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Etiqueta: crisis económica

Voces y Política: Mujeres atravesando la pandemia

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

No todas las personas experimentan de la misma forma la pandemia. Debido a que vivimos en una sociedad basada en la desigualdad social y el patriarcado, las mujeres nos encontramos en una situación de mayor vulnerabilidad frente a los efectos de cualquier crisis económica, política y social. Además, las mujeres rurales, campesinas e indígenas experimentan doble exclusión y desigualdad que agudiza el impacto de la crisis sanitaria.

Mañana estaremos profundizando sobre este tema, así como sobre las estrategias y alternativas que construyen las mujeres para resistir a este contexto.

Nos acompañaran Francisca Inés Wilson de Valle Bonito de Upala, parte de la Red de Mujeres Rurales, Cinthya Hernández de Chánguena en Palmar Sur, parte de Chánguena por Siempre. Doris Ríos, del territorio cabecar de China Kichá en la Zona Sur, parte de los procesos de recuperación de tierras indígenas y Kattia Cruz de la Carpio en San José, parte de COOVIFUDAM.

A las 5:00 p.m. por la 96,7 fm o en el Facebook de Radio Universidad de Costa Rica.

Hacia una nueva normalidad: EPPS-UNA expone resultados de la segunda fase

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Confianza en las autoridades sanitarias, solides del sistema de salud, desigualdad social, desmejoramiento y lenta recuperación económica en Costa Rica pos pandemia destacan en estudio.

Bajo la premisa: ¿cuáles son los escenarios más probables para Costa Rica en el corto plazo 2021-2023?, la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional, EPPS-UNA concluyó la segunda fase del proyecto: “La Nueva Normalidad-Escenarios Costa Rica”.

Le invitamos a leer el texto completo en el siguiente enlace:

Diseño-Fase-2-Nueva-Normalidad-2606-2020Descarga

Urge replantear la estrategia económica frente a la crisis del Covid-19 – Grupo Economía Pluralista

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Urge replantear la estrategia económica frente a la crisis del Covid-19

  1. Tal y como en anteriores ocasiones hemos manifestado, el orden razonable de las cosas aconseja poner máximo empeño en controlar la pandemia. Se debe entonces priorizar la protección de la vida y la salud de las personas, y al mismo tiempo adoptar políticas que alivien la recesión y protejan a los sectores más vulnerables de la población. Todo lo cual es requisito necesario para avanzar hacia un amplio programa nacional para la recuperación de los empleos y de la economía.
  2. Al deteriorarse la situación sanitaria, esto último se vuelve más incierto. Nos preocupa el acelerado incremento de los casos de Covid-19, todo lo cual aparece vinculado a gravísimas irregularidades laborales y a situaciones de pobreza y marginalidad. En ese contexto, cobra mayor relevancia entrar a analizar y discutir la estrategia económica que está aplicando el gobierno de Carlos Alvarado, la cual consideramos arrastra serias limitaciones y falencias. Como explicaremos en lo que sigue, es urgente replantearse esa estrategia.
  3. Prevalece un enfoque ortodoxo y conservador en la conducción de la política económica, lo cual está teniendo negativas consecuencias. Frente a una situación excepcional, parece tenderse al inmovilismo: se sigue haciendo lo que siempre se hizo, excepto por algunas medidas marginales y limitadas, esencialmente anodinas. Pero, lo que es peor, se insiste en propuestas –a las que nos referiremos más adelante– que, de concretarse, agravarán la crisis y la prolongarán en el tiempo. Tengamos presente que enfrentamos un desafío absolutamente inédito, lo cual exige audacia y capacidad de innovación en las políticas que se formulen y apliquen.
  4. El mejor ejemplo de ello lo da el Banco Central, que sigue apegado al objetivo de la baja inflación, no obstante que más bien nos movemos en territorio deflacionario. El gobierno enfrenta presiones para obtener financiamiento, y se ve forzado a pagar altísimas tasas de interés sobre sus emisiones de deuda, y el Banco Central, que tiene a su alcance las herramientas para facilitar el financiamiento y hacer bajar las tasas, prefiere no hacerlo. Miles de micro, pequeñas y medianas empresas, incluyendo emprendimientos de la economía social y solidaria y algunas empresas grandes, están urgidas de un apoyo financiero en condiciones muy favorables que les provea capital de trabajo y les permita transitar por este difícil período y sobrevivir a la crisis, y el Banco Central ofrece tan solo un programa de crédito sujeto a la concesión de garantías de “muy alta calidad”, lo cual es, en realidad, garantía de una sola cosa: que ese programa no servirá.
  5. El equivocado criterio, tan reiterado, según el cual una acción proactiva del Banco Central deteriorará la imagen internacional del país, deja sin respuesta algunas preguntas fundamentales.
  6. Primero, si la recesión de la economía y la destrucción de empleos es uno de los factores principales detrás del deterioro de la situación fiscal, no hacer nada para cuando al menos aliviar la recesión, es, por lo tanto, propiciar que se agudice la crisis fiscal. El Banco Central parece optar por esto último.
  7. Segundo, si los pagos por intereses siguen siendo el factor que, desde el lado de los gastos, tiene mayor incidencia negativa sobre el déficit fiscal, limitarse a disposiciones de muy limitado alcance que no logran que se reduzcan las tasas de interés sobre los bonos de deuda pública, es, nuevamente, propiciar el agravamiento de la situación fiscal. También en este caso el Banco Central opta por la inacción.
  8. Tercero, el estrés financiero al que se ve sometido el gobierno por parte de sectores deseosos de obtener rentas especulativas, introduce el riesgo de que en algún momento el gobierno no logre cubrir todas sus necesidades de financiamiento, lo cual pondría en peligro la continuidad de los servicios públicos. Y si ante una eventualidad como esa –extrema pero no imposible– el Banco Central no hace nada, con ello estará contribuyendo a un agravamiento peligroso de la crisis.
  9. Cuarto, si el Banco Central, paralizado por sus tesis antiinflacionarias, no propone ni lidera el diseño de mecanismos innovadores de financiamiento, que le permitan a la Caja sobrellevar el peso enorme de esta crisis sanitaria, sin sufrir un grave deterioro en su situación financiera, con ello se hará corresponsable en un problema cuyas consecuencias negativas a mediano y largo plazo son incalculables.
  10. Enfatizamos que justificar el inmovilismo del Banco Central, apelando a un problema inexistente –la inflación– o a experiencias del pasado –la crisis de inicios de los ochenta– que se dieron en un contexto histórico y bajo condiciones económicas completamente distintas, es una posición que carece de fundamento en la evidencia disponible.
  11. Por otra parte, resulta cuanto menos misteriosa, la lógica detrás de las propuestas de las cámaras de la gran empresa privada. Por un lado, plantean un larguísimo listado de exigencias de auxilio al gobierno, en lo que claramente implica una operación masiva de socialización de las pérdidas. Del otro exigen recortes draconianos al gasto público ¿Cómo podría dar el gobierno a los empresarios de las cámaras todas las ayudas que estos demandan y al mismo tiempo recortar el gasto? La respuesta a esa pregunta pasa necesariamente por el recorte de salarios públicos y servicios fundamentales como los de salud y educación, el endeudamiento sujeto a diversos condicionamientos y la “venta de activos”, o sea, las privatizaciones. Todo lo cual es tan solo otra forma de socializar las pérdidas empresariales.
  12. Es igualmente misteriosa la lógica recortista y austeritaria por la que ha optado la mayor parte de las élites políticas que tienen representación parlamentaria ¿Serán acaso ideas inspiradas en las hipótesis teóricas –ampliamente desacreditas– de la “austeridad expansiva” (la cual asume erróneamente que la contracción del gasto público serviría de estímulo a la actividad económica y el empleo)? En su calidad de representantes populares, esos diputados y diputadas tienen el deber de explicarle a la ciudadanía, cuál es el razonamiento detrás de esos planteamientos.
  13. Tengamos claro que cuando la economía se contrae, debido a que, a su vez, se reduce el consumo de las personas, la inversión empresarial y las exportaciones, se hace indispensable introducir una fuerza positiva y un empuje ascendente, que frene el derrumbe, y, eventualmente, lo reviertan. En el momento actual, eso solamente puede surgir del sector público y, en general, del mercado interno. Es imperativo ser innovadores en las políticas que se formulen y apliquen, y tener capacidad y disposición para el diálogo generoso y desprendido: solo así se podrá poner en marcha las políticas macroeconómicas que al país le urge, las cuales deben enfatizar el impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas y a los emprendimientos de la economía social y solidaria, e incluir, como uno de sus aspectos principales, un amplio programa de inversión pública, planificado para que incorpore un componente de fácil ejecución en el corto plazo, dotado de grandes capacidades para la dinamización del empleo en actividades ambientalmente sostenibles.
  14. Nos preocupa que la negociación con el Fondo Monetario Internacional pudiera quedar planteada en términos tales, que dificulten, y eventualmente bloqueen, los esfuerzos de reactivación de la economía y los empleos. Se está formulando una agenda, en gran medida de tipo ideológico, centrada en el recorte, la austeridad y las privatizaciones, complaciente con las demandas e intereses de grupos muy poderosos, la cual podría ahondar las divisiones que hoy fracturan la sociedad costarricense, y que, además, resulta desatinada desde el punto de vista de los desafíos económicos que hoy enfrentamos.
  15. Una vez más insistimos que es indispensable movilizar ingresos hacia los sectores de la población más carenciados y vulnerables. Primero, por un imperativo moral de compasión, humanidad y solidaridad, pero además porque ello propiciará la reactivación de la economía al reanimar el consumo privado y el mercado interno. Por ello apoyamos el programa Proteger, aunque lo consideramos muy limitado, y lamentamos que varios diputados y diputadas se nieguen a financiarlo.
  16. Consideramos indispensable introducir una reforma tributaria altamente progresiva, que no afecte la actividad empresarial creadora de empleos en actividades rentables y sostenibles, y que se concentre en los altos ingresos personales, las rentas pasivas y los grandes patrimonios personales y familiares. Debe hacerse un examen meticuloso de las exenciones tributarias, incluyendo las concedidas a las zonas francas. Es urgente que el gobierno ponga en marcha un esfuerzo enérgico y decidido de combate a la evasión y elusión tributaria.
  17. Concluimos enfatizando que las políticas de austeridad fiscal, aparte de las dañinas consecuencias económicas y sociales que tienen, son, desde el punto de vista económico, un arma de doble filo, y muy seguramente tendrán un efecto bumerang: impiden que el sector público lleve adelante las políticas macroeconómicas indispensables para reactivar la economía y el empleo, con lo que, de vuelta, provocarán mayor deterioro fiscal y, por lo tanto, mayor crecimiento de la deuda pública.
El grupo Economía Pluralista promueve el estudio, el debate y la reflexión sobre la economía, desde una pluralidad enfoques, y perspectivas teóricas y epistémicas. Está conformado por más de 25 economistas, provenientes de la academia y del ejercicio profesional de la economía tanto en el sector público como en el privado.

FEUNA propone 5 medidas de reforma universitaria frente a inminente crisis

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Frente a la crisis económica que vive el país, la Feuna propone cinco medidas para emprender una reforma universitaria, en un manifiesto presentado ante el Consejo Universitario de la UNA.

“Planteamos cinco medidas urgentes para emprender una reforma universitaria en el marco de un diálogo entre todos los actores que conforman nuestra institución; paralelamente, rechazamos cualquier intento que pretenda disminuir el principio de autonomía universitario, amparado en la Constitución Política de nuestro país”, afirmó Noel Cruz, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA), quien también es representante estudiantil en la Comisión de Enlace donde se negocia el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) entre las universidades y el gobierno.

El dirigente estudiantil explicó que claramente la situación generada por la covid-19 profundizó una crisis que Costa Rica venía arrastrando desde hace tiempo, con lo cual se condicionan las posibilidades del Estado para otorgar el presupuesto constitucional que le corresponde a la educación superior y se ven amenazadas las necesidades estudiantiles.

“Los retos que el país enfrenta requieren de esfuerzos extraordinarios por parte de las autoridades nacionales y universitarias; la sostenibilidad y pertinencia del modelo de universidad pública debe ser la aspiración de la institución”, aseguró.

Es por eso que la Feuna plantea las siguientes medidas en el Manifiesto por la reforma universitaria, presentado el pasado 11 de junio ante el Consejo Universitario:

  1. Formular un plan de inversión del superávit institucional antes de finalizar el presente año. Es necesario que dicha inversión se dirija de forma prioritaria a la atención de los campus, sedes y secciones regionales.
  2. Solicitar al Consejo Nacional de Rectores (Conare) instaurar una mesa técnica en conjunto con el Estado de la Educación para iniciar un proceso de formulación de una política de educación superior
  3. Ajustar, haciendo uso de la autonomía de gobierno que le otorga la Constitución, los porcentajes de la “dedicación exclusiva” que disfruta el personal de la institución, a los montos establecidos en la Ley 9635.
  4. Reducir en un 15% el recargo al salario base establecido para el gabinete de Rectoría y miembros del Consejo Universitario
  5. Solicitar al Consejo Universitario que le instruya a la Rectoría iniciar el proceso de renegociación de la Convención Colectiva.

Para el presidente de la Feuna, las medidas propuestas buscan dar un respiro de legitimidad que permita emprender el urgente proceso de reforma estructural en un marco de diálogo universitario. “Nuestro objetivo es fortalecer el Fondo de Becas para estudiantes y sentar las bases de la universidad del siglo XXI”, subrayó.

Añadió que la propuesta pretende consolidar un proceso de diálogo interno para optimizar el uso de los recursos y ampliar la cobertura del Fondo de Becas frente a la inminente crisis.

Por su parte, Jazmín Arroyo, secretaria general de la agrupación estudiantil Feuna, recalcó que la responsabilidad de compromiso de la organización no es solo con la población estudiantil sino también con la comunidad universitaria “porque la Universidad Nacional debe ser para todas las personas, ahora y en los próximos años”.

Agregó que la disminución de las desigualdades sociales debe iniciar desde adentro de la institución, en el marco de autonomía universitaria, para que las condiciones estudiantiles y laborales sean justas y sostenibles en el largo plazo.

“Somos una representación estudiantil propositiva. No somos enemigos de las personas trabajadoras porque pensamos en el futuro de todas y todos, para que desde afuera no nos impongan medidas que no contemplan las particularidades que tiene la educación superior pública”, recalcó la dirigente estudiantil.

Luego de cerca de dos años de haber presentado una agenda de reforma interna denominada #LaUqueMerecemos, los dirigentes estudiantiles se ven en la obligación de insistir en esa ruta.

Hoy martes 16 de junio a partir de las 2 p.m., la Feuna realizará una transmisión por Facebook live para explicar las medidas propuestas.

Además, la dirigencia de la agrupación estudiantil solicitó un pronunciamiento publicó a los candidatos a rectoría sobre las medidas planteadas por la Feuna, en vista de que el próximo lunes 22 de junio se realizará la elección de nuevas autoridades universitarias en la UNA.

***Mayores detalles con Noel Cruz, presidente Feuna, 8657-9858 o con Jazmín Arroyo, secretaria general 8558-7733.

Diez propuestas para enfrentar la crisis del COVID-19 con visión social, productiva y solidaria

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos, Salud.

Proceso de diálogo y construcción de medidas para enfrentar la crisis causada por la COVID-19

Diez propuestas priorizadas en respuestas inmediatas y procesos transformativos para enfrentar la crisis causada por la COVID-19 desde una perspectiva social, socioproductiva y solidaria.

El sociólogo Carlos Brenes compartió con SURCOS este documento que expresa el proceso de diálogo realizado por el sector de Economía Social Solidaria con el gobierno.

El documento señala en su introducción:

“La grave crisis sanitaria, económica y social generada por la pandemia de la covid-19 ha puesto de manifiesto que se necesita un nuevo orden mundial. La comprensión más generalizada de la gestión del riesgo de desastres define este como la combinación de dos factores: las amenazas y la vulnerabilidad o exposición a estas. Todo desastre resulta de una alta vulnerabilidad. Esta no tiene que ver solamente con los primeros impactos, sino, también, con las consecuencias socioeconómicas y ambientales de mediano y largo plazos. Comúnmente, existen sectores de la población que son afectados más dramáticamente por los efectos dañinos de los desastres. Estos son los que tienen las posiciones más desventajosas en términos socioeconómicos.

Aunque nuestro Gobierno y la CCSS han demostrado un gran acierto en la conducción del país para mitigar el impacto sanitario de esta crisis, se han puesto de manifiesto vulnerabilidades en nuestro sistema de gestión del riesgo de desastres, esto es, en la preparación para afrontar amenazas más allá de las hidrometeorológicas y geológicas. A estas, entre otras, se suman las amenazas biológicas, que no por primera vez desencadenan emergencias en el mundo y ante las que el país también es frágil. Ha quedado más visible que nunca que cualquier evento destructivo –ya sea un sismo, un ciclón tropical, una sequía o un fenómeno epidémico o pandémico– además del impacto inmediato, genera una devastación socioeconómica, en la que siempre la peor afectación y la mayor desprotección son las que sufren los pobres. Pero también esta crisis ha causado estragos en sectores de los estratos medios.

Ante todo, llamamos a ver detrás de las estadísticas que están evidenciando esta realidad, los rostros humanos: los de aquellos que han perdido su empleo; los de cientos de miles que no lo tenían y han visto frustradas sus expectativas de conseguirlo; los de los que estaban hundidos en el mundo de la informalidad laboral y los de quienes ahora han pasado a sumarse a sus filas. Rostros de personas que dependían de asistencia humanitaria y ahora no pueden ser auxiliados. Son, todas estas, personas que viven la angustia y la desesperación de no tener un ingreso total o parcial que le permita comprar los alimentos de su familia, pagar los recibos de servicios, cubrir los pases para movilizarse, comprar los pañales de sus hijos o de sus padres enfermos. Son las personas que se habían endeudado para montar una pequeña empresa y ahora no tienen cómo pagar el préstamo, porque el emprendimiento se hundió; las personas que adquirieron deudas para responder a necesidades de salud, de vivienda, de estudio propio o de los hijos, entre otras necesidades básicas. Son los rostros de nuestros agricultores y agricultoras desprotegidos, sin seguros de cosecha, sin mercado justo para sus productos, que van perdiendo casas y tierras por el endeudamiento. Y no podemos olvidar los rostros de quienes están totalmente a la orilla, los miles de personas que habitan en nuestras calles, sin poder atender a la consigna del “quédate en casa”, lávate las manos, báñate, utiliza alcohol gel y lava tu ropa al llegar a casa… pues simplemente no tienen casa, ni servicios sanitarios, ni ropa en un armario.

Puede descargar el documento aquí:

DIEZ-PROPUESTAS-PRIORITARIASDescarga

Economía antediluviana: Las propuestas de Fernando Naranjo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís
Economista, Grupo Economía Pluralista
Director CICDE-UNED

La lógica de la economía ortodoxa, que en Costa Rica muestra su rostro más anacrónico y desfasado, se centra en la deflación generalizada como solución frente a la crisis económica. La premisa subyacente gira alrededor de la idea de que, detrás de la crisis hay excesos que deben corregirse, es decir, que la economía debe pasar por una especie de purga, o en términos médicos decimonónicos, que se le debe aplicar un sangrado, a fin de “limpiarla” y, así, crear las condiciones para su recuperación. La idea de fondo es absurda y disparatada: nos dice que para superar la crisis… ¡hay que agudizar la crisis!

Una nota reciente en el medio digital Crhoy.com lo ilustra. Su título “Economista alerta sobre peligros en idea de que el BCCR financie créditos de rescate” (https://www.crhoy.com/economia/economista-alerta-sobre-peligros-en-idea-de-que-el-bccr-financie-creditos-de-rescate/). El economista al cual se hace referencia es Fernando Naranjo, exministro de Hacienda, exgerente general del BNCR y actual presidente de la consultora CEFSA.

Tal cual lo anticipa el título de la nota, Naranjo se opone a que el Banco Central asuma un rol más enérgico y proactivo, dentro de la estrategia de políticas frente a la crisis económica que el país sufre. Su argumento es un anacronismo: básicamente una apelación al pasado (“sería como volver 30 o 40 años atrás…”), como si las condiciones actuales, fuesen iguales a las de entonces. La realidad hoy es muy distinta, como también es completamente distinto el papel que en este momento cumplen los bancos centrales en el mundo. Pero Naranjo, como miembro destacado de la ortodoxia dominante, de eso no se entera.

Hablamos de una economía devenida ideología fantasmagórica, poblada de espectros e ideas zombis.

Por lo demás, su planteamiento se enfoca, según indica la nota, en “recuperar la capacidad de los mercados de generar empleos…”. Para lo cual propone la deflación generalizada de la economía, básicamente mediante dos mecanismos: reducción de salarios (“…salarios negociados por debajo de los rangos mínimos”) y la reducción en un 50% de las cuotas de la seguridad social. Todo lo anterior sumado a la devaluación de la moneda. Y siendo cierto que el colón está seguramente sobrevaluado, pensar en devaluar es una idea que, más que inoportuna, resulta temeraria, puesto que, en momentos de gran incertidumbre como los actuales, la devaluación vendría a sumar elementos adicionales de incertidumbre.

Se trata de una política destinada a infligir sufrimiento: contra los sistemas de seguridad social –que han sido la primera línea de defensa de la población costarricense frente a la pandemia del Covid-19– y contra las familias de clase trabajadora de Costa Rica. Es claramente una estrategia de “dumping social”: reducir costos y recuperar la competitividad de las empresas, mediante el debilitamiento financiero de la seguridad social y el deterioro de las condiciones de vida de las clases asalariadas.

No olvidemos el contexto en que esas políticas deflacionarias se aplicarían: una economía mundial sumida en la recesión más profunda desde la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado. Dadas esas condiciones, es desatinado imaginar que las exportaciones –menos aún el turismo– puedan tener una pronta recuperación, ni siquiera si se busca levantar la competitividad, mediante mecanismos espurios como la depresión salarial y el debilitamiento de la seguridad social.

O sea: en un momento en que los mercados internacionales están deprimidos, Naranjo propone que se deprima aún más el mercado interno, mediante la comprensión del consumo privado. Y puesto que su propuesta excluye cualquier acción del Banco Central, y no considera ningún aporte de la política fiscal vía inversión pública, inevitablemente surge la pregunta ¿Qué habría entonces de incentivar a las empresas a contratar más personal, si no tendrían a quién venderle lo que se produzca? Cuando, y en todo caso, las actuales condiciones de incertidumbre frenan cualquier posibilidad en ese sentido, y ello no solo no se modificará con la aplicación de esta terapia de “dumping social” que Naranjo promueve, sino muy probablemente se agudizará, en virtud del descontento e inestabilidad social que ello propicia.

Por otra parte, la posible deflación de precios que esa estrategia seguramente pondría en marcha, es una pésima idea en momentos en que los niveles de endeudamiento, tanto público como privado, son muy altos. Ello agravaría el peso de las deudas, dificultaría adicionalmente el manejo de las finanzas pública, y agravaría los problemas del sistema financiero.

En resumen: estamos en presencia de una versión antediluviana de la economía, esperpéntica en lo teórico y totalmente desconectada de las realidades actuales.

 

Tomado del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/.
Enviado por el autor.

Costa Rica, dime tu Estado y te diré el estado de tu Covid-19

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

SILVIA ROJAS HERRERA*

Frente a la Pandemia por Covid-19, queda evidencia más claramente cómo se materializa la recesión económica a nivel global, con deterioros sistémicos del mercado y colapsos de los Estados que se consolidaron en función del modelo económico neoliberal. Esos países hoy están enfrentando graves impactos en la salud pública, la vida humana y la atención de los sectores sociales más vulnerabilizados y excluidos del bienestar social. Estos Estados se quiebran, se arrodillan ante la pandemia del Covid-19, y van demostrando cómo el mercado es incapaz de sostener una expansión masiva y descontrolada de la enfermedad, sumando en su camino problemas de ingobernabilidad, desempleo, hambre y muertes.

En Costa Rica la situación pareciera estar en una condición pendulante entre el reiterado llamado a proteger y fortalecer el Estado Social de Derecho mediante el apoyo a la institucionalidad pública y una mayor cobertura poblacional de sus programas sociales y por otro lado, la tendencia al debilitamiento y privatización del Estado como parte de las medidas de pago de la deuda externa que solicita implementar el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), un deber moral que el gobierno se juega frente al crisis sanitaria y económica a nivel nacional.

A finales de mayo, con la identificación de más de novecientos casos de positivos por Covid-19, son 10 las personas fallecidas y se han procesado más de 20.000 muestras a nivel nacional. No ha quedado duda del papel protagónico de la institucionalidad pública en el control de su propagación, considerando además, lo favorable de ha sido por muchos años invertir en una mayor educación y sensibilidad en la población sobre aspectos vinculados a la salud pública.

Frente a este panorama, el fantasma del Plan Fiscal reaparece constantemente, a pesar de que públicamente se ha dejado de lado la discusión sobre los posibles recortes presupuestarios a diferentes instituciones del Estado y áreas estratégicas como es la educación pública y la salud, condición que se traduce en una amenaza en cualquier momento.

La importancia de fortalecer la institucionalidad pública

Esta crisis de la pandemia por Covid-19 se somete a prueba el Estado Social de Derecho y la efectividad de la institucionalidad pública. El Estado y sus redes solidarias formales e informales construyen alternativas para enfrentarla, se han venido aprobando leyes en el Poder Legislativo con una rapidez y un consenso histórico, como también han firmado decretos desde el Poder Ejecutivo en los que se demuestra qué tan importante es la solidaridad, el control y el fortalecimiento de los servicios esenciales del Estado.

Cobra vital importancia el papel de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICT), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), entre otras, las cuales fueron creadas a partir de los años cuarenta, cincuenta y sesenta, con el fin primordial de promover el bienestar y el servicio del bien común.

Sin embargo, fue a partir de la década de los años 1980, como efecto de la aplicación de los Programas de Ajuste Estructural (PAE I, II y III) y posteriormente las implementaciones de los Tratados de Libre Comercio (TLC), aunado a las medidas de pago de deuda externa en el marco de una política fiscal, cuando se dio inicio con el debilitamiento del Estado, como por ejemplo el sufrido desde el sector agroalimentario.

Es aquí cuando hay una disonancia frente las estrategias para lograr mantener a flote la economía del país durante y después de la pandemia, una intencionalidad económica marcada por favorecer algunos sectores económicos a costa de la institucionalidad pública, por ejemplo, las presiones manifiestas por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCAEP) y el Ministerio de Hacienda.

Sus recomendaciones hacia el Poder Ejecutivo y Legislativo han pretendido cargar sobre la espalda del sector público la responsabilidad del desempleo actual, por ejemplo, proponiendo que este sector aporte el 10% de su salario, como también, se han venido cuestionando los espacios limitados de comercialización de la producción nacional, así como el que se eleve el impuesto sobre el valor añadido (IVA) de una 13% a un 15%.

El Ministro de Hacienda Rodrigo Chaves, al igual que varios sectores económicos del país, han apelado en insistir en la urgencia de atender el problema fiscal aplicando medidas como la reducción del gasto público, la disminución de los incentivos salariales e inclusive, la disminución de la planilla laboral de este sector.

Apuestan a la apertura de los monopolios del Estado y se logre la apertura total del mercado, por ejemplo, el año pasado Fernández (2019) publicaba en la prensa nacional que “no hay nada en la economía que justifique la existencia de empresas públicas”.

“Evidentemente, no tenía idea que la institucionalidad pública vendría a ser quien asuma el rol de salvamento no sólo de la población sino también, de la economía nacional”.

Por otro lado, recientemente se anunció la aceptación de Costa Rica como estado miembro No. 38 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sin embargo se cuestionan los pocos espacios de comunicación transparente hacia la población nacional, para conocer, debatir y decidir colectivamente con respecto a los montos contributivos que el país tendrá que asumir por mantenerse como miembro activo; conocer a fondo qué modificaciones desean realizarse en la legislación costarricense para favorecer la atracción de inversión extranjera, de qué tipo, así como las medidas a favor de la privatización de activos estatales. Estos temores se unen a los relacionados con las medidas económicas internas con posibles afectaciones en la producción alimentaria nacional, dado que claramente hay una dependencia alimentaria de importaciones que ronda el 70% (Boeglin.2020) (Picado.2020)

Miedos que mutan

Este contexto socioeconómico incrementa los temores, miedos e inseguridades en la población, una clase media que ve amenazado su salario y capacidad de consumo, sentido peor aún en la población que forma parte de los estratos socioeconómicos más bajos. Miedos que tienden a fusionarse con la violencia estructural e institucional principalmente ligada al racismo, a la xenofobia y a la pobreza tres casos se refieren a este fenómeno:

— A más de un año del asesinato del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, la impunidad parece perpetuarse, se mantienen los conflictos territoriales entre la población indígena en calidad de recuperadores de tierras y no indígena, inclusive se denota un incremento de la violencia racista dentro del territorio Brörán de Térraba, quedando las comunidades indígenas expuestas a la violencia al no tener existir una verdadera estrategia de protección por parte del Estado. Este tipo de conflictos con gran componente racista, en medio de la pandemia, parece convertirse en el caso de los olvidados.

— Por otro lado, frente a la crisis humanitaria y de salud pública del vecino país Nicaragua, se acentúan los sentimientos xenofóbicos de una sociedad costarricense de doble moral, acrecentando un pánico migratorio hacia cualquier persona extranjera especialmente nicaragüense traducido en un “cuerpo sospechoso” (Acuña.2020), que se ve reforzado por discursos xenofóbicos con que se expresan los medios comunicación sobre migrantes enfermos o sospechosos de portar la enfermedad Covid-19. Costa Rica contendrá población migrante afectada por la violación de sus derechos elementos a la salud, la alimentación y el empleo.

— Podría hablarse de una pandemia con cara de pobreza, puesto que la mayoría de los cantones con mayor índice de personas enfermas por Covid-19, también son los que poseen mayores niveles de pobreza y además, mayor hacinamiento poblacional dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Otro gallo canta en la realidad nacional costarricense

Estos sueños utópicos keynesianos, de los abanderados de la economía neoliberal quedan cortos cuando aparecen héroes y heroínas salvando la reproducción de la vida en la población.

Al respecto, ha quedado claro, que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es líder a nivel nacional e internacional en implementar sistemas de salud exitosos, que en el contexto actual ha asumido con gran sapiencia el control de la pandemia por Covid-19, y pesar de haber sido golpeada por la corrupción, mala administración y la privatización de diversos servicios especializados se mantiene como una de las instituciones más importantes y reconocidas en procura del bienestar social.

El Ministerio de Salud, ha asumido el protagonismo de implementar la estrategia de control de la pandemia mediante medidas como: Aislamiento de las personas enfermas o sospechosas, cierre de negocios, suspensión de eventos masivos, culturales, deportivos, religiosos, restricción vehicular, cierre de fronteras, suspensión de vuelos, clausurar el ingreso a diversos lugares públicos como playas y parques nacionales, como también, realizar investigaciones relacionadas con la identificación de clústers, y contención de la propagación comunitaria.

Por otro lado, el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) adscrito al Ministerio de Salud, ha sido fundamental en el análisis de las pruebas del Covid-19. De esta manera recibe las pruebas de todo el país, pero, además, las realizadas por los laboratorios privados, realiza investigaciones que aportan a la comprensión del virus y al respecto cabe destacar un logró importante relacionado con el de culminar la secuenciación del genoma completo del nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

Esta y otras investigaciones, como por ejemplo la relacionada con la dotación de ciertas proteínas a caballos para crear un plasma sanguíneo para encontrar el medicamento contra la enfermedad del COVID-19, son realizadas tanto por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, junto con laboratorios de la Universidad de Costa Rica.

“Cabe destacar que los aportes de las universidades públicas también son visibles mediante sus aportes en cuento a la creación de respiradores artificiales de bajo costo, creación de mascarillas en 3D para la protección del personal médico, creación de alternativas a los kits de diagnóstico, entre otros”.

La CCSS se beneficia de estas investigaciones, ya que logra bajar los costos y estar prepara para la atención masiva de pacientes portadores de la enfermedad. Sin embargo, la institución requiere robustecerse en todo sentido. En el marco de la pandemia, sale a la luz pública declaraciones del Ministro de Hacienda indicando que el pago de la deuda del gobierno hacia la CCSS no va a ser suficiente para lograr estabilizar el problema financiero de dicha institución, su junta directiva y presidente ejecutivo apuestan entre otras medidas como la aprobación del Reglamento de Contratación de compras a terceros.

Con este tipo de contradicciones, el Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS), así como diferentes gremios nacionales de lucha por la defensa pública, como por parte de representantes de Juntas de Salud y red de hospitales nacionales han denunciado la poca transparencia al respecto, y poca claridad sobre los impactos económicos y estructurales que tendrá la institución una vez aprobado dicho reglamento.

La CCSS es una institución que pendula entre ser la más vital para la vida humana en el epicentro de la pandemia, y ser una de las más vulnerables por las reformas presupuestarias. Igual problemática enfrentan las universidades públicas, dedicadas actualmente a fomentar alternativas para el mejoramiento de la educación, la salud pública, la seguridad alimentaria, la salud mental de grupos vulnerables, enfrenta la crisis actual de la reducción del su presupuesto designado a las universidades públicas conocido como: Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

A pesar de estas contradicciones, se asumen los retos a nivel interinstitucional

Por ejemplo, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) han logrado coordinar con los comités municipales y comunales de emergencia para la entrega de alimentos para reforzar la ayuda humanitaria mediante el programa “Enlace de esfuerzos” y el programa “Con vos podemos”. Así también, el Consejo Nacional de Producción (CNP) incrementó la producción de alcohol antiséptico en la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), para la dotación de alcohol y alcohol en gel para usos médicos y para la venta nacional. A pesar de que actualmente se debate la concesión o su venta como paliativo al déficit fiscal, más recientemente reconocido por los legisladores costarricense como el “negocio del guaro” del Estado.

En un contexto donde la salud es más fundamental que nunca, lo correcto es dirigir todos los esfuerzos en garantizar la vida, el bienestar y la estabilidad socio económica, como también ambiental. Es contraproducente que estando en una crisis de recesión económica el Ministerio de Hacienda siga pendiente de hacer los cobros de impuestos a las pymes o mipymes, cuando están a punto de quebrar o ya definitivamente cerraron sus operaciones. Estas contienen el 80% de las exportadoras, así también el sector exportador genera el 30% del empleo nacional. Contrariamente, se abrió el apoyo con fondos no reembolsables mediante el Programa Alivio, impulsado por PROCOMER, Banca para el Desarrollo.

En tiempos de Covid-19, las acciones afirmativas hacia mujeres no parecen ser la norma, según datos del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) para el primer trimestre del año “18% de las mujeres se encuentran desempleadas, mientras el porcentaje de hombres en esa condición alcanza el 8.6%. Mientras la ocupación laboral de los hombres es de 68.2%, el de las mujeres es de solo un 42,8%, es decir, menos de la mitad de las mujeres en edad de trabajar se encuentra empleada” (2020).

Como alivio económico temporal al desempleo, el Gobierno implementó el Bono Proteger según Decreto No. 42305-MTSS-MDHIS, extendido a miles de beneficiarios en todo el país por tres meses. Según el Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal (OCTF), mediante los resultados de la primera medición del índice de transparencia de la información del Bono Proteger, urge la rendición de cuentas de parte del gobierno, así como facilitar el acceso de información presupuestaria sobre los fondos públicos concretos destinados y aplicados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Instituto Mixto de Ayuda Social. (Delfino.cr.2020).

También existe el temor por la planificación y ejecución eficiente del financiamiento de créditos para la empresa, administrado por la banca pública. El Bono Proteger posee pocos mecanismos que garantizan la transparencia y claridad sobre el uso de una cartera de aproximadamente 900millones de colones cerca un 5% del Producto Interno Bruto (PIB), quedando la duda si el mismo tendrá influencia de decisiones económicas tomadas desde la cámara empresarial (UCAEP), por ejemplo.

El mercado laboral costarricense es altamente informal y se encuentra muy precarizado. Si bien es cierto existen estos diferentes programas sociales para la atención de las personas desempleadas, no han sido suficientes. Por ende, se ha incrementado el empleo en calidad de repartidores a domicilio bajo la modalidad de Uber Eats, Glovo, Rappi. Sin embargo, existe muy poca claridad con respecto a sus derechos laborales, aunado a las ventas ambulantes, ventas por internet que forman parte de la informalidad laboral con salarios muy bajos.

Condiciones que están afectando los núcleos familiares, especialmente a las mujeres, que, en sus roles de género, ha tenido que reinventar el uso del tiempo, han tenido que enfrentar no sólo la carga laboral sino también, los roles de cuido y los educativos, especialmente en el momento en que el Ministerio de Educación implementó la educación a distancia de todos los niveles educativos. Aunado a las brechas económicas y digitales que limitan la accesibilidad tecnológica y conectividad digital, situación que incrementa la posibilidad de que cierta población educativa y familiar esté más expuesta a problemas en su salud mental (mal manejo de la frustración y la ira, depresión, ansiedad y pensamientos suicidas, entre otros) o bien se eleven los casos de violencia doméstica y deserción escolar.

Préstamos del FMI tienen valores y consecuencias

El gobierno recientemente ha solicitado un préstamo de 504 millones de dólares, al FMI para enfrentar la crisis de la pandemia, frente a lo que el Banco Mundial y el FMI han llamado una recesión económica. Dicho préstamo tiene una “tasa de interés de 1,58% anual, según un comunicado de prensa de la Presidencia de la República y el Banco Central (BCCR), con tres años y cuatro meses de gracia, pero, después, deberá ser saldado en cinco año” (Díaz. 2020).

Es cierto el Banco Central de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda valoraron positivo este crédito de rápido desembolso permitirá al Gobierno de Costa Rica financiar la atención de la crisis sanitaria y económica en condiciones muy favorables de tasa y plazo. Lo que queda por esperar su pago en los próximos años con cautela de que a cambio no se dé el desmantelamiento de la institucionalidad pública costarricense amparados, por ejemplo, a leyes como la Ley de Venta de Activos Públicos o bien una injusta o agresiva propuesta tributaria.

Comunidades ante/y el Estado

En un contexto incierto a nivel económico, el impacto de la pandemia en Costa Rica ha permitido evidenciar el papel protagónico de la institucionalidad pública. Así como de las comunidades que a nivel nacional se destacaron creando sus propias estrategias de autocuidado reconociendo los esfuerzos se encuentran Isla Venado, Isla Caballo, comunidades del distrito de Paquera de la provincia de Puntarenas en la Región Pacífico Central, así como comunidades indígenas del Cantón de Buenos Aires de la Provincia de Puntarenas, y las comunidades indígenas, costeras y rurales del distrito de Talamanca en la Provincia de Limón en la Región del Caribe Sur del país.

Con sus formas de auto organización han ideado campañas de recolección y distribución de alimentos a familias y personas afectadas por el desempleo y el estancamiento económico, eventos organizados por iglesias de diferentes tendencias religiosas, colectivos sociales y culturales, sumando a universidades, cooperativas, bancos, entre otros.

El desarrollo hacia adentro sigue siendo una gran alternativa para un alto porcentaje del país desempleado. Reinventar la economía y fortalecer la economía social y solidaria cobra fuerza, por ejemplo, cada vez son más los esfuerzos por lograr los apoyos solidarios entre sectores productivos, pescadores que donan sus productos a agricultores, productores agropecuarios donan sus cosechas a poblaciones sin recursos. La creación de atractivas y más económicas ofertas turísticas para la población nacional, entre otras.

Estas medidas dan una señal al país de que urge mantener vigente y remozado el pacto social de parte del Gobierno y del Poder Legislativo y sin duda, robustecer el Estado Social de Derecho. Y repensar de manera horizontal, participativa y transparente las estrategias para enfrentar la crisis económica que está provocando esta pandemia por Covid-19.

* SILVIA ROJAS HERRERA es doctora en Ciencias Sociales, coordinadora Programa Interdisciplinario Costero-IDESPO, académica en la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional de Costa Rica e integrante del Grupo de Trabajo CLACSO “El istmo centroamericano repensando los centros”.

BIBLIOGRAFÍA

Acuña, Guillermo. 12 de mayo del 2020. Movilidades en suspenso. SURCOS.digital.com. Tomado de: https://surcosdigital.com/movilidades-en-suspenso/

Boeglin, Nicolás. 16 de mayo del 2020. Costa Rica, futuro miembro número 38 de la OCDE: algunos apuntes. En opinión. ElPaís.cr. Tomado de: https://www.elpais.cr/2020/05/16/costa-rica-futuro-miembro-numero-38-de-la-ocde-algunos-apuntes/

Díaz, Natalia. 17 de abril del 2020. Covid-19 provoca recesión mundial. Costa Rica tomaría crédito de $506 millones con el Fondo Monetario Internacional por COVID-19. País. Semanario Universidad. Tomado de: https://semanariouniversidad.com/pais/costa-rica-tomaria-credito-de-506-millones-con-el-fondo-monetario-internacional-por-covid-19/

Picado, Henry. 03 de abril del 2020. Comida y pandemia. En Opinión. El País. Tomado de: https://www.elpais.cr/2020/04/03/comida-y-pandemia-en-costa-rica/

Fernández, José Joaquín. 14 de octubre del 2019. Venta de empresas públicas para pagar deuda. En la Riqueza de las Naciones. ElFinancierocr.com.  Tomado de: https://www.elfinancierocr.com/blogs/la-riqueza-de-las-naciones/venta-de-empresas-publicas-como-alternativa-para/MXRPDHM43RCQ5NDV5FSVMCPUEQ/story/. Fecha 19 de mayo del 2020.

Vargas, Luis Paulino. 13 de mayo del 2020. Covid-19 y crisis económica: La propuesta de Carlos Alvarado. Una colcha de retazos. UNED.CICDE.

OCTF. 14 de mayo del 2020. Índice de la transparencia de la información sobre el bono proteger del 30 de abril del 2020. Tomado de: https://delfino.cr/2020/05/observatorio-ciudadano-reporta-bajo-nivel-de-transparencia-en-bono-proteger

Fuente: https://oistmo.com/
Enviado a SURCOS por la autora.

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Democratizar, desmercantilizar, descontaminar… manifiesto ante la crisis

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Manifiesto firmado por 3.000 investigadoras e investigadores de 600 universidades de todo el mundo

¿Qué nos ha enseñado esta crisis? En primer lugar, que los seres humanos en el trabajo no pueden ser reducidos a meros “recursos”. El personal médico y farmacéutico, el personal de enfermería, de reparto, de caja… todas esas personas que nos han permitido sobrevivir durante este período de confinamiento son la viva muestra de ello. Esta pandemia ha revelado también cómo el trabajo en sí tampoco puede reducirse a mera “mercancía”. Los servicios de salud, atención y cuidados a colectivos vulnerables son actividades que deberíamos proteger de las leyes del mercado. De no hacerlo, correríamos el riesgo de acentuar aún más las desigualdades, sacrificando a las personas más débiles y necesitadas. ¿Qué hacer para evitar semejante escenario? Hay que permitir a los y las trabajadoras participar en las decisiones, es decir, hay que democratizar la empresa. Y hay también que desmercantilizar el trabajo, es decir, asegurar que la colectividad garantice un empleo útil a todas y todos. En este momento crucial, en el que nos enfrentamos al mismo tiempo a un riesgo de pandemia y a uno de colapso climático, estas dos transformaciones estratégicas nos permitirían no sólo garantizar la dignidad de cada persona, sino también actuar colectivamente para descontaminar y salvar el planeta.

Democratizar

Mientras quienes podemos permanecemos confinadas, los (y especialmente, las) que forman parte del personal esencial, en particular las personas racializadas, migrantes y que trabajan en la economía informal, se levantan cada día para prestar servicio a los y las demás. Ellas son prueba de la dignidad del trabajo y de la ausencia de banalidad de su función, y demuestran un hecho clave que el capitalismo, en su afán por transformar a los seres humanos en meros “recursos”, intenta siempre invisibilizar: sin personas dispuestas a invertir su trabajo, no hay producción ni servicio que valga.

Por otra parte, los confinados (y, en especial, las confinadas) están movilizando todo lo que está en su mano para lograr, desde sus domicilios, mantener la actividad de sus organizaciones, demostrando así de forma masiva que quienes suponen que la gran preocupación de un empresario debe ser no perder de vista a un trabajador indigno de confianza para controlarlo mejor, están profundamente equivocados. Cada día, los y las trabajadoras evidencian que no son una “parte interesada” cualquiera de la empresa: son su parte constitutiva. Sin embargo, se les niega aún con demasiada frecuencia el derecho a participar en el gobierno empresarial, monopolizado por quienes aportan capital.

Si nos preguntamos seriamente cómo podrían las empresas y la sociedad en su conjunto expresar su reconocimiento hacia los y las trabajadoras, parece evidente que tendría que aplanarse la curva para las remuneraciones más altas e iniciarse esta desde un nivel más alto para el resto, pero dichos cambios no serían suficientes. Del mismo modo en que, después de las dos guerras mundiales, se otorgó el derecho de voto a las mujeres en reconocimiento de su contribución al esfuerzo de guerra, hoy resulta injustificable negarse a la emancipación de los y las inversoras de trabajo, y al reconocimiento de su ciudadanía en la empresa. Se trata de una transformación absolutamente necesaria.

En Europa, la representación de quienes invierten su trabajo en la empresa comenzó a establecerse por medio de comités de empresa al acabar la Segunda Guerra Mundial. Pero estas “cámaras” de representación de los y las trabajadoras se han quedado en órganos muy débiles, dependientes de la buena voluntad de los equipos de dirección designados por el accionariado. Estas cámaras han sido incapaces de bloquear la dinámica propia del capital, que busca acumular para sí mismo mientras destruye el planeta. Estas cámaras de representación de los y las trabajadoras deberían en lo sucesivo ser dotadas de derechos similares a los de los consejos de administración, con el fin de someter el gobierno empresarial (es decir, la dirección al más alto nivel) a un sistema de doble mayoría.

En Alemania, Países Bajos y los países escandinavos, las diferentes formas de cogestión o codecisión (Mitbestimmung) que se pusieron progresivamente en marcha después de la Segunda Guerra Mundial representaron una etapa crucial, pero aún no basta para generar una verdadera ciudadanía en la empresa. Incluso en Estados Unidos, donde el derecho de sindicalización ha sido vigorosamente combatido, surgen hoy voces que piden otorgar a quienes invierten en trabajo el derecho de elegir representantes que cuenten con una mayoría cualificada en el seno de los consejos de administración. Nombrar al director (o, mejor aún, a la directora) general, decidir sobre la estrategia empresarial o sobre cómo se reparten los beneficios, son todas ellas cuestiones demasiado importantes como para ser dejadas exclusivamente en manos de la representación accionarial. Quienes invierten en la empresa su trabajo, su salud y, en definitiva, su propia vida, deben tener asimismo la posibilidad de validar colectivamente tales decisiones.

Desmercantilizar

Esta crisis ilustra también hasta qué punto el trabajo no debería tratarse como mercancía. La crisis demuestra que no podemos dejar decisiones colectivas tan importantes en manos de los mecanismos del mercado. La creación de puestos de trabajo en los sectores de cuidados y de atención primaria, o el abastecimiento de material y equipos de emergencia llevan años sometidos a la lógica de la rentabilidad, y esta crisis no hace sino sacarnos del engaño. Nuestras decenas de miles de fallecidos nos recuerdan que hay necesidades colectivas estratégicas que debieran quedar inmunizadas ante la mercantilización. Quienes aún afirmen lo contrario son ideólogos que nos ponen a todos en grave peligro. La lógica de la rentabilidad no puede decidirlo todo. Al igual que ciertos sectores han de protegerse de las leyes del mercado no regulado, también ha de poder garantizarse a cada cual un trabajo digno.

Manifiesto global

Este manifiesto, firmado por 3.000 investigadores de 600 universidades de todo el mundo, es publicado en forma simultánea por medios de 27 países. Además de la diaria lo publicaron en América Latina Folha de São Paulo (Brasil), Ámbito (Argentina), El Comercio (Perú) y en América del Norte Boston Globe (Estados Unidos). En Europa fue publicado, entre otros, por Le Monde (Francia), Die Zeit (Alemania), Il Manifesto (Italia), Público y El Diario (España). En África lo publicó Média24 (Marruecos), en Oceanía The Guardian (Australia) y en Asia Made in China Press, South China Morning Press y The Wire (India).

Una forma de alcanzar ese objetivo es mediante una garantía de empleo, que ofrezca la posibilidad a cada ciudadano y ciudadana de tener un empleo. El artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra el derecho al trabajo, a un trabajo libremente elegido, a condiciones de trabajo justas y satisfactorias, y a una protección contra el desempleo. En este sentido, la garantía de empleo permitiría no sólo que toda persona se ganara la vida dignamente, sino también que, colectivamente, multiplicáramos nuestras fuerzas para responder mejor a las numerosas necesidades sociales y medioambientales a las que nos enfrentamos. Una garantía de empleo puesta a disposición de las comunidades y administraciones locales permitiría, en concreto, contribuir a evitar el colapso climático, y al mismo tiempo garantizar un futuro digno a todas las personas. La Unión Europea (UE) debería poner los medios necesarios para impulsar semejante proyecto en el marco de su Green Deal. Si revisara la misión de su Banco Central, para que este pudiera financiar tal programa, necesario para nuestra supervivencia, la UE se ganaría la legitimidad en la vida de todos y cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas. Ofreciendo una solución anticíclica al choque que se avecina en términos de desempleo, la UE demostraría su compromiso con la prosperidad social, económica y ecológica de nuestras sociedades democráticas.

Descontaminar

No repitamos los errores de 2008: aquella crisis se saldó con el rescate incondicional del sector financiero, profundizando la deuda pública. Si nuestros estados vuelven hoy a intervenir la economía, es importante que al menos pueda exigirse a las empresas beneficiarias su adecuación al marco general de la democracia. El Estado, en nombre de la sociedad democrática a la cual sirve y que lo constituye, y en nombre también de su responsabilidad para velar por nuestra supervivencia medioambiental, debe condicionar su intervención a cambios en la orientación estratégica de las empresas intervenidas. Más allá del cumplimiento de estrictas normas medioambientales, debe imponer condiciones de democratización en cuanto al gobierno interno de las empresas. Porque las empresas mejor preparadas para impulsar la transición ecológica serán, sin lugar a duda, las que cuenten con gobiernos democráticos; aquellas en las que tanto inversoras de capital como de trabajo puedan hacer oír su voz y decidir de común acuerdo las estrategias a poner en práctica. Esto no debe sorprender: bajo el régimen actual, el compromiso capital/trabajo/planeta resulta siempre desfavorable al trabajo y al planeta. Como han demostrado los ingenieros de la Universidad de Cambridge Cullen, Allwood y Borgstein (Envir. Sc. & Tech., 2011 45, 1.711-1.718), si se establecieran “modificaciones realizables en los procesos productivos”, podría ahorrarse 73% del consumo mundial de energía. Pero estos cambios implicarían más mano de obra, y decisiones a menudo más costosas a corto plazo. Mientras las empresas sigan administrándose exclusivamente en beneficio de quienes aportan capital, ¿de qué lado creen ustedes que se decantará la decisión, en un momento en que el coste de la energía es irrisorio?

A pesar de los desafíos que tales cambios implican, algunas cooperativas o empresas de la economía social y solidaria, proponiéndose objetivos híbridos (financieros a la par que sociales y medioambientales), y desarrollando gobiernos internos más democráticos, han demostrado ya que esta es una vía creíble.

No nos hagamos ilusiones. Dejados a su suerte, la mayor parte de quienes aportan capital no se preocuparán ni de la dignidad de las personas que invierten su trabajo, ni de la lucha contra el colapso climático. Tenemos, en cambio, otro escenario mucho más esperanzador al alcance de la mano: democratizar la empresa y desmercantilizar el trabajo. Lo que nos permitirá descontaminar el planeta.

16/05/2020

Firman este manifiesto Isabelle Ferreras (University of Louvain/FNRS-Harvard LWP), Julie Battilana (Harvard University), Dominique Méda (University of Paris Dauphine PLS), Julia Cagé (Sciences Po-Paris), Lisa Herzog (University of Groningen), Sara Lafuente Hernández (University of Brussels-ETUI), Hélène Landemore (Yale University), Pavlina Tcherneva (Bard College-Levy Institute), Pablo Fernández (IAE Business School/Universidad Austral), Adolfo Rodríguez-Herrera (Universidad de Costa Rica), Rodrigo Canales (Yale University), Gianfranco Casuso (Pontificia Universidad Católica del Perú), Justo Serrano Zamora (University of Groningen), Rodrigo Arocena (Universidad de la República, Uruguay), Alberto Alemanno (HEC Paris-NYU Law), Elizabeth Anderson (University of Michigan), Philippe Askénazy (CNRS-Paris School of Economics), Aurélien Barrau (CNRS et Université Grenoble-Alpes), Adelle Blackett (McGill University), Neil Brenner (Harvard University), Craig Calhoun (Arizona State University), Ha-Joon Chang (University of Cambridge), Erica Chenoweth (Harvard University), Joshua Cohen (Apple University, Berkeley, Boston Review), Christophe Dejours (CNAM), Olivier de Schutter (UCLouvain, UN special rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights), Nancy Fraser (The New School for Social Research, NYC), Archon Fung (Harvard University), Javati Ghosh (Jawaharlal Nehru University), Stephen Gliessman (UC Santa Cruz), Hans R Herren (Millennium Institute), Axel Honneth (Columbia University), Eva Illouz (EHESS, Paris), Sanford Jacoby (UCLA), Pierre-Benoit Joly (INRA-National Institute of Agronomical Research, France), Michele Lamont (Harvard university), Lawrence Lessig (Harvard University), David Marsden (London School of Economics), Chantal Mouffe (University of Westminster), Jan-Werner Müller (Princeton University), Gregor Murray (University of Montréal), Susan Neiman (Einstein Forum), Thomas Piketty (EHESS-Paris School of Economics), Michel Pimbert (Coventry University, executive director of Centre for Agroecology, Water and Resilience), Raj Patel (University of Texas), Katharina Pistor (Columbia University), Ingrid Robeyns (Utrecht University), Dani Rodrik (Harvard University), Saskia Sassen (Columbia University), Debra Satz (Stanford University), Pablo Servigne PhD (in-Terre-dependent researcher), William Sewell (University of Chicago), Susan Silbey (MIT), Margaret Somers (University of Michigan), George Steinmetz (University of Michigan), Laurent Thévenot (EHESS), Nadia Urbinati (Columbia University), Jean-Pascal van Ypersele de Strihou (UCLouvain), Judy Wajcman (London School of Economics), Léa Ypi (London School of Economics), Lisa Wedeen (The University of Chicago), Gabriel Zucman (UC Berkeley), y otros 3.000 académicos de más de 600 universidades de todo el mundo.

La lista completa está disponible en democratizingwork.org.

 

Fuente de información e imagen: https://ladiaria.com.uy/

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Covid-19 y crisis económica. La propuesta de Carlos Alvarado: Una colcha de retazos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís
Economista
Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE-UNED
Grupo Economía Pluralista
Descargar versión PDF aquí:
https://www.academia.edu/43038263/Covid-19_y_crisis_econ%C3%B3mica_La_propuesta_de_Carlos_Alvarado_Una_colcha_de_retazos

Como respuesta frente a la crisis económica derivada de la crisis sanitaria del Covid-19, esta propuesta es como al modo de una sábana de retazos, en la cual se cosieron tejidos finos –o que aparentan serlo– junto a algunas telas de dudosa calidad, y otras que parecen ser poliéster barato.

  1. Las telas (que parecen) finas

Son dos, básicamente: el programa de créditos por ₡900 mil millones que se destinarían al financiamiento de las empresas, y, en especial, el programa de inversión pública que se nos anuncia. En este segundo caso, las cifras son muy notables: ₡3,1 billones para el bienio 2021-2022 y hasta ₡5,5 billones al 2022. Lo cual equivaldría, como promedio anual, a aproximadamente un 5% del valor de la producción nacional, o sea, del Producto Interno Bruto (PIB).

No recuerdo haber escuchado jamás a ningún gobierno plantear cifras de inversión pública por una magnitud comparable. Para los estándares históricos de Costa Rica, resulta, sin duda, una meta muy ambiciosa, aun cuando el monto necesario para superar la recesión y lograr relanzar un proceso de recuperación dinámico y vigoroso, debería ser incluso más elevado.

Dije que estos son retazos de la colcha, que aparentan ser de muy buena calidad. Está por comprobarse que efectivamente lo sean, y ello depende de la forma como estas propuestas sean planificadas, diseñadas y ejecutadas. Sobre eso, y hasta el momento, el gobierno guarda silencio. En lo que sigue plantearé lo que yo intentaría hacer si en mis manos estuviese decidirlo, o sea, lo que honestamente creo que debería hacerse.

1.1. Créditos por ₡900 mil millones

Es llamativo que sea una responsabilidad exclusivamente asumida por los bancos públicos. Frente a una situación crítica como la actual ¿qué justifica que los bancos privados puedan seguir en sus negocios fáciles de siempre, como si la situación excepcional que se vive no demandase un aporte especial? Pero visto el peso de los intereses financieros, y la pleitesía que las élites políticas usualmente les rinden, la cuestión no extraña, aunque sí indigna. De cualquier forma, esto advierte acerca de la importancia de seguir teniendo una banca pública. En momentos críticos, ésta todavía nos puede ofrecer posibilidades, que, tratándose de la banca privada, resultan impensables.

En esto, como en tantas otras cosas, la comunicación oficial fue omisa: desconocemos los objetivos específicos que se persiguen, y los mecanismos concretos de implementación. Lo deseable y necesario es que esos créditos sean un colchón amortiguador que alivie los impactos de la recesión, y al facilitar el flujo de caja y proveer capital de trabajo, faciliten la sobrevivencia de las empresas que hoy atraviesan una situación problemática. El énfasis debería estar en las micro, pequeñas y medianas empresas, y en los emprendimientos de carácter social-solidario, sin que ello signifique dejar de lado las empresas grandes que pudieran estar en problemas. Pero todo esto demandaría reformular los criterios regulatorios bajo los cuales funciona nuestra banca, a fin de facilitar los trámites, conceder el más amplio acceso y las mejores condiciones de tasas de interés y plazos.

Claramente está haciendo falta que exista algún fondo de avales o garantías, o, en fin, algún mecanismo que respalde los créditos, de forma que ello sustituya las garantías de las que las empresas más pequeñas seguramente carecen. Ese fondo podría crearse tomando recursos hoy disponibles (pero básicamente inutilizados) en la banca de desarrollo, según la idea que, en su momento, formuló el expresidente Figueres Olsen.

1.2. Programa de inversión pública

Como ya adelanté, este programa tiene las dimensiones mínimas que la situación demanda, aunque probablemente no las dimensiones óptimas. Es de suponer que se financiará con fondos externos, pero precisamente porque lo deseable es que fuese incluso más grande, el gobierno debería desarrollar una estrategia muy enérgica para atraer fondos externos en condiciones lo más favorables posibles. El discurso de los organismos internacionales sugiere que hay oportunidad para lograrlo, pero ello demanda priorizar los intereses generales del país, y aplicar una estrategia a la vez muy pragmática y vigorosa, dejando de lado ciertas agendas ideológicas (las privatizaciones, por ejemplo) inevitablemente polémicas y conflictivas.

También deberían explorarse otras formas de financiamiento como, eventualmente, podría ser los fondos de pensiones, lo cual, sin embargo, exige desarrollar mecanismos financieros muy innovadores y garantizar procesos de ejecución muy expeditos. Infortunadamente, cuando de asuntos realmente importantes se trata, nuestro sistema financiero es muy poco imaginativo

Pero, además, e igual de relevante, este programa de inversión debería ser planificado de forma que se maximice la generación de empleos, tanto directos como indirectos, la diseminación muy democrática de los ingresos en todos los estamentos sociales, en especial, los sectores más pobres y carenciados, y el beneficio directo a las regiones más empobrecidas y rezagadas. De forma explícita deberían fijarse metas y establecer mecanismos, para la incorporación de las mujeres. Todo lo cual supone que se propiciará la participación de nuevas empresas constructoras –incluido el ICE– así como de las comunidades, las municipalidades y organizaciones ciudadanas diversas. No puede permitirse que los proyectos sean acaparados por los tres ineficientes oligopolios en cuyas manos generalmente queda la ejecución de estas obras.

Debería asimismo haber una planificación en el tiempo: a corto plazo, centrarse en la ejecución de proyectos de fácil y rápida ejecución, que provean muchos empleos. Por ejemplo, y entre otras posibilidades, la reparación, mejora y ampliación de centros educativos, centros de atención sanitaria y hospitales; mejora de parques y espacios públicos y de parques nacionales; reparación y mejora de calles y caminos; acueductos, etc. Un interés especial debería ponerse en la infraestructura de cuido y en el fortalecimiento de los servicios de cuido. Y en esta etapa, como en las sucesivas, propiciar, tanto como sea posible, el uso de insumos de producción nacional (lo cual es necesario para garantizar que se creen muchos empleos indirectos).

Pero, además, este programa de inversión pública debería incorporar una perspectiva de largo plazo. Lo cual supone reconocer que la crisis sanitaria del Covid-19, no solamente tendrá implicaciones objetivas perdurables, que inevitablemente exigen replanteamientos significativos en nuestra economía, sino que, sobre todo, es un llamado de atención acerca de la inviabilidad de los modelos productivos y de consumo hoy prevalecientes. Este debería ser un criterio central, a la hora de planificar y diseñar estos proyectos de inversión pública, para, de esa forma, empezar desde ya a poner las bases de una nueva economía. Por ello su énfasis tendría que estar, menos en infraestructura vial, cuando sobre todo en transporte público, energías limpias, tecnologías verdes, agua y en la promoción de nuevos estilos de vida, que redefinan a profundidad nuestra forma de relacionamiento con la naturaleza.

Estos son las telas que en esta sábana de retazos, aparentan ser de buena calidad. Para que realmente lo sean, a mi juicio deberán satisfacerse ese conjunto de condiciones que, a grandes rasgos, he descrito.

  1. Telas que suscitan dudas

2.1. Simplificación de trámites

Imposible que ningún gobierno deje de mencionarla, puesto que es la obsesión ideológica favorita de las cámaras empresariales. Y no es, ni mucho menos, que carezca de importancia. Resolver ese asunto ciertamente sería positivo, pero a condición de que ello no signifique hacer fiesta con cuestiones importantes relacionadas, por ejemplo, con el medio ambiente, la higiene o los derechos laborales.

Obviamente, las cosas irían mejor si los cuellos de botella burocráticos desaparecieran y los procesos se movieran con fluidez. Pero por favor, no exageremos. Ya sabemos que a las cámaras empresariales les gusta dramatizar, pero el asunto no da para tanto. La simplificación de trámites reducirá el costo a la hora de crear una empresa nueva, y puede que luego, en el cotidiano funcionamiento de las empresas, aporte algunos otros ahorros adicionales. Pero eso no va a relanzar, ni de lejos, los mercados y las ventas, tal cual se requiere en estos momentos de recesión.

2.2. Flexibilización laboral

Este es uno de los retazos de peor aspecto en esta sábana. Claramente es una graciosa concesión a las cámaras empresariales, pero, además, y contrario al compromiso público asumido por el presidente Alvarado, es una idea que amenaza hacer recular el Estado social de Costa Rica.

No olvidemos que, en materia laboral, un criterio es obligatorio: debe protegerse la parte débil en la relación entre la patronal y las trabajadoras y trabajadores. Seguramente las transformaciones económicas en curso hacen necesarios algunos cambios en materia laboral. Por ejemplo, la reducción de las jornadas de trabajo (tal vez a 35 horas semanales). Pero nada que pudiera implicar desprotección de la parte más débil es aceptable.

2.3. Un retazo que podría ser bueno…o tal vez no

No perdamos el tiempo en algunos parches que, de tan irrelevantes, parece haber sido agregados para tapar algún hueco. Por ejemplo: la atracción de pensionistas del extranjero, el programa de producción de cáñamo, o el programa Alivio. Este último una cosita insignificante que se supone apoyaría a 200 MIPYMES exportadores (¡200 en un universo de docenas de miles de MIPYMES!).

La idea de impulsar las industrias así llamadas de “ciencias de la vida” (mejor fuera hablar de tecnologías médicas, farmacéutica y biotecnología) puede ser interesante. Siempre que no se limite a trasnacionales de zona franca, cuyo aporte efectivo a la economía nacional sigue siendo muy limitado. La cuestión tendría sentido si se lograrse desarrollar un verdadero “clúster”, inserto a profundidad en la economía costarricense, mediante la incorporación efectiva de universidades, científicos y tecnólogos costarricense, y empresas de capital nacional. Pero, y de nuevo, se desconocen detalles.

  1. ¿Poliéster barato?

Hay también algunos elementos que, por artificiosos, arriesgan ser poliéster barato. Primero, el “ecosistema digital PYMES” (¿por qué excluyeron a las microempresas?), y, segundo, la “agricultura de precisión AGROINNOVA 4.0”. La pomposidad de los nombres es mala señal. Se adivinan detrás de esto, un trabajo de escritorio realizado por tecnocracias que poco o nada conocen de la realidad con la cual pretenden dialogar.

Propuestas como éstas, con su indisimulado tufo a ocurrencia, no alcanzan a disimular lo esencial: la ausencia de una estrategia integral de apoyo e impulso a las MIPYMES, y la renuncia a un programa nacional de producción de alimentos. He ahí lo realmente prioritario, lamentablemente omitido.

  1. Las rasgaduras en la colcha

Por más que intenten disimularlo, se les nota que quedaron algunos huecos que afean el conjunto. La ausencia de una propuesta tributaria realmente justa y progresiva es uno de ellos. Complementado con un robusto esquema de subsidios progresivos, ello habría proporcionado uno de los mecanismos más eficaces para reanimar el consumo privado, aliviar la recesión de la economía y ayudar a las empresas que producen para el mercado nacional. Pero no olvidemos que, además, la crisis provoca muchísimo sufrimiento humano. Ello conlleva un ineludible deber de solidaridad, al cual, sin embargo, no se le está concediendo el lugar que corresponde. Se pone así, entre signos de pregunta, la calidad moral de la sociedad costarricense, y, sobre todo, el compromiso con la equidad por parte del presidente Alvarado. Al cabo, parece haberse impuesto la visión mezquina y egoísta de las cámaras empresariales.

Otro enorme hueco en la sábana, lo plantea la ausencia del Banco Central, imposible de disimular si para ello tan solo se apela a las tímidas y muy limitadas medidas de política monetaria que se han impulsado. Es esta una institución paralizada por el culto dogmático a una ortodoxia rancia y enmohecida. Parapetada detrás de esas “ideas zombi”, el Banco Central se niega a asumir sus responsabilidades para con la ciudadanía costarricense. El presidente Alvarado, omiso y tolerante, se hace así partícipe de esa grave irresponsabilidad.

  1. Reflexión final

La crisis del Covid-19 conmueve, desde sus bases más fundamentales, los modelos económicos, de producción y consumo dominantes. Más aún: cuestiona integralmente nuestros estilos de vida. Pareciera que las élites políticas, el poder económico y los poderes mediáticos, todavía no se percatan de ello, o prefieren escudarse detrás de un vano ejercicio de negación.

Es algo que tiene implicaciones de mediano y largo plazo, pero, de hecho, sus consecuencias se hacen sentir hoy mismo, en la profunda recesión que golpea a la economía costarricense, cuyas secuelas seguirán vivas en los meses venideros. Es inútil pensar que pueda haber una recuperación del dinamismo económico y de la generación de empleos, con base en los estímulos provenientes de los mercados internacionales. Las exportaciones de bienes y servicios tardarán un plazo considerable antes de mostrar una recuperación significativa. El turismo no volverá a ser lo que era, quizá nunca, o por lo menos no a lo largo de varios años.

Por ello, el mercado interno cobra renovada importancia. Gústele o no a esa estirpe apátrida de los ideólogos de la transnacionalización, una versión remozada de la vieja tesis cepalina del “desarrollo hacia dentro” deberá ser aplicada.

La economía se recuperará desde “adentro” o no se recuperará. De ahí la importancia clave de los programas de inversión pública, como dinamo que empuje la inversión en el sector privado, la creación de empleos, la mejora de los salarios y, en último término, el restablecimiento de una situación fiscal saludable.

Ese ha de ser un proceso ojalá fundado en un nuevo pacto social: realmente justo, equitativo e inclusivo; genuinamente respetuoso con la naturaleza. Y que, a la vez, ello posibilite construir una nueva economía, mucho más productiva, innovadora e inteligente; mucho más racional desde el punto de vista de la naturaleza y sus equilibrios. Capaz entonces de propiciar, sobre bases profundamente renovadas, nuevas modalidades de vinculación e intercambio con el resto del mundo.

 

Tomado del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/

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FEUNA toma acciones para apoyar a estudiantes frente a COVID-19

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Ayuda económica para el pago de créditos de los cursos matriculados, apoyo alimentario y aporte para la conectividad a internet, son parte de las medidas tomadas desde la Feuna para atender las necesidades apremiantes de estudiantes seriamente afectados por la crisis socioeconómica generada por la covid-19.

“Desde la FEUNA, en el momento que inició la crisis, sostuvimos firmemente la posición de que se deben garantizar acceso en igualdad de condiciones para toda la comunidad estudiantil para continuar con el ciclo lectivo de la manera más apta posible”, afirma Noel Cruz, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna).

Es así como, ante la crisis generada por el nuevo coronavirus, desde la agrupación se han tomado distintas acciones orientadas a apoyar a estudiantes que presenten condiciones socioeconómicas desfavorables, las cuales puedan poner en riesgo la continuidad de sus estudios universitarios.

En esa dirección, Cruz informó que se ha realizado un trabajo articulado con las asociaciones de estudiantes y las autoridades universitarias para poner a disposición recursos de la FEUNA a los estudiantes más afectados.

Como parte de este trabajo articulado, se han ejecutado las siguientes acciones:

-Se ha presupuestado un monto de ₡30 millones para generar apoyos alimentarios a 500 estudiantes y sus familiares en condición de pobreza extrema.

-Se destinó un monto de ₡20 millones para el fondo de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil (VVE) para paquetes de conectividad, dirigido a estudiantes sin acceso a internet en todo el país. El apoyo será para estudiantes no becados, pero que sufren las consecuencias de la crisis generada por la covid-19.

– Se tramitó el préstamo de computadoras portátiles de la FEUNA a estudiantes que no tienen equipo tecnológico, mediante la identificación realizada por la VVE.

-Se realizó un aumento de ₡50 millones el presupuesto destinado al pago de ayudas económicas para atender aproximadamente 500 estudiantes, mediante la exoneración del pago de créditos.

-Se habilitará un tercer periodo de recepción de documentos para el beneficio del pago de créditos.

“Las acciones que realizamos son fundamentales porque las que brinda la Universidad no son suficientes para cubrir a toda la población. Esto evita que haya deserción estudiantil, asegura el cumplimiento de sus derechos, puede alivianar la carga de responsabilidades socioeconómicas que tengan, aporta una mejor adaptabilidad en la nueva modalidad pedagógica y permite que tengan acceso a una educación superior de calidad”, destacó Jazmín Arroyo, secretaria general de la Feuna.

La dirigente estudiantil subrayó que, desde la Feuna, conocen las necesidades y realidades de la comunidad estudiantil de la UNA y, además, están conscientes de que representar al alumnado significa comprometerse con que se garanticen condiciones equitativas.

Por su parte, Alexander Zúñiga, coordinador general del Consejo de Asociaciones Estudiantiles, explicó que las acciones planteadas son una pequeña muestra del trabajo articulado que ha venido realizando la Federación de Estudiantes durante las últimas semanas.

“Es importante recalcar que es un trabajo desde estudiantes para compañeros y compañeras que hoy en día cuentan con alguna condicionante social que es desfavorable para continuar con sus estudios”, subrayó.

En su criterio, este trabajo no solo refuerza algunas luchas del pasado, sino que también recuerda que se debe seguir trabajando por una mejor educación superior y articulando el trabajo que se viene realizando desde los diferentes grupos o trincheras desde la Universidad.

El coordinador Asuntos Universitarios de la Feuna, Diego Ilama, hizo énfasis en que las diferentes acciones que ha venido tomando el directorio de la Federación de Estudiantes se dan gracias a un trabajo articulado con la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y el Departamento de Bienestar Estudiantil.  “Ha sido la respuesta ante una estrategia que como Federación hemos marcado en la atención de aquellos y aquellas, que, por razones obvias, la institución no puede atender, esto en materia de pago de créditos”, destacó.

Asimismo, resaltó el trabajo conjunto con el Consejo de Asociaciones Estudiantiles (Caeuna) para destinar partidas presupuestarias, que por la actual situación del país no se podrán ejecutar, a la atención de necesidades prioritarias de la población estudiantil en estos momentos.

***Mayores detalles con Noel Cruz, presidente Feuna al 8657-9858 o con periodista Oficina de Comunicación 8334-4150.

 

Imagen ilustrativa.

Enviado por UNA Comunicación.

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