Urge replantear la estrategia económica frente a la crisis del Covid-19
- Tal y como en anteriores ocasiones hemos manifestado, el orden razonable de las cosas aconseja poner máximo empeño en controlar la pandemia. Se debe entonces priorizar la protección de la vida y la salud de las personas, y al mismo tiempo adoptar políticas que alivien la recesión y protejan a los sectores más vulnerables de la población. Todo lo cual es requisito necesario para avanzar hacia un amplio programa nacional para la recuperación de los empleos y de la economía.
- Al deteriorarse la situación sanitaria, esto último se vuelve más incierto. Nos preocupa el acelerado incremento de los casos de Covid-19, todo lo cual aparece vinculado a gravísimas irregularidades laborales y a situaciones de pobreza y marginalidad. En ese contexto, cobra mayor relevancia entrar a analizar y discutir la estrategia económica que está aplicando el gobierno de Carlos Alvarado, la cual consideramos arrastra serias limitaciones y falencias. Como explicaremos en lo que sigue, es urgente replantearse esa estrategia.
- Prevalece un enfoque ortodoxo y conservador en la conducción de la política económica, lo cual está teniendo negativas consecuencias. Frente a una situación excepcional, parece tenderse al inmovilismo: se sigue haciendo lo que siempre se hizo, excepto por algunas medidas marginales y limitadas, esencialmente anodinas. Pero, lo que es peor, se insiste en propuestas –a las que nos referiremos más adelante– que, de concretarse, agravarán la crisis y la prolongarán en el tiempo. Tengamos presente que enfrentamos un desafío absolutamente inédito, lo cual exige audacia y capacidad de innovación en las políticas que se formulen y apliquen.
- El mejor ejemplo de ello lo da el Banco Central, que sigue apegado al objetivo de la baja inflación, no obstante que más bien nos movemos en territorio deflacionario. El gobierno enfrenta presiones para obtener financiamiento, y se ve forzado a pagar altísimas tasas de interés sobre sus emisiones de deuda, y el Banco Central, que tiene a su alcance las herramientas para facilitar el financiamiento y hacer bajar las tasas, prefiere no hacerlo. Miles de micro, pequeñas y medianas empresas, incluyendo emprendimientos de la economía social y solidaria y algunas empresas grandes, están urgidas de un apoyo financiero en condiciones muy favorables que les provea capital de trabajo y les permita transitar por este difícil período y sobrevivir a la crisis, y el Banco Central ofrece tan solo un programa de crédito sujeto a la concesión de garantías de “muy alta calidad”, lo cual es, en realidad, garantía de una sola cosa: que ese programa no servirá.
- El equivocado criterio, tan reiterado, según el cual una acción proactiva del Banco Central deteriorará la imagen internacional del país, deja sin respuesta algunas preguntas fundamentales.
- Primero, si la recesión de la economía y la destrucción de empleos es uno de los factores principales detrás del deterioro de la situación fiscal, no hacer nada para cuando al menos aliviar la recesión, es, por lo tanto, propiciar que se agudice la crisis fiscal. El Banco Central parece optar por esto último.
- Segundo, si los pagos por intereses siguen siendo el factor que, desde el lado de los gastos, tiene mayor incidencia negativa sobre el déficit fiscal, limitarse a disposiciones de muy limitado alcance que no logran que se reduzcan las tasas de interés sobre los bonos de deuda pública, es, nuevamente, propiciar el agravamiento de la situación fiscal. También en este caso el Banco Central opta por la inacción.
- Tercero, el estrés financiero al que se ve sometido el gobierno por parte de sectores deseosos de obtener rentas especulativas, introduce el riesgo de que en algún momento el gobierno no logre cubrir todas sus necesidades de financiamiento, lo cual pondría en peligro la continuidad de los servicios públicos. Y si ante una eventualidad como esa –extrema pero no imposible– el Banco Central no hace nada, con ello estará contribuyendo a un agravamiento peligroso de la crisis.
- Cuarto, si el Banco Central, paralizado por sus tesis antiinflacionarias, no propone ni lidera el diseño de mecanismos innovadores de financiamiento, que le permitan a la Caja sobrellevar el peso enorme de esta crisis sanitaria, sin sufrir un grave deterioro en su situación financiera, con ello se hará corresponsable en un problema cuyas consecuencias negativas a mediano y largo plazo son incalculables.
- Enfatizamos que justificar el inmovilismo del Banco Central, apelando a un problema inexistente –la inflación– o a experiencias del pasado –la crisis de inicios de los ochenta– que se dieron en un contexto histórico y bajo condiciones económicas completamente distintas, es una posición que carece de fundamento en la evidencia disponible.
- Por otra parte, resulta cuanto menos misteriosa, la lógica detrás de las propuestas de las cámaras de la gran empresa privada. Por un lado, plantean un larguísimo listado de exigencias de auxilio al gobierno, en lo que claramente implica una operación masiva de socialización de las pérdidas. Del otro exigen recortes draconianos al gasto público ¿Cómo podría dar el gobierno a los empresarios de las cámaras todas las ayudas que estos demandan y al mismo tiempo recortar el gasto? La respuesta a esa pregunta pasa necesariamente por el recorte de salarios públicos y servicios fundamentales como los de salud y educación, el endeudamiento sujeto a diversos condicionamientos y la “venta de activos”, o sea, las privatizaciones. Todo lo cual es tan solo otra forma de socializar las pérdidas empresariales.
- Es igualmente misteriosa la lógica recortista y austeritaria por la que ha optado la mayor parte de las élites políticas que tienen representación parlamentaria ¿Serán acaso ideas inspiradas en las hipótesis teóricas –ampliamente desacreditas– de la “austeridad expansiva” (la cual asume erróneamente que la contracción del gasto público serviría de estímulo a la actividad económica y el empleo)? En su calidad de representantes populares, esos diputados y diputadas tienen el deber de explicarle a la ciudadanía, cuál es el razonamiento detrás de esos planteamientos.
- Tengamos claro que cuando la economía se contrae, debido a que, a su vez, se reduce el consumo de las personas, la inversión empresarial y las exportaciones, se hace indispensable introducir una fuerza positiva y un empuje ascendente, que frene el derrumbe, y, eventualmente, lo reviertan. En el momento actual, eso solamente puede surgir del sector público y, en general, del mercado interno. Es imperativo ser innovadores en las políticas que se formulen y apliquen, y tener capacidad y disposición para el diálogo generoso y desprendido: solo así se podrá poner en marcha las políticas macroeconómicas que al país le urge, las cuales deben enfatizar el impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas y a los emprendimientos de la economía social y solidaria, e incluir, como uno de sus aspectos principales, un amplio programa de inversión pública, planificado para que incorpore un componente de fácil ejecución en el corto plazo, dotado de grandes capacidades para la dinamización del empleo en actividades ambientalmente sostenibles.
- Nos preocupa que la negociación con el Fondo Monetario Internacional pudiera quedar planteada en términos tales, que dificulten, y eventualmente bloqueen, los esfuerzos de reactivación de la economía y los empleos. Se está formulando una agenda, en gran medida de tipo ideológico, centrada en el recorte, la austeridad y las privatizaciones, complaciente con las demandas e intereses de grupos muy poderosos, la cual podría ahondar las divisiones que hoy fracturan la sociedad costarricense, y que, además, resulta desatinada desde el punto de vista de los desafíos económicos que hoy enfrentamos.
- Una vez más insistimos que es indispensable movilizar ingresos hacia los sectores de la población más carenciados y vulnerables. Primero, por un imperativo moral de compasión, humanidad y solidaridad, pero además porque ello propiciará la reactivación de la economía al reanimar el consumo privado y el mercado interno. Por ello apoyamos el programa Proteger, aunque lo consideramos muy limitado, y lamentamos que varios diputados y diputadas se nieguen a financiarlo.
- Consideramos indispensable introducir una reforma tributaria altamente progresiva, que no afecte la actividad empresarial creadora de empleos en actividades rentables y sostenibles, y que se concentre en los altos ingresos personales, las rentas pasivas y los grandes patrimonios personales y familiares. Debe hacerse un examen meticuloso de las exenciones tributarias, incluyendo las concedidas a las zonas francas. Es urgente que el gobierno ponga en marcha un esfuerzo enérgico y decidido de combate a la evasión y elusión tributaria.
- Concluimos enfatizando que las políticas de austeridad fiscal, aparte de las dañinas consecuencias económicas y sociales que tienen, son, desde el punto de vista económico, un arma de doble filo, y muy seguramente tendrán un efecto bumerang: impiden que el sector público lleve adelante las políticas macroeconómicas indispensables para reactivar la economía y el empleo, con lo que, de vuelta, provocarán mayor deterioro fiscal y, por lo tanto, mayor crecimiento de la deuda pública.
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