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Etiqueta: Daniel Ortega

“Silencio a cualquier costo: Tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua”

SURCOS comparte la siguiente publicación:

Amnistía Internacional presenta una nueva publicación a cerca de la situación de represión que se está viviendo en Nicaragua.

Adjuntamos la introducción del texto y extendemos la invitación a leer el artículo completo que se encontrará disponible para descarga al final de la nota.

  1. Introducción:

Cuando las imágenes de la violenta represión contra las protestas masivas que iniciaron en abril de 2018, por una serie de reformas al sistema de seguridad social en Nicaragua, colmaron las portadas de los principales diarios de todo el mundo, parecía que la crisis de derechos humanos en el país había llegado a su punto más álgido.

Para finales de abril de 2018 era difícil pensar que las cosas podían empeorar. El gobierno del presidente Daniel Ortega hacía uso de todo el aparato de seguridad para castigar a quienes se atrevían a manifestarse en las calles exigiendo rendición de cuentas. Dos años después, la realidad continúa superando las peores predicciones.

La evidencia y testimonios contenidos en este informe muestran la forma en la que el gobierno de Nicaragua no solo ha profundizado, sino que ha perfeccionado su aparato represivo, poniendo en práctica una serie de tácticas sofisticadas para silenciar cualquier forma de crítica y demanda social, a cualquier precio.

Las violaciones de derechos humanos, incluida a la libertad de expresión, no son nuevas en Nicaragua. Sin embargo, el uso de nuevas herramientas, como algunas de las que serán presentadas y descritas en este documento, indican el comienzo de un capítulo más sombrío en la historia reciente del país.

Durante abril y mayo de 2018, las autoridades hicieron un uso excesivo, desproporcionado y, con frecuencia, innecesario de la fuerza e implementaron una estrategia en ocasiones deliberadamente letal contra las personas que se manifestaban.1

La negativa del gobierno a cesar la represión, en los meses posteriores, continuó sumando víctimas fatales y heridos a manos de agentes del Estado y grupos parapoliciales armados afines al gobierno, lo que aumentó la indignación social. Numerosas localidades respondieron a la estrategia represiva levantando barricadas y, en ocasiones, utilizando morteros artesanales para defenderse.

En respuesta, en julio de 2018, Ortega anunció la “Operación para la Paz”, que se conoció popularmente como “Operación Limpieza”. Ésta consistió en destruir por la fuerza las barricadas y enviar a grupos combinados de fuerzas parapoliciales armadas y agentes de la Policía Nacional a enfrentar a quienes se manifestaban. 2

En su momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que la puesta en marcha de la Operación Limpieza estaba marcando un punto de inflexión en la crisis de derechos humanos en Nicaragua. 3

Pocos meses después, en diciembre de 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua, instalado bajo el auspicio de la CIDH con el fin de coadyuvar en las investigaciones de los hechos violentos ocurridos en el contexto de las protestas, concluyó que la respuesta represiva del Estado se dio en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. El GIEI afirmó que las autoridades nicaragüenses realizaron “conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución”. 4

A pesar del escrutinio internacional, la respuesta represiva contra quienes se manifestaban y promovían el respeto a los derechos humanos continuó durante 2019.

De acuerdo con datos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), en el 2019 se continuaron reportando casos de homicidios selectivos de personas identificadas como participantes en las protestas o como opositoras al gobierno, incluyendo al menos 40 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales, muchas contra personas campesinas.5

Durante ese año el gobierno se cerró al escrutinio internacional y no permitió la entrada de organismos internacionales de derechos humanos, situación que continuaba hasta finales del 2020.

Organizaciones locales actualmente denuncian que las autoridades siguen utilizando al Poder Judicial como uno de los brazos represivos para encarcelar a activistas en procesos arbitrarios.6 A finales de noviembre de 2020, fecha de finalización de este informe, más de 100 personas continuaban tras las rejas de manera arbitraria.7

Dentro de las cárceles, las personas detenidas bajo cargos que podrían esconder una motivación política siguen reportando malos tratos y hostigamiento, como elementos adicionales de castigo por sus actividades. Además, fuera de las cárceles, quienes trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos son víctimas de una campaña de hostigamiento sistemática, diseñada para detener su labor.

Fuera de las prisiones, activistas excarceladas y sus familias denuncian que el acoso tras volver a sus hogares es tal que les impide ejercer cualquier tipo de trabajo relacionado con los derechos humanos, u otras actividades. En algunos casos, el hostigamiento se materializa en actos de intimidación y acoso por parte de la policía, fuerzas parapoliciales o redes de control local vinculadas con las autoridades.

En otros casos, la represión es más directa. Desde 2018, el gobierno ha cancelado el registro legal y confiscado los bienes de al menos 10 organizaciones de derechos humanos. Las autoridades también han criminalizado a periodistas y cerrado medios de comunicación considerados críticos.

Durante la segunda mitad del año 2020, la Asamblea Nacional, controlada en su mayoría por miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido del presidente Daniel Ortega, aprobó una serie de leyes que restringen considerablemente el ejercicio de los derechos humanos. La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros,8 por ejemplo, cuyo aparente objetivo es fiscalizar el dinero que organizaciones reciben para evitar la “injerencia extranjera”, en la práctica podría forzar a las organizaciones a cerrar sus puertas ante los obstáculos para financiar sus actividades legítimas.

La Ley Especial de Ciberdelitos, por su parte, bajo el pretexto de evitar la propagación de “noticias falsas”, define un marco legal que puede ser utilizado para castigar penalmente a quienes expresen opiniones que, a los ojos de las autoridades, “produzcan alarma, temor o zozobra”.9 En la misma línea, se aprobó, en primera lectura, una reforma constitucional que permitiría la pena a perpetuidad. Debido a la vaguedad del texto que se propone reformar, existe el temor fundado de que sea otra herramienta que pueda ser utilizada para criminalizar a personas percibidas como opositoras.

Personas defensoras de derechos humanos temen que lo peor todavía no ha llegado. Afirman que, en el contexto preelectoral de cara a los comicios presidenciales de noviembre 2021, las violaciones a los derechos humanos, que no se han detenido, se recrudecerán mientras el gobierno busca silenciar cualquier forma de oposición, a cualquier costo.

Mientras tanto, la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y sus familiares, quienes han sido objeto de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, y de otras violaciones de derechos humanos o de crímenes de derecho internacional, continúan siendo una ilusión.

Tras la finalización de este documento, en noviembre de 2020, los reportes sobre el incremento de los actos de hostigamiento contra las personas identificadas como opositoras al gobierno, defensores de los derechos humanos, periodistas, así como víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus familias, continuaron sin pausa. Adicionalmente, en diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz”, cuya aprobación fue rechazada por la CIDH, quien además señaló que su contendido limita el ejercicio de los derechos políticos protegidos por las normas internacionales de derechos humanos. 10

 

Enviado por Juan Carlos Cruz Barrientos.

Carlos Meneses Reyes: Porqué defender al gobierno de Daniel Ortega

Por Carlos Meneses Reyes

 

INTRODUCCIÓN

En mi anterior artículo “El Efecto Dominó Contra Nicaragua” intenté un repaso histórico sobre la Nicaragua Sandinista de Hoy, caracterizando que el triunfo de la Revolución Sandinista fue el logro de la caída de la dictadura somocista por más de 59 años; no el triunfo de una revolución socialista, como tampoco el de una revolución democrática popular. Fue el triunfo de una política Frentista de Liberación Nacional. Ahora, un proyecto de reforma al sistema pensional y de seguridad social, fue el detonante de la situación degenerada en protestas callejeras. Sin el apoyo de los empresarios y la asistencia de estos a sectores estudiantiles, con miras a que la normalidad retornara a las calles de Managua, el gobierno decidió retirar el controvertido proyecto; pero las protestas no cesaron y la intención del levantamiento conspirativo quedó al descubierto, al expresar los voceros estudiantiles que el presidente Ortega debía renunciar. Luego, acorde con el despliegue de la mediática, se suceden las imposiciones para que el gobierno adelante las elecciones en altisonante juego de exigencias.

DEL TRIUNFO SANDINISTA

Las condiciones del movimiento popular ante la férrea dictadura somocista, no permitía una expresión de las organizaciones sociales ni populares. No existía reconocimiento legal alguno, ni de ejercicio de los derechos fundamentales. Paralelo a la hambruna y empobrecimiento de la población corría la carencia de instancias de representatividad. El papel del clero insurgente y los trabajos de comités de base eclesiales, suplían formas organizativas, por lo cual la lucha político y militar del Frente no fue una lucha por el poder, sino la de los logros por alcances democráticos contra la dictadura. La experiencia de un Frente Popular se materializó con el encausamiento de los efectos de la represión contra la clase media. Afectados también el sector de intelectuales, de comerciantes , pequeños y grandes empresarios, que carecían de un mercado libre, competitivo, y sin capacidad política organizativa, enfilaron a la política del Frente y bajo la denominación política del Grupo de los Doce, todos esos actores afectados y que no tenían espacio ante la plutocracia del grupo de los Somoza, tuvieron cabida en ese escenario de lucha en el que, por las circunstancias del momento, no correspondía dirimir la lucha ideológica, sino la aceptación de apoyar la lucha contra la dictadura; lucha de por sí insurreccional.

La sumatoria de organizaciones políticas y sociales, propias en una política de Frente, aplicaba sobre una dinámica de militancia. No había una Escuela de Cuadros en la formación de dirigentes. Ello explicable por cuanto al no darse la complejidad de lo político-organizacional, el faro de la búsqueda del poder no era la meta. Lo era el derrocamiento del mal gobierno dictatorial. Al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) lo identificaba y movía, un programa de alcances concretos y que a hoy continúa siendo el programa vigente: * Revolución Agraria (aún no alcanzada). * Legislación laboral y seguridad (amenazada por la flexibilización y el deterioro de derechos sustantivos). * Gobierno revolucionario y honestidad administrativa (con un flagelo de corrupción y no ejercicio eficaz de órganos de control). * Reincorporación de la Costa Atlántica (bajo un modelo de Ordenamiento territorial no satisfactorio y la mediocridad díscola de las minorías indígenas Miskitas, en permanente oposición a salidas de solución). * Emancipación de la mujer y respeto a las creencias religiosas (con dura afectación al derogar la Ley del Aborto y enterrar otras conquistas de género; así como el desdibujado cariz religioso que linda con fundamentalismo para congraciarse con el peso político especifico de la jerarquía eclesiástica). *Política exterior independiente y solidaridad internacional. *Ejército patriótico popular y eliminación de la guardia nacional somocista y la * Unidad Centroamericana. Estos últimos estadios de logros eficaces y verdaderamente progresistas.

LA POSICION DE IZQUIERDA

Se vocifera que es una inconsecuencia “de la izquierda” apoyar al régimen represivo de Daniel Ortega en la presidencia y Rosario Murillo en la vicepresidencia de Nicaragua. Con infinidad de calificativos y carencia de argumentos, se suceden acusaciones y violaciones por doquier, ante la respuesta gubernamental de represión a las actividades conspirativas e insurreccionales.

Exhibiendo el crecido número de muertos durante los enfrentamientos y el prolongado ciclo de protestas desde el 18 de abril de 2018, generan un ambiente de malestar generalizado en la opinión pública internacional, abrumando y presionando con una salida unilateral y no producto de un acuerdo político en la búsqueda de solución definitiva a los sucesos. Se registran protestas de organismos internacionales como la OEA, declaraciones de jefes de estado en particular, manifestaciones de urgencia de sectores académicos y de la intelectualidad a mutuo propio o en representación de entidades, atosigan y abruman articulistas y generadores de opinión para contrarrestar a la otra corriente que vislumbra un mal uso de los canales de la diplomacia entre los estados, un empeño en abrumar con la presión en la imposición de medidas a prisa al gobierno sandinista llegando a la disonancia venenosa que el argumento de los defensores del gobierno sandinista es el de siempre: “ las protestas están organizadas por el imperialismo yanqui; criticar la represión es funcional a los intereses del neocolonialismo”, etc, etc.

PERMANENCIA DEL SANDINISMO

Es dable afirmar que el tal Orteguismo no existe. El Sandinismo es el que ha permanecido como ejercicio político, acorde las condiciones organizativas internas, bajo los emblemas de variables para la iniciativa de manejo del poder, en cogobierno con los sectores derechista predominantes desde el Grupo de los Doce, en la génesis de la estructura y naturaleza Frentista atrás expuesta; materializada en las alianzas expresas con el corrupto Arnoldo Alemán.

Para mantener una concepción política progresista y en forma práctica alternativa de gobierno, el sandinismo concilio posiciones pragmáticas de efectos neoliberales en la economía; retardatarias en cuanto a derechos de las mujeres, conservadores en cuanto a la permanencia de un estado laico y de reformismo constitucional en cuanto al ejercicio democrático. La neutralización de la Contra revolución opero a costa del pesado fardo de la colusión, en el entendido que, sin ser de principios socialistas ni revolucionarios, la concepción frentista del sandinismo no traicionó los principios universales de la izquierda; puesto que reitero, el sandinismo no era revolucionario ni de izquierda. Ahondando en explicación razonada, opere un silogismo de comprensión en el que la premisa mayor la constituye un discurso de planteamiento antiimperialista, anti-neocolonial y anti oligárquico. La premisa menor, las alianzas pragmáticas para el ejercicio y monopolio de poder gubernamental y la conclusión, la permanencia de una política progresista como modelo o forma de gobierno alternativo en el escenario latinoamericano. Así entendido, la posición consecuente de izquierda ante el fenómeno del sandinismo encargado en la presidencia de la dupla Ortega- Rosario, es la reivindicación para la permanencia, avance y triunfo de una concepción progresista y no revolucionario y/o socialista en Nicaragua, cuyo factor de iniciativa y permanencia depende del sandinismo bajo la presidencia de Ortega. Esa es la realidad actual de la izquierda latinoamericana. Predomina la tendencia progresista ante la tendencia socialista, de izquierda y revolucionaria. Por ende, no sea difícil digerir que, ante el panorama de la realidad política en Nicaragua, la izquierda por principio alinee a favor de la continuidad y permanencia de la Presidencia de Ortega en el poder y no en su contra, ante la eventualidad del desplazamiento de los progresistas por el embate de la derecha en Nicaragua.

A manera de Conclusión

No es que la falta de iniciativa política e ingobernabilidad sea el resultado de la represión. El estallido de inconformidad estudiantil dista de una articulación organizada y popular. La posición de los viejos sandinistas no materializa una concepción elaborada de ideas renovadoras e incurren en verdadera escolástica sin crítica interna. No asoman partidos de oposición. El papel aglutinador y de interlocución la jugó la Conferencia Episcopal, dándole forma a una Mesa de Dialogo en la que están sentados o representados el Consejo Superior de la Iniciativa Privada, verdaderos “cacaos” empresariales. La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCAM), que promueve la inversión entre los Estados Unidos de América y Nicaragua a través del libre comercio, la libre empresa y el libre mercado. Delegaciones de estudiantes, que fueron a Washington a retratarse con ultraderechistas como Marcos Rubio e Ileana Ross y en gracia de discusión por los movimientos sociales uno que otro exponente a nombre de la sociedad civil, el movimiento campesino, sindical y la costa Caribe. En tanto el presidente Ortega ha sido consecuente con la permanencia del dialogo y la respuesta oficial en la responsabilidad del ejercicio represivo.

La vorágine del conflicto está en su cenit y por ende corresponde a la soberanía y dignidad del pueblo costarricense el que se esclarezca toda violación al derecho Internacional de los Derechos Humanos en Nicaragua. Ante eso la izquierda es inclaudicable.

Déseme la licencia de concluir con apartes de mi citado artículo anterior al presente:

“Resulta sintomático que no se despliegue con tan inusitada tenacidad como se hace para condenar, el factor de existencia de las misiones instaladas en pro de búsquedas de soluciones.

Así: Se acordó con las Autoridades de Nicaragua, desde el 2 de julio de 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (G.I.E.I) para documentar las fuentes de acciones violentas en Nicaragua. Aportar a la Verdad y a la Responsabilidad de los hechos durante las confrontaciones en curso.

Existe desde el 24 de junio de 2018 el MESENI (Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua) grupo internacional e interdisciplinario en relación directa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, empeñados en definir sobre la identidad y existencia de los cargos de uso de grupos paramilitares.

Alarma la suerte de toda una nación en el que el maltrato de una observación diplomática internacional conlleve al peligroso tránsito de una guerra civil en Nicaragua. Comprendan las personalidades involucradas que de lo voluntarioso no queda sino lo de aprendiz de brujo”.

 

Enviado por el autor.

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UCR, Conflicto en Nicaragua: “Las elecciones no arreglan problemas estructurales”

  • Dos licenciadas en sociología compartieron sus experiencias como parte de la resistencia en Nicaragua

UCR Conflicto en Nicaragua Las elecciones no arreglan problemas estructurales
Costa Rica y otros países de la región han llevado a cabo vigilias como un acto de solidaridad con la situación que experimenta el pueblo nicaraguense. (Foto. Santiago Martínez).

El pasado 18 de abril inició el actual conflicto en Nicaragua y aunque las protestas iniciaron como oposición a algunas reformas en el sistema de seguro social, el movimiento se mantiene hasta hoy con un objetivo común diferente que es la salida de la pareja presidencial, integrada por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Las sociólogas Eduarda Silva y Claudia Morales narraron su experiencia en el conflicto, durante la actividad que realizó el 18 de junio el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR). Ambas participaron en las protestas en Nicaragua como parte del Frente Universitario y tuvieron que salir de su país como resultado del conflicto.

Al iniciar las protestas, los participantes no esperaban que la respuesta del gobierno fuera violenta, al punto de disparar a matar y aseguran que, fue en parte esta reacción, grabada y transmitida por redes sociales, la que llevó a que el conflicto se mantenga.

“A nosotros se nos ha quitado el derecho de estar en los espacios públicos, que ahora han sido privatizados por el gobierno. Estábamos en la plaza y llegó inmediatamente una camioneta llena de antimotines, como 60 antimotines, y nosotros no estábamos creando ningún desorden, simplemente estábamos ejerciendo un derecho, el derecho a la protesta”, contó la socióloga Claudia Morales.

La violencia en contra de opositores no es nuevo, según indicó Eduarda Silva, ya que anteriormente se había dado pero en zonas de campo y ahora, al experimentarse en la capital y las ciudades grandes del país produjo un descontento aún mayor con el gobierno actual, que para los protestantes debe cambiar.

“Llegamos a tener una administración caracterizada por el derroche, la corrupción, la falta de transparencia y la no rendición de cuentas. Con la normalización de la ilegalidad y un gobierno que es funcional al proyecto empresarial de la pareja presidencial. Pero todo vendido bajo el paquete Nicaragua cristiana, socialista, solidaria”, expresó Silva.

Actualmente se mantiene una mesa de diálogo entre el gobierno y los representantes de otros sectores, sin embargo, como contaron las sociólogas, la población manifiesta un descontento hacia este diálogo al no sentirse realmente representada y donde el gobierno “ha demostrado un irrespeto increíble a este diálogo y al pueblo nicaragüense”.

UCR Conflicto en Nicaragua Las elecciones no arreglan problemas estructurales2
La socióloga Claudia Morales compartió su experiencia como parte del movimiento estudiantil que participó de las protestas en Nicaragua. Foto: Anel Kenjekeeva.

“Están dialogando mientras masacran a los chavalos en las universidades o mientras están disparando en alguna comunidad”, comentó Silva quien siente como una burla hacia el pueblo el accionar del gobierno distinto a lo que expresa.

Para Morales, la táctica utilizada por la administración es la dilatoria, pues tiene como objetivo aplazar decisiones o acuerdos y extender el tiempo mientras toman acciones propias sobre el conflicto y sus protestantes.

Las expositoras afirmaron que la espontaneidad con la que surgieron las protestas propició su propia permanencia, debido a la ausencia de líder o líderes que pudiera ser reprimido por el gobierno. Ahora la falta de organización produce descoordinación, pues en lo único que todos los manifestantes están de acuerdo es en la salida de la administración actual.

Silva considera que el problema en Nicaragua va más allá de la figura al mando, ya que hay problemas estructurales que necesitan ser tratados, como por ejemplo buscar una organización democrática real en las instituciones del Estado y reconoce que esto puede tardar años, “sepamos que las elecciones no arreglan problemas estructurales”, acotó.

Según las invitadas, la salida de la pareja presidencial es la única manera de garantizar los derechos democráticos y la vida de quienes participaron en las protestas, quienes han sido buscados por crímenes que no han cometido o secuestrados. Concluyeron que de mantenerse el actual gobierno seguirá la persecución contra los protestantes y los que están afuera, como ellas, que no tendrán oportunidad de regreso.

 

Francesca Brunner Alfani

Asistente Oficina de Divulgación e Información

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Democracia en crisis en Nicaragua

Informes enviados a SURCOS indican que la situación recrudece en Nicaragua y ya varios jóvenes han muerto producto de la violencia. Las protestas contra la reformas al sistema de seguridad social han motivado las protestas, y la respuesta alejada del diálogo de parte del gobierno de Daniel Ortega, tienen como consecuencia dolorosas muertes, destrucción de importantes edificios y violencia generalizada

Democracia en crisis en Nicaragua

Mujeres por Costa Rica y Mujeres con la Patria al Hombro lamentan, repudian y condenan la represión militar contra los civiles nicaragüenses que se pronuncian en desacuerdo por las reformas anunciadas por el presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega.

Repudiamos, como mujeres costarricenses, la represión militar que sufre en estos momentos la población nicaragüense y, principalmente, la muerte de jóvenes universitarios, por manifestarse en contra de las reformas unilaterales a las políticas públicas de seguridad social.

También nos manifestamos contra la censura informativa a la que están expuestos nuestros hermanos centroamericanos con el cierre de tres canales de televisión. Nos parece inadmisible coartar el derecho de información y comunicación de los nicaragüenses.

Observamos la capital sitiada y otras ciudades tomadas por la Policía Nacional por lo que hacemos un llamado al diálogo, un alto a la represión y a la violencia impuesta, que genera más violencia.

Instamos respetuosamente al gobierno nicaragüense recurrir a la vía del diálogo como instrumento vital para dirimir diferencias.

 

Compartido en redes.

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Nicaragua en la encrucijada

Juan Carlos Cruz-Barrientos, periodista

 

Las protestas en Nicaragua van más allá de la oposición a las reformas arbitrarias de la seguridad social. Por una parte, hay una acumulación de reclamos de la población, por otra, un aislamiento del Gobierno que se ha encerrado en una burbuja desde la que ejerce un creciente control sobre todo el quehacer del país.

Desde esa perspectiva, las manifestaciones constituyen una válvula de escape de una presión social largamente contenida de distintos sectores inconformes y cansados de la corrupción y del deterioro de las libertades democráticas, como lo muestran las consignas que demandan libertad, el incendio de banderas del Frente Sandinista y el derribamiento de al menos tres “árboles de la vida”, implantados en distintos lugares de la capital por órdenes de la Vice-presidenta Rosario Murillo.

Semanas atrás también hubo airadas protestas, en ocasión de los incendios en la Reserva Indio Maíz que según los grupos ambientalistas fueron 20 focos de fuego provocados por empresarios cercanos a Ortega, con la intención de abrir una trocha para la extracción de madera.

Hay además un fuerte clamor social para que se restablezca el estado de derecho y la división de poderes que hoy están subordinados a los dictados del Ejecutivo en manos de Ortega y Murillo.

De la crítica situación en el hermano país dan cuenta las declaraciones que dio el General Humberto Ortega a un noticiero de televisión, reconociendo la legitimidad de las protestas y responsabilizando al gobierno de haber decretado la reforma al régimen de pensiones de manera unilateral. El hermano del Presidente llamó a que se abra un proceso de diálogo, asegurando al mismo tiempo que el ejército nicaragüense “no va a salir a reprimir a los manifestantes”.

Para el sociólogo y analista nicaragüense Oscar René Vargas, Nicaragua está en presencia de una protesta nacional que ha unido al pueblo con los estudiantes, un sector que había estado al margen de las movilizaciones. La respuesta represiva, mediante grupos paramilitares coordinados con la Policía Nacional, no la va a aplacar, más bien está modificando la correlación social de fuerzas en contra del Gobierno, convirtiéndose así en una derrota política que debilitará el poder de Ortega.

En ese sentido, resulta notorio el resquebrajamiento de la alianza entre la empresa privada y Ortega, como lo muestra la convocatoria del COSEP, máxima instancia de representación del sector empresarial, a una marcha para el próximo lunes 23 en procura del dialogo entre los distintos sectores, mismo que algunos analistas ven muy difícil a estas alturas de la polarización.

Si bien es cierto, no hay una conducción de la lucha, ni un programa de los manifestantes que sirva de base para un proceso de negociación, todo indica que las protestas auto convocadas continuarán extendiéndose por todo el país a pesar de la violenta represión del gobierno y nadie sabe a ciencia cierta cuál es la salida a la presente crisis en la que claramente las reformas en las pensiones son solo un detonante.

 

Enviado por el autor.

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