El Programa Kioscos Socioambientales le invita a la serie de conversatorios sobre la acción social en comunidades en el contexto de recortes y crisis fiscal.
Este martes 10 de diciembre a las 5 p.m. se contará con la participación de la Dra. Liliana Monge.
Transmisión en vivo a las 5 p.m. por Facebook Live en la página: Kioscos Socio-ambientales UCR.
Enviado por Mauicio Álvarez.
Sea parte de SURCOS:
Trabajar en una piñera es estar bajo el yugo de un régimen laboral abusivo, que maltrata la dignidad humana, a extremos que a menudo merecerían ser considerados los propios de un sistema de semiesclavitud. Pero es que, además, la explotación piñera provoca graves daños ambientales y múltiples prejuicios a la salud humana y animal. La contaminación de mantos acuíferos está bien comprobada, con perniciosas repercusiones para las poblaciones vecinas y elevados costos para el AYA.
Los trabajadores de las piñeras, como asimismo quienes viven en las comunidades aledañas, lo comprenden perfectamente. Y, sin embargo, no ocultan la preocupación que les ocasiona pensar que las piñeras pudieran irse. Reunido en una oportunidad con vecinos de Pavón de Los Chiles, me lo expresaban con claridad: “queremos que se regulen las piñeras, pero no queremos que se vaya, porque si no ¿en qué trabajaríamos?”.
¿Será acaso posible regularlas y al mismo tiempo retenerlas? Es que, en realidad, su rentabilidad depende de un doble subsidio: el que le proveen los trabajadores a través de jornadas laborales bárbaramente extenuantes y salarios ridículos; y el que la colectividad les da, al permitirles dañar gravemente la naturaleza y afectar la salud humana y animal, sin ni siquiera solicitarles alguna compensación a cambio. Regular, como me decían en Pavón, supone corregir tales excesos. Y, entonces, ¿se mantendrían las piñeras en operación?
Recordemos, por otra parte, el caso de la minería a cielo abierto en Crucitas. Hablar de “sostenibilidad” –como lo hace nada menos que el Colegio de Geólogos– es un oxímoron. Como hablar de un sol radiante a medianoche. Es imposible desarrollar una mina de este tipo sin que tenga importantes impactos en el paisaje, los bosques, la vida silvestre y el agua. Pero hoy nos dicen que haber frenado aquel proyecto que Oscar Arias definió como de interés público, implicó perder la oportunidad de brindar empleo a las comunidades vecinas. En su lugar, nos recuerdan, se ha establecido un tráfico clandestino del oro, que también tiene consecuencias ambientales negativas, y diversas repercusiones sociales adversas.
Lo anterior, sin embargo, deja abiertas importantes preguntas.
Primero, y aparte las consecuencias ambientales que este tipo de minería trae consigo, ¿de qué tipo de empleos estamos hablando? No son, en general, ocupaciones calificadas ni bien remuneradas, y es una actividad que, por su misma naturaleza, comporta considerables riesgos laborales. Además, la explotación minera tiene un ciclo de vida bien delimitado. Y luego, y aparte la destrucción ambiental, ¿qué les quedaría a las comunidades?
Segundo, y visto que el proyecto minero se cayó, ¿qué ofrecía la clase política como alternativa? Evidentemente nada. De haber existido esa alternativa, Crucitas no estaría atrapada en la situación deplorable que hoy se observa. Barajaban dos opciones: el “peor es nada” de la minería, o la nada desnuda. Se impuso esta última.
Lo cierto es que vivimos una época de marcada involución en la calidad de los empleos: inestables y precarizados, mal remunerados, con agravado irrespeto incluso a las más elementales normas laborales. Es sintomático que a las personas trabajadores del sector público, se les reclame airadamente gozar de estabilidad en sus trabajos. O sea: tener un empleo digno deja de ser un derecho y comienza a ser visto como privilegio aberrante. Y hay gente que gustosa se come esa torta envenenada: les parece que inestabilidad, incertidumbre y atropello son el estado deseable de las cosas, tan natural como las lluvias en pleno octubre. La dignidad no parece ser un valor que estas personas aprecien. Tales es la grave intoxicación que provoca el “ethos neoliberal”
Uber es, en muchos sentidos, icónico. La precarización es su alimento, a la vez que su hábitat. Se la defiende señalando que genera empleo. Y es cierto: provee empleo a personas que no lo tienen o a quienes sufren la urgencia de un segundo o tercer empleo. Pero es un empleo sin derechos ni protección alguna. Más aún: es un modelo que logra trastocar las bases tradicionales de funcionamiento del capitalismo, donde se suponían que los riesgos del negocio eran asumidos por el empresario capitalista. No más. Uber queda exenta de cualquier riesgo. Lo suyo es recolectar ganancias y llevárselas.
Y siendo que, para éxtasis y gloria del “consumidor”, Uber es más barato que el taxi tradicional, también es cierto que el milagro no es milagroso en absoluto: evadir todas las obligaciones sociales es solo una procaz forma de dumping. Uber reduce costos y tarifas evadiendo todas las responsabilidades que cualquier ciudadano que se respete sí cumpliría. En ese particular, Uber y las piñeras se dan la mano.
No se me malentienda: no tengo nada, ni remotamente, contra quienes se redondean unos cinquitos trabajando con Uber. Les guardo absoluto respeto, mucho más puesto que son víctimas de un modelo cuyo combustible es la irresponsabilidad.
Uber también es parte del juego de los empleos “peor es nada”. A más no haber, es menos malo trabajar en Uber que no trabajar del todo. Quizá las condiciones no sean tan groseramente agraviantes como las que se observan en las piñeras. Pero el problema de fondo es similar.
El empleo es territorio minado para las élites en Costa Rica, lo mismo la clase política, el empresariado o el poder mediático. Es tan grave y, en particular, tan pertinazmente grave, que les lanza un desafío que las deja petrificadas. Su única respuesta es, cada vez más, las ofertas “peor es nada”. Al mismo objetivo apunta la flexibilización de las jornadas laborales: que si los negocios no caminan bien, no será la empresa la que deba plantarle cara al ventarrón. No, al menos, en primera instancia. El problema –o sea, y de nuevo, los riesgos– se trasladan a las personas trabajadoras, mediante la reducción de su jornada y su ingreso salarial.
Pero el desafío va mucho más allá, y abre interrogantes de dimensiones oceánicas: automatización, robotización e inteligencia artificial y la perspectiva ominosa de la destrucción masiva de empleos.
Corresponde generar alternativas, puesto que las actuales élites gobernantes nada ofrecen.
Tomado del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/
Enviado por el autor.
Sea parte de SURCOS:
El Programa Kioscos Socioambientales le invita a la serie de conversatorios sobre la acción social en comunidades en el contexto de recortes y crisis fiscal.
Este martes 03 de diciembre se contará con la participación de José María Gutierrez, del Instituto Clodomiro Picado, sobre los recortes en los programas de acción social.
Transmisión en vivo a las 5 p.m. por Facebook Live en la página: Kioscos Socio-ambientales UCR.
Enviado por Mauricio Álvarez.
Sea parte de SURCOS:
El Centro de investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED le invita al conversatorio: «Crisis fiscal y estancamiento económico: el FEES en su contexto» este miércoles 30 de octubre a las 3 p.m. en la Sala de la Escuela de Ciencias de la Administración.
Participantes:
Vino la crisis económica mundial, que inicia en 2007 en Estados Unidos, y luego se agudiza hasta alcanzar su clímax hacia fines de 2008 e inicios de 2009.
Los efectos de aquella gran perturbación mundial, empezaron a sentirse en Costa Rica desde 2008, pero más claramente en 2009.
Después de aquello, valga enfatizarlo, la economía costarricense nunca más volvió a ser lo que solía ser.
Como si nos hubiésemos deslizado hacia una “nueva normalidad”, pero, paradójicamente, una «normalidad patológica»: gravísima crisis del empleo, pertinaz crisis fiscal, agudizados desequilibrios regionales, disminuido dinamismo económico. Todo lo cual conlleva nefastas consecuencias sociales.
Más un serio agravante: cada uno de sus síntomas problemáticos se perpetúa. Diez años después, no hay alivio a la vista.
Y, sin embargo, el período 2010-2016 fue un poquito mejor. Y ello principalmente por una razón: el empuje proporcionado por el consumo de personas y familias.
Las cosas cambiaron de 2016 para acá. Vamos cuesta abajo principalmente porque el dinamismo del consumo se derrumbó.
La pregunta inevitable: ¿cómo pudo el consumo tener tan notable desempeño si el poder adquisitivo de los ingresos de la población no ha tenido mejora alguna durante todo el período posterior a 2009 y por qué las cosas cambian de 2016 para acá?
Como dijo Cantinflas: “ahí está el detalle”. Y el detalle tiene un nombre: crédito para consumo. Por lo tanto deuda de personas y familias.
Es la burbuja del consumo que entra en fase de agotamiento a partir de 2016, y ahora nos está explotando en la cara.
La banca –en especial la privada– quiso inflarla y mucha gente se dejó arrastrar por la correntada.
La deuda proporcionó combustible al consumo que proporcionó combustible a la economía.
Ya no más.
Compartido con SURCOS por el autor.
Sea parte de SURCOS:
1) El tema de la reactivación se puso de moda con excesiva tardanza, tan solo hace alrededor de un año. Yo venía insistiendo en el punto (inútilmente desde luego) desde mucho antes, años ha.
2) El énfasis en lo fiscal, en mucho motivado ideológicamente, impidió reconocer la necesidad de la reactivación. Contradictoriamente, ello implicó crear condiciones para que el propio problema fiscal se agravase, y para que su solución se hiciese mucho más costosa. Simple: una economía comatosa y entrampada en graves problemas de empleo, constituye la peor noticia para la salud de las finanzas públicas.
3) El tema fiscal quedó así inmerso en una borrachera ideológica anti-estatista, cargada de odio contra empleadas y empleados públicos y de un malsano furor antisindical. Desde ahí las élites políticas, económicas y mediáticas, acordaron un plan fiscal que constituye una propuesta antitética respecto de cualquier posible reactivación: agravaría irremediablemente la crónica anemia económica y dificultaría seriamente cualquier esfuerzo de reactivación.
4) La reactivación de la economía solo tendría sentido como un esfuerzo masivo destinado a rendir frutos en un plazo corto, y concebido como un primer paso dentro de un proceso refundacional que defina nuevos énfasis y derroteros de desarrollo para Costa Rica. Lo primero, sin lo segundo, suponiendo que tuviese éxito, tan solo daría lugar a una reanimación económica momentánea, que se agotaría al chocar contra los obstáculos más profundos –por lo tanto estructurales– que el actual “modelo económico” impone.
5) Ninguna de las anteriores condiciones –absolutamente elementales– han estado presentes, ni en las propuestas gubernamentales, ni en las del empresariado ni en las de los economistas de la ortodoxia dominante, pero tampoco en las que se presentan como “propuestas alternativas”. Ni se reconoce que el esfuerzo debe ser masivo –de gran envergadura– para tener posibilidades de éxito, ni menos se reconoce su engarce con el necesarísimo, y cada vez más urgente, proceso de reorientación del desarrollo del país.
6) Un dato es claro: si excluimos las zonas francas –un universo paralelo con apenas unos muy débiles vínculos con la economía costarricense– lo cierto es que se sufre un estancamiento económico en toda la línea: la economía está congelada, y a un pelito de caer en números rojos, aunque hay sectores que ya entraron a terreno negativo. Reactivar la economía significaría relanzarla desde ese piso al que ha caído, hasta alturas del 5-6% de crecimiento anual u ojalá más.
7) A eso me refiero cuando apelo a la “masividad” del esfuerzo requerido. Saltar del 0% al 5-6% o más, solo es posible mediante una movilización a gran escala de recursos ¿Cómo lograrlo?
8) Las versiones oficiales (las del gobierno y las del empresariado y sus economistas), o bien optan por agravar los extendidos fenómenos de precarización laboral, o bien se distraen en medidas que podrían ser necesarias y positivas (como la simplificación de trámites), pero de efectos anodinos. Lo primero intenta reducir costos salariales para tratar de recuperar rentabilidad, pero, por otra parte, ello agrava el estancamiento económico al frenar el consumo de las personas y las familias. Lo segundo, siendo quizá políticas necesarias, no alcanzan, ni remotamente, el carácter masivo y de gran envergadura, que la situación demanda. Es como poner un niño de 4 años a empujar un auto varado.
9) Últimamente el énfasis se ha trasladado hacia medidas que intentan estimular el consumo. El Banco Central asumió un cierto liderazgo, con diversas medidas destinadas a reducir tasas de interés y, presuntamente, poner más crédito a disposición de la gente (lo cual no pasa de ser una burda tontería: el crédito siempre “está a disposición” y se concreta solo si hay demanda). Transcurridos seis meses desde que iniciaron estas políticas los “no-resultados” están a la vista: cero mejoría. Otras ideas, como las de limitar las deducciones sobre salarios de personas funcionarias del sector público altamente endeudadas, agregan ruido a algo que es solo una esperpéntica sinfonía de ocurrencias.
10) Hay propuestas “alternativas” que van en la misma línea. En particular, a los proyectos de ley para poner tope a los intereses de usura. Algo sin duda necesarísimo pero, a corto plazo ¿cuál sería la magnitud de los recursos que esto movilice para estimular el consumo y reactivar la economía? Insignificante, en el mejor de los casos.
11) ¿Aumentar los salarios para reactivar el consumo y empujar la economía? Esta es otra de las ideas del progresismo. Creo que la cuestión debe ponerse en el contexto de una economía capitalista que, casi, casi, está en recesión, y que arrastra un larguísimo período –todo un decenio– de empobrecidos índices de crecimiento, con grave debilidad en la formación de nuevas capacidades productivas (inversión productiva) y nulo avance en la productividad ¿Lo soportarían las pequeñas y medianas empresas?
12) Un detalle es importante: el movimiento de una economía capitalista, tiende a ser acumulativo y auto-reforzante. O sea: las fuerzas que arrastran a la economía, lo mismo en sentido descendente como ascendente, se refuerzan las unas a las otras, y con ello profundizan y amplían el movimiento. De ahí que desde finales de 2015, y por ya cuarto año al hilo, el dinamismo de nuestra economía se mueve cuesta abajo. Algo debería romper ese círculo vicioso que nos jala en sentido descendente, y revertir el movimiento. Solo hay un mecanismo que podría lograrlo: un masivo programa de inversión pública.
13) Cierto: hay muchos “peros” que dificultan llevar adelante algo así, y muy poco interés y ninguna voluntad para romper esos “peros”. El primer “pero” tiene que ver con la conocidísima situación de déficit fiscal, lo cual, sin embargo, se podría eludir si se lograsen desarrollar –cosa que no es fácil pero sí factible– mecanismos innovadores y alternativos para el financiamiento de la obra pública. Pero eso genera mucho “susto”, lo que a su vez provoca parálisis. Hay otros “peros” (la corrupción, la burocracia, las trabas administrativas, etc.), los cuales, para ser resueltos, demandarían diálogo, generosidad y mucha capacidad de liderazgo. Todo lo cual es hoy escasísimo en Costa Rica.
14) Dije que hay muchos “peros” para hacer lo que se debería, y poco interés en dar la lucha para superar tales obstáculos. En realidad, agrego, más bien pareciera haber complacencia en que tales “peros” existan, como si se estuviese a la caza de pretextos para no hacer nada. Dije que, además, ello causa “susto”, aunque, a decir verdad, más susto debería ocasionar la posibilidad, nada descabellada, de que la economía caiga en depresión. Se prefiere entonces, no reconocer ese peligro. Un ejercicio de negación, tan vano como irresponsable.
15) En resumen: creo que se ha perdido, y se sigue perdiendo, tiempo valiosísimo ¿Podría esto cambiar? Lo dudo: no hay ni el coraje ni la visión para cuanto menos intentarlo, y ello vale lo mismo para los sectores dominantes que para los que se autoproclaman “alternativos”. No sé si la economía podría sufrir un colapso, aunque tampoco lo descarto. Lo que sí veo como muy probable es que el deterioro continúe y pase mucho tiempo antes que se registre ninguna mejoría.
Tomada del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2019/10/quince-apuntes-sobre-reactivacion.html?m=1
Enviado Marcela Dumani.
Sea parte de SURCOS:
Con suma preocupación, vemos que el presidente se ha venido desligando de la caída de la economía nacional, mientras que los empresarios alertan sobre el posible cierre de empresas.
Las cifras publicadas en medios de comunicación, alertan que hay más de treinta mil nuevos desempleados, solo en la actividad comercial, pero además la cifra aumentaría, ya que antes de que cierre el año, más de cincuenta mil pequeñas empresas dejarían de existir.
Estos datos no son ni más ni menos que el resultado de una acción que detonaron en la Asamblea Legislativa los partidos que promovieron el plan fiscal, sumado el Presidente Carlos Alvarado y el sector empresarial, principalmente liderados por Gonzalo Delgado y Enrique Egloff, siendo estos los responsables absolutos del fracaso económico en camino, porque detonaron una crisis de credibilidad y una crisis fiscal en crecimiento que no han podido detener y hoy se lavan las manos.
Es repudiable que el gobierno, en vez de desligarse, no asuma responsablemente una acción concreta como se ha planteado.
O asumen su responsabilidad y corrigen el rumbo, o abandonen sus cargos.
Firma responsable
Ulises Blanco Mora, cédula 1-0379-0880. Teléfono 8541-0783.
Sea parte de SURCOS:
Lo fiscal acaparó el debate económico en Costa Rica durante el año 2018. El gobierno, las élites políticas dominantes y los poderes mediáticos y empresariales, se afanaron por imponer un discurso único. No lo lograron, pero sí lograron aprobar una propuesta fiscal que, de tan parcial e insuficiente, resulta sumamente peligrosa.
El interés se centró, de forma prácticamente exclusiva, en la faceta contable, o sea, en las sumas y restas: incrementar ingresos fiscales y reducir gastos a fin de atenuar los faltantes presupuestarios del gobierno. Fueron ignoradas las facetas macroeconómica y social, lo cual hace improbable –o al menos mucho más costoso– resolver la parte estrictamente contable. El resultado es una propuesta fiscal que hace equilibrios en la cuerda floja, sin ningún fundamento firme en el cual apoyarse
Cuando hago referencia a la macroeconomía, hablo básicamente de un crecimiento económico que no tan solo sea suficientemente vigoroso, sino que, en especial, genere muchos empleos de calidad y distribuya ingresos con arreglo a criterios de equidad aceptables. Esto aliviaría la problemática social de la pobreza y la desigualdad, pero asimismo es clave desde el punto de vista fiscal, por sus implicaciones para los ingresos tributarios y la deuda pública, como enseguida lo explicaré.
Ignorar tales asuntos, o prestarles tan solo una atención marginal, tiene muy negativas implicaciones.
Primero, porque los ingresos del gobierno guardan una relación positiva y directa con el crecimiento de la economía y la generación de empleos. Aquellos ingresos se expanden más fuertemente cuando también la economía y el empleo lo hacen.
Segundo, los gastos del gobierno o bien aumentan de forma independiente respecto del crecimiento económico y el empleo, o bien, y a la inversa de lo que ocurre con los ingresos, crecen más cuando la economía crece menos, porque la falta de empleo agrava la pobreza, e incrementa las demandas y necesidades que la política social debe atender. Por lo tanto, cuando la economía crece poco, el crecimiento de los gastos se magnifica, no solo en forma absoluta, sino sobre todo en forma relativa al tamaño mismo de la economía.
O sea: un bajo crecimiento económico con extendidos problemas del empleo, debilita los ingresos fiscales y agranda el efecto derivado de los gastos, agudizando en consecuencia el déficit, el cual impulsa hacia arriba la deuda pública.
Pero nótese que una economía que crece lento frente a una deuda que crece mucho más rápido, conduce inevitablemente a que también se incremente el porcentaje que la deuda representa respecto del valor de la producción nacional (medida por el PIB: Producto Interno Bruto). Y es eso justamente lo que pone en marcha la bomba de la deuda: esta camina hacia su estallido en una crisis conforme su crecimiento como porcentaje del PIB no se frena y, con el tiempo, va alcanzando alturas más y más amenazantes.
Nada de esto fue tenido en cuenta en el “plan fiscal” que se nos impuso. Agréguele las severas insuficiencias inherentes al propio plan, y sus muy negativas consecuencias en el mediano y largo plazo para el Estado social costarricense. Omitiré aquí referirme a este último aspecto, que ya he discutido en otros escritos previos.
El carácter insuficiente del plan es un asunto obvio: teniendo en cuenta tanto la ley aprobada, como las diversas medidas de restricción del gasto que el gobierno ha anunciado, para 2019 tendríamos un déficit de magnitud similar al de 2018 (alrededor del 7% como proporción del PIB). La deuda en consecuencia seguirá creciendo.
Debo reconocer que las calificadoras de riesgo internacionales han examinado esto con una dosis de objetividad por completo ausente en el gobierno y las élites en Costa Rica. De ahí que hayan degradado nuestra calificación. Esto último inevitablemente dificultará y encarecerá el endeudamiento externo al que el gobierno desea recurrir, por magnitud muy significativa (unos $ 7.000 millones, alrededor de 12-13% del PIB). Se buscaba así aprovechar tasas de interés más bajas a nivel internacional, para aliviar un poco los cada vez más hinchados pagos por intereses y lograr un ligero respiro en el manejo del déficit. Tal era simplemente un poco sutil intento –de dudoso éxito– por trasladar el problema a futuros gobiernos. Nada de lo cual parece haber impresionado mayormente a las calificadoras de riesgo.
Lo único cierto es que la grave limitación del “plan fiscal”, combinada con las deprimentes previsiones de crecimiento y generación de empleos que el propio gobierno formula, tan solo garantizan una cosa: que el círculo vicioso “déficit-deuda” continuará su acción corrosiva. La relación o porcentaje “deuda/PIB” seguirá al alza, rumbo al estallido, tarde o temprano, de la crisis.
En principio, esto es solo un asunto matemático. Subyace, sin embargo, una debilidad económica fundamental, sistemáticamente desatendida. Súmele otro factor agravante: el crecimiento económico tan mediocre que oficialmente se nos anuncia, podría sin embargo ser excesivamente optimista, dada las implicaciones recesivas sobre la economía que derivan del mismo plan fiscal, y la ausencia de políticas de reactivación serias. El panorama, por lo tanto, podría ser incluso peor de lo que estoy anticipando.
Cualquier otra conclusión es mero fruto de la fantasía. No hay forma posible que este plan tenga sobre la inversión empresarial privada, el efecto mágico que con tan afiebrada imaginación le atribuye la ministra Rocío Aguilar, ni hay forma realista posible para que se dé la evolución suave, fluida y sin sobresaltos que con tan delirante optimismo, nos ha presentado el Banco Central. Sencillamente no existen los milagros.
Subsiste todavía la pregunta de si se nos estará ocultando información sobre medidas mucho más fuertes que se piensa aplicar posteriormente. Por ejemplo: IVA del 16%, cerrar instituciones, realizar despidos, privatizar empresas públicas. Si ése fuese el camino elegido –solo el gobierno puede decírnoslo– ello, lejos de desactivar la crisis, la profundizará.
En resumen: aquí no hay ningún muerto. El problema fiscal y el riesgo de crisis siguen muy vivos.
Enviado por el autor.
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No es este el momento de un minucioso análisis dogmático-jurídico del voto número 19.511 de la Sala Constitucional, porque sólo contamos con el ‘Por Tanto’. Para eso hay que esperar la publicación de los ‘considerandos’, que es donde se debe y se suele situar la fundamentación jurídico-racional de las decisiones judiciales. Sin embargo, si contamos con esos datos que ya son públicos, es posible y necesario, e incluso urgente hacer algunas reflexiones de carácter histórico y político-filosófico.
Como en tiempos del TLC y las leyes complementarias, una opaca Sala Cuarta sale de nuevo a autorizar lo indefendible, a bendecir lo irredimible. Nos recuerda aquel tiempo en que un magistrado suplente fue sorteado milagrosamente durante varios meses consecutivos, es decir: el tiempo necesario para que saliera libre de polvo y paja la última de las leyes complementarias Ahora, de nuevo las facciones de la oligarquía, que parecían distantes, escamoteando de nuevo la verdadera solución del problema fiscal que venimos arrastrando por decenios, se han reunificado para dar el siguiente paso contra la institucionalidad democrática ¡Cómo se adivina el compás de una batuta en el aparente silencio!
Estoy convencido de que, hagan lo que hagan, no podrán impedir que la cuestión fiscal sea finalmente resuelta en beneficio del pueblo, y ese es el sentido del movimiento que lleva el nombre de Alfredo González Flores. Y lo primero a plantear por ese camino es la exigencia de que el sistema general de los tributos vigentes en Costa Rica se funde en criterios de progresividad. Es decir, que en términos globales resulte que los ricos, pagando en relación directa con lo que ganan, estén contribuyendo a sufragar los gastos públicos en mayor proporción que los pobres; de modo que dentro del sistema no importará que haya tributos pagados en igual medida por unos y otros, siempre y cuando en el conjunto, la contribución de los ricos resulte ser más que proporcional a su riqueza, por virtud de ciertos impuestos capaces de determinar ese resultado.
Estamos hablando obviamente de los impuestos directos en el Mundo Globalizado, con tarifas progresivas, que obligan a tributar en razón de las manifestaciones directas de riqueza (de ganancia, de ingreso periódico, a escala mundial, etc.) que presente cada contribuyente. Entonces, cuando los impuestos directos pesan en el conjunto, más que los indirectos, podemos decir que el sistema tributario al que pertenecen está fundado en criterios de progresividad.
De acuerdo con lo anterior, me parece que debemos empezar por proponer una reforma de la disposición constitucional que consagra el deber de tributar, es decir, del artículo 18 de la Constitución, para que diga algo así como lo siguiente:
Art. 18.- Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la Patria, defenderla y contribuir a los gastos públicos de conformidad con la capacidad contributiva de cada uno.
El sistema tributario se funda en criterios de progresividad.
Desde aquellos días (hace más de un siglo) en que don Alfredo González Flores descubrió en Europa la vigencia y operación del impuesto sobre la renta, éste se ha ido robusteciendo paulatinamente en aquellos países, experimentando notables mejoras en su configuración técnico-legislativa, así como en sus mecanismos de percepción y cobro. De modo que no podría hoy concebirse el progreso y la riqueza de los países del Primer Mundo sin el impuesto a la renta (hoy ‘renta mundial’) con tarifas progresivas, en sus diferentes modalidades.
Don Alfredo promulgó la respectiva Ley en 1916: los ricos la hicieron derogar y han conseguido hasta ahora no verse obligados a contribuir, por esa vía, de una manera regular y en una cuantía justa. Exhibiendo por años de años un impuesto a las rentas limitado y anodino, con esporádicos, milimétricos progresos dosificados a placer, las oligarquías centroamericanas han condenado a nuestros Países a la precariedad fiscal, al desgobierno y al subdesarrollo, a la vez que han mantenido una prosperísima escuela de evasión y de corrupciones que hoy se retroalimenta de narcotráfico y nos está pasando la factura.
En cambio, como consecuencia lógica de la vigencia de un sistema impositivo justo, racional y democrático, en los países civilizados se ha alcanzado además un grado mucho mayor de cultura tributaria del ciudadano en general, y del empresario en particular; y un grado mucho mayor de probidad y sensatez en los gobiernos, que han contribuido decisivamente a la robustez de la Hacienda Pública y a la ejecución sostenida de políticas y programas de bienestar colectivo. Todo lo cual sería impensable, repito, si en el centro del sistema no hubiera estado funcionando, desde hace más de un siglo, el grupo de los impuestos directos capitaneado por un impuesto a la renta mundial. Esto es visible hoy en general en Estados Unidos, en Canadá, en Australia y en los países europeos, señaladamente en los Escandinavos y en Suiza, Islandia, Alemania, Holanda y el Reino Unido.
Desafortunadamente no ha sido éste, repito, el caso de Costa Rica: desde el punto de vista de su tributación, la Suiza de Centroamérica sólo se distingue de Honduras y de Nicaragua porque recauda menos que ellos. Su estructura impositiva, después de doscientos años, conserva los rasgos regresivos de la Colonia: la ausencia persistente de un núcleo de impuestos directos que mantuviera la principalía en el sistema, ha hecho de aquélla un mecanismo injusto y deficitario. El fracaso crónico de los gobiernos en hacer tributar a los ricos en una proporción justa y suficiente; el expediente de los bonos y los empréstitos; y el recurrente asalto a los fondos de pensiones y a los activos de las instituciones y las empresas públicas, como las alternativas chapuceras y alevosas de las que han venido echando mano dichos gobiernos, ante el silencio cómplice de las instituciones de control, todo ello sumado a las inexplicables, abusivas exoneraciones y a una conducta derrochadora e irresponsable en las altas esferas, lejos de aportar soluciones, han terminado por minar severamente las finanzas públicas y tienen a los sectores más vulnerables de la comunidad costarricense, y al País entero, sometidos a un grave peligro.
Ahora, viniendo a la propuesta Ley de Fortalecimiento, sus mismos propulsores reconocen que no sólo es inocua frente a la emergencia, sino que tampoco resuelve la crisis (tan urgente e inaplazable como nos la quieran poner) ni siquiera en el mediano plazo. El Gobierno lo sabe desde el principio y apagará el incendio como lo han hecho los gobiernos anteriores: recurriendo a medidas de emergencia, gravemente onerosas para el País, que muy pronto harán sentir sus efectos.
Por esto, si en este campo queremos realmente hacer las cosas bien, es preciso replantear el proyecto mediante un fuerte golpe de timón que nos conduzca a la verdadera, definitiva solución de la cuestión tributaria de Costa Rica: la primacía de un conjunto de impuestos directos precedido por un moderno y eficiente Impuesto sobre la Renta. Esta alternativa, desechada oficialmente durante decenios como un tema tabú, ha sido reiteradamente propuesta al Gobierno actual, desde antes de que estallase la huelga.
El Gobierno se muestra temblando ante la inminencia del colapso fiscal, pero se niega tenazmente, sin justificación valedera, a impulsar aquella única solución efectiva: un moderno impuesto a la renta mundial, justo, eficiente y seguro, en el centro del sistema tributario. No quiere echarse la bronca con sus compinches de la oligarquía nacional y transnacional. Si no lo hicieron Luis Alberto ni Oscar, ni los Ángeles, ni Abel, ni Figuerillos, ni Laura, ni Luisgui ¿por qué voy a hacerlo yo? ¡Bonita cosa!
Pero, si vemos que, por un lado, el Proyecto en discusión no aporta una solución consistente al problema fiscal mismo; por otro lado, en cambio, sí es bien capaz de poner las bases de graves intromisiones del Poder Ejecutivo en la esfera jurídica de otros conglomerados orgánicos estatales, cuya autonomía creíamos hasta ahora que estaba constitucional e internacionalmente garantizada. Y entonces de pronto empezamos a apreciar los perfiles equinoformes del Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas: como lo han denunciado varios analistas, es un nuevo Caballo de Troya que, detrás de su denominación netamente fiscal, oculta los instrumentos para un ataque en toda regla contra la institucionalidad democrática del Estado costarricense: contra el principio de independencia de los poderes y de autonomía de los entes menores; contra el principio de reserva de ley, etc.
El viernes 23 de noviembre de 2018 la Sala Constitucional dictó la sentencia Número 19.511, en la cual decidió, en lo que aquí interesa:
¿Qué decir? Es una resolución como un traje a la medida de las pretensiones de un Gobierno que, a los 200 días de estar en el poder, se revela como el abanderado del tripartido PLUSCAC y asociados menores. El dique constitucional aparentemente sólido construido en 1949 con la doctrina de los artículos 9, 154, 156 y 167 de la Carta, ha cedido ante la Raison d’Etat. Para aparentar que conjuran el peligro de un colapso fiscal, los tres poderes del Estado (igual que los tres partidos de la oligarquía: ¡qué casualidad!) se funden en una alianza para la defensa de la supuesta solución, encarnada en el protervo y claramente ineficaz Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, cuyo verdadero nombre tendría que ser ‘Proyecto de Debilitamiento de las Garantías Constitucionales y los Derechos Fundamentales.
Sus motivos resultan transparentes: ante “la magnitud del peligro y lo extremado de la urgencia”, los roces constitucionales y las dudosas nulidades desaparecen por insignificancia comparativa. La Sala Cuarta repite, diez años después, el deslucido sainete que le tocó ejecutar en relación con el TLC y las Leyes Complementarias en 2008. La consigna era similar: ante el peligro de perder el TLC y sus ríos de leche y miel (y sus Mercedes y sus BMW) desapareció toda posibilidad de encontrar roces constitucionales. Invoco un ejemplo doloroso: galvanizados por la misión de ‘salvar al País’ no advirtieron, o fingieron no advertir cómo el TLC rompía la exclusividad jurisdiccional de Costa Rica (art. 153 Const.); de modo que, a partir de entonces, los inversionistas han podido demandarnos válidamente en cualquier panel o tribunal internacional. Desde hace años he sospechado que conseguir este resultado fue siempre uno de los fundamentales, verdaderos objetivos del TLC.
Aquella flagrante violación constitucional (que es una herida abierta en el cuerpo del Estado) seguramente les pareció peccata minuta a los guardianes de la Constitución, frente a la magnitud de la consigna que entonces unificó Gobierno, Corte y Asamblea: librar al TLC y sus Leyes Complementarias de toda mácula de inconstitucionalidad, para salvar al País de la ruina económica. Y como ahora, también entonces, pero por la vía de los suplentes, se forzó la incorporación de ciertos magistrados ex post factum. Me pregunto si, frente a lo que está pasando, los ex y los magistrados que participaron en el complot, sentirán todavía la vergüenza de haber mancillado la Carta que juraron defender, por el infame plato de lentejas de aquella consigna.
Ahora estamos ante el hecho de que, diez años después de aquello, los dictados de la Geopolítica Neoliberal vuelven a determinar la Razón de Estado, y los Poderes se unen para que la Razón de Estado prevalezca decisivamente sobre la Razón Jurídica. La unidad de los Poderes es la delicia de los malos gobernantes y la perdición de los gobernados. Cuando los magistrados de la Sala Cuarta adoptan el punto de vista de los gobernantes y los legisladores, en relación con la valoración de una situación de conflicto social, desaparece la separación de Poderes y ellos pasan a ser meras partes en el conflicto; y se cumple entonces lo que advertía el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución.
Costa Rica, la Suiza Centroamericana ¿sin Constitución? Ante este panorama de desolación política y jurídica donde ya se inscribe un fuerte debilitamiento de la independencia judicial y de las autonomías, y se ven venir la proscripción de los sindicatos, la huelga y la protesta social, el deber insoslayable de todo buen ciudadano es informarse y reflexionar para comprender y denunciar; convocar y organizarse para resistir y luchar.
Imagen ilustrativa.
Compartido con SURCOS por Arnoldo Mora Rodríguez.
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