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Etiqueta: criminalización

Racismo, educación y derechos humanos: construyendo un espejo diverso para la sociedad

Frank Ulloa | Foto: Gerardo Iglesias | Rel UITA

“El mundo empieza a cambiar cuando quienes lo construyen deciden no callar.”

Frank Ulloa Royo

La educación es la raíz profunda de una sociedad justa y equitativa pero también es una fuente de ideología y discriminación cuando promueve estereotipos. Como un río que nutre la tierra a su paso, la enseñanza debe ser el motor que impulse la construcción de una sociedad verdaderamente multiétnica y pluricultural, cimentada en el respeto y la igualdad. Sin embargo, la falta de representación en los materiales educativos, la criminalización de ciertos fenotipos y la exclusión de voces históricas han convertido el sistema educativo en un espejo deformado, donde muchos no logran verse reflejados.

Recientemente, en una reunión con educadores y educadoras, me sorprendió la indiferencia con que algunos desestiman la importancia del racismo en la educación, tratándolo como un asunto secundario. Fue en ese momento cuando decidí escribir estas líneas, no solo para evidenciar la urgencia del problema, sino también para desafiar la comodidad y la pasividad con la que se sigue ignorando el tema. Por otra parte, en una dirección contraria, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación fue pionero en plantear el tema, y crear espacios de debate, pero debe continuarse esta propuesta en la vida cotidiana de todos quienes laboran en la educación, debería ser un tema ético ineludible y no una obligación escolar.

Etiquetas que marginan:

Como señala Rina Cáceres, el problema no es el color de piel, sino las etiquetas sociales que se le adhieren. En la educación, el fenotipo se convierte en un marcador que condiciona la percepción y el trato hacia ciertos estudiantes. Fallas (1943) denunció en Mamita Yunai la explotación en los enclaves bananeros, la discriminación contra campesinos mestizos, la marginación de los indígenas perdidos en la selva y la segregación de la fila carbón. Esta historia, que en otro momento fue un referente en las aulas, parece desvanecerse de los programas escolares y las librerías.

Intentar conseguir un ejemplar de Mamita Yunai se ha convertido en una tarea difícil, como lo comprobé recientemente al buscar uno para un conferenciante colombiano. Esta ausencia no es casualidad: borrar estas narrativas es una forma de silenciar la memoria histórica y ocultar las luchas que han denunciado el racismo y las desigualdades estructurales.

La normalización de estas categorías invisibiliza la discriminación y la convierte en parte del paisaje educativo. Como hormigas en el azúcar, los fenotipos dominantes aparecen en los libros de texto sin que nadie cuestione su predominio. Esta falta de diversidad refuerza estereotipos que limitan el desarrollo de una educación verdaderamente inclusiva.

Materiales educativos y enseñanza: ¿quién decide qué historias merecen ser contadas?

Los materiales educativos no son neutrales. Reflejan las estructuras de poder de la sociedad. Como plantea Freire (1970), la educación debe ser un proceso liberador que permita a los estudiantes cuestionar su realidad y transformar su entorno. Sin embargo, los libros escolares muchas veces funcionan como instrumentos de reproducción social, legitimando jerarquías raciales y económicas.

¿Deben los trabajadores de la educación preocuparse por estos temas o se ven como una carga académica adicional? ¿En qué gaveta del escritorio acomodamos la ética? La representación sesgada en los materiales escolares perpetúa desigualdades, mostrando solo una versión parcial de la historia. Como señala Quijano (2000), la colonialidad del poder sigue vigente en la educación, reforzando la idea de que ciertos grupos dominantes son los protagonistas del conocimiento. Si no hay espacio para la diversidad en la literatura escolar, nunca ocurrirá el mestizaje intelectual capaz de romper estereotipos.

Criminalización y prejuicios: el racismo como obstáculo para el aprendizaje

El fenotipo y el lugar de origen pueden convertirse en marcadores de criminalización dentro del sistema educativo. Un estudiante migrante es visto con sospecha, su identidad vinculada a la marginalidad en lugar de sus habilidades o talentos. Como afirma Wacquant (2009), la criminalización de ciertos grupos es una estrategia de control social que se manifiesta en múltiples espacios, incluido el educativo.

¿Tienen las organizaciones de trabajadores una respuesta crítica frente al racismo en la educación? Existe un silencio evidente, pero ¿cómo interpretarlo? Este tipo de prejuicios impide que la escuela sea un espacio de equidad. La ley de carrera docente ha perdido vigencia y, más allá de su propósito original, se ha convertido en otro instrumento de discriminación, imponiendo una visión monocromática de la vida escolar. ¿Podrían los sindicatos aprovechar la convención colectiva para luchar contra el racismo y reformular las normas que perpetúan un poder vinculado al color de piel y el fenotipo?

Conclusión: una educación sin espejos distorsionados

Erradicar el racismo en la educación requiere acciones concretas. Iniciativas como Centros Educativos Libres de Discriminación Racial, promovida por Rina Cáceres desde la Universidad de Costa Rica a finales de la década anterior, han demostrado que el cambio es posible. Además, Hooks (1994) enfatiza que los docentes deben estar capacitados para detectar y combatir el racismo en las aulas, convirtiéndose en agentes de transformación.

Los sindicatos y gremios de trabajadores de la educación juegan un papel clave en este proceso. No basta con conmemorar el Día del Negro o el Día de los Pueblos Indígenas. Vestirse con prendas africanas durante una jornada escolar es un gesto simbólico, pero insuficiente para desmantelar estructuras racistas. Se requiere una estrategia sindical sólida que transforme el discurso en acción.

La educación debe ser un espejo en el que cada individuo pueda verse reflejado sin distorsiones ni exclusiones. Si sigue reproduciendo estructuras discriminatorias, perpetuará un sistema en el que muchas voces y realidades seguirán en la sombra. Aquí es donde los sindicatos y trabajadores de la educación tienen una responsabilidad ineludible. Su papel es crucial para impulsar cambios estructurales que garanticen una enseñanza libre de discriminación racial.

Los protocolos educativos actuales muchas veces existen solo en el papel, siendo desconocidos y poco aplicados. La lucha contra el racismo en la educación no puede depender de normativas burocráticas ineficaces, sino de acción colectiva y disruptiva que cuestione las políticas imperantes. Si la enseñanza sigue reflejando una versión distorsionada de la sociedad, estamos condenando a las futuras generaciones a repetir conductas racistas y las mismas desigualdades, históricas originadas en la perdida de libertad de los esclavos africanos y repartimientos de pueblos indígenas.

Bibliografía

  • Fallas, C. L. (1943). Mamita Yunai. Editorial Costa Rica.

  • Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.

  • Hooks, B. (1994). Teaching to transgress: Education as the practice of freedom. Routledge.

  • Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. CLACSO.

  • Wacquant, L. (2009). Punishing the poor: The neoliberal government of social insecurity. Duke University Press.

¿Será el mar el último juez del humedal? El caso de Punta Uva

Observatorio de Bienes Comunes

La Zona Marítimo Terrestre (ZMT) en el Caribe Sur de Costa Rica enfrenta una creciente presión debido a ocupaciones irregulares, deforestación y modificaciones del ecosistema que amenazan su equilibrio ambiental. En Punta Uva, dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, se ha reportado la degradación de un humedal y la alteración del bosque costero.

Diversos expedientes administrativos y judiciales dan cuenta de la transformación causada por actividades humanas. A pesar de las denuncias e investigaciones realizadas, el daño ambiental no ha sido abordado con la seriedad que merece por parte de las instancias judiciales.

Personas defensoras del territorio, como Philippe Vangoidsenhoven, han manifestado su preocupación por la continuidad de estas actividades y han impulsado procesos de vigilancia ambiental, lo que ha derivado en más denuncias ante las autoridades, pero el ninguneo sigue siendo la respuesta dominante.

Impacto Ambiental y Denuncias en Punta Uva

Esta zona de alto valor ecológico ha sido intervenida durante años. Diversos informes han señalado la transformación del humedal debido a la eliminación de vegetación, excavación de zanjas de drenaje y la instalación de cercas perimetrales.

Un reportaje publicado por La Nación el 27 de diciembre de 2019 evidenció la magnitud del daño ambiental: las autoridades detuvieron un proyecto turístico que incluía cinco cabinas y una recepción, tras denuncias por afectación al ecosistema e invasión de la ZMT.

Un Inventario del Abandono: Impactos Socioambientales sin Regulación

Los siguientes hechos representan un panorama acumulativo de acciones con consecuencias directas sobre el humedal de Punta Uva y su entorno natural.

Destrucción del Ecosistema

  • Eliminación de vegetación del humedal y del sotobosque.

  • Tala de árboles jóvenes, afectando la regeneración natural del bosque.

  • Excavación de zanjas de drenaje, alterando la función del humedal.

  • Relleno de áreas con tierra y lastre, modificando el uso del suelo.

  • Quema de vegetación baja, ramas y troncos, contribuyendo a la degradación del ecosistema

Acciones Realizadas

  • Instalación de cercas con postes de cemento y alambre de púas.

  • Uso de parte del terreno para actividades comerciales.

  • Construcciones.

Violencia e Intimidación contra Personas Defensoras Ambientales

  • Denuncias de amenazas, insultos y agresiones verbales contra quienes han alzado la voz.

  • Incidentes de obstrucción a la documentación de los daños ambientales.

  • Actos de hostigamiento por parte de personas involucradas en estas actividades.

Papeles Llenos, Bosques Vacíos: El Contraste entre las Denuncias y la Realidad Ambiental

Durante más de 20 años, se han registrado diversas acciones y reportadas en relación con los terrenos en esta región costera protegida:

  • 2008: Autoridades ambientales ordenaron la suspensión de obras y la restitución del terreno a su estado natural.

  • 2009-2010: Se presentaron nuevas denuncias por eliminación de cobertura vegetal y posibles cambios en el uso del suelo.

  • 2018-2019: Se documentaron intervenciones adicionales, incluyendo denuncias por afectación al ecosistema.

A pesar de múltiples denuncias realizadas por Philippe Vangoidsenhoven, el juicio se perdió y las medidas cautelares fueron levantadas, permitiendo que las actividades continúen hasta el día de hoy. Según Vangoidsenhoven, las autoridades judiciales prefieren esperar a que el juicio en Limón avance.

Si es un humedal… pero ¿qué le vamos a hacer?”

Vangoidsenhoven señala que, a pesar de la inacción de las autoridades, ya se realizaron estudios que confirman que el terreno es un humedal. Sin embargo, las construcciones persisten.

En una ocasión, el MINAE paralizó las obras, pero a los pocos días la construcción se reanudó. Philippe relata que, al reportar esto, le respondieron: “Ya fuimos y notificamos, no podemos hacer más”.

Esta situación le resulta indignante. Para él, es muestra de la incompetencia institucional, pues en otros casos similares, las autoridades han regresado con la policía y detenido a quienes laboraban en el sitio. En el Caribe Sur, concluye, “las cosas funcionan según quién las pide”.

Un Vacío que Beneficia, pero Ignora el Mar

Para el defensor ambiental, toda esta situación beneficia a la Municipalidad. Durante años de monitoreo, ha observado cómo se otorgan permisos sin considerar restricciones, sin importar si se trata de un humedal o una zona pública.

“Han decidido no entender que la zona pública se mide desde la pleamar ordinaria, y no por los mojones”, señala.

“Usan los mojones porque es lo más fácil. Pero lo que estamos viendo es que el mar ya ha reclamado gran parte de la zona pública en algunos tramos. Todo se tiene que mover hacia atrás”, advierte.

Philippe nos hace un recuento de las omisiones y menciona un caso que ejemplifica esta irresponsabilidad:

«En Puerto Viejo construyeron pegado a los mojones. Ahora resulta que en esa área ya no hay zona pública, ya se fue todo. Y no solo eso, el mar está entrando y ha erosionado alrededor de dos metros debajo de esa construcción», explica.

La preocupación es generalizada:

«En toda la costa, donde deberían medirse los 50 metros de la zona pública, lo máximo que se puede medir son 20 metros. En algunos lugares, incluso menos. En Puerto Viejo centro, por ejemplo, el mar ya ha sobrepasado la línea de los mojones».

Esta situación no es nueva. Philippe recuerda el caso de Beach Break y la carretera:

«Un fin de semana, JAPDEVA y la municipalidad tuvieron que movilizar toda la maquinaria disponible para colocar enormes rocas —de más de metro y medio de diámetro— frente a la carretera. Si no hubieran hecho eso, el mar se la habría llevado. Hoy en día, esas rocas siguen sosteniéndola, pero aun así, si el mar sigue subiendo, volverá a pasar. Oficialmente, el nivel del mar ha aumentado 1.5 cm, pero en la superficie esto se traduce en cientos de metros. Con más oleaje y más fuerza golpeando la costa, el impacto es evidente».

Si no se toman medidas serias de protección ambiental y se reconoce la importancia de las regulaciones y los ecosistemas costeros, Philippe advierte que, paradójicamente, no serán las instituciones las que regulen:

«Será el mar el que haga cumplir la ley y termine demoliendo todo esto», sentencia.

La Problemática es Integral

Después de años de monitoreo y denuncia, Vangoidsenhoven concluye:
“El problema es judicial y también municipal, sobre la zona pública. Se escucha a las autoridades hablando por todos lados, pero a ellas no les importa nada. Los humedales siguen siendo ignorados. Siguen usando el argumento de que no aparecen oficialmente declarados como humedales, y aprovechan esa desinformación para continuar con todo esto”.

Riesgos para las Personas Defensoras del Medio Ambiente

Nada de esto ha sido gratuito. Las personas que han promovido denuncias y procesos de monitoreo ambiental han sufrido hostigamiento e intimidación. Según testimonios de Vangoidsenhoven, los incidentes han incluido agresiones verbales, físicas y obstrucción a su labor.

Uno de los eventos más graves ocurrió el 16 de septiembre de 2019: mientras realizaba un monitoreo ambiental, una persona le lanzó una piedra que le fracturó un dedo. La situación fue muy grave, ya que tuvo que ser trasladado al Hospital Tony Facio en Limón, donde se valoró la posibilidad de amputar la mitad del dedo. Philippe explicó al doctor que es zurdo y que, de perder el dedo, tendría serias dificultades para continuar con sus labores cotidianas. Finalmente, y por suerte, el doctor logró unir el hueso y, según cuenta Philippe, «hoy día lo puedo usar normal».

Esta situación ha afectado su seguridad, estabilidad emocional y económica. Ha tenido que destinar tiempo y recursos a su protección, lo que ha impactado su negocio y su calidad de vida.

Imágenes con contenidos delicados. Son parte de los traumatismos sufridos por Philippe en su mano izquierda.

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

El Marco Legal y la Importancia de la Zona Marítimo Terrestre

La ZMT en Costa Rica está regulada por la Ley N.º 6043, que establece que los primeros 50 metros desde la pleamar ordinaria son de uso público y no pueden ser apropiados ni modificados. Los siguientes 150 metros pueden ser concesionados bajo estrictas regulaciones ambientales.

El Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, además, cuenta con protección especial bajo la Convención RAMSAR, lo que refuerza su importancia para la conservación de humedales.

Conclusión: Urgencia de Regulación y Protección Ambiental

En el oficio No. 030-2008-UCA-ACLAC-MINAE se solicitaron medidas cautelares como la suspensión inmediata de las obras, el desalojo y la demolición de construcciones dentro de la ZMT, así como la restitución de la zona a su estado natural y el pago por el daño ambiental causado. Pero al paso de los años, todo cambió.

El caso de Punta Uva es una muestra dolorosa de los obstáculos que enfrenta la protección ambiental en el Caribe Sur. La expansión de actividades no reguladas y la falta de medidas efectivas han provocado una degradación ambiental que afecta la biodiversidad y las comunidades locales.

La legislación ambiental debe aplicarse con rigor para garantizar la protección de los ecosistemas costeros y la seguridad de las personas que los defienden. La vigilancia ciudadana, el empoderamiento comunitario y la acción institucional coordinada son claves para revertir los daños y evitar que se repitan casos como este.

A falta de justicia, vendrán las olas

Cuando las instituciones fallan y la impunidad se impone, la naturaleza encuentra sus propios caminos para responder. La marea que avanza no distingue permisos ni escrituras; arrastra consigo la negligencia y el abandono institucional. La frase de Philippe Vangoidsenhoven resuena como advertencia y como sentencia: si el Estado no protege los bienes comunes, será el mar —con su fuerza paciente pero implacable— quien imponga los límites. El tiempo de actuar es ahora, antes de que sea demasiado tarde, antes de que las olas arrasen no solo con lo construido, sino con la esperanza de justicia ambiental.

Esta nota se preparó a partir del testimonio de Philippe Vangoidsenhoven y la información contenida en expedientes judiciales

Esta situación no es ajena al contexto regional

Mientras se escribe este texto, el daño ambiental en toda la región del Caribe continúa. Es probable que las personas inicialmente responsables ya hayan vendido las propiedades, obteniendo ganancias económicas significativas. Sin embargo, el daño causado al ecosistema es irreversible y perdurará, afectando la biodiversidad y la salud ambiental de la zona.

Las acciones de ocupación y degradación no solo han comprometido la integridad del humedal y el bosque original, sino que también han dejado una huella negativa que impactará a las generaciones futuras.

El Caribe Sur de Costa Rica enfrenta una presión creciente sobre sus ecosistemas por el desarrollo urbano no regulado, el turismo descontrolado y la ocupación ilegal de tierras protegidas. A pesar de la existencia de regulaciones ambientales, la falta de cumplimiento y la corrupción han facilitado la degradación de estos ecosistemas.

Además, la criminalización y persecución de personas defensoras del ambiente es una constante en la región. Esto genera un clima de impunidad para los agresores y pone en riesgo tanto la biodiversidad como a las comunidades locales.

Este caso es una muestra más de la alta vulnerabilidad de estos territorios y evidencia el abandono institucional en la aplicación efectiva de regulaciones ambientales. No obstante, aún es posible recuperar parte del equilibrio ecológico si se fortalece la protección legal, se promueve la restauración ambiental y se respalda con firmeza a las personas y comunidades que defienden el territorio.

¿Por qué sube el nivel del mar y qué significa para Costa Rica?

El aumento del nivel del mar es una de las consecuencias más visibles del cambio climático. Se debe principalmente al derretimiento de glaciares y capas de hielo, así como al calentamiento de los océanos, que expande el volumen del agua. Este proceso se agrava con la pérdida de ecosistemas costeros como los manglares, que tradicionalmente han actuado como barreras naturales frente a la erosión y las inundaciones.

En Costa Rica, y en particular en el Caribe Sur, el impacto ya es evidente: el mar avanza sobre las costas, erosiona terrenos protegidos por ley, degrada ecosistemas como humedales y manglares, y pone en riesgo a comunidades locales que dependen directamente del entorno costero para su subsistencia. Ante esta realidad, los humedales costeros se vuelven aliados clave en la adaptación al cambio climático. Su vegetación densa y su capacidad de retención hídrica permiten amortiguar el impacto de marejadas, tormentas y oleajes extremos, protegiendo tanto la biodiversidad como la infraestructura y los medios de vida humanos. Además, estos ecosistemas almacenan grandes cantidades de carbono, ayudando a mitigar el calentamiento global. Su conservación y restauración no solo es urgente, sino esencial para garantizar un futuro resiliente y sostenible.

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Guatemala: Ministerio Público debe cesar la intimidación a los medios de comunicación y respetar la libertad de prensa

Washington DC, 8 de abril de 2025

Las organizaciones firmantes condenan la campaña de desinformación y criminalización infundada en contra de los medios de comunicación Prensa Comunitaria y Ruda, cuya labor de periodismo comunitario y feminista en Guatemala es fundamental para la democracia del país.

El Ministerio Público (MP) -bajo el mando de María Consuelo Porras- ha deteriorado seriamente el Estado de derecho, la justicia y los derechos humanos en Guatemala al perseguir y criminalizar a voces críticas que han luchado en contra de la corrupción y la impunidad. En lugar de ser un ente garante de la institucionalidad del país y de brindar justicia a la población, el MP se ha convertido en un instrumento de represión.

Prensa Comunitaria y Ruda han publicado investigaciones que han expuesto grandes esquemas de corrupción y los mecanismos usados por los grupos de poder para la cooptación del sistema de justicia, así como los patrones de criminalización del MP, y ahora son objeto de demandas infundadas e intimidación de que se abran nuevos procesos.

Exhortamos al Ministerio Público para que respete el estado de derecho y la libertad de prensa en el país y se abstenga de seguir impulsando casos espurios en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, como lo hicieron con el reconocido periodista José Rubén Zamora. Asimismo, llamamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que analice la situación de riesgo de las y los periodistas de Prensa Comunitaria y Ruda y examine su situación y su solicitud de medidas cautelares para proteger su vida e integridad física.

Organizaciones firmantes:

Washington Office on Latin America (WOLA)

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Guatemala Human Rights Commission/USA (GHRC)

Latin America Working Group (LAWG)

Amnistía Internacional

American Jewish World Service (AJWS)

Robert F. Kennedy Human Rights

Article 19

Mujeres indígenas: Seguiremos en pie, somos semillas, descendientes de las abuelas que han luchado por más de 5 siglos

Nosotras las mujeres indígenas Malekus, Bribris, Brörán, Cabécares, Brunkajs, Chorotegas, Ngabes -Buglé y Huetares, seguiremos en pie, somos semillas, descendientes de las abuelas que han luchado por más de 5 siglos.

Este Día de la Mujer, “conmemorar” va más allá del discurso, es un llamado alzar la voz, seguir construyendo con amor en la sociedad sin discriminación, sin apartheid de género, en la política, en el hábito cultural y espiritual, honrar a las hermanas que no nos acompañan físicamente, pero que llevamos presente en esta lucha, en la lucha de cada una, en nuestros rezos y ceremonias, en nuestra vida diaria, en el fuego del fogón, en cada pensamiento y en cada palabra. Hoy 08 de marzo, levantamos la voz por nosotras, por las mujeres que aún no pueden levantar la voz, en espacios comunitarios; si hablamos: somos tratadas como locas, peleonas, histéricas. Vivimos bajo el yugo del neocolonialismo patriarcal y machista de la sociedad, abonado por el mismo Estado y sus instancias, que, en vez de brindar apoyo, nos oprimen, utilizan y discriminan.

Nosotras las mujeres indígenas, mujeres cuidadoras y portadoras de conocimientos ancestrales, portadoras de Clanes, de tejido espiritual, de cantos e historia sagradas, nos unimos a esta lucha común por nuestros derechos, para qué las empresas extractivistas dejen de llevarse nuestros recursos con falsas soluciones a nuestros Territorios ancestrales. Que el Estado todo, reconozca y cumpla su compromiso con nosotras, como actoras pensantes y sujetas de derechos, y no así como lo ha hecho históricamente, invisibilizándonos y cuando reclamamos nuestro derecho, nos persiguen y criminalizan.

Repudiamos el uso de nuestra imagen en revistas, en portadas de Informes de Derechos Humanos y Desarrollo, folclorizando nuestras raíces profundas y sagradas, que han resistido por más de 525 años, en este Estado costarricense.

Marchamos para denunciar las amenazas e inoperancia del Estado y sus Instituciones, su política represiva hacia las compañeras recuperadoras de Tierra – Territorio, criminalizadas por denunciar talas ilegales y contaminación de ríos, sólo por el hecho de ser mujeres luchadoras, pero aún más, por el hecho de ser mujeres indígenas, por tener un Clan, por vivir de la tierra, por usar vestidos al estilo ancestral, por exigir vida digna para nuestros Pueblos; Marchamos por nuestra autonomía, por el Buen Vivir, por cada decreto y proyecto que se nos impone, sin realizar la debida consulta libre, previa e informada en nuestros Territorios. Marchamos por las hermanas y familias de cada mujer asesinadas, desaparecidas y agredidas en este país, en Aby Ayala y el mundo, porque así como las mujeres son violentadas de muchas maneras, históricamente los pueblos indígenas también hemos sufrido asesinatos, desapariciones y exterminio.

Las mujeres Malekus, Bribris, Brörán, Cabécares, Brunkajs, Chorotegas, Ngabes -Buglé y Huetares, seguiremos en pie, como históricamente hemos resistido en este país; somos semillas somos descendientes de las abuelas que han luchado por más de 5 siglos.

08 de marzo 2025.

Mujeres del Frente Nacional de Pueblos Indígenas – FRENAPI.

Pronunciamiento Ecofeminista

El modelo extractivista que rige el desarrollo en Costa Rica se sostiene sobre una lógica de explotación que somete tanto a la naturaleza como a los cuerpos de las mujeres. La misma mentalidad que permite la destrucción de bosques, ríos, mares y territorios en nombre del «progreso» es la que reduce a las mujeres a meros recursos dentro de un sistema económico que invisibiliza sus aportes y precariza sus vidas. En este 8 de marzo, denunciamos que la devastación ambiental y la opresión de las mujeres son dos caras de un mismo sistema patriarcal y colonial que debe ser desmontado.

El derecho a un ambiente sano es un derecho humano fundamental, pero su acceso no es equitativo. Las mujeres, especialmente en comunidades rurales, costeras y las mujeres indígenas en las recuperaciones de tierra, enfrentan mayores obstáculos para acceder a recursos naturales, tierras, mares y agua potable, a pesar de que son ellas quienes sostienen las economías de cuidado y la producción de alimentos. La justicia ambiental no puede lograrse sin justicia de género; por ello, exigimos políticas públicas que garanticen la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones ambientales y que reconozcan su rol esencial en la conservación de la biodiversidad y la protección de los bienes comunes.

Las mujeres en Costa Rica han estado al frente de innumerables luchas por la defensa del agua, los bosques, los mares y la soberanía de sus comunidades, enfrentándose a megaproyectos mineros, monocultivos y la expansión turística descontrolada. Sin embargo, muchas de ellas sufren amenazas, violencia y criminalización por resistir. Casos emblemáticos como el de María del Mar Cordero, asesinada en 1994 junto a otros ambientalistas de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO), evidencian los riesgos que enfrentan las defensoras del medio ambiente en el país. De igual manera, la canadiense Kimberly Blackwell, reconocida por su trabajo en conservación, fue asesinada en su casa en Costa Rica en 2011.

La criminalización y las amenazas contra defensoras ambientales en Costa Rica son estrategias de intimidación utilizadas para silenciar la protesta y frenar la denuncia contra industrias extractivas. Casos como el de Sonia Torres, enjuiciada por la minera Posesiones Gran Galaxie S.A., o Marta Blanco, demandada por Ríos Minerales, evidencian esta realidad.

Las agresiones también incluyen ataques directos, como el sufrido por Erlinda Quesada, quien fue blanco de una bomba casera, después de una acción en la Ruta 32, tras denunciar el comercio ilegal de madera. Asimismo, activistas como Anacristina Rossi, Patricia Sánchez Lurueña, Marianela Fournier, Marta Castro Bolaños, y Kiana Waltraud, han recibido amenazas por su lucha en defensa del Refugio Gandoca-Manzanillo y la denuncia de proyectos destructivos.

Estos casos reflejan el riesgo que enfrentan las mujeres que defienden el medio ambiente y la urgencia de garantizar su seguridad y reconocimiento, y reflejan la impunidad que rodea la violencia contra defensoras ambientales y la urgencia de medidas de protección.

Este 8 de marzo, exigimos garantías para la seguridad de las defensoras ambientales, así como el reconocimiento de su labor como un pilar fundamental para la sostenibilidad del país. No puede haber justicia climática sin protección para quienes arriesgan sus vidas por el planeta.

El cambio climático no afecta a todas las personas por igual. En Costa Rica, las mujeres de comunidades costeras y rurales son de las más golpeadas por la erosión, la sequía y los desastres naturales que ponen en riesgo su seguridad alimentaria, su vivienda y su salud. Sin embargo, las estrategias gubernamentales siguen ignorando este impacto diferenciado, perpetuando la desigualdad de género en la crisis ecológica. Demandamos políticas climáticas con enfoque de género que atiendan las necesidades de las mujeres, fomenten su autonomía económica y garanticen su acceso a recursos esenciales.

Frente a la crisis ambiental y social, las mujeres han construido alternativas basadas en el cuidado de la vida, la agroecología y el manejo comunitario de los recursos naturales. Las redes de mujeres productoras, las guardianas de semillas y las defensoras de la soberanía alimentaria demuestran que es posible otro modelo de desarrollo, uno basado en la regeneración de la naturaleza y la equidad social. Apostamos por una economía feminista y ecológica que ponga en el centro la vida y no la acumulación de riqueza; una economía que valore el trabajo de las mujeres y su conocimiento ancestral para la protección de los ecosistemas.

Bloqueazul

Bloqueverde

Defensores de la Casa Común

Eco Bichotas

COVIRENA Caribe Sur

Costa Rica por el Océano

Grupo Organizado de Cabuya, Montezuma

Talamanca Siempre Verde

ProBae Cuencas Hidrológicas Ojo de Agua, Belén

Lanzan investigación sobre criminalización a mujeres defensoras de derechos humanos en Honduras

29 de septiembre de 2024.- La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) acaban de lanzar el capítulo dedicado a Honduras de la investigación “Perseguidas por defender y resistir. Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en Honduras, Nicaragua y México”. Esta es la segunda de tres publicaciones que reflejan los resultados de un trabajo de investigación sobre la criminalización a mujeres que defienden derechos humanos en Mesoamérica, un fenómeno constante y cada vez más creciente en la región.

La defensa de derechos humanos en Honduras: un escenario propicio para la criminalización

Entre 2017 y 2022, el Registro mesoamericano de agresiones a defensoras de la IM-Defensoras documentó un total de 284 agresiones que de forma individual, colectiva o hacia organizaciones o grupos, criminalizan el actuar de las defensoras de derechos humanos. De éstas, 102 fueron detenciones arbitrarias y 182 se relacionaron con el inicio de causas o procesos penales o administrativos.

Entre las causas estructurales de la efervescencia de la criminalización en Honduras, la investigación identifica el Golpe de estado de 2009 como un punto de inflexión en la deriva autoritaria, conservadora y extractivista del país. A partir de 2009 se multiplicaron los proyectos extractivistas, se aprobaron leyes para privatizar servicios públicos, bienes naturales y territorios ancestrales y comunitarios; se llevaron a cabo reformas de las leyes penales para facilitar la criminalización; se profundizó en la militarización, la corrupción y la cooptación del sistema de justicia por parte de intereses empresariales y familias de terratenientes. El fraude electoral de 2017 fue otro momento clave, generando una oleada de represión y criminalización y consolidando una narco-dictadura con ex-presidentes, como Juan Orlando Hernández, que han sido extraditados a Estados Unidos y condenados a prisión por delitos graves vinculados al narcotráfico. En este contexto, defensoras de la tierra y el territorio, especialmente indígenas y garífunas vinculadas al COPINH y la OFRANEH; integrantes del movimiento estudiantil y defensoras de los derechos de las mujeres han sido las que han sufrido más el impacto de la criminalización.

Misoginia y racismo como componentes fundamentales de la criminalización

La investigación se llevó a cabo a través de entrevistas y grupos focales con defensoras criminalizadas y con abogadas con experiencia en estos casos, las cuales en muchas ocasiones también acaban siendo criminalizadas. Las defensoras entrevistadas identificaron como principales causas de la criminalización el avance del neoliberalismo, el desarrollo capitalista voraz, la corrupción, autoritarismo y conservadurismos de los gobiernos de sus países, así como las violencias estructurales racistas y misóginas que siguen imperando en la región. Por ello, uno de los objetivos de este estudio es comprender desde una perspectiva interseccional los patrones e impactos específicos y diferenciados que, por su condición de género, la criminalización tiene sobre los cuerpos, las vidas, las luchas y los entornos comunitarios y familiares de las defensoras.

Construida desde la colaboración y participación de las defensoras y redes de defensoras de derechos humanos de Honduras, México y Nicaragua, la investigación también refleja cómo, pese a todo, las defensoras siguen resistiendo y persistiendo en sus luchas.

El Observatorio de Derechos Humanos denuncia represión, criminalización y judicialización contra jóvenes en Oaxaca México

El pasado 27 de enero del 2024, un grupo de jóvenes se manifestaron contra la gentrificación presente en Oaxaca México, quienes sufrieron represión por parte del gobierno estatal de Salomón Jara gobernador del Estado de Oaxaca. El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos expresó su condena a la represión, por medio de su cuenta en la red social X, exigiendo la libertad de los jóvenes detenidos durante la manifestación.

La gentrificación consiste en la renovación de una zona urbana, que se encuentra en condición de deterioro o abandono por parte de grupos externos a la comunidad con alto poder adquisitivo, lo cual implica el desplazamiento de la población local. Durante la manifestación por parte de la juventud que se manifestó, expresaron las múltiples problemáticas de la comunidad, exponiendo las desigualdades que viven múltiples comunidades que no cuentan con acceso a servicios básicos, en oposición al despojo que se realiza desde agentes externos, empresarios y extranjeros a quienes se les acusa de ser los principales causantes de la gentrificación y turistificación, bajo el lema de “Oaxaca no es mercancía”.

Debido a las detenciones y represión llevadas acaba durante la manifestación, se realizó un mitin el día 29 de enero del 2024 a las 12:00 del mediodía ante la puerta 1 de Ciudad Judicial en Oaxaca, para exigir la liberación de todas las personas detenidas, durante la pasada manifestación, donde se invitó a medios independientes a seguir el mitin.  La respuesta del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos ha sido de condena a la represión y solidaridad con la juventud que se manifiesta, exigiendo la liberación de los detenidos, expresando el derecho a la paz.

TOSHKUA

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En lengua Pesh, hablada por las comunidades indígenas de Honduras, el sentido de esta palabra es devastador y absoluto para una región cuyas rupturas a todo nivel son continuas.

Significa “desaparecer” y en la realidad centroamericana actual adquiere una connotación aún más pertinente. Con ese nombre, ese significado, el Director Ludovik Bonleux realizó un documental de 80 minutos (2022) en el que cruza dos historias: la búsqueda incesante de Marco Antonio, el hijo de Doña Mary. Ella es una de las madres de la Caravana de familiares de migrantes centroamericanos desparecidos, que con más de 15 años de accionar, buscan a sus hijos e hijas en su tránsito por México, un territorio que al decir de Oscar Martínez, lo caminan y resisten los “migrantes que no importan” y el viaje de Francisco hacia el centro de la Mosquitia hondureña, motivado por la ida de sus hijos hacia Estados Unidos y también por la amenaza del extractivismo neoliberal que ha dispuesto arrasarlo todo, desde los lugares naturales sagrados para las comunidades originarias, hasta los cuerpos de los desahuciados.

En un momento del documental se observa una de las madres sostener un cartel con la pregunta ¿ Dónde están?. Las cifras no valen de mucho si de lo que hablamos es de personas con historias truncadas, biografías que un día desaparecieron sin dejar rastro y fueron disueltas (literalmente) por el poder de los Estados involucrados y la acción de actores de la industria migratoria, que ven en sus cuerpos una forma de obtener ganancias, como el narcotráfico y la venta de armas.

Algunas estimaciones, creo bastante conservadoras, hablan de 7.000 personas migrantes centroamericanas desparecidas al año. El número es conservador porque en la clandestinidad de las estrategias de movilidad, son mucho más las personas que salen un día sí y otro también a buscar “la vida en otra parte” como ha dicho con tino el filósofo costarricense Alexander Jiménez.

Al mismo tiempo que son escritas estas notas, se conoce del lucrativo negocio que significa para grupos criminales, el cruce irregular por fronteras al norte de la región, que producen ganancias de más 12.000 millones de dólares al año.

Quien no paga, no existe.

Quien no paga, desaparece.

Fuimos invitados a un Foro sobre este documental, organizado en el marco del Festival de Cine Colombia Migrante, desarrollado en San José, Costa Rica, en los primeros días de octubre. Su objetivo principal es visibilizar, difundir, apoyar y construir un espacio de memoria desde producciones cinematográficas y audiovisuales, que narran la complejidad de los fenómenos de la migración de las y los colombianos(as) al interior de su territorio y al exterior.

En la actividad y a la pregunta sobre la gestión gubernamental de los recientes procesos migratorios experimentados por Costa Rica, mi respuesta fue poco alentadora. No sólo los enfoques prevalecientes siguen abordando el tema desde la seguridad y la criminalización, sino que también las actitudes de quiénes toman decisiones al más alto nivel, están llenas de prejuicios y percepciones discriminatorias.

Convendría tratar de incidir en esos niveles de toma de decisiones, para buscar su mejor comprensión sobre el tema y el cambio en el paradigma de la gestión migratoria, hacia un definitivo reconocimiento de los derechos humanos de personas en contextos de movilidad.


Comunicado Oficial Positivxs

Ante las declaraciones de la señora Yafit Ohana el dia 28 de agosto de 2023 en la Asamblea Legislativa, la Asociación Positivxs se pronuncia en la siguiente carta aclarando las inoportunas caracterizaciones y la criminalización de las personas, hombres, mujeres, personas no binarias y niñez que viven con VIH:

Positivxs

Comunicado Oficial:

28 de Agosto de 2023

Estimades:

Dirección de Conasida

Representaciones ante Conasida

Ministerio de Salud

A todas las personas interesadas en VIH

Hoy. 28 de agosto de 2023, tuvo lugar la comparecencia de la señora Yafit Ohana ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. En dicho diálogo la señora confirmó que se reunió varias veces con el Presidente de la República. Rodrigo Chavez Robles, para proponer la creación de una ley que penalice la transmisión intencional del VIH con penas iguales a las de un asesinato. Ohana también afirmó que su propuesta de criminalización es pertinente pues pretende proteger a las mujeres y a la niñez costarricense.

Al respecto, las personas que integramos la Asociación Positivxs, una asociación de personas con VIH e ITS, queremos comunicar:

Las políticas que criminalizan a las personas que vivimos con VIH han sido parte de la historia de Costa Rica. No es un secreto que las personas LGBTIQA+ fuimos perseguidas bajo la excusa de prevenir la transmisión del virus por el gobierno de Oscar Arias Sánchez y el Ministerio de Salud dirigido por el ex-ministro Edgar Mohs a través de la obligatoriedad de las pruebas de VIH para trabajar en el sector público y las redadas a bares de personas LGBTIQA+ entre 1986 y 1987. Siempre es importante recordar la carta abierta al Ministerio de Salud que hicieron activistas y organizaciones sociales de personas sexualmente diversas en el diario Nación en 1987.

Pero los años han pasado, la ciencia ha avanzado y un virus como el VIH ya no representa una sentencia de muerte. Durante los últimos diez años la ciencia a hablado incansablemente sobre: Indetectable es intransmisible, es decir, una persona que tenga acceso a tratamiento antirretroviral y lo consuma de forma regular no tiene ninguna posibilidad de transmitir el virus por vía sexual, lactancia o parto. Debido a ello, organizaciones hermanas que trabajan VIH en el país y activistas independientes trabajaron por actualizar la Ley General de VIH. Cambio que sucedió en el gobierno pasado y eliminó la penalización por transmitir el virus con el fin de responder a los lineamientos de Derechos Humanos.

¿Por qué Costa Rica debería volver a atacar a sus poblaciones más vulnerables?

Sabemos que las políticas que criminalizan el VIH existen en países como Canadá o algunos estados de los Estados Unidos. Pero según informes de ONUSIDA en 2021, estas leyes lo que han hecho es acentuar las heridas de desigualdad en las poblaciones más vulnerables y alejar a las personas que vivimos con VIH de los centros de salud cuando más lo necesitamos. 

Las políticas que criminalizan el VIH son políticas de muerte. 

Las personas con VIH somos hombres, mujeres, infancias, somos personas migrantes, personas no binarias, somos personas usuarias de sustancias. podemos ser cualquier persona en cualquier lugar. Somos personas que simplemente por el hecho de estar con vida merecemos una vida tranquila en la que no se nos criminalice por vivir con un virus. 

Sobre las lamentables declaraciones de la señora Ohana, también es importante mencionar que existimos mujeres con VIH y que existen infancias con VIH y que políticas que criminalizan transmitir el virus bajo el argumento de la violencia sexual, también nos criminaliza a nosotras. 

Creemos que en lugar de hablar de nosotres como depredadores sexuales y pensar que vamos a transmitir el virus de forma voluntaria, la labor del Estado y la opinión pública debe ser discutir y trabajar por crear políticas que aseguren el acceso a la salud de forma solidaria, oportuna y humana. 

Aún queda mucho trabajo que hacer en el país cuando se habla de VIH, por ejemplo están estos problemas: 

  • Aún mueren personas por causas relacionadas al sida.
  • Aún hay hermanas trans que viven violencia dentro del sistema de salud costarricense. 
  • Aún hay muchos obstáculos para que le den el visto bueno a una mujer para que se haga pruebas de VIH. 
  • Aún hay constantes problemas logísticos que afectan el acceso al tratamiento. 
  • Aún no se han aprobado normas y reglamentos que hagan cumplir lo escrito en la Reforma de la Ley Integral de VIH-sida 9797

Por ello queremos exhortar a CONASIDA, a las representaciones de sociedad ante CONASIDA, al Ministerio de Salud y a todas las personas que se deseen sumar a presionar a las distintas autoridades estatales para que propongan políticas, leyes, normas y reglamentos que acaben con los problemas citados existen en el país cuando se habla de VIH. 

Y para lograrlo es necesario dejar atrás políticas basadas en el odio y generar políticas que sanen las heridas de desigualdad que este país ha causado en las personas con VIH a lo largo de la historia. 

Asociación Positivxs

 

Compartido con SURCOS por Nayla Carvajal Sancho.

Imagen ilustrativa, UCR.

Foro de Solidaridad: resistencia, criminalización y violencia

El viernes 06 de agosto del 2021 se llevará a cabo el FORO de SOLIDARIDAD sobre las resistencias en nuestros territorios y denunciando la criminalización y la violencia que se enfrenta.

Recientemente la Coordinadora de Lucha Sur Sur presentó el «Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los Pueblos Originarios de la zona sur de Costa Rica, enero – diciembre de 2020”, que recopila y analiza detalladamente los hechos sucedidos durante uno de los años más violentos que han vivido las personas involucradas en procesos de recuperación de tierra-territorios. Esta nueva etapa de recuperaciones iniciaron luego de que en el año 2010 fueron sacados a rastras de la Asamblea Legislativa varios líderes de Pueblos Originarios que exigían la votación de un Proyecto de Ley sobre Autonomía Indígena; y decidieron construir sus procesos de autonomía desde sus territorios.

Para profundizar el tema se puede ingresar en el siguiente enlace con la siguiente nota periodística en audio: https://bit.ly/3A3lh1h

FB de la Coordinadora de Lucha Sur Sur: https://www.facebook.com/CoordinadoraLuchaSurSur

Presentan:

  • Gustavo Oreamuno – Asociación de Iniciativas Populares Ditsö y Coordinadora de Lucha Sur Sur.
  • Lesner Figueroa – Clan Tuadiwák. Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa, Autogobierno de Salitre.

Hora:

  • 10 a 11:30 hs Guatemala
  • 11 a 12:30 hs México
  • 13 a 14:30 hs Argentina

Se podrá sintonizar por medio de Facebook Live – Al toque Foro Latinoamericano

 

Publicación en FB de Red ALFORJA: https://bit.ly/3lBJoQO