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Etiqueta: defensa de la educación pública

Pronunciamiento en defensa de la educación pública costarricense – ITCR-ECS

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ciencias Sociales

PRONUNCIAMIENTO EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA COSTARRICENSE

ACUERDO DEL CONSEJO DE ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, SESIÓN No. 12-2023 DEL 26 DE JUNIO.

Considerando que:

  1. La crisis del sistema educativo público de Costa Rica no es un hecho aislado ni fortuito, sino que responde a un proceso sostenido de políticas neoliberales que atentan contra el Estado social costarricense.
  2. Al menos 4 pilares fundamentales de nuestro Estado social, como son la educación, la salud, la seguridad y soberanía alimentarias y las garantías laborales, han sido debilitados no sólo por el desfinanciamiento sino por la implantación de una visión de Estado antisolidario y orientado a favorecer negocios privados y dar prioridad al mercado externo sobre el mercado interno y la producción de origen nacional. Estos 4 pilares sociales aseguran que una sociedad pueda aspirar a niveles de equidad social aceptables y que por tanto la desigualdad social no crezca de manera incontenible, como ha ocurrido en Costa Rica en las últimas décadas.  En los últimos meses ha sido particular la presión del Gobierno para que sea aprobado el proyecto de ley Expediente 21.182, “Ley para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras”, que acabaría con un contenido esencial del Código de Trabajo, como es la jornada laboral de 8 horas.
  3. Ya en 2019 Luis Felipe López-Calva director del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en América Latina y El Caribe, había referido esta debacle social en una entrevista con Cecilia Barría de BBC News Mundo (25/11/2019), explicando resultados de mediciones de desigualdad en la distribución de la riqueza usando el Coeficiente de Gini (según el cual 0 es igualdad perfecta): para el año 2017 entre 18 países de América Latina, Uruguay fue el país más igualitario ocupando la posición 18 con un indicador de 39.7 y Brasil (puesto 1) fue el más desigual con un indicador de 51,3. Como más desiguales seguían Colombia, Panamá, Honduras, y en el puesto 5 estaba Costa Rica como el quinto país más desigual con un indicador de 48,7 (Durán, O. 2020).
  4. En 2015 el presupuesto para la educación pública de Costa Rica alcanzaba el 7% el PIB, siempre por debajo del 8% que dicta la Constitución Política, pero para el año 2023 esa asignación apenas alcanzó el 6%, siendo el presupuesto más bajo en los últimos 8 años (¢2.781.003 millones).Por eso no sorprende que la negociación en la Comisión de Enlace (Poder Ejecutivo y CONARE) se torne cada vez más complicada y negativa para las universidades públicas.
  5. La actual administración ha dejado completamente claro que su línea es desfinanciar, tercerizar y privatizar servicios sociales, igual que se ha hecho desde hace más de 4 décadas en América Latina para debilitar a los Estados y, como consecuencia, aumentar las brechas sociales. Ya las universidades públicas estamos operando bajo las restricciones que imponen las leyes No. 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y No. 10159 Ley Marco de Empleo Público, cuyos impactos negativos se agravarán en el mediano y largo plazo, entre muchas razones porque el nuevo marco de contratación laboral no permitirá mantener elevados niveles de calidad. De hecho, las universidades han disminuido sus salarios reales en los últimos años.
  6. Los recortes, tanto en general como el no reconocimiento del 1% por inflación, agudizarán las limitaciones que ya están soportando las universidades públicas para inversiones indispensables en todas sus áreas fundamentales como docencia, investigación, extensión social, becas y todo tipo de ayudas y subsidios a estudiantes en todas sus sedes del valle central y en especial en todas las regiones del país.  La negativa del Gobierno de reconocer al menos el 1% por inflación, equivalente a 5.591 millones de colones, se da  “a pesar de que la inflación anual de ese año cerró en 7,88%” y sobre todo desatendiendo los argumentos del mismo Gobierno sobre “la mejora de las finanzas públicas producto de la colocación de los eurobonos por la suma 1.500 millones de dólares, del aumento en la recaudación tributaria en 3,9% del PIB, la disminución del déficit fiscal en menos 0,5% y la disminución de la razón de deuda con respecto al PIB a un 58,4%”.
  7. En las sesiones de negociación del FEES el Gobierno ha ratificado una posición intransigente, impositiva, restrictiva y hasta falaz, por cuanto ha culpado a la Asamblea Legislativa de ser la responsable de no reconocer el crecimiento de tan solo un 1% por inflación del FESS. Esta negativa del Gobierno refleja contradicciones pues mientras argumenta que no dispone de dinero, asegura un recorte de ₡3.200 millones que pasarían del Ministerio de Educación a programas de seguridad. No es con más policías y represión que la sociedad costarricense saldrá de su creciente inseguridad, pues ésta se genera en la falta de oportunidades sociales, dentro de las cuales la educación es la más relevante.  En el caso del Ministerio de Educación Pública es bien sabido que los recortes acrecientan el deterioro de la ya maltrecha infraestructura, especialmente para 800 centros educativos que han sido calificados como “tugurios”, debilitan y eliminan becas y transporte para estudiantes, comedores escolares, bibliotecas, entre otros.  Esa posición confrontativa del Gobierno se ha manifestado en muchas oportunidades como con la afrenta de la ministra de educación a la rectora electa del ITCR, al decirle que “agradeciera que la dejaran participar”en la Comisión de enlace, y con las expresiones del Presidente de la República descalificando la marcha por la defensa de la educación pública del 20 de junio de 2023 diciendo “que la convocatoria fue débil, no había una causa clara” (lo cual no es menester rebatir), pero además por decir que un 8% del PIB para la educación “pudo haber sido en consecuencia y en intención, una medida populista”.
  8. Mientras se debilita la inversión social, el Estado sigue demostrando una total incapacidad y falta de voluntad para cobrar impuestos a las empresas que siguen declarando cero utilidades y por tanto haciendo perder cada año miles de millones de dólares al Gobierno. Muchas de esas compañías que declararon “cero utilidades” hasta por 3 años consecutivos (2019, 2020 y 2021), son Grandes Contribuyentes Nacionales (GNC).  Entre estas se incluyen Ecodesarrollo Papagayo LTDA., Grupo Nación GN S. A., APM Terminals Moing S. A. y Grupo Quality Motor S. A.  Esta tendencia nacional es el denominador común global como lo demostró  OXFAM (2020) en su Informe “Tiempo para el cuidado.  El trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdad”, al señalar que “…tan solo el 4% de la recaudación fiscal mundial procede de los impuestos sobre la riqueza, y hay estudios que demuestran que las grandes fortunas eluden hasta el 30% de sus obligaciones fiscales” (p.12). En Costa Rica, como hemos señalado, no existe un sistema eficiente, seguro, ni equitativo de cobro de impuestos, de tal manera que se visualiza una mayor polarización social.  La OECD en su “Estudios Económicos de la OECD: Costa Rica 2020”  reconoció que en el año 2019 Costa Rica fue, según el Coeficiente de Gini, el país con mayor desigualdad en un grupo de 37 de todo el mundo (p.14).  A pesar de los diagnósticos, las políticas económicas mantienen el sesgo marcadamente restrictivo, que se expresa de manera particular en la reducción de la inversión social en los sistemas de salud y educación públicas.

POR TANTO, SE ACUERDA:

  1. Conscientes de que tenemos que mejorar el impacto positivo de nuestras universidades públicas en la sociedad costarricense y fundamentalmente entre los segmentos sociales más desfavorecidos, según lo que dictan nuestros Estatutos Orgánicos, rechazamos todo intento actual y futuro de los Gobiernos de recortar los fondos para la educación pública costarricense independientemente de si es presupuesto para las universidades, los niveles de preescolar, educación general básica o diversificada.
  2. Exigimos que el Gobierno de la República reconozca y presupueste el 8% del producto interno bruto para la educación en general y el 1.5% para la educación superior, de acuerdo con lo que dicta la Constitución Política de Costa Rica en sus artículos 78, 84 y 85.
  3. Exigimos que el Poder Ejecutivo reconozca, al menos, el 1% de crecimiento por inflación del FEES para el año 2023, tal y como había sido acordado en la Comisión de enlace, y apoyamos la posición unánime y coherente de los Señores Rectores, y de la Rectora electa del ITCR, de rechazar la imposición unilateral y falaz del ministro de Hacienda, de que se cercena ese dinero a las universidades porque “en la Asamblea Legislativa nos quitaron del presupuesto ₡81.000 millones”.
  4. Instamos a los Señores Rectores y de la Señora Rectora electa del ITCR a que, en la sesión de negociación del próximo 30 de junio 2023, mantengan esa misma posición con base en los estudios que las mismas universidades están preparando, a fin de garantizar para el año 2023, como mínimo, un FEES que incluya el 1% por inflación.  De igual manera, les pedimos que en la negociación del FEES para el 2024 reafirmen la decisión de defensa del FEES y que en el momento que sea oportuno y sin vacilaciones, convoquen a las comunidades universitarias a esa tarea, ya sea en las sedes universitarias de todo el país o en las calles.
  5. Instamos a las autoridades universitarias del ITCR y de todas las universidades públicas, y de todos los niveles, a que afiancemos la defensa del FEES y nos mantengamos y fortalezcamos una sólida alianza para defender la educación pública de Costa Rica como un sistema integral que permita mantener y elevar la calidad de vida de la sociedad costarricense.
  6. Instamos vehementemente a las nuevas autoridades del ITCR a que asuman y mantengan en la Comisión de Enlace, y ante cualquier instancia de los poderes Ejecutivo y Legislativo, una posición inclaudicable de defensa, mantenimiento y crecimiento real del presupuesto para la educación costarricense, asegurando el mandato constitucional de otorgar un 8% del producto interno bruto para la educación en general, y de éste el 1.5% para la educación superior pública.
  7. Instamos a todas las personas integrantes de la comunidad universitaria del ITCR a estudiar responsablemente y multiplicar toda la información relacionada con el quehacer de la universidad y su impacto en la sociedad costarricense, pues es a esa sociedad a la que nos debemos y a la cual le debemos rendir cuentas. Adicional y particularmente, a los y las docentes les solicitamos que dediquen el tiempo necesario en cada uno de sus cursos para dialogar y explicar la crisis del Estado Social de  Derecho, de la educación y en particular de la educación superior pública en Costa Rica.
  8. Reconocemos la responsabilidad y compromiso de los y las diputadas que se han manifestado por la defensa de la educación pública de Costa Rica, y les pedimos que legislen conforme lo establece la Constitución Política asegurando el 8% del PIB a la educación.   Les pedimos que, además, no voten positivamente ninguna iniciativa que debilite el sistema de educación pública del país y favorezca las iniciativas de educación privada.
  9. Nos comprometemos a fortalecer las alianzas con otros actores sociales que defienden la salud pública, la agricultura nacional campesina, la educación pública y las garantías sociales contra las cuales se ha ensañado la actual administración, pues todas han sido, son y seguirán siendo, componentes indispensables para un modelo de sociedad que aspire a la justicia social, la solidaridad y más altos niveles de calidad de vida.

ITCR, Escuela de Ciencias Sociales, 26 de junio de 2023.

Bibliografía

Camarillo, Brenda (16 febrero, 2023). Presupuesto 2023 para educación es el más bajo desde 2015 según Contraloría [en línea] https://www.larepublica.net/noticia/presupuesto-2023-para-educacion-es-el-mas-bajo-desde-2015-segun-contraloria

Díaz Zeledón, Natalia (27 abril, 2021). Dictamen de préstamo del FMI estaría listo hasta viernes 30 de abril por casos de COVID-19 [en línea] https://semanariouniversidad.com/pais/dictamen-de-prestamo-del-fmi-estaria-listo-hasta-viernes-30-de-abril-por-casos-de-covid-19/

Durán-Castro, Osvaldo. 3 de abril 2020. Populismo neoliberal y coronavirus. Semanario Universidad [en línea] https://semanariouniversidad.com/opinion/populismo-neoliberal-y-coronavirus/

Hoy en el TEC.  Redacción (15 de junio 2023). Reunión Comisión Enlace. Universidades rechazan que Gobierno evite la responsabilidad de 1% adicional del FEES 2023 [en línea] https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/2023/06/15/universidades-rechazan-gobierno-evite-responsabilidad-1-adicional-fees-2023

Mora, Andrea (21 Jun, 2023). Chaves cuestiona marcha y asegura que 8% del PIB a educación fue una «medida populista» [en línea] https://delfino.cr/2023/06/chaves-cuestiona-marcha-y-asegura-que-8-del-pib-a-educacion-fue-una-medida-populista?utm_source=Notificacion&utm_medium=WA

Muñoz Solano, Daniela  y Nuñez Chacón, María (8 marzo, 2023). APM Terminals, Grupo Nación, Meco y H. Solís entre las 183 empresas que declararon cero Renta en 2021 [en línea] https://semanariouniversidad.com/pais/apm-terminals-grupo-nacion-meco-y-h-solis-entre-las-183-empresas-que-declararon-cero-renta-en-2021/

OECD.  (2020). PANORAMA ECONÓMICO DE COSTA RICA. [en línea] http://www.oecd.org/economy/panorama-economico-costa-rica/

OXFAM. (2020). Tiempo para el cuidado. El trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdad [en línea] https://www.oxfam.org/es/informes/tiempo-para-el-cuidado

Rivero, Adrián Z (21 junio, 2023) Rector UCR: “Si no hay 1%, no continuamos con la negociación” [en línea] https://semanariouniversidad.com/universitarias/rector-ucr-si-no-hay-1-no-continuamos-con-la-negociacion/

Zamora Huertas, Luis Alfonso (21 junio, 2023). Ministra de Educación dijo a rectora electa del TEC que agradeciera que la dejaran participar, confirman rectores [en línea] https://semanariouniversidad.com/universitarias/ministra-de-educacion-dijo-a-rectora-electa-del-tec-que-agradeciera-que-la-dejaran-participar-confirman-rectores/

 

Imagen: https://www.tec.ac.cr

EPISODIO 24 Limonenses en lucha

5 MINUTOS… O MENOS

El pasado martes 20 de junio de 2023, se realizó una importante movilización en defensa de la educación pública en todos sus niveles.

Tanto la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Técnica Nacional, como las organizaciones sindicales de primaria y secundaria, APSE, SEC, SIMPAE y ANDE, se unieron para protestar por el recorte presupuestario que el gobierno actual de Rodrigo Chaves intenta realizar a todo el sistema educativo nacional.

Otras organizaciones sindicales y sociales se unieron en defensa de la educación pública, entre ellas la del sector salud y sociales como el Bloque Cívico del Cantón Central de Limón, entre muchas otras. Los limonenses vienen dando una importante lucha contra las políticas neoliberales que han privatizado los muelles, una de las pocas alternativas de empleo que tenían y que en condiciones laborales y económicas brindaban un poquito de mejores condiciones a los trabajadores.

Otra alternativa laboral que queda en la provincia es en plantaciones, con salarios de hambre y sobre explotación laboral, sin contar con el uso de agroquímicos que afecta la salud y contaminan las aguas. Dos de los dirigentes presentes en la movilización fueron Eduardo Sanabria y Jhonny Cuendis, y ambos nos dieron unas cortas declaraciones sobre algunos temas de sus luchas en la provincia.

Eduardo Sanabria es dirigente ex muellero y miembro del Bloque Cívico de Limón. Palabras fuertes y contundentes. Limón, junto a Guanacaste y Puntarenas, son las tres provincias con mayor pobreza, desempleo y hambre.

Curiosamente son las tres provincias por las que entra y sale la riqueza de nuestro país, las fronteras terrestres y marítimas por las que las exportaciones y las importaciones vienen y van, generando miles de millones que está haciendo multimillonarios a unos pocos pero que no generan en las provincias ningún beneficio económico ni desarrollo.

Para demostrar la anterior afirmación investigamos y según Procomer, las exportaciones de Costa Rica han crecido en promedio $1 billón de dólares por año ($1,000,000,000,000), o lo que es lo mismo, este sector privilegiado, los exportadores, que son los únicos que ganan con las crisis económicas, se echaron a la bolsa nada menos que más de 540 mil millones de millones de colones (₡540,093,900,000,000.06), contando además con todos los privilegios fiscales que los exonera de pago de impuestos y que provoca la crisis económica del Estado costarricense.

En el caso de los muelles de Limón, hay un Canon que los administradores de los muelles de Limón deben pagar para ser invertidos en la provincia, pero que corre peligro de desaparecer por no cobro, por favorecimiento a la empresa extranjera, o que se transfiera al gobierno central.

El Canon tributario es la tasa que se paga por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público.

Escuchemos a Johnny Cuendis, también ex muellero y miembro del Comité Cívico de Limón.

¿De qué se habló en la manifestación por la defensa de la educación? Collage de voces para reflexionar sobre ¿qué está pasando?

Observatorio de Bienes Comunes

Este 20 de junio 2023 asistimos a la manifestación de por la Defensa de la Educación Pública, caminamos junto a todas las personas que decidieron hacer manifiesto su apoyo y revindicación de una educación pública incluyente. Aprovechamos este momento de unión y colaboración, para construir un collage de voces para reflexionar sobre la situación actual de la educación en Costa Rica, el estado del FESS 2023 y la importancia de la protesta social.

Para este collage, agradecemos las intertenciones de muchas de las personas que participaron en la tarima principal Kendy Chavez (Sindicato TEC), Karen Marín (FEUCR), Ana Doris Gonzalez (APSE), Atnhony Trejos (UTN), Luis Aguilar (ADEP), Esteban Paniagua (SITRAINA),Clareth Calderón (FEUNA), Rodrigo Arias (UNED), Gustavo Gutierrez (UCR), Gilberth Díaz (SEC), Hilda Montero (ANDE), Luis Alejandro (Movimiento Estudiantil Secundaria), María Estrada (TEC), Francisco Gonzalez (UNA), Manuel Rodríguez (SITRAPEQUIA). José Oviedo (Movimiento Agro), Luis Aguilar (ANDE) y a todas las personas que se mantuvieron en la plaza y le dieron sentido a este collage con sus intervenciones y emociones.

Para escuchar el programa, ingrese aquí.

Salimos a defender la educación, pero no cualquier tipo…

Observatorio de Bienes Comunes

Este 20 de junio saldremos a manifestarnos en defensa de la Educación, en el marco de las negociaciones del FESS 2023, sabemos que esta lucha no sólo es en la mesa de negociación presupuestaria, ya que el desfinanciamiento es sólo una estrategia más, de algo mayor, es decir, el cambio de sentido de la educación, de derecho a mercancía.

En las últimas décadas, existe un avance significativo de perspectivas educativas, que consideran las dimensiones económicas y financieras, como ejes centrales en la construcción de la curricula de contenidos, desplazando así, los enfoques humanistas y sociales. Esto conlleva a una cosolidación de una tendencia instrumental del «aprendizaje», desvinculando las dimensiones sociohistóricas, políticas y culturales de esta.

Por esta razón, la negociación del FESS es sólo un momento puntual, de otra lucha más, la construcción de esa otra educación, una que esté comprometida ética, política y pedagógicamente con la transformación de nuestras sociedades desde las necesidades y aspiraciones de las personas. Esta otra educación no es algo por venir, ya está practicándose, desde muchos espacios que a veces los llamamos «formales» e «informales», los podemos conocer a través de esas personas y colectivos comprometidas con concepciones liberadoras, que construyen aprendizajes desde los trayectos de las personas participantes y que sus prácticas acompañan la liberación de las capacidades para la transformación de sus contextos.

Es así, que este 20 de junio, marchamos en contra de esa visión instrumental de la educación, y por la defensa de esa educación comprometida con las realidades que vive, que las problematiza e interpela, pero  también, promueve su transformación desde las propias personas y sus realidades.

Cuando salimos a manifestarnos, no nos manifestamos por «cualquier cosa» o porque nos mandaron, sino porque creemos y prácticamos una educación transformadora.

Es así, que compartimos estos «tips» para profundizar otro tipo de educación.

Marcha: Pacto Nacional por la Defensa de la Educación Pública y otros sectores

El CONARE, la rectoría de la Universidad Nacional de Costa Rica, la FEUNA y el SITUN convocan a la comunidad universitaria y nacional a participar el próximo martes 20 de junio a las 9:00 a.m.  de la marcha: Pacto Nacional por la Defensa de la Educación Pública y otros sectores, saliendo del Parque de la Merced

Habrá transporte a partir de las 7:00 a.m. saliendo de la Plaza 11 de abril, Campus Omar Dengo.

Gran marcha en defensa de la educación pública

Comunicado

‘’Hacia un pacto nacional por la educación pública en Costa Rica’’

• Organizaciones en todo el país, convocan a una gran marcha pacífica para solicitar un “Pacto por la Educación Pública” y la defensa del presupuesto por constitución, para la sostenibilidad del sistema educativo en Costa Rica.

• La marcha será el próximo martes 20 de junio a las 9:00 am, saliendo del Parque de la Merced.

• Convocatoria conjunta del Movimiento Estudiantil, Universidades Públicas mediante el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), las organizaciones del Magisterio Nacional y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productiva.

Ante la peor crisis educativa en los últimos 40 años y la ausencia de una hoja de ruta para resolverla, las organizaciones firmantes y presentes nos unimos para convocar a una gran marcha en defensa de la educación pública, como pilar fundamental de nuestro Estado Social de Derecho, a realizarse el martes 20 de junio a las 9:00 am, saliendo de la Iglesia de la Merced con rumbo a la Plaza de la Democracia.

El objetivo es realizar un vehemente llamado democrático para construir un Pacto por la Educación Pública, mismo nos permita salir de la actual crisis educativa, así como una misiva ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, sobre la no aceptación de recortes presupuestarios para la sostenibilidad de la educación pública, por el contrario, la búsqueda del fortalecimiento de esta.

Para evitar generaciones completas afectadas, como sucedió en la década de 1980, es necesario que los diferentes sectores del país unamos esfuerzos para visibilizar la grave situación que atraviesa el país. La actual crisis educativa es histórica y multicausal, pero sus detonantes inmediatos pueden rastrearse en diversos eventos y omisiones a lo largo de al menos los últimos 13 años, pero siempre desde rezagos estructurales.

En síntesis; la crisis educativa se puede dividir en los siguientes ejes de afectación: crisis educativa y pedagógica, la crisis presupuestaria y de prioridad en política educativa, todas entrelazadas generando mayores retos que comprometen el futuro de las familias en este país y sus propias comunidades.

Nos encontramos ante escenarios país y educativos realmente alarmantes, encontramos serias limitaciones en el acceso a transporte, alimentación y una infraestructura adecuada en el sistema educativo público, lo anterior solo la punta del iceberg de la crisis, pues imposibilita a familias completas en el acceso a la movilidad social mediante la alfabetización primaria, secundaria y técnica, así como educación superior. Hoy se enfrentan negociones presupuestarias, que no garantizan crecimiento y fortalecimiento del sistema educativo, así como una clara violación constitucional del 8% del PIB para educación pública que debe garantizarse su distribución ética en TODOS LOS NIVELES. Por tanto, no será de recibo que justifiquen los recortes, para trasladar a otros programas educativos, cuando todos deberían estar garantizados con el presupuesto que le corresponde por constitución.

No es casualidad, que veamos con preocupación las afectaciones directas que empiezan a sufrir los pilares de lo que conocemos como el Estado Social de Derecho, desde las afectaciones al sistema de salud como la CCSS y su autonomía, el rechazo hacia una política de estado por la seguridad y soberanía alimentaria, la amenaza de las garantías laborales y derechos humanos mediante el proyecto de ley ‘’4×3 Jornadas flexibles’’, amenazas al régimen de pensiones del Magisterio Nacional, el terrible recorte de un 8% del presupuesto que le corresponde al Ministerio de Cultura y Juventud, frente a la paradoja de un sistema de seguridad debilitado sin enfoque multisectorial y comunitario, con recursos limitados y con afectaciones graves en las garantías laborales del personal de seguridad en todo el país.

No obstante, desde la aplicación de la regla fiscal, han dejado secuestradas las funciones fundamentales de las instituciones públicas en el país, limitando su presupuesto y agravando a sectores que son motores de la economía en el país, o afectaciones a personas en riesgo social. Hasta ahora, la receta del Poder Ejecutivo, en este contexto país, ha sido el recorte presupuestario, la violación a la libertad de prensa e irrespeto a la institucionalidad, la Constitución Política y los Poderes Democráticos de la República en el país, generando un efecto adverso en las garantías sociales y laborales de las personas trabajadoras y habitantes del país, como parte de una estrategia clara en el debilitamiento del Estado Social de Derecho.

Por todo lo anterior, es urgente la generación de soluciones ante los múltiples retos de la educación pública, si buscamos sostener los pilares de la democracia y el Estado Social de Derecho, entre los que destacan: desigualdad educativa, formación docente, innovación pedagógica, inversión en educación, brecha tecnológica, evaluación de los aprendizajes, infraestructura educativa, fortalecimiento de la educación técnica, participación comunitaria y multisectorial, articulación entre los niveles del sistema educativo, entre otros.

Debemos garantizar una educación inclusiva, creativa, innovadora y crítica. Una educación que genere mayor movilidad social y reduzca las desigualdades estructurales en el mediano y largo plazo. Una educación que sea un “proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos”, como establece la Constitución Política. Una educación que nos permita sentar las bases de un país mejor y no deje a nadie atrás.

Buscamos fortalecer el Estado Social de Derecho mediante la defensa del 8% que por Constitución, que le corresponde a Educación en Costa Rica, para ello, invitamos a todas las organizaciones sociales, productivas, estudiantiles, sindicales, multisectoriales, comunales, académicas, familias y sus comunidades, a sumarse a esta gran marcha por la educación pública.

¡MARCHEMOS A DEFENDER LO NUESTRO!

¡YO CONFÍO Y DEFIENDO LA EDUCACIÒN PÚBLICA!

Las organizaciones, familias y personas interesadas pueden aportar en la organización de la marcha, para ello pueden comunicarse mediante el siguiente correo: mesa.nacionaldedialogo@gmail.com

Imagen ilustrativa Foto: Laura Rodríguez Rodríguez – UCR.

Fortalezcamos la U Pública

Él es Ernesto, indígena boruca, graduado de la carrera de Planificación Económica y Social-EPPS- UNA, gracias al esfuerzo y sacrificio personal y de su familia. 

Más del 64% de la población graduada de las universidades estatales provienen de hogares donde padres y madres no tienen un título universitario. 

Fortalezcamos la U Pública, sigamos construyendo país.

Enlace al vídeo completo: https://www.facebook.com/watch?v=381848360799666 

Ahorrar en educación es ahorrar en civilización

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y Energía (ASCEIDE) expresamos nuestra solidaridad en defensa del presupuesto constitucional para la educación pública superior.

«Razones de economía nada justifican. Economizar en educación es economizar en civilización, y ningún pueblo de la tierra tiene derecho a hacerlo». Lo anterior nos lo recordaba –y tenía razón – el insigne educador Omar Dengo Guerrero. Su figura intelectual y humana, una de las más lúcidas de la educación costarricense, y de las más destacadas de la cultura nacional del siglo XX; supo sembrar la semilla de su pensamiento, con esta frase que, escrita ya tiempo atrás, sabe mantenerse vigente, para señalar el justo camino del presente, ante la discusión del presupuesto para la educación superior (y la educación costarricense en general).

Recortar presupuestos de la educación pública, no sólo es un retroceso en el desarrollo de la democracia, sino además un paso más hacia el fondo de la odiosa desigualdad, que se ha vuelto sistémica, y nos lleva al despeñadero sin retorno de la exclusión social y económica. El brutal recorte presupuestario a las universidades públicas, pone al rojo vivo la candente realidad del problema número uno del país: su sistema tributario perversamente injusto y totalmente corrupto. Las universidades estatales, tienen al igual que el resto de la sociedad, sus propias disparidades que equilibrar, senda inconclusa por la cual han iniciado a transitar. Lo anterior jamás debe eclipsar el hecho que el recorte presupuestario propuesto por la administración Chaves Robles, y su impacto en repositorios, programas sociales, infraestructura, equipamiento, gastos operativos, entre otros; no sólo perjudicarán la docencia, la investigación, y la acción social de las universidades estatales, sino que además acercará a no pocas de sus áreas a la tragedia cultural y humana de un cierre técnico. Desde ANEP y ASDEICE, estamos convencidos, que aplicar tal recorte a la educación pública superior, es un “muera la inteligencia”, que se expresará a través de asfixia presupuestariamente, en el marco de una crisis fiscal estructural, a la cual llegamos producto de la inacción premeditada de las élites plutocráticas gobernantes de las últimas administraciones ejecutivo-legislativas. Lo anterior, es una provocación de desestabilización social muy peligrosa. La corriente sindical en la cual militamos expresa su apoyo a la marcha universitaria de este martes 16 de agosto y, por ende, a la defensa del presupuesto de las universidades públicas, en cuanto a la naturaleza incuestionablemente constitucional de las obligaciones del Estado para con ellas.

La solidaridad de nuestras representadas para con las universidades estatales, no es flor de un día. Desde años atrás la hemos expresado de cara a las jornadas de setiembre de 2018 y octubre de 2019. Razón por la cual, tenemos muy presente, que para ese entonces las máximas autoridades políticas académicas, carecieron de una mirada humanista, pública y latinoamericana de más largo alcance; para sumarse a jornadas cívicas nacionales como el combo fiscal, la ley anti huelgas y la ley del empleo público, que hundían sus raíces en las mismas modas austericidas y causas estructurales que cíclicamente amenazan el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

En nuestro país, las Universidades Públicas, están en la histórica encrucijada, de asumir su rol en defensa del Estado Social de Derecho en que se fundaron, sumando al eje centrípeto del crisol de los sectores y organizaciones sociales de la patria, que, a lo largo de los últimos tiempos y de diversas maneras según las más complicadas coyunturas, hemos venido resistiendo las diversas ofensivas de la plutocracia reinante y su trasnochada ideología neoliberal. Instituciones del Estado como el ICE, la CCSS, el INS o FANAL; se encuentran actualmente al acecho de intereses similares a los que apuestan por un recorte asfixiante a las universidades estatales. Junto a la defensa de la educación, desde la más diversa y amplia ciudadanía, se debe estar atento a la defensa del ICE, de la “Caja”, de INS o la FANAL. Así mismo de una serie de instituciones, regímenes y programas sociales que están siendo estrangulados por la neoliberal regla fiscal. Las sucesivas administraciones ejecutivo-legislativas de la catástrofe fiscal en desarrollo, las del PLN, del PUSC y del PAC, nos han dejado al borde del precipicio de la quiebra del Estado; con una deuda pública imposible de pagar, con un acumulado de demandas sociales de potencial poder explosivo; y, con un pueblo trabajador que, en buena medida, ha estado dándole una oportunidad al nuevo Poder Ejecutivo y la nueva Asamblea Legislativa, cuyos verdaderos controladores de poder no parecen mostrar fuerte disposición a enfrentarse a la herencia perversa que nos asoma al “default”, pues tienen fuertes vínculos comunicantes a lo interno de las élites plutocráticas en aparente riña política. Las preocupaciones del Poder Ejecutivo con relación a las necesidades económicas y sociales de los sectores de la población costarricense que han venido sufriendo de manera más dura y cruel, la exclusión y la desigualdad (como las de las zonas costeras y fronterizas en las cuales el Presidente Chaves tuvo gran apoyo electoral); pudiesen ser objetivas; sin embargo, sin una transformación tributaria estructural para el fortalecimiento de una agresiva política pública de ataque frontal a la pobreza, vamos esbozando una nueva estafa electoral de muchísimas repercusiones negativas en la misma institucionalidad.

 

Compartido con SURCOS por ANEP y ASDEICE.

¡Atención! Defensa de la educación pública

En el video el señor Freddy Pacheco, biólogo, nos explica la importancia de la educación pública y cómo ésta se convierte en una oportunidad para muchas personas para salir adelante; asimismo, hace énfasis en cómo la reducción al presupuesto de las universidades públicas es inconstitucional e incluso un ataque hacia la educación superior costarricense que posee tantos méritos a nivel internacional. 

El señor Pacheco nos invita a enfrentar esta situación y continuar buscando el progreso y desarrollo por medio de la educación.  

Compartimos el video completo.

 

Compartido por Freddy Pacheco.

Lo que somos por media calle

Se convoca a la comunidad universitaria a defender el acceso a la educación pública y la excelencia profesional de Costa Rica el próximo martes 16 de agosto, a partir de las 8:00 a. m., en el Pretil de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio.

La calidad de nuestra educación nos define como país y no existe justificación fiscal para reducir el financiamiento de todo el sector educativo, reducción propuesta ayer (11 de agosto) por la ministra de Educación Katharina Müller Castro. Sin embargo, las universidades públicas sí saldremos a defender la educación.

Aceptar este recorte implicaría la profundización del rezago educativo y la condena del futuro del país. Salgamos a la calle representando nuestras áreas de trabajo y conocimiento, usemos la indumentaria que las caracteriza y llevemos emblemas nacionales.

La reducción propuesta por el Gobierno, al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), es de un 23 % para el 2023. Esto supone un debilitamiento que paralizaría a la educación superior pública, la cual ha hecho la diferencia en la historia de Costa Rica.

Mostremos por media calle lo que hemos logrado: excelencia y compromiso en ciencias básicas, sociales, tecnológicas, salud, artes y letras para Costa Rica.

Compartido con SURCOS por Oficina de Divulgación e Información, UCR.