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Etiqueta: defensa de la educación pública

Organizaciones sociales, sindicales y académicas se suman a la marcha en defensa de la educación pública de este 11 de noviembre

Este miércoles 11 de noviembre se realizará una marcha nacional en defensa de la educación pública, convocada por los sindicatos del Magisterio Nacional: la Asociación Nacional de Educadoras y Educadores (ANDE), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC). A la convocatoria se han sumado organizaciones sindicales, sociales, académicas y profesionales.

La salida será a las 9:00 a. m. del parque Braulio Carrillo (La Merced), en San José, y la llegada, a la Plaza de la Democracia, frente a la Asamblea Legislativa.

Las demandas

Las convocatorias coinciden en la defensa de la educación pública frente a los recortes en el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 y en la exigencia de cumplir el artículo 78 de la Constitución, que establece una inversión en educación no inferior al 8 % del PIB. También incluyen el rechazo al congelamiento salarial en el sector público, el pago puntual y completo del aguinaldo, el pago de las deudas del Estado con la CCSS y con el régimen de pensiones del Magisterio, y la defensa del Estado social de derecho y de la institucionalidad pública.

Las organizaciones que convocan

En orden alfabético, estas son las organizaciones que han difundido su llamado a la marcha:

  • Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Regional 01. Llama a todas las personas trabajadoras de la educación a participar para «defender nuestros derechos laborales, la dignidad de nuestra profesión y el fortalecimiento de la educación pública costarricense».
  • Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). Convoca «en defensa de la educación pública», «contra el congelamiento salarial» y «por el pago del aguinaldo puntual y completo».
  • Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO). Acordó en sesión plenaria respaldar la lucha del magisterio, que considera «una expresión de defensa del Estado social de derecho, de la institucionalidad pública, de los derechos laborales y de las conquistas sociales».
  • Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y universidades públicas. Convocan a la ciudadanía a participar, porque la educación pública «es un pilar fundamental para el desarrollo del país y una oportunidad para construir un futuro con más posibilidades para todas las personas».
  • Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica. Se suma a la que denomina «gran marcha por la educación y la institucionalidad».
  • Instituto Sindical de Formación Democrática (ISFODE). Llama a movilizarse «por la democracia, por la educación pública, por la CCSS» y por «justicia al agricultor».
  • Pacto por la Educación Pública y Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo. Difunden la convocatoria de los sindicatos del Magisterio Nacional a la «gran marcha en defensa de la educación pública».
  • Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES). Llama a acompañar al magisterio porque «la defensa de la educación pública no es un asunto gremial: es la defensa del principal mecanismo de movilidad social que ha tenido Costa Rica».
  • Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA). Respalda la movilización con la consigna «la lucha del Magisterio Nacional es también nuestra lucha», contra el congelamiento salarial y por el pago de la deuda con la CCSS.

Las organizaciones coinciden en llamar a una participación pacífica, firme y organizada.

SiUNED: Carta abierta al Consejo Universitario, la Rectoría y la Comunidad Universitaria sobre el FEES y la rendición de cuentas institucional

Considerando:

1- Que la lucha por el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) constituye un proceso estructural y prolongado, cuya resolución no será inmediata, sino que se proyecta en el mediano y largo plazo, en un contexto de restricciones fiscales y decisiones políticas que afectan el financiamiento de la educación pública.

2- Que existe una necesidad urgente de generar conciencia, organización y movilización en la comunidad universitaria —personas funcionarias, académicas y estudiantes— frente al debilitamiento progresivo del financiamiento público de la educación superior.

3- Que el Consejo Universitario, como máximo órgano de dirección política de la UNED, debe asumir un rol activo de liderazgo en la defensa de la universidad pública, su autonomía, su financiamiento y su compromiso social con el país.

4- Que otras universidades públicas han iniciado procesos de reflexión crítica y movilización académica, utilizando los espacios universitarios como escenarios de debate, formación política y construcción de posicionamientos frente al FEES.

Por tanto, solicitamos al Consejo Universitario:

1- Asumir públicamente una posición firme, clara y protagónica en defensa del financiamiento de la educación superior pública y de la autonomía universitaria, frente a los escenarios presupuestarios restrictivos planteados por el gobierno.

2- Acoger y adaptar, en el contexto de la UNED, iniciativas impulsadas por otras universidades públicas, mediante el desarrollo de acciones permanentes de discusión, reflexión y movilización, mediante un paro activo, en todos los ámbitos institucionales.

3- Declarar el período comprendido entre mayo y agosto como una etapa institucional de análisis crítico, formación política y articulación universitaria en torno al FEES, que permita:

a- Informar a la comunidad universitaria sobre el contexto y escenarios.

b- Generar espacios de debate académico, foros y asambleas informativas virtuales y presenciales en todos los territorios.

c- Fortalecer la conciencia colectiva sobre la defensa de la educación pública.

4- Instruir a las distintas instancias académicas, administrativas y estudiantiles para que promuevan activamente estos espacios, para integrarlo a la vida universitaria de forma continua y sistemática, por ejemplo, mediante la incorporación de información en los entornos estudiantiles, espacios de atención académica, actividades académicas, insumos de imagen institucional, etc.

5- Convocar a la comunidad universitaria a participar de manera activa y consciente en este proceso, entendiendo que la defensa de la universidad pública es una responsabilidad colectiva.

La coyuntura actual exige claridad política, compromiso institucional y capacidad de conducción. Dejar de actuar en este momento implicaría ceder espacios estratégicos en la defensa de la educación superior pública.

El Consejo Universitario y el Rector, quien lo preside, están llamados a ejercer un liderazgo activo, articulador y comprometido con la historia, la misión y el futuro de la UNED.

Junto a todo lo anterior, seguimos esperando la convocatoria a una espacio público y de diálogo, para conocer la realidad financiera de la institución, tal y como lo anunciaron el 26 de marzo en la sesión abierta del Consejo Universitario en el Paraninfo de la UNED, solicitud hecha en reiteradas ocasiones por el Sindicato SIUNED, ante las preocupaciones de la comunidad universitaria.

También hacemos un llamado a la Rectoría a establecer un espacio de diálogo en donde se dé a conocer a la comunidad universitaria la estrategia y criterios que lleva la UNED a la Comisión de Enlace que negocia el FEES y su relación con la defensa del financiamiento de la educación superior y de los intereses institucionales. Consideramos necesario que cualquier acuerdo sobre el FEES sea consultado con la comunidad universitaria.

¡La defensa del FEES no es un hecho coyuntural: es una lucha estructural por el derecho a la educación pública!

¡Es necesario que la comunidad universitaria se prepare de forma unitaria y clara!

FEES: más allá del porcentaje, una disputa por legitimidad y financiamiento real

Por: Tiryth María Vindas Campos
Estudiante Universidad de Costa Rica

El debate sobre el financiamiento universitario en Costa Rica no puede reducirse a la discusión coyuntural de un posible 0% de aumento al FEES, sino que debe entenderse como parte de una tendencia sostenida de deterioro relativo. Aunque en términos nominales el presupuesto ha seguido creciendo —por ejemplo, un 2% en 2025 y un 1% en 2026—, distintos análisis muestran que estos incrementos han sido insuficientes para compensar la inflación, lo que implica una pérdida progresiva del poder adquisitivo del sistema universitario.

Este punto es central: el problema no es únicamente si el aumento es 0%, 1% o 2%, sino que el financiamiento real de las universidades públicas se ha venido erosionando. Bajo esta lógica, aceptar incrementos marginales o nulos refuerza una narrativa peligrosa: que las universidades pueden sostener su funcionamiento con recursos cada vez más limitados.

Sin embargo, la evidencia institucional indica lo contrario. El FEES financia un sistema que en 2026 supera los ₡593 mil millones, destinado a sostener funciones sustantivas como docencia, investigación y acción social en cinco universidades públicas.  Reducir su crecimiento real implica tensionar directamente estas funciones, afectando la formación de profesionales, la generación de conocimiento y los servicios que el sistema universitario presta al país.

En el plano político, la coyuntura es particularmente compleja. La negociación del FEES ha mostrado un aumento en la conflictividad —como ocurrió en 2025, cuando la Asamblea Legislativa tuvo que intervenir ante la falta de acuerdo— y en 2026 parte de escenarios fiscales restrictivos, incluso con referencias a inflación cercana a cero.  Esto reduce significativamente el margen de maniobra de las universidades en la negociación.

No obstante, cualquier estrategia de defensa del FEES enfrenta un límite estructural: la legitimidad social. Las tensiones internas, cuestionamientos públicos y percepciones de ineficiencia debilitan la capacidad de las universidades para posicionar su demanda como un interés país. En ese sentido, sostener una defensa puramente institucional del presupuesto resulta insuficiente.

Por ello, el desafío no es solo financiero, sino político: reconstruir legitimidad para sostener la demanda presupuestaria. Esto implica abrir un diálogo más directo con la sociedad, transparentar debilidades y explicar con claridad qué está en juego cuando se reduce el financiamiento universitario.

El escenario actual combina tres elementos:

1. Deterioro real del financiamiento, pese a aumentos nominales.

2. Condiciones políticas más restrictivas para la negociación.

3. Déficit de legitimidad que limita la capacidad de presión.

Sin abordar estos tres niveles de forma simultánea, la discusión sobre el FEES —sea 0% o cualquier otra cifra— seguirá resolviéndose en desventaja para el sistema universitario público.

SIUNED alerta sobre recortes presupuestarios que amenazan a la universidad pública

El Sindicato Unitario de la Universidad Estatal a Distancia (SIUNED) advirtió sobre los riesgos que enfrentan las universidades públicas ante políticas de recorte presupuestario que, según señala la organización, debilitan el financiamiento estatal y ponen en riesgo el cumplimiento de su misión social.

En un documento difundido por el sindicato, se señala que la universidad pública costarricense ha sido históricamente un pilar fundamental para el desarrollo del país, tanto por su aporte al conocimiento como por su papel en la democratización del acceso a la educación superior. Desde esta perspectiva, el sindicato sostiene que las medidas de reducción presupuestaria amenazan directamente ese modelo.

El pronunciamiento plantea que las universidades públicas no solo forman profesionales, sino que también desarrollan investigación científica, extensión universitaria y múltiples proyectos que benefician a comunidades de todo el país. Por ello, el debilitamiento del financiamiento público tendría impactos directos en la capacidad de estas instituciones para cumplir con esas funciones.

SIUNED advierte que los recortes no deben analizarse únicamente como decisiones administrativas o fiscales, sino como medidas que afectan el acceso a la educación superior, especialmente para sectores sociales que históricamente han encontrado en las universidades públicas una vía de movilidad social.

El sindicato también destaca que la educación superior pública constituye una inversión estratégica para el país. En su criterio, reducir los recursos destinados a este sector compromete la posibilidad de fortalecer el conocimiento, la innovación y la formación de profesionales en áreas clave para el desarrollo nacional.

Asimismo, el pronunciamiento señala que la universidad pública cumple un papel central en la construcción de pensamiento crítico, la promoción de la cultura y el debate democrático. Desde esta perspectiva, las políticas de austeridad aplicadas a la educación superior podrían debilitar una de las instituciones fundamentales para la vida democrática del país.

Ante esta situación, SIUNED hace un llamado a la sociedad costarricense a reflexionar sobre la importancia de defender la universidad pública como bien común. El sindicato plantea que garantizar su financiamiento adecuado es una condición indispensable para preservar su aporte al desarrollo social, científico y cultural de Costa Rica.

El documento concluye que la defensa de la universidad pública no es únicamente una demanda del sector universitario, sino una responsabilidad colectiva orientada a asegurar que la educación superior continúe siendo un derecho accesible y un motor de desarrollo para el país.

La UNA inaugura el ciclo lectivo con un llamado a la defensa de la educación pública

El jueves 27 de febrero, la Universidad Nacional (UNA) dio inicio al nuevo año académico con la izada de la bandera de la diversidad en la plaza del mismo nombre. La actividad contó con la participación de estudiantes, académicos y personal administrativo.

El acto inicio con Raquel Loría, presidenta de la Federación de Estudiantes de la UNA (FEUNA), quien destacó en su discurso que el inicio del ciclo lectivo es una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos de la educación pública. «Nos enfrentamos a un contexto donde las decisiones políticas amenazan la educación pública y buscan redefinirla bajo lógicas que priorizan el control ideológico sobre el pensamiento crítico. Las instituciones educativas son escenarios donde se disputa el sentido de nuestra sociedad, y hoy enfrentamos una ofensiva que intenta despojar a la educación de su carácter inclusivo y plural», afirmó.

Por su parte, Francisco González, rector de la UNA, advirtió sobre los efectos de la polarización en la sociedad y su impacto en la institucionalidad. «El descontento social se canaliza hacia la construcción de enemigos imaginarios que afectan la confianza en las instituciones y dificultan el debate informado. La educación pública, por su esencia transformadora y humanista, se ha convertido en blanco de estrategias que generan exclusión y silenciamiento de voces minoritarias», señaló.

El rector enfatizó que la educación debe consolidarse como un espacio de diálogo plural, donde se reconozca la diversidad del estudiantado. «Un estudiante puede ser migrante, de escasos recursos, parte de la comunidad LGTBI y primera generación universitaria en su familia. Nuestra responsabilidad es garantizar espacios donde su historia sea reconocida y fortalecida», agregó.

Tras los discursos, Loría y González realizaron el acto de izar la bandera, seguido de una presentación cultural a cargo de estudiantes del Departamento de Promoción Estudiantil. González finalizó indicando que “Con este evento, la UNA reafirma su compromiso con una educación pública de calidad, inclusiva y transformadora”.

Diputaciones del PLN y FA apoyan «Pacto Nacional por la Educación Pública»

COMUNICADO

Diputaciones del PLN y FA apoyan “Pacto Nacional por la Educación Pública” 

  • La actividad “Pacto Nacional por la Educación Pública ¿Qué sigue después de la movilización nacional?” Se realizó en la Asamblea Legislativa con diputaciones y organizaciones sociales y productivas. 

  • Se solicitó una moción de apoyo al “Pacto Nacional por la Educación Pública” y un mecanismo de enlace ciudadano con la Comisión de Hacendarios para la discusión del presupuesto nacional. 

Casi dos semanas después de la histórica movilización nacional en defensa de la educación pública, que convocó a 50.000 personas en San José el 28 de agosto y a otras cientos de personas el 29 de agosto en las acciones regionales de las siete provincias del país, el pasado jueves 12 de septiembre, se realizó la actividad Pacto Nacional por la Educación Pública: ¿Qué sigue después de la movilización nacional?, en el Salón de Jefes de Estado, Presidentes y Presidentas de la República.

El evento contó con la participación de 80 personas representantes de las distintas organizaciones sociales, productivas y académicas que encabezaron la movilización nacional. También participaron diputaciones de las comisiones de Asuntos Hacendarios y Educación, específicamente del Partido Liberación Nacional (PLN)y el Frente Amplio (FA). 

Se realizó un balance político sobre la ruta a seguir para alcanzar el Pacto Nacional por la Educación Pública. Puntualmente, se solicitó la aprobación de una moción de apoyo al Pacto por parte del plenario de la Asamblea Legislativa y un mecanismo de enlace ciudadano con la Comisión de Hacendarios, para acompañar la discusión del presupuesto nacional. Esta solicitud fue planteada mediante un gesto simbólico, a cargo de Isaac Parra, un estudiante de primaria, quien también presentó el documento político de la movilización del 28 de agosto junto a otras dos estudiantes de secundaria y la universidad. 

La intención es que este PACTO una al gobierno, sector privado, sindicatos, municipalidades, movimientos sociales, cooperación internacional, instituciones públicas, partidos políticos, familias, comunidades y la sociedad en su conjunto, para resolver progresivamente la actual crisis educativa.

Desde la presidencia de la Comisión de Asuntos Hacendarios, la diputada Paulina Ramírez aseguró que la mayoría de las fracciones han demostrado su compromiso con la educación pública en todos sus niveles. Además, indicó que se estarán gestionando las acciones correspondientes para habilitar el mecanismo de enlace ciudadano con la Comisión de Asuntos Hacendarios.

El Ministerio de Hacienda, en el presupuesto presentado para 2025, ha asignado un 44,3% de su totalidad al servicio de la deuda, dejando sin financiamiento adecuado programas sociales clave, entre ellos educación. En lo que respecta a educación, se ha propuesto una reducción tanto nominal como porcentual, disminuyendo la inversión del 5,2% del PIB en 2024 al 4,9% para 2025, lo que representa una caída del 0,7% interanual.

Ante este panorama, las organizaciones anunciaron que no desistirán de la lucha en las calles, la incidencia en el parlamento, pero también comunicaron sobre el inicio de una consulta ciudadana de cara al congreso del Pacto Nacional por la Educación Pública. 

Esta iniciativa nacional multisectorial busca convertir la actual crisis en una oportunidad para mejorar el sistema educativo en todos sus niveles, reducir las desigualdades e impulsar una transformación tributaria estructural que fortalezca el sistema de bienestar en Costa Rica. 

Educación hoy, paz mañana.

Propuesta del Movimiento Mauro Fernández Acuña

Badilla Saxe, Eleonora
Chacón Ramírez, Silvia
Chan Jiménez, Yalile
Salguero Moya, Karla
Setiembre 2024

Profundamente conmovidas por el deterioro de la Educación costarricense y de las condiciones tan difíciles en las que realiza su labor el Magisterio Nacional, el 19 de agosto de 2024 escribimos un manifiesto en el que reconocemos sus esfuerzos y vivencias y agradeciéndoles sus sacrificios de manera que el sistema pueda seguir funcionando y el estudiantado aprendiendo.

Esta acción, que podría haber pasado desapercibida, se convirtió en un punto crucial, que desató un movimiento que se fue auto-organizando y creciendo de manera autónoma.

Las primeras horas del crecimiento del movimiento las hemos recogido en un artículo que titulamos Somos Voz y que publicó el medio de prensa Delfino.cr el día 21 de agosto

El movimiento de apoyo a la educación pública nacional ha continuado creciendo y cada vez se unen más personas, incluyendo docentes aunque estos últimos lo hacen de manera anónima, por temor a represalias.

Frente a esta realidad existe una creciente manifestación en pro de la educación del país, hemos asumido el compromiso de poder dar curso a la energía que está movilizando a tantas personas de tan diversos ámbitos de la sociedad.

Reconocemos que es un movimiento auto-organizado y facilitaremos que continúe siendo así. Sin embargo, para continuar dándole vida, hemos avanzado con dos estrategias:

  • Darle identidad
  • Proponer una agenda inicial

IDENTIDAD

Hemos querido honrar la obra de Don Mauro Fernández Acuña, cuyo impacto positivo benefició a la educación costarricense por cien años.

En 1886 don Mauro ideó un sistema coherente y orgánico y democratizó el acceso a la educación. En tres años, impulsó el proceso educativo nacional, ratificando la gratuidad y obligatoriedad de la educación primaria decretada por Jesús Jiménez en 1869 y promoviendo la creación de escuelas primarias. En su gestión, Costa Rica había pasado de tener 62 escuelas públicas (con 3.543 estudiantes de 5 a 14 años) a tener 369, que llegaban a las zonas rurales, a las que asistían 20.998 estudiantes, la mayor parte hijos e hijas de artesanos y jornaleros. Fundó el Instituto de Alajuela, el Liceo de Costa Rica y el Colegio Superior de Señoritas. Su sistema incluía jardines de infantes, Escuela Normales, becas de estudio para docentes, bibliotecas pedagógicas, edificios escolares, el almacén de material escolar, las juntas protectoras de la educación, las escuelas para adultos y las ambulantes, así como la creación de la revista El Maestro para el intercambio de ideas pedagógicas y métodos. Debido a su preclara visión sabía que el sistema debería estar vivo y abierto y que debía estar en constante evolución. Por eso decía: “Está en marcha la evolución educativa”.

Como dijo León Pacheco: “Don Mauro reformó una democracia”.

La herencia de don Mauro rindió frutos por cien años, pero hace ya algunas décadas que las nuevas realidades nacionales y regionales reclaman un nuevo impulso.

Nos inspiramos en la visión y la acción de don Mauro en beneficio de la educación de toda la población del país para augurar un nuevo aire para la educación nacional. Pedimos que se conjuguen todos los esfuerzos nacionales para promover una educación de calidad, para los próximos 100 años.

Por eso llamamos a esta iniciativa: Movimiento Mauro Fernández Acuña.

AGENDA INICIAL

Somos Voz

Buscamos abrir canales de comunicación para dar voz a todas las personas que quieren opinar y dar aportes para el mejoramiento de la educación del país y que por diversas circunstancias no pueden hacerlo.

Mediante el uso del correo electrónico apoyoeducacioncr@gmail.com las personas interesadas pueden compartir sus testimonios e iniciativas. Los testimonios tienen el valor de dar sustento para poner en evidencia las realidades que enfrentan las personas que están protagonizando dentro y fuera de los centros educativos situaciones tan críticas que enfrentan el personal educativo, las personas estudiantes y sus familias.

Muchas personas que han escrito al correo electrónico han manifestado su interés de ser parte de la solución con acciones e iniciativas para el apoyo a la educación. De estas iniciativas podemos, como sociedad civil, contribuir y canalizar acciones afirmativas.

Somos Ciudadanía

Buscamos promover espacios para promover una educación ciudadana, que fomente el conocimiento sobre y el aprecio por la democracia, la educación, y los valores que dan sustento a una convivencia pacífica y próspera.

Estaremos aprovechando todos los medios de comunicación posibles, sobre todo los medios digitales que permiten hacer llegar mensajes cortos, directos e interesantes para todo público.

Invitamos a todas las personas, que han manifestado su deseo de colaborar, enviar un correo electrónico a apoyoeducacioncr@gmail.com indicando si tienen conocimientos y tiempo disponible para:

  • Creación de listas de correo electrónico, blog en plataforma gratuita.
  • Creación de contenido de educación cívica.
  • Creación de mensajes para TikTok, Facebook, YouTube, Instagram.
  • Interpretación de mensajes por medio de voz, movimiento, actuación.
  • Otro… por favor indicar.

Esta es una agenda inicial que podría variar y ampliarse según las necesidades. Lo más importante es que todas y todos tenemos la bandera de Costa Rica como estandarte y nos une el interés por mejorar la educación de nuestro país.

Movilización nacional por la educación pública y la agenda social de Costa Rica ¡Educación hoy, paz mañana! Pacto por la Educación Pública

Nos vemos el 28 de agosto a las 8 a.m. en la gran marcha por la defensa de la educación pública y del sector cultural.

El 29 de agosto a las 9 a.m. una convocatoria a artistas, cantautores,  poetas, cantores, pintores, músicos, escultores, escritores, actores, bailarines, mimos, cuentacuentos, hombres y mujeres ligados al arte. 

¡Lleven sus instrumentos, sus libros, solo unidos vamos a ser escuchados!

Este 7 de noviembre afrontan juicio estudiantes criminalizados por defensa de educación pública – concentración

Estudiantes criminalizados por manifestarse durante las protestas del 2019 en defensa de la Educación Pública, tendrán que ir a juicio el próximo 7 de noviembre de 2023*.

San Ramón, Alajuela. Comunicado. – Los cuatro estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) criminalizados por el sistema por manifestarse en defensa de la autonomía universitaria y del presupuesto de la educación superior para los sectores populares tendrán que presentarse a juicio el próximo martes 7 de noviembre en los Tribunales de San Ramón.

En diciembre del 2019, los estudiantes tuvieron la audiencia preliminar oral y pública en los Tribunales de San Ramón. La fiscalía presentó su acusación y el juez resolvió que los estudiantes debían ir a juicio por cargos de obstrucción de la vía pública. Sin embargo, el proceso de juicio se puso en pausa debido a que la defensa presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 263 bis del Código Procesal Penal.

La Sala Constitucional emitió su respuesta a dicha acción el pasado 23 de agosto de 2023, y declaró que la acción de inconstitucionalidad presentada contra este artículo no tiene mérito, lo que significa que no hay impedimento legal para continuar con el proceso judicial, incluyendo la celebración del juicio y la posterior emisión de una sentencia.

En resumen, la vía legal para avanzar en este asunto ha sido despejada.

Los estudiantes y el movimiento estudiantil esperan contar con el apoyo de organizaciones sociales aliadas en este juicio, para que no se siga criminalizando la protesta social en el país.

Los estudiantes han insistido en que NO incurrieron en ningún delito en ningún momento; únicamente ejercieron su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión y realizaron una acción que fue totalmente pacífica, no violenta y que no representó en ningún momento perjuicio ni daño a ninguna persona, ni perjudicó a los vehículos que transitaban en esa zona porque siempre se mantuvo un paso regulado.

Hacemos de conocimiento público que la Fuerza Pública actuó en contra los estudiantes de forma injustificada y desmedida, utilizando gases lacrimógenos y dando persecución cuando la manifestación estaba retirándose de forma pacífica. Consideramos que estos abusos de poder por parte de los cuerpos policiales representan una amenaza a la democracia, la libertad de expresión, libertad de reunión y al derecho a la protesta y a la comunicación.

¡Nos vemos el 7 de noviembre a las 6:00pm en los Tribunales de San Ramón de Alajuela en solidaridad con las y los estudiantes que defienden su derecho a una educación pública, gratuita y de calidad!

*Compartido con SURCOS por Angélica Alvarado.

Foto: Semanario Universidad.

Movimientos estudiantiles y sociales denuncian obstaculización a presencia en barras de la Asamblea Legislativa

Acción en Barras de Público ante comparecencia de la Ministra de Educación en la Asamblea Legislativa

Comunicado Público

Este martes 26 de septiembre, un grupo de personas comprometidas con la defensa de educación pública y la libertad de expresión nos hicimos presentes en las Barras de Público de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Este acto se llevó a cabo en el marco de la comparecencia de la ministra de Educación, con el objetivo de ejercer nuestro derecho democrático a manifestarnos y participar en este proceso legislativo.

A nuestra llegada frente al edificio de la Asamblea Legislativa, nos encontramos con una situación inusual: el acceso a las Barras de Público estaba bloqueado. Se nos informó que esta decisión obedecía a la presencia de una comitiva de aproximadamente 30 personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública, incluyendo asesorías de la ministra.

Ante esta situación, solicitamos el acceso de al menos dos representantes por cada una de las organizaciones presentes, entre ellas sindicatos, federaciones estudiantiles y estudiantes de secundaria. Finalmente, se nos permitió el ingreso, pero lamentablemente la experiencia dentro del recinto distó mucho de lo que esperábamos.

Las personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública presentes en el recinto nos recibieron con actitudes y palabras despectivas, nos instaron a abandonar el recinto alegando que bloqueamos su vista. Incluso solicitando la intervención de los funcionarios de seguridad de la Asamblea Legislativa para que se nos retirara del lugar.

Denunciamos de manera contundente este intento del gobierno de bloquear una vez más la libre manifestación estudiantil y el ejercicio de nuestros derechos democráticos, este acto es una muestra más de cómo este gobierno se niega a construir diálogos y rendir cuentas de manera transparente a la población nacional.

Seguimos en la defensa de la educación pública de calidad, democrática como un pilar fundamental de nuestra sociedad, ante esto, urgen acciones concretas y una inversión real que atienda las necesidades, contrario a los recortes que este gobierno ha impulsado y propuesto.