Durante el programa, se contó con la participación de personas expertas, quienes analizaron la importancia crucial de la educación en Costa Rica, destacando tanto sus éxitos como sus desafíos pendientes. Además, se enfatizó en la necesidad de invertir en el sistema educativo para abordar problemas como: la desigualdad en el acceso a la educación, la insuficiente formación de los docentes y las dificultades derivadas de la influencia negativa de la tecnología.
Se destacó la importancia de fomentar habilidades como la creatividad y el pensamiento crítico, así como el papel fundamental que desempeñan las familias y la comunidad en el éxito educativo de los niños y niñas, mediante un enfoque integral que incluya mejoras en la capacitación docente, la integración efectiva de la tecnología y la promoción de valores como la equidad y la responsabilidad, se busca fortalecer el sistema educativo y asegurar un futuro próspero para todos los estudiantes.
El SEC solicita a la señora ministra de Educación Pública y al señor presidente de la República, nombrar urgentemente una persona exministra de educación que corresponda, en el Consejo Superior de Educación (CSE), en sustitución de Guillermo Malavassi, quien renunció al finalizar el 2023 dejando a dicho órgano constitucional sin quórum y en consecuencia, sin poder sesionar para ejercer las funciones de ente Rector de la Educación costarricense.
Nuestra educación atraviesa por la peor crisis institucional de los últimos 50 años. El 9° Informe del Estado de la Educación (2023) recordó que: “…La crisis educativa, ya advertida en el informe previo (2021), se ha profundizado en materia de gestión, recursos e inversión. Ello ha creado una coyuntura decisiva para el presente y futuro del sistema educativo. De no actuarse con urgencia, se seguirá desplegando un sendero de involución hacia una educación de menor calidad y accesos excluyentes para amplios segmentos de la población. Ese curso afectará profundamente el rumbo del país en las próximas décadas…”
Por su parte, la Contraloría General de la República en su informe sobre la planificación integral del sistema educativo del 15 de diciembre 2023 concluyó, que la educación costarricense se encuentra sin rumbo cierto y que carece de dirección y de orientación, ordenando ante dichas falencias: “… Analizar, discutir, aprobar en sesión del Consejo Superior de Educación, oficializar y divulgar, la Política del sistema educativo con enfoque prospectivo que oriente la planificación integral de mediano y largo plazo, (…) divulgar las decisiones tomadas para su implementación y remitir a la Contraloría General, una certificación en la que consten los acuerdos sobre dicha propuesta y su divulgación, en un plazo dos meses una vez remitida la Política al citado Consejo…”
La renuncia del señor Malavassi quien durante más de un año ejerció en representación de los intereses de las empresas privadas en servicios de educación y plegado a las decisiones erráticas de la ministra -, es una oportunidad para que el Poder Ejecutivo designe una persona pedagógicamente competente, que represente los intereses de la educación nacional, sin tomar bandería en favor del capital privado que invierte en educación.
Hacemos un llamado para que, con la nueva representación del CSE, se corrija el lamentable error de haber entregado dicho asiento a las grandes universidades privadas y que se designe ahora una persona objetiva y neutral, que se interese por la educación pública del país.
Es también una oportunidad para que la UCR y el MAGISTERIO NACIONAL, representados en el CSE revisen la participación de sus representantes y asuman a partir del presente año, una actitud independiente del Gobierno ejerciendo un contrapeso político – pedagógico que permita retomar el rumbo de la educación pública costarricense. ¡Nuestro país no resiste más improvisaciones!
La Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), en un acto de responsabilidad cívica y urgencia nacional, revela la impactante verdad sobre el sistema educativo costarricense y lanza un llamado de emergencia a toda la sociedad. Este revelador evento tuvo lugar el pasado miércoles 27 de setiembre y contó con la destacada participación de los ponentes académicos Pablo Chaverri Chaves y Guiselle Román López, además de la investigadora Isabel Román Vega, coordinadora del Estado de la Educación.
El noveno informe del Estado de la Educación, una investigación exhaustiva y crítica, ha dejado al descubierto la crisis que amenaza con desmantelar el futuro del país. Los hallazgos de este informe son devastadores y exigen una acción inmediata, según expresaron los ponentes.
Pablo Chaverri Chaves, académico de la UNA, tras el análisis del documento, comentó que “podríamos decir que hay tres conclusiones e implicaciones fundamentales. La primera y la más importante se refiere a los estudiantes y la crisis de aprendizaje que se está dando. El segundo caso se relaciona con las personas docentes y sus condiciones laborales, así como los sistemas de contratación y selección, que son fundamentales para garantizar calidad educativa: no puede haber calidad educativa sin calidad docente. El tercer elemento es el financiamiento, tal como lo indica el artículo 78 de nuestra Constitución Política, que establece que se debe destinar al menos un 8% del PIB a la educación en Costa Rica, y lamentablemente, tenemos una tendencia a la baja”.
Por su parte, Guiselle Román López, académica de la Universidad, acotó que este rezago viene desde muchos años, pero que la situación ahora es crítica. “Hay varios aspectos que construyen toda una estructura del proceso educativo en Costa Rica y que ha atravesado los diferentes momentos en las últimas décadas, especialmente desde los 80, cuando hubo una crisis terrible de la educación y un rezago importante de esa generación que hoy está trabajando. Esto sigue como una herencia que hoy se manifiesta en diferentes indicadores que siguen siendo estructurales. Para mí, eso es lo más grave: que no se está abordando de la manera correcta un fenómeno que es complejo desde una solución compleja; es decir, multidimensional. Deben abordarse equipos interdisciplinarios, ya que sigue habiendo no solo un rezago educativo y la adquisición de habilidades y conocimientos técnicos, sino que también esto va agravar la expulsión de un grupo importante de estudiantes del sistema educativo.”
Entre los aspectos del informe que los expositores identificaron como “alarmantes”, se encuentran cuatro puntos cruciales:
Desplome en la inversión educativa:
Los académicos de la UNA hacen un llamado de emergencia para revertir el dramático descenso en la inversión en educación, buscando alcanzar el 8% del PIB. Según los expertos, esta inversión es esencial para rescatar nuestro sistema educativo y garantizar un futuro prometedor para las generaciones venideras.
Rescate de aprendizajes y reducción de rezagos:
La crisis ha causado estragos en el aprendizaje de todos los estudiantes. Es vital que la sociedad se una en un esfuerzo masivo para recuperar lo perdido y eliminar las brechas educativas que amenazan con perpetuar la desigualdad.
Transformación urgente de la evaluación educativa:
La evaluación educativa está en crisis. Es imperativo que se reevaluen y reformen radicalmente los procesos de evaluación para garantizar una educación de calidad y pertinente.
Respeto y mejora de las condiciones docentes:
Los educadores y educadoras, pilares fundamentales de la sociedad, merecen condiciones de trabajo dignas y respeto absoluto. Es hora de reconocer su ardua labor y brindarles el apoyo que necesitan según los experimentados en educación.
El CONARE convoca a todos los sectores de la sociedad, desde el gobierno hasta la sociedad civil, para unirse en un esfuerzo sin precedentes y tomar medidas audaces para abordar esta emergencia educativa. La crisis educativa de Costa Rica no puede ni debe ser ignorada, concluyeron.
Pueden ver las entrevistas en el siguiente video:
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Mujeres por Costa Rica invita al foro: «Emergencia en la educación pública», el cual se llevará a cabo este martes 19 de setiembre a las 4 p.m. en la Biblioteca Nacional (Sala España) y será transmitido por medio de Facebook Live de esta organización.
Participan:
Isabel Román, Estado de la Educación
Alicia E, Vargas, Mujeres por Costa Rica
Karen Marín, presidenta de la FEUCR
Randall Cordero, representante de la Federación de Estudiantes de Seccundaria
Este 12 de setiembre, la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de Ley de Protección a la Inversión Pública en Becas y otras Ayudas para la Población Estudiantil.
La iniciativa libera la inversión en becas de los límites de la regla fiscal, permitiendo que estas ayudas puedan llegar a quienes más las necesitan.
En medio de una grave crisis educativa, las becas y otras ayudas son fundamentales para que estudiantes de las poblaciones más vulnerables puedan mantenerse en las aulas y continuar sus estudios.
Agradezco a las fracciones legislativas que apoyaron este proyecto por su visión y compromiso con la educación pública en todos sus niveles.
Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA), hace llamado a la ministra de Educación Pública Anna Katharina Müller Castro acoger las recomendaciones del noveno Informe del Estado de la Educación 2023 como base científica y académica para priorizar acciones que atiendan la crisis educativa que padece el país de forma estructural.
Los resultados del noveno Informe Estado de la Educación 2023, evidencian la grave crisis de la educación que el país atraviesa colocándose frente a un desastre intergeneracional de grandes dimensiones.
Tal y como se desprende del Informe, este debacle es resultado de un estudiantado que avanza en el sistema con fuertes carencias en aprendizajes básicos y que ponen en riesgo sus trayectorias educativas; las respuestas institucionales son insuficientes para salir de la crisis educativa y cerrar brechas estructurales, y el financiamiento de la educación que en lugar de avanzar hacia el 8% del PIB ha venido disminuyendo durante los últimos años, esto a pesar de lo establecido constitucionalmente.
Ante este aterrador escenario, el Consejo Universitario se suma al llamado del Estado de la Educación para actuar con extrema celeridad y realizar una declaratoria de un “estado de necesidad y urgenciadentro del marco legal y reglamentario vigente, o por reformas a este marco, mediante las vías previstas por la Constitución Política».
El informe plantea recomendaciones puntuales que otorgan responsabilidades a actores claves para el cumplimiento de los acuerdos nacionales suscritos, entre ellas revertir los retrocesos en la inversión en educación, mejorar sustantivamente los aprendizajes de estudiantes, su evaluación, dignificar a las personas docentes, mejorar las condiciones de contratación, desarrollo laboral y profesional.
Por lo anterior, la Universidad Nacional continúa consciente y atenta de su misión de formar profesionales humanistas con actitud crítica y creativa, que contribuyan con la transformación democrática y progresiva de las comunidades y la sociedad. Lo anterior implica dirigirnos hacia planos superiores de bienestar para contribuir a la sustentabilidad ecosocial y a una convivencia pacífica derivada de acciones pertinentes y solidarias, preferentemente, con los sectores sociales menos favorecidos o en riesgo de exclusión.
La sociedad requiere de acciones inmediatas en beneficio de la educación. Para ello es menester que los entes gubernamentales y todos los artífices del proceso educativo asuman sus responsabilidades para seguir en la loable labor de asegurar una enseñanza de calidad a partir de lo dispuesto en la Constitución Política.
Hacemos un llamado al Gobierno de la República y de forma específica a la ministra de Educación Pública Anna Katharina Müller Castro, acoger las recomendaciones derivadas del noveno Informe del Estado de la Educación 2023, como una base científica y académica que conlleve a priorizar las acciones inmediatas que debe de abocarse el Ministerio de Educación Pública con el propósito de atender la crisis educativa que en estos momentos nuestro país padece ya de forma estructural.
Reiteramos nuestro compromiso como Universidad Nacional con la educación como derecho humano y bien social. Así mismo, la institución se pone al servicio de las autoridades del país con su equipo para contribuir en la formación de profesionales.
Atentamente, Dra. Jeannette Valverde Chaves Presidenta del Consejo Universitario
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, rechaza categóricamente las declaraciones de la ministra de Educación, Anna Katharina Müller realizadas en el Congreso Futuro de la Educación convocado por ULACIT, expresa su profunda preocupación por el caos que se vive en el sector educación solicitando con urgencia la destitución de la jerarca.
Por otra parte, rechaza categóricamente las declaraciones de la ministra de Educación, Müller Castro, cuando cuestionó el criterio técnico sobre el presupuesto del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación pública y cuestiona que la máxima jerarca de la educación no defienda la inversión garantizada por el Articulo 78 de la Constitución Política, a pesar, de que la educación pública es un pilar fundamental de nuestra sociedad y debe ser defendida y fortalecida por la representante del sector, en lugar de justificar los recortes hechos como fueron los ¢1.300 millones trasladados a otra cartera.
El proyecto de Ley Presupuesto 23.912 Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2024 refleja una disminución del presupuesto del MEP con respecto al Producto Interno Producto, el cual se establece en 5,22% a diferencia del 5,46% presupuestado para este año. Por lo anterior hacemos un llamado urgente a tomar medidas concretas para revertir esta situación y garantizar un futuro más promisorio para el acceso a un derecho humano como lo es la educación.
Los datos del presupuesto para el año próximo confirman la tendencia a disminuir el financiamiento de la educación superior pública y se plantea una amenaza significativa para las funciones esenciales de las universidades públicas por lo que es imperativo se revierta y se proteja la calidad y accesibilidad de la educación superior.
El incumplimiento de acuerdos nacionales y la falta de compromiso con las aspiraciones de Costa Rica en educación son inaceptables. Exigimos un compromiso renovado con los acuerdos nacionales y la cooperación entre todos los actores educativos.
La alarmante estadística que revela que solo 4 de 10 estudiantes logra ingresar a la universidad es motivo de preocupación y debe abordarse de manera urgente, esto según el último informe del Estado de la Educación 2023, presentado el pasado 31 de agosto por el Programa Estado de la Nación en Cosa Rica.
Asimismo, los resultados presentados en el IX Informe del Estado de la Educación 2023 en Costa Rica, revelan conclusiones alarmantes en materia de educación pública, como la falta de habilidades básicas de lectura y escritura en estudiantes de tercer grado y la insuficiencia de respuestas institucionales para abordar la crisis educativa.
Por tanto, las organizaciones sociales y productivas hacen un llamado imperante a la construcción de un Pacto por la Educación Pública, así como se demandó el pasado 20 de junio en la gran movilización nacional en defensa de la educación pública.
Que esta ruta, involucre a todos los sectores y actores vinculados a la educación, incluyendo al Consejo Nacional de Rectores (CONARE) mediante las universidades públicas, federaciones estudiantiles, colectivos y estudiantes diversos en secundaria, Colegios Profesionales, organizaciones del Magisterio Nacional, pero sobre todo personas y organizaciones de sociedad civil como las organizaciones comunales, padres y madres de familia, como también los sectores productivos con perspectiva de justicia social, para diseñar conjuntamente un futuro educativo sólido y equitativo para Costa Rica.
La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo se compromete a seguir trabajando la iniciativa del Pacto Nacional por la Educación Pública de Costa Rica y a defender los derechos educativos de todas las personas. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa del presupuesto del 8% del PIB para la educación pública, ya que consideramos que es un pilar esencial para el desarrollo de nuestra sociedad en materia de derechos humanos y garantías sociales, a su vez el futuro de nuestras generaciones.
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica.
Por Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica
El acuerdo resguarda la autonomía universitaria. A futuro, el reto como universidad es el tema de la redistribución, en el cual hay una comisión trabajando en el seno de Conare
En el Acta 160 de la Constituyente de 1949, intervino el diputado Rodrigo Facio Brenes indicando lo siguiente:
“Pues bien, en el momento de proyectarse el presupuesto nacional, ¿cómo suceden las cosas? Muy sencillo: cada ministro trata de atraer hacia su ministerio y a las oficinas dependientes del mismo, la mayor suma de caudales públicos posible. Cada ministro es el abogado de su ministerio y de sus dependencias”.
“(…) Solo la Universidad, señores diputados, solo la Universidad, ni tiene abogado ante el Fisco, ni produce por sí misma lo necesario para subsistir y progresar”.
“(…) Llegamos a la conclusión de que sólo un abogado puede haber para la Universidad; el propio texto de la Constitución”.
En esta tarde, me dirijo a ustedes al final de un proceso de negociación del FEES histórico, en un contexto desconocido hasta ahora para las universidades públicas y la comunidad nacional. El martes pasado, cerca de la media noche, en la décima sesión de la comisión de enlace y después de 10 horas de trabajo, llegamos a un acuerdo para el financiamiento del año 2024.
Sin embargo, este proceso fue más que una discusión fiscal y presupuestaria. A lo largo de estas semanas y de las 10 sesiones de la comisión de enlace, se colocó en la agenda nacional un debate mucho más amplio sobre la educación pública, la autonomía universitaria, la democracia y el Estado social de derecho que estamos llamados a defender desde la Universidad de Costa Rica.
En esa coyuntura, nos enfrentamos a un relato construido, según el cual las y los funcionarios públicos éramos la causa principal de una crisis presupuestaria, que se pretendió resolver con políticas profundamente severas en materia de austeridad, que iniciaron en el Gobierno anterior.
Teníamos entonces una avanzada de políticas que debilitaban el Estado, por un lado, y un funcionariado universitario golpeado, por el otro. Querían condenarnos a ver, desde la esquina del tablero político, el desmantelamiento del diseño constitucional de nuestro Estado.
Y entonces nos aferramos a lo que yo he denominado un hilo democrático, una reserva de conciencia lúcida que nos ha acompañado durante más de dos siglos y que ha sido tejida en nuestra República.
En ese sentido, nos dispusimos a realizar ajustes a nuestra estrategia y a apoyarnos en la inteligencia, la capacidad de análisis, la organización y la movilización que caracteriza a nuestra institución.
Este extraordinario esfuerzo de la UCR, sumado al trabajo de las demás universidades, nos permitió alcanzar un acuerdo que revierte la tendencia de debilitar el financiamiento de la educación superior pública mediante la pérdida del valor real del FEES.
Concretamente, sobre el acuerdo es posible enumerar los siguientes logros:
1. La primera propuesta del Ejecutivo no solo tenía un monto menor a la inflación estimada, sino que venía con un acuerdo que pretendía lesionar seriamente la autonomía universitaria.
Las pretensiones del Gobierno incluían desplazar los mecanismos constitucionales de financiamiento, organización, planificación y rendición de cuentas de las universidades en favor de los que determinara arbitrariamente el Ejecutivo. Incluso pretendían exigirnos aumentar matrículas e imponer una serie de investigaciones al antojo del Gobierno.
Ante este panorama, CONARE presentó una contrapropuesta que fue acogida prácticamente en su totalidad, asegurando que la autonomía universitaria permanezca intacta.
2. Se logró detener el decrecimiento del FEES en términos de valor real, proceso que se venía dando desde el anterior Gobierno con sus políticas fiscales y que se acentuó con el actual Ejecutivo.
3. Conseguimos un incremento que duplica la oferta inicial del Gobierno y se ajusta al promedio de inflación estimada por el Banco Central.
4. Incorporamos una salvaguarda de inflación novedosa, que obliga al Ejecutivo a un ajuste si la inflación supera lo estimado, no solo a la base del FEES, sino que en tal caso deberá presentar un presupuesto extraordinario para reconocer ese monto. Lograr esta novedad, en el contexto político actual, es algo digno de reconocer. Además, esta medida permite algo de suma importancia que fue discutido con el ministro de Hacienda, y está relacionado con la aplicación del artículo 85 de la Constitución Política. Cuando hablamos de un FEES que no decrece, no hablamos de términos nominales, hablamos de un valor real del FEES, traído a valor presente como dicta la Constitución. La salvaguarda incorporada en este acuerdo nos permitirá avanzar en esa línea.
5. Finalmente, logramos explicitar en el documento del acuerdo nuestro desacuerdo por el 1% pendiente, lo cual nos faculta para solicitar en la Asamblea Legislativa el reconocimiento de ese monto.
«Nos aferramos a lo que yo he denominado un hilo democrático, una reserva de conciencia lúcida que nos ha acompañado durante más de dos siglos y que ha sido tejida en nuestra República».
Como les mencionaba al inicio, este largo proceso significa mucho más que números. El proceso de lucha del FEES logró fortalecer la articulación que impulsa la administración con los movimientos sociales que buscan la defensa de la democracia y el fortalecimiento del Estado social de derecho. Que no les quepa duda de que seguiremos acompañando las manifestaciones en defensa del agro, la educación, la caja y la libertad de prensa, entre otros.
Nos parece indispensable la articulación de múltiples sectores para exigir el cumplimiento del artículo 78 de la Constitución y garantizar un financiamiento para la educación con el 8% del producto interno bruto. La crisis educativa actual exige ponernos metas ambiciosas como esta, que permitan a nuestra sociedad acceder a una educación de calidad y excelencia.
Este ciclo nos ha dejado una serie de aprendizajes que nos permitirán afinar y optimizar las estrategias para futuras negociaciones. Hemos construido mecanismos y dinámicas de trabajo que contribuirán a fortalecer el sistema universitario como un todo. Esto nos faculta para asumir en mejores condiciones la presidencia de CONARE, que estará a cargo de la UCR a partir del 1 de enero de 2024.
Los aportes brindados por el Informe de la Facultad de Derecho, construido a partir de los insumos de docentes constitucionalistas, nos permiten comprender con mayor amplitud los alcances de los artículos 78, 84 y 85 de la Constitución, y así tener un panorama más claro sobre los escenarios en la Comisión de Enlace y la Asamblea Legislativa.
Otro logro al margen del acuerdo, pero no menos importante, es que CONARE, y en particular la UCR, hemos demostrado que no es necesario ser complacientes con el Gobierno para lograr causas que son justas. Precisamente por eso el éxito del FEES es tan significativo, porque la justicia, la razón y la Constitución no pueden ser sometidas al cálculo politiquero y así lo demostramos. Así lo demostró la Universidad y así lo demostró la ciudadanía. Ese hilo democrático del que les hablo y que nos acompaña hace más de dos siglos está ahí, sigue vivo, y no vamos a renunciar a ese legado.
Tenemos un reto como institución que no es parte del acuerdo, y es el tema de la redistribución, en el cual hay una comisión trabajando en el seno de CONARE y donde estamos muy bien representados por don Gabriel Macaya, Karen Marín y Pedro Méndez.
Finalmente, quiero agregar que en la coyuntura regional, en medio del amedrentamiento y la eliminación de universidades centroamericanas por parte de gobiernos totalitarios, las universidades públicas están llamadas a dar la batalla cultural en contra de los fenómenos autocráticos latinoamericanos y de regímenes totalitarios como el de Nicaragua.
Quiero agradecer al equipo negociador, a los equipos técnicos, a las oficinas administrativas vinculadas a este proceso, a las profesoras y los profesores constitucionalistas de nuestra Facultad de Derecho, liderados por la Dra. Marcela Moreno, al Consejo Académico de Áreas, a nuestros profesionales en comunicación, a CONARE, a las fracciones legislativas que nos apoyaron abiertamente y, por supuesto, a toda la comunidad universitaria que se sumó a esta causa. Cada reunión, cada informe técnico, cada marcha, cada foro y participación de ustedes en el debate público fueron fundamentales para alcanzar los logros que hoy celebramos.
Agradezco especialmente a la compañera Karen Marín, presidenta de la FEUCR, que nos acompañó con la autonomía, alegría, entereza, seriedad, y no menos importante, el trabajo ad honorem que ha caracterizado al movimiento estudiantil durante décadas, un actor político fundamental no solo para esta Universidad, sino para este país.
Este proceso ha mejorado nuestro estado de ánimo, el orgullo de sentir que somos parte de la institución mejor valorada del país, de que vamos a cumplir el rol constitucional que nos asignaron las y los gigantes que forjaron nuestra Constitución y nuestra preciada Patria. ¡Que se eleve al máximo el orgullo de ser parte de la Universidad de Costa Rica!
Gustavo Gutiérrez Espeleta Rector de la Universidad de Costa Rica
En el documento dirigido a la rectora y rectores integrantes del CONARE, así como a la representación estudiantil ante la Comisión de Enlace se expresa que la propuesta del gobierno perpetúa la insatisfactoria situación financiera de las universidades públicas, y además, socava la autonomía al pretender reemplazar el PLANES 2021-2025, documento realizado desde las propias instituciones estatales de educación superior, por los intereses particulares del gobierno de turno. Se evidencia así el debilitamiento continuo de la educación pública limitando el crecimiento y la inversión en equipamiento e infraestructura universitaria.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Lo sucedido en días recientes con los estudiantes de secundaria en Costa Rica debería llevarnos a la reflexión sobre la cultura política en transcurso.
En diferentes estudios de opinión se ha planteado la ausencia de horizonte futuro en las expectativas de las personas jóvenes costarricenses. Sus esperanzas no están puestas ni un proyecto país ni en suyo propio.
A esta incertidumbre debe agregarse la promesa de una vida de lujo y dinero fácil proveniente del narcotráfico, que ya ha extendido sus tentáculos en todos los espacios posibles de la realidad nacional.
No es casual entonces que esa promesa haya hecho decir recientemente a un joven estudiante en un ejercicio promovido por su profesor: “quiero ser un narco porque mi papá ahora tiene un carro y otras cosas que no tenía”.
Una revelación de esta naturaleza no es para nada aislada. Responde ciertamente a esa especie de sustitución de la política como sentido de organización de la vida (y obviamente como expresión orgánica de agrupamiento y colectivización) por estas nuevas formas de ingreso al Mercado, el consumo, la “igualdad” a través del reconocimiento y el poder.
Por eso las formas mediante las cuales los estudiantes de secundaria encararon al Presidente de la República durante una serie de manifestaciones para expresar sus necesidades en materia educativa, deben ser leídas en el contexto de subjetividades que están logrando romper la lógica de la inacción y la inmovilidad.
Recién salimos de una época compleja como lo fueron los dos años de aislamiento social producto de la pandemia. Todavía está por verse qué efectos tuvo esa individualización extrema en la cultura política nacional.
El movimiento estudiantil recién observado es por estas razones una respuesta no solo a sus deficientes condiciones educativas sino a su configuración en un sujeto político en vías de consolidarse.
