Los recursos que hagan falta para la atención de la emergencia deben ser cobrados a las grandes fortunas, al sector financiero, a las zonas francas, a los evasores fiscales y a los beneficiarios de la amnistía tributaria del 2018. Porque ellos no han sido solidarios con Costa Rica.
Carta pública al señor Presidente de la República y señoras y señores Diputados. Foro de Presidentes y Secretarios Generales del Magisterio Nacional.
Álvaro Vega Sánchez, sociólogo
La pandemia de la insolidaridad de los ricos, que genera escandalosa desigualdad en el mundo y en nuestro país, es el azote que cobra más vidas que cualquiera otra. La misma se venía incubando desde hace cuatro décadas, y el gobierno actual la ha conducido al pico más alto, lo que significa elevar el porcentaje, ya de por sí endémico, de pobreza, para salvar a las minorías que han venido amasando riquezas a costa del desfalco bancario, la evasión y la elusión del fisco.
Hoy el poder muestra el rostro de la frialdad y dureza que caracteriza a los regímenes autoritarios e inquisitoriales, quienes entre más dolor infligen a sus víctimas más lo celebran. Hay una dosis importante de sadismo gubernamental, al aprovecharse de una situación de emergencia nacional para hundir a una clase media precarizada, utilizando el comodín de “contribución solidaria”, con la idea de salvar a los pobres y desempleados, eximiendo de esa “contribución”, con descaro y desvergüenza, a los sectores más poderosos que hoy tienen al país en la quiebra.
Causa más que indignación la escena dantesca que se sucede cada día: se anuncia el avance de contagiados por el coronavirus y para contener la debacle económica se receta la medicina milagrosa de imponer una “contribución solidaria”, exclusivamente a los asalariados.
Estamos asistiendo a algo más que un golpe de Estado. Se trata de la clausura del Estado Social de Derecho costarricense. Así, está terminando la historia de uno de los países más solidarios del mundo, que cimentaba su ejemplar régimen de seguridad social, tanto en salud como en pensiones, en el aporte compartido del Estado, del patrono y del trabajador. El Estado se ha declarado en quiebra y los grandes empresarios y el sector financiero también, reportando cero ganancias.
Por eso, tenemos una institucionalidad social debilitada y un Estado policía que vela por los intereses del capital y, como si fuera una financiera usurera, garrotea a sus trabajadores tratando de convencer al pueblo que se trata de una invitación a la solidaridad en tiempos críticos. Hace poco cargaron sobre las espaldas del pueblo el déficit fiscal y ahora vuelven a doblegarlo para que pague las consecuencias económicas producidas por el COVID-19. ¿En quién cabe tal desfachatez?
Llegó la hora de pasarle la factura a un Estado indolente e inconstitucional, que se ha hecho de la vista gorda cuando algunos grandes empresarios de este país han vaciado sus arcas estafando a los bancos públicos y la mayoría evadiendo y eludiendo el fisco. Asimismo, demandarle que restituya las cotizaciones que no ha pagado, ni a los regímenes de pensiones ni a la Caja, sino que, al margen de la ley, los ha trasladado a su caja única.
Llegó la hora de decirle al gobierno que deje de jugar con la dignidad de un pueblo trabajador, noble y solidario. Hasta ahora, solo ha mostrado el rostro de uno más de los gobiernos insolidarios, frívolos e injustos de la historia política reciente de este país.
Ilustración: https://vocesprofeticas.blogcindario.com/2014/01/00193-insolidaridad.html
