• Presupuesto judicial mantiene una disminución sostenida de recursos desde hace 15 años

• Urge mayor inversión para enfrentar judicialmente la ola de criminalidad en el país

Con un rígido crecimiento presupuestario para el año 2024, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, expuso ante la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa los proyectos prioritarios en los que se invertirán los recursos judiciales para el ejercicio económico del año próximo.

“Presentamos un proyecto de presupuesto para el Poder Judicial más que austero. Es un plan sumamente rígido para la atención de los requerimientos mínimos del Poder Judicial y con ello garantizar la operatividad de los servicios judiciales existentes. Nos apegamos a los límites y disposiciones establecidos por el Ministerio de Hacienda”, detalló el presidente de la Corte, Orlando Aguirre.

El presupuesto proyectado para 2024 es de ₡491.269 millones. La variación con respecto al del 2023 es de solamente ₡504 millones, monto que se destinará a recurso humano para la Defensa Pública por la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia.

El Poder Judicial, con estos recursos debe atender la entrada diaria -en promedio- de más de 2.500 procesos nuevos, que registran los despachos judiciales de todo el país y que se traducen en trámites como pensiones alimentarias, procesos de divorcios, cobros judiciales, intervención de las comunicaciones, investigación de denuncias, exámenes forenses, peritajes psicológicos de trabajo social, medicatura forense, acusaciones penales y juicios, entre otros.

Lucha contra ola de violencia

Los requerimientos de recursos para atender la ola de delincuencia que vive el país se visibilizaron durante la comparecencia ante el órgano legislativo. Para enfrentar la criminalidad, la estructura penal demanda un requerimiento de 1.712 plazas, de las cuales 1.073 corresponden al OIJ, 235 a juzgados y tribunales, 292 a la Fiscalía y 112 a la Defensa Pública.

La solicitud de más recursos se fundamenta en estudios técnicos elaborados por la Dirección de Planificación de este Poder de la República que toman en consideración, entre otras variables: denuncias interpuestas, la cantidad de asuntos ingresados, capturas, diligencias judiciales y el aumento de homicidios por zona, entre otros.

“Hacemos una respetuosa instancia para que conciban nuestra presupuestación como un sistema en el que las funciones de sus órganos están concatenadas y se afectan mutuamente. La administración de justicia es una cadena intrincada y compleja que incluye desde la policía de investigación, pasando por la defensa pública, los juzgados y fiscalías, hasta llegar a los órganos de apelación y casación. Financiar de manera desbalanceada a uno de estos eslabones, sin considerar el sistema en su conjunto, provocaría un efecto embudo que perjudicaría la eficacia del aparato judicial como un todo”, puntualizó el jerarca judicial.

La exposición del presupuesto del Poder Judicial integró a los jerarcas de los órganos auxiliares de justicia, el director del OIJ, Randall Zúñiga López; el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez y el Director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo.

Randall Zúñiga López, director Organismo de Investigación Judicial (OIJ)

“Como institución tenemos un camino difícil, con obstáculos, pero estamos en la mayor disposición de servir y entregarnos por Costa Rica, de la mejor forma que podamos, hasta que nuestras fuerzas y nuestra capacidad operativa, nos lo permitan.

El punto medular es que se requiere reforzar la capacidad operativa del Poder Judicial, del OIJ, de la Fiscalía e incluyendo a la Defensa Pública y Judicatura. Hemos ido buscando como generar recursos desde San José, para reforzar las zonas costeras y la periferia del país, donde se registra más criminalidad. Pero hay una necesidad real de invertir en las oficinas regionales pues cuenta con menor capacidad de personas. La Dirección de Planificación determinó un estudio de necesidades reales del OIJ, de manera objetiva, neutral, sin sesgo y de manera técnica, que alcanza un requerimiento de más de mil puestos; pero somos conscientes de la crisis fiscal del país”.

Carlo Díaz Sánchez, fiscal general de la República

“La grave realidad que enfrenta el país hace imprescindible y urgente que contemos con más recursos, puesto que, si se continúa trabajando con las mismas limitaciones, vamos a obtener los mismos resultados que hemos visto hasta ahora. Esto porque actualmente se registran un promedio de 2.5 homicidios por día; además, el OIJ ha identificado casi tres centenas de organizaciones criminales y no tenemos la capacidad de investigarlas todas con la misma prioridad.

La situación del Ministerio Público es crítica; el año pasado ingresaron más de 200 mil causas nuevas y contamos únicamente con 127 fiscales y 455 fiscales auxiliares, quienes deben atender un circulante mensual de aproximadamente 70 mil causas; esto quiere decir que, solo en las fiscalías ordinarias, cada uno de ellos maneja un promedio de 250 expedientes.

Aunque hemos apostado por mantener un ambiente laboral saludable, por disminuir el rezago (resolver los expedientes con más antigüedad) y descongestionar fiscalías, esto no es sostenible en el largo plazo, porque nuestro personal fiscal está desbordado, razón por la cual se hace urgente la dotación de más recursos”.

Juan Carlos Pérez Murillo, director Defensa Pública

“Desde la Defensa Pública es importante contar con recursos económicos que permitan garantizar el acceso a la justicia de toda la población, especialmente para aquellas personas que requieren resguardar sus derechos fundamentales y no cuentan con la solvencia económica para pagar los servicios de una persona abogada particular.

Se requiere un crecimiento integral que permita reforzar las oficinas con plazas especializadas en el área social como: pensiones alimentarias, laboral y en la atención de las personas indígenas, de manera que se pueda brindar asesoría y representación legal de calidad, con perspectiva de género y tomando en consideración las necesidades propias de cada comunidad, brindando el servicio en los distintos territorios, maximizando el uso de recursos públicos y evitando el traslado de las personas que residen en áreas alejadas a las oficinas judiciales.

Esta institución es un pilar de la democracia y requiere que se fortalezca mediante la asignación de recursos que le permitan continuar dando una respuesta efectiva a las poblaciones más vulnerables y colaborar con la resolución pacífica de los conflictos sociales”.

Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial