerun Novarum (CTRN), en representación del señor Mario Rojas Vílchez, Secretario General, la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC), en representación del señor Olman Chinchilla Hernández, presidente, y la Central General de Trabajadores (CGT) en representación del señor Mario Rodríguez Bonilla. San José, Costa Rica, martes 14 de abril del 2020.
Señor Carlos Alvarado Quesada, Pesidente de la República
Señor Marvin Rodríguez, segundo Vicepresidente de la República
Señores (as) diputados (as)
Señora Geannina Dinarte Romero, Ministra de Trabajo
Señora Silvia Lara, Ministra de la Presidencia a.i.
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