Hoy domingo 12 de mayo de 2024, ha partido en compañía del Señor nuestro fundador, compañero, amigo, asesor, consejero.
Un hombre con agallas, con principios, sin miedo, que solo personas con esas cualidades son capaces de hacer el cambio y no por beneficio propio, sino por el bien colectivo, por amor al trabajo, a su empresa, a su provincia, a su país y en solidaridad con todos sus compañeros y compañeras.
Don Gilbert nació en la ciudad de Limón un 7 de octubre de 1943, siendo desde joven dirigente estudiantil convirtiéndose luego por 44 años en Secretario General de la Organización Sindical SITRAPEQUIA. En 1949 conformó el sindicato, nombrado en ese entonces SITRARECOPE.
Durante todo ese periodo fue despedido dos veces de su puesto por sus luchas y por haber fundado el sindicato SITRAPEQUIA, pero ambas veces se hizo justicia y retornó a su puesto. Fue nombrado al final de su carrera como Secretario General Honorífico en Asamblea General de afiliados de nuestra organización.
Gilbert es un ícono del movimiento sindical, sumado que estuvo en la conformación de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum y en la de la Federación de Trabajadores Limonense FETRAL.
No hay palabras de agradecimiento que logren abarcar toda esa labor y lucha, tanto a nivel nacional como internacional, que por más de 50 años brindó de manera desinteresada, ya que posterior a su jubilación siempre estuvo ahí para dar acompañamiento, consejos y guía que solo uno de los sindicalistas con más trayectoria y permanencia en el país podría dar.
Hoy don Gilbert nos deja un legado de luchas en pro de la clase trabajadora, que por respeto a él continuaremos.
Gilbert, su legado seguirá y los que quedan seguiremos viendo su visión de defensa de la clase trabajadora. Hoy más que nunca nuestra organización está unida, nuestra organización ve más allá, gracias a usted. En paz descanse.
Fanny Sequeira, secretaria general de CTRN sustentó las razones por las cuales Costa Rica debería ingresar a la lista de países que violentan los Convenios Internacionales del Trabajo.
Comunicado de la CTRN
Costa Rica ha sido incluida en la lista de los 40 países del mundo que violan las normas internacionales del trabajo, luego de que la secretaria general de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), Fanny Sequeira, participara en la reunión continental preparativa de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) de cara a la próxima Conferencia Internacional del Trabajo.
En la reunión de la CSA, realizada en Montevideo, el 1 y 2 de abril de 2024, Sequeira evidenció cómo se ha venido violentando sistemáticamente en Costa Rica el Convenio 98 sobre la negociación colectiva. Esto fue posible, a través de sus intervenciones y gestiones dirigidas a los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con la elaboración, por parte de la CTRN, de las memorias anuales sobre el cumplimiento de los Convenios de la OIT en el país, para la Comisión de Normas de la 112° Conferencia de la OIT (en junio próximo).
En este encuentro, logramos el aval del Secretariado de la CSA y el apoyo valioso y solidario de importantes confederaciones y sindicatos sectoriales de países hermanos de América Latina, para incluir al país en dicha lista, frente a las graves violaciones a dicho convenio internacional.
“Sin duda ha aumentado la vulnerabilidad de la libertad sindical y la negociación colectiva, lo que hace más difícil luchar contra la creciente tendencia a la precarización del empleo, las relaciones laborales, la protección social y el salario, tanto en el sector público como en el privado”, explicó Fanny Sequeira.
En los últimos informes de la Comisión de Expertos de la OIT, dicho órgano ha llamado reiteradamente la atención al país por violentar el convenio 98. Nuevamente este año, pidió al gobierno que: “en consulta con los interlocutores sociales, tome las medidas necesarias para revisar la Ley Marco de Empleo Público, núm. 10159 y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas núm. 9635, de manera que los empleados del sector público que no trabajan en la administración del Estado puedan ejercer su derecho de negociar colectivamente temas económicos y salariales de conformidad con el Convenio”.
Agregó la Comisión de Expertos en su recomendación al gobierno, que tomara las medidas, incluso legislativas -en consulta con los interlocutores sociales- para que el establecimiento de arreglos directos con trabajadores no sindicalizados solo sea posible en ausencia de organizaciones sindicales.
A la vez, recomendó “tomar medidas tendientes a reforzar el derecho de negociación colectiva en el sector público, tales como las previstas en el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) y del Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154), cuya ratificación alentó la Comisión en ocasiones anteriores.”
Luego de ingresar en la lista larga, continuaremos el trabajo de la CTRN para impulsar acciones de manera que el caso de Costa Rica sea revisado y que el país quede en la lista corta definitiva de la Comisión de Normas, por violentar el Convenio 98 de la OIT.
Precisamente, las tres leyes antiobreras (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ley antihuelgas y la Ley Marco de Empleo Público), que limitan los derechos sindicales, serían revisadas a fondo por la Comisión, y Costa Rica estaría “en el banquillo de los acusados” por segundo año consecutivo en la próxima Conferencia de la OIT, luego de 16 años de no haber ingresado en la lista de países violatorios de los convenios sobre derechos humanos.
Definitivamente, estos reclamos y acciones transnacionales para nuestro país son parte del importante trabajo sindical e internacional que la CTRN lleva a cabo con el apoyo de la CSA y la CSI, en aras de buscar mejores condiciones laborales y salariales para las personas trabajadoras y luchar contra el atropello de un sistema cada vez más excluyente y explotador.
La CTRN participa activamente en la agenda del sindicalismo internacional representado por la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) y la Confederación Sindical Internacional (CSI), a las cuales estamos afiliados, entregando aportes valiosos para la unidad de acción de la clase trabajadora de América Latina y el mundo.
¡LA SOLIDARIDAD SINDICAL INTERNACIONAL ES ESENCIAL PARA EL PROGRESO Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS!
Desde la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) expresamos la enorme preocupación por el grave retroceso que experimenta Costa Rica en materia laboral, con problemas en cuanto al empleo, la precarización laboral, la enorme salida de personas de la fuerza laboral y las desigualdades que genera la informalidad.
Este 1º de Mayo, la CTRN reafirma su compromiso de lucha contra las graves situaciones que amenazan el bienestar, los derechos y las libertades de la clase trabajadora, así como los principios de solidaridad y justicia social que dan sustento a nuestra democracia.
Unimos nuestra voz a la del resto del movimiento sindical para denunciar los intentos del gobierno y del sector patronal de anular históricas conquistas de los trabajadores y trabajadoras, como la jornada de ocho horas, que fue el punto álgido de las luchas libradas por los obreros de Chicago hace 138 años y que hoy conmemoramos, como todos los primeros de mayo.
El proyecto de ley 4×3, para alargar hasta doce horas las jornadas laborales es una iniciativa que en nada favorece a los trabajadores y trabajadoras, solo beneficiaría los intereses del sector empresarial y violenta el Convenio 1 de la OIT.
“Urgimos de una voluntad política firme de reinversión productiva para ampliar las fuentes de empleo decente, cada vez más limitadas, abriendo perspectivas para nuevos sectores en el marco de la economía circular, la economía verde, la economía digital, así como en la trascendental economía del cuidado”, manifestó Fanny Sequeira, Secretaria General de la CTRN.
Además, exigimos que cese el arbitrario intervencionismo del gobierno en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), y los intentos de falsear la realidad financiera de la institución mediante estudios actuariales espurios y se proceda de inmediato al desarrollo de obras de infraestructura que son urgentes; que se fortalezca el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte; que se dé un trato digno al personal médico especialista. Y sobre todo, que se cancele la billonaria deuda con la CCSS que este gobierno ha aumentado irresponsablemente.
Proclamamos nuestro compromiso de luchar para que se reviertan las tres leyes anti obreras que han estancado los salarios y deteriorado injustamente el nivel de vida de cientos de miles de personas trabajadoras y sus familias. La ley anti huelgas, la Ley Marco de Empleo Público y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. “Deben ser suprimidas, al tiempo que se promuevan nuevas leyes para prevenir y sancionar los delitos de evasión y elusión, que son la verdadera causa del déficit fiscal”.
Urge una reforma al sistema tributario para asegurar la progresividad de los tributos, y es imprescindible hacer auditorías sociales de la deuda interna y la deuda externa, la cual estrangula nuestra economía con el pago brutal y desaforado de intereses.
No permitiremos que continúe el retroceso en materia de democracia, de derechos y de cohesión social. Reafirmamos nuestra lucha por el trabajo decente, contra el trabajo precario y la vida precaria, y por los derechos humanos y laborales, porque esa es la única forma de que nadie se quede atrás. Necesitamos un nuevo Contrato Social, ya que el que teníamos ha sido abandonado por la política dominante, como lo señalan los últimos informes del Estado de la Nación.
Llamamos al pueblo a ponerse en pie de lucha para evitar que se siga rematando a precio de quiebra las empresas públicas de propiedad estatal, con la excusa de hacer frente a la deuda.
En todo el mundo, las mujeres ganan aproximadamente un 20% menos que los hombres y, al ritmo actual, se estima que se requerirán 257 años en conseguir la igualdad salarial por un trabajo de igual valor. Mientras tanto, en Costa Rica no solo reciben una menor remuneración en puestos similares, sino que también tienen cada vez una menor participación en el mercado laboral.
Según la más reciente Encuesta Continua de Empleo del INEC, a finales del 2023 solo participaron en el mercado laboral el 40% de las mujeres, pese a que poco más de 2 millones tenían edad para trabajar, solamente 774.666 estaban ocupadas y 68.865 se encontraban desempleadas, pero un año atrás, la cifra era del 48%, lo que evidencia un retroceso.
Además, las mujeres que tienen hijos o hijas están en mayor desventaja que el resto, pues de las que están en edad de trabajar, un 73% son madres; pero se insertan menos al mercado laboral, que las mujeres sin hijos, en una gran proporción en empleos informales, en ocupaciones no calificadas y jornadas de menos de 40 horas, de acuerdo con datos del Estado de la Nación.
Esto nos pone frente a una realidad que se debe atender, no se trata únicamente de luchar por la igual laboral entre hombres y mujeres, sino también de que los gobiernos y sociedades inviertan más en la economía de cuidados.
“A nivel internacional, se proyecta que la inversión en atención infantil universal y cuidados de larga duración creará 280 millones de empleos de aquí a 2030. Esta inversión incrementaría en un 78% las tasas de empleo femenino, siendo el 84% de estos empleos formales”, indicó Fanny Sequeira, Secretaria General de la Rerum Novarum.
Y es que una de las principales limitaciones que tienen las mujeres, especialmente las que son madres, para vincularse al mercado laboral, es que sobre sus hombros recae la mayor parte del trabajo doméstico no remunerado.
Para cerrar esta brecha el país requiere impulsar acciones consensuadas para fortalecer la igualdad salarial, combatir la segregación ocupacional, de manera que las mujeres logren insertarse en profesiones mejor remuneradas y establecer mayor equilibrio entre la vida laboral y personal.
“En la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y reiteramos nuestro compromiso en la lucha por alcanzar la igualdad de género en el trabajo, defender los derechos humanos y laborales de las mujeres siempre con la mirada puesta en construir una sociedad más justa e inclusiva, donde las organizaciones sindicales lideremos agendas transformadoras en materia de género a través de la negociación colectiva y el diálogo social”, concluyó Sequeira.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió al gobierno de Costa Rica acciones prontas para resolver una serie de incumplimientos relacionados con el derecho de negociación colectiva de las trabajadoras y trabajadores públicos, así como con la libertad sindical en general, los cuales han sido reiterados al país en otras oportunidades, sin ser atendidos.
La excitativa forma parte del Informe Anual de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT (CEACR), recientemente publicado, en el cual la OIT “lamenta observar que no se han producido avances” en la promoción de reformas legales y constitucionales que aseguren la independencia y la libertad sindical.
El informe tomó en cuenta los documentos elaborados por la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), en cumplimiento a las memorias del año 2023 de los Convenios 87, 98, 135, 141 y 122 de la OIT, en coordinación con las centrales sindicales costarricenses.
Entre otros aspectos, afirma la Comisión que desde hace muchos años viene pidiendo al Gobierno tomar medidas para garantizar el derecho de negociación colectiva en el sector público, y expresa su preocupación por “el impacto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas núm. 9635 y la Ley Marco de Empleo Público (núm. 10159) en la negociación colectiva de carácter económico en el sector público”.
Por ello la Comisión pide al Gobierno que “en consulta con los interlocutores sociales, tome las medidas necesarias para revisar la Ley Marco de Empleo Público (núm. 10159) y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (núm. 9635), de manera que los empleados del sector público que no trabajan en la administración del Estado puedan ejercer su derecho de negociar colectivamente temas económicos y salariales.
El informe de la Comisión se refiere también a otros problemas relativos a la libertad, autonomía e independencia sindicales, incluida la discriminación antisindical, sobre los que la OIT ha venido llamando la atención gubernamental desde hace años, sin que se hayan solventado. Pide al Gobierno que “tome las medidas necesarias para modificar el artículo 367, b) del Código del Trabajo con el fin de ampliar el número de representantes sindicales protegidos, especialmente en el caso de organizaciones que agrupan a un elevado número de miembros”, lo que incluye las licencias o permisos sindicales.
Otra modificación pendiente es reducir el plazo excesivamente largo que la ley concede a las autoridades para pronunciarse sobre la inscripción de los sindicatos, lo cual aprovechan algunos patronos para perseguir a sus miembros y dirigentes y desconocer la organización sindical, y promover arreglos directos contra la negociación colectiva.
Lamenta además la Comisión que no se han producido cambios para respetar la autonomía de las organizaciones en determinar el periodo de vigencia de sus juntas directivas. Tampoco se ha avanzado en una reforma legal que permita a personas extranjeras residentes en el país ejercer la dirección o cargos de autoridad en los sindicatos.
En materia de empleo, la Comisión lamenta que el Gobierno no hubiese establecido y aplicado una política nacional integral destinada a promover el empleo pleno, productivo y libremente elegido, en plena consulta con los interlocutores sociales, de conformidad con el Convenio sobre la Política de Empleo, de 1964 (Convenido 122).
La Comisión recuerda que “la política de empleo debe tener debidamente en cuenta la interrelación entre los objetivos de empleo y los demás objetivos económicos y sociales y, en particular, debe tratar de estimular el crecimiento económico y el desarrollo, elevando al mismo tiempo el nivel de vida y abordando el problema del desempleo y el subempleo”.
Fanny Sequeira, secretaria general de la Confederación expresó que: “La CTRN, consecuentemente, le pide al Gobierno atender sin más dilaciones las observaciones de la OIT y dar prioridad a las medidas necesarias para cumplir adecuadamente los convenios ratificados. Porque es un imperativo democrático cumplir con las leyes nacionales e internacionales del trabajo, y no permitir el deterioro del Estado Social de Derecho, ni la impunidad recurrente”.
Además, indicó: “Seguiremos exigiendo el cumplimiento de los Convenios de la OIT e insistiendo en la necesidad de ratificar los Convenios 151 y 154, como en varias ocasiones ha alentado la Comisión”.
Legislación promovida por el gobierno de Milei busca echar abajo derechos consolidados de los trabajadores y las trabajadoras, criminalizar la protesta social y destruir a las organizaciones sindicales
La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), de Costa Rica, expresa su apoyo al paro nacional convocado para este miércoles 24 de enero por las centrales sindicales argentinas, en oposición al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el proyecto de “ley ómnibus” promovidos por el gobierno de Javier Milei, los cuales contienen medidas extremadamente lesivas para los trabajadores y el sistema democrático de ese hermano país.
Nos unimos en esta manifestación de apoyo, junto a la Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas (CSA), expresión continental de la Confederación Sindical Internacional (CSI).
“Expresamos nuestra profunda preocupación por la situación que atraviesa Argentina desde la asunción del presidente Javier Milei el pasado 10 de diciembre y, en particular, por las amenazas que se ciernen sobre el pueblo argentino, su clase trabajadora y sus organizaciones laborales y sociales en general, expresó la secretaria general de la CTRN, Fanny Sequeira.
La CTRN envió una carta al embajador argentino en San José, Luis Eugenio Bellando, expresándole el firme apoyo al paro nacional convocado por las centrales sindicales argentinas y el repudio a las medidas antipopulares del gobierno de Milei, que constituyen, además, “un antecedente funesto para la región en materia de violaciones a los derechos laborales, sociales y sindicales”, agregó la dirigente sindical costarricense. Adjuntamos la carta enviada por la CTRN al embajador argentino.
En el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) se incluyen medidas que imponen fuertes limitaciones al ejercicio de derechos como la huelga y la realización de asambleas sindicales.
También permite desregular la jornada laboral y se modifica la regulación de las horas extras en perjuicio de los trabajadores; reduce la indemnización por despido y debilita la ley de contrato de trabajo al reducir su aplicabilidad. También elimina multas a los patronos por empleo no registrado y por el incumplimiento en el pago de indemnizaciones laborales.
La ley ómnibus incluye una modificación al Código Penal que, a juicio del movimiento sindical argentino, criminaliza la protesta social a niveles no vistos desde la última dictadura militar.
La secretaria general de la CTRN, Fanny Sequeira, indicó que en la carta al embajador argentino, se pide al gobierno de Milei que “priorice de manera urgente” el diálogo social y democrático, para analizar y definir medidas que incluyan y promuevan la participación del pueblo argentino y del movimiento social y sindical”.
Sequeira afirmó que el respaldo al paro laboral de los trabajadores argentinos en lucha está creciendo aceleradamente en todo el continente y en otras latitudes y añadió que “la solidaridad con los trabajadores argentinos es vital para evitar que se vulneren los derechos de las trabajadoras y los trabajadores y que se atente contra la Constitución y las normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, ratificadas por Argentina”.
La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) celebró el fallo judicial que reinstala en sus puestos a 45 trabajadores del servicio de Seguridad de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (JAPDEVA), quienes habían sido despedidos hace un año para reemplazarlos.
La secretaria general de la CTRN, Fanny Sequeira, aplaudió el triunfo de los trabajadores y trabajadoras, al tiempo que reconoció la enérgica lucha librada por su sindicato afiliado SINTRAJAP y, en particular, por su secretario general, Antonio Wells.
“Es una victoria para toda la clase trabajadora porque se ha hecho valer la legislación en materia laboral y se ha obligado a las autoridades a rectificar una violación flagrante a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras”, añadió Sequeira.
Un tribunal de apelación de la provincia de Limón ordenó reinstalar en sus puestos a 45 trabajadores de seguridad, quienes habían sido despedidos por las autoridades de la institución hace aproximadamente un año, con el propósito de entregar el servicio a una empresa privada.
El tribunal dio a conocer esta semana el fallo, en el cual ordena a JAPDEVA, la reinstalación de los trabajadores como medida cautelar, mientras se determina la legalidad de los despidos.
“Nosotros acudimos a los tribunales para pedir una medida cautelar y hacer valer los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que fueron despedidos de la noche a la mañana, de manera atropellada y violentando el debido proceso”, informó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP), Antonio Wells.
El “por tanto” de la sentencia emitida por el Tribunal de Apelación establece que: “se concede la medida cautelar solicitada (por SINTRAJAP). Por ende, deberá proceder JAPDEVA a la reinstalación de estas personas en sus puestos hasta tanto se conozca el fondo del asunto y se determine si lo actuado por JAPDEVA está o no apegado a derecho”.
“No hubo una comunicación previa a los compañeros, ni se informó a nuestro sindicato, que los representa. Un día llegaron, ordenaron a los guardas dejar su puesto y entregar el arma porque iban a ser reemplazados por personal de una empresa privada”, explicó Wells.
Fanny Sequeira fue enfática en señalar que es preocupante el hecho de que la disolución de la seguridad interna de la institución es contraria a las disposiciones de la ley, la cual establece que JAPDEVA tendrá su propio resguardo portuario.
Se debe recordar que las terminales de Limón y Moín son las puertas por las que se lleva a cabo casi toda la exportación e importación del país y la seguridad del comercio exterior del país es algo que debe estar garantizada por el Estado y no en manos de una entidad privada.
La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), conjuntamente con su afiliado el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP), el día de hoy han presentado una queja ante la OIT para denunciar la violación de los derechos sindicales resguardados en los convenios internacionales 87, 98 y 135, ratificados por Costa Rica, a raíz del atropello que JAPDEVA ha venido realizando contra la libertad sindical y la negociación colectiva.
A pesar de las diversas gestiones institucionales que tanto la Confederación como el Sindicato han estado llevando a cabo entre las partes, JAPDEVA de modo deliberado, unilateral y arbitrario persiste en desconocer e incumplir la convención colectiva vigente. Tampoco se ha podido lograr hasta la fecha la oportuna intervención de la autoridad del trabajo para solventar y hacer cumplir la legislación laboral y los convenios de la OIT.
Por tal motivo es que hemos tenido que tomar el camino de la denuncia internacional y recurrir ante los órganos de supervisión de normas de la OIT. De modo simultáneo estamos informando de dicha queja y situación a la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA), a la Confederación Sindical Internacional (CSI), y a la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF).
El desaplicar la convención colectiva y tratar de eliminarla es una acción antisindical, antidemocrática y antilaboral. Además, en el actual contexto de reforma institucional, esta actuación evidencia la falta de buena fe de la Presidencia de JAPDEVA, para quien la convención se erige en un obstáculo para hacer una reorganización unilateral, excluyente del sindicato, discriminatoria y lesiva para las trabajadoras y trabajadores de JAPDEVA. El sindicato se ve ahora marginado e imposibilitado de participar en dicha reforma, y de poder ejercer la defensa de sus agremiados y del valor social y económico de la propia empresa portuaria ante sus autoridades gerenciales
La queja fue entregada a las autoridades de la OIT en su sede en San José, para ser trasladada a su Oficina mundial en Ginebra (Suiza). La secretaria general de la Confederación, Fanny Sequeira, enfatizó “la importancia de la libertad sindical para la salud de la democracia”, y alertó sobre el aumento de casos (como el de JAPDEVA) en que se puede observar “el cada vez más fuerte desequilibrio entre capital y trabajo, cuyas consecuencias alejan al pueblo del trabajo decente con justicia social, generando condiciones para el surgimiento de fuertes conflictos sociales y colectivos”.
El imperativo de toda organización social que forma parte del acontecer político y económico es la transformación, la modernización y el cambio.
Los sindicatos no escapan a esa realidad incuestionable y de hecho enfrentan sin número de retos producto de las grandes transformaciones ocurridas en las últimas décadas a nivel planetario.
La globalización de los mercados, los acuerdos de integración económica, la internacionalización de los capitales, la incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos productivos y a la cultura en general son, entre otras, manifestaciones del nuevo paradigma imperante.
Las repercusiones para los trabajadores son muchas y no todas positivas; por ejemplo: los cambios ocurridos en los mercados del trabajo se caracterizan por las altas tasas de trabajo informal, trabajo precario, tercerización y pobreza; así mismo, ha propiciado la incorporación cuantitativa y cualitativa de las mujeres, pero no siempre económicamente en forma equitativa ni de respeto a los mismos derechos que asiste a los hombres; no hay la menor duda que existen pocas oportunidades de puestos de trabajo decente para una juventud que en muchos campos se siente excluida y sin futuro.
Lo constatable es que el mundo cambiado y cambiante pone en aprietos los esquemas clásicos de organización sindical, el perfil del dirigente como sus orientaciones políticas, los valores y las formas de operar.
Tomando ese escenario como telón de fondo y siguiendo las orientaciones de la CSA y la CSI la CTRN y sus principales organizaciones afiliadas han venido realizando una serie de eventos de capacitación y “encerronas”, con el convencimiento de que hay que estimular el debate interno respecto a los esquemas de trabajo que se siguen, las concepciones político-sindicales prevalecientes, sobre las estructuras orgánicas establecidas y las formas de gestión acostumbradas. El fin último es impulsar un proceso que conduzca paulatinamente a hacer modificaciones, restructuraciones y formas de pensar acordes a las exigencias de los nuevos escenarios.
La CTRN propugna por la unidad de los trabajadores/as como condición necesaria para protagonizar el perfeccionamiento de una democracia participativa.
Defiende el Estado Social de Derecho como marco jurídico indispensable para la justicia social.
Alienta políticas económicas que tengan a la persona humana como punto de partida del desarrollo y que sean justas, equilibradas y sostenibles.
Respeta el Estado de Derecho siempre y cuando tenga sustento en el respeto de los Derechos Humanos, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y donde las leyes laborales sean realidad y no expectativas especialmente en lo concerniente a la libertad sindical, negociación colectiva y derecho de huelga
La CTRN avala, defiende, participa y promueve la democracia política, el respeto al Estado de Derecho en el tanto que salvaguarde la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga como condición insustituible para el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de sus afiliados/as y de los trabajadores/as en general; así mismo, propugna por el mejoramiento de las políticas públicas y la calidad de los servicios en beneficio de la sociedad costarricense.
La CTRN, la confederación sindical más representativa del país incide como agente político por la construcción de un mejor país con una cultura de tolerancia, el respeto de los derechos socio–laborales y la consolidación de una democracia abierta, plural, sin exclusiones, justa, equitativa y protectora del medio ambiente
Los tres poderes del Estado se han alineado para aprobar hace pocos días está autoritaria ley, a pesar de los múltiples llamados, alertas y planteamientos jurídicos y sociolaborales que hemos hecho todas las organizaciones sindicales, las universidades públicas y otras entidades importantes del Estado y de la sociedad civil, respecto a la inconveniencia de aprobar una norma que contiene varios aspectos medulares seriamente lesivos para las instituciones públicas, para los servicios a la ciudadanía y para las personas trabajadoras del sector público.
Con esta iniciativa se pretende instalar en el país un sistema de relaciones laborales arbitrario, impositivo, precarizador de las condiciones de trabajo y vida de los trabajadores y trabajadoras públicas. Su puesta en marcha va a generar un estancamiento laboral y un retroceso del derecho colectivo, que dará lugar a numerosas demandas de violación de derechos a nivel nacional e internacional, con el lamentable aumento de la conflictividad social.
Esta acción política antisocial obedece a una lógica economicista y austericida aducida por el Gobierno para reducir el déficit fiscal que argumentan es provocado por el sector público, lo cual es completamente falso, y cuyo objetivo no es sólo obtener un préstamo de “supervivencia” del Fondo Monetario Internacional, porque principalmente se pretende acabar con la organización legítima de los trabajadores y trabajadoras en las entidades públicas, quitarles todo mecanismo de participación para la defensa de sus intereses, proscribir de hecho y de derecho la negociación colectiva, y dejar desprotegidas a las trabajadoras y trabajadores públicos para defender sus derechos fundamentales e intereses legítimos y democráticos. Por eso para la elaboración de esta ley no se han priorizado los argumentos técnicos de fondo que son esenciales para fundamentar una mejora real de los servicios públicos; por el contrario, dichos servicios serán recortados de modo progresivo, y su deterioro gradual será negativo tanto para la atención de las necesidades ciudadanas, como para las personas trabajadoras públicas y sus familias.
No le importó al Gobierno y a los partidos cómplices de su visión, sacrificar a toda la población trabajadora del sector público, lo que también afectará al sector privado y a sus personas trabajadoras asalariadas formales e informales. El tejido productivo del país notará el golpe de la precarización laboral en poco tiempo, y la economía de muchas familias se resentirá indefectiblemente. Esto traerá una escalada de conflictos y una mayor polarización social, de cuyas consecuencias deberá hacerse responsable una parte de la clase política decadente, egocéntrica, traficante de influencias, contraparte de corrupciones, que ha perjudicado el bienestar general para su beneficio particular.
Consideramos que esta iniciativa antilaboral, junto otras leyes antiobreras aprobadas en este periodo legislativo, evidencian un grave retroceso para la democracia, el trabajo decente, la protección social y los derechos laborales y sindicales de la gente. Las élites nacionales que están detrás del Poder Ejecutivo y de los partidos tradicionales, vinculadas con algunos grupos poderosos del sector empresarial, han logrado en esta legislatura imponer totalmente su agenda de intereses exclusivos y excluyentes, a través del control político de las instituciones y de los sistemas de decisión. Por eso no ha sido posible reforzar la legislación contra la evasión y elusión fiscal, o aprobar la ratificación del Convenio 190 de la OIT, entre otras muchas cosas que el pueblo viene reclamando sin encontrar puertas para el diálogo y la participación como exige el artículo 9 de la Constitución.
La propia OIT, consultada por la Asamblea Legislativa en 2020 sobre este proyecto de ley, expresó numerosos comentarios sobre varias partes del articulado que podrían entrar en conflicto con los Convenios Internacionales ratificados por el país. A pesar de ello, los legisladores y legisladoras han mantenido la mayoría de contenidos que ponen en riesgo el cumplimiento de dichos Convenios, en especial en materia de los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva.
El signo principal del Gobierno saliente, que ha perdido desde hace mucho toda credibilidad de la población, ha sido su incapacidad y falta constante de voluntad para el diálogo social. Incluso con esta ley tramitada de manera autoritaria y sorda ante el pueblo, entierra el diálogo social en el sector público que es siempre un espacio indispensable para la estabilidad y la armonía laboral.
Por todo ello seguiremos luchando para defender nuestros derechos y nada nos impedirá movilizarnos y responder con la unidad de acción sindical contra esta abusiva y despótica ley.
