Etiqueta: Defensoría de los Habitantes

Defensoría pidió cuentas sobre acciones país para la prevención de la corrupción

Escrito en 20/02/2026. Publicado en Derechos.

La Defensoría de los Habitantes solicitó cuentas al Ministerio de Justicia y Paz, como ente rector del sector seguridad ciudadana y justicia, sobre los avances en el diseño de la Política de Integridad y Prevención de la Corrupción.

Recientemente, se dieron conocer los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción a nivel mundial y Costa Rica bajo dos puntos porcentuales respecto al año anterior, pasando de 58 a 56 puntos, con lo cual se aleja del promedio de “democracias plenas” en el mundo (73 puntos); también se distancia del país con mejor puntaje en la región como lo es Uruguay; del promedio de países de la OCDE (64) y de la mejor puntuación nacional desde que se mide este índice (59 puntos en el año 2017), ocupando un décimo legar a nivel de América Latina.

La Defensoría de los Habitantes consultó a la cartera de Justicia si ya se cuenta con el marco estratégico de la política, incluyendo metas e indicadores; si ya se dispone del modelo de gestión y gobernanza debidamente redactado y revisado por los actores competentes, tal y como estaba programado; y, si se cuenta con un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de la Política. Otros puntos de los cuales se requirió información son los niveles de avance tanto del plan de acción como del sistema de gestión de riesgo, y la fecha estimada para su conclusión. Igualmente, los resultados que se han obtenido en cuanto a compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo, entre ellos, los mecanismos que incentiven la denuncia de actos de corrupción, sanciones, entre otros aspectos.

Finalmente, la Defensoría requirió al rector del ramo informar sobre la atención de las líneas de trabajo establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2027 para prevenir y sancionar la corrupción, entre ellas el fortalecimiento de la Estrategia de Gobierno Abierto, promoción de la transparencia e integridad en gobiernos locales y oficinas descentralizadas del sector público, acciones para evitar el conflicto de interés en actividades del Estado, creación de registros de lobistas y promoción de auditorías ciudadanas, entre otras aspiraciones planteadas en la planificación cuatrienal.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Defensoría: Hay un clamor por un giro de 180 grados en el sistema educativo

Escrito en 17/02/2026. Publicado en Educación.

La más reciente investigación de la Defensoría de los Habitantes sobre la situación del sistema educativo costarricense recoge la voz de más de 200 personas representantes de comunidades educativas, direcciones regionales y Juntas de Educación y Administrativas; quienes describen un panorama de desigualdad estructural y desarticulación institucional que obstaculiza el pleno ejercicio del derecho a la educación en diversas zonas del país. Los hallazgos cualitativos confirman que los recortes presupuestarios y la falta de acompañamiento técnico han debilitado la gestión local y profundizado las brechas entre centros urbanos y rurales.

Entre los principales desafíos identificados destacan la insuficiencia de recursos para infraestructura y mantenimiento, la falta de personal administrativo capacitado, y la excesiva burocracia en los procedimientos de ejecución presupuestaria. Estas limitaciones afectan especialmente a las regiones Huetar Norte, Brunca y Chorotega, donde los representantes educativos reportan retrasos de hasta un año en la aprobación de obras y en la transferencia de fondos. La consecuencia más grave de esta situación es la vulneración sostenida del derecho a la educación en condiciones de igualdad, particularmente para niñas, niños y adolescentes en contextos rurales y costeros.

El enfoque interseccional del informe permite identificar cómo estas brechas impactan de forma diferenciada a mujeres líderes de Juntas, docentes y madres cuidadoras, quienes asumen múltiples responsabilidades ante la ausencia de apoyo institucional. Asimismo, los pueblos indígenas y las personas con discapacidad enfrentan barreras adicionales vinculadas a la falta de infraestructura accesible, materiales inclusivos y acompañamiento técnico especializado. Estas realidades reflejan que la desigualdad educativa no es solo económica, sino también social, cultural y de género.

Las voces recogidas por la Defensoría resaltan una percepción generalizada de debilitamiento de la gobernanza educativa. Las Juntas, concebidas como espacios

de participación comunitaria, operan en muchos casos sin lineamientos claros, sin rendición de cuentas efectiva y con una dependencia excesiva de las Direcciones Regionales, que a su vez carecen de recursos y personal suficiente. Esta fragmentación institucional produce un círculo vicioso: comunidades sobrecargadas, autoridades educativas con escasa capacidad operativa y un sistema nacional que pierde cohesión y eficacia.

El informe también documenta una creciente fatiga institucional y social. Las personas entrevistadas expresaron que la carga de responsabilidades administrativas —sin acompañamiento ni formación— desincentiva la participación ciudadana y debilita el tejido comunitario que históricamente ha sostenido a la educación pública costarricense. Este desgaste compromete el sentido de corresponsabilidad y participación democrática en la gestión educativa, valores esenciales para la construcción de una sociedad inclusiva y solidaria.

Ante este panorama, la Defensoría de los Habitantes exhorta al Estado costarricense a reconfigurar la gobernanza educativa desde una perspectiva de derechos humanos, con mecanismos reales de participación, descentralización efectiva y fortalecimiento institucional. Ello implica garantizar recursos suficientes, asistencia técnica permanente y marcos de transparencia que devuelvan confianza a las comunidades. Escuchar las voces regionales no debe ser un ejercicio simbólico, sino el punto de partida para construir políticas públicas que respondan a la diversidad territorial, cultural y social del país.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Foto Anel Kenjekeeva

Defensoría: Fragilidad financiera en Juntas Administrativas amenaza equidad en la educación

Escrito en 16/02/2026. Publicado en Educación.

La Defensoría de los Habitantes afirma que el financiamiento de las Juntas de Educación y Administrativas —pilares de la gestión operativa del sistema educativo— presenta una marcada inestabilidad y un debilitamiento progresivo. Entre 2019 y 2024, el presupuesto asignado a estas instancias apenas creció un 6% nominal, lo que resulta insuficiente frente a la inflación acumulada y al aumento en la matrícula escolar. Esta realidad ha generado un deterioro sostenido en la capacidad de los centros educativos para cubrir servicios básicos como electricidad, limpieza, materiales didácticos y mantenimiento.

El análisis de la Defensoría muestra que en 2024 un 11% de las Juntas operaron con menos de ₡5,5 millones anuales, mientras que un 18% manejó más de ₡88 millones, lo que evidencia una brecha estructural en la distribución de recursos. Estas desigualdades territoriales implican que mientras algunos centros educativos pueden financiar adecuadamente la alimentación, infraestructura y programas extracurriculares; otros apenas logran sostener servicios mínimos. Esta polarización presupuestaria se traduce en oportunidades desiguales para niñas, niños y adolescentes según su lugar de origen, condición socioeconómica o pertenencia cultural.

Uno de los hallazgos más preocupantes es la contracción del Fondo de la Ley N.º 6746, principal fuente de financiamiento de las Juntas. En el período 2019–2024, dicho fondo pasó de ₡94.303 millones a ₡40.617 millones, una reducción del 56,9%, lo que ha limitado severamente la capacidad de las instituciones para garantizar servicios básicos. El monto promedio por estudiante disminuyó de ₡93.906 en 2019 a apenas ₡41.321 en 2024, evidenciando un retroceso en la progresividad del financiamiento educativo y una clara vulneración al principio de igualdad de condiciones.

La Defensoría también advierte que la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PANEA), uno de los principales mecanismos para garantizar el derecho a la

alimentación y la permanencia en el sistema educativo, presenta una brecha estructural: solo cubre el 63% del costo estimado para su universalización. Esto significa que cuatro de cada diez estudiantes no reciben una alimentación adecuada en los centros educativos, afectando especialmente a la niñez en condición de pobreza, a las comunidades rurales e indígenas, y a la educación especial. En términos de derechos humanos, esta situación representa una violación directa del derecho a la alimentación adecuada y a la igualdad de oportunidades educativas.

Asimismo, la Defensoría señala una insuficiencia crítica en infraestructura educativa, pues entre 2019 y 2022 los recursos destinados a este rubro se redujeron más de un 50%, y aunque en 2024 se registró un repunte, persisten riesgos de ejecución y desigualdades en la capacidad técnica de las Juntas para gestionar obras. A esta fragilidad se suman los recortes en arte, cultura y deporte, los cuales reflejan un retroceso en la educación integral y en la protección de los derechos culturales de la niñez y la adolescencia.

El estudio evidencia que la inestabilidad presupuestaria y la desigual capacidad de gestión local han trasladado a las comunidades educativas una carga desproporcionada. En 2024, los fondos propios generados por actividades comunales y aportes del personal docente alcanzaron casi ₡6.000 millones, una cifra que refleja el esfuerzo extraordinario de las comunidades por sostener el sistema educativo ante los recortes estatales. Este escenario, sin embargo, vulnera el carácter gratuito y universal de la educación pública consagrado en la Constitución Política.

La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado urgente a reformar el modelo de financiamiento educativo bajo criterios de equidad territorial, progresividad y transparencia, fortaleciendo la rectoría del MEP y el acompañamiento técnico a las Juntas. La educación no puede depender del voluntarismo comunitario, sino de un compromiso sostenido del Estado para garantizar condiciones dignas y equitativas para todas las personas estudiantes, sin discriminación.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Defensoría alerta: Desigualdades se profundizan en la educación pública

Escrito en 12/02/2026. Publicado en Educación, Portada.

Modelo de financiamiento afecta más a centros educativos rurales, costeros e indígenas, así como a estudiantes en condición de pobreza.

La Defensoría de los Habitantes advirtió hoy que el país enfrenta una crisis de equidad educativa provocada por la reducción sostenida del presupuesto destinado al Ministerio de Educación Pública (MEP) y la débil capacidad de gestión en los niveles locales. Esta combinación de factores ha generado un deterioro progresivo del derecho a la educación, evidenciado en brechas crecientes entre centros educativos según su ubicación territorial, recursos económicos disponibles y dirección regional.

La investigación reveló que los recortes acumulados en inversión educativa han afectado directamente la infraestructura, la alimentación escolar y la contratación de personal de apoyo, comprometiendo la calidad del aprendizaje y las condiciones de permanencia en las aulas. Las escuelas unidocentes, rurales e indígenas son las más afectadas: en varias regiones del país, las Juntas de Educación operan con presupuestos hasta cinco veces menores a los de instituciones ubicadas en zonas urbanas, lo que restringe su capacidad para garantizar condiciones dignas y seguras para la población estudiantil.

Desde un enfoque de derechos humanos, la Defensoría alerta que la falta de equidad presupuestaria constituye una forma de discriminación estructural, al reproducir desigualdades históricas que afectan a la niñez y adolescencia en situaciones de pobreza y a las personas estudiantes con discapacidad que enfrentan mayores barreras de acceso. Estas desigualdades violan los principios de progresividad, igualdad y no regresividad que rigen las obligaciones del Estado en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

Para la Defensoría el modelo actual de gestión educativa no garantiza la transparencia ni la rendición de cuentas adecuadas. La complejidad administrativa, la limitada capacidad técnica en las Juntas y la ausencia de acompañamiento institucional dificultan la ejecución oportuna de los recursos, generando atrasos significativos en el mantenimiento, adquisición de materiales y ejecución de programas sociales. Esta situación debilita la confianza pública y aumenta la

desigualdad entre centros que logran gestionar recursos propios y aquellos que dependen exclusivamente de transferencias estatales.

La Defensoría recomendó reformar de manera estructural el modelo de financiamiento educativo, asegurando un presupuesto estable, equitativo y progresivo que priorice a los centros con mayores desventajas sociales y territoriales. Propone, además, fortalecer la rectoría del MEP en la supervisión de las Juntas de Educación y Administrativas, implementando mecanismos de asistencia técnica permanente y auditorías preventivas con enfoque territorial y de derechos humanos.

Para la Defensoría es crucial garantizar la educación como un derecho humano y ello exige una política fiscal comprometida con la justicia social, donde los recursos se asignen de acuerdo con las necesidades reales de las comunidades y no únicamente por criterios administrativos. Esto implica recuperar el mandato constitucional del 8% del PIB para educación, invertir en infraestructura resiliente, ampliar los programas de alimentación y transporte escolar, y promover una gestión educativa inclusiva que incorpore la voz de las comunidades.

La Defensoría de los Habitantes reafirma su llamado al Estado para que coloque la educación pública en el centro de la agenda nacional, como condición indispensable para la igualdad, la cohesión social y la democracia. Superar la desigualdad educativa requiere un compromiso político sostenido que reconozca que cada recorte presupuestario implica un retroceso en la vida y el futuro de miles de niñas, niños y personas adolescentes en todo el país.

Comunicación Defensoría de los Habitantes

Defensoría: Reducción del financiamiento pone en riesgo el derecho a la educación

Escrito en 11/02/2026. Publicado en Educación.

Una reciente investigación realizada por la Defensoría de los Habitantes vuelve a apuntar sobre el riesgo que significa para la sostenibilidad del sistema educativo seguir por el camino de la reducción en el financiamiento.

El gasto público destinado a educación ha disminuido del 7,8% del PIB en 2019 al 5,5% en 2025, incumpliendo el mandato constitucional que establece un mínimo del 8%. Esta reducción refleja una pérdida sostenida de prioridad política y fiscal hacia uno de los pilares fundamentales del desarrollo humano y social costarricense.

El más reciente informe de la Defensoría insiste que esta contracción presupuestaria no solo debilita la capacidad institucional del Ministerio de Educación Pública (MEP), para ejecutar programas estratégicos, sino que además impacta directamente en la calidad de los aprendizajes, la infraestructura educativa y la equidad territorial. Entre 2015 y 2025, el país ha experimentado una caída sostenida en los resultados de las pruebas internacionales PISA, con pérdidas acumuladas de hasta 24 puntos en matemáticas y 28 en lectura, lo que evidencia el vínculo entre la reducción de recursos y el deterioro de los aprendizajes básicos.

Desde un enfoque de derechos humanos, la Defensoría subraya que el principio de progresividad exige al Estado avanzar de forma constante en la garantía del derecho a la educación de calidad (inclusiva, equitativa y pertinente), evitando retrocesos injustificados. Sin embargo, los recortes presupuestarios en programas esenciales —como alimentación escolar, infraestructura y formación docente— constituyen una forma de regresividad que afecta desproporcionadamente a las comunidades rurales, costeras, indígenas y a las personas estudiantes con discapacidad. En estas poblaciones, la falta de recursos compromete la permanencia escolar y amplía las brechas estructurales de desigualdad.

Asimismo, la Defensoría señala que la erosión progresiva del presupuesto educativo ha limitado el alcance de políticas de inclusión y equidad, debilitando programas como el de becas y transporte estudiantil. De esta forma, la educación pública, históricamente reconocida como motor de movilidad social, enfrenta hoy una precarización institucional que amenaza su papel como herramienta de justicia social. La Defensoría destaca que esta tendencia contradice los compromisos internacionales asumidos por el Estado costarricense ante la UNESCO y el Comité de los Derechos del Niño.

Por otro lado, la investigación identifica una creciente inestabilidad presupuestaria en el MEP, con variaciones interanuales negativas desde 2019 y una dependencia de decisiones coyunturales. Ello ha generado un efecto dominó en las Juntas de Educación y Administrativas, que hoy deben asumir con recursos limitados la continuidad de servicios básicos en las escuelas y colegios. Esta situación expone a las comunidades educativas a vulneraciones indirectas del derecho a la educación y profundiza la desigualdad entre territorios con distinta capacidad de gestión local.

La Defensoría de los Habitantes hace un llamado urgente a revertir la tendencia de desinversión educativa, priorizando la educación como inversión estratégica para el desarrollo nacional. Fortalecer la gobernanza, garantizar estabilidad financiera y asegurar la equidad en la asignación de recursos son condiciones esenciales para que la educación continúe siendo un instrumento de justicia social, cohesión y democracia.

Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría alza la voz por 45 mil pensionados que siguen sin aumentos por costo de vida

Escrito en 09/02/2026. Publicado en Trabajo.

*Llevan ya 5 años sin recibir un ajuste a sus pensiones. Se trata de personas jubiladas que están en el Régimen Transitorio de Reparto bajo la administración de JUPEMA y otros que también están con cargo al Presupuesto Nacional administrado por la Dirección Nacional de Pensiones.

Un total de 45 mil personas pensionadas llevan 5 años sin recibir ningún ajuste por costo de vida, lo que hizo que la Defensoría de los Habitantes solicitara a la Asamblea Legislativa la urgente necesidad de promover iniciativas legislativas que permitan revisar el actual modelo de ajuste por costo de vida aplicable a las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto y también aquello con cargo al Presupuesto Nacional, a fin de garantizar un mecanismo de actualización periódico, técnico y sostenible.

Para la Defensoría el no ajuste de las pensiones por costo de vida trae graves consecuencias para la vida de las personas pensionadas adultas mayores, quienes se enfrentan a una pérdida progresiva del poder adquisitivo; así como enfrentarse al impacto de aumentos en bienes y servicios esenciales como la salud, compra de medicamentos, alimentación y, servicios públicos, colocando a esta población a una situación de vulnerabilidad económica.

Toda esta problemática se registra ante la decisión de congelar los incrementos salariales por costo de vida, y en acatamiento del principio de legalidad y de lo establecido en el artículo 11, título IV, de la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas—, pues únicamente sería posible otorgar nuevos aumentos cuando el país alcance un nivel de deuda que permita ampliar el gasto corriente, y solo así podrían autorizarse ajustes por costo de vida tanto para los servidores públicos activos como, consecuentemente, para las personas pensionadas.

Para la Defensoría el no aumento por costo de vida de las pensiones constituye una medida regresiva de los derechos sociales y económicos, ya que disminuye la protección económica previamente garantizada y por ello, cualquier disposición normativa regresiva debe ser justificada, proporcionada y sobre todo temporal, en virtud de que la ausencia de ajustes puede empujar a un número creciente de personas adultas mayores hacia situaciones de pobreza, pobreza extrema o indigencia. Valga la pena indicar que el ajuste de las pensiones es un derecho adquirido por parte de los pensionados, y que el mismo debe responder a criterios no abusivos sino proporcionales y razonables.

Si bien el Ministerio de Hacienda, mediante oficio n.° MH-DM-1594-2025, de fecha 13 de octubre de 2025, informó a esta Defensoría que para este año 2026 se realizó una previsión presupuestaria anual en remuneraciones y contribuciones sociales, a fin de cubrir un monto de hasta ¢10.000,00 por concepto de incremento por costo de vida para los salarios de los empleados públicos bajo la modalidad de salarios compuestos; es preciso señalar que dicho aumento no soluciona el problema denunciado. Lo anterior obedece, en primer término, a que el incremento aún no se ha materializado y, en segundo lugar, a que continúan vigentes las disposiciones legales que vinculan el ajuste por costo de vida de las personas pensionadas a los aumentos salariales de los empleados públicos.

En consecuencia, esta Defensoría considera indispensable efectuar las reformas normativas correspondientes, con el fin de evitar que este tipo de congelamiento vuelva a presentarse en el futuro, así como un medio para hacer justicia a las personas pensionadas del Régimen Transitorio de Reparto y de aquellas con cargo al Presupuesto Nacional.

La Defensoría de los Habitantes tiene conocimiento que ante la Asamblea Legislativa se presentó el proyecto de ley 24.353, el cual pretende reconocer el ajuste por costo de vida a aproximadamente 30.000 personas cuyas pensiones han permanecido congeladas durante el último quinquenio. Dicho proyecto fue aprobado por la Comisión de Asuntos Hacendarios y se encuentra a la espera de ser remitido al Plenario Legislativo en sesiones ordinarias. De ahí que sea necesario su conocimiento en Plenario.

Denuncian violación de derechos colectivos de la población afrodescendiente en decreto que reconoce su carácter tribal

Escrito en 23/01/2026. Publicado en Comunidad.

Una denuncia formal presentada ante la Defensoría de los Habitantes de la República señala graves afectaciones a los derechos colectivos de la población afrodescendiente, reconocida como pueblo tribal conforme al Convenio 169 de la OIT, debido a irregularidades sustantivas en la elaboración y aprobación del Decreto Ejecutivo N.° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP.

La solicitud fue interpuesta por Marco Levy Virgo, ciudadano afrodescendiente de Limón, quien denuncia que el decreto —aunque reconoce formalmente el autorreconocimiento del pueblo afrocostarricense como tribal— fue tramitado sin respetar principios fundamentales de consulta previa, transparencia administrativa y participación efectiva, lo que vulnera derechos protegidos tanto por la Constitución Política como por el derecho internacional de los derechos humanos.

Auditoría interna confirma graves omisiones administrativas

La denuncia se sustenta, entre otros elementos, en un informe de auditoría interna de Casa Presidencial emitido en respuesta a una gestión canalizada previamente ante la Procuraduría General de la República. Dicho informe concluye que no existe expediente administrativo que respalde la elaboración, revisión y aprobación del decreto, y que su tramitación se realizó de manera informal, principalmente mediante intercambios de correos electrónicos entre personas funcionarias.

El informe también documenta la ausencia de trazabilidad institucional, la falta de coordinación entre los ministerios firmantes y irregularidades en el proceso de publicación oficial, lo que compromete la validez jurídica del acto administrativo y contraviene normas básicas de la administración pública y del control interno estatal.

Falta de consulta previa y afectación de derechos colectivos

Más allá de las irregularidades formales, la denuncia enfatiza que el decreto fue emitido sin consulta previa, libre e informada a las comunidades afrodescendientes, incumpliendo el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Costa Rica desde 1992.

Según se expone, el reconocimiento como pueblo tribal no es un acto meramente simbólico, sino que conlleva derechos colectivos sustantivos, como la participación en decisiones que les afectan, la protección de su identidad cultural y mecanismos efectivos de autodeterminación. La omisión de la consulta convierte el reconocimiento en un acto unilateral del Estado que reproduce la discriminación estructural, al reconocer derechos en el papel pero negarlos en la práctica.

La denuncia recuerda que tanto la Sala Constitucional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido de forma reiterada la obligatoriedad de la consulta cuando se adoptan medidas administrativas o normativas que afectan directamente a pueblos indígenas y tribales, incluyendo a poblaciones afrodescendientes.

Solicitud de intervención urgente de la Defensoría

Ante este escenario, se solicita a la Defensoría de los Habitantes que intervenga de manera inmediata ante el Poder Ejecutivo para resguardar los derechos colectivos de la población afrodescendiente, investigue las irregularidades detectadas, promueva enmiendas al decreto y recomiende mecanismos efectivos de participación, incluida la consulta previa.

La gestión también plantea la necesidad de acciones correctivas que eviten regresiones en derechos humanos, así como la eventual activación de instancias judiciales si persiste la inacción institucional.

El caso pone nuevamente en el centro del debate público la situación de los derechos colectivos de los pueblos tribales afrodescendientes en Costa Rica, y la distancia que aún persiste entre el reconocimiento normativo y su aplicación real.

Crecen las muestras de solidaridad hacia Stella Chinchilla en redes y organizaciones sociales

Escrito en 14/01/2026. Publicado en Derechos.

Por Juan Carlos Cruz-Barrientos

La comunicadora y activista socioambiental Stella Chinchilla ha recibido en las últimas horas una amplia ola de respaldo público en redes sociales y plataformas digitales, luego de que se diera a conocer una denuncia en su contra que diversos colectivos califican como un intento de criminalización del activismo.

Organizaciones sociales cierran filas

Uno de los pronunciamientos más difundidos proviene de SURCOS Digital, que publicó un comunicado firmado por múltiples organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. El texto señala que el señalamiento contra Chinchilla constituye “un acto de violencia simbólica y política contra una mujer activista que ha dedicado años a la defensa del ambiente y la democracia”.

Por su parte, el colectivo Bloque Verde advirtió que el caso refleja “una peligrosa tendencia a perseguir voces críticas mediante estrategias de intimidación”. Ambas declaraciones han circulado ampliamente en Facebook y X, generando cadenas de apoyo, debates públicos y llamados a reforzar la vigilancia ciudadana.

Diversas organizaciones de mujeres y agrupaciones feministas también se sumaron al respaldo, denunciando que las acciones contra Chinchilla constituyen violencia política y un intento de amedrentar a una mujer defensora de derechos humanos. Estos grupos reiteraron su compromiso de acompañarla y de mantener la vigilancia ante cualquier forma de hostigamiento.

Apoyo ciudadano en redes sociales

En su propio perfil de Facebook, Chinchilla ha agradecido la solidaridad recibida y ha insistido en que su caso no es aislado. En una de sus publicaciones, citada por medios nacionales, afirmó: “Gracias a todas las personas que me han escrito. No estoy sola y no nos van a callar”.

Usuarios de redes sociales han respondido con mensajes de respaldo, denunciando lo que consideran una campaña de desprestigio. Entre los comentarios más recurrentes destacan llamados a “no soltar a Stella” y a defender la libertad de expresión frente a prácticas de vigilancia estatal.

Diversos medios digitales han dado seguimiento al caso y han destacado la magnitud del apoyo recibido. La Teja reportó que Chinchilla ha utilizado sus redes para explicar su situación y que cuenta con una “amplia red de apoyo” que la respalda públicamente. AM Prensa, por su parte, subrayó que sus declaraciones han sido clave para denunciar lo que ella considera un montaje político en su contra.

Organizaciones exigen acción urgente de la Defensoría

En paralelo a las muestras de solidaridad, un amplio bloque de organizaciones sociales, colectivos feministas y personas defensoras de derechos humanos presentó una solicitud formal de acción urgente ante la Defensoría de los Habitantes. El documento advierte que el caso de Chinchilla evidencia la ausencia de un mecanismo nacional de protección para personas defensoras de derechos humanos en Costa Rica.

Las organizaciones señalan que lo ocurrido con Chinchilla se inscribe en un contexto de debilitamiento del Estado de derecho, aumento de la estigmatización y un clima de hostigamiento que, según denuncian, incluye agresiones provenientes de agentes estatales o estimuladas por el discurso gubernamental. La carta recuerda que desde 2017 se han presentado solicitudes formales para crear un mecanismo de protección y un protocolo especializado de investigación, sin que el Estado haya adoptado medidas concretas.

El pronunciamiento también cita recomendaciones internacionales, como las observaciones del Comité CEDAW sobre los riesgos que enfrentan las mujeres defensoras, y los estándares reafirmados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2025, que obligan a los Estados a prevenir, proteger e investigar agresiones contra personas defensoras.

En este marco, las organizaciones solicitan a la Defensoría intervenir de inmediato en el caso de Chinchilla, impulsar la creación del mecanismo nacional de protección y promover un protocolo especial de investigación con enfoque de género. Advierten que la inacción estatal no solo incrementa los riesgos, sino que debilita la democracia en un contexto político preelectoral.

Un patrón claro: defensa del activismo y denuncia de persecución

Las publicaciones analizadas muestran coincidencias en varios puntos: rechazo a la criminalización del activismo socioambiental; señalamientos de misoginia y violencia política contra una mujer comunicadora; críticas a prácticas de vigilancia atribuidas a cuerpos de seguridad del Estado; y llamados a mantener la solidaridad y la presión pública.

La conversación digital continúa creciendo, y distintos sectores sociales insisten en que el caso de Stella Chinchilla debe ser observado con atención para evitar precedentes que afecten la libertad de expresión y el derecho a la protesta.

Un cierre marcado por el hostigamiento

La denuncia coincidió con la aparición de una campaña de recolección de firmas que, en cuestión de horas, sumó cientos de adhesiones antes de ser bloqueada por Google, un hecho que sus seguidores interpretan como parte del clima de hostigamiento que rodea el caso.

Documento responsabiliza a las autoridades ante supuesta desaparición de menores por desalojo

Escrito en 10/01/2026. Publicado en Derechos.

Una carta dirigida a la Presidencia de la República, al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y a la Defensoría de los Habitantes denuncia la supuesta desaparición de siete personas menores de edad tras el desalojo de 77 familias en la comunidad de Chorreras, cantón de San Carlos, ocurrido a finales de noviembre pasado (en la imagen una de las casas de la comunidad).

El documento —remitido también a instancias nacionales de protección de derechos humanos— advierte que la desaparición de las personas menores se habría producido en el contexto de un operativo calificado como violento, desproporcionado y carente de planificación, en el que participaron distintas autoridades estatales, entre ellas el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), la Fuerza Pública y la Policía de Migración.

Las personas firmantes recuerdan que la niñez es responsabilidad directa del Estado costarricense, independientemente de su origen social o situación habitacional, y subrayan que Costa Rica ha ratificado instrumentos internacionales clave como la Convención sobre los Derechos del Niño, así como otros convenios que obligan a garantizar la protección integral de las personas menores.

La carta identifica con nombre y número de identificación a las siete personas menores presuntamente desaparecidas y señala que, a varios días de interpuesta la denuncia, no existía información clara sobre su paradero, pese a la gravedad del caso. Según se expone, no figuraban en registros oficiales del PANI, albergues, Migración ni informes públicos, lo que incrementó la preocupación de familiares, comunidades y organizaciones sociales.

El texto recoge además testimonios de personas de la zona, quienes describen escenas de pánico durante el desalojo: presencia policial fuertemente armada, uso de amenazas, cierre de caminos y huida de familias —incluidas personas menores— hacia el río San Juan, ante el temor de detenciones o encarcelamientos. Un abogado penalista citado en la carta califica el operativo como una acción inédita en el país por su nivel de violencia y desorden.

Las personas y organizaciones firmantes responsabilizan a las autoridades ejecutoras y a quienes ordenaron el desalojo por el terror provocado, especialmente en la niñez, y advierten que la supuesta desaparición no puede desligarse del clima de miedo generado durante el operativo. Asimismo, exigen una respuesta clara y urgente del Estado y anuncian que, de no obtenerla, elevarán el caso a instancias nacionales e internacionales de derechos humanos.

A continuación, se reproduce íntegramente la carta enviada a las autoridades, tal como fue recibida por SURCOS.

SURCOS comparte la carta con firmas tal como fue enviada a la Presidencia de la República, al PANI y a la Defensoría de los Habitantes.

San José, 9 de enero 2026

Presidencia de la República
Defensoría de los Habitantes
Patronato Nacional de la Infancia

Quienes suscribimos esta denuncia, personas físicas, organizaciones sociales y el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca, acudimos a las máximas autoridades de la República, del Patronato Nacional de la Infancia y de la Defensoría de los Habitantes porque consideramos muy grave la supuesta desaparición de siete personas menores a raíz del brutal desalojo de 77 familias en la comunidad de Chorreras en San Carlos.

Quisiéramos recordar el compromiso adquirido frente a todo el país, el 8 de mayo de 2022, por el señor Rodrigo Chaves Robles cuando afirmó: “Si el Estado no puede garantizar la seguridad de sus habitantes, hemos fracasado como país, y el fracaso no es admisible para quien sirve a la Patria con amor”. La mejor expresión del amor social es el respeto a los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos constituye el gran salto cualitativo de la Humanidad después de los horrores vividos durante la Segunda Guerra Mundial.

Universales significa que no tienen nacionalidad, clase social, edad, rango, color de piel u origen étnico. Esos siete infantes eran y son responsabilidad del Estado costarricense. Sus nombres y número de identificación son:

Alondra González Dávila – 6-0553-0829

Dilan Gael González Dávila – 2-1053-687

Jacksón Rivera Dávila – 210300445

Liam Daniel Rivera Dávila – 211100547

Balbino Steven Rivera Dávila – 1-2242-0425

Pamela Rivera Dávila – 2-0907-0060

Julíeth González Dávila – YR2022-26288

También traemos a colación la ratificación que Costa Rica ha realizado de:

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)(1989): El principal tratado internacional de derechos humanos para niños, niñas y adolescentes, ratificado por Costa Rica en 1990.
Protocolos Facultativos de la CDN:
1. Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados (2000).
Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (1998): Protege a los niños de la sustracción internacional y garantiza el respeto de los derechos de custodia y visita.

Por estas razones, esperamos una respuesta digna de los marcos legales que protegen a la niñez en nuestro país.

10 de diciembre

Día Internacional de los Derechos Humanos

Siete menores aterrorizados y desaparecidos en Costa Rica

por brutal desalojo en San Carlos

Exigimos al gobierno costarricense respeto a los Derechos Humanos

A finales de noviembre, nos conmovió y nos dolió mirar y escuchar los videos que circularon a raíz del desalojo de más de 70 familias de la comunidad de Chorreras en San Carlos. ¡Cómo nos hubiera encantado ver al MINAE (Ministerio de Ambiente y Energía) con la misma diligencia y operatividad para el caso de la tala ilegal en Gandoca Manzanillo!

Hoy, 11 de diciembre, se nos ha mezclado el dolor con el estupor y la indignación al leer en el Semanario Universidad la noticia: Denuncian supuesta desaparición de siete menores costarricenses tras el desalojo de más de 77 familias en Chorreras. Según la noticia, el PANI recibió la denuncia de la desaparición de siete menores de edad desde el 4 de diciembre y el martes, es decir el 16, se “participaría en una reunión interinstitucional sobre el caso”. Doce días después de puesta la denuncia. ¡Cuánta celeridad para atender un caso de tal magnitud y gravedad!

Dos personas de San Carlos describen el horror de lo sucedido en la comunidad de Chorreras:

“…la activista Susan Rodríguez, del Observatorio Ciudadano de La Fortuna, afirmó que, después del operativo, siete menores costarricenses no aparecen en ningún campamento, albergue, lista del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Migración o informe oficial y que hoy su paradero es completamente desconocido”. Esa desaparición se dio a la vista y paciencia de funcionarios de los ministerios de Ambiente y Energía (MINAE), de Seguridad Pública, de Salud, de la Policía Profesional de Migración y de la Fuerza Pública quienes, de acuerdo con los testimonios, actuaron con violencia sin acatar las normas y cuidados que requieren las personas menores, adultas mayores, con necesidades especiales y las mujeres.

Así lo puntualizó un abogado penalista: “Francamente yo no había visto en Costa Rica una acción de este tipo. Sencillamente llegó la policía con cualquier cantidad de perreras, fuertemente armada, encañonaron a todo el mundo, los hicieron sacados de las casas y les dijeron ‘salgan porque vamos a derribar las casas’. En esa confusión que se generó, al no hacerlo de forma planificada ni resguardando las garantías básicas de las personas, cerraron los caminos”.

“La gente se asustó porque creyeron que los iban a detener o mandar a la cárcel y muchas personas, incluyendo niños, optaron por buscar el río (San Juan); mucha gente se montó en botes y salió asustada huyendo”^[1].

Responsabilizamos a todas las autoridades involucradas en ese operativo del terror provocado sobre todo en las personas menores de edad, pues la desaparición no se puede desligar de ese terror implantado, del irrespeto de las garantías básicas y de los derechos humanos. Tanto las autoridades ejecutantes del desalojo como quienes lo ordenaron y lo permitieron deben dar cuentas del irrespeto a los derechos humanos.

Exigimos una respuesta clara de esas autoridades y veremos los procedimientos pertinentes para elevar este caso a los organismos nacionales e internacionales pertinentes.

¿Cómo quedarnos indiferentes frente a esto: “En este momento es que no se sabe si algunos niños tomaron un bote, no se sabe qué pasó, si se ahogaron en el río, si están detenidos por la policía en el lado de Nicaragua, o si están escondidos; no sabemos nada”?

Gobierno de Costa Rica:

¡Respete los Derechos Humanos de la niñez y sus familias!

Firmas que suscriben

A nivel personal

Albertina Alfaro Chinchilla
Alejandra Bonilla Leiva
Alejandra Martínez Gamboa
Alejandro Augusto García Valerio
Allen Cordero Ulate
Allisson Villalobos
Amsi Mariana López Valverde
Ana Cecilia Jiménez Arce
Ana Franzen

Andrea Brenes Gómez

Andrea Cordero
Ángel Hernando Sánchez

Angélica Alvarado Barrantes

Angie Loría Arroyo
Ann Marie Saidy
Aroon Abarca Guillén
Blanca Arce López
Bruno de Jesús Coto Barboza
Carlos Cabezas Mora
Carlos Luis Martínez Méndez
Carlos Manuel Muñoz Jiménez

Carmen María Chacón Mora
Carmen María Rojas González

Carolina Soto
Casilda Sancho
Catarina Goldoni Ruíz
Cecilia Castillo Nanjarí

Christopher Castillo
David Morera Herrera
Digna Rivera Navas

Edison Valverde Araya
Elí Ortiz Torres

Fabiola Bernal Acevedo

Fedra Brenes Sánchez
Félix López Zambrana

Flora de los Ángeles García Zamora
Gabriela Mayorga López
German Masís Morales
Gerardo Cerdas Vega
Gerardo Cruz Zuchini
Gerardo Vázquez Gamboa
Giselle Arce Fonseca

Gloriana Carranza Bonilal

Grace Serrano Corea
Guadalupe Urbina Juárez

Guiomar del Rocío Martín Tedman
Guiselle Gómez Hernández

Héctor Ferlini-Salazar
Henry Mora Jiménez
Hernán Arroyo Calderón
Idalía Mirjana Morales Alfaro

Irené Barrantes Jiménez
Isabel Ducca Durán

Ivonne García Bueso

Jahaira Jarquin
Jesenia Cid

Jimena Alejandra Vargas Forero
Jorge Amador González

José Alberto Amesty Rivera
José Joaquín Meléndez González
José Mario Villalobos Corella

Juan Martín Escuza Cervera
Julieta Dobles Izaguirre
Julieta Rodríguez Arias
Karina Vargas Espinoza
Katherine Rodríguez Oreamuno
Kattia Isabel Castro Flores

Kendra Hall Fune
Kimberling Martinez

Laura Carolina Garrigues Herrera

Ligia Barrantes Cartin
Luis Alberto Salas Sarkís
Luis Ángel Céspedes Rodríguez

Luis Carlos Bonilla Soto

Luis Mario Solano Víquez

Luis Paulino Vargas Solís

Madeline Kiser
Marbella Martin Fragachán

Marcela Dumani Echandi

Marcela Naranjo Segura

María Cecilia Mora Camacho

María Elena Amen Castillo

María Elena López
María Gabriela Soto Muñoz

María Trejos Montero
Maricela del Carmen Fernández Zambrano
Marielos Muñoz Solórzano
Maya Álvarez Aravena

Maylin Karlson Flores

Miguel Barrios Gutiérrez.
Minor Corrales Gamboa

Miranda Sequeira Guzmán

Naomi Jiménez Jarrett

Natalia Caro Bernal

Nicole Scott Fonseca
Nidia Fonseca

Ninoska Varinia Pineda Ordoñez

Noah Phillips Álvarez
Nubia Ordónez Ugalde
Nuria Calvo Fajardo
Nuriet Sandí Morales
Olman Bolaños Ortiz
Olman Bolaños Vargas
Orlando Barrantes Cartín
Patricia Blanco Picado
Paz McLean Pérez
Rafael Barrantes
Rafael Isaac Gutiérrez Ramírez
Ricardo Sánchez Andrés
Rocío Ramírez Varela
Roger Chaves Grijalba
Rosa María Soto Quesada
Ruth Martínez Carrillo
Ruth Vindas Benavides
Sandra Vergara
Sharo Rosales Arce
Shi Alarcón-Zamora
Sileny Vásquez Orozco
Silvia Regina de Lima Silva
Sofia Gutiérrez Guido
Sonia Ulate Fallas
Susan Rodríguez Calvo
Suy Wong Ugalde
Tyronne Esna Montero
Wilson Arroyo
Ximena del Rio Urrutia
Yajaira Rojas Jiménez
Yamileth Monterrey López
Yasy Morales Chacón

Organizaciones o colectivos

Agrupación Universitaria Raíz UCR
Asociación Costarricense de Derechos Humanos
Asociación de Estudiantes de Sociología UCR
Asociación de Mujeres por los Derechos en Guanacaste Alza tu Voz-Carrillo, Guanacaste
Asociación Ecoturística Barra del Colorado.
Buen Vivir-CR
Casa del migrante
Coalición Feminista
Colectivo de Apoyo a doña Digna Rivera
Comisión Vertiente Atlántica
Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT-Costa Rica)
Consejo Iriria Sätkök-Organización Autónoma del Territorio Ancestral Yäbamï Dí kàtá, conocido como Cabagra
Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI)
Feministas en Resistencia
Frente Ecologista Universitario (FECOU)
Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS)
Grupo de seguimiento Agenda CEDAW
Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense
Juventud Vanguardista Costarricense
Luciérnagas Sobre Ruedas
Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC)
Mujeres en Lucha Social
Mujeres peladoras y procesadoras de camarón barra del colorado
Observatorio Ciudadano
Partido Izquierda Costarricense (PIZCO)
Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT)
Partido Vanguardia Popular (PVP)
Red de Mujeres para la Incidencia Social y el Desarrollo (REMISOD)
Sindicato Unitario de la Uned

España

SOS Ribagorza

Honduras

Hedme Castro – ACI Participa

Christopher Castillo -ARCAH

Ecuador

Sisa Pacari – Pueblo Saraguro

Venezuela

Unión Evangélica Pentecostal Venezolana

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

Integrantes del Consejo Consultivo:

Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH), María Cardona Mejía Defensora de Derechos Humanos, Dr. Mario Hernández Álvarez Coordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia, Víctor Osorio Cadena Presidente del Sindicato Nacional Memoria Viva; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global e integrante del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos, Suiza José Manuel González López, Gerardo Romero Luna y Mariella Bauer integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela Hugo Alberto Nieves Integrante del Movimiento Político – Social VAMOS, Zuleima Vergel Guerra Vocera Nacional del Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Indhira Libertad Rodríguez Red de Colectivos La Araña Feminista, José Miguel Gómez García Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Ali José Álvarez Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos – Movimiento Cultural Campesino Los Arangues Venezuela; Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha UOSISP de Ecuador; Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Ex Secretario General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB; Guatemala Hugo Garrido Secretario Ejecutivo de la Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala – CIEDEG; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins del Movimiento de Favelas de Rio de Janeiro; Perú Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega, Chile Pablo Ruiz integrante del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; Honduras Coordinador General Christopher Castillo de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras ARCAH; México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM, Dr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Felix Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas, Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH, Lic. Jocelyn García Fondón Integrante del Secretariado Técnico del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Costa Rica Orlando Barrantes Cartín Coordinador General del Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC – Costa Rica.

Organizaciones integrantes:

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos: Soldepaz – Pachakuti de España; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo Suiza, de Suiza; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo EU, Alianza por la Justicia Global de Estados Unidos; Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Red de Colectivos La Araña Feminista, Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Movimiento Cultural Campesino Los Arangues de Venezuela; Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Sur Occidente Colombiano Antonieta Mércury; Sindicato Nacional Memoria Viva de Colombia; Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala – CIEDEG Guatemala; Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha (UOSISP) de Ecuador; Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Alianza por un mejor Darién – AMEDAR de Panamá; Movimiento Alfa y Omega de Perú; Movimiento de Favelas de Rio Janeiro Brasil; Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; Campaña Popular Palestina contra el Muro de Apartheid (Stop the Wall), Coalición de la Defensa de la Tierra Palestina Unión Palestina Campesina (Palestinian Farmers Union) de Palestina; Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) de Honduras; Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC), Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI) y Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco (FPDT-Atenco), Taller del Sur, Colectivo de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México – Centro Cultural Las Jarillas, Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (OPEZ – FOSICH), Colectivo Ocho Trueno, Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino (CUSPPA), Colectivo Insurrección Visual de México; Costa Rica Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC.

[1] Pomareda, F. (2025, 10 de diciembre). Denuncian supuesta desaparición de siete menores costarricenses tras el desalojo de más de 70 familias en Chorreras

Defensoría impulsa el desarrollo del Observatorio Nacional de DDHH

Escrito en 10/12/2025. Publicado en Derechos.

La Defensoría de los Habitantes, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentó el día de hoy un primer componente de la iniciativa “Observatorio Nacional de Derechos Humanos” (ONADH), un instrumento pionero que permitirá contar con información articulada, oportuna y basada en evidencia para identificar vulnerabilidades, monitorear riesgos y fortalecer la gobernanza en derechos humanos en Costa Rica.

Durante el evento se expusieron los principales avances del proceso, incluyendo el diseño conceptual, normativo y tecnológico del Observatorio; el fortalecimiento de capacidades institucionales en gestión de datos y evaluación de políticas públicas; y la creación colaborativa de un dashboard (tablero de datos) que constituye el primer componente tecnológico del proyecto.

La Defensora de los Habitantes Angie Cruickshank Lambert expresó “El ONADH es una iniciativa prioritaria de mi gestión como Defensora de los Habitantes. Es uno de mis compromisos fundamentales ante el Poder Legislativo y ante la sociedad costarricense y pretende ser una herramienta estratégica para fortalecer la capacidad institucional de registro, visualización y monitoreo de información así como el análisis integral de vulneraciones y amenazas a los Derechos Humanos de las y los habitantes”

Esta iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el PNUD. Además, ha sido apoyado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo y el Equipo de Estado de Derecho, Seguridad y Derechos Humanos del PNUD.

Sandra Sosa Cárcamo, representante residente del PNUD en Costa Rica, indicó que “El Observatorio Nacional de Derechos Humanos se consolida como un instrumento clave para identificar brechas, fortalecer el análisis basado en evidencia y orientar políticas públicas más inclusivas y efectivas, en línea con la Agenda 2030. Para el PNUD es un honor acompañar técnicamente esta iniciativa que impulsa la promoción y protección de los derechos humanos”

En la primera etapa del proyecto, las personas usuarias podrán acceder al sitio web de la Defensoría de los Habitantes www.dhr.go.cr donde encontrarán una sección que contiene información general y material audiovisual del ONADH así como un primer avance del tablero de datos con información relevante de 3 dimensiones prioritarias para el desarrollo humano: salud, educación y seguridad ciudadana. Esta plataforma es de acceso público y gratuito, lo que contribuye a la transparencia y a la participación ciudadana.

En etapas posteriores, el Observatorio incorporará nuevas dimensiones e indicadores que serán útiles para el monitoreo y análisis de datos estratégicos, pero también esta iniciativa pretende acompañar el diseño de políticas públicas para que tomen en cuenta el estado de situación de los Derechos Humanos de todas las personas del país, considerando sus diversidades. Asimismo, se abrirán espacios de colaboración con instituciones públicas, academia, organizaciones sociales y organismos internacionales para garantizar su sostenibilidad y ampliar su impacto.

El evento fue realizado en el Salón de Jefes de Estado, Presidentes y Presidentas de la República de la Asamblea Legislativa durante la mañana del miércoles 10 de diciembre del 2025 y contó con la participación de representantes de la sociedad civil, de instituciones públicas, del Sistema de Naciones Unidas, del Cuerpo Diplomático acreditado en Costa Rica, de Diputados y Diputadas de la República, así como funcionarios y funcionarias de la Defensoría de los Habitantes.

Con el ONADH, Costa Rica avanza hacia una iniciativa más robusta de monitoreo, prevención y respuesta, reforzando la protección de los derechos humanos como pilar fundamental de la democracia.