La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y Energía (ASCEIDE) expresamos nuestra solidaridad en defensa del presupuesto constitucional para la educación pública superior.
«Razones de economía nada justifican. Economizar en educación es economizar en civilización, y ningún pueblo de la tierra tiene derecho a hacerlo». Lo anterior nos lo recordaba –y tenía razón – el insigne educador Omar Dengo Guerrero. Su figura intelectual y humana, una de las más lúcidas de la educación costarricense, y de las más destacadas de la cultura nacional del siglo XX; supo sembrar la semilla de su pensamiento, con esta frase que, escrita ya tiempo atrás, sabe mantenerse vigente, para señalar el justo camino del presente, ante la discusión del presupuesto para la educación superior (y la educación costarricense en general).
Recortar presupuestos de la educación pública, no sólo es un retroceso en el desarrollo de la democracia, sino además un paso más hacia el fondo de la odiosa desigualdad, que se ha vuelto sistémica, y nos lleva al despeñadero sin retorno de la exclusión social y económica. El brutal recorte presupuestario a las universidades públicas, pone al rojo vivo la candente realidad del problema número uno del país: su sistema tributario perversamente injusto y totalmente corrupto. Las universidades estatales, tienen al igual que el resto de la sociedad, sus propias disparidades que equilibrar, senda inconclusa por la cual han iniciado a transitar. Lo anterior jamás debe eclipsar el hecho que el recorte presupuestario propuesto por la administración Chaves Robles, y su impacto en repositorios, programas sociales, infraestructura, equipamiento, gastos operativos, entre otros; no sólo perjudicarán la docencia, la investigación, y la acción social de las universidades estatales, sino que además acercará a no pocas de sus áreas a la tragedia cultural y humana de un cierre técnico. Desde ANEP y ASDEICE, estamos convencidos, que aplicar tal recorte a la educación pública superior, es un “muera la inteligencia”, que se expresará a través de asfixia presupuestariamente, en el marco de una crisis fiscal estructural, a la cual llegamos producto de la inacción premeditada de las élites plutocráticas gobernantes de las últimas administraciones ejecutivo-legislativas. Lo anterior, es una provocación de desestabilización social muy peligrosa. La corriente sindical en la cual militamos expresa su apoyo a la marcha universitaria de este martes 16 de agosto y, por ende, a la defensa del presupuesto de las universidades públicas, en cuanto a la naturaleza incuestionablemente constitucional de las obligaciones del Estado para con ellas.
La solidaridad de nuestras representadas para con las universidades estatales, no es flor de un día. Desde años atrás la hemos expresado de cara a las jornadas de setiembre de 2018 y octubre de 2019. Razón por la cual, tenemos muy presente, que para ese entonces las máximas autoridades políticas académicas, carecieron de una mirada humanista, pública y latinoamericana de más largo alcance; para sumarse a jornadas cívicas nacionales como el combo fiscal, la ley anti huelgas y la ley del empleo público, que hundían sus raíces en las mismas modas austericidas y causas estructurales que cíclicamente amenazan el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
En nuestro país, las Universidades Públicas, están en la histórica encrucijada, de asumir su rol en defensa del Estado Social de Derecho en que se fundaron, sumando al eje centrípeto del crisol de los sectores y organizaciones sociales de la patria, que, a lo largo de los últimos tiempos y de diversas maneras según las más complicadas coyunturas, hemos venido resistiendo las diversas ofensivas de la plutocracia reinante y su trasnochada ideología neoliberal. Instituciones del Estado como el ICE, la CCSS, el INS o FANAL; se encuentran actualmente al acecho de intereses similares a los que apuestan por un recorte asfixiante a las universidades estatales. Junto a la defensa de la educación, desde la más diversa y amplia ciudadanía, se debe estar atento a la defensa del ICE, de la “Caja”, de INS o la FANAL. Así mismo de una serie de instituciones, regímenes y programas sociales que están siendo estrangulados por la neoliberal regla fiscal. Las sucesivas administraciones ejecutivo-legislativas de la catástrofe fiscal en desarrollo, las del PLN, del PUSC y del PAC, nos han dejado al borde del precipicio de la quiebra del Estado; con una deuda pública imposible de pagar, con un acumulado de demandas sociales de potencial poder explosivo; y, con un pueblo trabajador que, en buena medida, ha estado dándole una oportunidad al nuevo Poder Ejecutivo y la nueva Asamblea Legislativa, cuyos verdaderos controladores de poder no parecen mostrar fuerte disposición a enfrentarse a la herencia perversa que nos asoma al “default”, pues tienen fuertes vínculos comunicantes a lo interno de las élites plutocráticas en aparente riña política. Las preocupaciones del Poder Ejecutivo con relación a las necesidades económicas y sociales de los sectores de la población costarricense que han venido sufriendo de manera más dura y cruel, la exclusión y la desigualdad (como las de las zonas costeras y fronterizas en las cuales el Presidente Chaves tuvo gran apoyo electoral); pudiesen ser objetivas; sin embargo, sin una transformación tributaria estructural para el fortalecimiento de una agresiva política pública de ataque frontal a la pobreza, vamos esbozando una nueva estafa electoral de muchísimas repercusiones negativas en la misma institucionalidad.
Compartido con SURCOS por ANEP y ASDEICE.