Nota sobre documento Expediente N.20-006178-007-CO y No. 20-006066-0007-CO
La Asociación Pro Vivienda Jardines Dos, y Ana Cecilia Araya Cuadra presentan un Recurso de Amparo contra el AyA a favor de las familias que viven en la comunidad de San Ramón de Alajuela, caserío los Jardines, ya que la comunidad se encuentra sin servicio de agua potable, el cual es denegado por el AyA, y debido a la situación por la cual se atraviesa en el país en la cual se insta en lavarse las manos frecuentemente para así disminuir la posibilidad de propagación del virus COVID-19 y además de las necesidades básicas que tiene cada familia.
En la comunidad actualmente viven más de cuarenta y dos familias que con derecho de posesión, habitan en sus ranchos en condición de precario y sin servicios básicos, en las familias se encuentran personas mayores de edad que sufren condición de enfermedad, y personas menores de edad; vivir en estas condiciones pone en riesgo la salud, y siendo un conglomerado de personas se vuelven un grupo vulnerable a la actual Pandemia COVID-19.
Se ha solicitado al AyA tanto de forma conjunta por la representación de la Asociación, como por parte del jefe de hogar la dotación de agua potable y se les ha negado.
La señora Ana Cecilia Araya menciona que es poseedora desde hace más de tres años de forma presencial, pública, pacífica, ininterrumpida y a título de dueña de un terreno sin inscribir, desde el 2017 se encuentra tramitando diligencias de información posesoria con el fin de inscribir la propiedad, y menciona que en enero del mismo año solicito al AyA que le otorgara el servicio de agua potable, lo cual fue denegado con el argumento que no cumple con lo establecido en la directriz 061-MP-MIV-AH-S-MINAE-MAG, ARTÍCULO 3 y según Procedimientos para la Aplicación de esta directriz, acuerdo de Junta Directiva 2019-0412 Articulo 1, el cual en resumen se le niega el derecho al establecimiento de agua potable por no encontrarse la finca (propiedad) inscrita en el Registro Público.
La señora Ana Cecilia menciona que vive con su esposo y 3 hijas, al no tener agua potable debe trasladarse 5 km dejando a sus hijas solas.
Por lo anterior se solicita intervengan para que la comunidad pueda disfrutar del beneficio del agua potable y más aún ante la situación que se afronta en la actualidad a nivel mundial.
El Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) envió a SURCOS el siguiente análisis de coyuntura:
Con el gobierno de Trump no solo se manifiesta claramente la crisis agónica, turbulenta y conflictiva del capitalismo, sino que se evidencia con la actual Gran Depresión la imposibilidad de salir de la misma.
Expresando un nacionalismo industrialista, anti-oligarquía financiera, Trump está en una confrontación total con las fuerzas del esquema de poder globalista (representadas en EEUU por el establishment financiero-político globalista en la cúpula del Partido Demócrata). En forma secundaria se enfrenta con el esquema continentalista (el establishment financiero-político del Partido Republicano, específicamente el Tea Party con el que no tiene su enfrentamiento principal y pudo acordar una coalición de gobierno para garantizar un mínimo de estabilidad).
Las empresas estrellas del globalismo en inteligencia artificial, informática, internet, robótica, supercomputadoras, telecomunicación, etc. (Facebook sino también a Twitter, Netflix, Alphabet, Google, Apple, Instagram, Amazon y Microsoft), muy a menudo con fuertes inversiones en China (Hong Kong, Shanghái, Taiwán), son atacadas a su vez por Trump, quien ha comenzado una guerra económica no tanto contra China como país, sino en primer lugar contra dichas empresas trasnacionales angloamericanas con fuertes inversiones fuera de EE. UU., con la finalidad de que se “relocalicen” nuevamente en territorio estadounidense.
La crisis bursátil de 2008 afectó a los ´valores estrella´ de la Bolsa esta manifestación ha hecho bajar las esperanzas de un nuevo ciclo tecnológico productivo dirigido por el capital financiero globalista. Con ello se manifestó en primer lugar que el capitalismo actual no estaba en condiciones de generar un ciclo expansivo en el ámbito de la producción. Lo que observamos desde entonces es la baja en las tasas de interés de los grandes bancos centrales para que los grandes consorcios obtengan crédito prácticamente gratuito para la recompra de sus propias acciones que no dejaron de subir, generando grandes beneficios para el 1% de la población acentuando una profunda desigualdad en la sociedad.
Al estar lo nacional subordinado al capital transnacional desprovisto de soberanía efectiva, tiene pocas posibilidades de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones si no se entronca con una visión y política de soberanía popular. La imposibilidad de salir de la crisis capitalista en esta Gran Depresión obliga en última instancia una nueva racionalidad económica a escala global.
En la Gran Depresión el capital se verá obligado prolongar el ciclo de reproducción del capital para bajar el costo tecnológico a transferir al producto final y podrá sacar en el corto plazo a las empresas menos competitivas. Lo anterior es más factible al cerrar las fronteras, o sea con más proteccionismo, hecho que a su vez lleva la espiral de acumulación hacia abajo y agota la racionalidad económica capitalista.
En la Gran Formación Social Emergente (con potencialidad de estar integrada por diversos países con soberanía nacional recuperada) estas dinámicas ya han cobrado un claro tinte de “desconexión”, con marcados rasgos antiimperialistas como es el caso de China y Rusia.
De cualquier forma, es muy probable que el mundo del capital que hemos conocido hasta ahora, comandado por el Eje Anglosajón desde 1700, con sus sucesivas expansiones globalizadoras unipolares que han abortado cualquier clase de soberanía popular nacional, esté llegando a su fin con esta Gran Depresión.
El colapso e implosión de esta última fase de globalización en la actual Gran Depresión afectará también, ya lo está haciendo, la propia existencia de bloques económicos y políticos, basados en el neoliberalismo como la Unión Europea.
Frente a esa decadencia, la Gran Formación Social Emergente (con China como epicentro y el tándem chino-ruso como motor) propone reconectar el capital ficticio a la economía productiva, redes de comercio, inversiones en infraestructuras y aprovechamiento de la energía en curso, de cara a una transición energética. Una Zona de Estabilidad, en definitiva, para posibilitar una alternativa post crisis al mundo con miras a una posible transición posiblemente gradual al postcapitalismo.
Por su parte, el Eje Globalista Anglosajón se resiste a ceder el puesto como hegemón mundial. Socava todos los intentos de construcción de la “autopista de la seda”, y son casi seguramente los responsables de la actual guerra biológica iniciada en China. Trump, por su lado, es consciente del inevitable repliegue del petro-dólar frente al petro-yuan-oro.
Su administración oficialmente no se alinea con la Gran Formación Social Emergente, pero en medio de la Gran Depresión quedará clara su posición al respecto alineándose con el proyecto multipolar y pluriversal.
La crisis del coronavirus como causa pantalla de la Gran Depresión
El coronavirus está siendo usado como excusa para buscar la explicación de la quiebra de los mercados planetarios, cuando esto es algo que empezó mucho antes. La gran crisis económica se anunció mucho antes de la crisis del coronavirus. Desde setiembre de 2019 la Reserva Federal (FED) invertía un billón de dólares al día, creada de la nada o emitida sin respaldo, primero para salvar al megabanco JP Morgan, entre otros bancos, así como diferentes Fondos de Cobertura (Hedge Funds) netamente especulativos y de gran riesgo.
Como hemos señalado durante los últimos años en diferentes publicaciones nuestras, era cuestión de tiempo para que la ¨Madre de todas las Burbujas¨ (la bolsa de valores) explotase y el coronavirus sirvió para “encubrir” a los responsables de la misma y dejarla explotar con toda la fuerza. Han sido los bancos centrales, los megabancos y en primer lugar la Reserva Federal (Fed) de EEUU, los que han creado la gran burbuja bursátil otorgando crédito a tasas de interés bajas a los grandes bancos, a costo (casi) cero, para las grandes corporaciones que solían no invertir en la economía real, sino recomprando sus propias acciones obteniendo de esta forma ganancias sin producción y respaldo alguno.
Hubo una mega-inflación de los precios de las acciones que enriquecieron al uno por mil (0,001%) de la población a costa del 99,999% restante. Estos números son muy gráficos de la situación de los beneficiados, por ello la “confusión” en el seno del gran capital financiero.
El coronavirus, en otras palabras, no es el causante del colapso bursátil sino la cobertura perfecta para los verdaderos responsables de esta gran crisis económica de raíz financiera: la Banca Central, la gran Banca privada transnacional y las grandes corporaciones transnacionales.
Es difícil no dejarse llevar en la lectura de los hechos en este momento, por todo lo que implica el coronavirus, pero dentro de unos meses ya no habrá pánico en torno al virus, pero sí se nos presentará una pesadilla más duradera, una Gran Depresión Económica varias veces más grande que la de los años treinta.
Fragmento del artículo, puede descargar el documento completo aquí:
Los recursos que hagan falta para la atención de la emergencia deben ser cobrados a las grandes fortunas, al sector financiero, a las zonas francas, a los evasores fiscales y a los beneficiarios de la amnistía tributaria del 2018. Porque ellos no han sido solidarios con Costa Rica.
Carta pública al señor Presidente de la República y señoras y señores Diputados. Foro de Presidentes y Secretarios Generales del Magisterio Nacional.
Álvaro Vega Sánchez, sociólogo
La pandemia de la insolidaridad de los ricos, que genera escandalosa desigualdad en el mundo y en nuestro país, es el azote que cobra más vidas que cualquiera otra. La misma se venía incubando desde hace cuatro décadas, y el gobierno actual la ha conducido al pico más alto, lo que significa elevar el porcentaje, ya de por sí endémico, de pobreza, para salvar a las minorías que han venido amasando riquezas a costa del desfalco bancario, la evasión y la elusión del fisco.
Hoy el poder muestra el rostro de la frialdad y dureza que caracteriza a los regímenes autoritarios e inquisitoriales, quienes entre más dolor infligen a sus víctimas más lo celebran. Hay una dosis importante de sadismo gubernamental, al aprovecharse de una situación de emergencia nacional para hundir a una clase media precarizada, utilizando el comodín de “contribución solidaria”, con la idea de salvar a los pobres y desempleados, eximiendo de esa “contribución”, con descaro y desvergüenza, a los sectores más poderosos que hoy tienen al país en la quiebra.
Causa más que indignación la escena dantesca que se sucede cada día: se anuncia el avance de contagiados por el coronavirus y para contener la debacle económica se receta la medicina milagrosa de imponer una “contribución solidaria”, exclusivamente a los asalariados.
Estamos asistiendo a algo más que un golpe de Estado. Se trata de la clausura del Estado Social de Derecho costarricense. Así, está terminando la historia de uno de los países más solidarios del mundo, que cimentaba su ejemplar régimen de seguridad social, tanto en salud como en pensiones, en el aporte compartido del Estado, del patrono y del trabajador. El Estado se ha declarado en quiebra y los grandes empresarios y el sector financiero también, reportando cero ganancias.
Por eso, tenemos una institucionalidad social debilitada y un Estado policía que vela por los intereses del capital y, como si fuera una financiera usurera, garrotea a sus trabajadores tratando de convencer al pueblo que se trata de una invitación a la solidaridad en tiempos críticos. Hace poco cargaron sobre las espaldas del pueblo el déficit fiscal y ahora vuelven a doblegarlo para que pague las consecuencias económicas producidas por el COVID-19. ¿En quién cabe tal desfachatez?
Llegó la hora de pasarle la factura a un Estado indolente e inconstitucional, que se ha hecho de la vista gorda cuando algunos grandes empresarios de este país han vaciado sus arcas estafando a los bancos públicos y la mayoría evadiendo y eludiendo el fisco. Asimismo, demandarle que restituya las cotizaciones que no ha pagado, ni a los regímenes de pensiones ni a la Caja, sino que, al margen de la ley, los ha trasladado a su caja única.
Llegó la hora de decirle al gobierno que deje de jugar con la dignidad de un pueblo trabajador, noble y solidario. Hasta ahora, solo ha mostrado el rostro de uno más de los gobiernos insolidarios, frívolos e injustos de la historia política reciente de este país.
SINDICATO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN COSTARRICENSE SEC
San José Costa Rica, 30 de marzo de 2020
Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada Estimado señor
Respetuosamente recurrimos a ustedes para expresar en representación del Magisterio Nacional, el sentimiento de preocupación y rechazo total a la propuesta de “contribución solidaria”, del Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa y que fue puesto a conocimiento de la opinión pública en conferencia de prensa el pasado viernes, el cual no es más que un impuesto al salario.
A nuestra consideración hay un total desconocimiento de la situación real que vive la clase trabajadora del sector público y en especial la del Magisterio Nacional, ya que meses atrás el Poder Ejecutivo presentó el Plan de Salvamento, para que el sector público en especial, mejorara sus líquidos salariales, siendo así ¿Es o no contradictorio que se proponga una estrategia que nuevamente golpea a la fuerza laboral de este país? Además de ser una continuidad del nefasto plan fiscal que nos consumió en una larga huelga declarada legal y que orgullosamente lideramos; la cual hizo que hoy el pueblo nos dé la razón, porque han visto sus finanzas golpeadas como nunca antes.
No tomen decisiones unilaterales sin valorar objetivamente la realidad económica en que se encuentran las familias de la clase asalariada de este país. La propuesta tal y como se dio a conocer es inaceptable, porque pretende con ello cargar en las espaldas de la clase trabajadora, una responsabilidad que es de todas y todos. Lamentablemente algunos medios de comunicación han querido manipular y engañar al pueblo cínicamente con dicha propuesta, para provocar disgustos y malentendidos entre los sectores organizados de esta sociedad, como cortina de humo para proteger a grupos económicamente poderosos, que deberían de estar aportando de su capital para contener dicha emergencia sanitaria y económica.
Esta crisis de salud provocada por la Pandemia del Covid-19 no debe crear otra crisis social ni económica a nivel país, para ello deben rediseñarse opciones viables y no desarticular o exponer el equilibrio de la capacidad adquisitiva de las familias, ya que no se ha considerado que con los salarios de esas trabajadoras y trabajadores del Magisterio Nacional deben hacer frente a los gastos de sus familias, porque es de seguro que habrá miembros de la misma que hayan perdido sus trabajos, por haber concedido a los empresarios una “flexibilización laboral”.
El haber permito que las empresas despidieran a sus trabajadoras y trabajadores, además de flexibilizar los horarios, reduciendo sus salarios no fue tan sabio, ni demostró solidaridad, porque dejar a las familias desprovistas en medio de la crisis fue inhumano. Se preocuparon por proteger las ganancias de las grandes empresas y no pensaron en el sufrimiento de las familias, lo único que las empresas podían estar perdiendo era bajar el monto de sus ganancias.
Todo esto nos fundamenta para decir con propiedad que rechazamos todo impuesto al salario, porque representa otra medida parcializada y abusiva, aprovechándose del miedo de la población a este virus, que no deja de ser preocupante, pero esta propuesta solidaria es como el cuento del lobo vestido de oveja.
Como Sindicato somos conscientes de la situación que atraviesa el país y el mundo con la Pandemia, pero rotundamente no apoyaremos esa propuesta, por tener altamente comprometidos los salarios y porque afecta la vida de nuestras familias. ¿Por qué se ensañan contra las trabajadoras y los trabajadores asalariados y pensionados?
¿Cuál es el aporte solidario de los grupos económicamente poderosos de este país, por ejemplo, de la UCCAEP, o esas empresas exportadoras e importadoras de las zonas francas? No se olviden de los que tienen sus inversiones en bancos extranjeros como salió a luz pública con el caso de los “Panamá Papers”.
Por último, el Gobierno puede acudir a organismos internacionales que tienen recursos suficientes para respaldar al Estado y hacer frente a las consecuencias de esta pandemia, ya que, a este, le corresponde garantizar la estabilidad alimentaria y economía de las familias costarricenses que han perdido sus empleos, o que han visto reducidos sus ingresos por tener ahora jornadas de trabajo muy cortas, como consecuencia de medidas discriminatorias a empresas que en muchos casos, han sido evasoras.
Con toda consideración y respeto en nombre del Magisterio Nacional y por la paz social de este país, solicitamos que reconsidere dicha propuesta y no sea enviada a la Asamblea Legislativa.
La Junta Directiva de la Organización Interseccional Pro-Derechos Humanos, comprendiendo la gravedad de la situación por la que estamos atravesando en este momento y consciente de que muchas personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica por la pérdida de sus trabajos, quisiéramos invitarlos, de la manera más respetuosa, a participar de una campaña de recolección de artículos no perecederos, granos básicos, enlatados, artículos de uso personal, etc., para ser distribuidos a un conjunto de 50 personas que hemos identificado en esta situación.
Respetando las medidas indicadas por las autoridades de salud, esta recolección se llevará a cabo siguiendo un protocolo básico de cuidado personal y colectivo, tanto para las personas que quisieran participar de esta iniciativa, como para las personas que serán objeto de ella y claro está para quienes estamos organizando la campaña. Contamos con productos de desinfección, guantes y mascarillas y lo necesario para alistar los paquetes básicos de ayuda.
Estaremos recibiendo sus generosas donaciones en nuestras oficinas a partir del día martes 31 de este mes hasta el viernes 03 de abril de 10 a.m. hasta las 2 p.m. Los donativos serán depositados sobre mesas que tendremos debidamente acondicionadas en la cochera del edificio.
Les recordamos que estamos ubicados 100 al Sur y 25 Oeste de la Casa Matute Gómez, casa No. 1980, Barrio González Lahmman.
Andrey Pineda Sancho, sociólogo e investigador CICDE-UNED
La grave crisis pandémica que actualmente tiene en vilo al planeta entero nos ha hecho regresar a viejas preocupaciones antropológicas, constitutivas de nuestra especie, y a debates sociopolíticos y filosóficos de largo, más bien larguísimo, recorrido en nuestras sociedades. Ha potenciado, por un lado, nuestro ya de por sí perenne, aunque no siempre consciente, terror al desorden, al caos y a la finitud, y por el otro, nos ha obligado a tratar de encontrar respuestas aptas tanto para conjurar la amenazante situación, como para hacerla asimilable o llevadera a nivel cognitivo-emocional. De este intento participan, en distintos grados, las instituciones que conforman y modelan la vida sociocultural de los distintos países, los agentes sociopolíticos con mayor poder dentro de ellos, y por supuesto, las personas que con su accionar día a día contribuyen a mantener a flote los mundos socialmente construidos.
En medio del apremio, cada grupo, institución o persona, procurará hacer cuanto esté a su alcance para encontrar las respuestas que les permitan lidiar con la situación y para evitar con ellas el desmoronamiento del mundo que hasta ahora conocían. Las empresas, de distintos tamaños y colores, tratarán de evitar la quiebra o la disminución dramática de sus ganancias, el Estado echará mano de su poder para gestionar la crisis en sus muchas aristas y niveles de complejidad, los y las científicas correrán a ofrecer alternativas para atender lo urgente y resolver el futuro que se dibuja en el horizonte, mientras que la ciudadanía común, en su diferencia constitutiva, oscilará entre la espera de las soluciones externas y la imperiosa necesidad de solventar de forma autónoma sus más acuciantes angustias. Lo que no parece estar para nada claro, sin embargo, es si estos intentos resultarán capaces de cumplir con sus propósitos, si resultarán o no compatibles entre sí, o si serán realmente benéficos, no ya para un sector específico de nuestras sociedades, sino en general para el colectivo. El gran reto que tenemos al frente no reside tanto en encontrar respuestas, pues estas de una u otra forma llegarán y han estado llegando ya, como en hacer que estas respuestas estén inspiradas por criterios que resulten favorables a la consecución del mayor bienestar posible a nivel societal.
Entre los múltiples y multiformes, aunque no siempre creativos, atisbos de respuesta que se han estado proponiendo desde los círculos de poder, y en menor medida desde la ciudadanía, creo poder identificar el retorno y/o a la renovación de viejas discusiones político-filosóficas, así como la revitalización de algunos debates de más reciente data. Todo ello en el fondo no hace más que confirmar que casi todos los problemas que hoy nos estallan en la cara, en realidad nos han venido acompañando desde antes de la emergencia del covid-19 en el planeta. Entre otras cosas, esta crisis ha propiciado que:
volvamos a debatir sobre la pertinencia o no de dejar que el mercado colonice y cope los aspectos más esenciales del acontecer y del devenir humano. En la mayor parte del mundo la mano invisible del mercado se ha mostrado francamente incompetente para atender o resolver la crisis;
reflexionemos, una vez más, sobre la naturaleza del Estado y sobre su rol tanto en las dinámicas económicas, como en la vida privada de las personas. En este momento tiende a pedírsele, con particular vehemencia, que mantenga viva la economía y que procure la salud y la seguridad de las personas;
nos debatamos entre la necesidad de incentivar el control externo (biopolítico) de las conductas y la de apelar a la responsabilidad de cada persona. Aquello que en ocasiones se ha presentado como una dicotomía, en estas condiciones se ha tendido a posicionar más bien como una imperativa complementariedad;
se nos presenten con mayor crudeza las injusticias estructurales de nuestros ordenamientos sociales. Hoy se notan doblemente las duras e inhumanas consecuencias del empobrecimiento, de la desigualdad, del desempleo, de la informalidad laboral, del inequitativo acceso a la salud, de la falta de vivienda digna, de la indefensión en la que viven muchos de nuestros adultos mayores y de las desventajas socioeconómicas que padecen millones de mujeres alrededor del planeta;
adquiramos nueva o renovada consciencia de nuestra naturaleza eminentemente social. Hoy nos está quedando más claro que dependemos de otros y de otras para subsistir; que el otro y la otra son condición de posibilidad para mi propia existencia. Ello se ha revelado de forma notable en el trabajo realizado por las instituciones públicas, pero también en las cadenas de solidaridad que se han abierto en distintos frentes, ya sea para apoyar a la pequeña y mediana empresa, o para garantizar la sobrevivencia de los sectores más desposeídos y vulnerables de la sociedad;
reparemos en el carácter global de las grandes problemáticas que comprometen no sólo nuestra continuidad en tanto especie, sino también la del planeta como tal. Aún cuando hemos corrido a refugiarnos en la aparente, y sólo aparente, comodidad de los estados-nación, es muy obvio que de este tipo de apuros solamente podremos salir a través de respuestas y acciones de alcance global.
resurjan en nosotr@s todo tipo de incomodidades y sospechas no ya solamente respecto del funcionamiento del capitalismo en tanto sistema económico de corte mundial, sino sobre todo respecto del modelo civilizatorio que este ha configurado a lo largo de más de 500 años. Ha resultado inevitable preguntarse si dentro de tal proyecto podremos encontrar y tornar viables aquellos valores que requerimos para hacer frente, de forma eficaz, a nuestros problemas y retos comunes;
debamos preguntarnos sobre el papel que tendría que jugar la ciudadanía organizada, tanto a escala nacional como transnacional, en la necesaria construcción de un mundo menos devastador y excluyente. En última instancia, son las clases más desposeídas alrededor del planeta las que sufren con mayor dureza ante cualquier crisis de grandes proporciones, ya sea esta de naturaleza económica, sanitaria o ecológica.
La forma en que se “resuelva” la crisis y sus consecuencias posteriores es algo que aún está por verse. Lo cierto del caso es que, con independencia de las respuestas que le demos a la situación, ya no volveremos a ser l@s mism@s; para bien o para mal, ya no volveremos a serlo. Estamos ante lo que la escuela institucionalista llama “una coyuntura crítica”, las decisiones que tomemos hoy marcarán, de forma cuasi definitiva e irreversible, nuestra trayectoria futura. La gran pregunta que se levanta es: ¿cuál rumbo deseamos tomar? Dependerá de todos y todas apuntar hacia la dirección correcta.
CEP Alforja ha hecho un dossier sobre los desafíos del COVID 19, con hipervínculos a documentos que expresan distintas opiniones. “Se busca contribuir al pensamiento propio crítico y la acción transformadora”, dijo Óscar Jara Holliday a SURCOS.
El documento incluye ideas diversas y documentos para el pensamiento crítico y el debate propositivo. Este es el contenido:
La solidaridad como alternativa COVID19 en contexto ¿Qué sociedad encontró el COVID-2019? ¿Qué valores imperan en la crisis? ¿Qué nos ensenan y qué nos esconden? Disputa de sentidos ¿Qué institucionalidad? Pronunciamientos Encuentros Poema Educación Popular ante la crisis
Como temas a profundizar se sugiere:
– ¿Que sociedades encontramos y qué va a pasar con ellas? – Miedo como instrumento de parálisis y dominación – Cuidados o agenda de seguridad – Solidaridad y cuido colectivo – Perspectivas y disputas futuras
Desde inicios de marzo, nuestro país tomó medidas rápidas para abordar la pandemia del COVID-19. El 13 de marzo, con 26 casos detectados, el Poder Ejecutivo y, específicamente, el Ministerio de Salud Pública, instaron a la población a quedarse en casa, a sabiendas de que, para hacerle frente a esta pandemia, es imperativo interrumpir la cadena de contagios.
En estas circunstancias, es muy importante que la población tenga tranquilidad en dos sentidos. Primero, debe saber que no dejará de recibir servicios básicos (agua, electricidad e internet), aunque no tenga condiciones económicas para pagarlos. Segundo, debe tener seguridad de que contará con un ingreso básico para atender sus necesidades prioritarias, principalmente alimentos. Esta tranquilidad se alcanza mediante el respaldo del Estado y la solidaridad colectiva de todos los sectores sociales.
El Ministro de Salud Pública, don Daniel Salas, ha señalado claramente que no hemos alcanzado todavía el pico de contagio, lo cual ocurrirá posiblemente a inicios de mayo. Si no logramos aplicar sistemáticamente el distanciamiento físico, con el fin de detener o ralentizar la propagación del virus, pagaremos, como país y colectividad, un alto precio: un aumento del ritmo de personas contagiadas; mayor demanda de servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por encima de su capacidad de atención; colapso de un sistema de salud que necesitamos fortalecido, no debilitado, para que pueda hacerle frente a las demandas durante y después de esta pandemia; y más vidas perdidas, quizá de personas que apreciamos y queremos.
Al mismo tiempo, la prolongación del distanciamiento físico extiende y profundiza la crisis social y económica. Peor aún, es evidente que esta medida, indispensable en una emergencia sanitaria como la que vivimos, debe ir acompañada de garantías básicas para la vida. De no ser así, atentaríamos contra la ética de la solidaridad y provocaríamos la desobediencia de quienes deben elegir entre el distanciamiento y algún mínimo ingreso. Debemos actuar solidariamente con quienes sufren las consecuencias de una disposición sanitaria que beneficia a todas las personas.
Para garantizar el distanciamiento físico y lograr que dure el menor tiempo posible, es imperioso hacerle llegar a toda la población un mensaje claro y sencillo: puede quedarse en casa con el apoyo del Estado y de toda la sociedad.
La mayor parte de los servicios básicos se encuentran en manos de empresas públicas. Estas empresas deben garantizar los servicios y estimar los costos que esta garantía supondrá para aquellas personas y hogares que no puedan pagarlos, de manera de asegurar que no sufran interrupción.
Además, debemos crear un fondo de solidaridad para garantizar un ingreso básico único durante tres meses para toda la población que no lo tiene asegurado. ¿Por qué un ingreso básico único y no transferencias diferenciadas? Porque una transferencia diferenciada requeriría de algo que no tenemos: tiempo.
Antes de la crisis había en Costa Rica 1,7 millones de personas en condiciones de pobreza y 600 mil personas auto-empleadas, muchas en condiciones de precariedad. Además, había en el país 300 mil personas desempleadas. Ahora hay miles de personas viviendo suspensión de contratos de trabajo (más del 9000 al 27 de marzo) así como siendo despedidas. La lista de personas vulnerables es muy larga y va desde choferes de taxi y trabajo doméstico hasta personal de restaurantes, vendedores ambulantes, productores agrícolas y madres con hijos/as que dejan de recibir su pensión alimentaria. Identificar una por una a las poblaciones vulnerables nos llevará a correr detrás de los acontecimientos: muchas personas que hasta ayer tenían su sostenibilidad económica resuelta, hoy no la tienen más. Mañana, quienes estarán en esa situación, serán aún más personas. Por eso, en vez de agregar poblaciones, el criterio debería ser alcanzar a toda la población menos la que aún está en la planilla que mensualmente recibe la CCSS.
Este ingreso básico durante tres meses se puede financiar de manera solidaria y con criterios de progresividad. con impuestos temporales a la actividad de grandes empresas que no han dejado de trabajar; a empresas y personas que en 2019 se beneficiaron de una amnistía tributaria; y por supuesto también a los salarios altos en trabajos formales y seguros, tanto públicos como privados. La emergencia requiere, además, considerar nuevo endeudamiento.
Las posibilidades son diversas, pero lo más importante es que hay opciones para financiar un ingreso básico garantizado a toda la población que lo necesita.
Cabe resumir lo planteado bajo la idea de que se debe actuar de manera urgente para que, mientras se observan los resultados de las medidas de distanciamiento físico, toda la población tenga capacidad básica de compra, en particular de alimentos, así como de servicios básicos. Ello permitirá concretar el distanciamiento físico y atender simultáneamente el cuidado de la vida, la necesidad de volver a poner en marcha la economía, y preservar el orden social. No es, en realidad, solo la curva sanitaria la que debemos aplanar, sino también la curva del acatamiento mayoritario, si no total, al distanciamiento físico como único escudo protector contra la pandemia.
La Asociación Nacional de Educadores (ANDE) compartió con SURCOS material educativo que está promoviendo en alianza con otras organizaciones, para apoyar la formación de conciencia en torno a valores como la solidaridad y la erradicación del machismo.
Una de las infografías, que invitamos a circular en todas las redes a su alcance, hace referencia a la acción de humanidad que implica cuidar a otras personas, como a la población adulta mayor, que es parte de nuestra familia o de la vecindad.
Otra ofrece el mensaje de que la emergencia no es excusa ni oportunidad para actuar con violencia en el espacio familiar o de pareja. La construcción de espacios seguros y sin violencia son factores claves para mantener la tranquilidad, fomentar la salud, y activar el respeto a todas las personas.
La campaña formativa la desarrolla ANDE en colaboración con la Fundación Justicia y Género, la campaña Metele un Gol al Machismo, la Asociación Cartaginesa de Atención a Ciudadanos de la Tercera Edad, y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor.
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“El trabajo doméstico es eso que no se nota a no ser que no se haya hecho.”
Hoy, se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que probablemente pasará muy -convenientemente- inadvertido por la cruzada sanitaria que globalmente se acomete contra la fatídica pandemia.
Los y las trabajadoras del hogar –trabajo doméstico remunerado- son aquellas personas que prestan un servicio remunerado en una residencia u hogar y para el mismo, incluidas tareas domésticas, el cuido de personas y otros cuidados personales.
Este amplio colectivo, mayoritariamente conformado por mujeres, normalmente ha sido confinado a un estado de excepción, marginado de la aplicación efectiva de la legislación laboral, que reconoce el derecho a la jornada de trabajo, vacaciones y descansos remunerados, entre otros, quienes además devengan las peores remuneraciones.
La condición de vulnerabilidad que tanto flagela a este colectivo laboral, es producto de una exclusión y discriminación de carácter histórica, estructural, inherente a este sistema económico y político que ha sido abiertamente desnudado, en tan poco tiempo, por la crisis sanitaria.
Esa condición de vulnerabilidad de las mujeres que realizan esa actividad laboral, se recrudece en épocas de pandemia, como la que actualmente atravesamos, quienes están sufriendo la violencia de un exultante sistema que les está privando de su empleo o sus maltrechos salarios.
Además, así como en estos tiempos de aflicción, aumenta la violencia intrafamiliar, las trabajadoras de servicios domésticos quedan todavía más expuestas al incisivo acoso sexual y laboral.
No se podría dejar pasar esta fecha, sin hacer un reconocimiento a estas humildes trabajadoras, que pese a la importancia de la actividad que realizan, su trabajo se subestima tanto y se paga tan poco, a quienes por su aporte invaluable en esta época tan aciaga, les corresponde un merecido y simbólico aplauso, así como también se ha tributado a otros colectivos que atajan la conjura que se extiende en todo el planeta.
Pero de los aplausos no se vive, ni se come, ni siquiera los artistas que dependen enajenadamente del aplauso frenético de su público.
Las trabajadoras del hogar la están pasando muy mal, de lo peor, por lo que resulta impostergable que el Estado, de una vez por todas, asuma su responsabilidad social y se concreten las siguientes medidas:
1.- Es absolutamente urgente la definición de una política pública integral, que se materialice en medidas de compensación social que proteja los colectivos de personas más vulnerables, que han sido despedidas, dejado de percibir sus salarios, a consecuencia de la suspensión contractual, o que sus remuneraciones se han recortado; todo al amparo de una legislación de emergencia, que le transfiere a la Inspección de Trabajo la ejecución de la guillotina contra los derechos más preciados de la clase trabajadora.
Con la misma urgencia que se aprobó esa legislación de excepción, se debieron aprobar conjuntamente las medidas de mitigación de la situación social de aquellas trabajadoras.
No se puede seguir postergando y dejar para las calendas griegas, el reconocimiento de una prestación extraordinaria o subsidio de desempleo, de carácter temporal, que asegure a estos colectivos satisfacer razonablemente sus principales e inaplazables necesidades y las de sus familiares.
2.- La Inspección de Trabajo, ahora con uniforme de verdugo, dedicada a licenciar la suspensión de los contratos y la reducción de las jornadas de trabajo, con la misma eficacia que está resolviendo estas impropias gestiones patronales, con carácter prioritario, debe enfocarse a atender las consultas y tramitar de manera célere las denuncias que presenten las trabajadoras del servicio doméstico, ya sea por violación de sus derechos laborales, porque su patrono no implementa las medidas de seguridad necesarias para protegerse del riesgo del covit19, o porque estén sufriendo acoso aboral o sexual.
3.- Por último, el Poder Ejecutivo no puede retrasar más la sumisión de la ratificación del Convenio N° 190 de OIT, acerca del acoso y violencia en el mundo del trabajo, que particularmente tutela estos colectivos tan vulnerables.
