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Etiqueta: crisis sanitaria

UNA toma acciones para facilitar acceso a conectividad del estudiantado

Más de 5688 solicitudes de apoyo para la conectividad han realizado estudiantes de la Universidad Nacional al 5 de abril de 2021, lo que representa un incremento del 63% en relación con el primer ciclo de 2020.

Como respuesta a esta creciente demanda de apoyo en este rubro tanto de población becada como no becada, la Rectoría y la Vicerrectoría de Vida Estudiantil anunciaron la decisión de dar cobertura al 100% de las solicitudes de ayuda para la conectividad de la población estudiantil que calificó según los criterios definidos, además en conjunto con la FEUNA: brindar apoyo a la población becada y becada parcial para el pago de créditos, así como el apoyo para el beneficio del cuido de hijas e hijos de las personas estudiantes.

“Dado el contexto nacional de crisis sanitaria y financiera, el principal rubro del Fondo de becas estudiantil que se ha priorizado para el 2021 es el de becas socioeconómicas, especialmente porque la situación de deterioro económico que enfrentan un número cada día más creciente de las familias costarricenses, aleja las posibilidades reales de ingreso de más personas estudiantes a la educación superior, así como, amenaza la permanencia de los estudiantes regulares”, explican el rector Francisco González y la Vicerrectora de Vida Estudiantil Alejandra Gamboa, en una circular dirigida a la comunidad estudiantil.

Es así como, pese a la compleja situación presupuestaria que enfrenta el país y la Universidad Nacional, el Fondo de becas estudiantiles para 2021 fue reforzado en aproximadamente ₡643 millones, en concordancia con las políticas de admisión a la UNA, que favorecen el acceso a la educación superior de jóvenes de sectores en vulnerabilidad socioeconómica.

En busca de respuestas para el acceso a la conectividad

Paralelamente, a partir del análisis de las ofertas de servicios prepago de operadores de telecomunicación en el país, se logró determinar que el monto asignado aporta a las necesidades para el aprendizaje remoto, además se visualizan oportunidades favorables en cuanto a costo y calidad del servicio del que pueda seleccionar el estudiante en las diferentes operadoras de servicio según el lugar de residencia de cada estudiante. Es importante destacar que la valoración por parte del equipo de trabajo social del Departamento de Bienestar Estudiantil, encargado de analizar las condiciones actuales del estudiantado con beca, visualiza como una oportunidad que la población estudiantil becada contemple la reorientación del monto de beca asignado para el pago de transporte y hospedaje, hacia gastos de conectividad, reconociendo que en la actualidad se constituye en una de las necesidades fundamentales para el logro académico.

El rector y la vicerrectora de Vida Estudiantil destacaron que la valoración del monto para el apoyo de la conectividad considera la ampliación de cobertura sobre demanda, en estricta responsabilidad con el presupuesto disponible para este rubro.

“Creemos en la conectividad como derecho humano, máxime en esta coyuntura nacional y mundial, actuando en consecuencia, no solo con el aporte para el apoyo económico para el acceso a internet, sino en la inversión de equipo tecnológico que realiza la institución en conjunto con la Federación de Estudiantes. Nuestro compromiso hacia la comunidad estudiantil es un hecho objetivo, verificable, nuestro sistema de becas es de los más robustos y lo reiteramos gracias a las formas de autogobierno impulsadas en la Universidad Nacional”, subrayaron los funcionarios.

Por lo anterior, la UNA asume el compromiso de continuar sus esfuerzos para posibilitar respuestas a los grandes desafíos que significan las desigualdades en el acceso a la conectividad en nuestro país.

***Mayores detalles con periodistas Oficina de Comunicación 8334-4150.

 

Información enviada por Oficina Comunicación UNA.

Añez en Bolivia, ¿Debe ser Procesada y llevada a Prisión?

Lic. José A. Amesty R.

El año pasado redactamos un artículo titulado: “Jeanine Añez: candidata a ser enjuiciada”, en el cual mostramos una serie de actuaciones y acusaciones contra Añez, las cuales deben ser denunciadas, para someterla a juicio y ser privada de libertad. Hoy esto último, se hace realidad, no somos profetas, pero se dio.

Refresquemos la memoria a quienes ahora, salen en apoyo a la “expresidenta” (OEA, evangélicos, figuras políticas de derecha, otros/as), sobre aquellas acusaciones contra ella. Yo soy de la idea que no hay que hacer leña del árbol caído, pero en este caso, no se pueden obviar hechos tan concretos.

  1. Se autoproclamó como presidenta, sin haber sido electa por el pueblo boliviano. Asume la Presidencia, en una sesión parlamentaria sin quorum, que apenas obtuvo un 4% de los votos en la última elección.
  2. La eligió un grupo liderado por la cúpula de la iglesia católica boliviana, partidos políticos minúsculos, la Embajada brasileña, representantes del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS- IPSP, designados para el caso, y la Fundación Jubileo (que confirmó esos hechos), pero fundamentalmente fue apuntalada por la cúpula del Ejército y la Policía y sin duda tuvieron la garantía de EEUU. No se debe olvidar que fue un militar quien le colocó la banda presidencial, hecho inaudito y antidemocrático.
  3. Su gestión presidencial, muestra números rojos, tales como el 6% del Producto Interno Bruto PIB, en la caída de su economía. Lo que equivale a la generación de más de un millón de nuevos pobres (1.059.672); y casi medio millón más si lo medimos por pobreza extrema.
  4. Y si consideramos los efectos de la pandemia, que ha sido mal gestionada por el gobierno de facto, esto ocasionó una pérdida de ingresos de entre 30-50%, entonces tendríamos más de dos millones de nuevos pobres en Bolivia (2.739.826). De estos, 2 millones vivirían en condiciones de extrema pobreza. Mientras tanto, Bolivia ya ha había superado las 8.000 personas fallecidas por el COVID-19 y las exportaciones han disminuido a 4.217 millones de dólares hasta agosto, cifra menor en 1.680 millones de dólares a la registrada en el mismo período de 2019. No se responsabilizó por la crisis humanitaria-sanitaria de Bolivia, ocasionada por la pandemia, generada por su mala gestión de gobierno, ocasionando la muerte, al menos, a 500 bolivianos, tirados en las calles, y el colapso del sistema de salud boliviano.
  5. La corrupción llegó a los niveles más altos, en empresas de hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones, ministerios como el de Salud y Obras, el incremento de la pobreza, y la ilegalidad e ilegitimidad en la política. En diez meses, Jeanine Áñez, juramentó a 36 ministros, y algunos juraron dos veces.
  6. Intentó inhabilitar, la personería jurídica del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS- IPSP, alegando fraude electoral en octubre 2019 y por haber participado en un golpe de Estado institucional. Ha declarado vilmente: “Si se prueba el delito electoral tiene que tener su sanción y una de ellas es que el partido de Evo Morales pierda su personería jurídica”. Ha agregado además, la inhabilitación del MAS-IPSP por: sedición, y por la difusión de una encuesta de intención de voto.
  7. Renunció como candidata a aquellas elecciones, para esquivar los cargos en su contra, por las masacres de Sacaba y Senkata. Se conocen como masacres de Senkata y Sacaba a los hechos sucedidos en dichas localidades bolivianas, durante las intervenciones militares ante las protestas sociales emergidas luego de la asunción de Jeanine Áñez a la presidencia de Bolivia en noviembre de 2019, en el marco de la crisis política y social de 2019.
  8. También por la represión de las fuerzas policiales y militares, durante su gestión, así como por hechos de corrupción en los que se ha visto envuelta. Según el medio Bolivia TV del Pueblo, en noticia verificada, la “senadora demócrata Warren de EE.UU denunció con documentos y pruebas que una lujosa mansión cotizada en $u$ 28.3 millones apareció en agosto a nombre de Carolina Ribera Añez, quien es hija de la presidente interina Jeanine Añez”, cuestionando que esa compra pudo ser con dinero desviado de Bolivia.
  9. Y para no hacer la lista más larga: Cometió nepotismo: trató de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos; para su propio beneficio y obtener favores.
  10. Perpetró persecución contra grupos sociales, contra la prensa extranjera, partidos políticos, medios de comunicación, entre otros, contrarios a su gestión.
  11. Se develó una lista con nombres de los militares bolivianos en servicio activo y pasivo adictos al Gobierno golpista de Jeanine Añez, que estarían detrás de la organización de situaciones de extrema violencia para impedir que se realizaran las elecciones en Bolivia. Estos escenarios de violencia se registrarán antes, durante y después de las elecciones. Incluso, violación de DDHH.

El Defensor de Derechos de la Madre Tierra y Derechos Humanos desde Abya Yala, Ollantay Itzamná, señala además que los delitos que se le imputan a Añez, y a sus cuatro ex ministros, son: terrorismo, sedición y conspiración. Pero, estos no son todos los delitos, ni están todos los y las que cometieron estos delitos de lesa humanidad.

La pena máxima en Bolivia es de 30 años sin derecho a indulto. Pero, esta máxima pena, por la magnitud de los delitos cometidos por la usurpadora, motivados por el odio a la identidad indígena (confeso) es insignificante.

Añade además, no es venganza, es justicia mínima. Quienes asumen que la justicia por las masacres de Senkata y Huayllani es venganza, externalizan sus profundas convicciones que las y los indígenas en Bolivia y Abya Yala no somos seres humanos. Muchos menos nos consideran sujetos del derecho a la justicia.

¿Qué nos queda? ¡Hacer justicia! Por justicia debemos sacar, expulsar a todos los y las golpistas de Bolivia, devolver a los pueblos los bienes y patrimonios mal habidos que éstos acumularon.

Finalmente, lanza una propuesta fuerte: las y los golpistas, incluyendo sus comunicadores, sus religiosos, sus ONG, quieren conocer lo que es venganza, pues, debemos mostrarles lo que por justicia aritmética les corresponde. No sólo cárcel. Les corresponde el destierro, si no quieren morir en la cárcel.

El sólo hecho de tratar de esconderse en una caja y/o debajo de su cama, evidencia que ella sabe de sus tracalerías y que puede ser encausada por sus delitos y casos de corrupción.

Hoy, la Organización de Estados Americanos OEA, sale en defensa de Añez, tratando de imponer una Comisión Internacional, que investigue su gestión de gobierno, de paso incluyen a Evo Morales, “sin tener velas en ese entierro”.

Ayer, mediante un entramando conformado por hordas fascistas, sectores de la policía y de los militares, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, los medios hegemónicos de comunicación, la Unión Europea (UE), las agencias de inteligencia de Estados Unidos (principalmente la Agencia Central de Inteligencia, CIA) y algunos gobiernos regionales (entre ellos, el argentino de Mauricio Macri y el brasilero de Jair Bolsonaro), en noviembre de 2019, concretaron el golpe de Estado a Evo Morales.

Como teólogo protestante, me da pena y pesar, las declaraciones de César Vidal, evangélico, abogado, periodista y escritor, nacido en España y nacionalizado norteamericano, de gran renombre entre los hispanos de EEUU y en América Latina: la detención de Jeanine Añez es un atentado a la libertad en Bolivia, “La actuación contra Añez y varios exministros, es un ejercicio despótico del poder que afecta a Bolivia y su democracia, y a todo Latinoamérica. La OEA y la Unión Europea deben reaccionar, no espero nada de Biden”.

Finalmente señalamos, Jeanine Áñez fue parte del golpe contra Evo Morales en Bolivia, de la represión que causó decenas de muertes, de las detenciones arbitrarias, de las proscripciones, de la persecución política y de los negociados que se hicieron a costa de la vida de los bolivianos (como la compra de respiradores con sobreprecio en medio de la pandemia. Respiradores que, además, nunca llegaron a Bolivia). Hoy la Justicia le empieza a pedir, que dé cuenta de todos sus crímenes.

Nota Última hora. En febrero pasado 2020, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz señaló a Áñez como responsable de estas masacres y recordó que el 15 de noviembre de 2019, la expresidenta de facto firmó un decreto, el 4.078, que autorizaba a las Fuerzas Armadas a reestablecer el orden público, sin que esto generara responsabilidad penal. Dos semanas después, lo derogó.

El régimen de Añez adoptó políticas que buscaban echar por tierra todos los avances de Evo, algo que logró en solo 6 meses.

 

Imagen: http://latlibre.org/

Enviado por el autor.

La gravedad de la crisis y el deplorable espectáculo en la Asamblea Legislativa

Luis Fernando Astorga Gatjens

La comparecencia del Presidente Carlos Alvarado Quesada ante la comisión de la Asamblea Legislativa que investiga el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), no debe ser del agrado de la inmensa mayoría de las y los costarricenses.

No porque se valore negativamente que el Presidente fuera llamado a dar explicaciones, sino por cómo se desarrolló la comparecencia y el espectáculo que muchos legisladores, vienen montando desde que emergió el caso. Es importante que el Parlamento en un sano ejercicio de control político, valore en profundidad si desde la Casa Presidencial, se actuó incorrectamente al crear a la UPAD como una unidad de análisis de datos que fue creada con el propósito “de ayudar a tomar decisiones al Presidente Alvarado”, tal y como se ha indicado oficialmente.

Sin embargo, cómo han venido actuando la mayoría de partidos y diputados, se pone en evidencia la graveded de la crisis política que enfrenta el país en el año de su bicentenario. Lo que debía ser un proceso y un acto de la mayor seriedad (la comparecencia en el recinto legislativo del Presidente de la República), lo convirtieron en espectáculo deplorable que les deja muy mal parados.

En primer lugar, es necesario dimensionar con objetividad el alcance la privacidad de datos en un presente donde las gigantescas empresas tecnológicas, han alcanzado una penetración tan amplia y profunda en los datos de los usuarios, que deja a las y los ciudadanos en estado de indefensión al utilizar las redes sociales.

La anulación de cuentas de usuarios de las redes, a partir de justificadas razones también puede dar paso a abusos y discriminación que anule cuentas por ideas que no sean aceptadas por quienes dirigen esas redes sociales, que aunque sus dueños son empresas privadas su repercusión en el mundo de hoy, alcanzó un amplísimo impacto público. De esta manera, estas redes no sólo pueden acceder –como lo hacen a información privada y datos íntimos de las personas—sino que pueden convertirse en censores que violen el derecho de la libertad de expresión y pensamiento.

De ahí que ya en distintos países, diversas voces estén planteando la necesidad y urgencia de regular a esas mega empresas tecnológicas, para evitar que se pongan por encima de los Estados en acciones que violen los derechos de los ciudadanos.

Empero en ningún momento, los diputados protagonistas de la comparecencia presidencial dedicaron alguna crítica al rol censor que pueden ejercer –y que ya están ejerciendo—esas redes sociales, cuya omnipresencia y amplísimo peso, forman parte de la realidad actual de las sociedades y los países.

Hay sin embargo, otra situación más grave aún en el contexto de esta comparecencia: El país enfrenta –como nunca antes– los efectos de una devastadora pandemia que ha generado una crisis múltiple, en los ámbitos: sanitario, económico, social, cultural y político. Se trata de una crisis que preocupa a millones de costarricenses por el empobrecimiento que ha generado y genera, y porque no ha encontrado ni por parte del Gobierno del Presidente Alvarado, ni casi la totalidad de las diputadas y diputados, respuestas adecuadas y eficaces para enfrentarla.

Cuando el país ha requerido y requiere en forma urgente, visión y políticas de Estado; lo que ha venido ganando la partida son pequeñas políticas, que responden a intereses de grupos económicos y políticos minoritarios. Tristemente –es bueno decirlo con franqueza– muchas de ellas obedecen a ocurrencias e improvisaciones de legisladores, cuya mayor preocupación es alcanzar notoriedad aunque sea efímera y superficial. Cuando el país necesita políticas patrióticas de luz larga, las que están emergiendo no alcanzan ni para la luz de “parking”.

La multi-crisis pandémica demanda madurez, sabiduría y unidad nacional, pero al ser este 2021, un año electoral, lo que emerge con mayor fuerza, es la proliferación de intereses grupales politiqueros y la desunión para encarar las impostergables respuestas de solución, que nos lleven a una reactivación económica, inclusiva y solidaria.

También cabe subrayar que el deplorable espectáculo legislativo montado, tiene un costo económico que se carga al debilitado erario público del país. Pero sobre ese “detalle” tampoco hay consciencia en el recinto legislativo.

La indignación ciudadana ante este deterioro de lo que dicen y hacen los actores políticos que están marcando la distorsionada agenda política del presente, debe ser canalizada no sólo mediante el rechazo comunicacional sino a través de una participación política activa, que contribuya a cambiar el rumbo del país hacia la inclusión social y la solidaridad. El bicentenario nos lo demanda como nación.

(13 de febrero, 2021)

Un país extraño

Memo Acuña, (sociólogo y escritor costarricense)

El día 2 de febrero el presidente estadounidense Joe Biden firmó una segunda ronda de órdenes ejecutivas vinculadas con la migración. En el marco de la estrategia para transformar la política migratoria impulsada por su antecesor, la administración Biden-Harris ha delineado un conjunto de disposiciones que proponen, al menos en teoría, cambiar la estructura institucional y normativa diseñada para disuadir la migración e implementar un enfoque punitivo y castigador en particular para aquellos que cruzan las fronteras en condiciones irregulares.

La retórica de las disposiciones, su lenguaje técnico y a veces, muchas veces, frío y distante, continúa superponiendo su sentido ante una realidad compleja, difícil, absolutamente dura para cientos de miles de personas que desde Centroamérica ven en la movilidad una acción urgente para salvar sus vidas, continuarlas.

Entre las directivas emitidas por el presidente estadounidense se encuentra » creando un marco regional para atender las causas de la migración, para atender la migración entre Norte y Centroamérica y para proveer un proceso de asilo seguro y ordenado en la frontera de Estados Unidos». En síntesis, emite un conjunto de acciones para «revisar», por ahora, políticas en materia de control fronterizo, expulsiones en frontera, el sistema de asilo.

En mucho, dichas orientaciones importan a las migraciones centroamericanas, que un día si y otro también continúan saliendo a pesar de la crisis sanitaria, las disposiciones de confinamiento, las prohibiciones administrativas y securitarias para cruzar las fronteras internacionales. Importan también porque las necesidades y las urgencias para básicamente ejercer el derecho humano de «vivir», no pueden esperar los acomodos, los lobbys políticos, los acuerdos y desacuerdos de las bancadas demócrata y republicana.

La pobreza, la desigualdad, el extractivismo empresarial, los impactos socioambientales, la corrupción impune, la relación trenzada y amañada entre élites y actores políticos y las múltiples violencias que campean en toda la región centroamericana, son determinantes como condiciones causales de la expulsión.

Contar estas dimensiones políticas y sociales de la movilidad humana en la región centroamericana ha sido una labor amplia y sistemática de la academia regional. Sus lecturas, sus reflexiones e interpretaciones son necesarias para ubicar motivos, efectos, implicaciones tanto desde el punto de vista subjetivo como estructural.

Pero esta labor no es suficiente, porque a la dimensión analítica debe complementarla otra narrativa posible. En anteriores columnas hablamos de esas otras posibilidades como la comunicación implicada y producida en la región, por ejemplo.

Al tiempo que Biden estampaba su firma en estas órdenes ejecutivas, desde la región se presentaban esfuerzos desde la «poética de los exilios» para decir, con imágenes certeras y profundas, lo que la perspectiva académica puede contar desde la teoría y la epistemología de los desarraigos. Una y otras son necesarias, complementarias, precisas.

Desde El Salvador, el recién lanzado proyecto editorial virtual «El escarabajo» (elescarabajo.com.sv) publicó un numero especial titulado «Vámonos patria a migrar, yo te acompaño», incluyendo una selección poética producida desde la región sobre el tema. El nombre de la edición proviene de un verso del poeta Chiapaneco Balam Rodrigo incluido en su «Libro Centroamericano de los muertos», publicado en 2018 por el Fondo de Cultura Económica y ganador del prestigioso «Premio Bellas Artes de Poesía Aguas Calientes» en México, ese mismo año. En este libro, el escritor precisa con maestría y crudeza la realidad del tránsito de las migraciones centroamericanas a través de territorio mexicano.

En el número especial de El Escarabajo confluyen voces, estilos, propuestas, narrativas diversas. Es el caso del escritor salvadoreño Vladimir Amaya, de quien consignamos uno de sus textos.

Viajar en bolsa plástica

Madre:
la mañana te recuerda
que anocheció en mi frente,
que muy poco de mí ha quedado en las fotografías,
que mucho de vos se ha gastado entre las noticias y el papeleo.

Tan escaso ahora todo mi cariño
que no alcanza a descubrirte el retozo;
perdió asombro y altura
entre los alacranes y la hierba seca del desierto.
Extranjeros mis días que ya no son míos ni son días.

Son los peces que tienen por ojos lenguas de niños
y que un ángel, en sueños, puso sobre tu mesa la madrugada en que me fui.

Aquí se echa de menos
lo cálido que fue tu vientre.

«Regresaré,
serán doce meses,
a lo mucho un año y medio», te dije.

Pero no me escuchaste,
todas mis palabras eran el devastador paso de un tren que aullaba.

Las lágrimas que ya no pude entregarte,
seguro las lloraste vos.

«Regresaré», dije.

No pude llegar. Jamás lo hice.

Hoy abrí esta placenta de nuestra muerte.

Abrí este útero donde los hombres pusieron mis pedazos
y me catalogaron en los imperios de la ausencia.

Hacé que el viaje termine, madre.

Abrí la noche de mis ojos cerrados.

Reconoceme,
deciles que soy yo,
y llevame a casa.

La misma semana en que esta selección vió la luz, fue presentado el Libro «Llévate los sueños, déjame los recuerdos» de la poeta mexicana Chary Gumeta. El libro, publicado por Coneculta-Chiapas, expone desde la poesía testimonial, las vivencias recogidas por la autora en una investigación en campo en la frontera entre México y Guatemala. De su libro, es el siguiente poema:

Un país extraño

Bajo el cielo azul de un país extraño
te busco en la profundidad de mis adentros,
en cada mujer que veo pasar por este bosque de miradas,
en cada olor, sonrisa o lugar, te busco.

Al final,
con la sal entre las manos
sé que te he perdido,
la sensación de vacío repasa mi mente,
tu rostro se desmorona,
hace un ruido silencioso
como un sollozo.

Aprenderé a no pensar
en tu larga cabellera con olor a duraznos
y en tu rostro, donde se posa la tarde.

El amor es un huérfano que camina solo por las calles.

Hoy más que nunca precisamos otras formas de acercanos a la realidad centroamericana, objetivarla desde las narrativas que nos atraviesen la epidermis y nos hagan abrir los ojos. En el tema migratorio, aguardaremos por el arte como recurso para no volver a cerrrarlos más.

Imagen: https://elescarabajo.com.sv/

La humanidad en los tiempos aciagos del Virus Corona

Luis Fernando Astorga Gatjens,
luferag@gmail.com

El filósofo y escritor romano, Séneca, decía que la adversidad es ocasión para la virtud. Esta frase llena de sabiduría, calza perfectamente con esta época que experimenta el mundo y la humanidad entera, frente a la inédita y desafiante pandemia del virus corona.

Como es bien conocido, esta pandemia ha conllevado al aislamiento obligatorio de millones de personas y la imposición de cuarentenas para evitar un mayor contagio de la enfermedad. Estas medidas están generando un severo golpe para la economía de los países y, en el caso de Costa Rica, este golpe se está experimentando en todos los sectores pero, más aún, en el turismo, una de nuestras principales fuentes de divisas.

El coronavirus ha impuesto un necesario aislamiento social pero al mismo tiempo, gracias al vertiginoso desarrollo de las tele-comunicaciones, nunca nos ha tenido más juntos a amplios sectores de la humanidad. Es un momento muy propicio para la reflexión y la autocrítica, tanto para los países y las sociedades como para las personas.

La progresiva concentración de la riqueza, que ha experimentado el mundo en los decenios recientes, se refleja en que el «el 1% de los ricos del mundo acumula el 82% de la riqueza global» (Oxfam). Cada vez los ricos son más ricos y los pobres más pobres en una desequilibrada ecuación de desigualdad. Este fenómeno también lo ha venido experimentando Costa Rica; lo que se refleja en un preocupante debilitamiento del estado social de derecho.

El consumismo nos ha venido desbordando en sociedades marcadas por el individualismo, en las cuales los “contratos sociales” sustentados en la solidaridad y el bien común, son más la excepción que la norma. Hoy, el contraste es evidente: En la mayoría de los países industrializados ha habido una gran preocupación por la producción de artículos sanitarios mientras se anuncia la escasez de artículos de higiene para atender la urgente demanda que exige la atención a la pandemia.

Quienes siempre hemos defendido la medicina pública, como la que ha desarrollado el país, en este presente de crisis sanitaria, se muestra fehacientemente que la razón estaba y está de nuestro lado. La medicina privada impulsada, con gran fuerza, por el neo-liberalismo es incapaz de dar una respuesta adecuada al tamaño y las dimensiones de esta crisis. La mejor respuesta la puede dar la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), a partir de una filosofía y una práctica, basada en la solidaridad y la subsidiaridad. Quienes han buscado debilitar a la Caja con proyectos privatizadores, en estos momentos marcados por la amenazante pandemia, deben rectificar.

¿Qué tipo de sociedad debemos construir? Es la pregunta crucial que debemos responder. Una basada en la concentración de la riqueza, de la vida buena para minorías irritantemente concentradoras, de la medicina para las élites de la sociedad u, otra que valore el trabajo de la personas, de una mejor distribución de la riqueza, de una medicina al alcance a todas y todos, en las ciudades y en los campos y que no establezca diferencias arbitrarias entre requieren de sus servicios. Una sociedad basada en el egoísmo y la codicia de unos pocos, o de la solidaridad como propósito común y práctica cotidiana.

El día de hoy no debe ser de los políticos, como bien se ha dicho, debe ser de los profesionales de la salud y de los científicos, que están enfrentando al Covid-19 en todos los escenarios del planeta. Y cabe un reconocimiento enorme a la labor abnegada y heroica de los médicos, enfermeras y demás personal sanititario de Costa Rica, que se han estado preparando y ya están atendiendo a las y los pacientes infectados por el virus corona.

Sin embargo, cuando pase esta crisis (que esperamos sea lo antes posible), las y los políticos deben entrar a un proceso de correctiva reflexión sobre qué país estamos construyendo y nosotras y nosotros, como sociedad y personas, debemos ser protagonistas en ese proceso. Virtudes como la solidaridad, el apoyo recíproco, la bondad deben emerger con fuerza, como bien aconseja Séneca en este momento sombrío y difícil.

 

Enviado por el autor.

Criminalización de la protesta social, coyuntura de crisis, detenciones y violencia en el marco de la lucha del movimiento social costarricense

ACODEHU, SINDEU

En La Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) y el Sindicato de Empleados(as) de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) somos conscientes de la profunda crisis que vive actualmente el país y consecuentemente el deterioro sostenido en materia de Derechos Humanos, que se dibujan en la superficie de una democracia que cada vez más, cierra los espacios al diálogo y agudiza las diferencias de clase.

Lo anterior se ha agravado por la crisis sanitaria a la que nos ha llevado la pandemia del coronavirus-COVID-19 o SARS- CoV-2, y también porque el proyecto neoliberal, que se profundiza desde 1983, conlleva a una caída sostenida de la soberanía nacional, la autodeterminación y la independencia.

Al interior del país una burguesía parasitaria se entrega cada vez más a los organismos financieros internacionales: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al Banco Mundial (BM) y al Fondo Monetario Internacional (FMI). La OCDE, en una clara intromisión a la política interna, exige al gobierno el establecimiento del salario único, a fin de eliminar los 266 pluses que existen actualmente, como logros, en su mayoría por la lucha y defensa de las Convenciones Colectivas de Trabajo.

Todo lo anterior sostenido bajo un proyecto cuyo horizonte es profundizar la crisis mediante el sometimiento a un nuevo préstamo con el FMI, pero además intensificar una carga impositiva a las grandes mayorías y teniendo como punto de anclaje la venta de activos y, la privatización y la tercerización de los servicios. A la par de ese modelo económico excluyente, en el poder Legislativo se solidifica un proyecto con leyes anti laborales que conducirán a un retroceso histórico al país, toda vez que rompen con la vieja estructura del Estado Social de Derecho.

En lo político y social, preocupa profundamente a la ACODEHU y al SINDEU, la escalada de actos de represión, hostigamiento y judicialización que se dan en la lucha que recientemente vivió el país entre los días 30 de setiembre y 16 octubre. En materia de Derechos humano la criminalización de la protesta social, debe preocuparnos de manera particular.

Creemos firmemente que la vía de solución propuesta por el actual gobierno de Carlos Alvarado Quesada, de resolver el déficit fiscal y las finanzas pública a través de una nueva negociación con el FMI, no es la solución. Más bien esa propuesta es una de las razones subyacentes en las recientes movilizaciones populares que vive el país, en tanto, como objetivo central se orienta a que el gobierno central debe enfrentar con toda la entereza y valentía el fraude fiscal; es decir, el robo de impuestos mediante mecanismos como la evasión, la elusión, las monstruosas exoneraciones y los privilegios fiscales a las grandes rentas y capitales. El simple anuncio que vivió el país, de un nuevo préstamo por la suma de $ 1,750 millones, formó el caldo de cultivo que propició las grandes manifestaciones del pueblo costarricense.

Le invitamos a descargar el documento completo del análisis de ACODEHU y SINDEU recibido en SURCOS.

Feminismos rurales: cuarto número de la revista La Agroecóloga

Fecha: martes 10 de noviembre de 2020, hora: 5 p.m.

Transmisión en vivo por: https://www.facebook.com/RevistaAgroecologa

La crisis sanitaria y económica ha hecho evidente que vivimos también una crisis de los cuidados. La atención médica hospitalaria y en las casas, la creación de redes de apoyo mutuo para salvaguardar la salud, el desafío en el que se ha convertido para muchas personas tener techo, comida y agua limpia; son sólo algunos ejemplos de lo central que son los cuidados en este momento. Pero, además, es evidente que muchos de estos son brindados principalmente por mujeres y el medio rural no es la excepción.

Existe la urgencia y la necesidad de hablar de la crisis de los cuidados, la disidencia sexual en el campo, el trabajo de las organizaciones de mujeres rurales, los feminismos fuera de la ciudad y el aporte científico de mujeres investigadoras para el avance de la agroecología, la soberanía alimentaria y la organización social en el escenario post pandemia.

CTRN: Oposición al Dictaminen Proyecto Ley Marco de Empleo Público

CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES RERUM NOVARUM
Martes 03 de noviembre 2020

CTRN- N°300-2020

ASAMBLEA LEGISLATIVA
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
SD.

DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACIÓN

OPOSICIÓN AL DICTAMINEN PROYECTO LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO

HONORABLES SEÑORAS (ES) DIPUTADAS (OS):

Con nuestros más respetuosos saludos, nos permitimos por este medio mencionar, que siendo conocedores de que se tramita en esta honorable Comisión Legislativa el Proyecto denominado Ley Marco de Empleo Público, bajo número de expediente legislativo Nº 21336, para su estimable consideración exponemos los siguientes argumentos:

Que dicho proyecto de Ley, a juicio de muchas organizaciones sociales y productivas, hemos indicado que el texto contenido en el proyecto no es un documento idóneo para los momentos y las necesidades que vive nuestro país, por lo que debe tener la oportunidad de perfeccionarse o modificarse, para beneficio de todas las partes.

Desde la Confederación Rerum Novarum, somos conscientes de la dura situación económica, social, de salud y política que atraviesa nuestro país, por lo que apelamos a la grandeza de espíritu de los miembros de esta honorable Comisión y les hacemos un llamado respetuoso a la reflexión.

Desde nuestra posición consideramos que el actual Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, a punto de ser dictaminado, ha perdido todo el sentido que alguna vez pudo tener, pues entre muchas cosas, algunos artículos son objeto de análisis jurídicos más profundos, para efectos de no contravenir lo indicado en la Constitución Política en cuanto a régimen de empleo, que son creados por el constituyente como lo son; el Poder Judicial, la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social y las Municipalidades.

En ese mismo orden de ideas, en materia de un orden constitucional y el marco legal vigente a la luz de los derechos humanos, se establecen una serie de competencias para el Ministerio de Planificación MIDEPLAN, que son exclusivas del Ministerio de Trabajo y del Servicio Civil y por otra parte, el proyecto pretende de manera tácita, desconocer el ámbito de aplicación de la negociación colectiva en sector público.

La Constitución Política establece con total claridad la competencia del Servicio Civil en materia que trata este proyecto de Ley a punto de ser dictaminado. Este proyecto, debe ser a nuestro criterio, objeto de un exhaustivo análisis, examinado mediante un estudio profundo del espíritu del Constituyente, que estableció y creó con rango constitucional al Servicio Civil, mismo que posee un principio de reserva de ley, sobre la materia de empleo público y de una competencia que no puede ser trasladada o compartida, que en contra posición tal como lo presenta el proyecto en mención, se hace con un procedimiento más complejo a través de MIDEPLAN y además no se atiende el tema de la constitucionalidad, que entre otras cosas, en una eventualidad al momento de su aprobación en el plenario legislativo, debería exigir una votación de dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa.

En momentos en que se debate nuestro país en búsqueda de un diálogo efectivo para encontrar soluciones, es que siendo integrantes del Foro Multisectorial de Diálogo Nacional de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, nos atrevemos a solicitar a esta Comisión Legislativa que no dictaminen el proyecto Ley Marco de Empleo Público y que nos permitan presentarles propuestas elaboradoras de los sectores que representamos, y que en su lugar se conozcan otros textos, que ya han venido siendo consensuados por diferentes actores sociales, mucho más realistas y apegados al espíritu de la Constitución.

Sin otro particular, agradeciendo la atención brindada a la presente, le saludamos con las más altas muestras de consideración y estima,

Lic. Lenín Hernández Navas
Presidente CTRN

Ni cinco céntimos

Óscar Madrigal

Treinta céntimos por cada cien colones es el aumento decretado para el próximo año por el Consejo Nacional de Salarios para todos los trabajadores (as) del sector privado. Ni siquiera un cinco. El aumento es del 0,30% pero como ya esas sumas son prácticamente inexistentes e incomprensibles (nadie habla de céntimos en Costa Rica) hay que decir que son 3 colones por cada mil o 300 por cada cien mil. Es decir, ni un pasaje de bus. Según La Nación el salario promedio del sector privado es de ¢371.000, por lo que cada trabajador recibirá un aumento promedio en el año 2021 de ¢1.100 colones. Por otra parte, el 26,3% de los trabajadores privados NO reciben siquiera el salario mínimo.

El argumento principal que se esgrime para que el Gobierno proponga semejante despropósito es la situación económica del país. Sin embargo, la crisis sanitaria ha sido boyante desde el punto de económico para la mayoría de los sectores productivos del país tales como los bananeros, azucareros, ganaderos, cafetaleros e incluso los piñeros. De igual manera les ha ido muy bien a los grandes comerciantes, así como a las empresas de zonas francas. Estos y otros grandes empresarios verán incrementados enormemente sus patrimonios, sus ingresos, por el aumento salarial paupérrimo a sus trabajadores.

Walmart subirá los salarios en mil colones, mientras sus ingresos y ganancias se disparan. Al igual que los Uribe dueños de casi todas las farmacias del país o los Garnier dueños de zonas francas.

Siempre son los trabajadores y trabajadoras los que hacen que, con sus bajos salarios, aumenten enormemente la riqueza de unos pocos.

Por otro, como las empresa no pagan buenos salarios, el Estado o sea todos los contribuyentes tenemos que subvencionarlos a través del gasto público. El bono de vivienda que se otorga a un trabajador de la empresa privada no es una subvención a ese trabajador o trabajadora para que construya su vivienda, sino una subvención al patrono ante los bajos salarios que paga y que impiden al trabajador poder adquirir su vivienda. Mucho del gasto social que financiamos todos los contribuyentes, es una SUBVENCIÓN A LA PATRONAL.

Una de las mejores formas de disminuir el gasto social es que los grandes empresarios paguen salarios justo y necesarios para vivir dignamente.

Los economistas y columnistas de siempre, las Pilares y sus corifeos, que se han quejado hasta el cansancio de la diferencia entre los salarios de los empleados púbicos y los del sector privado, deberían estar en este momento como coro exigiendo aumentos a los trabajadores del sector privado muchísimo más elevados para ir disminuyendo esa brecha. Ya a los empleados públicos se les congeló el salario por dos años y se les eliminó una parte de él, deberían ser exigentes e incisivos respeto a los salarios del sector privado. Se trata ahora de aumentar, pero no con limosnas, sino considerablemente, muy considerablemente los salarios mínimos de los trabajadores y trabajadores del sector privado.

 

Imagen ilustrativa.

No a los recortes en cultura. Un país sin cultura es un país sin identidad

SURCOS recibió la carta enviada por el sector de Producción Audiovisual de nuestro país a la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa con respecto a algunas mociones presentadas que pretenden recortar el presupuesto al Ministerio de Cultura en casi un 15 %.

Compartimos la carta:

17 de octubre 2020, San José, Costa Rica

Señoras y señores Diputados

Comisión de Asuntos Hacendarios

Asamblea Legislativa

Asunto: No a los Recortes en Cultura

Estimadas señoras y señores Diputados,

Este lunes y martes terminarán de discutir en la Comisión Permanente de Hacendarios de la Asamblea Legislativa el Presupuesto Ordinario de la República, expediente N. 22.174. Algunas mociones presentadas pretenden recortar el presupuesto al Ministerio de Cultura en casi un 15%.

Entendemos que estamos en una situación de crisis fiscal y que se están buscando maneras de alimentar la deuda, sin embargo, estas mociones dejan al Ministerio básicamente inoperable. El recorte significa prácticamente un cierre técnico para algunas de las instituciones culturales del país, que quedarían con muchos empleados sin posibilidad de ejecutar los programas para los cuales están contratados.

Lamentablemente estos recortes representan una amenaza real a la reactivación económica de un sector que ya de por sí está en una situación de alta vulnerabilidad por la crisis sanitaria, y pueden generar un daño mayor e irreparable en la economía nacional.

Les recordamos que la industria audiovisual aporta al PIB nacional el doble que la industria del café y del banano. Como gremio, nos preocupa sobremanera la afectación que tendría el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, que sufriría un recorte de hasta un 33%. Este recorte significa que:

  • Desaparece la única plataforma de distribución y comercialización local de productos audiovisuales costarricenses, al recortar el presupuesto del Costa Rica Festival Internacional de Cine (CRFIC), que además emplea aproximadamente 200 personas en cada edición.
  • Queda casi extinto el único fondo de fomento a la industria audiovisual nacional, al recortarse en 86 millones el presupuesto del Fondo el Fauno. Este fondo funciona como capital semilla que promueve la atracción de inversión extranjera que en muchos casos se reinvierte fuera de la GAM, genera empleo, encadenamientos y dinamiza al sector.
  • Desaparece la única ventana que lleva cine a comunidades al recortar el presupuesto del programa Preámbulo. En épocas de crisis sanitaria, social y económica, la cultura juega un papel fundamental en preservar la salud mental de la población.
  • Se condena a la institución a un cierre técnico, al recortar presupuestos de capacitación, mantenimiento y servicios. La institución se convertiría en un cascarón donde sus trabajadores son incapaces de ejecutar acciones en pro del sector audiovisual.

Les exhortamos a votar en contra de estas mociones para evitar condenar a un sector que aporta en un 2,2% al PIB. Entendemos que la situación actual exige recortes y sacrificios, pero les rogamos que se hagan con visión a largo plazo y perspectiva técnica para evitar el colapso de nuestras instituciones culturales.

Un país sin cultura, es un país sin identidad.

Directoras Mujeres de Costa Rica (DCCR)

Asociación de Productores Independientes de Cine de Costa Rica (APICC)

Consorcio Animation Costa Rica (ACR)

Cluster de Estudios De Animación Independientes Parallel Worlds

Consorcio Audiovisual de Costa Rica (Creative Media)

 

Imagen ilustrativa, UNA, cine indígena en América Latina.