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Etiqueta: criminalidad

El caso Celso Gamboa y su relación con la situación socio-política de Costa Rica

Por: Allen Cordero Ulate1

1 Sociólogo, integrante del Movimiento de Trabajadores y Campesinos. Ex director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica.

El 23 de junio del presente año Celso Gamboa Sánchez, fue detenido a solicitud de la DEA de Estados Unidos; Administración de Control de Drogas. Esta detención se ha convertido en el acontecimiento político más relevante del momento. De todo se ha dado con este caso: el pueblo ríe; el gobierno se sacude; los partidos políticos ya nada tienen que ver con Celso; la DEA sale como el gran ganador. En fin: es pertinente que hagamos un análisis de este escándalo para ver qué conclusiones podemos extraer.

El pueblo ríe

La producción de memes con el caso Celso Gamba es impresionante: algunos muestran fotos de Celso con variados personajes de la política nacional; otros instan a Celso a “soltar la sopa”, o sea, a delatar a otros responsables; otros se burlan de las 10 enfermedades reportadas por este personaje para pedir traslado a una cárcel de mucho menor seguridad; etc. Queda la duda de hasta qué punto Celso Gamboa, a pesar de lo apestado que lo muestra alguna prensa, es un referente para ciertos sectores de la sociedad desaminados por la política actual, pero que ven en esta figura un modelo a seguir, dado su aire triunfador, su éxito en la política tanto legal como la ilegal. En algunos países o regiones los capos de la droga son prácticamente héroes.

Causas y efectos del caso Celso Gamboa

Este sonado caso se puede relacionar con variados aspectos de la realidad nacional e internacional. Sin duda tiene que ver con la situación política nacional pues se inscribe en una disputa de élites socio-políticas. Algunas de estas causas relacionadas con las luchas entre grupos dominantes son muy oscuras. También, tiene que ver con la realidad social del país donde la criminalidad asociada con trasiego y consumo de drogas se encuentra en el punto más alto de la historia nacional. Igualmente, puede relacionarse con aspectos de la economía nacional, donde algunos sectores poderosos se orientan a la economía relacionada con drogas como vía de acumulación de capital. Se puede pensar que hay vasos comunicantes entre la economía legal y la economía ilegal. Este caso también tiene que ver, aunque parezca increíble, con las relaciones internacionales en primer lugar con Estados Unidos. Veamos algunos aspectos de estas situaciones.

Impactos políticos

Los impactos políticos que está teniendo el asunto de Celso Gamboa es muy profundo. No obstante, es difícil saber cuál será el desenlace. Con el tema de las drogas se da paso a una suerte de política oscura o empañada. No se sabe claramente dónde está la verdad y dónde está la mentira. Así como hay una economía “legal” con conexiones oscuras con la economía “ilegal”. Asimismo, se puede pensar, funciona la política: con personajes legales, tales son los casos de las autoridades políticas que se relacionan con otros personajes opacos que trabajan en el oscuro mundo de los negocios de las drogas. Al final los escenarios políticos lucen turbios, sean legales o ilegales.

Algunos de los puntos de tensión política más significativos de la coyuntura actual son los siguientes:

  • Conflicto gobierno versus partidos políticos de oposición.

  • Conflicto gobierno versus otros poderes estales (judicial, legislativo, y Tribunal Supremo de Elecciones).

  • Conflicto gobierno versus prensa tradicional y alternativa.

Parece un conflicto desigual pues enfrenta a un presidente que se muestra junto a una mujer fuerte diputada; enfrentados contra el poder de múltiples actores visibles o invisibles que se escudan tras las instituciones, los partidos políticos tradicionales y también en la prensa. Pareciera un conflicto donde el presidente y su principal aliada tiene todas las de perder puesto que “todo el mundo” está contra él y ella. Pero no es tan así, por el no tan simple hecho de que este equipo, goza de una amplia popularidad, que si bien se ha desgastado producto de su accionar político, está lejos de haberse destruido. Antes bien, representa un inminente riesgo de continuidad.

¿Qué tiene que ver el caso de Celso Gamboa con toda esta situación? En que el gobierno y en particular, la figura del presidente está siendo una de las más señaladas con vínculos con el apestado de Celso Gamboa. En las redes, por ejemplo, están circulando videos de cuando el personaje devenido en desgracia se dirige a la casa del presidente en el exclusivo condominio Monterán. También están siendo acusados funcionarios muy cercanos al presidente: un ministro y un asesor. El presidente niega su relación con Celso Gamboa, pero le están lloviendo múltiples acusaciones.

¿Irá a venirse el gobierno abajo con el caso Celso Gamboa? Pudiera venirse abajo jurídicamente pero no políticamente. Al menos en este momento. O sea, no se puede descartar que al presidente se le levante su inmunidad y se le vea sometido a una batería de juicios, o bien, que salga huyendo del país poco antes de terminar su mandato o inmediatamente después de terminarlo. Es posible y hay muchos rumores el respecto. A ciencia cierta es difícil emitir un pronóstico político respecto a Rodrigo Chaves. Pero lo que hasta el momento aparece con un importante grado de solidez es que sigue conservando una importante popularidad en sectores populares, principalmente de los barrios más pobres de la ciudad y de las provincias dejadas de lado por el “desarrollo nacional”: Limón, Puntarenas y Guanacaste.

En esto último que hemos dicho, “dejados de lado por el ‘desarrollo nacional´” está una de las claves del éxito populista de derecha de Chaves. Es decir, Chaves sabe utilizar muy bien el desencanto de las clases populares más pobres con la política tradicional. Es un desencanto muy profundo que tiene que ver con el propio subdesarrollo capitalista que ha venido hundiendo en la miseria y la ausencia de oportunidades para estos sectores, todo esto profundizado por las políticas neoliberales. Obviamente, los partidos tradicionales, incluyendo a los partidos “progresistas”, como el Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Frente Amplio (FA), son corresponsables de la aplicación de estas políticas. También las instituciones adscritas al poder legislativo, y electoral son corresponsables de estas situaciones adversas. Chaves, hábilmente ha venido canalizando este descontento e incluso intentando dar golpes institucionales, cosa insólita, contra el poder judicial y otros poderes. La debilidad política de Chaves es que no ha logrado que el apoyo que aparece en las encuestas se traduzca en apoyo callejero.

Las políticas de Chaves son derechistas porque al mismo tiempo que se lanza contra grupos privilegiados, aplica las mismas políticas neoliberales, como es priorizar el pago de la deuda interna y externa, de manera simultánea que ahoga instituciones y políticas como la CCSS, el gasto social, en temas como educación y vivienda. Además, se apoya en prejuicios muy arraigados en sectores populares, como la homofobia, la defensa a secas de la vida, que en palabras llanas significa la oposición al aborto, la xenofobia, etc. Aparte de elementos subjetivos como es hablar en tono pachuco, violento, o en tono de guaro vaquero de cantina.

El alza en la criminalidad

El caso Celso Gamba también se conecta muy bien con el asunto del crecimiento de la criminalidad ya que tiene que ver con trasiego de drogas. Gran parte de las violencias está relacionado con asuntos de drogas.

El indicador más usado para medir la situación de criminalidad de un país es el de homicidios dolosos. Los últimos años muestran una fuerte tendencia al alza. Siendo el 2023 el año más violento de la historia con 905 homicidios. En el 2024, la cantidad de homicidios bajó muy levemente pues hubo 880 homicidios; 25 menos que el año anterior (Semanario Universidad, 6.01.2025). Pero, julio del 2024 fue el más violento de la historia nacional con 80 víctimas; un 17,5 más que en el 2023. (Semanario Universidad, 05.08.2024). Ver: https://semanariouniversidad.com/pais/con-880-homicidios-2024-cerro-como-el-segundo-ano-mas-violento-de-la-historia/ y https://semanariouniversidad.com/pais/este-mes-de-julio-fue-el-mas-sangriento-en-la-historia-de-costa-rica/)

De acuerdo con algunos organismos especializados y también de lo que llega por fuente de la prensa y de los relatos, incluso vivenciales en nuestros barrios; buena parte de los homicidios se relacionan con temas de drogas. Así en un estudio, del Observatorio de la Violencia adscrito al Poder Judicial de Costa Rica, mostró que un 70% de los homicidios ocurridos en el 2024 tenían que ver con móviles de ajuste de cuentas o venganzas. El resto de los homicidios tenía que ver con discusiones o riñas (14%). El restante 16% se distribuía entre causas como la comisión de otro delito, la llamada “violencia doméstica” y otros. (Ver: https://observatorio.mj.go.cr/recursos/tablas-y-graficos)

En general, la vida social costarricense se ha hecho más violenta, principalmente relacionada con drogas como causa inmediata. Pero también por la realización de otros delitos o porque se utiliza la violencia para resolver diversidad de conflictos. Esta situación viene a afectar profundamente la calidad de vida de las personas que ven como un pasado con escasa violencia social se les escapa de las manos sin poder hacer prácticamente nada.

Otro indicador significativo de la violencia es la de género. En los dos primeros meses de 2025 se registraron 10 femicidios, o sea, la tercera parte de los ocurridos durante el 2024, año en que hubo 30 femicidios. (En: https://semanariouniversidad.com/pais/solo-dos-meses-del-2025-pais-alcanzo-una-tercera-parte-de-los-femicidios-del-ano-anterior/).

En un contexto como el de Costa Rica donde se supondría que los femicidios no existieran o tendieran a la baja, pues se supone que es un país avanzado en términos de relaciones de género, así como en términos de legislación; la situación es claramente adversa. Muchos de estos crímenes se revisten de formas de violencias extremas, donde las víctimas son sujetas de muertes muy dolorosas, alevosas, como descuartizamientos, entre otros.

Otro sector que no se debe olvidar cuando se hace un recuento de los efectos sociales de la criminalidad, definitivamente es la juventud. Una importante cantidad de víctimas viene de este sector. El director del Organismo de Investigación Judicial, Randall Zúñiga así lo ha venido enfatizando. Este funcionario dio las siguientes cifras: “(es)…doloroso la cantidad de menores de edad que están falleciendo”, pues se están muriendo”. Se refiere a las víctimas del 2024. O sea, un 39,7% se trató de jóvenes entre los 12 y los 29 años. (Semanario Universidad, 06.01.2025).

Por su parte, el presente año, 2025, no pinta nada bien. De acuerdo con la OIJ, la cantidad de personas asesinadas hasta mayo del presente año ya superó la del 2024 la del 2023, para esta misma fecha, Esto significa que a mayo del 2025 se registraban 370 homicidios, siete más que el año anterior, en el cual ocurrieron 880 homicidios en total, el segundo peor registro en la historia, solo superado por el 2023.” (LN, 02.06.2025) En: https://www.nacion.com/sucesos/homicidios-en-costa-rica-en-el-2025-ya-superan-los/KWRZYFGGK5HIDFF5ZD3KKCT3CM/story/)

Economía del narco

De acuerdo con el “Informe Mundial sobre las Drogas 2025” elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por las siglas en inglés); Costa Rica aparece entre las principales rutas marítimas para el tráfico de cocaína entre Sudamérica y Norteamérica.

Este informe se publicó el pasado 26 de junio. En el mismo se analiza el narcotráfico y el consumo de drogas en diferentes modalidades. Así, “…Costa Rica forma parte de una de las principales rutas del trasiego de cocaína proveniente de Ecuador, por aguas del pacífico. En tanto, en aguas caribeñas, la influencia es ejercida por los envíos desde Colombia.” Igual se indica que la mayor parte de los países centroamericanos forman parte de estas rutas.

Todo esto en un contexto de economía internacional de la cocaína que muestra un crecimiento de la producción que sería envidiable para cualquier actividad económica. De acuerdo con el informe citado, la producción de cocaína a nivel mundial experimentó un crecimiento récord llegando en 2023 a 3738 toneladas, lo que significó un incremento de casi el 34% respecto al 2022. (CRHoy, 01.07.2025; En:https://crhoy.com/costa-rica-entre-las-principales-rutas-para-el-trafico-maritimo-de-cocaina-expone-informe-de-onu/). La razón de este crecimiento es por supuesto, el aumento exponencial del consumo en Estados y Europa. Además, es un mercado en expansión hacia países asiáticos y africanos. Se estima que actualmente hay unos 25 millones de consumidores en el mundo. En el caso costarricense también hay un mercado interno. Buena parte de la criminalidad nacional tiene que ver con mercado interno.

Las tasas de ganancia en este negocio parecen ser exorbitantes pues un kilo de cocaína en Costa Rica cuesta entre 4000 y 4500 dólares. En tanto que en Europa cuesta entre 30000 y 35000 dólares. O sea, unas 7,5 veces más. (El Observador, 18.06.2025).

Se han vuelto pan de cada día las noticias relacionadas con incautaciones de drogas. El gobierno dice que las incautaciones son históricas, mientras que las fuerzas críticas al gobierno denuncian que los decomisos han disminuido significativamente. Los cierto es que los cargamentos son impresionantes. Así, por ejemplo, una noticia reciente del 9 de junio 2025 informa de una incautación de 3500 paquetes de droga, esto es 3,5 toneladas. (La Nación, 09.06.2025). En: https://www.nacion.com/sucesos/cae-enorme-cargamento-de-cocaina-en-contenedores/OWET54SKLVCV7KNC4ARCQRSNME/story/). Por lo tanto, con un valor de entre 105 y 122,5 millones de dólares. En colones sería la gigantesca cifra de unos 5 mil millones, en caso de ser calculado al valor menor de 30 mil dólares el kilo.

No se tiene datos del valor de la droga realmente colocada en los mercados internacionales. Pero, los datos de las incautaciones pueden servir de indicativos para estimar los valores monetarios de lo que se está moviendo.

Volviendo al caso de Celso Gamboa, a quien la DEA lo tiene como el líder en Centroamérica del Clan del Golfo para Centroamérica, él estaría recibiendo entre 500 mil y 2 millones de dólares mensuales por sus servicios. (CRHoy, 03.07.2025) O sea, estamos al frente de un pez muy gordo. De acuerdo con la nota anterior Celso fue reclutado desde el 2019 por un grupo dedicado a este negocio. Aparentemente la DEA venía dándole seguimiento desde el 2020. Hasta que se culmina con la solicitud de extradición.

La DEA y el imperialismo

La Ley de Extradición, que permite la deportación de costarricenses por presuntos casos de narcotráfico y terrorismo, fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 20 de noviembre del 2024. Contó con el voto afirmativo de 44 personas diputadas. No hubo ningún voto en contra. Las restantes 13 de diputaciones no votaron por oposición si no por ausencia. Incluso, el Frente Amplio, al que se le tiene por la oposición de izquierda, votó a favor de dicha ley por medio de las cuatro diputaciones que en ese momento estaban presentes en el plenario. De manera que así de fácil fue reformada la Constitución Política que expresamente en su artículo 32 prohibía la extradición de nacionales.

Solamente algunas voces aisladas denunciaron la Ley de Extradición diciendo que mediante esta reforma de la Constitución Política se le permitía a Estados Unidos ejercer plenas potestades sobre personas costarricenses para calificarlas de narcos o terroristas. Téngase en cuenta que Estados Unidos utiliza, especialmente el calificativo de “terroristas”, con amplia discrecionalidad. Por ejemplo, para Estados Unidos prácticamente por solamente simpatizar con la causa palestina se es terrorista.

Con la detención de Celso Gamboa ha quedado claro que eso era lo que buscaba Estados Unidos desde hace buen tiempo. Justamente el 4 de febrero del presente año, Marco Rubio en su visita a Costa Rica colocó como uno de sus principales puntos de agenda la “ayuda” de la DEA y el FBI para el combate del narcotráfico, hablando expresamente de involucrar estos organismos para trabajar conjuntamente a los equipos nacionales de seguridad. (El País, 04.02.2025). Cosa que, en lo que respecta al caso Celso Gamboa, ya venían haciendo desde el 2020.

El gobierno de Rodrigo Chaves ha actuado en complacencia de Trump en esta y otras políticas. Este gobierno se manifiesta conforme su carácter completamente obediente a lo que le dicte Estados Unidos.

Si bien el imperialismo estadounidense se manifiesta muy cauteloso en sus relaciones internacionales, principalmente cuando se habla de China, en el caso de Centroamérica no ha tenido empacho en golpear la mesa obteniendo lo que quiera. Ha sido la tónica de casi todos los países centroamericanos, excepto Nicaragua, que ejecuta una política internacional oportunista pues si bien no rompe con Washington, al mismo tiempo profundiza sus relaciones con China y Rusia. Por su parte, en Panamá ha habido una huelga de personas profesoras y maestras que ha durado más de dos meses, y numerosas protestas a los largo y ancho del país, siendo uno de sus puntos el memorándum de entendimiento entre Estados Unidos y Panamá. Por tanto, en Panamá, las políticas de Trump están contribuyendo fuertemente a la crisis nacional. Panamá muestra el camino de la resistencia y la lucha social.

La Ley de Extradición es una muestra de cómo el imperialismo impone su voluntad política en un país semi colonial como lo es Costa Rica. Donde existe un gobierno completamente servil a lo que dicte el amo del norte.

¿Debería tener el movimiento obrero y popular un conjunto de políticas sobre temas como los de Celso Gamboa?

Claro que sí. Debería tener políticas para enfrentar este tipo de acontecimientos. No solamente para este caso si no para otros asuntos que se conectan con el tema del tráfico de drogas y la criminalidad. Hoy en día el caso Celso Gamba es el que articula la coyuntura política. No sabemos a esta altura si Celso será extraditado o no. Ni cuál será el desenlace de este caso. Pero de lo que si se puede estar seguro es que, en el marco de la economía y la política nacional e internacional, casos similares o conectados, tendrán lugar. Por tanto, es necesario formular políticas para enfrentar la situación.

Un nivel de política puede plantearse en el terreno de la comprensión o explicación del fenómeno. Debemos procurar dar herramientas analíticas críticas al pueblo. Deberíamos poder explicar cómo el narco se inscribe como un eje de acumulación de capital que es aprovechado por grupos dominantes muy poderosos. No podemos creer a los cárteles de las drogas y sus jefes. Los “Celso Gamboa” no deben ser un modelo a seguir. Entendemos que explicar también significa escuchar las voces de nuestros pueblos. Para explicar mejor debemos escuchar.

También en el campo más inmediato de la subsistencia de las personas jóvenes, que constituyen la carne de cañón de los cárteles y las pandillas, deberíamos explicar pacientemente que hacerse integrante de las pandillas que sirven al narco o la criminalidad no resuelve sus problemas de fondo. Más bien puede ser el camino expreso a muertes prematuras. El camino es luchar por empleo de calidad, educación y salud. En última instancia hay que luchar por cambiar la sociedad como un todo, a favor de las clases desposeídas. En mi caso pienso que el socialismo es la solución. Pero debemos dialogar con la juventud trabajadora y desempleada, así como otros sectores, para ver qué proponen y cómo se puede conseguir lo que proponen.

Igualmente, a nivel de las comunidades y los territorios el pueblo debería organizarse en Comités de Seguridad Popular, que trabajen en el campo preventivo de la delincuencia. Algunas tareas de estos comités necesariamente son de seguridad, pero otras tareas conectadas irían en el campo de la mejora de la calidad a nivel a nivel comunitario: centros para deporte y cultura, empleo, acceso a la educación entre otras reivindicaciones sentidas.

Disminuir los índices de violencia y por ende la criminalidad es una meta que podemos lograr

José Luis Pacheco Murillo

El tema de la criminalidad y por ende el de la seguridad acamparon la atención en el 2023. Se contabilizaron 907 crímenes lo que es una suma que causa por una parte tristeza al ver cómo se matan incluso entre jóvenes y por otro lado crea mayor inseguridad y temor. Debemos tener presente que el desarrollo sostenible que tanto queremos no se puede lograr sin seguridad y viviendo con miedo.

Fueron muchas veces las que escuchamos noticias de que en centros educativos se tuvieron que interrumpir lecciones por causa de la violencia. Precisamente donde más se debe trabajar para para cambiar los entornos y que los niños y jóvenes puedan acudir a clases sin temor a las acciones violentas.

Es mucho lo que hay por hacer, pero lo primero es asumir la responsabilidad de hacerlo. No podemos exonerarnos de esa responsabilidad indicando que les corresponde a otros. En el caso del gobierno local la Alcaldía tiene que asumir ese liderazgo.

Hay que gestionar una acción interinstitucional para que cada esfuerzo que se desarrolle sea pensando en el ciudadano y su calidad de vida. Desde la iluminación de parques y plazas y barrios en general, hasta la generación de actividades que establezcan la recuperación de los sitios públicos.

Desde luego que la policía es importante pero no necesariamente es la que puede resolver el problema. Si bien el número de efectivos policiales puede ayudar con su presencia, lo más importante es tener la claridad de su acción preventiva y la coordinación con los otros cuerpos policiales.

Además, es imprescindible la coordinación con la empresa privada y la sociedad civil. Los padres de familia, los hogares y las comunidades apoyados todos con estrategias de cultura, deporte y en especial con la creación real de fuentes de empleo, ayudarán a disminuir los índices de violencia y por ende la criminalidad.

Este año 2024 la situación de criminalidad debe cambiar para dar mayor seguridad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. No puede ser que, en el caso de Alajuela, con tantísimos recursos económicos y de infraestructura estemos ubicados en el QUINTO LUGAR de criminalidad entre los 15 cantones más violentos. ES URGENTE CAMBIAR Y ESO ESTÁ EN SUS MANOS EL PRÓXIMO 4 DE FEBRERO.

Presidente Chaves no quiere comerse la bronca de la seguridad ciudadana

La lucha contra la criminalidad común y organizada requiere de un esfuerzo coherente, coordinado y estratégico de todo el Estado. Ningún órgano puede excluirse de participar en ese esfuerzo respetando la separación de poderes; entendiendo que tanto la seguridad ciudadana como la seguridad nacional son ámbitos de extrema complejidad en donde la unidad y la coordinación de la institucionalidad del Estado son imperativas. Por eso, las palabras del presidente de la República, en la conferencia de prensa de hoy, cuando frenético acusa a los poderes Legislativo y Judicial de la inseguridad en Costa Rica y, peor aún, intenta eximirse de su obligación de liderar la ejecución de políticas públicas en esa materia, son inaceptables y repudiables.

En vez de seguir la “ruta” del descrédito de los poderes Legislativo y Judicial tal y como ha sido el mantra del presidente Chaves, desde su toma de posesión, el mandatario debe ponerse a trabajar en conjunto con los otros poderes y la sociedad civil organizada en el combate de ese terrible flagelo que está desangrando nuestra sociedad.

Si el presidente Chaves intenta generar una crisis dentro del Estado para eximirse de su incapacidad, debe entender que la seguridad y el bienestar de las y los costarricenses se verá aún más amenazada por las acciones del crimen organizado.

Instamos al Ejecutivo que reconozca con humildad su incapacidad de liderar en solitario las tareas de la seguridad, asuma la responsabilidad que le compete, deje de culpar a otras instancias públicas de sus propios yerros y se ponga a trabajar junto con éstas para garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en todo el país.

San José, 22 de noviembre del 2023.

Partido Acción Ciudadana

Por Nuestra Juventud

Álvaro Vega

Prepárense los jóvenes con tesón, con ardor, con persistente decisión de victoria. Omar Dengo

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Los homicidios de jóvenes, según el OIJ, casi se triplicaron este año 2023 con relación al anterior. Mientras en el 2022 al mes de agosto fueron 8 los asesinatos de personas entre los 12 y 17 años, a esta misma fecha la cifra alcanza los 21 fallecidos).

El escenario no podría ser más catastrófico. Sin embargo, posiblemente lo será si a corto plazo no se invierte lo requerido para contener la ola creciente de criminalidad y si no se redefinen las políticas públicas para evitar seguir reproduciendo las condiciones que son caldo de cultivo de la violencia en sus diferentes manifestaciones, factor que viene desfigurando aceleradamente el rostro de una Costa Rica más pacífica y democrática que heredamos de los forjadores de la Segunda República, con la reforma social y la modernización del Estado de Derecho, que contribuyeron a crear una vigorosa institucionalidad social de carácter público. Institucionalidad que facilitó la movilidad social de la juventud perteneciente a los sectores populares, tanto rurales como urbanos.

Urge retomar ese derrotero, ahora para impulsar una política pública centrada en la atención prioritaria a la juventud. Salir al rescate de una generación que se nos escapa de las manos porque la estamos entregando al crimen organizado, a la drogadicción y, por ende, a una muerte temprana. Postergar las acciones es auto suicidarnos como sociedad. Pienso que esta política pública hay que orientarla, al menos, en tres direcciones.

Primero, y es algo en lo que se ha venido insistiendo, hay que ampliar la cobertura del sistema educativo, con un particular énfasis en la capacitación de técnicos y científicos de alto nivel, pero con visión humanista y no meramente tecnocrática.  Asimismo, acompañada de una política de desarrollo en ciencia y tecnología endógena (José María Gutiérrez), para no convertir a nuestros profesionales en “maquiladores de punta”. Para ello, se requiere redoblar el apoyo a los colegios científico-tecnológicos, instituciones como el INA y el Instituto Tecnológico y a esfuerzos de cooperación interinstitucional como el que ha venido emprendiendo la Universidad Técnica Nacional (UTN) y la Universidad de Costa Rica (UCR), en San Carlos. Además, hay que apostar nuevamente y con mayor esfuerzo por la regionalización educativa de nivel superior.

La segunda dimensión corresponde al fortalecimiento de una política de cultura que permita a la juventud acceder al cultivo de las diferentes manifestaciones del quehacer artístico, para enriquecer su acervo cultural, así como elevar el sentido y espíritu de la identidad pluricultural y multiétnica de nuestro país, tal y como lo consigna la Constitución. El arte y la cultura, que elevan el espíritu y enriquecen y dignifican la corporalidad como seres vivientes, constituyen el fundamento del verdadero desarrollo en humanidad de las sociedades. Estamos sobrados de talento artístico y de iniciativas comunales que con grandes sacrificios sostienen a grupos de teatro, danza, música, baile, etc., pero el apoyo estatal y privado es mezquino y raquítico.

Ante esta precaria situación, como bien señala José Luis Amador, “se está imponiendo la cultura del cartel y la muerte. Hay que hacer algo para promover la cultura de la paz. Hay que decir no a la muerte. Y esto pasa por la cultura, por los valores, por la poesía, por la belleza. Un joven con un revolver no puede ser mejor que un o una joven con una guitarra, con un arado o un estetoscopio”.

Y, la tercera dimensión toca al deporte. Al igual que el arte el deporte, por tratarse de un quehacer que exige dedicación y disciplina, se convierte en escuela para la preparación de personas creativas, diligentes y resilientes.  Son varios los esfuerzos de gobiernos locales por dotar de instalaciones deportivas a sus comunidades. Se requiere generalizarlas a todo el país. Hay que apostar por alcanzar niveles altos de competitividad en las diversas modalidades deportivas. Ya es hora de ir más allá del fútbol-centrismo de nuestra cultura deportiva.

Una juventud con opciones a cultivar alguna de las expresiones artísticas, un deporte y alcanzar la debida preparación para desempeñar una profesión u oficio, ha de ser la aspiración fundamental de un pueblo que sabe actuar con la sabiduría que permita contener, revertir y prevenir la creciente violencia que está conduciendo a nuestra juventud al despeñadero y, con ella, al país entero. Esta empresa de rescate de nuestra juventud tenemos que convertirla en consigna que amalgame a todos los sectores sociales. Unámonos por nuestra juventud, como dice el maestro Omar Dengo, “con tesón, con ardor, con persistente decisión de victoria”.

Poder Judicial presenta presupuesto austero para 2024 y reitera necesidad de más recursos para combatir criminalidad

  • Presupuesto judicial mantiene una disminución sostenida de recursos desde hace 15 años

  • Urge mayor inversión para enfrentar judicialmente la ola de criminalidad en el país

Con un rígido crecimiento presupuestario para el año 2024, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, expuso ante la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa los proyectos prioritarios en los que se invertirán los recursos judiciales para el ejercicio económico del año próximo.

“Presentamos un proyecto de presupuesto para el Poder Judicial más que austero. Es un plan sumamente rígido para la atención de los requerimientos mínimos del Poder Judicial y con ello garantizar la operatividad de los servicios judiciales existentes. Nos apegamos a los límites y disposiciones establecidos por el Ministerio de Hacienda”, detalló el presidente de la Corte, Orlando Aguirre.

El presupuesto proyectado para 2024 es de ₡491.269 millones. La variación con respecto al del 2023 es de solamente ₡504 millones, monto que se destinará a recurso humano para la Defensa Pública por la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia.

El Poder Judicial, con estos recursos debe atender la entrada diaria -en promedio- de más de 2.500 procesos nuevos, que registran los despachos judiciales de todo el país y que se traducen en trámites como pensiones alimentarias, procesos de divorcios, cobros judiciales, intervención de las comunicaciones, investigación de denuncias, exámenes forenses, peritajes psicológicos de trabajo social, medicatura forense, acusaciones penales y juicios, entre otros.

Lucha contra ola de violencia

Los requerimientos de recursos para atender la ola de delincuencia que vive el país se visibilizaron durante la comparecencia ante el órgano legislativo. Para enfrentar la criminalidad, la estructura penal demanda un requerimiento de 1.712 plazas, de las cuales 1.073 corresponden al OIJ, 235 a juzgados y tribunales, 292 a la Fiscalía y 112 a la Defensa Pública.

La solicitud de más recursos se fundamenta en estudios técnicos elaborados por la Dirección de Planificación de este Poder de la República que toman en consideración, entre otras variables: denuncias interpuestas, la cantidad de asuntos ingresados, capturas, diligencias judiciales y el aumento de homicidios por zona, entre otros.

“Hacemos una respetuosa instancia para que conciban nuestra presupuestación como un sistema en el que las funciones de sus órganos están concatenadas y se afectan mutuamente. La administración de justicia es una cadena intrincada y compleja que incluye desde la policía de investigación, pasando por la defensa pública, los juzgados y fiscalías, hasta llegar a los órganos de apelación y casación. Financiar de manera desbalanceada a uno de estos eslabones, sin considerar el sistema en su conjunto, provocaría un efecto embudo que perjudicaría la eficacia del aparato judicial como un todo”, puntualizó el jerarca judicial.

La exposición del presupuesto del Poder Judicial integró a los jerarcas de los órganos auxiliares de justicia, el director del OIJ, Randall Zúñiga López; el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez y el Director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo.

Randall Zúñiga López, director Organismo de Investigación Judicial (OIJ)

“Como institución tenemos un camino difícil, con obstáculos, pero estamos en la mayor disposición de servir y entregarnos por Costa Rica, de la mejor forma que podamos, hasta que nuestras fuerzas y nuestra capacidad operativa, nos lo permitan.

El punto medular es que se requiere reforzar la capacidad operativa del Poder Judicial, del OIJ, de la Fiscalía e incluyendo a la Defensa Pública y Judicatura. Hemos ido buscando como generar recursos desde San José, para reforzar las zonas costeras y la periferia del país, donde se registra más criminalidad. Pero hay una necesidad real de invertir en las oficinas regionales pues cuenta con menor capacidad de personas. La Dirección de Planificación determinó un estudio de necesidades reales del OIJ, de manera objetiva, neutral, sin sesgo y de manera técnica, que alcanza un requerimiento de más de mil puestos; pero somos conscientes de la crisis fiscal del país”.

Carlo Díaz Sánchez, fiscal general de la República

“La grave realidad que enfrenta el país hace imprescindible y urgente que contemos con más recursos, puesto que, si se continúa trabajando con las mismas limitaciones, vamos a obtener los mismos resultados que hemos visto hasta ahora. Esto porque actualmente se registran un promedio de 2.5 homicidios por día; además, el OIJ ha identificado casi tres centenas de organizaciones criminales y no tenemos la capacidad de investigarlas todas con la misma prioridad.

La situación del Ministerio Público es crítica; el año pasado ingresaron más de 200 mil causas nuevas y contamos únicamente con 127 fiscales y 455 fiscales auxiliares, quienes deben atender un circulante mensual de aproximadamente 70 mil causas; esto quiere decir que, solo en las fiscalías ordinarias, cada uno de ellos maneja un promedio de 250 expedientes.

Aunque hemos apostado por mantener un ambiente laboral saludable, por disminuir el rezago (resolver los expedientes con más antigüedad) y descongestionar fiscalías, esto no es sostenible en el largo plazo, porque nuestro personal fiscal está desbordado, razón por la cual se hace urgente la dotación de más recursos”.

Juan Carlos Pérez Murillo, director Defensa Pública

“Desde la Defensa Pública es importante contar con recursos económicos que permitan garantizar el acceso a la justicia de toda la población, especialmente para aquellas personas que requieren resguardar sus derechos fundamentales y no cuentan con la solvencia económica para pagar los servicios de una persona abogada particular.

Se requiere un crecimiento integral que permita reforzar las oficinas con plazas especializadas en el área social como: pensiones alimentarias, laboral y en la atención de las personas indígenas, de manera que se pueda brindar asesoría y representación legal de calidad, con perspectiva de género y tomando en consideración las necesidades propias de cada comunidad, brindando el servicio en los distintos territorios, maximizando el uso de recursos públicos y evitando el traslado de las personas que residen en áreas alejadas a las oficinas judiciales.

Esta institución es un pilar de la democracia y requiere que se fortalezca mediante la asignación de recursos que le permitan continuar dando una respuesta efectiva a las poblaciones más vulnerables y colaborar con la resolución pacífica de los conflictos sociales”.

Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial

La seguridad ciudadana debe ser un compromiso compartido

José Luis Pacheco Murillo

La ola de violencia no cesa y cada día nos enteramos de nuevos asesinatos y nuevas agresiones a las que se unen las estafas electrónicas, que tanto daño causan a quienes se ven afectados con ellas.

Desde hace rato los asesinatos acontecidos este año superaron a los de todo el año pasado y aún faltan tres meses para finalizar el año lo que indica el crecimiento de la criminalidad.

Los cuerpos policiales poco han podido hacer en el campo más importante que es el de la prevención. La tarea es enorme en contra de crimen organizado, la lucha contra la corrupción y el incremento de delitos. Pero debe enfrentarse de manera decidida y debe darse una coordinación entre todos los cuerpos policiales incluidas las policías municipales, las que deben fortalecerse en cuanto a número de efectivos y capacitación.

Ayer se eligió un nuevo director para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y en sus primeras manifestaciones indicó el reto que tiene para enfrentar esa delincuencia, pero también indicó sobre la falta de recursos económicos para hacerlo. Es urgente dotar al OIJ del presupuesto necesario para combatir el crimen en todas sus formas.

Es necesario que los ciudadanos recobremos la confianza en nuestros cuerpos policiales y desde luego en la posibilidad de andar por las calles con la certeza de que nada nos sucederá. Hoy esto es difícil de conseguir, la gente está asustada ante tanto crimen.

Dios quiera que este nuevo nombramiento traiga consigo nuevas estrategias y nuevos apoyos económicos para combatir la delincuencia y que haya más compromiso gubernamental de hacer lo posible por promover la prevención del delito con más y mejor educación, con más y mejores empleos y con más y mejores oportunidades para el deporte, la cultura y la recreación, aunado a un compromiso también de la ciudadanía para estar más alertas y no dejarse robar y estafar tan fácilmente como en ocasiones sucede.

Autoridades del Poder Judicial visitan cantón de Limón para escuchar y atender necesidades de comunidad

  • Consejo Ampliado se realizará el 24 y 25 de agosto en los Tribunales de Justicia de Limón.

Comunicado

El Poder Judicial se acercará a los vecinos del cantón central de Limón durante la celebración del Consejo Ampliado a realizarse los días 24 y 25 de agosto de 2023, en los Tribunales de Justicia de Limón. Esta actividad se enmarca en los esfuerzos de construir un Poder Judicial al lado de la gente.

Este espacio de encuentro entre autoridades judiciales con fuerzas vivas, sociedad civil y personal del Circuito Judicial de Limón tiene como fin promover la transparencia y rendición de cuentas relacionados al servicio público que brinda la institución.

El Poder Judicial preocupado por el aumento de la criminalidad en este cantón actuó de manera rápida con la puesta en marcha del plan de trabajo denominado “Impacto Limón 2023” y ha dotado al Juzgado Penal de Limón con 3 plazas de personas juzgadoras categoría 3 para agilizar el trámite en materia penal. Además, se reforzó el personal de investigación del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Limón).

La actividad contará con la participación del Presidente de la Corte, Orlando Aguirre Gómez, magistrados y magistradas de la Corte, integrantes del Consejo Superior, representantes de los órganos auxiliares de justicia y jefaturas administrativas.

“Estamos muy contentos de este viaje a Limón, es un objetivo de la Corte visitar a las comunidades, compartir con el funcionariado y, desde luego, con los habitantes; queremos escucharlos, saber qué necesitan e informarles de todas las cosas que estamos haciendo para construir un mejor Poder Judicial y garantizar un mayor acceso a la justicia”, manifestó don Orlando.

Para el 24 de agosto se organizó una reunión con el Consejo de Administración del Circuito Judicial de Limón, en donde se expondrán sobre los principales requerimientos y necesidades de la zona.

A las 8:30 am del viernes 25 de agosto la reunión concentrará a las fuerzas vivas de la comunidad, sociedad civil de instituciones públicas y privadas del circuito, así como personas facilitadoras judiciales.

 

Información enviada a SURCOS por el Departamento de Prensa del Poder Judicial.

Imagen: https://www.anywhere.com

Los grados de violencia que registramos son históricos y hay que actuar con urgencia

José Luis Pacheco Murillo

Ha sido muy lamentable el espectáculo que se ha dado en la Asamblea Legislativa en relación con el proceso para la aprobación del proyecto de ley para combatir el crimen organizado y evitar que pongan en libertad a líderes de bandas criminales.

En primer lugar, el hecho de que derogaran el artículo 2 de la ley contra el crimen organizado, “sin darse cuenta”, fue una acción absolutamente irresponsable y más irresponsable aún el que habiéndose dado cuenta de ello desde hace más de un año no procedieran a enmendar el error en forma inmediata. No es que uno quiera pensar mal, pero es que lo obligan con ese tipo de actuaciones tan llenas de estupidez o de sensatez, dependiendo de cómo se mire y de los intereses que se estén resguardando.

Ahora, teniendo el proyecto de ley a las puertas de su aprobación para enmendar el tan craso “error” y así lograr la aprobación de la ley que duplicaría los plazos de prisión preventiva, resulta que dos diputadas del Partido Liberación Nacional llenan de mociones el proyecto con la pretensión de impedir que se vote. Mientras tanto los plazos de esas prisiones preventivas están por vencerse y los criminales pueden obtener su libertad y salir a provocar más delitos incluso homicidios. ¿De parte de quien están esos diputados? ¿A quién desean beneficiar?

Los grados de violencia que registramos son históricos y hay que actuar con urgencia para tratar de evitar que continúen escalando, pero al parecer para algunos el impedir la promulgación de leyes es su cometido y su propósito a sabiendas del daño que eso le hace al país.

Estamos claros que no son sólo las leyes las que impedirán el avance de la criminalidad y del crimen organizado, factores como la educación, el trabajo, la cultura, el deporte y la formación en el hogar también son importantes, pero por ahora esa ley es urgente y debe votarse.

Un llamado patriótico a esos “representantes” del Partido Liberación Nacional para que permitan que se vote ese proyecto y evitar esa catástrofe de libertad para los criminales. Dios quiera que lo entiendan y actúen patrióticamente.

No deseamos una Costa Rica violenta

José Luis Pacheco Murillo

El que hayamos llegado a contabilizar en lo que va del año 606 homicidios en el país, superando todas las estadísticas anteriores, nos demuestra la inseguridad en la que vivimos y la violencia que padecemos, dos situaciones que a todas luces afecta la calidad de vida que tenemos.

Cuatro provincias concentran la mayoría de esos homicidios: San José, Limón, Alajuela y Puntarenas. Hemos llegado a la cifra de 16 homicidios por cada cien mil habitantes, lo que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, vivimos una epidemia, lo que nos convierte en un país violento, máxime si le sumamos a eso la cantidad de muertes por accidentes de tránsito y la consumación de otros delitos como violaciones y delitos contra la propiedad.

Esta no es la Costa Rica que deseamos y es necesario que se tomen acciones para disminuir estos niveles de criminalidad y violencia. Deben sumar esfuerzos el Ministerio de Seguridad Pública, el Organismo de Investigación Judicial y el Poder Judicial; coordinar acciones para que se prevengan los delitos y se castigue adecuadamente y ejemplarizante a los delincuentes. No es posible que ante detenciones de posibles delincuentes que cometieron incluso homicidios no se les den prisión preventiva y vemos cómo vuelven a las calles incluso volviendo a cometer acciones violentas.

La ciudadanía vive con mucho temor y eso lógicamente afecta las actividades que desarrollamos diariamente.

Y es que no son solo temas de cantidad sino también de la violencia con que se cometen los homicidios lo que refleja el aumento en el grado de violencia que tenemos.

Tiene una enorme tarea que enfrentar el actual gobierno y las instituciones que tienen que ver con la prevención, lo que significa educación. Dios quiera que asuman el compromiso de disminuir estos niveles de violencia y que podamos vivir en la paz y tranquilidad que todos deseamos.