La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) dirigió el 2 de noviembre un comunicado interno a sus organizaciones integrantes. En él valora el mensaje que la Conferencia Episcopal de Costa Rica publicó el 29 de octubre: «Que el comercio esté al servicio de la vida de nuestro pueblo». El mensaje de los obispos se emitió después de que la presidenta Laura Fernández Delgado anunciara la decisión de no firmar la adhesión al Acuerdo Transpacífico (CPTPP) y archivar el proceso.
Con el título «Con quienes sostienen la mesa de todos los costarricenses», la Red afirma que reconoce la importancia de esa palabra, porque «pone en el centro a las familias del campo» y pide que el archivo abra caminos. El comunicado cita el numeral 5 del mensaje episcopal, dedicado a la cercanía con los sectores afectados: «Enviamos un saludo fraterno y solidario a los agricultores, ganaderos, productores de leche, arroceros, caficultores, palmicultores, horticultores y pescadores, y a sus familias. Las organizaciones del agro han expresado su preocupación por miles de fincas y productores expuestos a una competencia desigual. Ustedes son parte viva del cuerpo de la Iglesia (1 Cor 12,12-31) y sostienen, con su trabajo silencioso, la mesa de todos los costarricenses».
RENASES explica en cuatro puntos por qué el mensaje importa para la Red.
El primero es que «nombra a quienes más arriesgaban». Los obispos saludan uno por uno a los sectores del agro y reconocen la competencia desigual que enfrentaban. Según la Red, es la misma preocupación que planteó en su pronunciamiento del 29 de setiembre.
El segundo es que «coincide con lo que pedimos». Los obispos solicitan que toda negociación futura cuente con información pública oportuna, estudios de impacto y participación real de los sectores más afectados. RENASES señala que son exigencias que ya había planteado y que siguen vigentes.
El tercero es que «mira hacia adelante». La Red recoge el planteamiento de que archivar el proceso no resuelve por sí solo los problemas del campo. También recoge la petición de que el apoyo anunciado por el Gobierno tenga recursos, plazos y metas verificables y se construya en mesas de diálogo con las organizaciones de productores.
El cuarto es que «nos pide altura». Los obispos llaman a vivir este momento sin polarización ni descalificaciones y a no descuidar a quienes trabajan en los sectores exportadores. «Así lo asumimos: no es la derrota de nadie, es una oportunidad para el campo», afirma la Red.
Bajo el encabezado «Esta cercanía tiene nombre en la Red», el comunicado recuerda que UNAG, MANA, la Unión Ganadera, el Centro Agrícola Cantonal de Mora, el Comité Regional de Ferias del Agricultor de la Región Central y SITRAP forman parte de RENASES. «A ellas, a sus bases y a sus familias les hacemos llegar el mismo saludo fraterno y solidario», indica.
Finalmente, la Coordinación de RENASES pide a cada organización integrante:
difundir el mensaje de los obispos en sus bases, parroquias y comunidades, y citarlo con fidelidad;
acompañar a las organizaciones del agro de la Red en las mesas de diálogo que han solicitado diputaciones de distintas fracciones;
dar seguimiento a la agenda de apoyo al sector, con recursos, plazos y metas que se puedan verificar.
Ante la decisión del Gobierno de la República de no suscribir la adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP)
San José, 29 de octubre de 2026
Los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, como pastores que acompañamos la vida cotidiana de las personas y de nuestras comunidades, hemos seguido con atención y oración el debate nacional sobre la eventual adhesión del país al Acuerdo Transpacífico. El 28 de octubre, la señora Presidente de la República, Laura Fernández Delgado, anunció la decisión de no firmar el protocolo de adhesión y de archivar el proceso, cuyas negociaciones habían concluido sustancialmente en mayo de este año.
Acogemos la decisión con serenidad.
2. Recibimos con respeto y esperanza esta decisión, porque responde al clamor de miles de familias productoras que, durante meses, pidieron ser escuchadas y conocer con claridad las condiciones de un acuerdo que podía afectar su sustento y poner en riesgo los medios para asegurar la vida. En nuestra Carta Pastoral Colectiva de abril de este año señalamos que el campo es «un sector cada vez más olvidado por el Estado y su institucionalidad» y pedimos fortalecer el diálogo con los agricultores (Conferencia Episcopal de Costa Rica [CECOR], 2026, nn. 45–47). La transparencia y la participación de los sectores afectados no son un trámite: son una exigencia de la dignidad de las personas y del bien común, como principios éticos para vivir en sociedad.
3. Queremos decirlo con claridad: esta palabra no es un rechazo al comercio internacional ni a quienes, con argumentos legítimos, veían en el acuerdo oportunidades para el país. La Doctrina Social de la Iglesia reconoce al mercado como «instrumento insustituible de regulación dentro del sistema económico», pero recuerda la necesidad de «sujetarlo a finalidades morales» (Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2005, n. 349), porque «el libre intercambio sólo es equitativo si está sometido a las exigencias de la justicia social» (n. 366).
La voz del Magisterio latinoamericano.
4. Los obispos de América Latina y el Caribe advirtieron en Aparecida que los tratados de libre comercio «entre países con economías asimétricas» no siempre benefician a los países más pobres, y que los campesinos deben estar atentos a los males que tales tratados puedan ocasionarles (Consejo Episcopal Latinoamericano [CELAM], 2007, nn. 67, 72). Allí mismo se pidió a la Iglesia de cada país «examinar atentamente» estas negociaciones y alertar a los responsables políticos y a la opinión pública sobre sus consecuencias para «los sectores más desprotegidos y vulnerables de la población» (n. 406d). En fidelidad a ese mandato pastoral, y no por interés partidario alguno, hoy alzamos nuestra voz.
Cercanía con los sectores afectados.
5. Enviamos un saludo fraterno y solidario a los agricultores, ganaderos, productores de leche, arroceros, caficultores, palmicultores, horticultores y pescadores, y a sus familias. Las organizaciones del agro han expresado su preocupación por miles de fincas y productores expuestos a una competencia desigual. Ustedes son parte viva del cuerpo de la Iglesia (1 Cor 12,12-31) y sostienen, con su trabajo silencioso, la mesa de todos los costarricenses.
Una decisión que debe abrir caminos.
6. Archivar un proceso no resuelve, por sí solo, las dificultades del campo. Por ello, con espíritu de colaboración, respetuosamente pedimos:
Que la agenda de acompañamiento al sector agropecuario anunciada por el Gobierno se concrete con recursos, plazos y metas verificables, y que se construya en mesas de diálogo con las organizaciones de productores, como también lo han solicitado diputaciones de distintas fracciones.
Que estas políticas no se limiten a ayudas pasajeras. El Compendio de Doctrina Social enseña que la intervención del Estado no debe ser «ni ilimitada, ni insuficiente», y que «la solidaridad sin subsidiaridad puede degenerar fácilmente en asistencialismo» (Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2005, n. 351); y pide políticas agrícolas «capaces de superar una cierta concepción residual y asistencial» (n. 299). Crédito accesible, asistencia técnica, infraestructura rural, combate al contrabando y fortalecimiento de cooperativas y otras formas asociativas son caminos para que el productor compita con dignidad.
Que se proteja la seguridad y la soberanía alimentaria del país, pues la disponibilidad de alimentos «no puede quedar limitada al mercado internacional» (CECOR, 2026, n. 46). Como recordaba el papa Francisco, «las autoridades tienen el derecho y la responsabilidad de tomar medidas de claro y firme apoyo a los pequeños productores» (Francisco, 2015, n. 129).
Que toda futura negociación comercial se realice con información pública oportuna, estudios de impacto y participación real de quienes podrían resultar más afectados, sin descuidar a las personas trabajadoras de los sectores exportadores ni las buenas relaciones con las naciones hermanas del bloque.
Un llamado a la unidad.
7. Invitamos a todos los actores —Poder Ejecutivo, Asamblea Legislativa, sector productivo, cámaras empresariales, academia y sociedad civil— a vivir este momento sin polarización ni descalificaciones personales. Costa Rica tiene una larga tradición de diálogo que hoy necesitamos honrar para construir juntos un modelo de desarrollo en el que nadie quede atrás.
8. Encomendamos a las familias del campo a la intercesión de Nuestra Señora de los Ángeles, Patrona de Costa Rica, y de san Isidro Labrador, para que el Señor bendiga el trabajo de sus manos y nos conceda a todos la sabiduría de buscar siempre el bien común.
Los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica
Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) San José, 29 de octubre, 2026
El Pacto Transpacífico se archivó, pero el agro sigue solo
El Gobierno archivó «definitivamente» el proceso de adhesión al CPTPP y removió a la ministra de Comercio Exterior. La razón no fue la defensa del interés nacional. Fue cálculo: lo que sus aliados económicos ganaban era poco y el costo político, demasiado alto. COMEX recibió un golpe en la mesa: estate quieto.
Lo que este Gobierno realmente defiende es otra agenda
Mientras el Pacto Transpacífico concentraba la atención, el Gobierno avanzaba en lo que de verdad le importa: privatizar el sistema eléctrico, imponer jornadas de doce horas, eliminar el tope a las tasas de interés, destruir la Caja Costarricense de Seguro Social por asfixia presupuestaria, desmantelar el sistema de pensiones solidarias, pauperizar la educación y recortar los programas sociales. Todo eso ocurre a plena luz del día.
Y debajo de todo eso, el cáncer que pudre las finanzas públicas: la evasión tributaria y las elevadísimas tasas de interés que pagamos por la deuda pública. La Contraloría General de la República lo documenta con evidencia en la mano: por controles deficientes, Hacienda dejó de recaudar más de ₡1,9 billones en impuestos sobre la renta entre 2023 y 2026. Las acciones de control cayeron de 1.767 casos en 2023 a apenas dos en 2025. Eso es negligencia, impericia o complicidad. Tributación y Aduanas, un mamarracho de sistema que lleva años en caos total. Mientras el Estado le recorta al niño del CEN-CINAI y al adulto mayor sin pensión, ciertos grupos económicos evaden sin consecuencias. Eso no es un problema fiscal. Es una decisión política.
El Pacto Transpacífico era la batalla visible. Las otras se libran con menos ruido, y se están perdiendo
El sector agro no ganó. Solo sobrevivió un día más
Celebrar que el posible acuerdo comercial Transpacífico se archivó sin exigir nada a cambio es conformarse con no perder. Y no perder no es ganar.
El frente que destruye al agro avanza todos los días:
Sin seguros agrarios en pleno cambio climático,
sin mejores condiciones de crédito,
sin compras del Estado que privilegien al productor nacional,
sin defensa comercial contra importaciones a precios ruinosos,
sin solución para la quiebra de 350 productores de arroz,
sin agua para Guanacaste,
sin respuesta ante los aranceles de Estados Unidos que violan el TLC,
sin alivio en insumos ni en registro de moléculas,
sin avances en la distribución de la riqueza que genera el campo entre quienes producen y quienes comercializan.
Que el CPTPP se haya archivado no resuelve ni uno solo de esos problemas. Solo significa que este año no se sumó uno más a la lista
Las promesas no alimentan. Los hechos, sí
El Gobierno anunció reforzar las compras públicas a productores locales y combatir el contrabando de alimentos. Bien dicho. Ahora el sector agro debe tomar la iniciativa: redactar un documento público con los compromisos concretos, los plazos y los responsables. Proponer al Gobierno en concreto y, si no cumple, que quede escrito quién falló y cuándo. No más mesas sin resultado. No más anuncios que se evaporan.
El agro costarricense tiene razones, tiene historia y tiene gente con las manos curtidas de trabajar la tierra, que merece algo mejor que sobrevivir de milagro en milagro. Ese mérito obliga. Obliga a organizarse más, a exigir, a no bajar la guardia nunca. Las injusticias no se corrigen solas: se corrigen cuando quienes las sufren deciden que ya fue suficiente.
José Oviedo Chaves Coordinador, RENASES
Agradecemos la asesoría del economista Welmer Ramos González.
Juan Carlos Durán Castro, defensor de derechos humanos, compartió con SURCOS estos apuntes sobre la coyuntura, en la víspera de las marchas del 20 de octubre.
Juan Carlos Durán Castro
“Este lunes 19 de octubre, la Corte Plena reeligió a Carlo Díaz como fiscal general de la República, y en la Asamblea Legislativa se archivó el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (expediente 23.414), al que el Frente Amplio ha llamado “ley del apagón”. Para Juan Carlos Durán Castro, son dos derrotas del oficialismo: “Al continuismo fascista le duele perder batallas”, afirma, y califica la reelección de Díaz de “abrumadora”.
Para Durán Castro, vienen marchas y protestas de calle que “deben ser y verse unitarias”. Propone que se organicen bajo seis líneas de acción:
Contra la corrupción y el narcotráfico, que considera enquistados en el país, y frente a la respuesta del gobierno de Laura Fernández Delgado, a quien califica de “presidenta formal, no real”.
Presupuesto para las universidades y respeto al derecho a la educación por medio del FEES.
Entierro definitivo del proyecto de armonización eléctrica.
Pago real de la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social. De lo contrario, el autor anticipa protestas de las personas trabajadoras de la institución, en coordinación con otros sectores de lo que llama “la resistencia patriótica”.
Rechazo al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), para asegurar la seguridad alimentaria del país y el empleo de miles de familias del agro nacional.
Presupuesto para el Poder Judicial y respeto irrestricto a la división de poderes, para impedir que el Gobierno continúe con más rupturas del orden constitucional.
Estas líneas coinciden con las causas de las convocatorias para este martes 20 de octubre: la marcha en defensa de la educación universitaria pública convocada por el CONARE, la Gran Marcha Nacional por la Educación, el Agro, la Cultura y los Derechos Sociales, y las movilizaciones en defensa del ICE, la CCSS, la cultura y el Poder Judicial.
Carlos Alberto Hernández Porras Cokomal / Red de Economía Social Solidaria de Costa Rica (RedESS)
La pregunta no es cuántos mercados se abren, sino quién los va a poder aprovechar y quién va a pagar el costo.
Esa es la pregunta que hoy debemos hacernos frente a la adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). Las negociaciones técnicas concluyeron sustancialmente en mayo de 2026, pero el protocolo aún debe pasar por revisión legal, firma y aprobación de la Asamblea Legislativa. Es decir, el debate democrático no ha terminado. Y es ahí donde la ciudadanía y las organizaciones campesinas tenemos algo que decir.
Lo que está en juego
El discurso oficial habla de oportunidades de exportación. Pero la economía campesina no compite en igualdad de condiciones. Quien produce arroz, frijol o maíz en una finca familiar enfrenta a países con escalas industriales, subsidios y costos que nuestra agricultura de pequeña escala jamás podrá igualar. Lo mismo vale para la leche y los quesos artesanales ante las importaciones lácteas, para la carne de cerdo, para las hortalizas y frutas locales, y para la pesca artesanal frente a flotas industriales.
Se trata de soberanía alimentaria: el derecho de nuestro pueblo a decidir qué se produce, cómo y para quién. Un país que depende cada vez más de alimentos importados es un país más vulnerable ante crisis de precios, de transporte o de geopolítica. Con cada parcela que cierra se pierde también conocimiento, semilla criolla, cultura alimentaria y arraigo en el territorio.
Del “libre mercado” a la economía solidaria
Desde la economía social solidaria sostenemos que la economía debe estar al servicio de la vida y de las comunidades, no al revés. Por eso, además de exigir cautela, tenemos propuestas concretas para que cualquier apertura no se convierta en una sentencia contra el campo:
Desgravación gradual y larga para los productos más sensibles, con salvaguardas reales y mecanismos ágiles de activación.
Fondos de apoyo a la producción alimentaria accesibles para organizaciones de pequeña escala, no solo para grandes empresas, con acompañamiento técnico y financiero.
Compras públicas con enfoque local: comedores escolares, hospitales y otras instituciones deben priorizar a cooperativas y productores nacionales.
Circuitos cortos de comercialización: ferias del agricultor, mercados comunitarios, tiendas solidarias y plataformas digitales que acerquen a quien produce con quien consume, a precios justos para ambos.
Consulta real a los territorios: la presidenta ha dicho que consultará a los productores. Esa consulta debe ser vinculante en la práctica, amplia y con tiempo, no un trámite de última hora.
Una oportunidad para fortalecer lo propio
Si el CPTPP avanza, el país tendrá que demostrar que sabe acompañar la apertura con políticas internas que protejan a quienes alimentan a la nación. Tenemos que blindar los mercados locales, fortalecer la asociatividad y las redes de comercio justo, y reconocer que la agricultura campesina no es un sector que sobra, sino la base de nuestra seguridad alimentaria.
El CPTPP no puede ser una sentencia de desaparición para la economía campesina. Todavía estamos a tiempo de exigir que Costa Rica defienda sus territorios rurales, su cultura alimentaria y la dignidad de quienes producen en pequeña escala. Esa defensa es la condición para la justicia para las familias campesinas.
Hay una contradicción que debería interpelarnos: vivimos una época de extraordinarias capacidades científicas y tecnológicas, mientras una vida digna sigue siendo una promesa incumplida para millones de personas. Las guerras destruyen comunidades; la incertidumbre atraviesa los hogares; trabajar no siempre permite vivir con seguridad. La pregunta por el futuro se ha convertido, para demasiada gente, en una pregunta por cómo sobrevivir al presente.
Las protestas que recorren distintos países tienen historias y demandas propias. Sería un error atribuirles una misma conciencia o un destino común. Sin embargo, muchas expresan un límite: el rechazo a seguir pagando con precariedad, endeudamiento y agotamiento decisiones sobre las cuales las mayorías tienen escasa influencia. Ese malestar cuestiona la promesa neoliberal de que la expansión del mercado terminaría asegurando el bienestar colectivo.
En Costa Rica, necesitamos discutir qué proyecto de sociedad se construye cuando la educación y la protección social se presentan como gastos que deben contenerse, mientras el castigo adquiere protagonismo como respuesta política. La seguridad es una necesidad real. Precisamente por eso, debe incluir prevención, investigación eficaz, justicia independiente y condiciones materiales para vivir. Su evaluación no puede reducirse al número de celdas ni a la dureza de los discursos.
También debemos exigir que las transformaciones de los servicios públicos se discutan abiertamente, con evidencia sobre sus consecuencias. Recuperar recursos para una institución no debería convertirse en moneda de cambio para aprobar reformas de otra sin suficiente deliberación. La ciudadanía merece conocer qué se negocia, quiénes se benefician y qué compromisos se adquieren en su nombre.
La controversia sobre el Acuerdo Transpacífico plantea una pregunta igualmente seria. La presidenta manifestó que no había revisado su borrador, mientras la ministra de Comercio Exterior sostuvo que las condiciones negociadas ya no podían renegociarse. Aunque la adhesión todavía requiere decisiones pendientes, esa tensión obliga a preguntar qué capacidad efectiva tienen los sectores convocados al diálogo para influir en el resultado. Escuchar sus preocupaciones exige explicar cuáles pueden atenderse, mediante qué instrumentos y con qué recursos. Contabilizar reuniones no demuestra, por sí solo, que sus planteamientos hayan incidido en lo negociado.
Exigimos información suficiente para evaluar los compromisos, sus beneficios y sus costos por sector, así como respuestas verificables para quienes podrían resultar perjudicados. Las oportunidades comerciales deben discutirse junto con sus efectos sobre el empleo, la producción nacional y la seguridad alimentaria. Concluir una negociación no elimina la obligación de justificarla ante la ciudadanía. La participación democrática pierde sustancia cuando se invita a hablar, pero se presenta lo fundamental como fuera de discusión.
Esa exigencia alcanza a la oposición. Denunciar al gobierno no constituye, por sí solo, una alternativa. Hacen falta propuestas, coherencia y capacidad de sostener acuerdos. Si cada sector defiende su espacio de manera aislada, podemos agotar nuestras fuerzas mientras se debilitan las condiciones que todos necesitamos.
Por eso hacen falta diálogos más exigentes y una comunicación más compartida. Espacios donde podamos contrastar diagnósticos, reconocer diferencias y acordar acciones sin exigir unanimidad. Espacios que escuchen también a quienes no participan en nuestros círculos y cuyas preocupaciones no siempre encuentran lugar en nuestros análisis.
Movilizarnos forma parte de esa tarea. Una protesta puede incomodar, interrumpir la rutina y ejercer presión sin agredir a las personas. Su fuerza crece cuando tiene continuidad, objetivos reconocibles y vínculos entre sectores. Salir a la calle permite afirmar una presencia; organizarnos permite sostenerla.
No hay garantía de victoria. El deterioro puede profundizarse y el hartazgo puede ser aprovechado por proyectos autoritarios. Una esperanza responsable debe reconocer esos riesgos y construir razones para actuar: compromisos concretos, responsabilidades distribuidas y formas de participación que no consuman hasta el agotamiento a quienes las sostienen.
Este es un llamado a encontrarnos. A pasar de las voces dispersas a una conversación capaz de producir acuerdos y acción colectiva. Podemos comenzar por aquello que estamos dispuestos a defender juntos y por una primera tarea que podamos cumplir.
Esta discusión tiene también una dimensión jurídica. El poder público está sujeto a obligaciones que ninguna mayoría electoral puede dispensar. Los artículos 9 y 11 de nuestra Constitución establecen un gobierno participativo y responsable, sometido a la legalidad y a la rendición de cuentas. Los derechos de petición y acceso a la información, reconocidos en los artículos 27 y 30, permiten exigir respuestas y conocer los fundamentos de las decisiones públicas. Cuando esas garantías se vulneran, existen mecanismos para reclamar su protección.
El financiamiento universitario tampoco queda a la libre disposición de los acuerdos partidarios: debe respetar la autonomía y las garantías de los artículos 84 y 85. De igual manera, concluir la negociación de un tratado comercial no reemplaza su aprobación legislativa ni el control previo de constitucionalidad exigido por el ordenamiento. Una decisión anunciada como políticamente concluida puede tener todavía controles jurídicos pendientes.
La política de seguridad encuentra límites igualmente precisos. El debido proceso, la prohibición de tratos crueles o degradantes y la independencia judicial obligan también cuando el miedo impulsa demandas de mayor castigo. A su vez, organizarse, expresarse y reunirse pacíficamente son derechos constitucionales, no concesiones del gobierno. Su ejercicio y su protección forman parte de la vida democrática.
No toda decisión que rechazamos es ilegal. La crítica adquiere fuerza jurídica cuando identifica la actuación cuestionada, la obligación incumplida y las pruebas que permiten exigir su revisión. Ese rigor debe acompañar la movilización: documentar, solicitar información, fiscalizar y acudir a los mecanismos de protección correspondientes. Defender el futuro común exige también hacer efectivas las garantías que el ordenamiento reconoce.
Seguimos de pie, aunque estemos cansados. Que ese cansancio encuentre solidaridad, organización y relevo. El futuro común merece algo más que nuestra resignación.
“¡Distintas luchas, un mismo país!”: la jornada incluye marchas desde diversos puntos del país, un encuentro nacional en la Plaza de la Democracia y una vigilia de cierre.
Para el martes 20 de octubre se convoca a una Gran Marcha Nacional por la Educación, el Agro, la Cultura y los Derechos Sociales, con el lema “¡Distintas luchas, un mismo país!”. La convocatoria llama a frenar “los recortes que afectan nuestro presente y futuro” y a trabajar “por una Costa Rica más justa, solidaria y democrática”.
Programa de la jornada
9:00 a. m.: salida de las marchas desde diversos puntos del país.
11:00 a. m.: gran encuentro nacional en la Plaza de la Democracia, en San José.
Hasta las 6:00 p. m.: jornada de participación con expresiones culturales y cierre con una gran vigilia.
Las luchas que convergen
La convocatoria reúne las demandas de distintos sectores:
educación pública y universidades;
agro y producción nacional;
derechos sociales y protección de la niñez;
personas con discapacidad, personas adultas mayores y cuidados;
trabajo y empleo digno;
ambiente y territorios sostenibles;
salud pública;
cultura y patrimonio;
pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes;
desarrollo de las regiones;
soberanía frente al acuerdo transpacífico;
todos los sectores de la sociedad.
Contexto
La convocatoria coincide con la Marcha en Defensa de la Educación Universitaria Pública que el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) convocó para ese mismo día. Esa marcha saldrá a las 9:00 a. m. desde la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro de Montes de Oca, hacia la Asamblea Legislativa, en las inmediaciones de la Plaza de la Democracia. Las dos se enmarcan en la discusión legislativa de los recortes presupuestarios.
En los últimos días, distintas instancias se han pronunciado contra esos recortes:
La Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES) llamó a una movilización unitaria y a articular esfuerzos con otros sectores en defensa de lo público.
El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) advirtió que su Centro Académico de Limón podría cerrar si se aprueba la reducción de ₡492,9 millones.
El Consejo de Área de Sedes Regionales de la Universidad de Costa Rica rechazó la moción 104-1, que eliminaría el presupuesto del Recinto de Paraíso.
Organizaciones del sector agropecuario y de otros sectores sociales también se han movilizado contra la adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), que es otra de las causas de la convocatoria.
¿Qué relación puede existir entre estudiantes franceses que reclaman condiciones dignas para estudiar, personas que se movilizan en España por el derecho a la vivienda, jóvenes que rechazan la militarización de su futuro y productores costarricenses que defienden sus posibilidades de subsistencia? ¿Qué conecta esas luchas con la solidaridad hacia Palestina, la defensa de la universidad pública y la exigencia de que los gobiernos respeten las decisiones judiciales?
No estamos necesariamente ante un movimiento internacional coordinado. Tampoco sus protagonistas comparten una misma interpretación del mundo. Sin embargo, la diversidad de las demandas permite reconocer una preocupación común: la creciente dificultad para sostener una vida digna y participar efectivamente en las decisiones que la condicionan.
Esta es una lectura de coyuntura. Su propósito es identificar relaciones entre acontecimientos que suelen presentarse como noticias separadas. La hipótesis que propongo es que atravesamos una crisis de la democracia liberal en la que confluyen el deterioro de las condiciones materiales de existencia, el fortalecimiento de proyectos autoritarios y una reorganización conflictiva del poder mundial.
La vida como problema político
La educación, la vivienda, la salud y la alimentación constituyen las condiciones materiales de la ciudadanía. Su deterioro tiene consecuencias democráticas: una persona absorbida por la incertidumbre de dónde vivirá, cómo se alimentará o si podrá continuar estudiando dispone de menos recursos para intervenir en la vida pública.
Las movilizaciones estudiantiles francesas expresan esa relación. Los reclamos por personal docente, infraestructura y condiciones educativas cuestionan la distancia entre las promesas de igualdad y las oportunidades concretas para construir un futuro. La incorporación de estudiantes de secundaria resulta especialmente significativa: quienes apenas comienzan a ejercer su ciudadanía están señalando las insuficiencias de la sociedad a la que se les pide integrarse.
En España, las protestas por la vivienda y la indignación ante el fallecimiento de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada de su hogar, colocan otra dimensión del conflicto: la distancia entre el reconocimiento del derecho a una vivienda y las condiciones efectivas para permanecer en ella. Su historia se convirtió en un símbolo de una inseguridad compartida por muchas otras personas.
La pregunta que atraviesa estos acontecimientos es profundamente política: ¿qué significa pertenecer a una democracia cuando los medios necesarios para vivir quedan fuera del alcance de una parte de su población?
Cuando la respuesta es la represión
La protesta constituye una forma de participación democrática. Permite hacer visibles necesidades que los procedimientos ordinarios no han atendido y disputar decisiones que afectan a sectores excluidos de su elaboración.
Por eso, la respuesta represiva merece ocupar el centro del análisis. En Francia, las noticias sobre gases, detenciones y denuncias de violencia contra estudiantes muestran que el conflicto comprende también la manera en que el poder enfrenta a quienes cuestionan sus prioridades.
No toda intervención policial tiene el mismo carácter. Pero cuando las demandas pasan a segundo plano y sus protagonistas son tratados principalmente como amenazas al orden, se produce una inversión: quienes denuncian una situación intolerable terminan convertidos en el problema que debe controlarse.
La democracia pierde sustancia cuando reconoce formalmente el derecho a expresarse, pero encarece su ejercicio mediante intimidación, estigmatización o violencia. El conflicto social puede revelar fallas institucionales; la represión puede profundizarlas al cerrar las posibilidades de una respuesta negociada.
La extrema derecha y la administración del malestar
Esta coyuntura adquiere otra dimensión cuando se examina el avance de las derechas radicales. Su fuerza política se alimenta de frustraciones reales: inseguridad, precariedad, desconfianza y sensación de abandono. Su eficacia consiste, en parte, en ofrecer una interpretación de esas experiencias y señalar responsables.
Migrantes, sindicatos, feminismos, universidades y organismos de derechos humanos pueden aparecer entonces como enemigos de una comunidad supuestamente amenazada. La promesa de restauración del orden permite desplazar la discusión sobre las estructuras que producen desigualdad hacia la persecución de actores presentados como culpables.
Las variantes nacionales importan. Algunas fuerzas promueven recortes y privatizaciones; otras ofrecen protección social selectiva, reservada a quienes consideran miembros legítimos de la nación. En ambos casos debemos preguntar qué ocurre con la universalidad de los derechos y con la posición de quienes quedan excluidos.
Tampoco el deterioro comenzó con el ascenso reciente de estas fuerzas. Gobiernos de distintas orientaciones contribuyeron al desgaste de las protecciones sociales y de la representación política. Reconocer esa responsabilidad permite comprender el terreno sobre el que crece la extrema derecha, sin borrar las diferencias entre proyectos ni atribuir a todos los gobiernos una intención idéntica.
La particularidad autoritaria aparece cuando el malestar se utiliza para concentrar poder y debilitar las herramientas con las que la ciudadanía podría exigir una distribución distinta de recursos, riesgos y oportunidades.
Vaciar la democracia desde sus instituciones
La degradación democrática puede desarrollarse mediante procedimientos formalmente institucionales. Una mayoría electoral puede presentarse como autorización para deslegitimar tribunales, restringir autonomías o excluir interlocutores incómodos.
Bajo ese razonamiento, la victoria en las urnas deja de ser un mandato limitado y se convierte en una pretensión de dominio sobre el Estado. Los controles aparecen como obstáculos; la oposición, como sabotaje; la protesta, como amenaza.
Aquí radica una contradicción decisiva: se invoca la democracia para debilitar las condiciones que permiten ejercerla. Pueden mantenerse elecciones y organismos públicos mientras disminuye la capacidad efectiva de la población para controlar a quienes gobiernan.
Sin embargo, las instituciones conservan diferencias y conflictos internos. Un tribunal que limita al Ejecutivo, una universidad que produce conocimiento crítico o una organización que defiende derechos muestran que el Estado y la sociedad siguen siendo terrenos en disputa. Defender esas capacidades forma parte de la resistencia al vaciamiento democrático.
Costa Rica: representación, sustento y pensamiento crítico
Los acontecimientos costarricenses permiten observar varias expresiones de esta tensión.
La controversia por la incorporación de Rocío Alfaro como representante sindical en la Junta Directiva de la CCSS afecta la participación de un sector social en una institución fundamental. La información publicada recoge una orden de la Sala Constitucional y la denuncia posterior de incumplimiento del plazo por parte del Gobierno. El problema político es evidente: una garantía pierde eficacia cuando su cumplimiento puede postergarse hasta neutralizar la representación que debía proteger.
Las movilizaciones agropecuarias frente a Casa Presidencial, por su parte, colocan en discusión los efectos de la eventual adhesión al Acuerdo Transpacífico. Además de las diferencias sobre sus consecuencias económicas, aparece el reclamo por la participación de quienes enfrentarían esos efectos. La deliberación democrática exige que las personas afectadas puedan incidir en las decisiones y conocer cómo se distribuirán sus beneficios y costos.
El señalamiento de supuesto adoctrinamiento de izquierda en las universidades públicas introduce otra dimensión. Según información periodística, una diputada oficialista pidió investigar el aparente financiamiento estatal de proyectos de esa orientación. Se trata de una acusación política que requiere pruebas, no de una descripción acreditada del trabajo universitario.
Fiscalizar recursos públicos es una obligación legítima. Convertir la orientación ideológica atribuida a una institución en motivo de sospecha abre, en cambio, la posibilidad de usar esa fiscalización como instrumento de disciplinamiento.
Una universidad debe permitir estudiar y discutir el marxismo, el liberalismo, el conservadurismo y cualquier otra tradición mediante argumentos y evidencia. Conocer una corriente no equivale a adherirse a ella. El adoctrinamiento comienza donde se impide preguntar, contrastar y disentir.
La autonomía tampoco exime de rendir cuentas. Protege la posibilidad de investigar y enseñar sin someter el conocimiento a la conveniencia del gobierno de turno. Cuando el pensamiento crítico se presenta como peligro, la discusión presupuestaria puede transformarse en una disputa sobre quién tiene derecho a interpretar la realidad.
En ese mismo ámbito de circulación de ideas se ubica la cancelación de las funciones del documental Naza en Cinema San Pedro. La retirada está documentada; atribuirla concluyentemente a presiones diplomáticas requiere evidencia adicional. El episodio permite, en todo caso, preguntar por las condiciones que favorecen o restringen el acceso del público a obras políticamente incómodas.
Un orden mundial en disputa
Estas tensiones ocurren en un escenario de competencia entre centros de poder. La erosión relativa de la hegemonía estadounidense y el avance de la multipolaridad modifican alianzas, dependencias y márgenes de actuación.
Multipolaridad y multilateralismo son procesos diferentes. La existencia de varias potencias no garantiza cooperación, respeto por el derecho internacional ni democratización. Puede ampliar las opciones de algunos países y, simultáneamente, intensificar disputas por recursos, mercados y territorios.
En ese contexto, la seguridad y la competencia internacional pueden convertirse en argumentos para exigir sacrificios internos. La cuestión democrática consiste en determinar quién define esas prioridades y quién soporta sus consecuencias.
La tensión entre el reconocimiento a Navi Pillay por su defensa del derecho internacional y las presiones estadounidenses sobre la Corte Penal Internacional ilustra la disputa por la eficacia de los límites jurídicos frente al poder. La universalidad de los derechos pierde credibilidad cuando su exigencia depende de quién sea el responsable de vulnerarlos.
También desde esta perspectiva, las movilizaciones electorales brasileñas pueden interpretarse como algo más que adhesión a una candidatura. Para sectores que apoyan a Lula, está en juego el rechazo al proyecto representado por Flávio Bolsonaro. Reconocer esa diferencia no exige ignorar las contradicciones del gobierno ni renunciar a cuestionarlo.
La promesa de salvación y las políticas contra la vida
Cabe aquí una digresión teológica. El apocalipsis puede pensarse, en su sentido de revelación, como una imagen de aquello que una crisis deja al descubierto.
Desde esa perspectiva, conviene interrogar los discursos que prometen salvar la civilización, la nación o la familia mientras aceptan que determinadas poblaciones carguen con abandono, exclusión o violencia. La pregunta se dirige a sus consecuencias y a las prioridades que las justifican.
Llamar “anti vida” a una política exige precisar su contenido: decisiones que deterioran las condiciones para vivir, trasladan daños evitables a los sectores más vulnerables o subordinan derechos fundamentales a la protección de privilegios.
La contradicción resulta especialmente visible cuando esos proyectos se presentan como defensores de valores cristianos. Su pretensión moral debe confrontarse con el trato que proponen para las personas pobres, extranjeras, disidentes o afectadas por la guerra. Esta crítica se dirige a la instrumentalización del lenguaje religioso y reconoce que también existen comunidades creyentes comprometidas con la solidaridad y la justicia.
La metáfora del anticristo podría expresar esa inversión: una promesa de salvación cuyo cumplimiento exige sacrificar a otros. Su valor crítico reside en revelar esa contradicción, sin convertir la discusión política en una clasificación de enemigos proféticos.
Resistir también es producir democracia
Las movilizaciones descritas no garantizan una transformación emancipadora. Pueden dispersarse, ser reprimidas o quedar atrapadas en respuestas que reproduzcan la exclusión. La indignación no tiene un destino político asegurado.
Sin embargo, permiten reconocer una disputa que atraviesa esta coyuntura: amplios sectores se resisten a aceptar que su educación, vivienda, sustento o existencia constituyan el costo inevitable de decisiones en las que apenas participan.
La crisis democrática se profundiza cuando la incapacidad para garantizar una vida digna se convierte en oportunidad para concentrar poder y restringir la capacidad de exigirla. Frente a ello, defender la democracia supone proteger libertades y controles institucionales, ampliar la participación y transformar las condiciones materiales que vuelven desiguales a quienes formalmente son ciudadanos iguales.
El desafío consiste en reconocer vínculos entre luchas distintas sin borrar sus particularidades. La defensa de una escuela, de una vivienda, de la producción agrícola o de la libertad de pensamiento puede encontrarse en una exigencia compartida: que la organización de la sociedad responda a las necesidades de quienes la sostienen.
Una democracia debe poder ser interpelada y transformada por esas personas. Cuando les exige silencio y sacrificios mientras protege privilegios, son precisamente quienes protestan los que vuelven a plantear su pregunta fundamental: ¿para quién y para qué se ejerce el poder?
“Aquí no hay nada que negociar”: productoras y productores rechazan el Tratado Transpacífico frente a Casa Presidencial
Movilización contra el Tratado Transpacífico: advierten por la soberanía alimentaria y el empleo rural
Este viernes 9 de octubre, organizaciones y personas productoras del sector agropecuario se movilizaron frente a Casa Presidencial, en San José, para rechazar la adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), conocido como Tratado Transpacífico. Mientras tanto, un grupo de dirigentes se reunía dentro de Casa Presidencial.
José Oviedo, dirigente del sector agro y coordinador de RENASES.Marco Ortiz, productor de leche.
SURCOS recibió las declaraciones de dos participantes en la movilización: José Oviedo, dirigente del sector agropecuario y coordinador de la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES), y Marco Antonio Ortiz, productor de leche.
“Aquí no hay nada que negociar”
José Oviedo dijo que las personas movilizadas tienen un “criterio reservado” sobre los resultados de la reunión, aunque esperan que la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, anuncie que el país no se adherirá al tratado:
“Nos encontramos aquí, al frente de Casa Presidencial, sabemos que hay unos dirigentes adentro en Casa Presidencial, esperemos que les vaya bien, aunque sinceramente nosotros tenemos un criterio reservado, que lo que va a haber ahí adentro es un show, pero ojalá que estemos equivocados y que hoy la presidenta de la República, doña Laura, diga que simplemente el Transpacífico no va. Eso es, no va. Y que no nos venga diciendo que va a negociar y otro y el otro, porque aquí no hay nada que negociar”.
Agregó que la lucha continuará y llamó al conjunto de la sociedad a sumarse, porque, según dijo, los efectos del tratado no se limitan al agro: “Esto no afecta solo a nosotros los agricultores, esto afecta absolutamente a todos con el libre tránsito de personas, la libre contratación de servicios, el libre tránsito de dinero. Lo que esperamos es un desempleo del costarricense tremendo”.
Soberanía alimentaria y economía rural
Marco Antonio Ortiz, productor de leche, afirmó que el tratado “va a afectar al 100 % la soberanía alimentaria del país”, construida durante “siglo y medio” de producción de calidad para la población costarricense.
Según Ortiz, el impacto alcanzaría “la mano de obra rural, la paz social rural, la economía rural”, porque el sector agropecuario es “un encadenamiento muy importante que da trabajo a cientos de miles de costarricenses en zonas en donde solo la agricultura y la ganadería se pueden tener”.
El productor comparó lo que aportaría el tratado, que estimó en 0,36 % del producto interno bruto (PIB), con el aporte del sector agropecuario, que ubicó en más del 11 % del PIB. “De manera que yo espero que la señora presidenta reconsidere la posición. Aquí somos patriotas y hay que demostrarlo”, dijo.
Ortiz advirtió que con el tratado llegarían “productos de países altamente desarrollados, de países que tienen tecnologías mucho más fuertes, y además, con producción subsidiada”, y puso como ejemplo el arroz: “Esto lo que va a hacer es más negocio para los importadores y la ruina para todos los productores nacionales”.
Antecedentes
Días antes de la movilización, RENASES dio a conocer su posición ante la adhesión al CPTPP. En ella pide al Poder Ejecutivo no firmar el protocolo, a la Asamblea Legislativa votar en contra y al Gobierno publicar el texto íntegro, que aún no se conoce en el país. El documento cita la simulación del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), según la cual el PIB sería alrededor de 0,34 % mayor al final de toda la desgravación, y el mismo estudio reconoce caídas de 3,3 % en la producción láctea y de 3,7 % en el empleo lechero. La organización señala también que Uruguay, gran exportador de arroz, carne y lácteos, negocia su ingreso al bloque. SURCOS publica por aparte una nota con los elementos centrales de ese pronunciamiento.
El 6 de octubre, el Frente Agroalimentario Nacional de Costa Rica realizó un foro sobre las implicaciones del Tratado Transpacífico para el sector agropecuario, del que SURCOS publicó una síntesis. La exposición estuvo a cargo de Renzo Céspedes, consultor en comercio internacional, y la moderación, de Luis Felipe Arauz, exministro de Agricultura y Ganadería.
En ese foro se planteó que la adhesión no representaría un “nuevo mercado” de gran escala, porque Costa Rica ya tiene tratados de libre comercio con la mitad de los países miembros y sus exportaciones a los mercados asiáticos del bloque son marginales. Se señaló además que, al entrar como país adherente, Costa Rica no podría renegociar el texto ni pedir protecciones especiales.
Entre los sectores más expuestos se mencionaron:
los lácteos, frente a la producción de Nueva Zelanda;
la carne bovina, frente a Australia;
el arroz y el café, frente a Vietnam;
el aceite de palma, frente a Malasia;
la papa y la cebolla.
El foro concluyó con un llamado a evaluar la adhesión con datos técnicos, a defender el empleo rural y a contar con una política de Estado que reduzca los costos de producción antes de asumir nuevos compromisos comerciales.
La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) dio a conocer su posición ante la adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), conocido como Tratado Transpacífico. En el documento, fechado en San José el 29 de setiembre de 2026, la organización rechaza la firma del protocolo de adhesión. Aclara que no lo hace por oposición al comercio, sino porque, a su juicio, dos décadas de política comercial muestran que “el problema de Costa Rica no es la falta de tratados, sino la incapacidad del Estado para convertirlos en producción, empleo y exportaciones nacionales”.
Lo que exige RENASES
La organización plantea seis exigencias:
Al Poder Ejecutivo, no firmar el protocolo de adhesión.
A las diputadas y los diputados, votar en contra de cualquier instrumento de adhesión que llegue a la Asamblea Legislativa.
Publicar de forma íntegra el protocolo, sus anexos, listas arancelarias, cuotas, plazos, reservas y cartas paralelas.
Declarar una moratoria de nuevas negociaciones comerciales hasta evaluar los acuerdos vigentes y contar con una política para aprovecharlos.
Encargar esa evaluación a instituciones independientes, como las universidades públicas, y someter sus resultados a discusión ciudadana.
Que las organizaciones sociales, productivas, sindicales, ambientalistas, cooperativistas y de consumidores se sumen a esta exigencia.
“Trece tratados para mover seis décimas de punto”
Según los datos que cita RENASES, entre 2007 y 2025 el país pasó de 5 a 18 acuerdos comerciales vigentes y de 12 a 54 países con acceso preferencial. Sin embargo, la proporción de exportaciones dirigidas a países con tratado apenas pasó del 92,9 % al 93,5 %. Estados Unidos, la Unión Europea y Centroamérica siguen concentrando más del 80 % de las ventas externas.
La organización describe esta situación como una “apertura hacia adentro”: los tratados han servido más para que otros países vendan en Costa Rica que para que Costa Rica venda en el mundo. Como ejemplo, señala un déficit comercial de más de US$4.100 millones con China en 2025, quince años después del tratado, y un saldo negativo de US$1.562,7 millones con los seis miembros del CPTPP con los que el país ya tiene acuerdos. Agrega que las empresas chinas emplean a 290 personas en el país, frente a unas 6.000 de empresas japonesas y 2.500 de empresas indias, aunque con Japón e India no existe tratado.
Críticas a la negociación de COMEX
RENASES sostiene que el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) mide su éxito por tratados firmados y no por resultados, y que negocia “de espaldas a los sectores productivos”. Señala que el protocolo, las listas y los plazos no se han publicado, y que lo que Costa Rica entregó se conoce por los gobiernos de Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Entre los puntos que destaca:
Canadá: según su gobierno, Costa Rica abrirá 98 líneas agrícolas que antes protegía (carne de res, cerdo, hortalizas como cebolla, papa, tomate y zanahoria, y leguminosas), mientras Canadá no hizo concesiones adicionales en lácteos, aves ni huevos.
Nueva Zelanda: informa que el 94,9 % de las líneas arancelarias costarricenses quedarían libres de arancel desde la entrada en vigor, con calendarios de eliminación para carne bovina, mantequilla, leche en polvo y quesos entre 2029 y 2037.
Sector lechero: el propio estudio de COMEX reconoce caídas de 3,3 % en la producción láctea y de 3,7 % en el empleo lechero, en una cadena que, según la Cámara Nacional de Productores de Leche, sostiene unos 48.000 empleos directos e indirectos.
Más que aranceles
El pronunciamiento advierte que el CPTPP impone reglas que reducen las herramientas de desarrollo del país:
Compras públicas: se abren a proveedores extranjeros las de municipalidades, hospitales y universidades públicas.
Empresas públicas: banca, seguros, telecomunicaciones, energía y transporte quedan sujetas a disciplinas internacionales cuando compiten comercialmente. RENASES aclara que el tratado no obliga a privatizar.
Inversión extranjera: se prohíbe exigir a la inversión extranjera compras de insumos nacionales, contenido local o transferencia de tecnología.
Propiedad intelectual: el país asume compromisos en esta materia.
Añade que el bloque seguirá creciendo con reglas que no se renegocian. Uruguay, gran exportador de carne bovina, lácteos y arroz, negocia su ingreso, y Emiratos Árabes Unidos, Filipinas e Indonesia iniciaron conversaciones.
Una ganancia mínima
Según la simulación de COMEX citada por RENASES, al final de toda la desgravación, que en algunos productos se extiende hasta 2037, el PIB sería alrededor de 0,34 % mayor: unas tres centésimas de punto por año. En ese escenario, las exportaciones hacia el bloque crecerían en US$61,9 millones y las importaciones en US$252,4 millones. RENASES señala que el Gobierno no ha presentado ningún plan de transición ni de compensación para los sectores afectados. Sobre los precios, advierte que una rebaja en aduana no siempre llega a quienes consumen y que el país nunca ha medido cuánto de las rebajas de tratados anteriores llegó a los hogares.
De firmar a aprovechar
RENASES propone una nueva etapa de la política comercial, con cinco ejes:
Una evaluación pública e independiente de los 18 acuerdos vigentes, con indicadores de resultado: uso de las preferencias arancelarias, nuevas empresas y productos exportadores, participación de las pymes y de las regiones fuera de la GAM, valor agregado nacional, saldo comercial por socio y efecto real sobre los precios.
Reorientar los recursos de COMEX y PROCOMER de la negociación al acompañamiento de las empresas exportadoras.
Un plan de aprovechamiento por mercado con los socios de resultados pobres, empezando por China.
Un mecanismo de transición y compensación para los sectores y territorios expuestos, definido y financiado antes de cualquier nueva apertura.
Definir los instrumentos de política productiva que el país necesita conservar para los próximos veinte o treinta años.
El documento lo firma José Oviedo Chaves, coordinador de RENASES, y cierra con esta frase: “Costa Rica no necesita más firmas, necesita resultados. Antes del tratado número diecinueve, que COMEX demuestre para qué han servido los dieciocho”.
