Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico y la economía campesina: la decisión todavía no está tomada

Carlos Alberto Hernández Porras
Cokomal / Red de Economía Social Solidaria de Costa Rica (RedESS)

La pregunta no es cuántos mercados se abren, sino quién los va a poder aprovechar y quién va a pagar el costo.

Esa es la pregunta que hoy debemos hacernos frente a la adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). Las negociaciones técnicas concluyeron sustancialmente en mayo de 2026, pero el protocolo aún debe pasar por revisión legal, firma y aprobación de la Asamblea Legislativa. Es decir, el debate democrático no ha terminado. Y es ahí donde la ciudadanía y las organizaciones campesinas tenemos algo que decir.

Lo que está en juego

El discurso oficial habla de oportunidades de exportación. Pero la economía campesina no compite en igualdad de condiciones. Quien produce arroz, frijol o maíz en una finca familiar enfrenta a países con escalas industriales, subsidios y costos que nuestra agricultura de pequeña escala jamás podrá igualar. Lo mismo vale para la leche y los quesos artesanales ante las importaciones lácteas, para la carne de cerdo, para las hortalizas y frutas locales, y para la pesca artesanal frente a flotas industriales.

Se trata de soberanía alimentaria: el derecho de nuestro pueblo a decidir qué se produce, cómo y para quién. Un país que depende cada vez más de alimentos importados es un país más vulnerable ante crisis de precios, de transporte o de geopolítica. Con cada parcela que cierra se pierde también conocimiento, semilla criolla, cultura alimentaria y arraigo en el territorio.

Del “libre mercado” a la economía solidaria

Desde la economía social solidaria sostenemos que la economía debe estar al servicio de la vida y de las comunidades, no al revés. Por eso, además de exigir cautela, tenemos propuestas concretas para que cualquier apertura no se convierta en una sentencia contra el campo:

• Desgravación gradual y larga para los productos más sensibles, con salvaguardas reales y mecanismos ágiles de activación.

• Fondos de apoyo a la producción alimentaria accesibles para organizaciones de pequeña escala, no solo para grandes empresas, con acompañamiento técnico y financiero.

• Compras públicas con enfoque local: comedores escolares, hospitales y otras instituciones deben priorizar a cooperativas y productores nacionales.

• Circuitos cortos de comercialización: ferias del agricultor, mercados comunitarios, tiendas solidarias y plataformas digitales que acerquen a quien produce con quien consume, a precios justos para ambos.

• Consulta real a los territorios: la presidenta ha dicho que consultará a los productores. Esa consulta debe ser vinculante en la práctica, amplia y con tiempo, no un trámite de última hora.

Una oportunidad para fortalecer lo propio

Si el CPTPP avanza, el país tendrá que demostrar que sabe acompañar la apertura con políticas internas que protejan a quienes alimentan a la nación. Tenemos que blindar los mercados locales, fortalecer la asociatividad y las redes de comercio justo, y reconocer que la agricultura campesina no es un sector que sobra, sino la base de nuestra seguridad alimentaria.

El CPTPP no puede ser una sentencia de desaparición para la economía campesina. Todavía estamos a tiempo de exigir que Costa Rica defienda sus territorios rurales, su cultura alimentaria y la dignidad de quienes producen en pequeña escala. Esa defensa es la condición para la justicia para las familias campesinas.