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Etiqueta: cultura democrática

La pedagogía de la humillación política

Rodrigo Campos Hernández

MSc. Rodrigo Campos Hernández

¿Qué significa que diputados de la República deban ingresar por puertas traseras a Casa Presidencial, entregar sus teléfonos celulares y someterse a revisiones mientras el círculo presidencial conserva sus propios dispositivos? ¿Qué comunica políticamente la humillación pública del presidente de la Corte Suprema de Justicia en una transmisión televisada? ¿Qué tipo de cultura democrática estamos construyendo cuando la agresividad, el desprecio institucional y la degradación del adversario empiezan a ser percibidos como signos de autenticidad política?

Estas preguntas no son menores ni pueden despacharse como simples anécdotas o “estilos fuertes de liderazgo”. Por el contrario, revelan algo mucho más profundo y preocupante: la posible consolidación de una nueva pedagogía del poder en Costa Rica, basada en la intimidación simbólica, el conflicto permanente, la sospecha hacia toda institucionalidad y la espectacularización de la política.

Durante los últimos días, el país ha observado una serie de encuentros entre la presidenta Laura Fernández y distintas fracciones legislativas para discutir proyectos estratégicos relacionados con Crucitas, el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), la marina de Limón y el tren eléctrico rápido para la Gran Área Metropolitana. En principio, nada de ello tendría que interpretarse negativamente. El diálogo entre poderes y la búsqueda de acuerdos forman parte natural de cualquier democracia funcional.

Sin embargo, el problema no reside únicamente en los proyectos discutidos, sino en las formas políticas y simbólicas que han acompañado dichos encuentros. Porque las democracias no descansan solamente sobre normas jurídicas o procesos electorales; también dependen de rituales mínimos de reconocimiento mutuo, respeto institucional y trato horizontal entre actores políticos.

Cuando diputados electos deben entregar sus dispositivos móviles, ingresar por accesos secundarios y someterse a protocolos que transmiten desconfianza y subordinación, el mensaje implícito deja de ser únicamente “seguridad”. Lo que emerge es una escenificación jerárquica del poder. Una puesta en escena donde el oficialismo no solo gobierna, sino que demuestra quién controla el espacio, las reglas y el ambiente de interacción.

Más preocupante aún resulta la contradicción observada entre la aparente disposición al diálogo de la presidenta y las acciones posteriores del oficialismo legislativo. Mientras en las reuniones se prometen espacios de análisis y discusión —como ocurrió con las propuestas alternativas sobre Crucitas impulsadas por sectores de oposición—, posteriormente la fracción oficialista acelera votaciones y desconoce en la práctica cualquier margen real de negociación.

La pregunta entonces se vuelve inevitable: ¿se trata de auténticos procesos de diálogo o de mecanismos performativos orientados a administrar tensiones mientras las decisiones ya han sido tomadas de antemano?

En este contexto, la presencia constante y protagónica del expresidente Rodrigo Chaves —actual ministro de la Presidencia— añade una dimensión aún más compleja. Las escenas televisadas posteriores a las reuniones han dejado ver algo más que diferencias políticas. Han mostrado gestos, interrupciones, descalificaciones y formas de interacción que parecen diseñadas no para construir acuerdos, sino para reafirmar relaciones de poder y dominación simbólica.

Especialmente grave fue la escena pública en la que la presidenta humilló al presidente de la Corte Suprema de Justicia, reduciendo décadas de trayectoria judicial a un recurso retórico simplista orientado a desacreditarlo frente a la opinión pública. El problema no es únicamente el tono empleado, sino lo que dicha escena representa para la cultura democrática: la transformación de las instituciones en enemigos morales permanentes del “pueblo”, encarnado supuestamente por un liderazgo político confrontativo y emocionalmente agresivo.

Como ha señalado Byung-Chul Han (2014), las sociedades contemporáneas tienden a transformar progresivamente la política en un espacio dominado por la exposición, el impacto emocional y la lógica del espectáculo permanente. En ese contexto, la deliberación racional pierde terreno frente a la provocación, la simplificación y la producción constante de antagonismos. La política deja entonces de ser un espacio orientado al encuentro conflictivo pero democrático, para convertirse en una dinámica de excitación permanente donde lo importante ya no es convencer, sino impactar.

Y es aquí donde emerge uno de los elementos más delicados del momento político costarricense: la normalización social de la degradación institucional como espectáculo legítimo de gobierno.

Buena parte de los comentarios en redes sociales celebraron la humillación pública del magistrado. No la interpretaron como un deterioro del debate democrático, sino como una muestra de valentía, autenticidad o “mano dura” contra las élites. Ese detalle es fundamental, porque revela una transformación cultural peligrosa: la agresividad empieza a percibirse como virtud política y el desprecio hacia el adversario como signo de honestidad.

No se trata de negar los enormes problemas que enfrentan las instituciones costarricenses. El Poder Judicial requiere reformas importantes. La Caja Costarricense del Seguro Social enfrenta desafíos estructurales serios. El sistema político arrastra privilegios, burocracias y profundas desconexiones con amplios sectores sociales. Todo eso es cierto y debe discutirse.

Pero una cosa es impulsar reformas democráticas y otra muy distinta destruir sistemáticamente la legitimidad de toda mediación institucional. Cuando toda autoridad técnica, judicial o administrativa es presentada como corrupta, inútil o enemiga del pueblo, el único actor que termina apareciendo como fuente legítima de verdad es el liderazgo político personalista.

Ahí reside el verdadero peligro.

Steven Levitsky y Daniel Ziblatt (2018) han mostrado que las democracias contemporáneas rara vez colapsan mediante rupturas espectaculares o golpes abruptos. Más frecuentemente se erosionan lentamente, a través de la degradación paulatina de normas no escritas de tolerancia mutua, contención institucional y reconocimiento recíproco entre adversarios políticos. Cuando dichas normas se debilitan, la democracia puede conservar formalmente sus procedimientos electorales mientras deteriora progresivamente su cultura política.

Las democracias modernas necesitan contrapesos, deliberación, pluralismo y legitimidades compartidas. Cuando esos elementos empiezan a ser reemplazados por la lógica del espectáculo, la humillación pública y la confrontación permanente, el deterioro democrático deja de ser una hipótesis abstracta para convertirse en una práctica cotidiana.

Hannah Arendt (1993) advertía que uno de los mayores peligros para la vida democrática surge cuando el espacio público deja de estar orientado por el juicio, la pluralidad y la discusión, para convertirse en un escenario dominado por emociones colectivas, enemistades permanentes y destrucción simbólica del adversario. Esa advertencia conserva hoy una vigencia inquietante.

Por eso el problema de fondo no son únicamente Laura Fernández, Rodrigo Chaves o el oficialismo. El problema es el tipo de sensibilidad política que como sociedad estamos aprendiendo a tolerar, justificar e incluso celebrar.

Las democracias no suelen desaparecer de un día para otro. Rara vez colapsan únicamente mediante golpes abruptos o rupturas espectaculares. Muchas veces comienzan a erosionarse lentamente cuando el respeto deja de tener valor público, cuando el adversario se convierte en enemigo moral y cuando humillar empieza a confundirse con gobernar.

Y quizá esa sea hoy la pregunta más importante para Costa Rica: ¿estamos todavía frente a excesos de estilo político o estamos aprendiendo, poco a poco, a convivir con una cultura democrática cada vez más degradada?

Referencias

Arendt, H. (1993). La condición humana. Barcelona: Paidós.

Han, B.-C. (2014). Psicopolítica: neoliberalismo y nuevas técnicas de poder. Barcelona: Herder.

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). Cómo mueren las democracias. Barcelona: Ariel.

Más que la noticia, lo verdaderamente inquietante fueron las reacciones

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

En las últimas horas circuló ampliamente una noticia sobre una manifestación convocada contra la visita oficial del presidente de Israel durante el acto de traspaso de poderes en Costa Rica. Más allá de las posiciones que cada persona pueda tener sobre el conflicto en Gaza, sobre Israel, Palestina o sobre el Frente Amplio, hubo algo que me dejó profundamente preocupado: la enorme cantidad de comentarios que pedían abiertamente represión, violencia, encarcelamientos y agresiones contra quienes participarían en una protesta pública.

Pero incluso antes de leer los comentarios, hay algo más que merece atención: la forma en que la noticia fue presentada. El lenguaje utilizado por algunas páginas y medios no fue neutral. Expresiones como “sombra al acto oficial”, “operativo de seguridad bajo alerta máxima”, “empañar la fiesta patria” o “la izquierda busca hacer retumbar su voz” no solamente describen un hecho: construyen una narrativa donde la protesta aparece asociada al desorden, al peligro o a una amenaza contra la estabilidad nacional.

Y eso importa muchísimo, porque las palabras nunca son inocentes. Antes de que miles de personas comentaran la publicación, ya existía un encuadre emocional previo que presentaba la manifestación no como un ejercicio democrático protegido constitucionalmente, sino como un posible foco de caos o provocación. Cuando la protesta comienza a representarse mediáticamente como amenaza, resulta mucho más fácil que parte de la ciudadanía termine justificando respuestas autoritarias o violentas contra quienes participan en ella.

No se trató únicamente de desacuerdos políticos. Lo que apareció fue algo más profundo y más grave: una parte importante de la ciudadanía comenzó a hablar del adversario político como si no fuera un ciudadano con derechos, sino una amenaza que debe ser eliminada, golpeada, “limpiada”, silenciada o encerrada.

Los comentarios hablaban de “gas”, “garrote”, “agua”, “cárcel”, “basura”, “peste”, “cucarachas”, “escorias” y “lacras”. Muchos incluso celebraban anticipadamente la posibilidad de que hubiese violencia policial contra personas manifestándose. Lo más preocupante no es que existan comentarios extremos —eso siempre ha existido—, sino la naturalidad con la que hoy se expresan.

Y aquí aparece una contradicción enorme: muchas de esas mismas personas aseguraban estar “defendiendo la democracia”.

Pero una democracia no es solamente votar cada cuatro años, celebrar actos patrios o asistir a un traspaso de poderes. Eso es apenas su dimensión ceremonial. Una democracia constitucional también implica tolerar el disenso, aceptar la crítica, proteger las minorías y reconocer el derecho a la protesta pacífica, incluso cuando incomoda o cuando no coincide con nuestras ideas.

Precisamente por eso existen las constituciones políticas y los derechos fundamentales.

En Costa Rica, la libertad de expresión, el derecho de reunión y la posibilidad de manifestarse pacíficamente forman parte del núcleo básico del Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 28 de la Constitución Política establece que “nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones”, mientras que el artículo 26 reconoce el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, ya sea en espacios privados o públicos. Del mismo modo, el artículo 29 protege la libre comunicación del pensamiento por palabra o por escrito.

Esto significa algo muy importante: la protesta pacífica no es una concesión del gobierno de turno ni un privilegio ideológico. Es un derecho constitucional.

Incluso el Código Civil costarricense, en su artículo 18, recuerda que la existencia de la ley obliga independientemente de que las personas la conozcan o no. Sin embargo, el problema actual pareciera ser todavía más profundo: no solamente existe desconocimiento de las normas jurídicas, sino también un debilitamiento progresivo de la cultura democrática que les da sentido.

Y ahí es donde veo uno de los problemas más serios de nuestro tiempo: mucha gente ya no comprende qué significa vivir en una democracia constitucional. Se piensa que si una mayoría ganó elecciones, entonces cualquier crítica posterior es una amenaza al país. Se confunde democracia con unanimidad. Se interpreta la protesta como traición. Se cree que disentir es “odiar Costa Rica”.

Pero una sociedad democrática madura no elimina el conflicto político: aprende a convivir con él sin destruir al otro.

Lo que revelan estos comentarios no es solamente polarización política. Revelan una profunda crisis de cultura democrática.

Y esa crisis no nació de la nada.

Durante décadas, la educación pública fue reduciendo progresivamente los espacios dedicados a la educación cívica, la filosofía, la historia política y el pensamiento crítico. Poco a poco dejamos de formar ciudadanía y comenzamos a formar únicamente individuos funcionales al mercado. Hoy muchas personas desconocen por completo qué dice la Constitución Política, cuáles son sus derechos o por qué existen límites al poder estatal.

El resultado es una ciudadanía que muchas veces reacciona desde el miedo, el enojo o la identidad tribal, pero no desde la reflexión democrática.

Y eso abre una situación peligrosa: cuando la población comienza a percibir los derechos fundamentales como obstáculos y no como garantías civilizatorias, el autoritarismo deja de venir únicamente desde arriba y empieza a surgir desde abajo, desde la propia ciudadanía.

Ese quizá sea el aspecto más inquietante de todo esto.

La crisis democrática no comienza solamente cuando un gobierno restringe derechos. También comienza cuando las personas empiezan a pedir voluntariamente que esos derechos desaparezcan para quienes piensan distinto.

Y eso debería preocuparnos muchísimo más que cualquier manifestación.

Costa Rica: el desafío de reconstruir su democracia

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Su Formación Humanista, La Participación ciudadana y la Justicia Social

1.Una democracia fatigada

Costa Rica atraviesa una etapa de fatiga democrática. No porque haya perdido sus instituciones fundamentales, sino porque una parte significativa de su ciudadanía ha dejado de sentirse representada, escuchada y protegida por ellas. La desigualdad persistente, el desempleo, la inseguridad, el encarecimiento del costo de la vida, la corrupción profunda, el advenimiento del narcotráfico y la lentitud institucional han erosionado la confianza pública.

En este contexto emergen discursos personalistas, confrontativos y autoritarios que prometen soluciones inmediatas a problemas complejos. Cuando estos discursos prosperan, no es porque haya ignorancia popular, sino, sobre todo, porque hay frustración social acumulada. Allí donde la política democrática se deterioró profundamente y dejó de ofrecer respuestas creíbles a los ciudadanos, en especial a los más pobres, ha surgido el caudillismo populista y autoritario.

La historia reciente de América Latina muestra con claridad que el debilitamiento de la participación ciudadana y de la formación cívica abre la puerta a proyectos que concentran aún más el poder y deterioran la convivencia democrática. Costa Rica no está inmunizada contra esa deriva.

2.La experiencia comunitaria como escuela democrática

Durante décadas, existieron en el país experiencias valiosas de trabajo territorial: organizaciones juveniles, comités barriales, asociaciones de desarrollo, juntas progresistas, cooperativas, sindicatos, organizaciones y emprendimientos de pequeños productores, organizaciones empresariales democráticas y grupos culturales que promovían la participación cívica activa. En esos espacios la ciudadanía aprendía a deliberar, a organizarse, a resolver conflictos y a ejercer liderazgo social.

Estas experiencias demostraron que la democracia no se aprende solo en los libros, sino, por encima de todo en la práctica cotidiana. Sin embargo, muchas de ellas se debilitaron por sectarismos ideológicos, fragmentaciones internas y, en algunos casos, por el menosprecio a la democracia liberal y pluralista.

Hoy resulta indispensable recuperar esa tradición comunitaria, pero con una visión renovada, inclusiva, plural, respetuosa de las instituciones y comprometida con los derechos humanos. La organización social no debe ser instrumento de manipulación política, sino espacio de formación ciudadana.

Hoy está pendiente una tarea que no fuimos capaces de empezar para derrotar al autoritarismo y al populismo vulgar y dicharachero. Debimos habernos avocado a la construcción de una amplia alianza de los partidos políticos democráticos y progresistas. Sin sectarismo ideológicos o políticos. Costa Rica nos necesitaba y nos necesita a todos unidos frente a quienes amenazan las bases de nuestra sociedad democrática, que puede superar sus limitaciones y avanzar por la senda de la equidad y la justicia social, del humanismo y el pluralismo, de la participación y la organización popular.

3. Formación humanista: fundamento de la ciudadanía democrática

La formación humanista está en el corazón del proyecto democrático. Cuando hablamos de formación humanista hablamos de algo que también debe estar en el centro de la educación.

Una de las principales debilidades actuales es el debilitamiento de la formación humanista. Durante décadas, el sistema educativo costarricense promovió valores cívicos, pensamiento crítico, sensibilidad social y conciencia histórica. Esa tradición fue clave para la estabilidad democrática del país.

En los últimos años, no obstante, ha predominado una visión y prácticas muy reducidas de la educación, acaso como simple preparación para el mercado laboral. Sin desconocer la importancia de la formación técnica, resulta evidente que una sociedad sin base humanista es vulnerable al autoritarismo, la desinformación y la polarización.

La formación humanista implica desarrollar en las personas: conciencia ética, respeto a la dignidad humana, pensamiento crítico, responsabilidad ambiental, sentido de pertenencia nacional y conciencia histórica, compromiso y sensibilidad social.

Esto requiere fortalecer en todos los niveles educativos la enseñanza de la historia, la filosofía, la literatura, las artes, la educación cívica, el debate respetuoso y por supuesto combinado con las STEM (Carreras tecnológicas que deben llevar en sí la formación humanista). Asimismo, demanda promover espacios culturales comunitarios que fomenten el diálogo intergeneracional, el respeto por todos los seres humanos, la tolerancia y la memoria colectiva.

Una ciudadanía formada humanísticamente es menos manipulable y más capaz de defender una democracia renovada, popular y plural.

4. Participación ciudadana: democratizar el poder

Sin participación real de la ciudadanía, la democracia se acartona y se vuelve mero trámite electoral.

La democracia no puede reducirse al voto periódico. Sin participación efectiva, el sistema político se vacía de contenido y se convierte en una formalidad.

Participar significa deliberar, proponer, fiscalizar, evaluar y corregir. Significa asumir responsabilidad colectiva por el rumbo del país.

Costa Rica ha contado con múltiples estructuras participativas, que, aunque muchas se hayan debilitado, están guardadas en la memoria histórica de muchos luchadores sociales. Lo repito resumidamente: asociaciones de desarrollo, juntas educativas, consejos municipales, cooperativas y sindicatos, comités comunales y ahora diversas organizaciones ambientalistas y de defensa de los derechos humanos y ambientales.

Es necesario revitalizarlas mediante mecanismos como: presupuestos participativos municipales, cabildos abiertos cuyas resoluciones sean vinculantes, auditorías sociales ciudadanas, consultas locales digitales, consejos barriales permanentes, organizaciones ecologistas locales y territoriales.

Estos instrumentos permitirán que la ciudadanía incida realmente en las decisiones públicas y fortalezca la cultura cívica de carácter democrático.

Formación humanista y participación ciudadana son inseparables. Sin formación cívica la participación se torna manipulable. Y, sin participación la formación se vuelve estéril.

La democracia requiere de ambos, ciudadanos conscientes y participativos, críticos y organizados. Ciudadanos críticos y organizados es lo que teme cualquier populismo.

5. Justicia social y desarrollo sostenible y sustentable con rostro humano

Está visto que, el desarrollo no puede consistir exclusivamente en crecimiento económico. Cuando es así, se degrada siempre y ofrece oportunidades únicamente para los sectores más adinerados. Las oportunidades se concentran y nunca se puede abatir de forma significativa la pobreza. Los países que solo apuestan al crecimiento sin distribuir la riqueza social producida por todos terminan comiéndose los recursos de hoy y también los de las futuras generaciones. No habrá nunca desarrollo sostenible ni tampoco sustentable. La desigualdad continuará siendo un “karma” facilitando que nos invada el narcotráfico y todos los demás flagelos de las sociedades pobres.

La reconstrucción democrática exige una agenda social sólida. El empleo local, el crédito productivo para pequeños emprendimientos, el alivio al costo de la vida, la inversión en infraestructura básica, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, el desarrollo sostenible con inversión en energías limpias buscando el carbono neutralidad son prioridades ineludibles.

La seguridad debe abordarse integralmente: policía profesional, inteligencia financiera contra el crimen organizado, recuperación de espacios públicos, programas de prevención social y becas para aquellos estudiantes que no pueden estudiar de otra forma. El narcotráfico no solo genera violencia; impone modelos culturales destructivos y debilita el tejido moral de la sociedad.

La educación técnica vinculada al empleo como el INA, las becas con acompañamiento, la conectividad universal y la reducción de la deserción escolar son herramientas fundamentales de movilidad social.

La salud pública y la vivienda digna constituyen derechos esenciales para los seres humanos. Rescatar la Caja Costarricense del Seguro Social y promover vivienda digna integrada son tareas impostergables.

6.Transición ecológica y responsabilidad intergeneracional

El cambio climático representa uno de los mayores desafíos del siglo XXI. Afecta el acceso al agua, la producción agrícola, la salud de personas, animales y plantas, así como la estabilidad económica de las sociedades. Costa Rica tiene la responsabilidad histórica de liderar una transición ecológica justa.

Esta transición debe ser popular e inclusiva; debe generar empleo local mediante reforestación, energías limpias comunitarias, agricultura sostenible, transporte no contaminante como tren eléctrico y flotilla interurbana de buses también eléctricos, así como protección de los ecosistemas terrestres y marinos.

La defensa ambiental no puede ser el privilegio que favorezca a las élites urbanas. Debe ser una política de bienestar colectivo y de justicia intergeneracional. Implica aprender a trabajar los recursos marinos, sin afectar sus ecosistemas y sin que se convierta en una explotación devoradora. Las aguas de ríos y mares deben ser rescatadas e impedir que las cuencas de los ríos degeneren en cloacas y que el mar sea un basurero.

Las comunidades debe ser poblaciones eco sustentables, lo que significa educación y capacitación comunitaria para lograr una mayor autonomía de estas y participación en la tarea del desarrollo sostenible y sustentable.

7. Cultura, formación para la paz y cultura cívica, identidad y cohesión social

La cultura es un pilar de la democracia. La música, el arte, el teatro, la danza, la poesía y la memoria histórica fortalecen la identidad nacional y la convivencia. La formación para la paz y una cultura cívica, deben estar en el centro de nuestra educación y formación ciudadana.

La cultura humaniza y genera más cultura, nos enseña a convivir y respetar al otro y la otra, aprendemos también a convivir con animales y plantas sin ocasionar su exterminio. La cultura nos ayuda a entender que formamos parte de ecosistemas complejos, dentro de los cuales hemos de convivir en paz.

La cultura camina de la mano de la convivencia solidaria y de la paz.

Una red nacional de cultura comunitaria contribuye a prevenir la violencia, fortalecer el sentido de pertenencia y formar ciudadanía crítica. Invertir en cultura es invertir en estabilidad y desarrollo democrático.

8. Institucionalidad, ética y desarrollo democrático

La primera y más preciada de las instituciones debe ser una educación sólida en todos los niveles del desarrollo de la persona humana. Debe ser integral en valores, afianzar la justicia para todas las personas, equidad e igualdad de géneros, respeto al derecho de cualquier persona a disentir, a todos aquellos que tienen creencias diferentes a las nuestras; por ello estamos obligados a profesar respeto a las personas con diferentes creencias políticas, religiosas, debemos respetar a las personas agnósticas o sin convicciones religiosas; debemos respeto a los sexualmente diversos, para que todos y todas nos respeten a nosotros. Nuestra sociedad debe afianzar una cultura de paz, solidaridad con los más necesitados y entre todos, por medio de la educación. Una educación sólida debe saber integrar la tecnología moderna a todos los niveles etarios de acuerdo con su desarrollo físico, psicológico, intelectual, social y cultural.

La democracia requiere además instituciones fuertes, autónomas y transparentes. Es menester defender la libertad de prensa, la fiscalización, la justicia independiente y la rendición de cuentas no es un formalismo jurídico. Sino una garantía de igualdad ante la ley.,

Del mismo modo, resulta imprescindible reducir los privilegios que no se deriven del merecimiento propio como los que provienen del intelecto, o de las habilidades y aprendizajes artísticos o deportivos. También la sociedad debe promover el respeto irrestricto a personas con diferentes discapacidades, debemos estar prestos a eliminar todo tipo de barreras en la educación, arquitectónicas o de cualquier naturaleza que impidan que las personas con discapacidad logren desarrollarse en medio de las limitaciones que sean propias de su discapacidad. La nuestra tiene que ser una sociedad dispuesta a combatir la corrupción con firmeza, así como la violencia o la arbitrariedad y, se debe promover en ella una cultura de servicio público.

El país no necesita “salvadores” ni caudillos. Requiere liderazgos colectivos que se basen en el potencial de cada cual, en lo intelectual, cultural, artístico, deportivo. Nuestra sociedad requiere de equipos humanos competentes en las distintas áreas, necesitamos acuerdos amplios y fomento de la vocación ética.

9. La democracia como tarea cotidiana

La reconstrucción nacional no se juega únicamente en una elección, aunque debemos fomentar siempre el resultado de las elecciones limpias que custodia el Tribunal Supremo de Elecciones y también es el deber ciudadano. La reconstrucción de la sociedad es una tarea diaria. Empieza en cada barrio, en cada aula, en cada asociación, en las zonas rurales y urbanas, en cada espacio cultural, en cada acto de respeto cívico.

Costa Rica no se construyó por azar. Lo hizo gracias a una combinación de justicia social, respeto por la solidez institucional, educación humanista y solidaria y muy particularmente participación ciudadana.

Hoy debemos renovar ese pacto histórico para reconstruir la democracia. La democracia no se hereda, se cultiva entre toda la ciudadanía. No se delega, se ejerce. No nos debemos contentar con proclamarla, debemos vivir en ella y para ella.

Solo así podrá seguir siendo el fundamento de nuestro futuro común.

Conversatorio propone análisis de las elecciones desde una perspectiva informativa y responsable

En el marco del proceso electoral rumbo a 2026, se realizará el Conversatorio “Elecciones Nacionales 2026”, un espacio de diálogo ciudadano descrito por sus organizadores como estimulante, educado, informativo y positivo, orientado a promover la reflexión y el voto responsable.

La actividad tendrá lugar en la Biblioteca Pública de Desamparados, ubicada detrás de la Municipalidad de Desamparados, el jueves 30 de enero, en horario de 4:00 p.m. a 5:45 p.m.

El conversatorio abordará distintos temas de interés nacional relacionados con el escenario electoral, entre ellos:

  • Encuestas, perspectivas y eventualidades, a cargo de Dieter Gallop Fernández, politólogo.

  • El poder del voto responsable, presentado por Eduardo Flores, licenciado en Derecho, abogado–notario y cónsul honorario de Namibia en Costa Rica.

  • Costa Rica: el alma nacional y electoral, como eje de reflexión sobre identidad, valores y participación democrática.

La actividad es organizada por Ruta Valores, una iniciativa que promueve el diálogo cívico y la participación informada en asuntos de interés público. Las personas interesadas pueden encontrar más información a través de la página de Facebook Ruta Valores o escribir al correo socialcr23@gmail.com

Este conversatorio se plantea como una oportunidad para fortalecer la cultura democrática, intercambiar puntos de vista y contribuir a un proceso electoral más consciente y participativo.

De Infancia, colores y democracia

Glenm Gómez Álvarez
Sacerdote y periodista

Hubo un tiempo en Costa Rica en que, durante las elecciones, los niños nos sumábamos de lleno en el trajín electoral. Sabíamos que no íbamos a votar, pero participábamos con el mismo entusiasmo: algunos madrugábamos para ayudar como guías de mesa en la organización, otros andábamos con la respectiva camiseta bien puesta y la bandera al hombro. En aquel entonces, esos colores no activaban alertas ni ameritaban expediente alguno: eran juego, fiesta y —para sorpresa del presente— también identidad.

Las elecciones se vivían en la calle y en la casa. Íbamos con nuestros papás a los actos políticos, dábamos vueltas por el barrio luciendo el color y celebrábamos cuando en la esquina nos pitaba el carro si era del mismo bando. Aquello no era propaganda agresiva, sino un saludo: una seña rápida de pertenencia en una democracia que todavía se permitía disfrutarse. Y, por supuesto, no faltaba el amiguito “pancista” —así bautizábamos a la veleta del barrio—, el que siempre encontraba la camiseta correcta para cada momento. También eso se aprendía: que no todos jugaban con el mismo color hasta el final

En la familia se discutía. Cada quien defendía su color con entusiasmo, sin manuales de convivencia ni protocolos de protección. Nadie pensaba que esas peleas de sobremesa pudieran vulnerar derechos fundamentales. Ahí íbamos entendiendo, a punta de palabras y risas, que la democracia no es pensar igual, sino aprender a vivir con el desacuerdo.

Hoy, en cambio, la política se volvió sospechosa. El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) abrió una investigación por la participación espontánea de la hija del candidato Álvaro Ramos en un acto público, acompañada por su papá y su mamá. Una chiquilla que habló con naturalidad pasó, de un momento a otro, a ser tratada como posible caso de riesgo institucional. No por abandono, no por violencia, sino por haber estado cerca de la política.

Conviene entonces ordenar el nuevo mapa mental. Si la política es peligrosa para los niños, habrá que revisar nuestras viejas costumbres democráticas: borrar las votaciones infantiles que se promueven como ejercicios cívicos, suspender las elecciones estudiantiles en escuelas y colegios, guardar las camisetas de colores, esconder banderas y papeletas de juguete. No vaya a ser que los chiquillos, sin saberlo, estén siendo inducidos en esa práctica dudosa llamada ciudadanía.

La democracia costarricense, al parecer, ya no se aprende en la esquina ni en la casa, sino en la distancia prudente y el silencio preventivo. Y así, bien protegidos de toda influencia, tal vez, algún día, los niños despierten a los 18 años con una vocación democrática pura, intacta y libre de toda contaminación. Mientras tanto, este país empieza a confundir cuidado con miedo y derechos con silencio.

Y cuando por fin los niños crezcan, quizá descubran que no se les privó de la política para protegerlos, sino de la democracia para administrarla mejor.

Cuando el poder se confunde con la verdad: una defensa cívica del Tribunal Supremo de Elecciones

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

En los últimos días, el debate público costarricense ha girado en torno a las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Elecciones. Las declaraciones del presidente de la República, al acusar a los magistrados del TSE de “amenazar la democracia” y “violar la Constitución”, no solo reavivan un conflicto político, sino que ponen a prueba la madurez institucional del país.

Más allá del intercambio retórico, lo que está en juego es el principio republicano de separación de poderes y la confianza ciudadana en el árbitro electoral que ha garantizado, por más de siete décadas, la estabilidad democrática costarricense.

El propósito de este texto no es alimentar la confrontación, sino invitar a una reflexión cívica y pedagógica sobre el significado profundo del respeto institucional, los límites del poder y la responsabilidad ciudadana de resguardar el equilibrio constitucional. Para ello, propongo un análisis desde tres lecturas complementarias: una jurídico-institucional, otra política discursiva y finalmente cívico-pedagógica. Quienes puedan leer esta reflexión pueden intervenir en el debate.

Lectura jurídico-institucional: el TSE como pilar de la democracia constitucional

La Constitución Política de Costa Rica, en su artículo 99, confiere al Tribunal Supremo de Elecciones la potestad exclusiva y vinculante de organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio. Este diseño no es accidental: responde al propósito histórico de proteger la pureza del proceso electoral frente a las presiones políticas.

Cuando el presidente de la República acusa a los magistrados electorales de “violar la Constitución”, incurre en una inversión del orden constitucional. No es el Ejecutivo quien interpreta ni juzga la legalidad de las actuaciones de un órgano autónomo, sino el Derecho —a través de los mecanismos institucionales previstos— quien determina los límites de cada poder.

Como advertía Norberto Bobbio, “la democracia se mide no por la fuerza de la mayoría, sino por los límites que la Constitución impone al poder” (El futuro de la democracia, 1984). El TSE encarna precisamente esa frontera: el lugar donde la soberanía popular se traduce en legalidad y donde ningún presidente puede situarse por encima de la norma.

Lectura política y discursiva: la erosión simbólica de la institucionalidad

Más allá de las declaraciones, el peligro radica en la estrategia discursiva que busca debilitar la confianza ciudadana en las instituciones arbitrales. Cuando un presidente acusa al árbitro de “amenazar la democracia”, introduce en la esfera pública una lógica de sospecha que reemplaza el debate racional por la deslegitimación emocional.

Este tipo de narrativa, propia del populismo contemporáneo, pretende sustituir la pluralidad institucional por la voz personal del líder. Habermas advertía que la legitimidad democrática depende de “la circulación de razones en el espacio público” y no de “la imposición de verdades desde el poder” (Facticidad y validez, 1992).

El discurso presidencial, al presentarse como intérprete moral del orden constitucional, desplaza la deliberación jurídica hacia el terreno de la fe política. Y en ese desplazamiento, la democracia se empobrece.

Lectura cívico-pedagógica: recuperar el sentido de la crítica democrática

La defensa del TSE no debe entenderse como un acto de complacencia institucional, sino como una tarea cívica de protección del equilibrio democrático. Las instituciones no son infalibles, pero su crítica debe provenir del respeto, el conocimiento y los cauces legales, no de la descalificación pública desde el poder.

En una democracia madura, los límites al poder no son obstáculos, sino garantías. Luigi Ferrajoli recuerda que “sin límites, el poder deja de ser democrático y se convierte en mera dominación” (Derecho y razón, 1995).

Por eso, frente a los ataques verbales y las descalificaciones, lo que corresponde no es replicar con fanatismo, sino educar políticamente: recordar que los árbitros electorales no gobiernan, pero hacen posible que gobernemos en libertad.

La independencia del Tribunal Supremo de Elecciones es, en última instancia, una expresión de la soberanía ciudadana, no de un privilegio burocrático. Defenderla es defender la posibilidad misma de elegir, disentir y decidir sin miedo.

Costa Rica ha preservado por más de siete décadas una cultura democrática basada en la confianza en sus instituciones. Esa confianza no puede ser patrimonio de un gobierno ni rehén de un discurso.

El respeto al TSE no es reverencia: es conciencia cívica. Cuando el poder se confunde con la verdad, el deber ciudadano es recordar que la verdad constitucional no tiene dueño.

Transición presidencial: perspectivas para la política nacional

Boletín especial

El Observatorio de la Política Nacional pone a disposición un boletín especial sobre la transición de la Administración Alvarado Quesada a la Administración Chaves Robles y las valoraciones sobre los primeros 100 días de esta última, «Transición presidencial: perspectivas para la política nacional». 

Este boletín cuenta con la participación del Dr. Rotsay Rosales-Valladares, el Dr. Randall Blanco Lizano, el  MSc. Juan Pablo Sáenz Bonilla, el M.Sc. Gustavo Fuchs Alvarado y la Dra. Ilka Treminio Sánchez.

Con ello, invitan a la reflexión crítica y constructiva sobre la acción política en el país en relación con estas administraciones, para que la comunidad académica y la ciudadanía interesada en esta discusión generen nuevas cosmovisiones propias, para el fortalecimiento de la cultura democrática en el país. 

Para ver el boletín ingrese al siguiente enlace: https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-2/boletines-especiales/287-boletin-especial-transicion-presidencial-perspectivas-para-la-politica-nacional