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Etiqueta: defensa del territorio

Comunidades de Santa Teresa y Malpaís piden frenar proyecto de gasolinera a 150 metros de Playa Carmen y del Área Marina de Manejo Cabo Blanco

La comunidad exige estudios técnicos independientes, garantías de protección ambiental y participación ciudadana antes de que se otorgue cualquier viabilidad ambiental al proyecto.

Organizaciones comunitarias y personas vecinas de Santa Teresa y Malpaís hacen un llamado a la ciudadanía a sumarse a una petición para cuestionar la construcción de una gasolinera a tan solo 150 metros de Playa Carmen y del Área Marina de Manejo Cabo Blanco, en Santa Teresa de Cóbano, Puntarenas. El proyecto, denominado “Servicentro Los Ticos”, se tramita ante SETENA bajo el expediente D1-1205-2025.

La preocupación de la comunidad se relaciona principalmente con los riesgos de contaminación del mar y de los acuíferos. Las características del terreno, con un nivel freático elevado, es decir, con el agua subterránea a nivel superficial y suelos muy permeables, generan especial vulnerabilidad ante posibles fugas o derrames de hidrocarburos. Una contaminación podría tener consecuencias graves para los ecosistemas marinos, las playas, la pesca y el turismo, actividades fundamentales para la vida económica y social de la zona.

También preocupa la afectación de la cobertura arbórea y la biodiversidad. La propiedad se encuentra dentro del Corredor Biológico Peninsular y del Corredor Biológico Costero, y constituye un espacio de tránsito para fauna silvestre como el oso hormiguero, el mono congo y el mono cariblanco. El propio desarrollador reconoce en el expediente de SETENA que será necesario talar árboles. A esto se suma el posible impacto de la iluminación nocturna sobre las tortugas marinas que anidan en la playa y otras especies silvestres.

Las organizaciones también señalan una contradicción con los esfuerzos locales por proteger los ecosistemas de surf. La Moción 02-2026 del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano propone reconocer el surf como actividad de alto interés para el distrito y proteger ecosistemas como los de Santa Teresa, Playa Carmen y Malpaís. La instalación de una gasolinera tan cerca de la costa genera cuestionamientos sobre la coherencia de las decisiones de planificación y protección territorial.

Existen, además, dudas sobre el cumplimiento de la normativa vial y las condiciones de seguridad. Se cuestiona el ancho de la vía de acceso, estimado en 10 metros frente a los 14 metros que podrían ser exigibles, así como el espacio disponible para las maniobras de los camiones cisterna. Esto resulta especialmente preocupante en una comunidad que cuenta con una única vía de acceso y carece de una ruta alternativa de evacuación. También se solicita aclarar la disponibilidad de agua, el manejo de las aguas residuales de la estación de servicio y la evaluación de riesgos de incendios, explosiones, inundaciones, erosión costera y emisiones contaminantes que podrían afectar la salud de las personas vecinas.

Otro cuestionamiento central es la falta de información y participación ciudadana. Organizaciones y personas vecinas indican que no conocieron oportunamente el proyecto y que no existió un proceso suficiente de socialización para discutir sus posibles impactos sobre el territorio y la calidad de vida de la comunidad.

Ante esta situación, la petición exige a las autoridades que soliciten estudios técnicos rigurosos e independientes sobre los riesgos señalados antes de otorgar cualquier viabilidad ambiental; que valoren los impactos directos y acumulativos sobre el Área Marina de Manejo Cabo Blanco, las playas y sus ecosistemas; que verifiquen el cumplimiento de la normativa vial y que garanticen un proceso real de información y participación pública para las comunidades de Santa Teresa y Malpaís.

Amparada en los artículos 27 y 50 de la Constitución Política, la comunidad recuerda que tiene derecho a participar en las decisiones que afectan su territorio y a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por eso llama a todas las personas a firmar, compartir e informarse para colaborar con esta petición.

Santa Teresa y Malpaís viven de su mar, de su naturaleza y de su gente. Proteger estos bienes comunes significa defender la biodiversidad, la salud, las actividades económicas locales y el futuro de las comunidades.

Música y defensa del territorio llegan al Cine Magaly con el estreno de El Río del Perro y el cortometraje Cantos de Batalla

El próximo lunes 17 de agosto, a las 7:00 p.m., el Cine Magaly será escenario del estreno en Costa Rica del largometraje documental El Río del Perro, del cineasta venezolano-costarricense Carlos Gómez de la Espriella. La función incluirá además la proyección especial de Cantos de Batalla, un cortometraje que recupera la memoria musical de las luchas ecologistas costarricenses y el papel que la canción ha desempeñado como herramienta de organización, denuncia y defensa del territorio.

La velada propone un recorrido por dos historias distintas, pero profundamente conectadas por una misma pregunta: ¿qué significa permanecer cuando los territorios, las comunidades y las formas de vida enfrentan profundas transformaciones?

En Cantos de Batalla, la música se convierte en archivo vivo de décadas de movilización social en Costa Rica. A través de canciones nacidas en marchas, protestas y procesos comunitarios, el documental rescata una tradición cultural que ha acompañado la defensa de los ríos, los bosques, la biodiversidad y los bienes comunes. Más que un registro musical, la obra muestra cómo el arte ha sido parte esencial de la construcción de la memoria colectiva del movimiento ecologista costarricense. El cortometraje reúne voces de personas que han convertido la canción en una forma de resistencia y reafirma el lugar que ocupa la cultura dentro de las luchas sociales y ambientales.

La función continuará con El Río del Perro, largometraje documental que traslada al público hasta Espino, un pueblo de los llanos venezolanos que enfrenta el aislamiento provocado por el colapso del puente que lo comunica con el resto del país. Desde la cotidianidad de sus habitantes, la película retrata las consecuencias humanas del abandono, la resiliencia de las comunidades rurales y la estrecha relación entre las personas y el territorio que habitan.

Para su director, Carlos Gómez de la Espriella, ambas películas nacen de una preocupación compartida por el territorio y por las historias de quienes permanecen en él.

«La lucha por el territorio hay que darla en distintos frentes y el cine es una posibilidad para contar esas historias a través de una cámara y un micrófono», señala el realizador.

Hijo de madre costarricense y padre venezolano, Gómez de la Espriella ha desarrollado durante más de dos décadas una trayectoria dedicada al documental de observación y la antropología visual, explorando la vida rural latinoamericana y las transformaciones sociales que atraviesan sus comunidades. Desde 2021 reside en Costa Rica, donde impulsa nuevos proyectos audiovisuales sobre patrimonio natural, biodiversidad y culturas rurales.

La proyección concluirá con un conversatorio abierto entre el director y el público, ofreciendo un espacio para dialogar sobre el cine documental, la memoria, la defensa de los territorios y las historias que con frecuencia permanecen fuera de los grandes circuitos audiovisuales.

La función representa además una oportunidad para apreciar en pantalla grande dos producciones documentales latinoamericanas que dialogan entre sí desde la experiencia cotidiana, la resistencia comunitaria y la construcción de memoria.

Datos de la función

Fecha: lunes 17 de agosto de 2026

Hora: 7:00 p.m.

Lugar: Cine Magaly, San José

Costos: Entrada a mitad de precio (lunes popular)

Congreso Latinoamericano abordará los impactos socioambientales de la minería, con la participación del Vaticano y organizaciones de siete países

Este 17 y 18 de julio se realiza en la sede central de la Universidad Católica de Costa Rica (UCAT), en Moravia, el Congreso Latinoamericano: Impacto Socioambiental de la Minería, una actividad académica organizada por el Observatorio Socioambiental Laudato Si’ de la UCAT, en conjunto con el Parlamento Cívico Ambiental de Costa Rica, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. El congreso cuenta además con el respaldo y la participación del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, así como de la Conferencia Episcopal de Costa Rica y del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).

Según indicó Bernardo Aguilar, presidente del Parlamento Cívico Ambiental de Costa Rica, la iniciativa busca impulsar un diálogo profundo e integral sobre la actividad minera, no solo desde una perspectiva científica, sino también espiritual, que contribuya a atender la conflictividad ambiental existente hoy en la región en torno a este tema, entre ella la situación del conflicto ambiental de Crucitas.

La pregunta orientadora del encuentro, según el programa académico, es si resulta posible construir un diálogo sobre la realidad de la minería en América Latina que promueva el desarrollo sin sacrificar la dignidad humana, las comunidades y «la casa común», o si se está ante una contradicción ética que no puede ignorarse.

Participantes y países representados

De acuerdo con el sitio oficial del congreso, se cuenta con la participación de ponentes de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Brasil, México, Panamá y Estados Unidos. Entre las personas ponentes confirmadas figuran:

  • Pedro Landa (Honduras), investigador y docente en extractivismo minero-energético en Centroamérica.

  • Moema Miranda (Brasil), antropóloga, integrante de la Red Iglesias y Minería y asesora de la Comisión Episcopal Pastoral Especial para Ecología Integral y Minería de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil.

  • Vidalina Morales (El Salvador), defensora de derechos humanos y ambientales, integrante de la Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES) y de la Mesa Frente a la Minería.

  • Mons. Jenry Ruiz (Honduras), delegado de la Conferencia Episcopal hondureña para la Comisión Nacional de Ecología Integral.

  • Arturo Carballo Madrigal (Costa Rica), presidente de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS).

  • Fray Erick Marín Carballo (Costa Rica), teólogo con experiencia de acompañamiento a comunidades afectadas por la minería en Centroamérica y la Panamazonía, vinculado al Parlamento Cívico Ambiental y a la Alianza por la Casa Común.

  • Bernardo Aguilar (Costa Rica), abogado, presidente del Parlamento Cívico Ambiental y líder del equipo consultor del MINAE para la valoración del daño ambiental en Crucitas.

  • Zulma Herrera (México), especialista en gestión de capital humano en la industria minera.

  • Heileen Montiel Cubillo (Costa Rica), asesora legal del Tribunal Ambiental Administrativo del MINAE.

  • Pbro. Julio Arváez (Panamá), misionero claretiano, coordinador de la Pastoral Indígena de la Arquidiócesis de Panamá y activista del movimiento Panamá Vale Más Sin Minería.

  • Ray Offenheiser (Estados Unidos), con tema por confirmar.

  • Iliana Boschini (Costa Rica), en el panel «Voces desde la institucionalidad».

  • René Castro (Costa Rica), quien abordará gobernanza ambiental y sostenibilidad en contextos extractivos.

  • Henry Prado (Fortech, Costa Rica) y Raúl Rubén Muñoz Garrido (Chile), en el panel de buenas prácticas y transformación sostenible.

  • P. Patricio Sarlat Flores, del Dicasterio de Ecología Integral del Vaticano, y S.E.R. Cardenal Michael Czerny, del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, con un mensaje de saludo institucional.

Estructura del programa

El programa académico se organiza en seis bloques temáticos distribuidos en dos jornadas. El primer día (17 de julio) incluye la conferencia inaugural «Minería, desarrollo y desafíos socioambientales», a cargo de Leonardo Merino, investigador del Programa Estado de la Nación, así como paneles sobre la realidad institucional, la gobernanza ambiental en contextos extractivos y las voces de los territorios afectados, con la participación de Pedro Landa y Arturo Carballo Madrigal, entre otros. El segundo día (18 de julio) se centra en la ecología integral como horizonte ético, con ponencias sobre eco-teología y espiritualidad, además de una jornada de «conversación en el espíritu» orientada a la construcción de consensos, con mesas de trabajo participativas. El cierre académico estará a cargo de Bernardo Aguilar.

Como actividad complementaria, el domingo 19 de julio se realizará una visita de campo al Ecomuseo de las Minas de Abangares, en Guanacaste, que incluye un recorrido histórico de dos horas por los senderos y vestigios del período de industrialización de la actividad minera en esa zona.

Inscripción

Según el afiche oficial del evento, la inscripción al congreso tiene un costo de 75 dólares, mientras que la modalidad que incluye la visita de campo al Ecomuseo de Abangares tiene un costo de 175 dólares. Las personas interesadas pueden obtener más información e inscribirse a través del sitio web de la Universidad Católica de Costa Rica.

Campesinos marchan en Panamá contra embalses y minería y llaman a defender el agua, la tierra y la soberanía

Miles de personas participaron en una marcha campesina realizada en la ciudad de Colón, Panamá, para expresar su rechazo al proyecto de embalse sobre el río Indio y a la posible reapertura de la mina de Donoso. La movilización reunió a comunidades rurales, organizaciones sociales, pueblos indígenas, gremios profesionales, trabajadores, docentes, estudiantes y sectores ciudadanos bajo la consigna: “Embalse y minería: la misma porquería”.

La manifestación fue convocada por la Coordinadora Campesina por la Vida Contra los Embalses (CCVCE) y tuvo como eje central la defensa del agua, los territorios y los medios de vida de las comunidades potencialmente afectadas por ambos proyectos. Las organizaciones participantes sostienen que tanto el embalse proyectado sobre el río Indio como la minería metálica a cielo abierto representan amenazas para los ecosistemas, la producción de alimentos y las fuentes de agua que abastecen a las actuales y futuras generaciones.

Según los organizadores, los ríos constituyen fuentes irremplazables para la vida comunitaria y para la sostenibilidad ambiental del país. Por ello consideran inaceptable que sean intervenidos para favorecer actividades económicas que demandan grandes cantidades de agua dulce, como el comercio internacional vinculado al Canal de Panamá y la minería metálica a cielo abierto.

La marcha se desarrolló el sábado 6 de junio y recorrió aproximadamente 15 kilómetros por las calles de la ciudad de Colón. A lo largo del trayecto recibió muestras de apoyo de habitantes de distintos barrios y comunidades. Pese a las fuertes lluvias que acompañaron parte de la jornada, las personas participantes continuaron la movilización hasta llegar al sector del Cristo Redentor, donde concluyeron la actividad con un acto público, manifestaciones culturales y la lectura de un manifiesto dirigido al país.

En ese manifiesto, la Coordinadora Campesina por la Vida Contra los Embalses reiteró su compromiso con la defensa de las tierras campesinas, la protección de la cuenca del río Indio y la preservación del Corredor Biológico Mesoamericano como garantía de la seguridad hídrica de Panamá. Asimismo, exigió la suspensión del proyecto de reservorio de río Indio y la apertura de una mesa de diálogo regional con participación de diversos sectores sociales.

Las organizaciones también rechazaron la eventual reapertura de la minería metálica a cielo abierto, al considerar que constituye una actividad incompatible con la protección de la vida, el ambiente, el agua y los derechos de las futuras generaciones.

Otro de los planteamientos contenidos en el manifiesto es el llamado a la ciudadanía a conocer y exigir la ejecución efectiva del Plan Integral de Desarrollo de la Provincia de Colón aprobado en 2022, así como mantener la vigilancia sobre las reformas relacionadas con la seguridad social y las jubilaciones.

Además, las organizaciones expresaron su rechazo al Memorando de Entendimiento suscrito con el gobierno de Estados Unidos, al considerar que afecta la soberanía nacional, el multilateralismo y la condición de neutralidad permanente de Panamá.

Durante el acto de cierre, las personas participantes cuestionaron a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y al Gobierno Nacional por impulsar iniciativas que, según afirmaron, carecen de legitimidad social y presentan cuestionamientos legales y ambientales. Asimismo, hicieron un llamado a la comunidad internacional para mantenerse vigilante ante las denuncias de las comunidades afectadas y ante posibles vulneraciones de derechos humanos derivadas de estos proyectos.

Las organizaciones sostienen que la defensa del agua, de los territorios y de los derechos de las comunidades constituye una prioridad frente a proyectos que consideran incompatibles con un modelo de desarrollo ambientalmente sostenible y socialmente justo.

Organizaciones y sectores participantes

  • Coordinadora Campesina por la Vida Contra los Embalses (CCVCE)

  • Organizaciones campesinas

  • Pueblos indígenas

  • Gremios profesionales

  • Organizaciones de trabajadores

  • Organizaciones docentes

  • Organizaciones estudiantiles

  • Comunidades afectadas por la falta de acceso al agua potable

  • Diversos sectores sociales y ciudadanos de las provincias de Colón, Coclé y Panamá

Fotografías: Aubrey Baxter y Aris Mariota / Guásimo Multimedia

Festival del Día del Ambiente en Puerto Potrero

Puerto Potrero, Guanacaste. En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Ambiente, la comunidad de Puerto Potrero realizará el próximo sábado 6 de junio, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en la Plaza de Deportes, el Festival Día del Ambiente bajo el lema “Comunidad y agua para sostener la vida”, un espacio de encuentro comunitario que reunirá actividades culturales, educativas y recreativas orientadas a la defensa del territorio, la protección de las fuentes de agua y el fortalecimiento de la organización local.

La jornada incluirá limpieza de playa, actividades recreativas para niñas y niños, música, stands informativos, conversatorio y el mercadito comunitario “Saberes y Sabores”, una iniciativa que busca promover la economía local, los emprendimientos comunitarios y el intercambio de conocimientos vinculados con la identidad y la cultura del territorio.

Más allá de una celebración ambiental, el festival representa una oportunidad para reflexionar colectivamente sobre los desafíos que enfrenta Puerto Potrero y otras comunidades costeras de Guanacaste ante el acelerado crecimiento de modelos de desarrollo turístico de gran escala, cuyos impactos se manifiestan en la presión sobre las fuentes de agua, el aumento del costo de la vida, la transformación de los territorios y los procesos de desplazamiento y exclusión de las poblaciones locales.

En este contexto, los espacios comunitarios adquieren una importancia estratégica desde una perspectiva territorial, ambiental, social y política. Son escenarios donde se fortalecen los vínculos comunitarios, se construyen propuestas para la gestión sostenible de los bienes comunes y se generan capacidades para la incidencia ciudadana en la toma de decisiones que afectan directamente la vida de las comunidades.

Uno de los actores fundamentales en este esfuerzo ha sido la ASADA de Puerto Potrero, organización que durante años ha desarrollado acciones para la protección de las fuentes de agua y la gestión comunitaria del recurso hídrico. Su trabajo ha sido clave para impulsar procesos de monitoreo, conservación y sensibilización ambiental, así como para visibilizar las tensiones que surgen cuando el crecimiento turístico supera la capacidad de los ecosistemas locales.

“Tendremos actividades de gestión ambiental y estaremos hablando de la afectación que se avecina, el impacto que vamos a tener otra vez por el fenómeno del niño. Alzaremos la voz con esta actividad para que el gobierno local tome en serio las cosas como se hizo en el 2016 que las comunidades ya estábamos informadas de lo que iba a pasar, se emitió la declaratoria de emergencia y se crearon planes de contingencia a nivel regional” indicó Leonel Duarte Caravacas, presidente de la ASADA.

El cuido del agua en Puerto Potrero no solo responde a una preocupación ambiental, sino también a la necesidad de garantizar el acceso equitativo a un derecho fundamental para las actuales y futuras generaciones. Frente a un escenario marcado por sequías más frecuentes, aumento de la demanda hídrica y expansión inmobiliaria, la gestión comunitaria del agua se convierte en un pilar para la sostenibilidad y la justicia territorial.

El festival también es resultado de la articulación entre organizaciones locales y el Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Universidad de Costa Rica, una alianza que ha permitido fortalecer procesos de formación, investigación participativa e incidencia comunitaria. Esta colaboración busca contribuir a que las comunidades cuenten con más herramientas para comprender las transformaciones que viven sus territorios, defender sus bienes comunes y participar activamente en la construcción de alternativas más justas y sostenibles.

Para Dylanna Rodríguez, coordinadora del Programa Kioscos Socioambientales, “este festival es parte de un proceso socioeducativo que estamos realizando en la comunidad de Puerto Potrero ante un crecimiento voraz del desarrollo turístico que ha venido impactando la vida de la comunidad. En un contexto de enorme presión hídrica, es fundamental que se construyan estrategias locales para el cuido de las fuentes de agua y de la biodiversidad presente en la zona”.

La actividad es abierta a toda la población, las organizaciones convocantes invitan a vecinas, vecinos, visitantes y personas solidarias a sumarse a esta jornada de encuentro, aprendizaje y acción colectiva por la defensa del agua y del territorio.

El agua no llega sola… y tampoco se cuida sola

Observatorio de Bienes Comunes

Desde Los Chorros, Grecia, compartimos una entrevista que pone en el centro algo que muchas veces olvidamos: detrás de cada gota hay organización comunitaria, trabajo cotidiano y luchas por defender las nacientes.

🎧 Escuchá el audio y leé la nota completa:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/cuando-el-agua-tiene-historia-cuidar-la-naciente-es-cuidar-la-vida-conversamos-con-alejandro-montero-fontanero-asada-tacares/

📌 En la conversación se aborda:

▪️ El agua como bien común, no como algo individual

▪️ El trabajo (muchas veces invisible) de las ASADAS

▪️ Las tensiones por el uso del territorio y los riesgos para las nacientes

▪️ La importancia de la memoria: esto no está así porque sí

▪️ El cuidado del agua como responsabilidad con las futuras generaciones

Una invitación a reconectar con el origen del agua que consumimos y a reconocer a quienes la cuidan todos los días.

¿Sabés de dónde viene el agua que tomás?

Foro analizará futuro de la zona marítimo-terrestre y riesgos de una nueva ola de privatización

Diversas voces académicas, sociales y comunitarias participarán en el foro en vivo “Zona marítimo-terrestre: ¿hacia una nueva ola de privatización?”, espacio que abordará los desafíos actuales en torno al acceso, uso y defensa de las costas costarricenses.

La actividad reunirá a personas especialistas vinculadas con investigación universitaria, organización comunitaria, asesoría legislativa y movimientos sociales, con el objetivo de reflexionar sobre posibles cambios en la gestión de la zona marítimo-terrestre y sus impactos sociales, ambientales y territoriales.

El foro se realizará el lunes 20 de abril a las 6:00 p. m., con transmisión mediante Facebook Live de SURCOS Digital.

Personas panelistas

  • Silvia Rojas, Programa Interdisciplinario Costero (PIC-IDESPO) y Escuela de Sociología, Universidad Nacional.

  • Pamela Bojorge, politóloga e integrante del equipo coordinador de la Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica.

  • Jessica Ramírez, politóloga y asesora legislativa.

  • Damaris Rodríguez, presidenta de la Asociación Rescate de la Zona Marítimo-Terrestre.

La actividad ha sido organizada por la Alianza por una Vida Digna, la Escuela de Geografía de la UCR, el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes y SURCOS Digital.

El encuentro busca abrir el debate público sobre el futuro de los territorios costeros, los derechos de las comunidades y las amenazas de privatización en espacios de alto valor social y ambiental.

UCR realizará conversatorio sobre personas defensoras del territorio, derechos y resistencias

En el marco de la Semana U 2026, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica invita al conversatorio “Personas Defensoras del Territorio: Derechos, Riesgos y Resistencias”, un espacio orientado a escuchar experiencias, reflexionar sobre las luchas territoriales y reconocer la defensa de la vida desde distintas realidades.

La actividad forma parte del eje “Voces que defienden la vida y la libertad de expresión” y reunirá a personas representantes de territorios indígenas, organismos internacionales y programas universitarios vinculados a los derechos humanos y la acción socioambiental.

El conversatorio se realizará el miércoles 22 de abril a las 5:00 p. m. en la Sala de Audiovisuales, primer piso de la Facultad de Ciencias Sociales. La organización informó que la actividad será válida por horas conferencia de la ECCC.

Entre las personas participantes estarán:

  • Doris Ríos Ríos, del Territorio Indígena China Kichá.

  • Pablo Sibar Sibar, del Territorio Indígena Brörán.

  • William Vega Murillo, oficial nacional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

La moderación estará a cargo de Dylanna Rodríguez Muñoz, coordinadora del Programa Kioscos Socioambientales.

La convocatoria busca promover el diálogo en torno a los desafíos que enfrentan las personas defensoras del territorio, así como las diversas formas de resistencia comunitaria en defensa de los derechos humanos, la tierra y la vida.

Participan en la organización la Facultad de Ciencias Sociales, la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC), la Escuela de Sociología, Kioscos Socioambientales y PROLEDI.

El río también recuerda

Observatorio de Bienes Comunes

Lo que parece una simple limpieza de río, en realidad es mucho más: memoria viva, encuentro comunitario y defensa del territorio.

En Los Chorros, cada bolsa de residuos que se retira también revela algo más profundo: historias, luchas y decisiones colectivas que han hecho posible que este lugar siga siendo fuente de vida.

Algunas ideas clave:

* Limpiar el río también es recordar su historia.

* El río no es solo agua: es vida, comunidad y sustento.

* Este lugar existe gracias a personas que lo han defendido.

* Conocer la historia nos ayuda a cuidar mejor el territorio.

* Cuidar el río es también cuidar a la comunidad.

Defender los bienes comunes empieza por reconocer que somos parte del territorio y de su historia.

Leé la nota completa aquí:
https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/el-rio-tambien-recuerda-memoria-y-comunidad-en-los-chorros/

Dirección de Agua tramita concesión en territorio de Térraba a favor de persona que no es Brörán

Una nueva controversia surge en el Territorio Indígena de Térraba. La Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía tramita y dejó lista para resolución una concesión de aprovechamiento de agua dentro de la finca Crun Shurin, en territorio Brörán, a favor de una persona que no pertenece a este pueblo originario, sin que en el expediente conste la realización de un proceso de consulta previa, libre e informada con la comunidad que recuperó dicha finca.

El caso se gestiona bajo el expediente 27127-A. La solicitud original fue por 0,05 litros por segundo de un nacimiento afluente del río Térraba y fue publicada en el diario oficial La Gaceta mediante el edicto ED-1229-2025, el 23 de octubre de 2025. Posteriormente, un informe técnico de la Unidad Hidrológica Térraba–Pacífico Sur recomendó otorgar 0,04 litros por segundo, y la revisión legal, fechada el 23 de enero de 2026, concluyó que el trámite cumple con los requisitos formales y puede pasar a resolución final.

No obstante, en los documentos disponibles no se evidencia consulta a autoridades tradicionales como el Consejo de Mayores Brörán ni a las familias recuperadoras que viven actualmente en el lugar, pese a tratarse de una captación ubicada dentro de una finca recuperada en un territorio indígena oficialmente reconocido y bajo régimen de propiedad colectiva.

Uno de los afectados sería el líder indígena Pablo Sibar Sibar y su familia, así como alrededor de 25 familias recuperadoras del asentamiento Crun Shurin, proceso iniciado en 2018 y hoy es habitado por unas 80 personas que si son parte de la base de datos del pueblo Brörán. La concesión se ubica sobre la principal fuente que abastece esta recuperación, fuente que, según denuncian, ha sido cuidada, regenerada y reforestada desde entonces, tras encontrarse deteriorada, altamente contaminada y disminuida por consecuencia de la usurpación ganadera.

El propio expediente reconoce que la finca donde se ubica la captación pertenece registralmente a la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Térraba, la cual avala la gestión de la interesada. Sin embargo, la concesión se tramita a favor de una persona física para uso comercial.

La situación genera mayor tensión debido a que, según el Consejo Brörán, que elaboró la base de datos de troncos familiares reconocida por el Tribunal Supremo de Elecciones y oficializada por el Gobierno mediante el decreto No 41903- MP , la persona solicitante no pertenece al pueblo Brörán. Aun así, la Asociación de Desarrollo Integral habría otorgado su aval para la extracción de agua destinada, entre otros usos, a una actividad comercial que no paga impuestos e incluye según las personas recuperadoras la venta de licor, actividad prohibida por ley dentro del territorio indígena.

Paralelamente, familias indígenas Brörán que habitan la recuperación denuncian que no cuentan con acceso formal al agua, ya que la Asociación de Desarrollo Integral no les otorga el aval necesario para conectarse, mientras sí respalda la gestión de la persona no indígena.

La situación del agua es crítica en esta región, caracterizada por condiciones climáticas muy secas. En varias ocasiones, las familias de la recuperación han tenido que interponer recursos de amparo para garantizar que al menos dos veces por semana llegue un camión cisterna, aunque con una cantidad limitada de agua. Ante este contexto, la comunidad planteó al AyA la construcción de un acueducto en la quebrada en disputa, con el fin de asegurar el acceso al agua potable como uso prioritario y central para la reproducción de la vida del pueblo brörán. Sin embargo, la institución respondió que un proyecto de este tipo podría tardar hasta 20 años en concretarse.

Para Pablo Sibar Sibar, la situación refleja una vulneración constante de los derechos del pueblo Brörán. En sus palabras:

“Esos son los atropellos que día a día vivimos en los territorios indígenas, especialmente quienes defendemos derechos. Esta señora es una usurpadora que tiene un bar restaurante y se lleva el agua de una tierra que nos ha costado sudor y lucha; con el agua del territorio está enriqueciendo su negocio mientras los recuperadores no tenemos ni una gota. No podemos entender cómo, a casi cinco décadas de la promulgación de la Ley Indígena, se siguen violentando nuestros derechos.”

Además, existe un patrón de hostigamiento contra el dirigente Sibar. En agosto pasado, la Asociación de Desarrollo Integral de Térraba intentó vender a personas no indígenas una finca perteneciente al líder Brörán, quien cuenta con medidas cautelares. Debido a este hecho, se solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el reforzamiento de dichas medidas. Esta situación se suma a un patrón sostenido de violencia que incluye amenazas, agresiones e incendios ocurridos en ocasiones anteriores, así como un nuevo incendio registrado el mes pasado, lo que coloca en riesgo extremo su vida e integridad.

¿Qué va a pasar con la concesión? Mientras la resolución final sigue pendiente, las familias sostienen que no se trata de un asunto meramente técnico o administrativo, sino de una decisión con profundas implicaciones territoriales, sociales y culturales. Ante lo que consideran una serie de atropellos, la comunidad ha anunciado que interpondrá los recursos legales necesarios para hacer valer sus derechos.