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Etiqueta: criminalización de la protesta social

Audiencia pública contra estudiantes a quienes se criminaliza por defender la educación pública en 2019

Comunicado

Cuatro estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) comparecerán ante el Tribunal del Tercer Circuito Judicial de San Ramón de Alajuela. La Fuerza Pública inició el proceso judicial acusándoles de «obstrucción de la vía pública» en contra de “la libertad”. Esta acción representa un grave intento de criminalizar la protesta social en el país.

Estas personas fueron detenidas el 21 de noviembre de 2019 mientras ejercían su derecho a la protesta en San Ramón de Alajuela. La manifestación pacífica y organizada por el movimiento estudiantil, buscaba denunciar los recortes al presupuesto de la educación superior. A pesar de que la protesta no generó bloqueos totales ni afectaciones al tránsito, la policía respondió con un uso desproporcionado de la fuerza, empleando gases lacrimógenos y persecuciones para dispersar al grupo de manifestantes que no superaba las 25 personas.

El abogado defensor Edgardo Araya, interpuso en diciembre de 2019 una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 256 bis del Código Penal, que tipifica como delito «impedir, obstaculizar o dificultar» el tránsito en vías públicas. Esta acción buscaba sentar un precedente para la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión en Costa Rica.

El caso estuvo suspendido mientras la Sala Constitucional analizaba la acción presentada por la defensa. Sin embargo, en agosto de 2023, la Sala resolvió que la definición del delito es constitucional, siempre y cuando no se use para criminalizar la protesta social. Tras el fallo, el juicio fue reactivado.

Llamado a la solidaridad y a la defensa de los derechos humanos

Las personas estudiantes que fueron detenidas, sus familias, el movimiento estudiantil y organizaciones sociales hacemos un llamado a la comunidad universitaria, sectores populares, defensores de derechos humanos y sociedad civil a movilizarse y acompañar este proceso en los tribunales de San Ramón.

Las próximas audiencias, donde se escucharán los testimonios de ambas partes y se recibirán pruebas y declaraciones de testigos, se llevarán a cabo:

Miércoles 9 de abril – 7:00 p.m.

Jueves 10 de abril – 6:00 p.m.

Tribunal del Tercer Circuito Judicial de San Ramón

Hacemos un llamado a apoyar a las personas acusadas y defender el derecho a la protesta. Nos vemos a las afueras del tribunal para exigir justicia y decir fuerte y claro: ¡Protestar no es un delito!

No podemos permitir que se criminalicen las luchas por la educación pública y los derechos fundamentales. Defender la protesta es defender la democracia.

Imagen: Voces Nuestras.

Argentina: ¡La CTERA exige la inmediata libertad de todas las detenidas y los detenidos! ¡No a la criminalización de la protesta social!

La CTERA expresa su enérgico repudio a las arbitrarias detenciones ocurridas el 12 de junio en la marcha contra la Ley Bases.

Es inaceptable que manifestantes que ejercían democráticamente su derecho a protestar, hayan sido apresados injustamente en una cacería orquestada por las fuerzas de seguridad de la Ministra Bullrich.

El gobierno Nacional quiere imputar, sin pruebas, condenas inadmisibles, a ciudadanos que ejercian el derecho a manifestarse contra una Ley, que implica la pérdida de derechos laborales, sociales, humanos y democráticos.

Este atropello a las libertades constitucionales tienen por objetivo amedrentar al pueblo e impedir la protesta social.

Mantenemos nuestra firme convicción de resistir y luchar en defensa de nuestros derechos y la democracia.

¡Urgente libertad a todxs los detenidos!

Buenos Aires, martes 18 de junio de 2024

Compartido con SURCOS por María Trejos Montero.

Al borde del abismo

Adriano Corrales Arias

Adriano Corrales Arias

Los responsables de la catástrofe política que estamos padeciendo son quienes firman un comunicado en contra de la arriesgada afirmación que realizara el actual “mandatario”: hemos vivido la “dictadura perfecta”. Me refiero a los expresidentes vivos. Algunos de ellos ya habían intentado algo semejante. Oscar Arias, por ejemplo, señaló, años atrás, que la fórmula era una “dictadura en democracia”. Y lo ejemplificó: se reeligió en contra de la Constitución Política y comandó la aprobación de un tratado de “libre” comercio por medio de un referéndum fraudulento.

Así las cosas, debemos aceptar que quien desgobierna este país lleva bastante de razón. La oligarquía costarricense ha construido un sistema a su medida, especialmente en términos electorales –sistema bipartidista hasta que se les agotó la credibilidad y hubieron de improvisar con el PAC– y de dominio ideológico a través del sistema educativo, de los consorcios comunicativos –“prensa canalla”– y de las redes sociales. Ello les ha permitido –es sólo un ejemplo entre muchos– la elección del presidente actual apostando por “el menos malo”. El miedo ha sido clave para ese rejuego electorero; así eligieron a los dos presidentes del PAC, previo diseño del espantajo fundamentalista o ideológico. Claro que el actual desgobernante pregona y aspira a la dictadura total.

Pero fueron el PLUSCPAC y sus turecas electoreras –liberticidas y neo pentecostales, entre otros– quienes provocaron y prepararon la llegada del fenómeno de derecha incrustado en Zapote. La guerra que hoy se libra es entre grupos de poder de la misma oligarquía –“tradicionales” versus “nuevos ricos”, alineados cual mafias-– en procura de la mejor porción del pastel privatizador y de la apertura en dictadura para los buenos negocios. El pueblo llano no cuenta para nada en esa cruenta batalla. Al contrario, lo está perdiendo todo con el desmantelamiento del Estado Social de Derecho, sin saberlo. Lo peor y doloroso: apoyando y aplaudiendo ese desmantelamiento.

De modo tal que estamos en una encrucijada –neoliberal–, la peor de nuestra historia reciente; atrapados sin salida puesto que no hay oposición ni se vislumbra, en el oscuro horizonte, opción política alguna. La crisis de los partidos y del movimiento social es tan profunda que produce más que desasosiego. Si se agrega la ilegal criminalización de la protesta social –aprobada en el segundo gobierno del PAC y apoyada por casi todos los partidos– más la represión simbólica en todos los estratos de la vida pública, el panorama se torna más gris todavía.

El mayor peligro reside en una masa desintoxicada que se cree y hace suyas todas las falacias del neo dictadorzuelo y sus cajas de resonancia, incluidas las dañinas e impunes granjas de troles o los nuevos “medios de comunicación” que, día con día, desinforman y producen falsas noticias a favor del régimen al mejor estilo OTAN, Trump, Bukele o Milei. He allí la nebulosa base social para asestar el golpe final al Estado Social de Derecho y su institucionalidad, ya maltrecho de por sí.

Lo que costó un largo proceso histórico durante el siglo XX, mismo que desembocara en una cruenta guerra civil (1948), para forjar un nuevo contrato social, hoy se deshace en el aire despedazado por un grupo de empresarios angurrientos y la insaciable presencia del capital transnacional. El discurso totalitario cala en los sectores sociales burlados por la propia contrarreforma neoliberal iniciada por el PLUSCPAC en los años ochenta del siglo pasado.

El trapito de dominguear de la oligarquía y del imperio usamericano –“la centenaria democracia sin ejército”, “la suiza centroamericana”, “el país más feliz del mundo”– se ensucia y se hunde en sus propias arenas movedizas, agenciado con brutalidad por los nuevos actores de las espurias finanzas y del poder local. Requiescat in pace.

Petitorio. Libertad a las y los detenidos de la Ley Bases y cese de persecuciones

Firmar en este formulario: (https://forms.gle/NmV9YWUs3jFBpQ8DA)

Las y los abajo firmantes reclamamos la inmediata e irrestricta libertad de todas y todos los detenidos en ocasión de la masiva movilización del pasado miércoles 12 de junio contra la sanción de la denominada “Ley Bases”, ejerciendo su derecho democrático y constitucional a la protesta. La mayoría de las detenciones se produjo a más de diez cuadras de la Plaza Congreso, en un momento en el que las personas se estaban desconcentrando luego de recibir una andanada de gases lacrimógenos y balas de goma por parte de las fuerzas federales y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las personas privadas de su libertad han recibido durante su detención malos tratos.

Asimismo, repudiamos firmemente y exigimos el cese de la criminalización de las organizaciones políticas, sociales y sindicales que por haber participado de dicha movilización para el poder Ejecutivo se convierten en “terroristas” que actuaron en un “intento de golpe de Estado”, imputaciones totalmente absurdas e infundadas. Durante el desarrollo de la manifestación del 12 de junio las fuerzas de seguridad no sólo reprimieron a columnas de manifestantes que estaban ejerciendo su derecho constitucional a la protesta sino también a diputadas y diputados nacionales, algunos de los cuales fueron heridos por el accionar de las fuerzas estatales.

Reclamamos el inmediato cese de esta campaña persecutoria contra quienes se oponen a la política del gobierno de Milei y el respeto irrestricto a los derechos y garantías vigentes.

PRIMERAS FIRMAS

Dirigentes y Organismos de Derechos Humanos: Adolfo Pérez Esquivel; Estela de Carlotto, Abuelas de Plaza de Mayo; Taty Almeida, Madres de Plaza de Mayo; Elia Espen y Mirta Baravalle, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Carlos Sueco Lordkipanidse, Encuentro militante Cachito Fukman; Marta Ungaro, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas La Plata; Eduardo Tavani, Presidente de la APDH; Graciela Lois, Familiares de Ex Detenidos-Desaparecidos por razones políticas; Mabel Careaga, Familiares de ExDetenidos-Desaparecidos de la Iglesia Santa Cruz; Comisión Provincial por la Memoria; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora de Tucumán; Iris Avellaneda, Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Liga Argentina por los DD.HH. (LADH); Asamblea Permanente por los DD.HH. (APDH); Servicio Paz y Justicia (SERPAJ); Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Liberpueblo; H.I.J.O.S. Capital; H.I.J.O.S. Ciudad de Buenos Aires; Herman@s de Desaparecid@s por la Verdad y la Justicia; Hermanxs de Detenidxs Desaparecidxs y Asesinadxs por el Terrorismo de Estado; Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD); Centro de Abogades por los Derechos Humanos (CADHU); Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP); Familiares de ex detenidos-desaparecidos, Córdoba; Instituto Espacio para la Memoria (IEM); Ana María Molina, Coordinadora Argentina por los DD.HH. (CADH); Movimiento Ecuménico por los DD.HH. (MEDH); Myriam Bregman, presidenta del CeProDH; Pablo Vasco, Centro CADHU; Centro Nelly Minyerski; Eduardo Barcesat; Atilio Borón; Padre ‘Paco’ Olveira; María Laura Garrigós; Luis Alen; Angel Cappa; Fernando Signorini; Sabina Frederic; María del Carmen Verdú; Stella Calloni; Ana María Careaga; Lita Stantic; Luis ‘Lucho’ Paz; Alberto Santillán, papá de Darío Santillán; Jueces de la Doctrina Franciscana; Grupo de Curas en Opción por los Pobres; Pastoral Social Evangélica (PSE); Justicia Legítima Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL); Instituto EnFoco de Políticas sobre Delitos, Seguridad y Violencias; Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los DD.HH. (CODESEDH); Nicolás Alessio, Grupo sacerdotal Enrique Angelelli; Fátima Cabrera, Espacio Interreligioso Patrick Rice; Graciela Lois, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas; Mabel Careaga, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz; Beatriz Capdevila, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza; Diana Kordon, Liberpueblo; AciFaD (Asociación Civil Familiares de detenidos); siguen firmas…

Organismos Internacionales: Judith Galarza Campos, Presidenta de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM); Brigitte Domergue, de Familiares de desaparecidos franceses; Fernanda Aguirre, Secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT (Uruguay); Silvia Bellizzi, Familiares de Uruguay; Luis Ruiz, Secretario de Derechos Humanos del Partido para la Victoria del Pueblo (PVP), Uruguay; Alicia Castro, Soberanxs Miguel Velo; Lorena Donaire, Mujeres en Resistencia (Chile); Liliana Castillo Rojas, Agrupación Detenidos-Desaparecidos (Chile); Mariana Pereira Ambrossi, Resistencia Feminista (Uruguay); Ligia Liberatori, Ni una menos – Berlín (Alemania); Juan Moreno García, Izquierda Unida (España); Márgara Millán, Red Feminismos Descoloniales (México); Nuria Alabao, periodista, Zona de Estrategia (España); Yumac Ortiz, CPAZ (Ecuador); Malen Otaño, YoNoFui, colectivo abolicionista penal; Francesc Relea, periodista y documentalista (Cataluña); Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad – Secc. Argentina (WILPF/LIMPAL); Asociación Educación y Solidaridad-Francia; Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE); Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL); Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo (ALTJ); Vidal Aragonés, Diputado (mc), Cataluña; Equipo de abogados de la querella contra crímenes del franquismo – Gerardo Caviglia; Agustín Romero, Izquierda Unida (España); Marcos Roitman Rosenmann, Sociólogo, académico Universidad Complutense de Madrid; Alicia Lajmanovich, Presidenta Association Grenobloise Solidarité Argentine – Grenoble, Francia; Norma Ciuffo, Embajadora de Ville Apprenante de la UNESCO, Francia; Olga: Hernández, Collectif pour la Mémoire, Vérité et Justice de Rhône Alpes, Francia; Victoria Grabrois, Coordinadora Colectiva de O Grupo Tortura Nunca Mais/RJ Brasil; Alirio Uribe, Congresista de Colombia en el Parlamento Nacional; Marcela Sánchez, Directora de Colombia Diversa; Luz Marina Monzón Cifuentes, Presidenta Otras Voces, Colombia; Erika Hennings, Presidenta Colectivo Chileno Londres 38; Marta Cisternas, Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas, Chile; Alejandro Núñez, Presidente de corporación Parque por La Paz, Villa Grimaldi, Chile.

Diputados y Senadores Nacionales: Paula Penacca (UxP); Leopoldo Moreau (UxP); Nicolás del Caño (PTS/FITU); Christian Castillo (PTS/FITU); Alejandro Vilca (PTS/FITU); Romina del Plá (PO/FITU); Vanina Biasi (PO/FITU); Esteban Paulón (PS); Juan Marino (UxP); Vanesa Siley (UxP); Julia Strada (UxP); Blanca Osuna (UxP); José Glinsky (UxP); Verónica González (Diputada Nacional FPV Tierra del Fuego, mc); Claudio Lozano (Unidad Popular, mc); Verónica Mercado, Diputada Nacional (FPV Catamarca, mc), María Rosa Martínez, Senadora (Frente de Todos, PBA); Mariano West (FPV, PBA, Diputado Nacional, mc); Verónica Benas, diputada (PARES en el Frente Amplio por la Soberanía, Santa Fe); Marina Riofrio, Senadora Nacional (PJ San Juan, mc); Nanci Parrilli Senadora (PJ Neuquén, mc); Haide Giri, Senadora Nacional (Córdoba, mc);

Legisladores y Concejales: Victoria Montenegro (UxP, CABA); Gabriel Solano (PO/FITU, CABA); Celeste Fierro (MST/FITU, CABA); Alejandrina Barry (PTS/FITU, CABA-mc), hija de detenidos-desaparecidos; Alejandro Bodart (MST/FITU, CABA mc); Vilma Ripoll (MST/FITU, CABA mc); Néstor Pitrola (PO/FITU, PBA, mc); Luciana Echevarría (MST/FITU, Legisladora Córdoba); Soledad Alonso, (UxP, PBA); Gustavo Pulti (UxP, PBA); Noelia Saavedra (Movimiento Evita, PBA); Alejandro Dichiara (Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires); Santiago Vasconcelos, (PO/FITU diputado provincial Chubut); Tomas Andrés Blanco (PTS/FITU, diputado Neuquén); Jesús Escobar (Libres del Sur, Neuquén, mc); Betina Rivero (MST/FITU, concejal Palpalá, Jujuy); Priscila Ottón (MST/FITU, Neuquén concejal); Sergio Piguillem (UCR Ciudad de Córdoba, Concejal); Héctor Toty Flores (Cambiemos-La Matanza, Concejal); María José Lubertino (CABA, mc) Emmanuel Fernández (UxP, Presidente del Concejo Deliberante de Moreno, PBA); Noemí Aguilera (UxP, Presidenta de bloque en el Concejo Deliberante de Moreno, PBA); Lucas Franco (UxP, Concejal por Moreno, PBA); Marisol Gallardo (UxP, Concejal por Moreno, PBA); Zulma Gil (UxP, Concejal por Moreno, PBA); Araceli Bellota y Federico Fongi (UxP, concejales por Moreno); Pablo Lopardo (MST/FITU, Moreno concejal); Erica Seitler (PTS/FITU, Concejal Moreno, PBA);  Susana Verón (MST/FITU, Merlo concejal); Valeria Bibiano (MST/FITU, Concejal José C. Paz, PBA); Roldán Mariela, (UxP, Concejal José C. Paz, PBA); Ivan Ponce (Concejal mc José C. Paz, PBA); Sandra Becerra (Concejal mc, José C. Paz, PBA); Anabela Colli (PTS/FITU, Concejal José C. Paz, PBA)

Periodistas y artistas: Alejandro Wall, periodista; Telma Luzzani, periodista AM 530, Tamara Bezares, periodista Crónica; Adriana Meyer, periodista; Nora Bär, periodista El Destape; Diego Pietrafesa, periodista, delegado SiPreBA; Adriana Vanoli, periodista; Miguel Alejandro Iademarco Ponce, La voz de Tandil; Oscar Martínez Zemborain, Periodista; Pablo Salguero, Radio Sudaca, Universidad Nacional de la Patagonia; Agustín Ronconi, Arbolito músico; Andrés Fariña, ARBOLITO; Ezequiel Jusid, Arbolito; Nora Chirom, artista plástica; Julio Alberto Vilches, actor (Asociación de Cineastas de Córdoba); Carlos Berraymundo, actor; Nara Carreira, Actrices Argentinas / Unidxs x la Cultura; Lis Marcia Viviana Di Marco, Asociación Argentina de Actrices y Actores Delegación Mendoza; Guillermo Saposnik, ADF Cinematografía; Luciana Kohn, Cine Arg. Unido; Daniel Di Mauro, Teatro de títeres La Pareja; María Andrea Boffo, actriz;

Organizaciones políticas, gremiales, sociales y estudiantiles: MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores en el FITU); PO (Partido Obrero en el FITU); PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas en el FITU); IS (Izquierda Socialista en el FITU); Libres del Sur; PCR (Partido Comunista Revolucionario); Nuevo MAS; Política Obrera; Partido Humanista; Movimiento Mayo; Martín Fierro; OLP; PL (Partido de la Liberación); PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores); Vía Socialista; Aldo Casas, Herramienta; Laura Berardo, Subsecretaria de Derechos Humanos de Lomas de Zamora; Camila Canales, Movimiento Evita Centro Padre Múgica; Elisabet Caminos, Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional; Héctor Andrés Poggi, Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur; Ricardo Pablo Marino, La Cámpora, HIGA San Martín; Central de Trabajadorxs de la Argentina – Autónoma (CTA-A Nacional); Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Nacional); ATE Capital; CTA Autónoma Pcia. de Bs. Aires; CTA Autónoma Capital; Federación Judicial Argentina (FJA); Asociación Americana de Juristas (AAJ); La Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina; Corriente de Abogados Laboralistas “7 de Julio”; Abogados Laboralistas de Rosario; Llamamiento Argentino Judío; Mónica Sulle, Movimiento Sin Trabajo, MST “Teresa Vive”; Eduardo Belliboni, Polo Obrero; Sandra Vila, MTL Rebelde; Mesa de las niñeces José C. Paz; Laurel Fagni, Chiques del Pueblo; Federación Nacional Territorial (FENAT); Federación Trabajadores de la Energía (FETERA); Mirka Elizabeth Fernández; Secretaria General del Gremio de Docentes Autoconvocados Formosa; Nilda Beatriz Patiño, Secretaria Gremial del Gremio de los Docentes Autoconvocados, Formosa; Sebastian Tomas Patitucci, Secretario de Prensa del Gremio de los Docentes Autoconvocados Formosa; Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios – Histórica (CONADUH); Sofía Cáceres Sforza, Secretaria General de SITRADU, gremio de docentes universitarios, Entre Ríos; Anahí Rodríguez, Secretaria General de ADIUNT; Lucía Hellín, Sec Gremial AGD FFyL UBA; Fortunato Mallimaci, CONiCET y UBA, FSOC y CEIL; Melina Tarnoski, Sec. Género y Diversidad Sexual, Facultad de Sociales, UNLZ Universidad de Lomas de Zamora; Marcelo Wiñazky, FCE UBA; Juan Carlos Radovich, UBA/CONICET, Facultad de Filosofía y Letras; Juventud Socialista del MST-FITU; En Clave Roja; ¡Ya Basta!; La Marea MST, Universidad Nacional del Comahue; Juan José Barrionuevo, Marabunta – Corriente Social y Política, Colegio Nacional de Monserrat – UNC; Confederación General de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores; Mesa Coordinadora Nacional de Jubilades y Pensionades; Jubiladxs de Izquierda-MST; UTEP Secretaría de DD.HH.; Frente 22 de Agosto; ATTAC Argentina; Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISYP); Red en Defensa de la Humanidad; Movimiento Federal por la Soberanía Nacional (MFSN); Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA); El Grito del Sur; Campaña Nacional por la Reforma Judicial Feminista; Proyecto Generar; Colectiva Andina; Frente de Abogados Populares (FAP); Nace un Derecho; Frente de Abogados de la AABA; Corriente de Abogados Porteños; Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito – Regional CABA; Asociación de Profesionales de la Dirección Escénica Argentina (APDEA); Grupo de Litigio Red de Medios Digitales; Comisión de Administración de Justicia del Instituto Patria; Comisión de Inclusión y Desarrollo Social del Instituto Patria; Sociedad Argentina de Bioética y DD.HH.; Capítulo Argentino Red Bioética; Grupo de Investigación Facultad Filosofía y Letras; Asociación Ciudadana por los DD.HH. (ACDH); Monitor de Respuestas Represivas a la Protesta Social del IEF-CTAA; Secretaría de DD.HH. CTA-A Nacional; Secretaría de DD.HH. CTA-A Capital; ATE Congreso; Secretaría de DD.HH. Municipalidad de Avellaneda; Dirección de DD.HH. Municipalidad de Moreno; Colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia; Espacio para la Memoria Virrey Ceballos; DD.HH. San Oscar Romero Isla Maciel; Asociación de Abogadxs Bonaerenses; Abogados Peronistas de Moreno; Asociación Civil Moreno por la Memoria (MxM); Federación de Cooperativas y Mutuales del Oeste de la provincia de Bueno Aires (FEMOBA); Cooperativa de Comunicación CARTA; Mirador Patrimonial Ciudadano – Regional La Plata-Berisso-Ensenada; Unidxs x La Cultura – Regional La Plata-Berisso-Ensenada; Centro de Pensamiento Jurídico Crítico; Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir; Multisectorial Villa Gesell; Asamblea Permanente por los DD.HH. – Regional Jujuy (APDH Jujuy); Familiares de Detenidos y Liberados (FADELI); Dirección de Políticas Post Carcelarias de la Municipalidad de San Martín: Corriente Eva Perón; CPS 29 de Mayo; Organización 25 de Mayo; Asamblea Permanente por los DD.HH. Regional Jujuy; Centro de Estudios e Investigaciones en DD.HH. prof. J.C. Gardella, Fac. de Derecho, UNR (CEIDH Gardella); Uruguayxs en Argentina por los DD.HH.; Agustina Guimaraes, Furia Trava; Liliana Jensen, Red Provincial de Mujeres contra la violencia de género; Comisión de Mujeres, Género y DD.HH. del Instituto Patria; Juntas y a la Izquierda-MST (FITU); Pan y Rosas; Mabel Di Leo, rama femenina Movimiento peronista; Incidencia Feminista; Carlos Álvarez, periodista Radio Gráfica; Vivas y Furiosas, Educadoras feministas; Germán Pinazo, vicerrector UNSAM; Leandro Tresols, Varones Desobedientes; Patricia Vaca Narvaja, exdiputada; Esteban Castro, UTEP; Julieta Bandirali, Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires; Asociación de abogados y abogadas laboralistas – Guillermo Pajoni; Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES); Guillermo Pacagnini, FESINTRAS (Federación Sindical Nacional de Trabajadorxs de la Salud); Gastón Vacchiani, Secretario General UTS (Unión de Trabajadores de la Salud, Córdoba); César Latorre, Delegado General del Hospital Italiano – ATSA; Andrea Ramírez, Secretaria General ALE (Asociación de Licenciadas/os en Enfermería de CABA); Norma Lezana, Secretaria General APyT (Asociación Gremial de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan); Claudio Mora, Directivo SUTNA Nacional; Mariano Veiga, Secretario General AGIHM (Asociación Gremial Interdisciplinaria del Hospital Moyano); Raúl Laguna Bosch, Secretario de Organización de CICOP; Alicia Rivas Zelaya, CTA Autónoma Misiones, Universidad Nacional de Misiones: Ingrid Urrutia, Secretaria General Junta Gremial Interna de ATE INCAA (Instituto Nacional de Cine); Leonardo Nicolás Rando, Delegado ATE Ministerio de Cultura; Ignacio Cámpora, CD ATE Capital Agricultura; Flavia Fernández Brozzi, Vocal Consejo Directivo ATE Capital; Marcela Artigas y Nadin Smith, Consejo Directivo ATE Capital, Agustina Panissa, Defensoría del Pueblo CABA, Sandra Di Claudio, Consejo Directivo de Ate Capital, Ministerio de Economía; Raúl Eduardo Suárez, Asociación de Médicos Municipales, Hospital Piñero CABA; Liliana Ortega, Gremial Banco Nación; Héctor Amichetti, Sindicato Federación Gráfica Bonaerense; Diego Carrizo, Secretario de DD HH de ATE y CTA Autónoma de Malvinas Argentinas (Prov. de Bs. As.); Soria Raúl, 1° de Mayo ATE Moreno; Augusto Wiemann, Despedido GPS – Aerolíneas Argentinas; Maxi Masquijo, Secretario de Prensa de ATECH Provincial (Chubut) / Francisco Torres, Secretario Gremial de la FND (Federación Nacional Docente); Lucrecia Cocha, Secretaria de Organización de UEPC Córdoba; Facundo Fernández, Secretario de Cultura de AMSAFE Rosario; Consejo Directivo SUTEBA Moreno; Jesús Espíndola, Secretario General SUTEBA Moreno; Angélica Guiot, Secretaria General de SUTEBA Marcos Paz; Andrea Lanzette, Congresal Multicolor de SUTEBA Lanús; Daniela Rodríguez, Secretaria de DDHH de SUTEBA Bahía Blanca; Vanesa Gagliardi, Consejo Directivo de Ademys; Ailen Beraldo, Secretaria Acción Social de Ademys; Andrés Machuca, SUTEBA La Matanza; Sergio Cordova, Docentes de Base de La Matanza; Alternativa Docente; Docentes en Marcha; Tribuna Docente; Marrón 9 de Abril; ATE Verde Roja-Moreno; METRAM – Asociación civil ecológica y trabajo ambiental; Red Ecosocialista-MST (FITU); Red Del Encuentro, educación popular y comunitaria; Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP); Alicia Graziano y Oscar García, Agrupación de Trabajadores Sobrevivientes de la Tortura y Carlos Monestes, DDHH CTA Ciudad; Movimiento No Matarás; Asamblea Desobediente; Asamblea Autoconvocada Mercedes; SIGUEN FIRMAS

Imagen: https://tramas.ar/tag/detenidos-por-la-ley-bases/

El derecho al agua es un derecho humano fundamental, como también lo es la protesta social

San José, lunes 18 de marzo de 2024

Denuncia pública a la opinión nacional e internacional

El Partido Vanguardia Popular DENUNCIA ante la opinión pública nacional e internacional, sobre los actos de represión contra las y los ciudadanos de Hatillo que reclaman por el justo derecho de que el gobierno de turno y Acueductos y Alcantarillados atienda la emergencia de la ausencia de agua en dicha comunidad.

Sin embargo, ahora resulta que la defensa por el agua en Hatillo, se convierte en  un espacio para legitimar la criminalización de la protesta social.

Al estilo de los gobiernos fascistas, de derecha y prepotentes que conculcan los derechos fundamentales, aquí, en nuestro país Costa Rica, garante de todos los pactos internacionales en materia de Derechos Humanos, desconoce los más elementales derechos del y las ciudadanas.

Pero esta escalada de represión entra en franca contradicción con lo que vive el país actualmente en materia de seguridad pública.  En el Diario Extra, página 11, de fecha miércoles 13 de marzo de 2024, bajo el título: “Hatillo son territorio en disputa por banda criminal”. Se aclara a la opinión pública que están claramente identificadas dos bandas criminales, Los Lara y la banda de Gery. Pero el silencio que guarda la Fuerza Pública es parecido a la estupidez, o contrario sensus, guardan toda su brutalidad para emplearla contra el  pueblo honesto de Hatillo, cuya demanda, por lo demás totalmente válida, reclaman por el suministro del agua en sus comunidades. Entonces, por qué no actúan con la misma fuerza contra esas bandas delictivas, como lo hicieron hoy contra los vecinos de Hatillo.

Una página negra más para el gobierno actual de Rodrigo Chaves Robles.

Queremos llamar, sin embargo la atención. Curiosamente y de forma unánime las y los diputados de la actual Asamblea Legislativa aprobaron en primer debate: “ampliar la prisión preventiva en caso de flagrancia”. Eh aquí que la receta ya la pusieron en práctica, pues hoy, bajo la detención arbitraria e irrespetando el primer derecho humano a que tiene toda sociedad: el derecho a la protesta social, es pisoteado por la Fuerza Pública y 9 personas son detenidas arbitrariamente. Tres de ellas ya fueron pasadas a los tribunales de flagrancia y desconocemos, hasta el momento, cuál es el curso que se sigue contra los otros seis.

Nosotros, como PARTIDO VANGUARDIA POPULAR, históricamente hemos estado a la par de las luchas populares y condenamos abiertamente la criminalización de la protesta social. La represión estructural ha sido constante desde el año 2000, fecha en la cual  el pueblo de Costa Rica amplió la democracia de la calle exigiendo el retiro del Combo Eléctrico que atentaba contra la histórica y meritoria institución del ICE.

Exigimos la pronta libertad de los nueve compañeros(as) detenidos arbitrariamente. Recordamos a los cuerpos represivos que el agua es un derecho humano fundamental y que la protesta social es, por excelencia, el primer derecho al cual puede aspirar el pueblo en su demanda popular.

¡LIBERTAD PARA LAS Y LOS DETENIDOS YA, Y SIN NINGÚN CARGO!

LA DEMOCRACIA DE LA CALLE TAMBIÉN ES UN DERECHO

PROTESTAR ES UN DERECHO NO UN DELITO

Hatillo: agua y criminalización de la protesta social

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

El pasado 18 de marzo del 2024, las comunidades de Hatillo continuaron sus manifestaciones en reclamo por las pésimas condiciones de suministro de agua potable que les viene afectando desde semanas atrás. De forma selectiva, las fuerzas policiales actuaron privando de libertad a las personas lideresas comunitarias, lo que demostró una estrategia de represión focalizada, con el fin de desarmar el movimiento e intimidar a las personas participantes.

Ante la implementación de estas estrategias de in-seguridad pública, queremos invitarles a reflexionar sobre las implicaciones de la criminalización de la protesta social, comprendiendo que hay dos elementos que debemos tener presentes:

  • Según Constitución Política, el Estado reconoce el derecho humano al acceso del agua potable para consumo humano, por ende tiene la obligación de garantizar este derecho.
  • La criminalización de la protesta social es un mecanismo para legitimar la omisión del Estado en su deber de garante de derechos y representa una forma de inseguridad jurídica para todas las personas defensoras de derechos.

Les compartimos esta infografía para abrir este debate.

CTRN expresa firme apoyo al paro nacional convocado por centrales sindicales de Argentina

  • Legislación promovida por el gobierno de Milei busca echar abajo derechos consolidados de los trabajadores y las trabajadoras, criminalizar la protesta social y destruir a las organizaciones sindicales

La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), de Costa Rica, expresa su apoyo al paro nacional convocado para este miércoles 24 de enero por las centrales sindicales argentinas, en oposición al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el proyecto de “ley ómnibus” promovidos por el gobierno de Javier Milei, los cuales contienen medidas extremadamente lesivas para los trabajadores y el sistema democrático de ese hermano país.

Nos unimos en esta manifestación de apoyo, junto a la Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas (CSA), expresión continental de la Confederación Sindical Internacional (CSI).

“Expresamos nuestra profunda preocupación por la situación que atraviesa Argentina desde la asunción del presidente Javier Milei el pasado 10 de diciembre y, en particular, por las amenazas que se ciernen sobre el pueblo argentino, su clase trabajadora y sus organizaciones laborales y sociales en general, expresó la secretaria general de la CTRN, Fanny Sequeira.

La CTRN envió una carta al embajador argentino en San José, Luis Eugenio Bellando, expresándole el firme apoyo al paro nacional convocado por las centrales sindicales argentinas y el repudio a las medidas antipopulares del gobierno de Milei, que constituyen, además, “un antecedente funesto para la región en materia de violaciones a los derechos laborales, sociales y sindicales”, agregó la dirigente sindical costarricense. Adjuntamos la carta enviada por la CTRN al embajador argentino.

En el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) se incluyen medidas que imponen fuertes limitaciones al ejercicio de derechos como la huelga y la realización de asambleas sindicales.

También permite desregular la jornada laboral y se modifica la regulación de las horas extras en perjuicio de los trabajadores; reduce la indemnización por despido y debilita la ley de contrato de trabajo al reducir su aplicabilidad. También elimina multas a los patronos por empleo no registrado y por el incumplimiento en el pago de indemnizaciones laborales.

La ley ómnibus incluye una modificación al Código Penal que, a juicio del movimiento sindical argentino, criminaliza la protesta social a niveles no vistos desde la última dictadura militar.

La secretaria general de la CTRN, Fanny Sequeira, indicó que en la carta al embajador argentino, se pide al gobierno de Milei que “priorice de manera urgente” el diálogo social y democrático, para analizar y definir medidas que incluyan y promuevan la participación del pueblo argentino y del movimiento social y sindical”.

Sequeira afirmó que el respaldo al paro laboral de los trabajadores argentinos en lucha está creciendo aceleradamente en todo el continente y en otras latitudes y añadió que “la solidaridad con los trabajadores argentinos es vital para evitar que se vulneren los derechos de las trabajadoras y los trabajadores y que se atente contra la Constitución y las normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, ratificadas por Argentina”.

Este 7 de noviembre afrontan juicio estudiantes criminalizados por defensa de educación pública – concentración

Estudiantes criminalizados por manifestarse durante las protestas del 2019 en defensa de la Educación Pública, tendrán que ir a juicio el próximo 7 de noviembre de 2023*.

San Ramón, Alajuela. Comunicado. – Los cuatro estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) criminalizados por el sistema por manifestarse en defensa de la autonomía universitaria y del presupuesto de la educación superior para los sectores populares tendrán que presentarse a juicio el próximo martes 7 de noviembre en los Tribunales de San Ramón.

En diciembre del 2019, los estudiantes tuvieron la audiencia preliminar oral y pública en los Tribunales de San Ramón. La fiscalía presentó su acusación y el juez resolvió que los estudiantes debían ir a juicio por cargos de obstrucción de la vía pública. Sin embargo, el proceso de juicio se puso en pausa debido a que la defensa presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 263 bis del Código Procesal Penal.

La Sala Constitucional emitió su respuesta a dicha acción el pasado 23 de agosto de 2023, y declaró que la acción de inconstitucionalidad presentada contra este artículo no tiene mérito, lo que significa que no hay impedimento legal para continuar con el proceso judicial, incluyendo la celebración del juicio y la posterior emisión de una sentencia.

En resumen, la vía legal para avanzar en este asunto ha sido despejada.

Los estudiantes y el movimiento estudiantil esperan contar con el apoyo de organizaciones sociales aliadas en este juicio, para que no se siga criminalizando la protesta social en el país.

Los estudiantes han insistido en que NO incurrieron en ningún delito en ningún momento; únicamente ejercieron su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión y realizaron una acción que fue totalmente pacífica, no violenta y que no representó en ningún momento perjuicio ni daño a ninguna persona, ni perjudicó a los vehículos que transitaban en esa zona porque siempre se mantuvo un paso regulado.

Hacemos de conocimiento público que la Fuerza Pública actuó en contra los estudiantes de forma injustificada y desmedida, utilizando gases lacrimógenos y dando persecución cuando la manifestación estaba retirándose de forma pacífica. Consideramos que estos abusos de poder por parte de los cuerpos policiales representan una amenaza a la democracia, la libertad de expresión, libertad de reunión y al derecho a la protesta y a la comunicación.

¡Nos vemos el 7 de noviembre a las 6:00pm en los Tribunales de San Ramón de Alajuela en solidaridad con las y los estudiantes que defienden su derecho a una educación pública, gratuita y de calidad!

*Compartido con SURCOS por Angélica Alvarado.

Foto: Semanario Universidad.

Red SEPA expresa solidaridad con la lucha del pueblo guatemalteco

Resolutivo Núm 2.

En el marco del 5º Encuentro Continental de la Red de Educadores y Educadoras Indígenas [REI], realizado en Santander de Quilichao, Colombia, del 12 al 14 de octubre de 2023. Delegadas de más de 20 organizaciones sociales, docentes, sindicales y representes de las diversas naciones de los pueblos originarios desde Argentina hasta Canadá, queremos expresar nuestra solidaridad con la lucha del pueblo guatemalteco para defender el proceso democrático en su país.

A dos semanas de protestas, respaldamos su lucha de los pueblos mayas, xinca, garífuna y mestizo por el respeto a la decisión de los pueblos en la elección de las autoridades, acontecido recientemente. Desde la REI reconocemos la fuerza que el pueblo ha mostrado, y su reivindicación del derecho a la manifestación. A nivel internacional, resulta alarmante, la represión contra manifestantes, pero más aún que no exista respeto a la decisión popular.

Hacemos un llamado para que se respete los resultados electorales, que frene la represión, y se abra un camino que permita resolver la crisis social y política que hoy se vive en Guatemala.

A nuestras hermanas y hermanos les abrazamos, y hacemos de su conocimiento que quedaremos atentos al llamado de acción internacional al que nos convoquen. Fuerza y que vivan los pueblos de Guatemala.

Delegados y delegadas al 5º Encuentro de la Red Continental de Educadores
Indígenas “La Palabra Viva.”

Descargue y comparta el pronunciamiento

 

Fuente: http://idea-network.ca/es/?p=749

Criminalización de la protesta social en Costa Rica año 2023 – Fabián Fernández Ureña – Kendall Eduardo Rodríguez

ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE DERECHOS HUMANOS

La ACODEHU informa que, estos dos estudiantes costarricenses, el primero con nivel universitario, y el segundo joven de secundaria están siendo víctimas de fuertes procesos de criminalización y judicialización de la protesta social.

En el contexto del movimiento de huelga, en Defensa de la Educación Pública, cientos de estudiantes se movilizaron en diferentes lugares del país: Osa, Siquirres, Caribe, Pacífico, Heredia y provincia de San José. En dicha movilización representantes de los diferentes programas educativos, por ejemplo los PEC, CINDEA, Aula EDAD, CONED, y demás centros educativos correspondientes al Ministerio de Educación Pública-MEP, utilizaron la protesta social pacífica, para denunciar la mala preparación, recortes presupuestarios a la educación pública, inconformidad con los cambios abruptos en las pruebas estandarizadas, pérdida de becas, cierre de comedores, deficiencias en los transportes estudiantiles y deterioro de las instalaciones de los centros educativos en diferentes partes del país.

Dichas protestas canalizaron el malestar estudiantil contra la ministra ANNA KATHARINA MÜLLER y contra otras autoridades del gobierno; por lo que el día 7 de agosto del año 2023 efectuaron una movilización hacia casa presidencial denunciando sus inconformidades y exigiendo un documento escrito de Casa Presidencial. En esta protesta social de carácter pacífico algunos(as) de los(as) estudiantes que se manifestaban fueron detenidos y víctimas de la violencia brutal de la policía contra estudiantes de secundaria del país.

La ACODEHU manifiesta que la protesta social es un derecho humano fundamental que permite canalizar el derecho a la expresión, el derecho a la organización de diferentes sectores de la sociedad costarricense, como uno de los ejercicios de participación ciudadana, propios de la democracia participativa.

Llamamos a la solidaridad con el movimiento estudiantil de la secundaria y específicamente para con los jóvenes Randall E. Rodríguez y Fabián Fernández U., como víctimas del proceso judicial que estarán enfrentando el martes 17 de octubre a las 10:30 AM, en el Circuito Judicial de San José.

La ACODEHU condena la violencia de la policía en este país y exigimos el respeto de la protesta social como derecho humano fundamental.

San José, 16 de octubre de 2023