Skip to main content

Etiqueta: criminalización

Lanzan investigación sobre criminalización a mujeres defensoras de derechos humanos en Honduras

29 de septiembre de 2024.- La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) acaban de lanzar el capítulo dedicado a Honduras de la investigación “Perseguidas por defender y resistir. Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en Honduras, Nicaragua y México”. Esta es la segunda de tres publicaciones que reflejan los resultados de un trabajo de investigación sobre la criminalización a mujeres que defienden derechos humanos en Mesoamérica, un fenómeno constante y cada vez más creciente en la región.

La defensa de derechos humanos en Honduras: un escenario propicio para la criminalización

Entre 2017 y 2022, el Registro mesoamericano de agresiones a defensoras de la IM-Defensoras documentó un total de 284 agresiones que de forma individual, colectiva o hacia organizaciones o grupos, criminalizan el actuar de las defensoras de derechos humanos. De éstas, 102 fueron detenciones arbitrarias y 182 se relacionaron con el inicio de causas o procesos penales o administrativos.

Entre las causas estructurales de la efervescencia de la criminalización en Honduras, la investigación identifica el Golpe de estado de 2009 como un punto de inflexión en la deriva autoritaria, conservadora y extractivista del país. A partir de 2009 se multiplicaron los proyectos extractivistas, se aprobaron leyes para privatizar servicios públicos, bienes naturales y territorios ancestrales y comunitarios; se llevaron a cabo reformas de las leyes penales para facilitar la criminalización; se profundizó en la militarización, la corrupción y la cooptación del sistema de justicia por parte de intereses empresariales y familias de terratenientes. El fraude electoral de 2017 fue otro momento clave, generando una oleada de represión y criminalización y consolidando una narco-dictadura con ex-presidentes, como Juan Orlando Hernández, que han sido extraditados a Estados Unidos y condenados a prisión por delitos graves vinculados al narcotráfico. En este contexto, defensoras de la tierra y el territorio, especialmente indígenas y garífunas vinculadas al COPINH y la OFRANEH; integrantes del movimiento estudiantil y defensoras de los derechos de las mujeres han sido las que han sufrido más el impacto de la criminalización.

Misoginia y racismo como componentes fundamentales de la criminalización

La investigación se llevó a cabo a través de entrevistas y grupos focales con defensoras criminalizadas y con abogadas con experiencia en estos casos, las cuales en muchas ocasiones también acaban siendo criminalizadas. Las defensoras entrevistadas identificaron como principales causas de la criminalización el avance del neoliberalismo, el desarrollo capitalista voraz, la corrupción, autoritarismo y conservadurismos de los gobiernos de sus países, así como las violencias estructurales racistas y misóginas que siguen imperando en la región. Por ello, uno de los objetivos de este estudio es comprender desde una perspectiva interseccional los patrones e impactos específicos y diferenciados que, por su condición de género, la criminalización tiene sobre los cuerpos, las vidas, las luchas y los entornos comunitarios y familiares de las defensoras.

Construida desde la colaboración y participación de las defensoras y redes de defensoras de derechos humanos de Honduras, México y Nicaragua, la investigación también refleja cómo, pese a todo, las defensoras siguen resistiendo y persistiendo en sus luchas.

El Observatorio de Derechos Humanos denuncia represión, criminalización y judicialización contra jóvenes en Oaxaca México

El pasado 27 de enero del 2024, un grupo de jóvenes se manifestaron contra la gentrificación presente en Oaxaca México, quienes sufrieron represión por parte del gobierno estatal de Salomón Jara gobernador del Estado de Oaxaca. El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos expresó su condena a la represión, por medio de su cuenta en la red social X, exigiendo la libertad de los jóvenes detenidos durante la manifestación.

La gentrificación consiste en la renovación de una zona urbana, que se encuentra en condición de deterioro o abandono por parte de grupos externos a la comunidad con alto poder adquisitivo, lo cual implica el desplazamiento de la población local. Durante la manifestación por parte de la juventud que se manifestó, expresaron las múltiples problemáticas de la comunidad, exponiendo las desigualdades que viven múltiples comunidades que no cuentan con acceso a servicios básicos, en oposición al despojo que se realiza desde agentes externos, empresarios y extranjeros a quienes se les acusa de ser los principales causantes de la gentrificación y turistificación, bajo el lema de “Oaxaca no es mercancía”.

Debido a las detenciones y represión llevadas acaba durante la manifestación, se realizó un mitin el día 29 de enero del 2024 a las 12:00 del mediodía ante la puerta 1 de Ciudad Judicial en Oaxaca, para exigir la liberación de todas las personas detenidas, durante la pasada manifestación, donde se invitó a medios independientes a seguir el mitin.  La respuesta del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos ha sido de condena a la represión y solidaridad con la juventud que se manifiesta, exigiendo la liberación de los detenidos, expresando el derecho a la paz.

TOSHKUA

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En lengua Pesh, hablada por las comunidades indígenas de Honduras, el sentido de esta palabra es devastador y absoluto para una región cuyas rupturas a todo nivel son continuas.

Significa “desaparecer” y en la realidad centroamericana actual adquiere una connotación aún más pertinente. Con ese nombre, ese significado, el Director Ludovik Bonleux realizó un documental de 80 minutos (2022) en el que cruza dos historias: la búsqueda incesante de Marco Antonio, el hijo de Doña Mary. Ella es una de las madres de la Caravana de familiares de migrantes centroamericanos desparecidos, que con más de 15 años de accionar, buscan a sus hijos e hijas en su tránsito por México, un territorio que al decir de Oscar Martínez, lo caminan y resisten los “migrantes que no importan” y el viaje de Francisco hacia el centro de la Mosquitia hondureña, motivado por la ida de sus hijos hacia Estados Unidos y también por la amenaza del extractivismo neoliberal que ha dispuesto arrasarlo todo, desde los lugares naturales sagrados para las comunidades originarias, hasta los cuerpos de los desahuciados.

En un momento del documental se observa una de las madres sostener un cartel con la pregunta ¿ Dónde están?. Las cifras no valen de mucho si de lo que hablamos es de personas con historias truncadas, biografías que un día desaparecieron sin dejar rastro y fueron disueltas (literalmente) por el poder de los Estados involucrados y la acción de actores de la industria migratoria, que ven en sus cuerpos una forma de obtener ganancias, como el narcotráfico y la venta de armas.

Algunas estimaciones, creo bastante conservadoras, hablan de 7.000 personas migrantes centroamericanas desparecidas al año. El número es conservador porque en la clandestinidad de las estrategias de movilidad, son mucho más las personas que salen un día sí y otro también a buscar “la vida en otra parte” como ha dicho con tino el filósofo costarricense Alexander Jiménez.

Al mismo tiempo que son escritas estas notas, se conoce del lucrativo negocio que significa para grupos criminales, el cruce irregular por fronteras al norte de la región, que producen ganancias de más 12.000 millones de dólares al año.

Quien no paga, no existe.

Quien no paga, desaparece.

Fuimos invitados a un Foro sobre este documental, organizado en el marco del Festival de Cine Colombia Migrante, desarrollado en San José, Costa Rica, en los primeros días de octubre. Su objetivo principal es visibilizar, difundir, apoyar y construir un espacio de memoria desde producciones cinematográficas y audiovisuales, que narran la complejidad de los fenómenos de la migración de las y los colombianos(as) al interior de su territorio y al exterior.

En la actividad y a la pregunta sobre la gestión gubernamental de los recientes procesos migratorios experimentados por Costa Rica, mi respuesta fue poco alentadora. No sólo los enfoques prevalecientes siguen abordando el tema desde la seguridad y la criminalización, sino que también las actitudes de quiénes toman decisiones al más alto nivel, están llenas de prejuicios y percepciones discriminatorias.

Convendría tratar de incidir en esos niveles de toma de decisiones, para buscar su mejor comprensión sobre el tema y el cambio en el paradigma de la gestión migratoria, hacia un definitivo reconocimiento de los derechos humanos de personas en contextos de movilidad.


Comunicado Oficial Positivxs

Ante las declaraciones de la señora Yafit Ohana el dia 28 de agosto de 2023 en la Asamblea Legislativa, la Asociación Positivxs se pronuncia en la siguiente carta aclarando las inoportunas caracterizaciones y la criminalización de las personas, hombres, mujeres, personas no binarias y niñez que viven con VIH:

Positivxs

Comunicado Oficial:

28 de Agosto de 2023

Estimades:

Dirección de Conasida

Representaciones ante Conasida

Ministerio de Salud

A todas las personas interesadas en VIH

Hoy. 28 de agosto de 2023, tuvo lugar la comparecencia de la señora Yafit Ohana ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. En dicho diálogo la señora confirmó que se reunió varias veces con el Presidente de la República. Rodrigo Chavez Robles, para proponer la creación de una ley que penalice la transmisión intencional del VIH con penas iguales a las de un asesinato. Ohana también afirmó que su propuesta de criminalización es pertinente pues pretende proteger a las mujeres y a la niñez costarricense.

Al respecto, las personas que integramos la Asociación Positivxs, una asociación de personas con VIH e ITS, queremos comunicar:

Las políticas que criminalizan a las personas que vivimos con VIH han sido parte de la historia de Costa Rica. No es un secreto que las personas LGBTIQA+ fuimos perseguidas bajo la excusa de prevenir la transmisión del virus por el gobierno de Oscar Arias Sánchez y el Ministerio de Salud dirigido por el ex-ministro Edgar Mohs a través de la obligatoriedad de las pruebas de VIH para trabajar en el sector público y las redadas a bares de personas LGBTIQA+ entre 1986 y 1987. Siempre es importante recordar la carta abierta al Ministerio de Salud que hicieron activistas y organizaciones sociales de personas sexualmente diversas en el diario Nación en 1987.

Pero los años han pasado, la ciencia ha avanzado y un virus como el VIH ya no representa una sentencia de muerte. Durante los últimos diez años la ciencia a hablado incansablemente sobre: Indetectable es intransmisible, es decir, una persona que tenga acceso a tratamiento antirretroviral y lo consuma de forma regular no tiene ninguna posibilidad de transmitir el virus por vía sexual, lactancia o parto. Debido a ello, organizaciones hermanas que trabajan VIH en el país y activistas independientes trabajaron por actualizar la Ley General de VIH. Cambio que sucedió en el gobierno pasado y eliminó la penalización por transmitir el virus con el fin de responder a los lineamientos de Derechos Humanos.

¿Por qué Costa Rica debería volver a atacar a sus poblaciones más vulnerables?

Sabemos que las políticas que criminalizan el VIH existen en países como Canadá o algunos estados de los Estados Unidos. Pero según informes de ONUSIDA en 2021, estas leyes lo que han hecho es acentuar las heridas de desigualdad en las poblaciones más vulnerables y alejar a las personas que vivimos con VIH de los centros de salud cuando más lo necesitamos. 

Las políticas que criminalizan el VIH son políticas de muerte. 

Las personas con VIH somos hombres, mujeres, infancias, somos personas migrantes, personas no binarias, somos personas usuarias de sustancias. podemos ser cualquier persona en cualquier lugar. Somos personas que simplemente por el hecho de estar con vida merecemos una vida tranquila en la que no se nos criminalice por vivir con un virus. 

Sobre las lamentables declaraciones de la señora Ohana, también es importante mencionar que existimos mujeres con VIH y que existen infancias con VIH y que políticas que criminalizan transmitir el virus bajo el argumento de la violencia sexual, también nos criminaliza a nosotras. 

Creemos que en lugar de hablar de nosotres como depredadores sexuales y pensar que vamos a transmitir el virus de forma voluntaria, la labor del Estado y la opinión pública debe ser discutir y trabajar por crear políticas que aseguren el acceso a la salud de forma solidaria, oportuna y humana. 

Aún queda mucho trabajo que hacer en el país cuando se habla de VIH, por ejemplo están estos problemas: 

  • Aún mueren personas por causas relacionadas al sida.
  • Aún hay hermanas trans que viven violencia dentro del sistema de salud costarricense. 
  • Aún hay muchos obstáculos para que le den el visto bueno a una mujer para que se haga pruebas de VIH. 
  • Aún hay constantes problemas logísticos que afectan el acceso al tratamiento. 
  • Aún no se han aprobado normas y reglamentos que hagan cumplir lo escrito en la Reforma de la Ley Integral de VIH-sida 9797

Por ello queremos exhortar a CONASIDA, a las representaciones de sociedad ante CONASIDA, al Ministerio de Salud y a todas las personas que se deseen sumar a presionar a las distintas autoridades estatales para que propongan políticas, leyes, normas y reglamentos que acaben con los problemas citados existen en el país cuando se habla de VIH. 

Y para lograrlo es necesario dejar atrás políticas basadas en el odio y generar políticas que sanen las heridas de desigualdad que este país ha causado en las personas con VIH a lo largo de la historia. 

Asociación Positivxs

 

Compartido con SURCOS por Nayla Carvajal Sancho.

Imagen ilustrativa, UCR.

Foro de Solidaridad: resistencia, criminalización y violencia

El viernes 06 de agosto del 2021 se llevará a cabo el FORO de SOLIDARIDAD sobre las resistencias en nuestros territorios y denunciando la criminalización y la violencia que se enfrenta.

Recientemente la Coordinadora de Lucha Sur Sur presentó el «Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los Pueblos Originarios de la zona sur de Costa Rica, enero – diciembre de 2020”, que recopila y analiza detalladamente los hechos sucedidos durante uno de los años más violentos que han vivido las personas involucradas en procesos de recuperación de tierra-territorios. Esta nueva etapa de recuperaciones iniciaron luego de que en el año 2010 fueron sacados a rastras de la Asamblea Legislativa varios líderes de Pueblos Originarios que exigían la votación de un Proyecto de Ley sobre Autonomía Indígena; y decidieron construir sus procesos de autonomía desde sus territorios.

Para profundizar el tema se puede ingresar en el siguiente enlace con la siguiente nota periodística en audio: https://bit.ly/3A3lh1h

FB de la Coordinadora de Lucha Sur Sur: https://www.facebook.com/CoordinadoraLuchaSurSur

Presentan:

  • Gustavo Oreamuno – Asociación de Iniciativas Populares Ditsö y Coordinadora de Lucha Sur Sur.
  • Lesner Figueroa – Clan Tuadiwák. Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa, Autogobierno de Salitre.

Hora:

  • 10 a 11:30 hs Guatemala
  • 11 a 12:30 hs México
  • 13 a 14:30 hs Argentina

Se podrá sintonizar por medio de Facebook Live – Al toque Foro Latinoamericano

 

Publicación en FB de Red ALFORJA: https://bit.ly/3lBJoQO

Programa Radial El Telar -Voces del tejido comunitario: “La criminalización de las luchas sociales”

SURCOS comparte la siguiente invitación:

Este jueves 29 de julio a las 6:00 p.m. hora Centroamerica en la edición #40 de El Telar Voces del Tejido Comunitario, se abordará el tema de la criminalización y la judicialización que han enfrentado diversas personas en Costa Rica por luchar por sus derechos. 

Se contará con la participación de:

  •  Estudiantes universitarixs criminalizadxs por defender la educación pública. 
  •  Personas de la Alianza Campesina del Norte, y del Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) 
  • Comité Estudiantil en Solidaridad con la Lucha Campesina del Norte 
  • Partido de los Trabajadores. 

El evento será transmitido por https://radiocronia.jaquerespeis.org/

Adjuntamos la invitación oficial:

Solicitud de sobreseimiento definitivo a estudiantes, detengan la criminalización de la protesta social

En el mes de noviembre del año 2019, el movimiento estudiantil de las universidades públicas, personas de distintos movimientos y organizaciones sociales se movilizaron en contra de la aplicación de diversas políticas, entre ellas los recortes económicos al Fondo Económico de la Educación Superior. También denunciaban temas de violación a la legislación ambiental, de género, conflictos agrarios que perjudican al sector campesino, apoyo a la lucha por la justicia territorial llevada a cabo por comunidades indígenas y los homicidios políticos, aún impunes, ejecutados contra Sergio Rojas Ortiz y Jhery Rivera, entre otros conflictos que continúan agravándose, perjudicando en mayor medida a los sectores empobrecidos históricamente. El día 21 de noviembre de ese año, siete personas estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Natalia Tapia Álvarez, Sileny Vásquez Orozco, Ixmucane Hernández, Javier Carvajal Monterrey, Andrés Solís Aponte, Abraham Cisneros Quesada y Antonio Mora Castro, fueron detenidas de manera violenta en las afueras de la Facultad de Derecho de dicho centro de estudios. Las personas detenidas son procesadas en el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, bajo el expediente N° 19-003444-0175-PE, por los supuestos de incendio o explosión y obstrucción de la vía pública. Estas personas ya fueron condenadas bajo el veredicto de “culpables” por la dictadura mediática dominada por los grandes medios de comunicación, sin siquiera haber existido un juicio en el que ejerzan su derecho de defensa. Estas acciones de persecución mediática, política y judicial en contra de personas que ejercen su legítimo derecho al disenso y a la manifestación es una práctica que viene en ascenso en Costa Rica y busca cercenar el derecho a la protesta social a través de la criminalización del libre ejercicio de este derecho. La protesta social es un derecho en el cual confluyen otros, como la libertad de pensamiento, de reunión y de expresión, por mencionar algunos, todos ellos consagrados en instrumentos internacionales de derecho y en la Constitución Política. Algunos artículos constitucionales que se violentan con este proceso son: el 1) 25 derecho de asociación, 2) 26 derecho de reunión y manifestación, 3) 27 derecho de petición, 4) 28 derecho a la libertad de pensamiento y 5) 29 derecho a la libre expresión y Convenios Internacionales que tutelan la libertad de expresión y manifestación como la Convención Americana de DDHH y el Convenio N°87 de la Organización Internacional del Trabajo de la ONU. La protesta social se ha considerado como derecho fundamental y un derecho humano por la importancia que tiene como herramienta de los pueblos y movimientos sociales para denunciar y exigir el cumplimiento de sus derechos que son lesionados por el aparato estatal. En Costa Rica la criminalización de la protesta social es un peligro latente que pone en riesgo la libertad de expresión, en la última década se han visto varios casos de persecución política en contra de manifestantes y personas defensoras de derechos humanos que se judicializan con el objetivo de aleccionar y atemorizar a los sectores populares que se manifiestan, tal es el caso de las personas estudiantes que mencionamos. Ante este panorama es que exigimos a la Fiscalía General de la República, solicite el sobreseimiento definitivo sobre las personas imputadas, lo anterior con fundamento en el inciso a) del artículo 311 del Código Procesal Penal que señala que el sobreseimiento procede cuando: «El hecho denunciado no se realizó o no fue cometido por el imputado». Los delitos que se les acusa a las personas imputadas son a todas luces una envestida contra el derecho a la protesta social, ninguna de las personas acusadas participó en la comisión de delito alguno, por lo cual la Fiscalía está en el deber no solamente ético, sino en el deber legal de solicitar el sobreseimiento definitivo por no contar con los medios probatorios necesarios y que no alcanzan un mínimo de certeza que logre vincular las personas encartadas con los supuestos hechos cometidos. Este proceso ha tenido y tendrá un elevado costo para el erario público, ha nacido muerto y ha sido impulsado fervientemente de esto modo con la clara intención de criminalizar estudiantes que ejercían sus derechos constitucionales. Por estas razones, suficientes, es que solicitamos se dicte de manera inmediata el sobreseimiento definitivo a todas las personas procesadas y no se eleve este caso a juicio.

 

Compartido con SURCOS por María Trejos Montero.

Talleres sobre la Criminalización de la Protesta Social

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos le invita a participar en los talleres sobre la “Criminalización de la Protesta Social”. Son 5 talleres, los cuales serán de sábado por medio iniciando el sábado 3 de julio del 2021.

Los interesados pueden enviar un correo a: derecho.humanos@acodehu.ddhh.org

Para mayor información sobre el programa del taller se invita a ver el pdf adjunto:

La lucha de Medio Queso cumple 10 años

Dylanna Rodríguez Muñoz
Docente de la Universidad de Costa Rica

“Vamos caminando, aquí se respira lucha” una frase que hierbe en carne viva cada vez que llego a Medio Queso, aquella comunidad en Los Chiles que el 8 de abril del 2011 se empezó a construir a partir de un proceso organizativo de personas campesinas que llenas de miedos y esperanzas, recuperaron una finca, que hoy es su hogar.

En cada rincón de El Triunfo -nombre actual del asentamiento-, la lucha huele a maíz, sopa de gallina, frijol tierno y yuca cocida, todos productos cosechados ahí, en esa tierra defendida y resistida frente a múltiples violencias que desde el día uno han estado presentes. Una comunidad en la que habitan las contradicciones, los dolores, las alegrías y los horizontes.

A manera de contextualización: el 8 de abril del 2011, aproximadamente 315 familias ingresaron a la finca Naranjales Holandeses S.A -arrendada por un empresario de la zona-, luego de una serie de reuniones organizativas en las que de forma colectiva se decidió recuperar tierra para vivir y trabajar, un derecho que les ha sido negado históricamente.

Con comida, ollas, animales y leña, la caravana penetró lo que parecía un sueño adrenalínico. Desde ese día y hasta noviembre del 2012, las familias fueron desalojadas en 6 ocasiones, de formas absolutamente violentas no sólo físicas sino también, emocionalmente. Las violencias no sólo las orquestó quien era el arrendatario, sino también, distintas instituciones estatales que para ese momento protegieron los intereses privados por encima de la vida misma de quienes con dignidad han construido formas de sobre vivencia, ante un estado incapaz de resolver la necesidad de tierra del sector campesino del país. Paradójicamente, instituciones que se supone defiende los derechos de poblaciones específicas (IMAS, PANI) se sirvieron de la situación para vulnerar su condición, lo cual es totalmente cuestionable e inaceptable, pues frente a cualquier escenario debe primar la garantía de los derechos fundamentales de las personas.

Los desalojos se detuvieron luego de que se filtrara un audio en el que un subteniente de la Fuerza Pública de apellido Sanabria, dictaba indicaciones a oficiales de seguridad privada, para que dispararan a la cabeza de las personas campesinas. Un hecho que quedo impune, demostrando que hay unas vidas que importan y otras que no y dejando al descubierto la criminalización hacia quienes defienden sus derechos.

Tras presiones de la comunidad, organizaciones, partidos y algunos sectores de las universidades públicas que acuerparon la defensa de la recuperación de tierra en El Triunfo, el Estado realizó la expropiación y comenzó el proceso de estudio a las familias para la asignación de parcelas a través del Instituto de Desarrollo Rural -INDER-, camino que tampoco ha sido fácil: trabas institucionales al inicio, familias no clasificadas, el contexto transfronterizo y de extractivismos, las dinámicas laborales y comunitarias.

Sin querer profundizar, pero reconociendo que es un tema de suma importancia para comprender la dinámica del territorio en la que se inscribe esta lucha, resaltar que mientras las familias campesinas han tenido literalmente que jugarse la vida en esta lucha, el agronegocio campantemente y con políticas estatales que le favorecen, se expande por la zona dejando estragos y profundizando el empobrecimiento, que ya de por sí es la tónica de la región.

Dichosamente, para este momento el INDER se encuentra entregando insumos y semillas que permitirán a las familias campesinas del asentamiento mejorar las condiciones para la siembra.

Llegué a Medio Queso -como le digo por costumbre- hace 8 años para proponerles recuperar la historia de su lucha, su respuesta fue una sonrisa y un plato de elotes con mantequilla que saboreo en la memoria; desde ese día se sembró una semilla en crecimiento, que se abre en flor.

Medio Queso es un retrato de eso que Eduardo Galeano llamó las venas abiertas de América Latina y en el que la dignidad no conoce fronteras, es un pueblo con personas llenas de fe y esperanza que caminan hacia adelante, trazando un camino imperfecto en el que van creando, pintando, soñando un mundo más humano, solidario y justo… “sin piernas pero que camina”.

En estos 10 años celebro con admiración y cariño profundo, la resistencia de mujeres, niñas, niños, hombres, adultos mayores, migrantes y nacionales, la valentía y persistencia con la que asumen las complejidades internas y externas. Celebro su trabajo, sus saberes y la fuerza con la que todos los días forjan precedentes para las familias sin tierra frente a un sistema que despoja de todo aquello que da vida.

Celebro las noches cantadas, los conocimientos compartidos, los aprendizajes germinantes, el abrazo cómplice y la sonrisa desbordada, que son aliento y luz en medio de un contexto desafiante que no nos deja de sorprender.

Mi sentido homenaje a las compañeras y compañeros de Medio Queso por enseñarnos que la vida no se compra… se vive y se comparte.

En memoria de Mileidy y Santiago.

Alerta: libertad a jóvenes defensora y defensores de la Madre Tierra – Honduras

Desde Costa Rica, España, Guatemala, Honduras, México, Puerto Rico, Venezuela denunciamos:

ALERTA

LIBERTAD A DEFENSORAS Y DEFENSORES DE LA MADRE TIERRA

MICHAEL AGUILAR, CHRISTOFER CASTILLO, VÍCTOR FERNÁNDEZ,

PATRICIA GODOY, FERNANDO HERNÁNDEZ, JEFFRYEY SUAZO,

MARIA VALLADARES

Honduras, 30 de marzo, 2021

Honduras, junto a Colombia, Filipinas, Brasil y México, se encuentra entre los 5 países de mayor persecución, represión, criminalización y judicialización contra defensoras y defensores ambientalistas, donde las cifras de asesinatos aumentaron de cuatro (2018) a catorce (2019), en un clima de total impunidad. Estos ataques letales de ambientalistas han apuntado en especial contra mujeres, y ha continuado su tendencia ascendente desde el brutal asesinato de la dirigenta Berta Cáceres (2016).

El peligro de ser ambientalista en Honduras

Los abajo firmantes denunciamos, a nivel nacional e internacional, que el día de ayer lunes 29 de Marzo 2021 integrantes de las comunidades de Aldea de Loarque y circunvecinas de este Distrito Central, junto a integrantes de ARCAH (Asociación de Reivindicación Comunitaria Ambientalista de Honduras) fueron víctimas de detenciones arbitrarias mientras ejercían el legítimo derecho humano a la protesta social durante una manifestación pacífica frente a la fábrica avícola El Cortijo, en la Aldea de Germania, que ha instalado una planta procesadora de desechos biológicos tóxicos.  Además, durante la detención sufren brutales agresiones físicas por parte de la Policía Nacional y son trasladados incluso, en vehículo sin logo ni placa, remitidos a la Jefatura CORE 7.

Nos preocupa de sobremanera y a la vez, denunciamos que la Policía Nacional no respetó la integridad del coordinador general de ARCAH, Christopher Castillo, quien tiene medidas de protección por reiteradas amenazas de muerte, ni el estado frágil de salud de una persona de tercera edad, ni la condición de menor de edad de una de las personas detenidas.

Alertamos que Honduras es un país de permanente clima de impunidad, desapariciones y asesinatos de ambientalistas como Berta Cáceres (2016), y en los primeros meses del presente año 2021 la joven enfermera Keyla Martínez fue víctima de asesinato bajo custodia de la Policía Nacional en La Esperanza, Intibucá, sumado a más de 15 feminicidios.

Es claro que el Estado criminal y represor de Honduras protege a la empresa privada y a las grandes corporaciones y megaproyectos extractivistas por encima de la vida del planeta y de los pueblos.

En Honduras es un delito defender a niñas, niños y familias que viven en comunidades aledañas al cauce del río Choluteca, donde la contaminación del río está causando graves problemas de salud a dichas comunidades y a la vida de los diversos ecosistemas.

Nos sumamos sin fronteras a la convocatoria de hoy martes 30 de marzo 2021 por:

¡Libertad a todas y todos los ambientalistas defensorxs del río Choluteca y de las comunidades aledañas!
¡No más represión contra el pueblo hondureño!
¡Alto a la criminalización y judicialización de los Derechos Humanos a la protesta social y protección de la madre Tierra!

Organizaciones, colectivas y colectivos firmantes:

Asociación de Desarrollo Sostenible LGBTI / Costa Rica
Movimiento de los Trabajadores y Campesinos (MTC) / Costa Rica
Bloque de Vivienda/ Costa Rica
Círculo Bolivariano Yamileth López / Costa Rica
Colectivo Bloque Verde/ Costa Rica
Colectivo La Mancha Venezuela / Venezuela
Colectivo Vanguardia Antillana / Puerto Rico
Colectivo San Rafael por el Agua / Costa Rica
Colectivo Smalael A’maletik / México
Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) / Costa Rica
Movimiento Evita / Argentina
Movimiento Unificado Campesino del Bajo Aguán (MUCA) / Honduras
Organización Política Carmen Lyra / Costa Rica
RedDeVida (Costa Rica/Venezuela
Red de Integración Orgánica-RIO / Guatemala
Red de Solidaridad con Palestina/Costa Rica
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras/Honduras
Sección XXII Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) /Oaxaca, México
Vocesenlucha /España

Firmas responsables
Colectivo La Patria Grande Vencerá

Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)
Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras

www.acodehu-ddhh.org

derechos.humanos@acodehu-ddhh.org

colectivodesolidaridadhn@gmail.com