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Etiqueta: crisis fiscal

8 % ya

Escrito el . Publicado en Educación.

Manuel Hernández

1.- El ordenamiento político-constitucional de Costa Rica está sostenido en tres pilares: Estado de Derecho, democracia y Derechos Humanos.

La convergencia de los tres pilares se resume en la fórmula del Estado Social Democrático.

Además de los derechos y libertades individuales, ese modelo de Estado está configurado por los derechos sociales y los derechos fundamentales de última generación.

Los derechos fundamentales están interrelacionados y son indivisibles.

2.- El derecho a la educación es un derecho social, preeminente en nuestro ordenamiento, que se refleja en la protección que le garantizan múltiples reformas constitucionales, tendientes al fortalecimiento de la educación pública.

No es una simple abstracción jurídica.

Es un derecho subjetivo, cuya infracción es exigible judicialmente.

3.- El legislador constituyente no se limitó a reconocerlo como tal, es decir, como derecho subjetivo, sino que también estableció un dispositivo presupuestario para garantizar su efectividad.

Ese dispositivo está contemplado en el artículo 78 constitucional.

El precepto le asegura a la educación pública, una asignación presupuestaria, mínima, del 8% de PIB.

4.- Lamentablemente esa norma se ha convertido en una cláusula fallida, inútil, a merced de su constante e impune incumplimiento.

La norma constitucional constituye un mandato imperativo.

La imperatividad implica, por un lado, la obligatoriedad que tiene el Ministerio de Hacienda de incluir en el proyecto de ley de presupuesto de la República esa asignación mínima, y por otro lado, correlativamente la obligación de la Asamblea Legislativa de aprobarla.

Así lo determinó, de manera contundente, el Voto 12803- 2016 de la Sala Constitucional, que tiene un carácter vinculante, erga omnes.

5.- Cualquier propuesta presupuestaria que esté por debajo de ese estándar mínimo vulnera la Constitución.

6.- Mucho menos los actores sociales pueden proponer una mora de cinco años, en el cumplimiento de esa obligación, para que ilusoriamente se haga efectiva hasta la próxima década.

No es transigible ni renunciable la observancia del precepto constitucional.

6.- La sostenibilidad del presupuesto que constitucionalmente debe destinarse a la educación pública, no puede quedar a la suerte de promesas políticas o propuestas “razonables” de algunos sectores sociales y universitarios, las cuales deben confrontarse con los mecanismos de exigibilidad jurídica dispuestos en la Constitución.

7.-Mucho menos a expensas de la Regla Fiscal se puede vaciar de contenido el artículo 78 constitucional, salvo que se violente el principio de supremacía constitucional.

La crisis fiscal, que no ha sido causada por la clase trabajadora, no puede traducirse en una reducción de los derechos sociales reconocidos en la Norma Suprema.

8.- La Asamblea Legislativa tiene la obligación de garantizar el cumplimiento del mandato constitucional, ahora más que nunca que la educación pública se la trajeron al suelo.

9.- Los actores sociales y universitarios del Pacto de la Educación, que se dejaron seducir por la “flexibilización” de la aplicación de la norma fundamental, tienen que revisar su posición “conciliadora” y demandar, sin tanto doblez, el respeto de la ordenanza constitucional.

¡8 % ya!

Carlos Alvarado y Rodrigo Chaves: un fracaso compartido

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís

Si no se los sabe examinar con la suficiente agudeza y sentido crítico, los datos o indicadores económicos pueden resultar engañosos, y, al cabo, podría ocultar más de lo que revelan. Así ocurre con ciertas estadísticas fiscales que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, publicita mes a mes.

Resulta que, si excluimos los pagos por intereses de la deuda, tenemos un superávit: los gastos exceden de los ingresos, cosa que no se veía desde hace 15 años ¡Albricias! Al sumar los intereses, reaparece el déficit. Pero, incluso en tal caso, don Nogui nos repetirá la cancioncita: es el déficit fiscal más bajo que se registra desde hace muchos años.

Todo lo cual es cierto, pero eso solo nos cuenta una partecita chiquitita de la verdad.

Tengamos en cuenta, para mejor ubicar el asunto, que nuestra conversación versa sobre una estrategia de políticas frente al problema fiscal que, en su momento, fue liderada por Carlos Alvarado y el PAC, y la cual contó con un amplio apoyo multipartidista en la Asamblea Legislativa (excepto Villata y el FA), incluyendo al PLN, el PUSC y los partidos evangélicos.

Todo lo cual, como ustedes recordarán, se concretó en la Ley 9635, aprobada en diciembre de 2018. Lo cual, tiempo después, se amplió con la Ley del Empleo Público.

La cuestión incluía medidas para incrementar los ingresos y recortar los gastos, contando con la regla fiscal como su arma más poderosa, así como una grosera transformación en los sistemas de contratación y remuneración del personal. En el proceso, y con la complicidad de la Sala Constitucional, se violentaron principios constitucionales de autonomía, a la vez que se imponía un régimen burocrático autoritario y centralizado, que hacía de Hacienda y MIDEPLAN, dos superministerios.

Al cabo de casi 5 años, estamos siendo arrastrados por algunas tendencias sumamente problemáticas:

1) En materia de ingresos, la reforma ya dio lo que podía dar. Tocó techo, pegó con cerca y ello se manifiesta en un marcado declive en el dinamismo de los ingresos recaudados.

2) En materia de gastos, se está ocasionando -tal cual era previsible- un brutal desmantelamiento de la institucionalidad pública, y, en consecuencia, un marcado deterioro de los servicios, con consecuencias sociales y humanas realmente devastadoras.

3) La Ley del Empleo Público, incluso sin haberse implementado a plenitud, ya está dando gravísimos problemas. El director el OIJ lo ilustraba en una entrevista reciente: el OIJ ha venido perdiendo personal altamente calificado, y hoy se le dificulta contratar el personal que necesita, porque esta ley impone salarios que no son competitivos. Este mismo problema sin duda se sufre en todo el sector público, incluida la Caja.

4) La inversión pública está paralizada. Un titular en La Nación de hoy lo ilustra: “Construcción pública atraviesa su periodo de contracción más prolongado en 31 años” (dicen “31 años” porque corresponde al período para el cual hay datos. Posiblemente sea la contracción más prolongada de la historia). Imposible modernizar la economía y levantar su productividad de esa forma. Imposible reactivar así el empleo.

La estrategia de Carlos Alvarado, que es la misma de Rodrigo Chaves, es un fracaso total. Vamos de cabeza al abismo. Es urgente rectificar.

Costa Rica en el espejo de Grecia: crisis fiscal, deuda pública y pagos por intereses

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís

Escuché en un programa de radio una comparación que parecía establecer una similitud o paralelismo entre Costa Rica y Grecia (la de Europa, no el bello cantón alajuelense), en asuntos atinentes a la cuestión fiscal, la deuda pública y los pagos por intereses de la deuda. Ese era un símil muy frecuente hace algunos años. Hoy, aunque menos habitual, no deja de circular. Creo que es una comparación que puede resultar fértil, pero la cual exige suma cautela, ya que, desde diversos e importantes puntos de vista, son casos disímiles.

Empecemos por recordar que en Grecia hubo una deliberada falsificación de los datos, realizada por el gobierno conservador de Konstantinos A. Karamanlis, para lo cual contó con la cómplice y delincuencial colaboración de Goldman Sachs, uno de los gigantes neoyorkinos de la banca de inversión. Cuando Yorgos Papandréu, del Partido Socialista, asumió el poder en 2009, dio a conocer la realidad: el déficit fiscal no era del 3,7% del PIB, según la mentira del gobierno anterior, sino cercano al 13%.

No solo había una mentira, sino que el déficit era mucho más alto del que jamás hemos tenido en Costa Rica. De hecho, en el período reciente, el nivel más alto registrado -cercano al 8%- se alcanzó en el contexto de la pandemia, o sea, en el año 2020. Además, y relativamente al tamaño de su economía, la deuda pública de Grecia era, y sigue siendo, mucho mayor que la nuestra: al inicio de la crisis, allá por 2009-2010, se encontraba en los alrededores del 145-150% de su PIB. Hoy, 13 años después, y luego de un larguísimo período de mortificante y destructiva austeridad fiscal, todavía excede del 170%, o sea, más de 20 puntos por encima de donde estaba al inicio de la crisis ¿podría haber mejor forma de comprobar el fracaso de las políticas de austeridad? En nuestro caso, la deuda pública alcanzó un 68% en 2021, y ahorita andamos en los alrededores del 62-63%.

Pero hay una diferencia fundamental, habitualmente menospreciada e incomprendida, incluso por el común de nuestros más reconocidos economistas: Grecia carecía de una moneda propia. Siendo parte de la Zona Euro, no podía gestionar su propia moneda y dependía de las decisiones del Banco Central Europeo (BCE). Su deuda, por ello mismo, era totalmente vulnerable a los ataques especulativos de los inversores, en especial los fondos de cobertura, cuyo negocio consiste en apostar a la ruina de empresas, inversores e, incluso, países.

En la cúspide de la crisis de la deuda europea, en julio 2012, Mario Draghi, presidente del BCE en aquel momento, pronunció, en Londres, las palabras milagrosas: «dentro de su mandato, el BCE está listo para hacer lo que sea necesario para preservar el euro. Y créanme, será suficiente». Es muy discutible que lo haya hecho “dentro de su mandato”. Todo indica que fue más allá, puesto que el BCE fue creado bajo el influjo de la ortodoxia dominante del Bundesbank, o sea, el Banco Central de Alemania, y, por lo tanto, fuertemente orientado al combate de la inflación y muy poco más. Pero, y en todo caso, lo importante es que Draghi, y el BCE, lo hicieron, y, entre otras cosas, eso impidió la quiebra de España, y la implosión del euro, aunque no las brutales políticas de austeridad que agravaron y prolongaron la crisis innecesariamente.

Aunque maltrecha y golpeada, Costa Rica todavía tiene una moneda nacional, y, todavía, la mayor parte de nuestra deuda está en colones: un 75% del total, aunque hay que reconocer que esto se ve artificialmente favorecido por la fuerte baja del dólar en los últimos 15 meses, lo cual disminuye el peso de la deuda en moneda extranjera. Si la tasa de cambio dólar-colón estuviera hoy a su nivel de junio 2022, la parte de la deuda en colones sería algo más baja: un 73%, y el peso de la deuda total, como proporción del PIB, estaría en los alrededores del 65-66%.

El mayor peso de la deuda en colones ha sido una ventaja a nuestro favor, porque ello ha atenuado las posibilidades de sufrir ataques especulativos desde el exterior. Contradictoriamente, algo de eso, o sea, algo de tales arremetidas especulativas, se ha vivido a la interno, lo cual reiteradamente se ha visto reflejado en presiones para que el Ministerio de Hacienda ofrezca tasas de interés más rentables, sobre sus emisiones de bonos en colones. Y, de hecho, históricamente hemos pagado tasas irrazonablemente altas sobre esas emisiones de deuda interna. Así, el año pasado pagamos una tasa de aproximadamente un 8%, o un poco más, lo cual resulta una verdadera locura.

De ahí que, en el bienio 2021-2022, pagáramos, por concepto de intereses, un monto cercano a los cuatro billones de colones (cuatro millones de millones), lo cual supera en un 50% el presupuesto anual dedicado a educación, y en más del 40% el total de la deuda del gobierno con la Caja, la cual, como bien sabemos, la administración de Rodrigo Chaves se niega ni siquiera a reconocer.

Claramente la política basada en recurrir a endeudamiento externo como instrumento para bajar los pagos por intereses, en la que se viene insistiendo desde hace unos 5 años, ha fracasado ruidosamente. Cuando, por otra parte, al crecer la parte de la deuda en moneda extranjera, también se acrecienta nuestra vulnerabilidad frente a eventuales ataques especulativos.

Y, entre tanto, y paradójicamente, funcionamos con base en un dogma, bien establecido y al parecer irrompible, que impide que el Banco Central colabore de ninguna forma concebible con el Ministerio de Hacienda, para amortiguar las presiones especulativas que surgen a lo interno de la economía costarricense, y que elevan de forma inaceptable las tasas de interés. Aclaro: no digo que sea esto lo único que debería hacerse, pero sí enfatizo que es una de las herramientas a las que deberíamos echar mano.

Aquí bien vale recordar la frase de Mario Draghi, pronunciada en 2012, a la que hice referencia previamente, cuando advirtió que el Banco Central Europeo (BCE) haría lo necesario para impedir lo que de otra manera iba a ser el derrumbe definitivo de la Zona Euro. Reitero la advertencia: no se trata de establecer comparaciones antojadizas y arbitrarias: ni nuestro Banco Central es el BCE, ni Costa Rica es Europa, ni nuestra situación actual es la de la Zona Euro en aquellos momentos.

Pero un detalle debemos recuperar y destacar: potencialmente el Banco Central posee herramientas que le permitirían incidir sobre los pagos por intereses, y reducir así, siquiera en parte, la magnitud desorbitada que estos alcanzan. No lo hace esencialmente porque seguimos bajo el poderoso influjo de implacables fantasmas ideológicos.

Pero todavía hay un segundo detalle que no debemos olvidar: el estrepitoso fracaso de las políticas de austeridad en Grecia. En un contexto ciertamente diferente, y aunque no tan brutales en nuestro caso, esas políticas también en Costa Rica vienen causando grave daño. También en este aspecto estamos atrapados por perniciosos espectros ideológicos.

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Tomado del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2023/09/costa-rica-en-el-espejo-de-grecia.html?m=1

Los privilegios fiscales de industrias contaminantes: los importadores de agroquímicos

Escrito el . Publicado en Madre Tierra.

Comunicado FECON – Bloque Verde 

  • Rodrigo Chaves tiene razón al decir que el mercado de agroquímicos está muy  concentrado.

  • Gravar la importación de agrotóxicos generaría al menos ₡11mil millones al año de recursos frescos para Hacienda.

  • Con poner impuesto a la importación NO habrá incremento de costos para consumidor final.

Según el informe del Ministerio de Economía, Industria y Comercio las exenciones fiscales de las empresas importadoras de agrovenenos para el año 2011 llegaron a los 22 millones de dólores, en ese año Costa Rica importaba aproximadamente 7,5 millones de Kg. Para el año 2019 el volumen de importación de plaguicidas llegó a 18 millones de Kg, mismos que recibieron exenciones fiscales que superan los 22 millones de dólares en 2018 con datos del PNUD, pero puede llegar hasta los 54,6 millones de dólares. Es decir, unos 32mil millones de colones.

Un punto a resaltar del informe de 2011 del MEIC titulado “Estado del Mercado de Agroquímicos en Costa Rica” es clave en esta discusión, debido a que se detectan una serie de distorsiones en el mercado de plaguicidas que resultan muy importantes debido a que le “restan competitividad al sector agrícola”.

El MEIC señala con detalle estas distorsiones: (a) Concentración en las importaciones de ingredientes activos en pocas empresas; (b) limitada información al productor sobre posibles sustitutos de principios activos que puede utilizar de acuerdo a sus requerimientos; (c) no dispone de información sobre el precio de los agroquímicos en los distintos puntos de venta del país. (d) El pequeño productor y productora debe comprar sus productos en los eslabones finales de la cadena lo que implica el pago deprecios más altos; (e) No existe transparencia en las estrategias de comercialización utilizadas por los proveedores en el mercado; (f) La falta de la construcción y el seguimiento de una base de datos permanente, no permite llevar un monitoreo permanente de la comercialización de agroquímicos en todos los eslabones de la cadena, lo cual limita el poder actuar del Gobierno, en casos de situaciones anormales de mercado. (g) Distribución del mercado entre empresas según ingredientes activos; (h) Precios más altos para los pequeños y medianos productores que no disponen de volumen de compra, ni liquidez y deben asumir cadenas de comercialización más extensas con precios más altos.

El MEIC concluye que la aplicación de la exoneración de los impuestos a la importación de maquinaria, equipo e insumos para la actividad agropecuaria no cumple la razón de ser de la Ley de Exoneraciones n° 7293. Una recomendación para el Ministerio de Hacienda de parte del MEIC señala: “… partiendo del hecho general, podría asumirse que el beneficio fiscal que crea el Estado, es para fomentar una actividad en la cual el Estado tiene un interés de desarrollar el sector productivo agropecuario costarricense y no beneficiar al sector productivo de otros países por medio de la exportación, la cual cuenta con instrumentos específicos”.

Esto lo menciona el MEIC debido a que Costa Rica se ha convertido en un reexportador de agrovenenos al resto de países centroamericanos y caribeños. Se cree que una cuarta parte de los agroquímicos importados son reexportados. De esta manera nuevamente el beneficio de la exonerasión lo termina aprovechando las empresas re-exportadoras y no los agricultores.

Entre las distorsiones más importantes está la tenencia al monopolio. Para dar algunos ejemplos podemos mencionar que en el caso del glifosato (producto formulado), son 20 las empresas que lo importan, a pesar de esto tres de ellas concentran el 70%. Por su parte el mancozeb (producto formulado) es importado por 15 empresas sin embargo, una sola empresa concentra el 89,96% del total delas importaciones de este plaguicida. El paraquat (producto formulado) es importado por seis empresas,sin embargo, tres empresas concentran el 77%. En el caso del oxamil (producto formulado), es una sola empresa la que lo importa.

Este tema que pocas veces de debate en la opinión publica es importante que se discuta en el marco de la crisis fiscal. Porque desde hace muchos años viene funcionando un mercado de los agrovenenos que ponen en riesgo la salud humana y ambiental de país. Un mercado poco regulado y que goza de exonerasiones de impuestos que no se traducen en un beneficio para los productores.

Los sobre precios de estos agrovenenos son otros de los factores que llevan al mercado del agroveneno este distorsionado. El MEIC encontró que para los plaguicidas más usados en el país el marguen de sobre precio que manejan los importadores y las casas comerciales detallistas van desde un 45% a un 101% con respecto al valor de importación. Otro factor más que es evidente que los últimos beneficiados de la exonerasión de los impuestos a los plaguicidas son los agricultores.

Desde el Sector Ecologista proponemos es urgente gravar las actividades más destructivas y contaminantes. La importación de agrotóxicos es una actividad que generaría ₡32 mil millones al año y que además debe de ir acompañada de una reforma legal que permita la regulación de la industria que ponen en riesgo la salud humana y ambiental.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

“YO ME COMO LA BRONCA”

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Adriano Corrales Arias

Adriano Corrales Arias*

Utilizando esa frase popular, el actual presidente de la República se ganó la simpatía de miles de ciudadanos en su millonaria campaña electoral. Y, de seguro por eso, lo “eligieron”. La frase alude al personaje valiente que se enfrenta a un problema o a una disputa, la cual puede llegar, incluso, hasta la pelea callejera, dado que otras personas no están en disposición de asumirla.

Esos miles pensaron, posiblemente, que la bronca que se comería el presi, consistía en contener la contrarreforma neoliberal de los últimos gobiernos liberacionistas, “socialcristianos” y del PAC, o lo que es lo mismo, del PLUSCPAC y sus turecas. En otras palabras, detener la venta de activos estatales, eliminar la figura de concesión de obra pública, ordenar las compras del estado para evitar corruptelas y, lo más importante, ponerle coto a la evasión y elusión fiscales, máximos disparadores de la crisis fiscal. Y claro, enfrentar la corrupción y retomar la buena marcha de las principales instituciones del estado, así como la mejora de las condiciones de vida de los sectores más golpeados por esa contrarreforma, la pandemia y la crisis global: los trabajadores, los pequeños productores y emprendedores y, la cada vez más empobrecida clase media.

Pero resulta que era otra bronca la que venía a comerse el señor Chaves con sus compinches y escuderos, es decir, sus financistas; la que no arriesgaron en asumir los últimos gobernantes: venta de activos y privatización de servicios con el desmantelamiento de la seguridad social, la educación pública (sobre todo universitaria), las telecomunicaciones, electricidad, agua y la banca nacional, entre otras ocurrencias, que finalmente, no son tan ocurrentes, dado que están en la mira de muchos grandes empresarios y financieras internacionales desde el siglo pasado. Dicho de otro modo, profundizar la contrarreforma neoliberal hasta sus últimas consecuencias para acceder a un estado totalitario y corporativo estilo Chile de Pinochet, México antes de AMLO o la actual España. En breve: desmantelamiento del estado social de derecho.

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Y claro, el valiente presi luce envalentonado; se sabe apoyado por una inmensa masa intoxicada, desde hace decenios, gracias al discurso único y a la virulenta campaña anti trabajadores públicos, anti ciencia, anti saberes y anti estado social, por parte, tanto de la “prensa canalla”, como por el fundamentalismo de toda laya, ya desde iglesias y púlpitos, ya desde ciertas trincheras neoliberales como universidades privadas, cámaras patronales y ciertas embajadas. Ese conglomerado anti pueblo y anti costarricense, no repara en los graves visos inconstitucionales de decretos y “leyes” propuestas por el ejecutivo. Aplauden a un gobierno autoritario con ínfulas totalitarias, sin saber que serán ellos (la masa intoxicada) quienes, finalmente, saldrán más perjudicados.

Lo alarmante de la coyuntura es que no se vislumbra una oposición seria ante un bloque desalmado que pretende echar por la borda todas las reformas sociales que costaron tanto sacrificios y sangre en la década de los cuarenta del siglo pasado. Las cúpulas partidarias que, al final, como vimos, son las mismas, negocian parte del pastel y se ponen de acuerdo en el parlamento, para seguir desarmando el estado social de derecho y tijeretear la Constitución Política de acuerdo a sus voraces intereses. Por ello no se avizora un frente político socialmente amplio que pudiera detener esta nefasta contra ofensiva neoliberal de última hora.

La débil esperanza con que contamos, quienes padecemos desde ya al monstruo que pisa fuerte, es que los miles de intoxicados vayan abriendo los ojos y el cerebro ante la brutal embestida de quien se está comiendo la bronca a favor de sus mentores, promotores y patronos nacionales e internacionales. Para eso lo trajeron desde una de las financieras transnacionales donde laboraba, cual gris tecnócrata.

 

*Escritor

Enviado a SURCOS por el autor.

No a la privatización de nuestro patrimonio

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Miguel Corea Castro

Miguel Corea Castro*

La clase gobernante de Costa Rica, jugando fútbol con una bomba de tiempo.

No hay que caer en las estratagemas de la clase gobernante. A saber; que a Costa Rica no le queda más remedio que “vender la finca de los abuelos”, o “empeñar las alhajas de mamá”, porque ya no hay más a qué echar mano.

No nos comamos ese cuento.

El pueblo de Costa Rica no es culpable de este descalabro fiscal.

Los culpables son la clase gobernante y la burguesía que vive de la explotación.

Costa Rica es un país con grandes recursos. Lo que sucede es que los que tienen que pagar impuestos los evaden y el gobierno los alcahuetea. Además, les perdonan deudas millonarias.

El déficit fiscal del país es igual a la evasión y la efusión fiscal. Y esa riqueza que ellos se dejan es producida por los trabajadores que son los únicos que producen riqueza.

Pero ¿qué se puede esperar de los gobiernos de derecha, empeñados a quebrar las instituciones y no tocar a los millonarios?

Toda América Latina sufre de ese cáncer llamado neoliberalismo, o capitalismo neoliberal, donde los gobiernos están a merced de la agenda que le dicten las gigantescas empresas multinacionales (del norte), las corporaciones transnacionales y del Banco Mundial.

Los gobiernos neoliberales siempre van a desprestigiar y quebrar su patrimonio nacional y sus activos, para privatizarlos y venderlos a precios ridículos. Una vez que el país pierde “hacha, calabazo y miel”, no le queda otra que humillarse y volver a firmarle OTRO PAGARÉ a los poderosos prestamistas Mister Banco Mundial y su hermano Mister Fondo Monetario Internacional – los dos igualmente usureros hasta más no haber. Y así la deuda externa sigue aumentando y se convierte en un problema de nunca acabar.

Lo bueno es que, poco a poco, toda la América Latina está abriendo los ojos y eligiendo gobiernos con el corazón en el lado del pecho donde el corazón siempre debería estar, que prefieren la justicia y el bienestar social de sus pueblos.

Solo la clase obrera costarricense sigue creyéndose ese cuento de hadas, de que los ticos “somos otro nivel”, social, económica y políticamente. Y por eso continúa eligiendo los mismos amos… con diferentes nombres y colores, pero que al final son los mismos ladrones.

 

* Trabajador Social, Gestor de Desarrollo Comunitario. Defensor de los Derechos de las y los refugiados. Expastor Bautista.

MÁS ESTADO SOCIAL, NUNCA MENOS

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Los logros y avances de la Costa Rica de la segunda mitad del Siglo XX, que la llegaron a colocar entre los punteros en desarrollo humano, social y sostenible en América Latina, fueron el resultado de apostar siempre por más Estado Social y nunca por menos.

Cuatro iniciativas fueron claves y determinantes para que el país se catapultara como uno de los más avanzados del continente: la apuesta por las garantías sociales de los años 1940; por la educación, la energía eléctrica, las telecomunicaciones y los acueductos de los años 1950; y por la conservación y la sostenibilidad de los años 1960. De ahí, nuestras grandes fortalezas: salud, educación, seguridad socio-laboral, electricidad, agua potable y sostenibilidad eco-ambiental. Todo ello, como resultado de un Estado Social innovador, regulador y solidario.

Inducidos por la crisis energética de los países del mundo rico, que se trasladó como crisis de la deuda a los países pobres y de ingreso medio, se asumió a partir de los años 1980, por mandato de los organismos financieros internacionales, la consigna neoliberal de menos Estado social y más mercado. Perdimos el rumbo y caímos en picada en el abismo de la desigualdad y la pobreza, en buena medida, hoy convertida en miseria. Involucionamos, así, de la sociedad de perfil de clase media hacia la de perfil medieval de ricos y pordioseros.

En la actualidad, además de ser azotados por la Pandemia del Covid 19, estamos siendo azotados por las propuestas y acciones contra el Estado Social. Se pretende solucionar los graves problemas de la crisis fiscal y la deuda pública con medidas simplistas y sesgadas, como la regla fiscal indiscriminada, la política de salarios decrecientes en el sector público, la reducción y fusión de la institucionalidad social, entre otras. Todo ello, para no tener que volver sobre la impostergable tarea de propiciar acciones y medidas para contener la evasión fiscal e impulsar un adecuado sistema de recaudación y una mayor justicia tributaria.

Quienes hoy plantean la necesidad de un modelo de Estado eficiente y moderno, solo piensan en menos Estado Social. No en cómo construir un país con una economía social y solidaria robusta, y que contribuya a un uso equilibrado y sostenible de los recursos naturales y ambientales del país, es decir, donde su norte no sea el simple crecimiento económico al servicio de los grandes negocios nacionales y extranjeros.

El país tiene el gran desafío de retomar el rumbo por la “vía costarricense”, que siempre ha implicado más Estado Social y nunca menos. Lamentablemente, éste es cada vez más socialmente anémico y con una tendencia que favorece la oligarquización de la sociedad. Es decir, un Estado al servicio de grupos de gran poder económico y político. Transitamos, así, del Estado Social al Estado Oligárquico.

La actual Asamblea Legislativa apresura su agenda, pretendiendo dejar un legado en materia de “reactivación económica”, con una fórmula que se plantea como casi milagrosa: la descentralización de las zonas francas, para llevarlas a las regiones periféricas, económica y socialmente más deprimidas del país. Se sigue apostando al modelo de “zonas de enclave” de limitados impactos sociolaborales, como se ha mostrado también en el caso de la Gran Área Metropolitana. No se vislumbran esfuerzos significativos que potencien las condiciones y capacidades locales y regionales para impulsar y fortalecer iniciativas de pequeños y medianos emprendimientos con impactos sociolaborales sustantivos.

Para heredar a las nuevas generaciones, una Costa Rica donde la salud, la educación, el trabajo “decente” y la vivienda digna, entre otros, sean derechos garantizados para todos sus habitantes, necesitamos apostar por más Estado Social, nunca por menos.

 

Enviado a SURCOS por el autor.

La soga en la casa del ahorcado

Escrito el . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Al arribar a su final, se puede concluir que esta campaña electoral de cara las elecciones de este 6 de febrero, sigue sin mostrar la profundidad que ha debido tener ante la grave crisis múltiple que enfrenta Costa Rica en este duro y desafiante presente.

Casi todos los candidatos presidenciales se han dedicado a endulzar los oídos de los electores, practicando una comunicación política camaleónica. Sus estrategias de campaña se han centrado en ganar electores, o no perderlos si ya consideran que los han conquistado, evadiendo la apreciación diagnóstica rigurosa de la realidad del país. Consecuentemente, no han ahondado en soluciones que se ajusten a la gravedad de los problemas que enfrentamos como sociedad. Ese abordaje tangencial apenas ha rozado el epitelio de los problemas, desafíos y propuestas de solución que demanda el país, según hemos notado en entrevistas y declaraciones de la mayoría de los candidatos, así como en los debates presidenciales.

Un ejemplo concreto de esta situación lo hallamos en el tema de un posible impuesto a las llamadas Zonas Francas; las cuales se han convertido en un componente importante de la economía costarricense. Al definir qué es una Zona Franca, el artículo 1 de la Ley N° 7210, expresa que “es el conjunto de incentivos y beneficios que el Estado otorga a las empresas que realicen inversiones nuevas en el país, siempre y cuando cumplan los demás requisitos y las obligaciones establecidos en esta ley y sus reglamentos.”

Los incentivos y beneficios que el país les otorga a diversas empresas que se han acogido al Régimen de Zonas Francas (RZF), han hecho que este sector –desde que se establecieron las primeras empresas en el año 1990–, haya crecido significativamente a los largo de los últimos 30 años. Valga destacar que durante el gobierno de Carlos Alvarado se sumaron 153, con lo que actualmente existen 546 empresas beneficiarias de este régimen.

Un incentivo que se vuelve muy atractivo para las empresas que se acogen al RZF, son las múltiples exenciones tributarias que ofrece el país. En este sentido, un dato publicado recientemente por el “Semanario Universidad”, es muy ilustrativo: En el año 2019, las exoneraciones en las Zonas Francas alcanzaron la suma de 375.784 millones de colones; lo que equivale a 1,04 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Cuando en los intercambios entre los candidatos y los partidos, lo mismo que en la propaganda prevaleciente, se ha asociado el crecimiento del RZF casi exclusivamente, a tales exenciones impositivas, se atisba un claro reduccionismo argumental. Siendo como lo es un atractivo muy importante, desde luego que no es el único. La histórica estabilidad política y social del país, los servicios que brinda, un Estado de Derecho robusto, la formación académica y técnica de un sector de la población, el bilingüismo que ofrecen muchos potenciales trabajadores y, desde luego, la cercanía sus con casas matrices, sobre todo las ubicadas en Estados Unidos, constituyen componentes (que combinados), han convertido al país en un país atractivo para la inversión extranjera directa (IED) y para que muchas compañías se hayan acogido al RZF.

Como se ha indicado, aun cuando la economía costarricense sufrió los duros embates de la pandemia de la Covid-19, el sector de las Zonas Francas siguió creciendo, manteniendo un significativo dinamismo. El sector creció un 8 % en producción y generó alrededor de 20.000 empleos nuevos en 2020.

Todo indica que en este año 2022 y venideros, las empresas extranjeras atraídas por el RZF pueden seguir arribando al país por dos factores combinados. Por un lado, muchas empresas estadounidenses asentadas en China esterarían considerando su migración, porque en los últimos años los salarios en ese país se han incrementado entre un 10 y 15 %, con lo que el atractivo de mano de obra muy barata ha empezado a desvanecerse. Por otra parte, el altísimo aumento en los costos de los fletes en el transporte marítimo, están generando un incremento significativo en el costo de las mercancías al arribar a sus destinos de venta al por menor.

Así el llamado “offshoring” está convirtiéndose en “reshoring”; es decir empresas que tenían asentada la producción lejos de Estados Unidos, están desarrollando procesos de retorno. Este proceso se empezó a desarrollar con el gobierno de Donald Trump, cuando su administración decretó un paquete de medidas para incentivar la producción nacional y recuperar empleos perdidos. Eso tuvo un efecto breve pero no tan relevante como se esperaba. Mientras tanto la administración de Joe Biden ha buscado incentivar el “reshoring”, con el fin de resolver los problemas en las cadenas productivas, que han hecho que anaqueles de supermercados y almacenes, se hayan mostrado vacíos en los meses recientes.

Es dentro de este contexto que el propósito de seguir atrayendo IED y que compañías estadounidenses lleguen a las Zonas Francas, se convierte en una posibilidad real para el país, en el marco del denominado “nearshoring”, que es la alternativa a la repatriación productiva y que significa que las empresas desarrollen su producción en el “vecindario”. Y Costa Rica está relativamente cerca de Estados Unidos. Este es un factor a considerar seriamente a la hora de ofrecer las ventajas comparativas del RZF costarricense en la presente coyuntura.

Así las cosas, ofreciendo tantos atractivos, ¿Por qué casi todos los candidatos presidenciales no entran a considerar fijar un impuesto, justo y razonable, a las jugosas ganancias que obtienen las empresas ubicadas en las Zonas Francas? En entrevistas y debates, los candidatos reaccionan tan rápido como tensos resortes, rechazando la idea aun cuando la obtención de recursos frescos es un imperativo ante la grave situación económica y fiscal que enfrenta el país y para poder estimular y desarrollar un sector económico tan alicaído como el conformado por los productores nacionales, medianos, pequeños y micro emprendedores, que no cuentan con ningún tipo de estímulos y exoneraciones de impuestos.

Sin duda que es necesario darle impulso a la estrategia de desarrollo del RZF, creando las condiciones para que éstas se ubiquen no sólo en la Gran Área Metropolitana. Es urgente y necesario que se sitúen también en zonas rurales y costeras, a fin de abrir oportunidades laborales en esas regiones. Por supuesto, al mismo tiempo que se ofrecen oportunidades educativas en carreras que hagan que trabajadoras y trabajadores de esas zonas, adquieran los conocimientos técnicos para aprovechas esas oportunidades.

Pero insisto: ¿Por qué prácticamente se sataniza la posibilidad de que se fije una tasa impositiva que permita que esas empresas contribuyan al desarrollo del país, en un aspecto que no sea solo la contratación de trabajadores?

Es bien sabido que habitamos un país donde la evasión fiscal, la elusión y el contrabando impiden la recaudación de los urgentes ingresos para atender las obligaciones de la deuda, las inversiones públicas, los programas sociales y, en general, el desarrollo del país. Hace falta un Gobierno que realmente le ponga coto al no pago de impuestos, de grandes empresas y personas sumamente ricas. Solo de esta manera, se puede reducir la desigualdad y la repudiable concentración de la riqueza en pocas manos. Por otro lado, la necesidad de una reforma fiscal, progresiva y justa sigue siendo un tema pendiente.

Pienso, en suma, que desde las Zonas Francas podrían provenir recursos que ayuden al mejor desarrollo de Costa Rica, sin afectar en forma significativa los estímulos y condiciones favorables que el país ofrece mediante el RZF. No se trata de afectarlas sino buscar una solución justa y razonable para el país y las empresas, especialmente por los desafíos que impone el periodo pandémico y post pandémico que vivimos. Por eso no se justifica que en un tema de debate tan relevante en está gélida campaña electoral, casi todos candidatos, partidos y la mayoría de los medios informativos, lo hayan tratado como si se hablara de la soga en casa del ahorcado.

(2 de febrero, 2022)

Inflación en Costa Rica: ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina?

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Economista / Director a.i. CICDE-UNED

Me resultó, no sé si decir jocoso o simplemente interesante, el debate que días atrás escenificaron varias diputadas y diputados con Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, en relación con la compra, por parte de esta última entidad, de bonos de la deuda pública en el “mercado secundario”, es decir, adquiridos, no directamente de la tesorería del gobierno, sino de gente u organizaciones (como los fondos de pensiones) que los adquirieron previamente. La cuestión giraba alrededor de si eso implicaba emisión de dinero, y se desgranaba en plañidos de tribulación y angustia, acerca de las posibles implicaciones inflacionarias que ello tendría.

Si las autoridades de los grandes bancos centrales del mundo lo oyesen, de seguro se carcajearían, tal es la ignorancia que estas discusiones evidencian. Y eso que tales personajes no son precisamente un ejemplo de progresismo y heterodoxia. Pero lo más bonito es que son supersticiones alimentadas por los economistas del “establishment”, esos que la prensa entrevista y que son los únicos a los que esas élites políticas escuchan.

EL cuento de que, al comprar bonos de deuda pública, el Banco Central emite dinero, y que al hacerlo provoca inflación, se alimenta de una fantasía cuya autoría es atribuible a Milton Friedman, y que se resume en la célebre frase: “la inflación, en última instancia, es siempre un fenómeno monetario”. Lo cual, sin embargo, elude y, por lo tanto, deja sin respuesta una pregunta muy básica: ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿La inflación o la emisión monetaria? En realidad, hay buenas razones para pensar que la emisión sigue a la inflación, y no a la inversa, puesto que, como ha quedado bien demostrado, los mecanismos de creación del dinero son endógenos al sistema económico.

En realidad, la inflación es mucho más que un fenómeno monetario. Puesto en cortito, habría que decir que es un fenómeno complejo. Sobre todo, tiene que ver con dos cosas: las capacidades productivas de la economía y su grado de utilización; y factores de carácter político e institucional, atinentes a las relaciones de poder entre distintos grupos y clases sociales. Todavía cabría reconocer también la influencia de factores sicológicos y socioculturales, es decir, estados de ánimo colectivos que, en diferentes momentos, son propicios o adversos, a comportamientos sociales que tienen implicaciones inflacionarias. También es factible, aunque en general menos frecuente, que se den “cuellos de botella”, es decir, situaciones de escasez de alguna o algunas materias primas o productos, que propicien limitaciones de oferta y generen presiones inflacionarias.

Vamos en orden.

Primero, en relación con las capacidades productivas reales de la economía, y el grado en el cual la demanda global es insuficiente o excesiva frente a esas capacidades productivas. En el primer caso usualmente no habría inflación, ya que el aparato productivo puede responder con relativa holgura a una mayor demanda, sin que surjan presiones ascendentes sobre los salarios ni presiones sobre la capacidad instalada que eleve los costos. En el segundo, es muy probable que sí la haya, precisamente porque, al estar muy cerca del límite máximo de la capacidad productiva, aparecen tensiones que, eventualmente, elevan salarios y costos. En la actual realidad de Costa Rica, con enorme desocupación de las fuerzas productivas, altísimo desempleo, y un nivel de producción muy inferior al potencial, no hay, por este lado, riesgo alguno de inflación. La demanda podría ampliarse e incentivar más empleo y más producción, sin generar más inflación, puesto que, como ya dije, la economía produce hoy muy por debajo de su real capacidad.

Pero, como indiqué más arriba, la cuestión se complejiza adicionalmente por razones políticas y en función de determinadas relaciones de poder, y en el contexto de particulares estructuras institucionales que, en mayor o menor grado, lo propician o desincentivan, todo lo cual se resumen en la metáfora acerca de la “espiral precios-salarios”, lo cual atiende a una pugna redistributiva entre trabajo y capital, la cual opera sobre el telón de fondo de un determinado marco institucional. Hacemos referencia, pues, a la competencia entre salarios al alza y precios al alza, los unos persiguiendo a los otros. Pero, para que ello se concrete, se necesita una fuerza de trabajo organizada en sindicatos fuertes y con capacidad de negociación, algo totalmente ausente hoy en Costa Rica, donde las personas trabajadoras están en posición de extrema indefensión frente a la parte patronal, y donde la propia institucionalidad pública, se muestra vacilante y omisa a la hora de cumplir con su cometido fundamental: defender a la parte más débil que es, obviamente, la de las trabajadoras y trabajadores. Todo esto inutiliza, y prácticamente anula, el mecanismo precios-salarios.

Como asimismo indiqué, en determinados momentos puede incidir un cierto estado de ánimo, al modo de un efecto sicológico de alcances colectivos, que se visibiliza en comportamientos inflacionarios. Es algo que tiene su dosis de irracionalidad, en cuanto comporta un “efecto imitación”, cuando cada quien cree que debe ir adonde van los demás, como al modo de un comportamiento manada. Pero, por otra parte, no es algo que surja antojadizamente, ya que usualmente ha habido o hay algo en la realidad, que potencia ese comportamiento. Fue, en parte considerable, lo que ocurrió durante la crisis de 1980-82 en Costa Rica, cuando se generalizó una sicología inflacionaria, alimentada por la devaluación caótica que entonces se experimentaba. La devaluación misma elevaba los precios de productos importados, pero, por razones de sicología colectiva, el efecto se generalizaba a todos los bienes y servicios. Se observó también a lo largo del extenso período de alrededor de 20 años, durante el cual se aplicó la política de minidevaluaciones. Como éstas se hicieron muy previsibles, asimismo propiciaron un comportamiento de anticipación y ajuste a la devaluación esperada.

Todavía quedan otras posibles fuentes que incentiven la inflación: la presión al alza de los precios internacionales de los combustibles o de los alimentos importados, por ejemplo. O, en fin, como ya lo mencioné, las situaciones de “estrangulamiento de la oferta”, cuando escasea alguna materia prima o producto.

Es entonces oportuno enfatizar lo siguiente: en contra de la superchería usual, la real explicación de la fuerte inflación de inicios de los ochenta en nuestro país, hay que buscarla, no en la emisión de dinero, sino en la desordenada devaluación y el alza de precios de productos importados, en especial los combustibles, en un contexto institucional y de relaciones de poder, en que la “espiral precios-salarios” todavía conservaba vigencia.

Toda esta mitología urdida alrededor de la emisión monetaria y la inflación, forma parte del material que construye y solidifica los barrotes de una jaula en la que Costa Rica hoy está prisionera. Es la jaula del déficit fiscal y la deuda pública, un par de espectros que aterrorizan y petrifican. Se agita la historia atemorizante de la inflación, para impedir que se haga nada que pudiera ampliar los márgenes de maniobra frente al déficit, y de este último se hace un tótem sagrado, en cuyo altar se sacrifica la vida de las generaciones actuales y de las no nacidas.

 

Publicado en el blog
https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2021/09/inflacion-en-costa-rica-que-es-primero.html
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Costa Rica: El déficit fiscal no es el villano que nos pintan

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís
Economista, Director a.i. CICDE-UNED

La versión en PDF de este artículo puede ser descargada aquí: https://www.academia.edu/51437970/Costa_Rica_El_d%C3%A9ficit_fiscal_no_es_el_villano_que_nos_pintan

Resumen: este artículo busca satisfacer dos objetivos, principalmente: 1) demostrar que el proceso de recuperación de la economía y de los empleos en Costa Rica, tras el fuerte golpe inicial de la pandemia del Covid-19, es sumamente lento e insatisfactorio; 2) formular la tesis de que la persistente atonía de la actividad económica y del empleo, está fuertemente influida por la opción prevaleciente a favor de una política fiscal restrictiva, que opta por la austeridad y el recorte.

Hacia agosto de 2020, en la etapa inicial de la pandemia del Covid-19, los ingresos que el Gobierno Central recibía, caían cerca de un -12%, comparados con las cifras de un año antes (agosto 2019). En total, esa reducción alcanzaba los ₡369 mil millones. Cabría decir que, al dejar de afluir hacia las arcas públicas, ese dinero permanecía en cambio en los bolsillos del sector privado de la economía, lo cual, en aquel momento de derrumbe, era bueno.

Pero esa parte positiva del asunto jamás fue reconocida. Estruendosas, sonaron las alarmas para advertir que se avecinaban cataclismos y calamidades, puesto que, como resultaba obvio, el déficit fiscal se estaba incrementado, y amenazaba terminar el año en cifras sin precedentes de 9, quizá 10% del PIB. Al final de 2020, diferente a las estridencias amarillistas de alguna gente, terminó en 8,1%.

Y, sin embargo, tiene mucho sentido pensar que, contrario a la película de terror que nos pintaban, la ampliación del déficit fiscal más bien aportó un colchón que atenuó la caída de la economía. Baste recordar que, entre febrero y julio de 2020, se destruyeron más de 500 mil empleos, lo cual desataba fuerzas contractivas poderosísimas. La economía pudo tener un hundimiento catastrófico. Al final del año, la economía costarricense se contrajo un -4,1%, malo, sí, pero bastante menos que el promedio de -6,8% para América Latina en su conjunto, y mucho menos que el -11% de Perú, el -10% de Argentina, el -8% de México y El Salvador, y ni se diga el -17,9% de Panamá.

Acontecía que el gasto deficitario del gobierno contribuía a sostener la demanda total en la economía, en momentos en que la demanda privada se desplomaba en picada, como consecuencia de que el desempleo, que ya era muy alto antes del Covid-19, en cosas de tres meses prácticamente se duplicó, mientras centenares de miles de personas se salía de los mercados laborales. El gasto público y el déficit fiscal, tan aborrecidos por el empresariado privado, propiciaban que el golpe para sus negocios fuese menos severo de lo que pudo haber sido, y que el derrumbe de la economía no alcanzase las magnitudes de vértigo que potencialmente podría haber tenido. Eso es así, no obstante que ese efecto positivo se veía limitado -y así sigue siendo hasta el día de hoy- porque gran parte de ese déficit correspondía a pago de intereses, cuya contribución a la dinamización de la demanda es, por diversas razones, más limitado.

Y, sin embargo, al entrar en 2021 las tornas se vuelve y la tonalidad cambia. Ahora es Costa Rica la que se queda en el pelotón de retaguardia. La CEPAL estima un crecimiento promedio del 5,2% para América Latina y el Caribe en su conjunto, liderado por Perú (9,5%), Chile (8,0%) y Argentina (6,3%). Muy atrás queda Costa Rica: 3,2%.[1]

Que, en todo caso, esa tasa de crecimiento para Costa Rica es engañosa, ya que está inflada por la expansión desorbitada de las zonas francas, la cual solo tiene un efecto nimio sobre el resto de la economía, por lo que tampoco fructifica en una creación satisfactoria de empleos. Dejaré de lado ese mundo feliz de los parques industriales -el llamado “régimen especial” según lo designa el Banco Central-, y en lo que sigue me concentraré en “la otra economía”, que provee empleos a cerca del 95% de las personas trabajadoras y paga la casi totalidad de los impuestos.

La medición convencional del valor de la producción de esa “otra economía”, realizada por el Banco Central con base en el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), muestra que a lo largo del trimestre marzo-abril-mayo 2020, se sufre un desplome del -9,5%, respecto del dato de febrero de ese año. En junio empieza una recuperación que, de tan tímida y limitada, no merecería ser considerada como tal, al punto que, a junio de 2021, tras 13 meses de “recuperación”, el dato respectivo todavía está un -4,1% por debajo de su nivel de febrero 2020. En cualquier país del mundo se la consideraría una recuperación sumamente anémica e insatisfactorio. Pero aquí se nos quiere hacer creer que merece celebrarse.

Si, además, comparamos la evolución registrada a lo largo del primer semestre de 2021 con la observada en el segundo semestre de 2020, notaremos que la economía no gana impulso, no obstante el avance, gradual pero sostenido, hacia la eliminación, o, por lo menos, la reducción sustancial, de la mayoría de las restricciones sanitarias. Se suponía que ello habría de infundirle energía a la reactivación económica. No hay tal: el avance, si cabe llamarlo así, sigue siendo lento y contenido.

Quedamos, entonces, en el pelotón rezagado en materia de crecimiento a nivel latinoamericano, pero, en cambio -con tasas de desempleo que se mueven en el rango del 17-18%- lideramos los rankings del desempleo.

Todo lo cual tiene muchísimo que ver con la política fiscal (gastos públicos e impuestos) en aplicación. Las cifras que presenta el Ministerio de Hacienda para 2021, no son directamente comparables con las de 2020, porque suman un componente que anteriormente no incluían: el gasto e ingresos de los llamados “órganos desconcentrados” (OD). Sin embargo, el Banco Central realizó los ajustes estadísticos necesarios de forma que, excluyendo los OD, pudiera compararse la evolución efectiva de las cuentas del Gobierno Central. La conclusión es contundente: al mes de junio 2020, sin incluir intereses, el gasto se reduce en -7,1%. Inclusive sumando intereses, se registra una reducción de -3,5%. La parte de transferencias corrientes -las cuales son giros de dinero a instituciones diversas tales como: CCSS, universidades, FODESAF, IMAS, juntas de educación, IAFA, etc.- se les aplica un tajo de -15,5%.[2]

No obstante lo anterior, las cifras que se presentan en la página web del Ministerio de Hacienda, muestran un notable incremento en los gastos de capital (inversión). Al mes de julio, y comparadas con julio 2020, aumentan en un espectacular 42,8%. En parte, las cifras han de estar infladas por posibles gastos de capital de los “órganos desconcentrados”, los cuales, como ya indiqué, no se incluían en los datos de 2020. Pero incluso así, y en virtud del recorte brutal que se había aplicado en 2020, son números que se sitúan un -5% por debajo de las cifras de dos años atrás, o sea, las de 2019.

Pero, lo que es más importante, resulta que, hasta en el mejor de los casos, es un monto de inversión pública sumamente modesto, en el orden de 1,4% o 1,5% del PIB, cuando, en realidad, nuestro gobierno debería estar invirtiendo arriba del 4% o 5%, en planes de emergencia para la creación de muchos empleos en el corto plazo, y programas de inversión de mediano y largo plazo en áreas como el transporte público, las energías limpias, la vivienda popular y de clases medias, la infraestructura sanitaria, educativa y de cuido, la fibra óptica, acueductos, recuperación de cuencas de ríos, ciencia y tecnología. Entre tantos otros ámbitos, de similar importancia.

Mientras esto ocurre, los ingresos del gobierno dan un notable salto. Las razones son diversas, pero el caso es que, incluso con los necesarios ajustes estadísticos que, como ya indiqué, fueron realizados por el Banco Central, a junio 2021, y comparados con junio 2020, crecen un 12,6%. Lo cual pareciera ser algo positivo, pero deja de serlo en el contexto de una economía ralentizada y con altísimos niveles de desempleo. Si por lo menos esos ingresos adicionales financiaran programas de creación de empleos e inversión pública, el efecto neto sería positivo. Pero sirven exclusivamente para reducir el déficit fiscal, por lo que su impacto sobre la economía es necesariamente negativo: es dinero que se saca de los bolsillos del sector privado y son drenados de la demanda privada, sin que el sector público los devuelva al flujo de la demanda global.

Cuando, por otra parte, ha quedado claro que la relativa flexibilización de la política monetaria del Banco Central, que ha hecho descender considerablemente las tasas de interés sobre las colocaciones de créditos por parte de los bancos comerciales, ha sido insuficiente e ineficaz, tan ineficaz como ha sido la eliminación de restricciones sanitarias y la “reapertura” de la economía. En ninguno de los dos casos era de esperar otra cosa, porque en ninguno de ambos se atacan las fuerzas más profundas que frenan la economía. Todo lo cual simplemente ratifica que, sin una política fiscal enérgica, la reactivación y, sobre todo, la generación de empleos, serán mucho más difíciles y lentas.

El déficit fiscal ha devenido una especie de “pesadilla de Freddy Krueger”, en la cual hemos quedado atrapados. Es, a un mismo tiempo, el fantasma que se agita para infundir miedo, y la camisa de fuerza que nos paraliza. Lo absurdo de la situación queda mejor ilustrado, tan solo con que hagamos un somero recuento de las urgentes necesidades que nos acogotan y angustian. Pensemos tan solo en la carencia de adecuados espacios públicos -incluyendo parques, instalaciones deportivas, campos de juego y centros para la práctica del arte-, en nuestros ríos contaminados o en las limitaciones de la infraestructura de cuido para atender a la niñez, las personas mayores o las personas con discapacidad. Y, entretanto, tenemos centenares de miles de personas desempleadas.

¿No es acaso una locura que ni siquiera podamos proveer empleos temporales a esas personas para resolver ese tipo de acuciantes necesidades, mientras encuentran mejores oportunidades de empleo en las empresas?

Luis Paulino Vargas Solís, CICDE-UNED

Alajuela, Costa Rica, 7 de septiembre de 2021

Algunas cifras ilustrativas

[1] CEPAL, La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad. Informe especial Covid-19, julio 2021.

[2] Banco Central de Costa Rica, Revisión del Programa Macroeconómico 2021-2022, San José, julio 2021, pp. 47-49.

Blog del autor: http://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2021/09/costa-rica-el-deficit-fiscal-no-es-el.html