Vecinas y vecinos de Mata de Plátano, Goicoechea se organizan para defender la Finca El Maderal, un área de más de 12 hectáreas de vida silvestre ubicada dentro del Corredor Biológico Interurbano Torres-María Aguilar, frente a un proyecto municipal que busca instalar un “parque ambiental” con planta de compostaje y centro de clasificación.
La Finca El Maderal es mucho más que un terreno, es un bosque que alberga más de 146 especies de aves, algunas únicas en el país, y que protege nacientes de agua que alimentan el río Torres. Su ubicación en una zona de alta sensibilidad hídrica la convierte en un espacio vital para la biodiversidad y la recarga acuífera del cantón.
La propuesta municipal es vista por la comunidad como un intento de convertir la finca en un relleno sanitario encubierto, dada la necesidad de botaderos que enfrenta el Gran Área Metropolitana. Las y los vecinos alertan sobre el alto riesgo de lixiviados y escorrentías hacia el río Torres, lo que contradice el principio de tutela ambiental preventiva.
Además, no existe un plan de control de vectores ni de olores, lo que pone en riesgo la salud pública y contraviene la Ley General de Salud (Ley.5395). También se proyecta una pérdida de hasta el 40 % en el valor de las propiedades cercanas, lo que afectaría el bienestar económico de las familias.
En esta misma línea, La Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV), mediante el Oficio MG-AG-UTGV-0212-2025 (28/05/25), confirmó la inviabilidad de accesos para tránsito pesado, ya que las calles son estrechas, con pendientes pronunciadas, radios de giro inadecuados, puente de un solo carril y ausencia de estudios estructurales de pavimento. Esto genera preocupación sobre el deterioro de la infraestructura local y la seguridad vial.
Las y los vecinos insisten en que la finca no es un lote baldío, sino parte de la Reserva de la Biosfera del Río Torres. Cada árbol y cada planta son parte de una red de vida que beneficia a toda el Área Metropolitana. La comunidad asegura que su voz será más fuerte que cualquier plan que atente contra este bosque y llaman a la ciudadanía a sumarse a su defensa: “¡Defendamos El Maderal!”
Según datos de la Dirección de Geología y Minas (DGM) del Minae, los principales países receptores del material exportado desde Costa Rica entre el 2006 y el 2018 fueron Nicaragua y San Andrés de Colombia. Datos revelados por esa entidad evidencian que, durante el 2006, el país exportó 32.150,00 metros cúbicos (m3) de piedra de río y 24.255,00 m3 de arena de río. Seis años después, en el 2012, salieron 20.337,62 m3 de piedra de río y 24.829,59 m3 de arena de río, segunda cifra más alta con respecto al volumen de exportación registrado en ese periodo.
Esas cifras se mantuvieron los años siguientes con crecimientos y disminuciones leves hasta el 2018. Después de ese año, en la página web de la DGM no se ubica información sobre exportaciones de materiales extraídos de cauces. Sin embargo, el Observatorio de Complejidad Económica (OEC), como fuente para acceder a información sobre visualización y distribución de datos en línea centrada en la geografía y la dinámica de las actividades económicas, da cuenta de que esta actividad sigue muy activa en el país, ya que según datos publicados en el 2021:
“Costa Rica exportó $1,69 Millones en Grava y piedra triturada, convirtiendo en el exportador número 74 de Grava y piedra triturada en el mundo. En el mismo año, Grava y piedra triturada fue el producto número 279 más exportado en Costa Rica. El principal destino de Grava y piedra triturada exportaciones de Costa Rica son: Colombia ($1,66 millones), Nicaragua ($15 mil), Estados Unidos ($6,98 mil), Panamá ($4,02 mil), y El Salvador ($2,23 mil)” (ver en https://oec.world/es/visualize/tree_map/hs92/export/cri/all/52517/2021)
En miras a profundizar esta información, desde el proyecto en mención como desde las organizaciones comunitarias, se procederá a realizar la solicitud formal a la DGM para corroborar los datos revelados por dicho Observatorio.
La coordinadora del proyecto de Acción Social, Dylanna Rodríguez Muñoz aseguró que “sin lugar a dudas, las cifras mostradas dan cuenta de las jugosas ganancias para las empresas dedicadas al mercado de la minería no metálica. No es un dato simple que el país se ubique en el lugar 74 del mundo como exportador de materia prima para la construcción, mientras tanto, comunidades y organizaciones alrededor del país denuncian privatización de los ríos, contaminación, pérdida de biodiversidad, sedimentación, afectación a manglares y disminución de caudales, todo ello como consecuencia de la sobre explotación de los ríos”. Según los mismos informes de la DGM, en el 2018, por ejemplo, en la Región Brunca se contabilizaron un total de 20 denuncias, mientras en la región Huetar Norte, durante el periodo 2019-2020, se recibieron un total de 51 denuncias por irregularidades en la práctica extractiva.
La minería no metálica en los cauces de los ríos o quebradores se ha extendido a todas las regiones socioeconómicas del país (Huetar Atlántico, Huetar Norte, Pacífico Central, Chorotega, Central, Brunca), amenazando algunos de sus ríos, principalmente los más grandes y caudalosos, debido al aumento en las demandas del mercado internacional, ya que una parte considerable de arena y piedra extraída de los ríos del país es exportada, señalan.
La Alianza de comunidades por la defensa del agua en Puntarenas se ha pronunciado en diversas ocasiones por la afectación que han generado estos proyectos mineros en los ríos Guacimal y Lagartos. La misma situación señalan comunidades como Atirro, en Turrialba, con el río Atirro, Maquengal de Guatuso con río Frío y, recientemente, Cóbano de Puntarenas con el río Ario.
Para Rodríguez Muñoz “estas situaciones despiertan cuestionamientos respecto al papel del Minae, a quienes las comunidades y organizaciones achacan la responsabilidad por falta de monitoreo en la ejecución que realizan las empresas concesionarias; pero, sobre todo, indigna que se continúen otorgando prórrogas y nuevos permisos, algunos de ellos a empresas acusadas de corrupción como H. Solís y Meco. A esta primera, el año anterior se le otorgó un permiso de explotación del río Aranjuez por 10 años. Es fundamental, frente a este escenario, una intervención al código de minería y una revisión de los mecanismos institucionales de monitoreo pues, si los permisos y procesos de adjudicación se hacen apegados a la ley, pero eso implica efectos devastadores en los ríos y limita el acceso al agua para las comunidades, algo definitivamente no está bien”
Sobre lo mismo, la bióloga Isabel Alvarado, realizó una amplia investigación en su tesis de grado en 2018 sobre los estudios de fauna acuática en actividades de extracción en ríos. Para Alvarado, el principal problema radica en la falta de información, tanto por parte de las instituciones del Estado, como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y la DGM. En su investigación halló que en el 96% de casos en que ha mediado un EsIA ha faltado monitoreo periódico institucional. Su investigación hizo un diagnóstico evaluativo de los Estudios de Impacto ambiental, los Planes de Gestión Ambiental y los Informes de Regencia de la SETENA. A partir de un análisis espacial se determinó la presencia de 188 concesiones de extracción en Cauces de Dominio Público otorgados entre el 2000 y el 2015, comprendiendo un 0,64% de la red hídrica del país. Está investigación concluye que la SETENA no está obteniendo datos en cantidad y calidad necesarios para adecuadamente caracterizar el ecosistema y medir su afectación.
Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.
Compartimos este breve recorrido por las luchas por el agua en el Valle la Estrella, contadas por sus protagonistas. Este documento visual, no pretende ser exhaustivo, ni mucho menos contar todo lo que pasó, sino ser una invitación para las personas que viven en el Valle la Estrella, y toda aquella que esté interesada en la lucha por el agua, para profundizar en este proceso de defensa comunitaria. Nos acompañan Elizabeth Oses, Sandra Arias, José Joaquín Chave, Luis Soto y Ramón Cruz.
El Programa Kioscos Socio-ambientales para la Organización Comunitaria de la Vicerrectoría de Acción Social, en conjunto con el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas del Instituto de Investigaciones Sociales, y los programas Era Verde y Palabra de Mujer del Canal 15 UCR; organizan la “Semana por la Defensa Comunitaria de los Territorios”.
Este miércoles 22 de setiembre, en el programa Voces y Política, hablarán con las personas de comunidades que participan de este evento que se está llevando a cabo esta semana.
Usted puede sintonizar el programa a las 5:00 p.m. por Radio Universidad 96.7 FM y participar por medio de llamada telefónica al 2234-3233 o las redes sociales de la radio.
Información compartida con SURCOS por Mauricio Álvarez Mora.
Este viernes 14 de diciembre a las 2 p.m. se realizará el conversatorio: «Defensa comunitaria de nuestros ríos, nuevas amenazas en Turrialba», en el Auditorio Sede del Atlántico, Turrialba.
