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Etiqueta: Defensoría de los Habitantes

Crecen las muestras de solidaridad hacia Stella Chinchilla en redes y organizaciones sociales

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Juan Carlos Cruz-Barrientos

La comunicadora y activista socioambiental Stella Chinchilla ha recibido en las últimas horas una amplia ola de respaldo público en redes sociales y plataformas digitales, luego de que se diera a conocer una denuncia en su contra que diversos colectivos califican como un intento de criminalización del activismo.

Organizaciones sociales cierran filas

Uno de los pronunciamientos más difundidos proviene de SURCOS Digital, que publicó un comunicado firmado por múltiples organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. El texto señala que el señalamiento contra Chinchilla constituye “un acto de violencia simbólica y política contra una mujer activista que ha dedicado años a la defensa del ambiente y la democracia”.

Por su parte, el colectivo Bloque Verde advirtió que el caso refleja “una peligrosa tendencia a perseguir voces críticas mediante estrategias de intimidación”. Ambas declaraciones han circulado ampliamente en Facebook y X, generando cadenas de apoyo, debates públicos y llamados a reforzar la vigilancia ciudadana.

Diversas organizaciones de mujeres y agrupaciones feministas también se sumaron al respaldo, denunciando que las acciones contra Chinchilla constituyen violencia política y un intento de amedrentar a una mujer defensora de derechos humanos. Estos grupos reiteraron su compromiso de acompañarla y de mantener la vigilancia ante cualquier forma de hostigamiento.

Apoyo ciudadano en redes sociales

En su propio perfil de Facebook, Chinchilla ha agradecido la solidaridad recibida y ha insistido en que su caso no es aislado. En una de sus publicaciones, citada por medios nacionales, afirmó: “Gracias a todas las personas que me han escrito. No estoy sola y no nos van a callar”.

Usuarios de redes sociales han respondido con mensajes de respaldo, denunciando lo que consideran una campaña de desprestigio. Entre los comentarios más recurrentes destacan llamados a “no soltar a Stella” y a defender la libertad de expresión frente a prácticas de vigilancia estatal.

Diversos medios digitales han dado seguimiento al caso y han destacado la magnitud del apoyo recibido. La Teja reportó que Chinchilla ha utilizado sus redes para explicar su situación y que cuenta con una “amplia red de apoyo” que la respalda públicamente. AM Prensa, por su parte, subrayó que sus declaraciones han sido clave para denunciar lo que ella considera un montaje político en su contra.

Organizaciones exigen acción urgente de la Defensoría

En paralelo a las muestras de solidaridad, un amplio bloque de organizaciones sociales, colectivos feministas y personas defensoras de derechos humanos presentó una solicitud formal de acción urgente ante la Defensoría de los Habitantes. El documento advierte que el caso de Chinchilla evidencia la ausencia de un mecanismo nacional de protección para personas defensoras de derechos humanos en Costa Rica.

Las organizaciones señalan que lo ocurrido con Chinchilla se inscribe en un contexto de debilitamiento del Estado de derecho, aumento de la estigmatización y un clima de hostigamiento que, según denuncian, incluye agresiones provenientes de agentes estatales o estimuladas por el discurso gubernamental. La carta recuerda que desde 2017 se han presentado solicitudes formales para crear un mecanismo de protección y un protocolo especializado de investigación, sin que el Estado haya adoptado medidas concretas.

El pronunciamiento también cita recomendaciones internacionales, como las observaciones del Comité CEDAW sobre los riesgos que enfrentan las mujeres defensoras, y los estándares reafirmados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2025, que obligan a los Estados a prevenir, proteger e investigar agresiones contra personas defensoras.

En este marco, las organizaciones solicitan a la Defensoría intervenir de inmediato en el caso de Chinchilla, impulsar la creación del mecanismo nacional de protección y promover un protocolo especial de investigación con enfoque de género. Advierten que la inacción estatal no solo incrementa los riesgos, sino que debilita la democracia en un contexto político preelectoral.

Un patrón claro: defensa del activismo y denuncia de persecución

Las publicaciones analizadas muestran coincidencias en varios puntos: rechazo a la criminalización del activismo socioambiental; señalamientos de misoginia y violencia política contra una mujer comunicadora; críticas a prácticas de vigilancia atribuidas a cuerpos de seguridad del Estado; y llamados a mantener la solidaridad y la presión pública.

La conversación digital continúa creciendo, y distintos sectores sociales insisten en que el caso de Stella Chinchilla debe ser observado con atención para evitar precedentes que afecten la libertad de expresión y el derecho a la protesta.

Un cierre marcado por el hostigamiento

La denuncia coincidió con la aparición de una campaña de recolección de firmas que, en cuestión de horas, sumó cientos de adhesiones antes de ser bloqueada por Google, un hecho que sus seguidores interpretan como parte del clima de hostigamiento que rodea el caso.

Documento responsabiliza a las autoridades ante supuesta desaparición de menores por desalojo

Escrito en . Publicado en Derechos.

Una carta dirigida a la Presidencia de la República, al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y a la Defensoría de los Habitantes denuncia la supuesta desaparición de siete personas menores de edad tras el desalojo de 77 familias en la comunidad de Chorreras, cantón de San Carlos, ocurrido a finales de noviembre pasado (en la imagen una de las casas de la comunidad).

El documento —remitido también a instancias nacionales de protección de derechos humanos— advierte que la desaparición de las personas menores se habría producido en el contexto de un operativo calificado como violento, desproporcionado y carente de planificación, en el que participaron distintas autoridades estatales, entre ellas el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), la Fuerza Pública y la Policía de Migración.

Las personas firmantes recuerdan que la niñez es responsabilidad directa del Estado costarricense, independientemente de su origen social o situación habitacional, y subrayan que Costa Rica ha ratificado instrumentos internacionales clave como la Convención sobre los Derechos del Niño, así como otros convenios que obligan a garantizar la protección integral de las personas menores.

La carta identifica con nombre y número de identificación a las siete personas menores presuntamente desaparecidas y señala que, a varios días de interpuesta la denuncia, no existía información clara sobre su paradero, pese a la gravedad del caso. Según se expone, no figuraban en registros oficiales del PANI, albergues, Migración ni informes públicos, lo que incrementó la preocupación de familiares, comunidades y organizaciones sociales.

El texto recoge además testimonios de personas de la zona, quienes describen escenas de pánico durante el desalojo: presencia policial fuertemente armada, uso de amenazas, cierre de caminos y huida de familias —incluidas personas menores— hacia el río San Juan, ante el temor de detenciones o encarcelamientos. Un abogado penalista citado en la carta califica el operativo como una acción inédita en el país por su nivel de violencia y desorden.

Las personas y organizaciones firmantes responsabilizan a las autoridades ejecutoras y a quienes ordenaron el desalojo por el terror provocado, especialmente en la niñez, y advierten que la supuesta desaparición no puede desligarse del clima de miedo generado durante el operativo. Asimismo, exigen una respuesta clara y urgente del Estado y anuncian que, de no obtenerla, elevarán el caso a instancias nacionales e internacionales de derechos humanos.

A continuación, se reproduce íntegramente la carta enviada a las autoridades, tal como fue recibida por SURCOS.

SURCOS comparte la carta con firmas tal como fue enviada a la Presidencia de la República, al PANI y a la Defensoría de los Habitantes.

San José, 9 de enero 2026

Presidencia de la República
Defensoría de los Habitantes
Patronato Nacional de la Infancia

Quienes suscribimos esta denuncia, personas físicas, organizaciones sociales y el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca, acudimos a las máximas autoridades de la República, del Patronato Nacional de la Infancia y de la Defensoría de los Habitantes porque consideramos muy grave la supuesta desaparición de siete personas menores a raíz del brutal desalojo de 77 familias en la comunidad de Chorreras en San Carlos.

Quisiéramos recordar el compromiso adquirido frente a todo el país, el 8 de mayo de 2022, por el señor Rodrigo Chaves Robles cuando afirmó: “Si el Estado no puede garantizar la seguridad de sus habitantes, hemos fracasado como país, y el fracaso no es admisible para quien sirve a la Patria con amor”. La mejor expresión del amor social es el respeto a los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos constituye el gran salto cualitativo de la Humanidad después de los horrores vividos durante la Segunda Guerra Mundial.

Universales significa que no tienen nacionalidad, clase social, edad, rango, color de piel u origen étnico. Esos siete infantes eran y son responsabilidad del Estado costarricense. Sus nombres y número de identificación son:

Alondra González Dávila – 6-0553-0829

Dilan Gael González Dávila – 2-1053-687

Jacksón Rivera Dávila – 210300445

Liam Daniel Rivera Dávila – 211100547

Balbino Steven Rivera Dávila – 1-2242-0425

Pamela Rivera Dávila – 2-0907-0060

Julíeth González Dávila – YR2022-26288

También traemos a colación la ratificación que Costa Rica ha realizado de:

  1. Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)(1989): El principal tratado internacional de derechos humanos para niños, niñas y adolescentes, ratificado por Costa Rica en 1990.
  2. Protocolos Facultativos de la CDN:
    1. Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados (2000).
  3. Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (1998): Protege a los niños de la sustracción internacional y garantiza el respeto de los derechos de custodia y visita.

Por estas razones, esperamos una respuesta digna de los marcos legales que protegen a la niñez en nuestro país.

10 de diciembre

Día Internacional de los Derechos Humanos

Siete menores aterrorizados y desaparecidos en Costa Rica

por brutal desalojo en San Carlos

Exigimos al gobierno costarricense respeto a los Derechos Humanos

A finales de noviembre, nos conmovió y nos dolió mirar y escuchar los videos que circularon a raíz del desalojo de más de 70 familias de la comunidad de Chorreras en San Carlos. ¡Cómo nos hubiera encantado ver al MINAE (Ministerio de Ambiente y Energía) con la misma diligencia y operatividad para el caso de la tala ilegal en Gandoca Manzanillo!

Hoy, 11 de diciembre, se nos ha mezclado el dolor con el estupor y la indignación al leer en el Semanario Universidad la noticia: Denuncian supuesta desaparición de siete menores costarricenses tras el desalojo de más de 77 familias en Chorreras. Según la noticia, el PANI recibió la denuncia de la desaparición de siete menores de edad desde el 4 de diciembre y el martes, es decir el 16, se “participaría en una reunión interinstitucional sobre el caso”. Doce días después de puesta la denuncia. ¡Cuánta celeridad para atender un caso de tal magnitud y gravedad!

Dos personas de San Carlos describen el horror de lo sucedido en la comunidad de Chorreras:

“…la activista Susan Rodríguez, del Observatorio Ciudadano de La Fortuna, afirmó que, después del operativo, siete menores costarricenses no aparecen en ningún campamento, albergue, lista del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Migración o informe oficial y que hoy su paradero es completamente desconocido”. Esa desaparición se dio a la vista y paciencia de funcionarios de los ministerios de Ambiente y Energía (MINAE), de Seguridad Pública, de Salud, de la Policía Profesional de Migración y de la Fuerza Pública quienes, de acuerdo con los testimonios, actuaron con violencia sin acatar las normas y cuidados que requieren las personas menores, adultas mayores, con necesidades especiales y las mujeres.

Así lo puntualizó un abogado penalista: “Francamente yo no había visto en Costa Rica una acción de este tipo. Sencillamente llegó la policía con cualquier cantidad de perreras, fuertemente armada, encañonaron a todo el mundo, los hicieron sacados de las casas y les dijeron ‘salgan porque vamos a derribar las casas’. En esa confusión que se generó, al no hacerlo de forma planificada ni resguardando las garantías básicas de las personas, cerraron los caminos”.

“La gente se asustó porque creyeron que los iban a detener o mandar a la cárcel y muchas personas, incluyendo niños, optaron por buscar el río (San Juan); mucha gente se montó en botes y salió asustada huyendo”[1].

Responsabilizamos a todas las autoridades involucradas en ese operativo del terror provocado sobre todo en las personas menores de edad, pues la desaparición no se puede desligar de ese terror implantado, del irrespeto de las garantías básicas y de los derechos humanos. Tanto las autoridades ejecutantes del desalojo como quienes lo ordenaron y lo permitieron deben dar cuentas del irrespeto a los derechos humanos.

Exigimos una respuesta clara de esas autoridades y veremos los procedimientos pertinentes para elevar este caso a los organismos nacionales e internacionales pertinentes.

¿Cómo quedarnos indiferentes frente a esto: “En este momento es que no se sabe si algunos niños tomaron un bote, no se sabe qué pasó, si se ahogaron en el río, si están detenidos por la policía en el lado de Nicaragua, o si están escondidos; no sabemos nada”?

Gobierno de Costa Rica:

¡Respete los Derechos Humanos de la niñez y sus familias!

Firmas que suscriben

A nivel personal

  1. Albertina Alfaro Chinchilla
  2. Alejandra Bonilla Leiva
  3. Alejandra Martínez Gamboa
  4. Alejandro Augusto García Valerio
  5. Allen Cordero Ulate
  6. Allisson Villalobos
  7. Amsi Mariana López Valverde
  8. Ana Cecilia Jiménez Arce
  9. Ana Franzen
  • Andrea Brenes Gómez
  1. Andrea Cordero
  2. Ángel Hernando Sánchez
  • Angélica Alvarado Barrantes
  1. Angie Loría Arroyo
  2. Ann Marie Saidy
  3. Aroon Abarca Guillén
  4. Blanca Arce López
  5. Bruno de Jesús Coto Barboza
  6. Carlos Cabezas Mora
  7. Carlos Luis Martínez Méndez
  8. Carlos Manuel Muñoz Jiménez
  • Carmen María Chacón Mora
  • Carmen María Rojas González
  1. Carolina Soto
  2. Casilda Sancho
  3. Catarina Goldoni Ruíz
  4. Cecilia Castillo Nanjarí
  • Christopher Castillo
  • David Morera Herrera
  • Digna Rivera Navas
  1. Edison Valverde Araya
  2. Elí Ortiz Torres
  • Fabiola Bernal Acevedo
  1. Fedra Brenes Sánchez
  2. Félix López Zambrana
  • Flora de los Ángeles García Zamora
  • Gabriela Mayorga López
  • German Masís Morales
  • Gerardo Cerdas Vega
  • Gerardo Cruz Zuchini
  • Gerardo Vázquez Gamboa
  • Giselle Arce Fonseca
  1. Gloriana Carranza Bonilal
  • Grace Serrano Corea
  • Guadalupe Urbina Juárez
  1. Guiomar del Rocío Martín Tedman
  2. Guiselle Gómez Hernández
  • Héctor Ferlini-Salazar
  • Henry Mora Jiménez
  • Hernán Arroyo Calderón
  • Idalía Mirjana Morales Alfaro
  1. Irené Barrantes Jiménez
  2. Isabel Ducca Durán
  • Ivonne García Bueso
  1. Jahaira Jarquin
  2. Jesenia Cid
  • Jimena Alejandra Vargas Forero
  • Jorge Amador González
  1. José Alberto Amesty Rivera
  2. José Joaquín Meléndez González
  3. José Mario Villalobos Corella
  • Juan Martín Escuza Cervera
  • Julieta Dobles Izaguirre
  • Julieta Rodríguez Arias
  • Karina Vargas Espinoza
  • Katherine Rodríguez Oreamuno
  • Kattia Isabel Castro Flores
  1. Kendra Hall Fune
  2. Kimberling Martinez
  • Laura Carolina Garrigues Herrera
  1. Ligia Barrantes Cartin
  2. Luis Alberto Salas Sarkís
  3. Luis Ángel Céspedes Rodríguez
  • Luis Carlos Bonilla Soto
  1. Luis Mario Solano Víquez
  • Luis Paulino Vargas Solís
  1. Madeline Kiser
  2. Marbella Martin Fragachán
  • Marcela Dumani Echandi
  1. Marcela Naranjo Segura
  • María Cecilia Mora Camacho
  1. María Elena Amen Castillo
  • María Elena López
  • María Gabriela Soto Muñoz
  1. María Trejos Montero
  2. Maricela del Carmen Fernández Zambrano
  3. Marielos Muñoz Solórzano
  4. Maya Álvarez Aravena
  • Maylin Karlson Flores
  1. Miguel Barrios Gutiérrez.
  2. Minor Corrales Gamboa
  • Miranda Sequeira Guzmán
  1. Naomi Jiménez Jarrett
  • Natalia Caro Bernal
  1. Nicole Scott Fonseca
  2. Nidia Fonseca
  • Ninoska Varinia Pineda Ordoñez
  1. Noah Phillips Álvarez
  2. Nubia Ordónez Ugalde
  3. Nuria Calvo Fajardo
  4. Nuriet Sandí Morales
  5. Olman Bolaños Ortiz
  6. Olman Bolaños Vargas
  7. Orlando Barrantes Cartín
  8. Patricia Blanco Picado
  9. Paz McLean Pérez
  10. Rafael Barrantes
  11. Rafael Isaac Gutiérrez Ramírez
  12. Ricardo Sánchez Andrés
  13. Rocío Ramírez Varela
  14. Roger Chaves Grijalba
  15. Rosa María Soto Quesada
  16. Ruth Martínez Carrillo
  17. Ruth Vindas Benavides
  18. Sandra Vergara
  19. Sharo Rosales Arce
  20. Shi Alarcón-Zamora
  21. Sileny Vásquez Orozco
  22. Silvia Regina de Lima Silva
  23. Sofia Gutiérrez Guido
  24. Sonia Ulate Fallas
  25. Susan Rodríguez Calvo
  26. Suy Wong Ugalde
  27. Tyronne Esna Montero
  28. Wilson Arroyo
  29. Ximena del Rio Urrutia
  30. Yajaira Rojas Jiménez
  31. Yamileth Monterrey López
  32. Yasy Morales Chacón

Organizaciones o colectivos

  1. Agrupación Universitaria Raíz UCR
  2. Asociación Costarricense de Derechos Humanos
  3. Asociación de Estudiantes de Sociología UCR
  4. Asociación de Mujeres por los Derechos en Guanacaste Alza tu Voz-Carrillo, Guanacaste
  5. Asociación Ecoturística Barra del Colorado.
  6. Buen Vivir-CR
  7. Casa del migrante
  8. Coalición Feminista
  9. Colectivo de Apoyo a doña Digna Rivera
  10. Comisión Vertiente Atlántica
  11. Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT-Costa Rica)
  12. Consejo Iriria Sätkök-Organización Autónoma del Territorio Ancestral Yäbamï Dí kàtá, conocido como Cabagra
  13. Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI)
  14. Feministas en Resistencia
  15. Frente Ecologista Universitario (FECOU)
  16. Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS)
  17. Grupo de seguimiento Agenda CEDAW
  18. Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense
  19. Juventud Vanguardista Costarricense
  20. Luciérnagas Sobre Ruedas
  21. Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC)
  22. Mujeres en Lucha Social
  23. Mujeres peladoras y procesadoras de camarón barra del colorado
  24. Observatorio Ciudadano
  25. Partido Izquierda Costarricense (PIZCO)
  26. Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT)
  27. Partido Vanguardia Popular (PVP)
  28. Red de Mujeres para la Incidencia Social y el Desarrollo (REMISOD)
  29. Sindicato Unitario de la Uned

España

SOS Ribagorza

Honduras

Hedme Castro – ACI Participa

Christopher Castillo -ARCAH

Ecuador

Sisa Pacari – Pueblo Saraguro

Venezuela

Unión Evangélica Pentecostal Venezolana

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

Integrantes del Consejo Consultivo:

Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH), María Cardona Mejía Defensora de Derechos Humanos, Dr. Mario Hernández Álvarez Coordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia, Víctor Osorio Cadena Presidente del Sindicato Nacional Memoria Viva; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global e integrante del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos, Suiza José Manuel González López, Gerardo Romero Luna y Mariella Bauer integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela Hugo Alberto Nieves Integrante del Movimiento Político – Social VAMOS, Zuleima Vergel Guerra Vocera Nacional del Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Indhira Libertad Rodríguez Red de Colectivos La Araña Feminista, José Miguel Gómez García Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Ali José Álvarez Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos – Movimiento Cultural Campesino Los Arangues Venezuela; Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha UOSISP de Ecuador; Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Ex Secretario General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB; Guatemala Hugo Garrido Secretario Ejecutivo de la Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala – CIEDEG; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins del Movimiento de Favelas de Rio de Janeiro; Perú Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega, Chile Pablo Ruiz integrante del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; Honduras Coordinador General Christopher Castillo de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras ARCAH; México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM, Dr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Felix Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas, Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH, Lic. Jocelyn García Fondón Integrante del Secretariado Técnico del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Costa Rica Orlando Barrantes Cartín Coordinador General del Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC – Costa Rica.

Organizaciones integrantes:

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos: Soldepaz – Pachakuti de España; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo Suiza, de Suiza; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo EU, Alianza por la Justicia Global de Estados Unidos; Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Red de Colectivos La Araña Feminista, Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Movimiento Cultural Campesino Los Arangues de Venezuela; Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Sur Occidente Colombiano Antonieta Mércury; Sindicato Nacional Memoria Viva de Colombia; Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala – CIEDEG Guatemala; Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha (UOSISP) de Ecuador; Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Alianza por un mejor Darién – AMEDAR de Panamá; Movimiento Alfa y Omega de Perú; Movimiento de Favelas de Rio Janeiro Brasil; Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; Campaña Popular Palestina contra el Muro de Apartheid (Stop the Wall), Coalición de la Defensa de la Tierra Palestina Unión Palestina Campesina (Palestinian Farmers Union) de Palestina; Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) de Honduras; Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC), Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI) y Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco (FPDT-Atenco), Taller del Sur, Colectivo de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México – Centro Cultural Las Jarillas, Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (OPEZ – FOSICH), Colectivo Ocho Trueno, Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino (CUSPPA), Colectivo Insurrección Visual de México; Costa Rica Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC.

[1] Pomareda, F. (2025, 10 de diciembre). Denuncian supuesta desaparición de siete menores costarricenses tras el desalojo de más de 70 familias en Chorreras

 

Defensoría impulsa el desarrollo del Observatorio Nacional de DDHH

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Defensoría de los Habitantes, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentó el día de hoy un primer componente de la iniciativa “Observatorio Nacional de Derechos Humanos” (ONADH), un instrumento pionero que permitirá contar con información articulada, oportuna y basada en evidencia para identificar vulnerabilidades, monitorear riesgos y fortalecer la gobernanza en derechos humanos en Costa Rica.

Durante el evento se expusieron los principales avances del proceso, incluyendo el diseño conceptual, normativo y tecnológico del Observatorio; el fortalecimiento de capacidades institucionales en gestión de datos y evaluación de políticas públicas; y la creación colaborativa de un dashboard (tablero de datos) que constituye el primer componente tecnológico del proyecto.

La Defensora de los Habitantes Angie Cruickshank Lambert expresó “El ONADH es una iniciativa prioritaria de mi gestión como Defensora de los Habitantes. Es uno de mis compromisos fundamentales ante el Poder Legislativo y ante la sociedad costarricense y pretende ser una herramienta estratégica para fortalecer la capacidad institucional de registro, visualización y monitoreo de información así como el análisis integral de vulneraciones y amenazas a los Derechos Humanos de las y los habitantes”

Esta iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el PNUD. Además, ha sido apoyado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo y el Equipo de Estado de Derecho, Seguridad y Derechos Humanos del PNUD.

Sandra Sosa Cárcamo, representante residente del PNUD en Costa Rica, indicó que “El Observatorio Nacional de Derechos Humanos se consolida como un instrumento clave para identificar brechas, fortalecer el análisis basado en evidencia y orientar políticas públicas más inclusivas y efectivas, en línea con la Agenda 2030. Para el PNUD es un honor acompañar técnicamente esta iniciativa que impulsa la promoción y protección de los derechos humanos”

En la primera etapa del proyecto, las personas usuarias podrán acceder al sitio web de la Defensoría de los Habitantes www.dhr.go.cr donde encontrarán una sección que contiene información general y material audiovisual del ONADH así como un primer avance del tablero de datos con información relevante de 3 dimensiones prioritarias para el desarrollo humano: salud, educación y seguridad ciudadana. Esta plataforma es de acceso público y gratuito, lo que contribuye a la transparencia y a la participación ciudadana.

En etapas posteriores, el Observatorio incorporará nuevas dimensiones e indicadores que serán útiles para el monitoreo y análisis de datos estratégicos, pero también esta iniciativa pretende acompañar el diseño de políticas públicas para que tomen en cuenta el estado de situación de los Derechos Humanos de todas las personas del país, considerando sus diversidades. Asimismo, se abrirán espacios de colaboración con instituciones públicas, academia, organizaciones sociales y organismos internacionales para garantizar su sostenibilidad y ampliar su impacto.

El evento fue realizado en el Salón de Jefes de Estado, Presidentes y Presidentas de la República de la Asamblea Legislativa durante la mañana del miércoles 10 de diciembre del 2025 y contó con la participación de representantes de la sociedad civil, de instituciones públicas, del Sistema de Naciones Unidas, del Cuerpo Diplomático acreditado en Costa Rica, de Diputados y Diputadas de la República, así como funcionarios y funcionarias de la Defensoría de los Habitantes.

Con el ONADH, Costa Rica avanza hacia una iniciativa más robusta de monitoreo, prevención y respuesta, reforzando la protección de los derechos humanos como pilar fundamental de la democracia.

Defensoría requiere acciones urgentes al Estado ante crisis de licencias de cuido

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Defensoría de los Habitantes manifiesta su profunda preocupación y solidaridad con más de 600 familias afectadas por la suspensión de las licencias de personas cuidadoras de pacientes en fase terminal, de personas menores de edad gravemente enfermas y de otras situaciones excepcionales.

En las últimas semanas, la Defensoría ha recibido testimonios de personas cuidadoras angustiadas que no están disponiendo de recursos económicos para afrontar situaciones de alta vulnerabilidad y complejidad que aquejan a sus núcleos familiares. La imposibilidad de adquirir alimentos, implementos médicos, medicamentos, artículos básicos de higiene refleja una situación apremiante para estas familias y demanda acciones urgentes por parte del Estado.

En la actualidad, más de 600 familias carecen del apoyo económico que necesitan para atender a sus seres queridos: niños y niñas, personas adultas mayores y personas con discapacidad que dependen diariamente de estos cuidados. En este sentido, la Defensoría hizo un llamado al señor presidente de la República Rodrigo Chaves Robles, para que incluya en la agenda de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que busca brindar una solución estructural y permanente al financiamiento de las licencias de cuido, garantizando así la continuidad y sostenibilidad del programa en el tiempo.

Consciente de la magnitud del problema y de la necesidad de promover la coordinación interinstitucional para explorar construir soluciones conjuntas, la Defensoría de los Habitantes puso a disposición su mediación y sus buenos oficios para facilitar el diálogo entre el Poder Ejecutivo, las instituciones involucradas y los sectores afectados para alcanzar un acuerdo que devuelva la tranquilidad a las familias y garantice la protección de quienes requieren cuidados continuos.

La Defensoría de los Habitantes ha venido realizando diversas acciones desde el primer momento que se conoció la situación del no pago de la licencia a las personas cuidadoras de pacientes en fase terminal y a personas menores de edad gravemente enfermas. Ejemplo de ello es la convocatoria urgente a autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF) para buscar alternativas que permitieran abrir posibilidades a favor de esta población.

De igual forma, la Defensoría realizó gestiones ante la CCSS, PANI, CONAPAM, CONAPDIS, Ministerio de Hacienda, entre otras entidades, para valorar nuevas rutas que permitieran dotar de los recursos extraordinarios y con ello completar el pago correspondiente a este año y ha realizado monitoreo permanente de la aprobación de un presupuesto extraordinario de la República que solventaría el déficit del programa para el 2025.

Grave conflicto ambiental y legal en el Caribe Sur

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Documentos revelan irregularidades en la Ley 9223 y daños al Refugio Gandoca-Manzanillo

Una serie de documentos oficiales, legislativos y denuncias ciudadanas revelan un entramado de irregularidades técnicas, jurídicas y ambientales en torno a la Ley N.º 9223, “Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur”, aprobada en 2014 y que redefinió los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

El análisis de estos materiales muestra cómo, a lo largo de más de una década, se acumularon advertencias de instituciones estatales, consultas de constitucionalidad y denuncias ciudadanas que alertaban sobre riesgos para el ambiente y para el cumplimiento de convenios internacionales, sin que fueran atendidas oportunamente.

Informes legislativos y advertencias técnicas

En 2012, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa advirtió que el proyecto de ley (Expediente 18.207) carecía de estudios técnicos específicos que demostraran la viabilidad ambiental de la medida. El informe señaló que la modificación de límites del Refugio Gandoca-Manzanillo podría violar el artículo 50 de la Constitución Política, que garantiza el derecho a un ambiente sano.

A pesar de estas alertas, en febrero de 2014 la Asamblea Legislativa aprobó la ley, redefiniendo los linderos del refugio y excluyendo más de 400 hectáreas de su área protegida, de las cuales más de 200 eran bosques, incluyendo áreas en excelente estado de conservación.

Consulta de constitucionalidad

Un grupo de diputados y diputadas presentó una consulta facultativa de constitucionalidad ante la Sala Constitucional. En su escrito, señalaron dos vicios principales:

  1. La ausencia de consulta directa a pueblos afrodescendientes e indígenas, incumpliendo el Convenio 169 de la OIT.

  2. La falta de estudios técnicos completos y confiables, contraviniendo lo ordenado por la Sala en resoluciones anteriores.

Además, indicaron que la ley violaba compromisos internacionales de Costa Rica, como la Convención Ramsar y el principio de no regresión ambiental, al desafectar humedales y áreas costeras que forman parte de la lista de humedales de importancia internacional.

Informes internos del SINAC

Documentos técnicos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) revelan irregularidades en la forma en que se respaldó el proyecto de ley:

  • El informe técnico de 2013 tuvo dos versiones: la primera incluía recomendaciones y advertencias ambientales; la segunda, enviada a la Asamblea, eliminó esas observaciones y presentó conclusiones más generales.

  • El Informe SINAC-SE-PPC-320-2017 documentó ocupación irregular en Playa Chiquita, Punta Uva y Cocles, con infraestructura hotelera y viviendas sin los debidos Estudios de Impacto Ambiental. Además, constató que humedales y bosques no fueron debidamente certificados como Patrimonio Natural del Estado.

  • El Informe SINAC-ACTO-AL-55-2019 concluyó que la aprobación de la Ley 9223 se dio sin sustento técnico suficiente, y recomendó abrir procedimientos administrativos contra funcionarios del SINAC que eliminaron conclusiones y recomendaciones del informe original, lo que pudo inducir a error a los legisladores.

Denuncias ciudadanas recientes

El ambientalista Marco Levy Virgo ha presentado numerosas denuncias desde 2017. En septiembre de 2025, dirigió un escrito a la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría de los Habitantes exigiendo acciones urgentes para detener lo que calificó como un “saqueo ambiental” del sitio Ramsar 783 Gandoca-Manzanillo.

Levy señaló que se han devastado aproximadamente 165 hectáreas de humedales, manglares y sitios de anidación de tortugas marinas, y acusó la existencia de una red organizada que promueve desarrollos inmobiliarios ilegales con la presunta complicidad de autoridades locales y nacionales.

Entre sus exigencias destacan:

  • La recusación del ministro de Ambiente y de funcionarios del SINAC.

  • La coordinación con la Fiscalía General y el OIJ para una valoración técnica del daño ambiental.

  • La suspensión de actividades en la Zona Marítimo-Terrestre que carezcan de viabilidad ambiental.

  • El cumplimiento forzado de la resolución 2019-012745 de la Sala Constitucional, que ordena medidas correctivas en el refugio.

Una década de retrocesos ambientales

En conjunto, los documentos revisados muestran un proceso en el que prevaleció la inseguridad jurídica y la presión por modificar los límites del refugio, con graves consecuencias para la biodiversidad y las comunidades costeras.

Desde las primeras advertencias de 2012 hasta las denuncias más recientes de 2025, persiste la preocupación de que la Ley 9223 haya abierto la puerta a un negocio inmobiliario en detrimento de un ecosistema de valor mundial, protegido tanto por la Constitución como por tratados internacionales.

La situación del Refugio Gandoca-Manzanillo evidencia la urgencia de retomar principios básicos del derecho ambiental: precaución, prevención y no regresión, así como el respeto a los derechos de las comunidades afrodescendientes e indígenas históricamente afectadas por decisiones estatales que las excluyen de los procesos de consulta.

Convenio 190 de la OIT contra la violencia y el acoso laboral: deuda histórica saldada – video

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El pasado miércoles 20 de agosto, Costa Rica aprobó el expediente 22.589 que ratifica el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual establece compromisos para eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

La ratificación implica que el Estado y los empleadores deben prevenir, atender y sancionar el acoso laboral, así como ofrecer herramientas para garantizar espacios de trabajo libres de violencia. Este avance representa un paso clave en la protección de las personas trabajadoras, quienes históricamente han enfrentado situaciones de acoso sin contar con normativa clara ni mecanismos efectivos de respuesta.

La Defensoría de los Habitantes, a través de su Instituto de Educación en Derechos Humanos, ha señalado la ausencia de normativa interna en el sector público y la falta de conocimiento sobre los derechos de las víctimas, así como las responsabilidades de quienes acosan.

En este contexto, la ratificación del convenio constituye una deuda histórica saldada con las y los trabajadores costarricenses y un avance en la construcción de condiciones laborales dignas.

En el siguiente enlace podrá visualizar un video con la importancia del Convenio 190 y sus implicaciones en la vida laboral del país: https://www.youtube.com/shorts/SGSvI1Q87Ac

Fuente imagen: Facebook OIT

CONCEVERDE solicita anular la patente del Tajo Jucarza en San Rafael de Heredia

Escrito en . Publicado en Madre Tierra, Portada.

La organización ambiental CONCEVERDE solicitó a la Municipalidad de San Rafael de Heredia la cancelación del certificado de uso de suelo y/o de la patente municipal otorgada al Tajo Jucarza, ubicado en las montañas del cantón, por considerarlo incompatible con la normativa vigente y de alto riesgo para la salud y el ambiente.

En el oficio JFAC/CNV/010825, CONCEVERDE recuerda que la zona está clasificada como Zona Especial de Protección del Gran Área Metropolitana, con uso predominantemente agrícola, donde la actividad de extracción de canteras es prohibida, especialmente si colinda con áreas residenciales. La explotación, catalogada como de riesgo A por el Ministerio de Salud, se desarrolla además en un área de alta recarga acuífera según el SENARA.

El documento cita resoluciones municipales y dictámenes previos que han declarado la incompatibilidad del uso de suelo y la ausencia del certificado conforme. La organización pide que, si dicho certificado existe, se proceda a su anulación por nulidad absoluta y, si no existe, se cancele de inmediato la patente. También solicita ser parte del procedimiento y recibir información oficial del proceso.

El oficio fue remitido con copia a personas vecinas, la Defensoría de los Habitantes, SENARA y diputaciones de Heredia.

Material enviado a SURCOS por CONCEVERDE.

Cartago: Defensoría convocó a AyA y municipalidades por situación del agua

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

La Defensoría de los Habitantes recibió a autoridades del AyA, a los alcaldes de Paraíso y Cartago, junto con sus equipos técnicos, para trabajar sobre el tema pendiente dentro del proceso de Diálogo Social que inició en junio anterior, respecto al borrador de contrato de suministro de agua en gran volumen propuesto por AyA.

Ambos Gobiernos Locales presentaron por escrito sus criterios sobre esta iniciativa e hicieron propuestas de mejora, dejando claro que el principal problema es la discrepancia que tienen en relación con la razonabilidad y pertinencia de la tarifa vigente que les cobra el AyA, al tiempo que plantean la necesidad que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) realice un estudio técnico para definir una tarifa específica para el servicio de suministro de agua cruda.

En ese sentido, la Municipalidad de Cartago señaló que semanas atrás se había valorado con la ARESEP la posibilidad de que se realice un estudio de esa naturaleza, para lo cual AyA debería presentar la información necesaria ante el ente regulador. Al respecto, en la sesión de diálogo del día de hoy, la Gerente General del AyA informó que, a finales de agosto, estarían presentando la información ante el ente regulador.

A la luz de lo anterior, se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Las asesorías jurídicas de ambos gobiernos locales y del AyA trabajarán en conjunto para presentar una propuesta de convenio, en el entendido de que todo lo relativo al tema tarifario, queda sujeto a las acciones que las entidades competentes realicen en los próximos días. La Defensoría dará acompañamiento al trabajo conjunto relativo a la propuesta de convenio.

2. La Defensoría de los Habitantes, en el ejercicio de sus competencias de control de legalidad y protección y defensa de los derechos e intereses de los habitantes, dará seguimiento puntual a las acciones que, a partir de este momento, realicen AyA y ARESEP con miras la eventual elaboración de un estudio específico para determinar el precio al cual el AyA debe venderle el agua cruda a las Municipalidades de Paraíso y Cartago.

Asimismo, la Defensoría dará seguimiento a las acciones recursivas que en su momento hayan presentado ambos Gobiernos Locales en relación con la tarifa de venta de agua en bloque ante la Autoridad Reguladora y que aún están pendientes de resolución por parte de la Junta Directiva de la ARESEP.

Con ello, la Defensoría da por concluida su rol de facilitador de diálogo y las acciones siguientes a emprender, se enmarcarán dentro de su labor de ente contralor de legalidad.

ANEP denuncia opacidad e imposición en proceso de reorganización del AyA

Escrito en . Publicado en Trabajo.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en un comunicado titulado “Reestructuración oscura e improvisada en el AyA” publicado el 29 de julio de 2025, reaccionó con firmeza a la publicación del 28 de julio realizada por el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Juan Manuel Quesada, sobre la supuesta aprobación de una “reorganización institucional” en dicha institución

ANEP cuestionó este anuncio, al considerar que el proceso ha sido impulsado de manera opaca, sin participación de las personas trabajadoras ni de las organizaciones sindicales.

Según la organización sindical, el contenido completo del documento de reorganización no ha sido divulgado, lo que constituye una violación al principio de publicidad de la información pública (art. 30 de la Constitución Política), así como al deber de participación establecido en la Ley General de la Administración Pública y la Ley de Control Interno. La ANEP advierte que tampoco se han presentado estudios técnicos, financieros ni jurídicos que respalden la propuesta.

Para ANEP, lo que se presenta como un proceso de modernización en realidad representa una imposición unilateral que carece de legitimidad interna, evaluación objetiva y respaldo técnico validado. La organización denuncia que se abre la puerta a la tercerización de áreas sensibles, lo que pondría en riesgo la calidad del servicio público, encarecería los servicios básicos y afectaría la estabilidad laboral de quienes laboran en el AyA.

Ivone Mata, vicepresidenta seccional de ANEP-AyA, expresó en un audio difundido por la organización que la reestructuración ha sido manejada en total secretismo, sin participación ni respaldo técnico conocido, y que el documento no ha sido socializado. Alertó además sobre una posible intención de tercerización, lo que afectaría seriamente tanto la institucionalidad como los derechos laborales.

Por su parte, Edwin Marín Bonilla, presidente seccional de ANEP-AyA, recalcó que la oposición sindical no es por ocurrencia, sino producto de un análisis informado. Esta reorganización se ha manejado a espaldas de las personas trabajadoras y de la opinión pública. No se conocen los estudios que supuestamente la justifican. No se ha tomado en cuenta ni el sindicato legítimo ni ninguna otra organización dentro del proceso.

ANEP exigió de forma pública:

  1. Acceso inmediato al documento completo de reorganización institucional y sus anexos.
  2. Suspensión del proceso hasta que se garantice un espacio formal y vinculante de participación sindical.
  3. Responsabilidad directa al presidente ejecutivo Juan Manuel Quesada, a la gerente general Alejandra Mora Segura y a la Junta Directiva por los posibles efectos negativos de esta imposición.
  4. Intervención de la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y el MIDEPLAN, instando a que ejerzan sus funciones de fiscalización ante posibles incumplimientos legales.

Fuente imagen: ANEP

Defensoría: Limitaciones afectan fiscalización de violaciones a derechos laborales

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Hay un inspector por cada 15.220 personas trabajadoras

La falta de recursos humanos, financieros, tecnológicos y de infraestructura, afecta directamente la capacidad de acción de la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo (DNI), del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral en el país.

Esta es la conclusión de un informe de la Defensoría de los Habitantes que determinó que, solo hay 80 personas inspectoras y 23 personas coordinadoras, es decir 103 funcionarios/as para atender a más de 1.6 millones de personas trabajadoras, lo que equivale a un inspector por cada 15.220 personas trabajadoras, según los datos del 2024 facilitados por la DNI.

Debido a esta situación, la DNI requiere de un 50 % más de recurso humano. Cabe destacar que, algunas oficinas regionales, solo cuentan con un coordinador y un inspector para atender el territorio, mientras que la sede regional Brunca carece de inspectores, por ejemplo.


  1. En cuanto al presupuesto ha venido en disminución desde el año 2019 al 2024 y pese a que el Código de Trabajo, en su artículo 679, establece en su inciso a) que el 50 % del total recaudado por concepto de las multas recolectadas, como resultado de infracciones laborales, debe ser asignado a la DNI para la mejora de sus sistemas de inspección, desde el año 2019 este dinero no ha sido asignado.


Resulta importante indicar que, la falta de presupuesto genera una afectación sustancial en la contratación de recurso humano, así como de la infraestructura que venga a cumplir con las condiciones mínimas –algunas con órdenes sanitarias- y en la tenencia de la adecuada flotilla vehicular para el cumplimiento de las inspecciones de campo por parte de los inspectores; los viáticos no son suficientes, los suministros de papel y de limpieza se agotan, entre otros.

Sobre el tema de infraestructura, la oficina de Quepos se encuentra en proceso de cierre por motivo de una orden sanitaria. De la información recabada se constató que existe la limitante por ley para el alquiler de nuevas oficinas, sin embargo, preocupa a la Defensoría que la DNI, por falta de presupuesto, no pueda atender la necesidades de infraestructura y mantenimiento que necesitan las oficinas que mantienen en funcionamiento, y deba proceder con los cierres de éstas, por motivo de ordenes sanitarias, debiendo entonces en algunos casos al traslado de las mismas y establecer convenios con otras instituciones de zonas aledañas que vengan a prestar bienes inmuebles para uso de oficinas.

La Defensoría le giró recomendaciones al Ministerio de Trabajo, entre las que destaca revisar, de manera urgente, las razones por las cuales la DNI no está recibiendo el 50 % del total recaudado por concepto de las multas recolectadas, como resultado de infracciones laborales. En caso de proceder su asignación, de manera inmediata, realizar las gestiones administrativas pertinentes para su ejecución.

Por otro lado, una vez determinada las razones por las cuales esos dineros no ingresaron a la DNI, la Defensoría recomienda valorar la apertura de una investigación administrativa para identificar eventuales responsabilidades en torno al tema, así como acciones correctivas.

Finalmente, es necesario realizar mejoras en la planificación estratégica y la ejecución de los recursos, apoyando a la DNI con personal de otras oficinas y prontamente con la asignación de más plazas para el área de gestión.