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Etiqueta: criminalidad

Disminuir los índices de violencia y por ende la criminalidad es una meta que podemos lograr

José Luis Pacheco Murillo

El tema de la criminalidad y por ende el de la seguridad acamparon la atención en el 2023. Se contabilizaron 907 crímenes lo que es una suma que causa por una parte tristeza al ver cómo se matan incluso entre jóvenes y por otro lado crea mayor inseguridad y temor. Debemos tener presente que el desarrollo sostenible que tanto queremos no se puede lograr sin seguridad y viviendo con miedo.

Fueron muchas veces las que escuchamos noticias de que en centros educativos se tuvieron que interrumpir lecciones por causa de la violencia. Precisamente donde más se debe trabajar para para cambiar los entornos y que los niños y jóvenes puedan acudir a clases sin temor a las acciones violentas.

Es mucho lo que hay por hacer, pero lo primero es asumir la responsabilidad de hacerlo. No podemos exonerarnos de esa responsabilidad indicando que les corresponde a otros. En el caso del gobierno local la Alcaldía tiene que asumir ese liderazgo.

Hay que gestionar una acción interinstitucional para que cada esfuerzo que se desarrolle sea pensando en el ciudadano y su calidad de vida. Desde la iluminación de parques y plazas y barrios en general, hasta la generación de actividades que establezcan la recuperación de los sitios públicos.

Desde luego que la policía es importante pero no necesariamente es la que puede resolver el problema. Si bien el número de efectivos policiales puede ayudar con su presencia, lo más importante es tener la claridad de su acción preventiva y la coordinación con los otros cuerpos policiales.

Además, es imprescindible la coordinación con la empresa privada y la sociedad civil. Los padres de familia, los hogares y las comunidades apoyados todos con estrategias de cultura, deporte y en especial con la creación real de fuentes de empleo, ayudarán a disminuir los índices de violencia y por ende la criminalidad.

Este año 2024 la situación de criminalidad debe cambiar para dar mayor seguridad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. No puede ser que, en el caso de Alajuela, con tantísimos recursos económicos y de infraestructura estemos ubicados en el QUINTO LUGAR de criminalidad entre los 15 cantones más violentos. ES URGENTE CAMBIAR Y ESO ESTÁ EN SUS MANOS EL PRÓXIMO 4 DE FEBRERO.

Presidente Chaves no quiere comerse la bronca de la seguridad ciudadana

La lucha contra la criminalidad común y organizada requiere de un esfuerzo coherente, coordinado y estratégico de todo el Estado. Ningún órgano puede excluirse de participar en ese esfuerzo respetando la separación de poderes; entendiendo que tanto la seguridad ciudadana como la seguridad nacional son ámbitos de extrema complejidad en donde la unidad y la coordinación de la institucionalidad del Estado son imperativas. Por eso, las palabras del presidente de la República, en la conferencia de prensa de hoy, cuando frenético acusa a los poderes Legislativo y Judicial de la inseguridad en Costa Rica y, peor aún, intenta eximirse de su obligación de liderar la ejecución de políticas públicas en esa materia, son inaceptables y repudiables.

En vez de seguir la “ruta” del descrédito de los poderes Legislativo y Judicial tal y como ha sido el mantra del presidente Chaves, desde su toma de posesión, el mandatario debe ponerse a trabajar en conjunto con los otros poderes y la sociedad civil organizada en el combate de ese terrible flagelo que está desangrando nuestra sociedad.

Si el presidente Chaves intenta generar una crisis dentro del Estado para eximirse de su incapacidad, debe entender que la seguridad y el bienestar de las y los costarricenses se verá aún más amenazada por las acciones del crimen organizado.

Instamos al Ejecutivo que reconozca con humildad su incapacidad de liderar en solitario las tareas de la seguridad, asuma la responsabilidad que le compete, deje de culpar a otras instancias públicas de sus propios yerros y se ponga a trabajar junto con éstas para garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en todo el país.

San José, 22 de noviembre del 2023.

Partido Acción Ciudadana

Por Nuestra Juventud

Álvaro Vega

Prepárense los jóvenes con tesón, con ardor, con persistente decisión de victoria. Omar Dengo

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Los homicidios de jóvenes, según el OIJ, casi se triplicaron este año 2023 con relación al anterior. Mientras en el 2022 al mes de agosto fueron 8 los asesinatos de personas entre los 12 y 17 años, a esta misma fecha la cifra alcanza los 21 fallecidos).

El escenario no podría ser más catastrófico. Sin embargo, posiblemente lo será si a corto plazo no se invierte lo requerido para contener la ola creciente de criminalidad y si no se redefinen las políticas públicas para evitar seguir reproduciendo las condiciones que son caldo de cultivo de la violencia en sus diferentes manifestaciones, factor que viene desfigurando aceleradamente el rostro de una Costa Rica más pacífica y democrática que heredamos de los forjadores de la Segunda República, con la reforma social y la modernización del Estado de Derecho, que contribuyeron a crear una vigorosa institucionalidad social de carácter público. Institucionalidad que facilitó la movilidad social de la juventud perteneciente a los sectores populares, tanto rurales como urbanos.

Urge retomar ese derrotero, ahora para impulsar una política pública centrada en la atención prioritaria a la juventud. Salir al rescate de una generación que se nos escapa de las manos porque la estamos entregando al crimen organizado, a la drogadicción y, por ende, a una muerte temprana. Postergar las acciones es auto suicidarnos como sociedad. Pienso que esta política pública hay que orientarla, al menos, en tres direcciones.

Primero, y es algo en lo que se ha venido insistiendo, hay que ampliar la cobertura del sistema educativo, con un particular énfasis en la capacitación de técnicos y científicos de alto nivel, pero con visión humanista y no meramente tecnocrática.  Asimismo, acompañada de una política de desarrollo en ciencia y tecnología endógena (José María Gutiérrez), para no convertir a nuestros profesionales en “maquiladores de punta”. Para ello, se requiere redoblar el apoyo a los colegios científico-tecnológicos, instituciones como el INA y el Instituto Tecnológico y a esfuerzos de cooperación interinstitucional como el que ha venido emprendiendo la Universidad Técnica Nacional (UTN) y la Universidad de Costa Rica (UCR), en San Carlos. Además, hay que apostar nuevamente y con mayor esfuerzo por la regionalización educativa de nivel superior.

La segunda dimensión corresponde al fortalecimiento de una política de cultura que permita a la juventud acceder al cultivo de las diferentes manifestaciones del quehacer artístico, para enriquecer su acervo cultural, así como elevar el sentido y espíritu de la identidad pluricultural y multiétnica de nuestro país, tal y como lo consigna la Constitución. El arte y la cultura, que elevan el espíritu y enriquecen y dignifican la corporalidad como seres vivientes, constituyen el fundamento del verdadero desarrollo en humanidad de las sociedades. Estamos sobrados de talento artístico y de iniciativas comunales que con grandes sacrificios sostienen a grupos de teatro, danza, música, baile, etc., pero el apoyo estatal y privado es mezquino y raquítico.

Ante esta precaria situación, como bien señala José Luis Amador, “se está imponiendo la cultura del cartel y la muerte. Hay que hacer algo para promover la cultura de la paz. Hay que decir no a la muerte. Y esto pasa por la cultura, por los valores, por la poesía, por la belleza. Un joven con un revolver no puede ser mejor que un o una joven con una guitarra, con un arado o un estetoscopio”.

Y, la tercera dimensión toca al deporte. Al igual que el arte el deporte, por tratarse de un quehacer que exige dedicación y disciplina, se convierte en escuela para la preparación de personas creativas, diligentes y resilientes.  Son varios los esfuerzos de gobiernos locales por dotar de instalaciones deportivas a sus comunidades. Se requiere generalizarlas a todo el país. Hay que apostar por alcanzar niveles altos de competitividad en las diversas modalidades deportivas. Ya es hora de ir más allá del fútbol-centrismo de nuestra cultura deportiva.

Una juventud con opciones a cultivar alguna de las expresiones artísticas, un deporte y alcanzar la debida preparación para desempeñar una profesión u oficio, ha de ser la aspiración fundamental de un pueblo que sabe actuar con la sabiduría que permita contener, revertir y prevenir la creciente violencia que está conduciendo a nuestra juventud al despeñadero y, con ella, al país entero. Esta empresa de rescate de nuestra juventud tenemos que convertirla en consigna que amalgame a todos los sectores sociales. Unámonos por nuestra juventud, como dice el maestro Omar Dengo, “con tesón, con ardor, con persistente decisión de victoria”.

Poder Judicial presenta presupuesto austero para 2024 y reitera necesidad de más recursos para combatir criminalidad

  • Presupuesto judicial mantiene una disminución sostenida de recursos desde hace 15 años

  • Urge mayor inversión para enfrentar judicialmente la ola de criminalidad en el país

Con un rígido crecimiento presupuestario para el año 2024, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, expuso ante la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa los proyectos prioritarios en los que se invertirán los recursos judiciales para el ejercicio económico del año próximo.

“Presentamos un proyecto de presupuesto para el Poder Judicial más que austero. Es un plan sumamente rígido para la atención de los requerimientos mínimos del Poder Judicial y con ello garantizar la operatividad de los servicios judiciales existentes. Nos apegamos a los límites y disposiciones establecidos por el Ministerio de Hacienda”, detalló el presidente de la Corte, Orlando Aguirre.

El presupuesto proyectado para 2024 es de ₡491.269 millones. La variación con respecto al del 2023 es de solamente ₡504 millones, monto que se destinará a recurso humano para la Defensa Pública por la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia.

El Poder Judicial, con estos recursos debe atender la entrada diaria -en promedio- de más de 2.500 procesos nuevos, que registran los despachos judiciales de todo el país y que se traducen en trámites como pensiones alimentarias, procesos de divorcios, cobros judiciales, intervención de las comunicaciones, investigación de denuncias, exámenes forenses, peritajes psicológicos de trabajo social, medicatura forense, acusaciones penales y juicios, entre otros.

Lucha contra ola de violencia

Los requerimientos de recursos para atender la ola de delincuencia que vive el país se visibilizaron durante la comparecencia ante el órgano legislativo. Para enfrentar la criminalidad, la estructura penal demanda un requerimiento de 1.712 plazas, de las cuales 1.073 corresponden al OIJ, 235 a juzgados y tribunales, 292 a la Fiscalía y 112 a la Defensa Pública.

La solicitud de más recursos se fundamenta en estudios técnicos elaborados por la Dirección de Planificación de este Poder de la República que toman en consideración, entre otras variables: denuncias interpuestas, la cantidad de asuntos ingresados, capturas, diligencias judiciales y el aumento de homicidios por zona, entre otros.

“Hacemos una respetuosa instancia para que conciban nuestra presupuestación como un sistema en el que las funciones de sus órganos están concatenadas y se afectan mutuamente. La administración de justicia es una cadena intrincada y compleja que incluye desde la policía de investigación, pasando por la defensa pública, los juzgados y fiscalías, hasta llegar a los órganos de apelación y casación. Financiar de manera desbalanceada a uno de estos eslabones, sin considerar el sistema en su conjunto, provocaría un efecto embudo que perjudicaría la eficacia del aparato judicial como un todo”, puntualizó el jerarca judicial.

La exposición del presupuesto del Poder Judicial integró a los jerarcas de los órganos auxiliares de justicia, el director del OIJ, Randall Zúñiga López; el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez y el Director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo.

Randall Zúñiga López, director Organismo de Investigación Judicial (OIJ)

“Como institución tenemos un camino difícil, con obstáculos, pero estamos en la mayor disposición de servir y entregarnos por Costa Rica, de la mejor forma que podamos, hasta que nuestras fuerzas y nuestra capacidad operativa, nos lo permitan.

El punto medular es que se requiere reforzar la capacidad operativa del Poder Judicial, del OIJ, de la Fiscalía e incluyendo a la Defensa Pública y Judicatura. Hemos ido buscando como generar recursos desde San José, para reforzar las zonas costeras y la periferia del país, donde se registra más criminalidad. Pero hay una necesidad real de invertir en las oficinas regionales pues cuenta con menor capacidad de personas. La Dirección de Planificación determinó un estudio de necesidades reales del OIJ, de manera objetiva, neutral, sin sesgo y de manera técnica, que alcanza un requerimiento de más de mil puestos; pero somos conscientes de la crisis fiscal del país”.

Carlo Díaz Sánchez, fiscal general de la República

“La grave realidad que enfrenta el país hace imprescindible y urgente que contemos con más recursos, puesto que, si se continúa trabajando con las mismas limitaciones, vamos a obtener los mismos resultados que hemos visto hasta ahora. Esto porque actualmente se registran un promedio de 2.5 homicidios por día; además, el OIJ ha identificado casi tres centenas de organizaciones criminales y no tenemos la capacidad de investigarlas todas con la misma prioridad.

La situación del Ministerio Público es crítica; el año pasado ingresaron más de 200 mil causas nuevas y contamos únicamente con 127 fiscales y 455 fiscales auxiliares, quienes deben atender un circulante mensual de aproximadamente 70 mil causas; esto quiere decir que, solo en las fiscalías ordinarias, cada uno de ellos maneja un promedio de 250 expedientes.

Aunque hemos apostado por mantener un ambiente laboral saludable, por disminuir el rezago (resolver los expedientes con más antigüedad) y descongestionar fiscalías, esto no es sostenible en el largo plazo, porque nuestro personal fiscal está desbordado, razón por la cual se hace urgente la dotación de más recursos”.

Juan Carlos Pérez Murillo, director Defensa Pública

“Desde la Defensa Pública es importante contar con recursos económicos que permitan garantizar el acceso a la justicia de toda la población, especialmente para aquellas personas que requieren resguardar sus derechos fundamentales y no cuentan con la solvencia económica para pagar los servicios de una persona abogada particular.

Se requiere un crecimiento integral que permita reforzar las oficinas con plazas especializadas en el área social como: pensiones alimentarias, laboral y en la atención de las personas indígenas, de manera que se pueda brindar asesoría y representación legal de calidad, con perspectiva de género y tomando en consideración las necesidades propias de cada comunidad, brindando el servicio en los distintos territorios, maximizando el uso de recursos públicos y evitando el traslado de las personas que residen en áreas alejadas a las oficinas judiciales.

Esta institución es un pilar de la democracia y requiere que se fortalezca mediante la asignación de recursos que le permitan continuar dando una respuesta efectiva a las poblaciones más vulnerables y colaborar con la resolución pacífica de los conflictos sociales”.

Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial

La seguridad ciudadana debe ser un compromiso compartido

José Luis Pacheco Murillo

La ola de violencia no cesa y cada día nos enteramos de nuevos asesinatos y nuevas agresiones a las que se unen las estafas electrónicas, que tanto daño causan a quienes se ven afectados con ellas.

Desde hace rato los asesinatos acontecidos este año superaron a los de todo el año pasado y aún faltan tres meses para finalizar el año lo que indica el crecimiento de la criminalidad.

Los cuerpos policiales poco han podido hacer en el campo más importante que es el de la prevención. La tarea es enorme en contra de crimen organizado, la lucha contra la corrupción y el incremento de delitos. Pero debe enfrentarse de manera decidida y debe darse una coordinación entre todos los cuerpos policiales incluidas las policías municipales, las que deben fortalecerse en cuanto a número de efectivos y capacitación.

Ayer se eligió un nuevo director para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y en sus primeras manifestaciones indicó el reto que tiene para enfrentar esa delincuencia, pero también indicó sobre la falta de recursos económicos para hacerlo. Es urgente dotar al OIJ del presupuesto necesario para combatir el crimen en todas sus formas.

Es necesario que los ciudadanos recobremos la confianza en nuestros cuerpos policiales y desde luego en la posibilidad de andar por las calles con la certeza de que nada nos sucederá. Hoy esto es difícil de conseguir, la gente está asustada ante tanto crimen.

Dios quiera que este nuevo nombramiento traiga consigo nuevas estrategias y nuevos apoyos económicos para combatir la delincuencia y que haya más compromiso gubernamental de hacer lo posible por promover la prevención del delito con más y mejor educación, con más y mejores empleos y con más y mejores oportunidades para el deporte, la cultura y la recreación, aunado a un compromiso también de la ciudadanía para estar más alertas y no dejarse robar y estafar tan fácilmente como en ocasiones sucede.

Autoridades del Poder Judicial visitan cantón de Limón para escuchar y atender necesidades de comunidad

  • Consejo Ampliado se realizará el 24 y 25 de agosto en los Tribunales de Justicia de Limón.

Comunicado

El Poder Judicial se acercará a los vecinos del cantón central de Limón durante la celebración del Consejo Ampliado a realizarse los días 24 y 25 de agosto de 2023, en los Tribunales de Justicia de Limón. Esta actividad se enmarca en los esfuerzos de construir un Poder Judicial al lado de la gente.

Este espacio de encuentro entre autoridades judiciales con fuerzas vivas, sociedad civil y personal del Circuito Judicial de Limón tiene como fin promover la transparencia y rendición de cuentas relacionados al servicio público que brinda la institución.

El Poder Judicial preocupado por el aumento de la criminalidad en este cantón actuó de manera rápida con la puesta en marcha del plan de trabajo denominado “Impacto Limón 2023” y ha dotado al Juzgado Penal de Limón con 3 plazas de personas juzgadoras categoría 3 para agilizar el trámite en materia penal. Además, se reforzó el personal de investigación del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Limón).

La actividad contará con la participación del Presidente de la Corte, Orlando Aguirre Gómez, magistrados y magistradas de la Corte, integrantes del Consejo Superior, representantes de los órganos auxiliares de justicia y jefaturas administrativas.

“Estamos muy contentos de este viaje a Limón, es un objetivo de la Corte visitar a las comunidades, compartir con el funcionariado y, desde luego, con los habitantes; queremos escucharlos, saber qué necesitan e informarles de todas las cosas que estamos haciendo para construir un mejor Poder Judicial y garantizar un mayor acceso a la justicia”, manifestó don Orlando.

Para el 24 de agosto se organizó una reunión con el Consejo de Administración del Circuito Judicial de Limón, en donde se expondrán sobre los principales requerimientos y necesidades de la zona.

A las 8:30 am del viernes 25 de agosto la reunión concentrará a las fuerzas vivas de la comunidad, sociedad civil de instituciones públicas y privadas del circuito, así como personas facilitadoras judiciales.

 

Información enviada a SURCOS por el Departamento de Prensa del Poder Judicial.

Imagen: https://www.anywhere.com

Los grados de violencia que registramos son históricos y hay que actuar con urgencia

José Luis Pacheco Murillo

Ha sido muy lamentable el espectáculo que se ha dado en la Asamblea Legislativa en relación con el proceso para la aprobación del proyecto de ley para combatir el crimen organizado y evitar que pongan en libertad a líderes de bandas criminales.

En primer lugar, el hecho de que derogaran el artículo 2 de la ley contra el crimen organizado, “sin darse cuenta”, fue una acción absolutamente irresponsable y más irresponsable aún el que habiéndose dado cuenta de ello desde hace más de un año no procedieran a enmendar el error en forma inmediata. No es que uno quiera pensar mal, pero es que lo obligan con ese tipo de actuaciones tan llenas de estupidez o de sensatez, dependiendo de cómo se mire y de los intereses que se estén resguardando.

Ahora, teniendo el proyecto de ley a las puertas de su aprobación para enmendar el tan craso “error” y así lograr la aprobación de la ley que duplicaría los plazos de prisión preventiva, resulta que dos diputadas del Partido Liberación Nacional llenan de mociones el proyecto con la pretensión de impedir que se vote. Mientras tanto los plazos de esas prisiones preventivas están por vencerse y los criminales pueden obtener su libertad y salir a provocar más delitos incluso homicidios. ¿De parte de quien están esos diputados? ¿A quién desean beneficiar?

Los grados de violencia que registramos son históricos y hay que actuar con urgencia para tratar de evitar que continúen escalando, pero al parecer para algunos el impedir la promulgación de leyes es su cometido y su propósito a sabiendas del daño que eso le hace al país.

Estamos claros que no son sólo las leyes las que impedirán el avance de la criminalidad y del crimen organizado, factores como la educación, el trabajo, la cultura, el deporte y la formación en el hogar también son importantes, pero por ahora esa ley es urgente y debe votarse.

Un llamado patriótico a esos “representantes” del Partido Liberación Nacional para que permitan que se vote ese proyecto y evitar esa catástrofe de libertad para los criminales. Dios quiera que lo entiendan y actúen patrióticamente.

No deseamos una Costa Rica violenta

José Luis Pacheco Murillo

El que hayamos llegado a contabilizar en lo que va del año 606 homicidios en el país, superando todas las estadísticas anteriores, nos demuestra la inseguridad en la que vivimos y la violencia que padecemos, dos situaciones que a todas luces afecta la calidad de vida que tenemos.

Cuatro provincias concentran la mayoría de esos homicidios: San José, Limón, Alajuela y Puntarenas. Hemos llegado a la cifra de 16 homicidios por cada cien mil habitantes, lo que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, vivimos una epidemia, lo que nos convierte en un país violento, máxime si le sumamos a eso la cantidad de muertes por accidentes de tránsito y la consumación de otros delitos como violaciones y delitos contra la propiedad.

Esta no es la Costa Rica que deseamos y es necesario que se tomen acciones para disminuir estos niveles de criminalidad y violencia. Deben sumar esfuerzos el Ministerio de Seguridad Pública, el Organismo de Investigación Judicial y el Poder Judicial; coordinar acciones para que se prevengan los delitos y se castigue adecuadamente y ejemplarizante a los delincuentes. No es posible que ante detenciones de posibles delincuentes que cometieron incluso homicidios no se les den prisión preventiva y vemos cómo vuelven a las calles incluso volviendo a cometer acciones violentas.

La ciudadanía vive con mucho temor y eso lógicamente afecta las actividades que desarrollamos diariamente.

Y es que no son solo temas de cantidad sino también de la violencia con que se cometen los homicidios lo que refleja el aumento en el grado de violencia que tenemos.

Tiene una enorme tarea que enfrentar el actual gobierno y las instituciones que tienen que ver con la prevención, lo que significa educación. Dios quiera que asuman el compromiso de disminuir estos niveles de violencia y que podamos vivir en la paz y tranquilidad que todos deseamos.

¿Cómo reducir la violencia en la población joven?

Ante el incremento de los hechos de violencia protagonizados por personas jóvenes en el país,  la reacción pública tiende a inclinarse por demandar medidas represivas. ¿Son efectivas esas medidas? ¿cuáles son las acciones más eficaces para reducir la violencia y la criminalidad entre la población juvenil?

Especialistas respondieron estas preguntas, desde un abordaje integral, durante el conversatorio virtual “Violencia y personas jóvenes: bienestar y cambio social”, organizado  por la comisión de la Política Institucional de la Niñez y Adolescencia de la Universidad Nacional, el pasado 8 de setiembre.

“Reconocemos que la violencia es multicausal y por ello es importante tener acercamientos desde diferentes enfoques, afirmó Kattia Castro, moderadora de la actividad e integrante de la comisión. 

En esa línea, Rafael Segura, magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y coordinador de la subcomisión Penal Juvenil del Poder Judicial, tituló su exposición “Negación de derechos y violencia en la adolescencia”. “Sabemos que familia, escuela, iglesia y comunidad son elementos importantes para estructurar el comportamiento de la persona, pero si no existe familia protectora, si no existe una educación formal por medio de una escuela, si no hay ni siquiera un paliativo como es la iglesia y la comunidad, entonces qué podríamos esperar del comportamiento de esas personas”, cuestionó Segura, quien ejerce su labor también en el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, el cual atiende—como última instancia—lo relacionado con los menores de edad que cometen delitos a nivel nacional.  

En cuanto a los jóvenes en conflicto con la ley—población especialmente excluida—el magistrado reconoció las precarias condiciones de alimentación e infraestructura, entre otras, que enfrentan en los centros de reclusión. Pese a las grandes limitaciones económicas de parte del Estado, considera que dentro del Poder Judicial se realizan esfuerzos por brindarles educación y visibilizar los esfuerzos de esta población por seguir adelante. 

Para  Segura, las medidas represivas no son efectivas para reducir la criminalidad y la inseguridad. “Si no hay oportunidades, no hay forma de que los muchachos salgan con una visión diferente de la que abandonaron al momento de entrar a prisión”, subrayó.

Basado en estudios científicos, Pablo Chaverri, académico del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (Ineina) y coordinador de la Política Institucional de Niñez y Adolescencia de la UNA, confirmó que medidas como penas de cárcel más fuertes, acceso y tenencia de armas, e incremento de policías en las calles, no conducen a la reducción del crimen ni la inseguridad.

“Para entender el desarrollo del comportamiento antisocial debemos ver a las personas dentro del contexto social en que se han desenvuelto; a mayor exclusión y desigualdad, más posibilidades de involucramiento en comportamientos antisociales y actividades delictivas”, advirtió Chaverri.

Combate causal de la violencia

Como pedagoga y docente de un centro educativo con población urbano-marginal, Claudia Guerrero se refirió a lo que se vive día a día en estas escuelas. “Veo a la fecha que hay población en condición de violencia y de riesgo y que siguen estos niños poniéndole el pecho a las balas, no solo de forma metafórica sino también real”, advirtió.

Casos  reales—con nombres ficticios—como el de una menor impactada por una bala perdida o dos hermanos que presenciaron el asesinato de su papá, o un menor víctima de violencia física en su hogar, provoca que Guerrero cuestione: ¿qué hacemos con esta población que viene de hogares conflictivos?.  

“Quiero apelar a una política integral de combate causal de la violencia, que evidencie una visión progresista de un sistema preventivo que ataque las causas que ponen en riesgo a estas poblaciones que habitan en las aulas costarricenses”,  enfatizó la docente.

Por su parte, Pablo Chaverri—académico del Ineina-UNA— con base en estudios científicos, propone las siguientes medidas que han demostrado ser efectivas para avanzar hacia la reducción de la violencia y generar bienestar:

-Estimulación psicosocial temprana – Estudio longitudinal (Gertler et al., 2015), realizado en Jamaica, encontró que aquellos niños cuyas madres recibían entrenamiento en técnicas sencillas de estimulación psicosocial como el juego, la interacción, la conversación, la lectura, cuando son adultos tienen ingresos de cerca de un 25% superior a sus pares que no recibieron este tipo de intervención.

-Programas educativos para la crianza positiva- Estudio realizado en 2018 por el INEINA-UNA, evidenció que los programas educativos para la crianza positiva logran reducir el uso del castigo físico y además logran aumentar el grado de satisfacción de padres y madres en el ejercicio de la crianza.

-Entre más temprana la inversión, mejores resultados-  El Estado debe procurar que desde los inicios de la vida de las personas, ellas cuenten con los diferentes servicios y apoyos que requieren, puesto que entre más temprano intervenimos en la vida de las personas, mejores tienden a ser los resultados a largo plazo y entre más tarde llegamos en la vida de las personas, más difícil es desarrollar habilidades, conocimientos, aptitudes y valores positivos.

-Sistemas interinstitucionales robustos- Una medida estructural muy importante es que tengamos sistemas institucionales e interinstitucionales robustos, donde las diferentes instituciones vinculadas a la niñez y adolescencia y juventud puedan articular esfuerzos de manera estratégica para que puedan apuntar a las diferentes causas y factores predictores de fenómenos de violencia y exclusión social.

“Estamos hablando, en síntesis, de que sí podemos transformar los círculos perversos de exclusión cultivando círculos virtuosos de inclusión, donde generemos más desarrollo integral, mayores niveles de aprendizaje y, en consecuencia, personas jóvenes y adultas más calificadas, con más habilidades socioemocionales y que tengan no solamente mejores perspectivas laborales, sino también mejores habilidades para la vida, mayor capacidad de resiliencia y de manejo de diversas dificultades que se puedan encontrar en la vida”, subrayó Pablo Chaverri, académico de la UNA y coordinador de la Política Institucional de Niñez y Adolescencia.

 

Compartido por Oficina de Comunicación, UNA.

Texas y los crímenes racistas contra la niñez latinaTexas y los crímenes racistas contra la niñez latina

Por Jiddu Rojas Jiménez

Texas fue robado a México en la Guerra de 1836. Luego en diciembre de 1845, Estados Unidos la anexionó formalmente. Esto desencadena una nueva Guerra contra México entre 1846-1848, y EE UU, le roba todavía más territorio.

A saber, desde el actual Nuevo México y Arizona, hasta Utah, Colorado, Nevada, incluido hasta California y limitando con el actual Oregón; además, partes de los actuales Estados de Wyoming, Kansas y Oklahoma. 

El actual Gobernador de Texas (Republicano) Gregg Abbott, –quien hoy se lamenta en público la nueva masacre de niños y niñas latinos/as–, quería hasta hace un par de días, eliminar incluso el permiso mínimo y la licencia de portación de armas; para lo cual, recientemente, presentó exitosamente, un proyecto al Poder Legislativo del Estado de Texas.

De hecho, el Congreso del Estado (no Federal, sino Estadual), aprobó su proyecto. Y el Senado, Estadual, de Austin (Capital del Estado de Texas) también.

Habrá nada más un curso en línea gratuito en Texas, para los portadores de armas, y las personas con antecedentes penales y de violencia doméstica no pueden portar armas. Esto último ante el crecimiento de los feminicidios, según Peter Ambers del Centro Giffords para el control de armas. (Esto según informa «El País» – Internacional).

Por si fuese poco, a nivel del Senado Federal, el Senador Republicano de extrema derecha por Texas, y ex- Nominado para la Candidatura a la Presidencia por el GOP (Republicanos), –Ted Cruz–, en sus primeras declaraciones públicas, rechazó que el control de armas reduzca la criminalidad, o prevenga este tipo de actos (BBC/CBS News). 

El Lobby Norteamericano de las Armas, parte minorista del gran Complejo Militar- Industrial, es muy poderoso a nivel Federal y de ciertos Estados más Conservadores. 

En todo caso, ayer 24 de mayo, en la pequeña ciudad fronteriza de Uvalde, en la «Robb Elementary School», en Texas, asesinaron a 19 niños y niñas de origen étnico latino (hijos y nietos de mexicanos fundamentalmente, o sea Chicanos), y a 2 maestras también latinas. Hay, además, 2 policías de fronteras heridos de gravedad.

Según la BBC, el 90 % de los niños y niñas son de origen latino (mexicano), y el 87% oficialmente de escasos recursos. De hecho, la placa de la Escuela dice, arriba «Welcome», y abajo, «Bienvenidos». 

El presunto asesino también abatido, y de apellidos latinos, tenía apenas 18 años. Éste aparentemente, compró los dos fusiles de asalto el mismo día de su cumpleaños («El País» – Internacional).

El día de la masacre, había discutido antes con su abuela, y también la mató de un disparo en la cabeza.

Esa es la trágica noticia. Pero, lo cierto es que desde 1970, han existido más de 100 tiroteos en centros educativos sólo en Texas, según la «Unión Nacional de Padres» (EE UU), informa la BBC.

Tiroteos y masacres son frecuentes cada mes en EE UU, todos los años. Pero recientemente, el 3 de agosto del 2019, hubo otro tiroteo contra civiles latinos en un Walmart de El Paso, Texas. Precisamente Walmart de EE UU, vende armas. Hubo 22 muertos y el asesino aparentemente declaró, que era una respuesta a la «invasión hispana de Texas» («Cronología de los tiroteos más graves de Estados Unidos», en Revista Forbes/México). 

No hablemos de la histórica brutalidad policial racista contra latinos, afrodescendientes, indígenas y asiáticos. Sin embargo, no podemos acostumbrarnos a esta barbarie. 

Es un dato certero, además, que desde Texas se exporta la gran mayoría de las armas de grueso calibre, que alimentan la violencia civil ligada a los carteles y al narcotráfico de México.

Hace poco en Buffalo, Estado de Nueva York, hubo otra masacre con justificaciones racistas, pero esta vez de afroamericanos y en un supermercado de su comunidad.

Este nuevo tiroteo en Texas, casi «rompe récord» respecto de las masacres en escuelas, y tiene el tenebroso segundo lugar. El primero, lo tiene la masacre de la Escuela de Primaria en Sandy Hook, en Connecticut, y donde murieron 20 niños y niñas y 6 adultos («El País» – Internacional).

También casi «rompe récord» esta nueva masacre en víctimas mortales a nivel educativo en general (no sólo primaria), pues incluso supera a la masacre en la Secundaria Marjorie Stoneman Douglas, en Parkland, Florida, con 17 muertos/as en el 2018 (según BBC). 

Parece que los tiroteos y masacres de civiles, son frecuentes todas las semanas en Estados Unidos. Muchos con consideraciones abiertamente racistas.

Mientras, el negocio de la producción de armas sigue prosperando, más aún con la Guerra en Ucrania y la exportación de las mismas.

El Fiscal General de Texas, Ken Paxton, –obviamente Republicano–, sugirió según la BBC, que la solución frente a estos tiroteos sería, armar a los maestros… Sin comentarios. 

En los próximos días, en Houston, Texas, se llevará a cabo, la reunión anual de la Conservadora, NRA (en Castellano, ANR, o sea, la «Asociación Nacional del Rifle» de EEUU), a la que se espera que asista, el ex – presidente Donald Trump.

Cabe mencionar, que con la administración Biden, la venta norteamericana de armas de grueso calibre y uso militar sofisticado, para alimentar al conflicto Ruso-Ucraniano, ha crecido exponencialmente también.

Puede leer la publicación original en https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4913265558782380&id=100002969526277&sfnsn=mo

 

El mapa histórico es de libre acceso y fue tomado de la publicación original.