En el marco de los 76 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos las personas y organizaciones que firmamos esta declaración queremos expresar lo siguiente:
1 – Nuestra máxima preocupación ante el peligro y la posibilidad de una guerra nuclear la que se ha seguido incrementando con la reciente decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha autorizado a Ucrania a usar misiles de largo alcance contra Rusia.
2 – Como hemos expresado anteriormente llamamos a un alto al fuego a los países de Ucrania y Rusia, donde están activamente involucrados los Estados Unidos y los países integrantes de la OTAN, y los instamos a todos, incluido los EEUU y la OTAN, a sostener negociaciones de paz que logren de manera definitiva el fin de las hostilidades y lograr acuerdos para afirmar el derecho de todos los países del mundo a la paz y a una seguridad común que nos aleje del peligro de una guerra nuclear.
3 – La posibilidad de una guerra nuclear no sólo afectaría a Ucrania o Rusia sino posiblemente a toda Europa y a los mismos Estados Unidos donde, además, todo el mundo se vería afectado por el “invierno nuclear”, la contaminación radiactiva y otras graves consecuencias para el medio ambiente y la salud pública.
4 – La posibilidad de una guerra nuclear es real si sigue la escalada y las hostilidades entre EEUU, la OTAN, y Rusia lo que ha llevado a los gobiernos de Noruega, Suecia, y Finlandia a distribuir folletos a sus ciudadanos, instándoles a prepararse para lo peor; la posibilidad de una guerra directa de la OTAN y Rusia.
5 – Los Científicos Atómicos señalaron este 2024 que «Hoy hemos vuelto a poner el Reloj del Juicio Final a 90 segundos de la medianoche porque la humanidad sigue enfrentándose a un nivel de peligro sin precedentes. Nuestra decisión no debe tomarse como una señal de que la situación de la seguridad internacional ha remitido. Por el contrario, los líderes y los ciudadanos de todo el mundo deben tomar esta declaración como una dura advertencia y responder con urgencia, como si hoy fuera el momento más peligroso de la historia moderna. Porque bien podría serlo». «El Reloj del Apocalipsis, o Reloj del Juicio Final, es un Reloj simbólico que indica lo cerca que está la humanidad de la aniquilación total».
6 – En la última década, hemos sido testigos del aumento significativo del presupuesto para el desarrollo y la mantención de las armas nucleares por parte de los Estados Unidos que también ha abandonado el Tratado de Antimisiles Balísticos, el Tratado de Cielos Abiertos, el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, y el Acuerdo con Irán, que han sido pilares muy importantes para el control del armamento nuclear. Las hostilidades entre los países también han incidido a que Rusia, China, y Corea del Norte, entre otros, incrementen o mejoren su arsenal nuclear.
7 – El peligro es real, todos estamos en peligro, por lo cual quienes firmamos esta declaración exigimos a los líderes del mundo, a la ONU, a los gobiernos, especialmente a los Estados Unidos, a realizar esfuerzos sinceros para poner fin a las guerras en Ucrania y Medio Oriente, mediante negociaciones y medios pacíficos, y avanzar en una agenda para el desarme y la eliminación de las armas nucleares lo más pronto posible.
Finalmente, en este mundo con tantos peligros, saludamos el ejemplo que da la organización japonesa Nihon Hidankyo, supervivientes de la bomba atómica, que este 2024 recibió el Premio Nobel de la Paz “por sus esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares”.
Atentamente,
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP-Chile Casa del Caribe- Inc. Barahona, República Dominicana Cádiz por la Noviolencia, Cádiz, España Centro de Amigos para la Paz, Costa Rica Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia – Comosoc Comité Óscar Romero, SICSAL-Chile Centro Óscar Arnulfo Romero, Cuba Comité Óscar Romero de Valladolid, España Comité Solidaridad Óscar Romero de Barcelona, España Comité de DDHH y Ecológicos de Quilpué, Chile Comitê Carioca de Solidariedade a Cuba e às Causas Justas, Brasil Comisión de Construcción de Paz, No Violencia y Antimilitarismo de la Alianza Convida 20 Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos Coordinadora Latinoamericana de solidaridad en Bélgica Corporación 3y4 Álamos, Chile Corporación La Serena Dieciséis de Octubre, Chile Corporación Sentipensar Centro de Pensamiento para el Buen Vivir, Colombia Frente Comunicacional Anti Imperialista de Nuestra América Fundalatin, Venezuela Fundación Pueblo Indio, Ecuador Grupo de Investigación y Editorial Kavilando. / Red InterUniversitaria por la Paz REDIPAZ, Colombia Grupo Solidair met Guatemala, Bélgica International Peace Bureau (IPB); Internacional/Alemania Mesa Ecuménica por la Paz, Colombia Mundo sin Guerras-Cádiz, España Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – SOAW-Chile Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos SERPAJ, Paraguay SICSAL, República Dominicana SICSAL, Región Caribe SOS Ribagorza, España UNIÓN BICENTENARIA DE LOS PUEBLOS UBP-CHILE
Firmas individuales:Alicia Lira,presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP-Chile; Stella Calloni, periodista, Argentina; Hervi Lara,Comité Oscar Romero, SICSAL-Chile; María Stella Cáceres, Museo de las Memorias, Dictadura y DDHH de Paraguay; Ricard Sánchez Andrés, España; Pablo Ruiz, periodista, SOAW-Chile; Mariella Tapella, El Salvador; Hildelis Preciado, México; Maria Gabriela Vargas Anguita, Chile-España; Alejandro Pardo Alfaro, Colectividad Árabe Palestina, La Serena, Chile; Amparo Beltrán Acosta, CEPALC; Fernando Castillo, Chile; Marcela Zamora Cruz, coordinadora, Centro de Amigos para la Paz, Costa Rica; Nidia Arrobo Rodas, Ecuador; Aurora Marinero, España; Fernando Rule Castro, Argentina; Suy Wong, Red de Solidaridad con Palestina, Costa Rica;Ixa Garnika Aizkorbe, Euskal Herri; Julio Yao, Presidente Honorario y Encargado del Centro de Estudios Estratégicos Asiáticos de Panamá (CEEAP); Antonio Bentue, Fraternidad laica de Hermanos de Foucold, Chile; Julin Acosta, República Dominicana; José Fonseca Pereira, Investigador en Educación, Venezuela;Elvira Villanueva, España; Andrés Figueroa Cornejo, Chile; Diego Balvino Chavez Chaves, Colombia; Bernardo Reyes, Chile; Mateo de Bea, Chile; Maria Jara, Bélgica; Carlos Montufar Talavera, Suecia; Salvador López Arnal, España; Paco Palomo Aragón, Cádiz, España
Puede dar su apoyo con su firma individual y/o de su organización en el siguiente formulario:
Foto de Sergio Rojas y de Jehry Rivera, líderes indígenas asesinados en el 2019 y 2020 en la región de Salitre, extraída de artículo de prensa del Semanario Universidad titulado «Asesinato de Jehry Rivera evidencia desprotección a personas defensoras de derechos humanos», edición del 3 de marzo del 2020
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
Cada 10 de diciembre se celebra internacionalmente el día de los derechos humanos, en conmemoración del texto fundador del derecho internacional de los derechos humanos: la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En estos días, de cara a esta importante celebración en todo el mundo, el tema posee una relevancia particular en este 2024 en el que se observa, en Centroamérica como en diversas otras latitudes del planeta, a líderes políticos dispuestos a hacer a un lado los derechos humanos y los valores fundacionales que los sustentan.
El 10 de diciembre en Costa Rica fue precedido por un día como el 7 de diciembre, que cobró un significado muy especial en este año 2024, al conmemorarse exactamente 30 años del asesinato de cuatro ecologistas costarricenses, cuyas muertes no han sido debidamente investigadas, manteniéndose un indignante manto de impunidad que se expande a otros casos similares más recientes.
La única entidad que consideró importante realizar un acto formal en memoria de estos cuatro ecologistas asesinados en 1994 fue la Universidad de Costa Rica (UCR) (véase nota).
El 10 de diciembre de 1948, inicio de un largo recorrido
La fecha del 10 de diciembre responde a la fecha en la que se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos: se trató inicialmente de una simple resolución, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y que, sin proponérselo sus redactores, iniciaría una dinámica muy propia dentro del ordenamiento jurídico internacional:
– tanto a nivel universal, con la suscripción de una multitud de tratados y sus protocolos facultativos, auspiciados por Naciones Unidas para proteger ciertos derechos, o proteger ciertas categorías de seres humanos o luchar contra ciertas violaciones específicas de derechos humanos (véase listado);
– como a nivel regional con, además de tratados muy diversos con los mismos propósitos descritos anteriormente (como por ejemplo los instrumentos de derechos humanos adoptados en el marco interamericano), la creación de tribunales regionales especializados en derechos humanos en Europa (1950), en el hemisferio americano (1969) y en el continente africano (1998): un logro que no se ha podido materializar en Asia, como tampoco en el plano nivel universal.
Todos estos instrumentos vinculantes obligan a los Estados Partes a tomar ciertas disposiciones, a adaptar sus regulaciones internas, en aras de volver efectivo el ejercicio de los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción reconocidos en estos tratados y respetarlos. En algunas de estas convenciones internacionales, se abre la posibilidad para que las víctimas o sus familiares acudan a una instancia internacional cuando la justicia nacional les niega el ejercicio de estos derechos.
La persistencia del crimen de genocidio y de crímenes de guerra – objetos de una convención de 1948 y de los convenios de Ginebra de 1949 – y de crímenes de lesa humanidad, llevó a la comunidad internacional a la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) en 1998 para enjuiciar desde el punto de vista penal a título individual a personas sospechosas de cometerlos. Al respecto, este 4 de diciembre, el genocidio en curso en Gaza iniciado desde la tarde noche del 7 de octubre del 2023 fue confirmado en un contundente informe de la reconocida ONG Amnistía Internacional, antecedido en octubre por el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas titulado “El genocidio como supresión colonial «), precedido de su informe de julio titulado “Anatomía de un genocidio”: la poca difusión en medios de prensa internacionales de estos informes plantea interrogantes muy válidas.
Costa Rica y los derechos humanos desde la perspectiva de sus obligaciones internacionales
Como Estado, Costa Rica históricamente ha basado su política exterior en los derechos humanos y en la defensa del Estado de derecho y la democracia, y ha suscrito una gran cantidad de convenciones en materia de derechos humanos, tanto de carácter universal, como de carácter regional.
El hecho de albergar en su capital a la Corte Interamericana de Derechos Humanos instalada formalmente en septiembre de1979 y de haber recibido a una gran cantidad de latinoamericanos huyendo regímenes militares autoritarios en los años 70 y 80 proviniendo de Suramérica, así como de Centroamérica, confirman este compromiso: y de alguna manera, este historial aunado al hecho que abolió el ejército en 1948, le ha permitido a Costa Rica alzarse en el concierto internacional como una voz autorizada, siempre atenta a posiciones de vanguardia en los diversos foros y recintos internacionales.
El último instrumento universal de Naciones Unidas ratificado por Costa Rica en materia de derechos humanos fue en septiembre del 2014 el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional sobre Derechos Ecnoómicos, Sociales y Culturales – véase estado oficial de firmas y ratificaciones – (Nota 1).
Esta imagen que proyecta Costa Rica a nivel internacional se ve reforzada por las declaraciones oficiales que elaboran sus diplomáticos en una multitud de foros internacionales sobre derechos humanos: no obstante, la distancia entre por una parte este discurso y esta imagen, y por otra, el cumplimiento de las obligaciones que derivan de los instrumentos internacionales a los que es Estado Parte en materia de derechos humanos, es cada vez mayor. Un fenómeno muy similar se observa también en materia ambiental, un ámbito a partir del cual también Costa Rica proyecta su imagen internacional.
Algunos tratados de derechos humanos contemplan la creación de órganos para supervisar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los Estados Partes: en el ámbito universal, a la fecha son 10 los “órganos de tratados” o mecanismos convencionales en derechos humanos. Tuvimos la oportunidad de analizar las observaciones hechas por algunos de ellos con relación a Costa Rica en materia de discriminación contra las mujeres en el 2017, y en materia de obligaciones derivadas de uno de los dos Pactos internacionales de 1966, en el 2016. En este último texto, ya concluíamos nuestras reflexiones en el 2016 señalando que:
“No cabe duda que estas observaciones del 2016, así como las advertencias anteriores del 2007 y las demás brevemente mencionadas, constituyen en sí un desafío, en aras de rectificar paulatinamente la peligrosa deriva a la que se asiste en materia de derechos humanos en Costa Rica desde varios años”.
Paralelamente, desde el 10 de diciembre de 1948, la dinámica muy propia de los derechos humanos debió afrontar los límites de la técnica convencional internacional (al tratarse de instrumentos negociados por Estados y solamente por Estados), llevando de esta manera a Naciones Unidas a dotarse de los denominados «mecanismos no convencionales«: ello a través de mandatos ejercidos por Relatores Especiales o Expertos Independientes que cubren ya sea una problemática específica en materia de derechos humanos, ya sea examinan la situación particular que se da en un determinado Estado. En este enlace de Naciones Unidas se detallan los 46 mecanismos temáticos y los 40 mecanismos/país que se han creado, trabajando en un caso como en otro, desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. En el caso de la Organización de Estados Americanos (OEA), la lista oficial de relatorías también evidencia la necesidad de superar los límites de la técnica convencional con este tipo de mecanismos no convencionales y su principla interés: reunir información de primera mano, recabar eventualmente denuncias y exigir aclaraciones a un Estado, y llamar la atención sobre una problemática determinada que amerita una respuesta de carácter urgente.
Tanto los mecanismos convencionales como no convencionales proceden a hacerle periódicamente recomendaciones generales a los Estados de cara al cumplimiento de las obligaciones internacionales que han contraído. En el caso de los primeros, sus recomendaciones se encuentran en las observaciones finales a los informes períodicos de cumplimiento que los Estados deben de presentar. Usualmente la presentación de un informe oficial por parte de un Estado viene acompañado de informes alternativos (o «informes sombra«) que proceden de la sociedad civil tendientes a poner en evidencia la falsedad o el carácter sumamente cuestionable de los datos oficiales proporcionados en un informe oficial, o situaciones convenientemente omitidas por el Estado a la hora de preparar su informe. En el caso de los segundos, sus recomendaciones provienen de los resultados de sus visitas in situ al Estado concerñido, durante las cuales se reúnen tanto con las autoridades como con la sociedad civil.
Costa Rica no escapa a este escrutinio internacional permanente desde Naciones Unidas, o desde la OEA, dando muestras de ciertas inconsistencias que a continuación señalaremos, de muchas más que evidencia el errático actuar del Estado costarricense cuando se trata de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
De algunos lunares persistentes en Costa Rica en materia de derechos humanos
El último informe del Relator Espacial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, a raíz de su visita en Costa Rica y que tuvimos la ocasión de comentar (Nota 2) luego de su publicación en el 2022, espera pacientemente que las recomendaciones ahí reunidas sean objeto de seguimiento. Dos asesinatos en menos de un año (Sergio Rojas, marzo del 2019, Jehry Rivera, febrero del 2020) en un misma región (Salitre), siendo ambos líderes objetos de medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde abril del 2015 al Estado costarricense ¿ deberían de interpelar o no a la sociedad costarricense?
El informe de la Relatora Especial sobre Agua, Saneamiento y Derechos Humanos del 2009, a raíz de su primer visita como Relatora a Costa Rica, espera igualmente pacientemente que las autoridades actúen: entre sus diversas recomendaciones, está la discriminación con respecto al acceso al agua potable que siguen sufriendo varios sectores de la sociedad costarricense, en particular las comunidades indígenas (punto 70 de su informe). Entre otras recomendaciones de la experta del 2009 sobre el uso de plaguicidas (punto 71), es de señalar que Costa Rica adoptó tan solo en el 2107 un Decreto Ejecutivo para limitar el uso del bromacil en las plantaciones de piña y de banano, pero esperan similar atención el diurón y varios otros plaguicidas altamente peligrosos para la salud humana que terminan vertidos en aguas y suelos en las cercanías de estas plantaciones donde habitan comunidades humanas, mencionados en su informe. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que recomendaciones internacionales no seguidas de efecto sigan sumiendo a comunidades costarricenses con problemas de salud y pobreza, problemas de aprendizaje de niños costarricenses, debido a la contaminación circundante de empresas exportadoras de frutas tropicales? Su recomendación sobre la insensatez del desarrollo inmobiliario y turístico lanzada desde el 2009 (punto 72) debería también interesar a algunas provincias como Guanacaste, el Pacífico Central y la extrema presión que se manifiesta en algunas partes de la costa del Caribe costarricense como por ejemplo en Gandoca Manzanillo (cuyo humedal es un humedal inscrito en la lista Ramsar que Costa Rica tiene la obligación internacional de resguardar y proteger).
La incitación al odio en contra de ciertas categorías de personas en Costa Rica llámese migrantes, población sexualmente diversa, comunidades indígenas, población afro descendiente, mujeres, personas privadas de libertad, personas afectadas por el VIH SIDA, y otros grupos, espera una regulación con el fin de dotar a Costa Rica de una legislación que frene los ardores discursivos de algunos y ponga término a expresiones profundamente hirientes y discriminatorias que persisten en redes sociales, programas de radio y televisión y en un sinnúmero de espacios públicos. En el 2018, la sociedad costarricense se demostró a si misma los resortes de los que dispone cuando un pequeño grupo convocó una marcha en pleno centro de San José en contra de los migrantes oriundos de Nicaragua. En su momento saludamos esta reacción de la sociedad costarricense, no sin alertar con un “Estado, ¿estás?” las advertencias desoídas hechas por varios mecanismos de derechos humanos a Costa Rica antes del 2018 en materia de racismo y xenofobia. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que otros Estados hayan legislado para evitar la incitación al odio en contra de ciertos sectores en declaraciones públicas mediante la adopción de una legislación penal que tipifica la incitación al odio? ¿Acaso la simplificación extrema y la polarización que fomentan en una sociedad las redes sociales no deberían de llevarla a resguardarse ella misma de éstas? Con ocasión de amenazas y un tono particularmente agresivo en contra de la población sexualmente diversa, habíamos tenido la oportunidad de señalar, con ocasión de la campaña electoral del 2018 que:
“En materia de odio y de incitación al odio, las disculpas públicas son posiblemente el mejor remedio, en particular si tomamos en consideración el hecho que una laguna legal persiste en el derecho penal costarricense: la ausencia de una tipificación más acorde con nuestros tiempos del delito de incitación al odio”
Con relación a un instrumento internacional que permitiría interesarse por las condiciones laborales de la población migrante y forzar al Estado a mayores controles, un instrumento de Naciones Unidas desde 1990 existe, sin que Costa Rica lo haya tan siquiera firmado: un verdadero lunar al observar que se trata del único instrumento de importancia universal al que Costa Rica le da la espalda, impidiendo que se pueda iniciar una campaña en pro de su ratificación. Muy, pero muy recientemente una tesis de Licenciatura de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) exhibió ante la sociedad costarricense el nivel de abuso laboral a los que se someten a humildes personas trabajando en bananeras. ¿Interpelará o no a la sociedad costarricense la situación de abuso laboral al que se prestan numerosas empresas, garantizadas de una impunidad total al saber que ningún migrante en situación irregular irá a denunciarlas por ello ante el departamento de Salud ocupacional del Ministerio de Trabajo o de la CCSS? Un informe previo de la prestigiosa ONG británica Oxfam sobre las condiciones laborales en las piñeras en Costa Rica del 2018 ya advertía de la situación de total indefensión de sus trabajadores. Desde el punto de vista social y ambiental ¿acaso no debería llamar la atención el hecho que los principales cantones en los que se ha expandido la piña desde mediados de los años 2000 se mantienen con los peores índices de desarrollo humano a nivel cantonal en toda Costa Rica, sin que las comunidades circundantes vean en lo más mínimo mejorar paulatinamente sus condiciones de vida y el acceso a servicios básicos?
En el ámbito digital, de la protección de datos personales, de la respuesta a discursos de odio en redes, en particular contra las mujeres, la violencia se sigue generando y las brechas con relación al acceso y la cobertura se siguen abriendo como bien se detalla en este informe de una ONG, excluyendo año tras año a diversos sectores de la sociedad costarricense (véase informe de la ONGs APC y Sulá Batsú del 2024). Es probable que muy pronto recomendaciones provengan de Naciones Unidas en este mismo sentido al Estado costarricense. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que el mundo digital esté agudizando aún más las ya graves brechas que persisten en su seno?
En otro tema relacionado a la independencia del Poder Judicial en Costa Rica, una comunicación del Relator Especial de Naciones Unidas sobre independencia de los magistrados y abogados espera también pacientemente que el Estado costarricense tenga la gentileza de responderle. La misiva es de julio del 2019 (véase texto) y en el sitio de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos aparece la mención «En espera de respuesta del Estado«. A ese respecto, en el 2021, la máxima instancia del Poder Judicial optó por ofrecer un espectáculo raramente observado (véase nota del Semanario Universidad del 24 de mayo del 2021).
Imagen internacional vs. agenda descuidada en materia de derechos humanos
Podríamos incluir más advertencias desoídas provenientes de mecanismos de derechos humanos en otros ámbitos de los derechos humanos (libertad de expresión, discriminación contra la mujer, personas con discapacidad, niños en situación de vulnerabilidad, personas migrantes, personas privadas de libertad, trata de personas, prostitución forzada, …) pero quisiéramos creer que de cara a este 10 de diciembre del 2024, diversos sectores y organizaciones sociales en Costa Rica alzarán la vez para denunciar la situación que se observa desde hace ya varios años: una inacción estatal aunada a un desinterés de la clase política y de algunos sectores de la sociedad costarricense que, irremediablemente, conducen a un despojo de los derechos de amplios sectores de esta misma sociedad.
Una situación agravada hoy por una narrativa de algunos decisores políticos tendiente a desacreditar y a estigmatizar a algunos sectores sociales y a pequeños colectivos dedicados a la defensa de los derechos humanos y del ambiente.
Sí quisiéramos hacer ver la muy (pero muy…) poca difusión que se hace en Costa Rica del contenido de estos informes, que cada cierto tiempo son dados a conocer desde Naciones Unidas o bien desde la OEA. En materia de cobertura de prensa, resulta de interés observar la facilidad con la cual los medios de prensa costarricenses replican en modo «automático» los comunicados oficiales del Estado costarricense sobre estos informes (que insisten en algunas cosas y omiten convenientemente otras…) sin nunca dar a conocer a sus lectores el contenido integral de estos informes como tal.
Es muy probable que nuestros estimables lectores descubran tan solo al leernos las recomendaciones (punto 140) contenidas al final del informe de abril del 2024 del Relator Especial sobre el derecho al disfrute de la salud mental y física, elaborado a raíz de su visita realizada a Costa Rica. Es también probable que las recomendaciones (puntos 64-111) del Relator de Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de la esclavitud a raíz de su visita a Costa Rica del 2023 (véase informe) causen similar sorpresa. Y es igualmente muy posible que la misma sensación de extrañeza (o casi) aflore, con las observaciones hechas al octavo informe oficial de Costa Rica con relación a los derechos de las mujeres, realizadas por los integrantes del Comité de la CEDAW en el 2023 (véanse puntos 9 a 53 de sus observaciones); o bien con relación a las observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) al informe de Costa Rica (véase observaciones) hechas en el 2023, así como las observaciones del Comité contra la Tortura (CAT) al tercer informe de Costa Rica, enviadas en diciembre del 2023 (véase observaciones). En el punto 42 de este último informe, al parecer molestos por la reiteración de recomendaciones hechas a Costa Rica en el pasado y no seguidas de efecto, se señala por parte de los integrantes del CAT que:
«El Comité solicita al Estado parte que proporcione, a más tardar el 24 de noviembre de 2024, información sobre el seguimiento dado a las recomendaciones del Comité relativas a la detención preventiva, las condiciones de reclusión, la investigación de los actos de tortura y malos tratos y la no devolución (véanse los párrafos 13, 15 a), 25 a) y 31 a) respectivamente).«
Es de señalar que el punto de contacto dentro del aparato estatal costarricense con los mecanismos convencionales y no convencionales a través del cual se tramita toda la correspondencia con éstos, recae en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica.
A modo de conclusión
La distancia cada vez mayor entre discursos oficiales en recintos internacionales de Costa Rica y la realidad de los derechos humanos en la misma Costa Rica, y el desinterés creciente de varios sectores ante la creciente problemática de los derechos humanos, han quedado en evidencia con lo que ha ocurrido con el último instrumento jurídico adoptado desde aquel 10 de diciembre de 1948, que iniciaría esta inacabada senda del derecho internacional de los derechos humanos: se trata de un instrumento regional, el Acuerdo de Escazú, adoptado en Costa Rica en marzo del 2018.
Los mitos y supuestos “argumentos” (que han resultado ser, como bien lo indica el programa Doble Check de la radio universitaria argumentos falsos creados a su alrededor), la frontal oposición que una magistrada constitucional y sus colegas consideraron oportuno desarrollar desde la misma Sala Constitucional para complicar la tramitación de este valioso instrumento regional, así como la indiferencia de varios sectores que muy bien pone en evidencia este documental elaborado desde la UCR en el 2021, colocan ahora a Costa Rica ante sus contradicciones y ante una comunidad internacional algo perpleja: en particular al haber ya sido el Acuerdo de Escazú ratificado por 17 Estados (el último en haberlo hecho siendo Colombia en septiembre del 2024, después de Chile (2022), Argentina y México en el 2021), sin que en ninguno de los 17 Estados Partes se haya observado en lo más mínimo los supuestos efectos negativos para Costa Rica, que tanto se esmeran en difundir los opositores al Acuerdo de Escazú y sus muy hacendosas fichas (Nota 3).
La protección de los que alzan la voz en materia ambiental en Costa Rica ante las constantes amenazas, intimidaciones, que a veces terminan con asesinatos, pero también vejaciones, y estigmatizaciones de todo tipo, así como juicios penales por presunta difamación que archivan los tribunales, constituye una vieja deuda en materia de derechos humanos en Costa Rica: al respecto, cabe mencionar este otro documental de la UCR titulado “El Acuerdo de Escazú y los defensores del ambiente”. En el 2014 tuvimos la ocasión de analizar el contenido del informe del Relator de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos a raíz de su visita a Costa Rica: 10 años después, las recomendaciones reunidas en su informe (punto 61 en adelante) persisten como tareas y en el caso de algunas de ellas, como verdaderos desafíos para una Costa Rica cada vez más irreconocible en algunos ámbitos.
La desprotección de quienes defienden el ambiente cobra particular relevancia en este inicio del mes de diciembre del 2024, en particular en estos días en los que se conmemoraron 30 años desde la muerte de tres activistas cuyos cuerpos incinerados fueron encontrados en un casa el 7 de diciembre de 1994 en Moravia, y la muerte de un cuarto integrante cuyo cuerpo fue encontrado en febrero de 1995 en La Uruca (caso AECO): sobre este doloroso caso en el que campea la impunidad (como en muchos otros casos de intimidaciones y amenazas en los que las víctimas resultan ser ecologistas, líderes indígenas, lideresas campesinas), el dictamen de la Procuraduría General de la República de 1997 afirmando que se trata de muertes “accidentales” y la cuarta de una muerte «natural» constituye posiblemente una de las maniobras oficiales más persistentes del Estado costarricense para ocultar las verdaderas razones que motivaron estas cuatro muertes, conjuntamente con unas cuantas más. De manera a no reiterar la pregunta hecha con anterioridad, se recomienda una lectura pausada de dicho informe de la PGR, que, a la fecha, no ha dado lugar a ninguna rectificación por parte del Estado o expresión oficial de pesar (disculpa pública) (Nota 4) por lo ocurrido hace 30 años en la capital costarricense.
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., » Costa Rica ratifica Protocolo Facultativo al Pacto DESC de Naciones Unidas«, DerechoaldDia, edición del 1 de octubre del 2014. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Informe del Relator especial de Naciones Unidas exhibe graves y persistentes lagunas del país«, Sección Voz experta, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 6 de octubre del 2022. Texto disponible aquí.
Nota 3: Sobre el principio de inversión de la carga en materia ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú que una magistrada costarricense de la Sala Constitucional interpretó de manera completamente errónea en un voto en marzo del 2020, véase una acérrima crítica recientemente dada a conocer, cuya lectura completa se recomienda: CHINCHILLA-CALDERÓN R., “Principio de inocencia, ‘carga de la prueba’ penal, delitos ambientales y Acuerdo de Escazú“, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, 2024. Texto completo disponible aquí.
Nota 4: En el caso de Jannette Kawas Fernández, una ecologista asesinada en Honduras en la misma época (febrero de 1995) en la que fueron asesinados lo integrantes de AECO en Costa Rica, sus familiares sí activaron el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En una histórica decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de abril del 2009 (véase texto completo), los jueces estimaron (punto 202) que:
«… el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del presente caso, en desagravio a la memoria de Blanca Jannette Kawas Fernández. En dicho acto se deberá hacer referencia a las violaciones de derechos humanos declaradas en la presente Sentencia. Asimismo, este acto deberá llevarse a cabo mediante una ceremonia pública, con la presencia de autoridades estatales. El Estado deberá asegurar la participación de los familiares de la señora Blanca Jeannette Kawas Fernández, declaradas también víctimas por este Tribunal, y que así lo deseen. La realización y particularidades de dicha ceremonia pública deben consultarse previa y debidamente con los familiares de la señora Kawas Fernández. El Estado cuenta con un plazo de un año para cumplir con esta obligación«.
75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948 – 10 de diciembre – 1975
ÁMBITO DEL SECTOR PÚBLICO
01- Ley Marco de Empleo Público (LMEP): Acciones diversas (individuales y/o colectivas, y sectoriales), en sede constitucional y apertura hacia el proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.). Consideración de eventuales movilizaciones de diverso orden.
02- Defensa del Salario Escolar: Nada que discutir en lo jurídico. Preparación para la movilización general en su defensa.
03- Congelamiento salarial en el sector Público: A) Abrir proceso en sede constitucional y apertura hacia el proceso litigioso internacional en el marco de la doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.). Convencidos completamente de que el actual congelamiento salarial es violatorio de Derechos Humanos. B) Impulso a procesos sectoriales-gremiales de severa precarización y pauperización salarial, en los ámbitos necesarios (político-jurídicos y de movilización).
04- Gestión colectiva problema de interinatos prolongados: apertura proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.). Especialmente, casos de CCSS, MEP, M. Salud.
05- Gestión colectiva problema violación abrupta requisitos ya cumplidos de pensión IVM-CCSS: apertura proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.). Y, paralelamente, reforzar el proceso para garantizar una pensión realmente digna para quienes ya la reciben. Por otra parte, el acceso libre a los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), es objetivo fundamental de atención permanente. (Este apartado incluye al Sector Privado).
06- Gestión nacional para definiciones constitucionales en espera: ley 9635 (combo fiscal) y ley anti-huelgas (9808) Eventual apertura proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.).
07- Gestión política de diverso orden para que Costa Rica respete la Opinión Consultiva OC-27/21, Derechos a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva de género, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
08- Retorno a la fijación semestral por costo de vida en el salario mínimo.
09- Establecimiento-fijación de un nuevo monto salario mínimo en Costa Rica.
10- Impulso para recalificación salarial de labores privadas en sectores banano-piña, choferes de autobús, seguridad privada.
11- Acceso pleno y directo a atención médica por accidentes laborales (“pase al INS”).
12- Fortalecimiento oposición al proyecto-ley jornadas 4/3.
13- Fortalecimiento acción intersindical para el proceso “debida diligencia” comercio internacional bananero-piñero.
14- Seguimiento de e incidencia para su implementación de las recomendaciones de la Relatoría Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre las sobre las formas contemporáneas de la esclavitud.
ESTADO SOCIAL DE DERECHO
15- Defensa integral de todos los derechos laborales, económicos y sociales consagrados en nuestra Constitución Política, en el Código de Trabajo y en los tratados internacionales en la materia.
16- Destacamos el concepto Sociopolítico de la Política de Trabajo Decente, impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptada en Costa Rica como Política de Estado; resaltando el valor estratégico de la política pública de Salud Ocupacional. En forma paralela, impulso para la emisión de legislación pendiente, nacional e internacional, en materia de acoso laboral en el empleo.
17- Reafirmación de nuestra acción militante en defensa de las empresas públicas, pilares del Estado Social de Derecho, proveedoras de servicios públicos estratégico-universales, de y/o recursos para el desarrollo socioeconómico nacional y regional; por ejemplo, el INS, el ICE, Correos, FANAL, CNP, Recope, Japdeva, entre otras. Además, entidades institucionales vitales para la integración social: JPS, INA, entre otras.
18- Defensa de la Constitucionalidad y fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Específicamente: a) Sostenibilidad financiera. b) Fuerte acción sindical contra la corrupción en todos los niveles. C) Férrea oposición a la tercerización de servicios, fuente de corrupción, tráfico de influencias, precarización laboral y hasta de evasión fiscal.
19- Alianza con sector ecologista-Defensa A y A – Agua: Derecho Humano Fundamental, libre de clorotalonil y cualquier otro tipo de contaminante del agua que amenace la vida – Defensa del patrimonio ecológico nacional.
20- Defensa del Régimen Municipal – Institucionalización plena con sentido estratégico de la figura jurídica Comité Cantonal de Deportes y Recreación.
21- Sostenibilidad financiera de IVM-CCSS: continuación proceso político-judicial; de impulso a nuestra propuesta de una intervención multisectorial por ser problema nacional; y, de formulación-visibilización de nuestras propuestas para su fortalecimiento.
22- Lucha presupuestaria: programas sociales, de Salud, de Seguridad, de Educación y U’ públicas, claves para la paz y para la Democracia. Particularmente, hacemos énfasis en la necesidad del fortalecimiento estratégico, integralmente hablando, de la Seguridad Ciudadana y, en lo específico de los diferentes cuerpos policiales, es tarea vital de la lucha social; tanto como aportar a la superación de la grave crisis del sistema educativo público en sus niveles fundamentales, para lo cual haremos énfasis en nuestro planteamiento de 10 ejes y 100 propuestas para el rescate de Educación costarricense.
23- Justicia Tributaria-Transformación Tributaria Estructural-Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública. Formulación de iniciativas novedosas, transgresoras, acerca de qué hacer con el obsceno pago diario de intereses de la deuda pública y de la deuda pública en cuanto tal.
24- Abrir proceso litigante en sede constitucional y apertura hacia el proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.) con relación a los abusos hegemónico-ideológicos del ajuste fiscal extremista, que golpea el respeto pleno a los Derechos Humanos económicos, sociales y culturales.
25- Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutritiva: Rechazo absoluto a la Alianza del Pacífico-Fortalecimiento institucional de entidades públicas del sector agropecuario. Este planteamiento guarda relación con el problema del alto costo de la vida en, al menos, la alimentación básica inherente a la supervivencia del pueblo trabajador.
Acuerdo Unánime y Firme de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP
A continuación se presenta el mensaje de la Asociación Americana de Juristas como Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y representación permanente ante la ONU de Nueva York y Ginebra, en el Día de los Derechos Humanos:
Hoy 10 de diciembre conmemoramos el 74 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nuestra organización reafirma los principios y objetivos que la rigen como son la lucha por la autodeterminación de los pueblos, la plena independencia económica y la soberanía del Estado sobre sus riquezas y recursos naturales; la acción contra el imperialismo, el fascismo, el colonialismo, el neocolonialismo y contra la discriminación racial, de la mujer, los pueblos originarios y minorías nacionales; la defensa de la paz efectiva basada en el principio de la coexistencia pacífica entre estados de diferentes sistemas sociales y económicos; la defensa y promoción de los derechos humanos; la denuncia de las legislaciones que niegan nuestros principios; el establecimiento de relaciones fraternas con juristas afines a nuestros principios; la movilización de juristas de los países americanos a fin de participar activamente en los procesos de cambios socioeconómicos y justicia social; la defensa del ejercicio de la abogacía, así como la solidaridad con los juristas perseguidos por su acción en pro de los principios aquí expresados.
Desde nuestra perspectiva como juristas comprometidos con la defensa y observancia de los derechos humanos, continuaremos levantando nuestras voces en nuestra América Continental y el Caribe, como también en otros lugares del mundo en pie de lucha, como son el Sáhara Occidental y Palestina, contra el imperialismo, el colonialismo, el neoliberalismo y los gobiernos del Continente que sirven a los intereses imperiales y son contrarios a los derechos humanos y la soberanía de nuestros pueblos.
Continuaremos defendiendo los principios contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Políticos y Civiles, el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, la Declaración para la Concesión de la Independencia de los Países y Pueblos Coloniales de la Asamblea General de la ONU, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y otras convenciones internacionales que obligan a los Estados a respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas y de nuestros pueblos.
En el Día de los Derechos Humanos llamamos a la reflexión, a la solidaridad con los defensores y defensoras de los derechos humanos, a la militancia y a la educación de la plena vigencia de todos los derechos humanos, que son universales, inalienables, interdependientes e indivisibles. Tengamos presente que la protección de todos los derechos humanos de la humanidad, son la base para la construcción de la paz, la justicia y la dignidad e inspiración para ese otro mundo que es posible.
La Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (1789), es la piedra angular de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). El artículo 16 de la primera Declaración estableció:
“Artículo 16.- Una sociedad en la que no está establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución.”
Nuestra Constitución Política se promulgó hace más de 70 años (1949). La custodia de la supremacía de nuestra Constitución y la supremacía de los Derechos Humanos se le confió a la Sala Constitucional.
Las opiniones consultivas de la Sala Constitucional acerca de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la Ley de contrarreforma del Código de Trabajo, N* 9808, en materia de huelga, y los pronunciamientos más recientes del Proyecto de Ley Marco de Empleo Publico (N* 2021-017098 y N* 2022-02872), implican, en términos generales, lo siguiente:
1.- En primer lugar, una gravísima alteración del diseño constitucional y democrático de nuestro ordenamiento jurídico, que, por una parte, lesiona el principio de independencia de Poderes, y por otra parte, vacía de contenido las autonomías de las universidades públicas, CCSS y las municipalidades. 2.- El desmantelamiento y menoscabo de los servicios públicos, a merced de la salvaje Regla Fiscal. Los servicios públicos son la infraestructura de la democracia. 3.-En tercer lugar, una grave vulneración de los derechos fundamentales de la clase trabajadora: el derecho de huelga y negociación colectiva. La libertad sindical es inherente a cualquier sistema Democrático. 4.- Además, como si lo anterior fuera cualquier cosa, implica una seria lesión del derecho fundamental a un salario que sea suficientemente justo y remunerativo, que por lo menos se ajuste al aumento en el costo de vida.
Este aluvión de pronunciamientos del Tribunal del Perpetuo Martirio de la Constitución, se vuelan, de un solo plumazo, el principio de independencia de poderes y enervan derechos fundamentales de la clase trabajadora.
Pero no dejemos abandonado en el tintero el artículo 16 citado de la Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano: nuestra Constitución fue derrumbada, porque los derechos más preciados de las personas trabajadoras no fueron garantizados y la arquitectura de nuestro ordenamiento constitucional fue aniquilada.
La jurisprudencia de la Sala, que en la práctica funciona como un Senado, abrazó la doctrina neoconstitucional, inspirada en el fundamentalismo neoliberal de Hayek, Buchanan y Friedman. !Nos arrebataron, en tan poco tiempo, pero de una manera tan violenta, la Constitución de 1949!
Este es el mayor desafío histórico que tenemos: recuperar el Estado Social y Democrático.
En la víspera del 10 de diciembre, un mensaje se difundió. Alertaba de la visita del presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, a la plaza central de El Mozote. La misma plaza donde el 11 de diciembre de 1981, en plena guerra civil, el Batallón Atlácal del ejército salvadoreño pronunció frases como éstas: “¡Mayor! Aquí hay uno que dice que no quiere matar niños”, “¿Quién es el hijo de puta que dice eso?”. Asesinaron a 558 pequeños, utilizaron la violación a mujeres y niñas como arma de guerra y los varones fueron torturados y aniquilados. ‘Tierra arrasada’ se llamaba la técnica. Y eso hicieron. No quedó nada. Fueron cerca de mil personas en tres días en varios cantones de la zona.
El crimen permanece impune a día de hoy y la coincidencia de la visita del presidente con el aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, era una sorpresa que rompía con las agendas comunitarias. “Va a dar a conocer y a lanzar oficialmente una serie de proyectos para nuestra comunidad”, decía el mensaje que circulaba. Bukele decidió visitar la zona un día antes del aniversario oficial en el Mozote, una fecha delicada, y para la cual ya existía un calendario preparado por los vecinos y las víctimas.
Ayer, viernes 10 de diciembre, daban inicio en La Joya las conmemoraciones de los 40 años de esa fatídica fecha. Pero de estas no se habló, ni se hablará; fueron eclipsadas por la puesta en escena. Delante de la iglesia donde asesinaron a los niños, había montadas tres tarimas, un podio, una pantalla, un reflector de luz y cerca de 250 sillas. La cita era a las tres, pero el mandatario llegó en uno de los helicópteros que sobrevolaron la zona pasadas las cinco. El público aplaudió. Una señora daba saltitos de emoción en su silla. Algunos esperaban desde las dos, pero muchos se habían quedado en sus casas. “Falta mucha gente del pueblo, muchos de los que hay aquí son de fuera”, confirmaron otras dos señoras del público. La plaza estaba dividida en dos mitades: una de ellas al servicio del evento de Bukele, la otra eran residentes de la zona o cercanos. Varias víctimas de la masacre que conocí el día anterior no acudieron, Bukele había transformado una fecha de todos, en una fecha únicamente suya.
El presidente prometió becas de estudio, edificios turísticos y una inversión “inicial” de 32,4 millones de dólares para la zona. En primera persona del plural habló de todas las ofrendas que le iba a dar a la comunidad, como computadoras para los niños: “Eso sí, no las pueden vender”, bromeaba. Su listado de beneficios incluyó una plaza gastronómica de 1,4 millones de dólares; un centro de atención geriátrica de 600.000; un club de la cuarta edad; un anfiteatro de 750.000 dólares… El discurso estuvo maridado con maquetas virtuales proyectadas en la pantalla donde desfilaron modernísimos diseños que recordaban más a suburbios de Estados Unidos que a la modesta arquitectura del norte de Morazán (incluída la de remesas).
El Comandante de las Fuerzas Armadas habló de justicia y reparaciones, pero en ningún caso se refirió a la desclasificación de archivos militares, imprescindibles para la investigación y condena de los autores intelectuales y materiales de la masacre. «Hace poco atacaron un decreto de la Asamblea Legislativa porque dicen de que ataco al juez del Mozote, y yo pienso: ¿No hubo Asamblea Legislativa, sistema judicial, Corte Suprema de Justicia durante 40 años? ¿No fue suficiente tiempo para probar si iban a hacer justicia o no?», dijo echando el muerto pal lado.
Los diez minutos y pico de discurso fueron acuerpados con drones, camarógrafos, comunicadores, policías y una quincena de fotógrafos. Uno de ellos daba instrucciones a una niña de no más de cinco años, para que posara junto a los nombres de los menores asesinados que están inscritos en la iglesia. Incluso hubo un locutor ubicado en la tarima de atrás, que leyó un guión para adornar la entrada y salida del presidente. Todo estaba ensayado. El locutor indicaba cuándo había que ponerse de pie, pero no todos seguían la consigna. “Esto es para desestabilizar la conmemoración organizada por nosotros”, comentó un miembro de la Asociación Por los Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM).
Las entradas y salidas al pueblo estaban controladas por militares armados quienes también daban vueltas por sus calles. Además, había policías, así como obreros del Ministerio de Obras Públicas y Transporte que se pasaron el día desmantelando la Casa Comunal que el día anterior estaba de una pieza, para que el autodenominado CEO de El Salvador fuera a ‘inaugurarla’ una vez hubo terminado su discurso. Para la foto le quitaron hasta el techo y colocaron dos tractores, uno a cada lado, con un obrero rechoncho bien acomodado en el asiento del que se encontraba iluminado por un foco colocado estratégicamente. Las selfies, sonrisas, abrazos, y promesas fueron alumbradas por esa misma luz, mientras el presidente se montaba de vuelta en su carro oficial, una vez cortada la cinta. Tras el deja-vú político, los técnicos se apresuraron para desmontar todo el atrezzo, los fotógrafos siguieron en sus menesteres y los primeros tuits de Casa Presidencial empezaron a publicarse.
Probablemente el evento de la comunidad no goce de tanto lujo sino más bien de recuerdos dolorosos, algunos maquillados por una ilusión creada ayer por los proyectos anunciados. Tras 40 años de la peor masacre de América Latina, el fin de la lucha para los familiares de las víctimas y los defensores de los derechos humanos no vislumbra todavía la luz del rostro vendado de la justicia, sino la foto de perfil de Twitter de Nayib Bukele y su inversión “inicial” de 32,4 millones de dólares.
Los pueblos buscan alcanzar la convivencia y la Paz en su dinámica permanente de transformación social, cultural, política y espiritual, entendiendo la necesidad de encontrar caminos de unidad en la diversidad.
La humanidad sufrió dos guerras mundiales con millones de muertos, heridos y el aumento de la marginalidad y pobreza; la comunidad de las naciones buscó superar esa tragedia y darse un código de conducta dando nacimiento a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, valioso aporte. La Comunidad de las Naciones avanzó en generar espacios de convivencia y reconstruir las vidas de los pueblos, pero sin modificar las estructuras de dominación económica y política capitalista que afirmaron su poder internacional provocando conflictos y otras guerras que aumentaron la confrontación Este- Oeste, la intolerancia, la discriminación y la concentración económica en pocas manos.
Esta ponencia la expuse en la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, hace ya algunos años, pero pienso que tiene vigencia frente a la realidad actual y he sumado a la reflexión algunos problemas como la pandemia del Covid 19, tragedia sin precedentes que afecta a toda la humanidad y la otra pandemia que es el hambre en el mundo.
Thomás Merton señala que ningún ejército es garante de la Paz, todos están estructurados para ejercer la violencia del poder de las armas.
El mundo vive conflictos y guerras de “baja intensidad,” se suman los genocidios cotidianos del hambre, la pobreza y la concentración del poder de quienes manejan el poderío mundial e imponen a los pueblos mecanismos de dominación como la “deuda externa”, apropiándose de los bienes y recursos de países más pobres y débiles.
Hoy, a los golpes militares en diversos países, se suma la Lawfare, es decir la guerra judicial impuesta en Brasil contra Lula, en Honduras contra Manuel Zelaya, en Bolivia para el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales, en Paraguay contra Fernando Lugo y la agresión permanente contra Cuba y Venezuela, que pone en evidencia la política de dominación que intenta imponer los EEUU al continente latinoamericano.
La humanidad debe enfrentar desafíos que supera en muchos aspectos los conocidos hasta nuestra época, la ciencia y técnica han generado nuevos caminos y debemos estar atentos. Simplemente quiero señalar algunos de estos emergentes que nos preocupa.
La tecnología ha llevado a la humanidad a la aceleración del tiempo que ha alterado el ritmo natural y provocado en el ser humano y nuestras sociedades cambios profundos e irreversibles, como los ritmos asimétricos que viven los pueblos llamados sub-desarrollados que no podrán alcanzar a quienes disponen del conocimiento tecnológico y científico.
El tiempo de la técnica es diferente del tiempo cósmico, así como del tiempo humano. Es más, la tecnocronía no sólo transforma el tiempo cósmico, sino también la temporalidad humana y por ello la técnica tiene el formidable poder de modificar, además, de la naturaleza humana, la naturaleza a secas. – como señala R. Panikkar.
En todo caso es un hecho que el hombre solo sin la ayuda de la técnica, no sigue a la máquina, sino que es engullido por ella. Por otra parte, debemos tener conciencia que la tecnología llegó para quedarse y por lo tanto es necesario desarrollar la capacidad del equilibrio y no de la dependencia.
La humanidad dispone de condiciones tecnológicas y científicas para superar el hambre, basta leer los informes de la FAO donde afirma que por día mueren en el mundo más de 35 mil niños de hambre. El hambre es un mal crónico y la pandemia del Covid 19 ha profundizado la desigualdad social, se calcula más de 821 millones de personas en el mundo víctimas del hambre. Un genocidio económico del cual no se habla y que pasa a ser parte de los llamados “olvidos intencionados”, en un mundo que está en condiciones de superar ese terrible flagelo que afecta a la humanidad.
El médico brasileño Josué de Castro quien fuera director de la FAO, en la década del 60 publica una obra que continúa vigente, “La Geografía del Hambre” señala la grave situación de desigualdad entre los pueblos. Son las guerras silenciosas que afectan a gran parte de la humanidad; “Josué Señala que, “el hambre es la manifestación biológica de una enfermedad sociológica”.
Quiero recordar al Dr. Norman Burlog, quien recibiera el Premio Nóbel de la Paz en 1970 por la llamada “Revolución Verde”, una excelente persona con quien me reuní en varias oportunidades. Creía que su trabajo sería comprendido y aplicado para superar el hambre en el mundo, tenía claro la necesidad de encontrar nuevos métodos y técnicas de producción de alimentos; sin embargo sus aportes se utilizaron para los monocultivos y tecnología de alto costo e impacto ambiental, la imposición de los agro tóxicos para alcanzar los rindes de producción, en nombre del desarrollo y el aumento de las fronteras de los monocultivos van destruyendo la biodiversidad, expulsando a los pequeños y medianos productores rurales y dañando la vida y a la Madre Tierra-
Con Norman Burlog hemos conversado y discutido sobre la producción, el desarrollo y la soberanía y la cultura alimentaria de gran diversidad y riqueza de los pueblos, como el impacto de los monocultivos impuestos a la producción sobre los pequeños y medianos productores rurales. Políticas aplicadas por gobiernos y empresas que confunden desarrollo con explotación, dañando la biodiversidad y riqueza de las comunidades y pueblos y profundizando la desigualdad con aquellos que no disponen de los recursos económicos y técnicos para superar las asimetrías y desigualdades y sufren los impactos ambientales y económicos, siendo desplazados de sus territorios e imponiendo los agro-tóxicos y la dependencia a las semillas transgénicas. Sumándole a esas políticas económicas la megaminería, que provoca graves daños a los bienes y recursos naturales como el agua y al medio ambiente.
Estas políticas de explotación no pueden ser aplicadas sin la aprobación y complicidad de los gobiernos, que apuntan a la coyuntura, y no a los cambios estructurales que los pueblos necesitan para su vida y desarrollo.
En la Universidad de Tokio, Japón, hace ya algunos años tuve la oportunidad de conocer a Vandana Shiva investigadora india, quien viene trabajando y denunciando las causas y efectos de la producción agrícola, las políticas y consecuencias de los grandes intereses económicos.
Es importante conocer sus trabajos y algunas de sus obras fundamentales, la “Bio-piratería“, “La cosecha robada”, “La democracia de la Tierra,” entre otras , donde expone la grave situación de los campesinos en la India por la apropiación de sus saberes y experiencias sobre las semillas que se fueron transmitiendo de generación en generación y que hoy, empresas trasnacionales se apropian y patentan, las semillas y saberes de los pueblos, y cuando éstos reclaman sus derechos son reprimidas sus protestas sociales, les obligan a pagar las semillas transgénicas y encima les aplican la ley antiterrorista, violando los gobiernos el derecho de los pueblos.
Es necesario cambiar los ejes de nuestros análisis, como lo señala F. Kapra: “los nuevos conceptos de la física han ocasionado un profundo cambio en nuestra visión del mundo, determinando el paso de una concepción mecanicista newtoniana, a una holística y ecológica y buscar los valores y ética en nuestras sociedades, universidades, escuelas y promover la participación social y proteger a la Madre Tierra.
Es prioridad de los pueblos el preservar los recursos naturales, el agua y la biodiversidad, hoy en peligro por la devastación y voracidad de aquellos que privilegian el capital financiero sobre la vida de los pueblos; olvidando que precio y valor no son lo mismo. Hay quienes piensan que hay que “humanizar el capitalismo”, no creo que sea posible porque nació sin corazón. Es la deshumanización que pierde el rostro y conciencia de la humanidad.
Los avances tecnológicos tienen muchas luces y sombras; por un lado, la ciencia ha prolongado la vida de los seres humanos, eliminado las distancias entre los pueblos, eleva la vida hasta un grado insospechable hasta hace poco tiempo en el mundo y por otro debemos tener conciencia que la máquina ya no se adapta al hombre, sino que es éste quien debe adaptarse al ritmo de la máquina. Lo que debe tenerse presente es la aceleración, la vida del ser humano y la técnica nos ha llevado a preguntarnos hacia dónde vamos y para qué.
Quiero plantear brevemente qué entendemos por derechos humanos, si bien en la carta de la Declaración Universal de los DDHH de las Naciones Unidas sus principios están en las bases y valores de las religiones y pensadores en diversos tiempos y épocas, es fundamental clarificar desde donde se debe hacer un abordaje correcto para no caer en el acotamiento y cansancio de las políticas de DDHH.
Los derechos humanos son integrales y hacen a la vida misma de las personas y los pueblos. Hoy son las comunidades que sufren la falta de garantías para desarrollarse plenamente en la democracia, por lo tanto, DDHH y democracia son valores indivisibles, se construye en el hacer cotidiano, en la participación social, cultural y política, por lo tanto, debemos comprender los derechos humanos desde su integridad y restablecer el equilibrio entre el ser humano y la Madre Tierra, preservando la creación y su evolución.
Es urgente proteger la vida planetaria antes que sea tarde, en volver la mirada y el pensamiento en restablecer el equilibrio entre las necesidades del ser humano y la Madre Tierra, nuestra Casa Común, hay caminos a seguir teniendo presente la vida planetaria, las Encíclicas del Papa Francisco, Laudato Si y Fratelli Tuti son un llamado a la mente y al corazón. Otros pensadores, teólogos, científicos llaman a encontrar nuevos caminos para la vida.
Es necesario encontrar nuevos paradigmas hacia la construcción de un “Nuevo Contrato Social”, caso contrario los grandes intereses económicos continuarán destruyendo la Casa Común. La rebelión de los pueblos frente a la situación actual es poder recuperar el equilibrio entre sus necesidades y el respeto a la Madre Tierra antes que sea tarde. Las actuales democracias delegativas no responden a sus necesidades y es necesario la construcción de democracias participativas, donde puedan ejercer sus derechos y tomar decisiones y no derivar todo el poder en sus gobiernos y poder determinar el camino a seguir-.
Algunas posibilidades y pistas para encontrar caminos alternativos: la Academia de Ciencias del Ambiente de Venecia, Italia, ha lanzado la campaña para constituir el Tribunal Penal Internacional sobre los crímenes ambientales que la humanidad viene soportando en el mundo, como la devastación y contaminación, las quemas y deforestación. La propuesta es la reforma del Art. 7 del “Estatuto de Roma” e incluir los crímenes de lesa humanidad contra la Madre Naturaleza, por la
degradación que provocan empresas que actúan con total impunidad y complicidad de muchos gobiernos, como la destrucción de la capacidad productiva de los pequeños y medianos productores.
Si vemos el tiempo recorrido desde la Cumbre de Río, hasta Río + 20, tenemos que señalar que fue Río- 20, en donde las posibilidades de avanzar fueron inversas a lo anunciado y que continúa profundizándose la destrucción de los bosques, la biodiversidad y alcanzando en muchos países índices de contaminación y destrucción de los recursos naturales, como el agua, provocando daños ambientales irreversibles.
La campaña de la FAO es llegar al año 30 como meta para superar el hambre en el mundo, pero no creo que ese objetivo se alcance en la actual situación mundial de explotación y dependencia.
Frente a la pandemia del Covid 19 que sufre la humanidad es urgente que las vacunas lleguen a todos los sectores sociales y sean un bien libre y gratuito para toda la humanidad. Las vacunas van a ayudar, pero no van a resolver el mortal virus del Covid 19, el problema es restablecer el equilibrio con la Madre Tierra. Hay que aprender a vivir
Es urgente despertar conciencia crítica, valores, y comprender que somos parte y no dueños de la Madre Tierra; necesitamos cambiar la estructura del pensamiento cartesiano y comprender el pensamiento holístico que nos permitirá recuperar el sentido de pertenencia, identidad y valores, es decir el equilibrio de la creación.
Son muchos los desafíos que enfrentamos en nuestros países y el mundo y debemos buscar en nuestro interior la fuerza de la espiritualidad y poner en práctica el amor en acción. Hacer caminar la palabra del pensamiento crítico y valores, que nos permita generar y construir un “nuevo contrato social” para proteger la creación y no caer en el derrotismo, en que no hay salida al sistema imperante y a los mecanismos de dominación que hoy agobian y sufre las dos terceras partes de la humanidad. La peor de las derrotas es la resignación.
Necesitamos fortalecer la esperanza en que otro mundo es posible, no los paliativos que calman el dolor, pero nada cambia, es decir la necesidad de asumir los desafíos, la resistencia y despertar de los pueblos, dejar de ser espectadores y asumirse como sujetos y constructores de su propia historia antes que sea tarde para la vida planetaria.
San Isidro 8 de enero del 2021 en tiempo de pandemia.
Acuerdo tomado en sesión extraordinaria 09-2020 de la Asamblea de Unidad Académica de la Escuela de Danza UNA celebrada el viernes 23 de octubre de 2020.
CONSIDERANDO:
Que tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Política de la República de Costa Rica y la Política Nacional de los Derechos Culturales 2014-2023 se estipula el resguardo, acceso y la garantía de los derechos culturales y a la educación.
Que la Universidad Nacional, en su vocación humanista, asume compromisos sociales con la ciudadanía costarricense para contribuir con la transformación democrática y progresiva de las comunidades y la sociedad hacia planos superiores de bienestar.
Que dicho bienestar supone una educación integral, en lo cual las humanidades, las artes y las expresiones culturales son claves en la creación de valores y habilidades para una sana convivencia, la movilidad social y el desarrollo humano.
Que desde el CIDEA, la Escuela de Danza se sabe parte un sistema institucional educativo, artístico y cultural, cuyo espíritu es contribuir con el desarrollo integral de las personas y los pueblos de Costa Rica y Centroamérica mediante sus múltiples quehaceres: la producción artística, la investigación, la extensión y la formación de profesionales que aportan al desarrollo cultural nacional y regional.
Que los recortes formulados por la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa al presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud son injustos y desproporcionados, siendo que a este ya se había aplicado una rebaja en el anterior presupuesto, lo que terminaría afectando importantísimos programas cuyos debilitamientos o supresiones sólo tendrán efectos negativos.
Que ante la crisis que se atraviesa, lejos de desatenderse y cercenarse arbitrariamente sus presupuestos, la educación y la cultura deben resguardarse y promoverse, pues estas constituyen valiosas herramientas para enfrentar los desafíos de los tiempos actuales y de invertir en el bienestar y realización de las futuras generaciones.
Que el gobierno debe atacar seriamente los problemas de evasión y elusión fiscal, así como asegurar un mayor aporte de los grandes capitales con el fin de buscar la justicia tributaria que contribuya a paliar la crisis de forma más equitativa y que no sean los sectores más desfavorecidos quienes vean profundizada su situación por el debilitamiento de la institucionalidad social costarricense.
POR LO TANTO, SE ACUERDA:
COMUNICAR A LOS PODERES DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA POR PARTE DE ESTA ASAMBLEA ACADÉMICO-ARTÍSTICA EL RECHAZO CATEGÓRICO A LAS REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS DESTINADAS A LOS SECTORES DE EDUCACIÓN, CULTURA, ARTE Y JUVENTUD. ACUERDO FIRME Y UNÁNIME.
COMUNICAR A LAS PERSONAS REPRESENTANTES DEL SECTOR CULTURA EN LA MESA DE DIÁLOGO NACIONAL, LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, CONARE Y LA SOCIEDAD CIVIL EL PRESENTE ACUERDO. ACUERDO FIRME Y UNÁNIME.
NOMBRAR UNA COMISIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN QUE EVIDENCIE Y SENSIBILICE SOBRE EL ALCANCE INTEGRAL DEL ARTE DE LA DANZA Y LA CULTURA EN LA SOCIEDAD COSTARRICENSE, CON MATERIALES DERIVADOS DEL QUEHACER ACADÉMICO-ARTÍSTICO DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y LA EXPERIENCIA PARTICULAR DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA QUE SE DISTRIBUYAN POR LOS DIFERENTES CANALES INSTITUCIONALES, ASÍ COMO POR REDES SOCIALES. ACUERDO FIRME Y UNÁNIME.
Dra. María Ávila Aguilar Presidenta Asamblea de Unidad Académica Escuela de Danza
*** Más información 8998-2182. Oficina Comunicación UNA Teléfonos: 2277-3224/ 2237-5929 comunica@una.cr
