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Etiqueta: Defensoría de los Habitantes

Grave conflicto ambiental y legal en el Caribe Sur

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Documentos revelan irregularidades en la Ley 9223 y daños al Refugio Gandoca-Manzanillo

Una serie de documentos oficiales, legislativos y denuncias ciudadanas revelan un entramado de irregularidades técnicas, jurídicas y ambientales en torno a la Ley N.º 9223, “Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur”, aprobada en 2014 y que redefinió los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

El análisis de estos materiales muestra cómo, a lo largo de más de una década, se acumularon advertencias de instituciones estatales, consultas de constitucionalidad y denuncias ciudadanas que alertaban sobre riesgos para el ambiente y para el cumplimiento de convenios internacionales, sin que fueran atendidas oportunamente.

Informes legislativos y advertencias técnicas

En 2012, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa advirtió que el proyecto de ley (Expediente 18.207) carecía de estudios técnicos específicos que demostraran la viabilidad ambiental de la medida. El informe señaló que la modificación de límites del Refugio Gandoca-Manzanillo podría violar el artículo 50 de la Constitución Política, que garantiza el derecho a un ambiente sano.

A pesar de estas alertas, en febrero de 2014 la Asamblea Legislativa aprobó la ley, redefiniendo los linderos del refugio y excluyendo más de 400 hectáreas de su área protegida, de las cuales más de 200 eran bosques, incluyendo áreas en excelente estado de conservación.

Consulta de constitucionalidad

Un grupo de diputados y diputadas presentó una consulta facultativa de constitucionalidad ante la Sala Constitucional. En su escrito, señalaron dos vicios principales:

  1. La ausencia de consulta directa a pueblos afrodescendientes e indígenas, incumpliendo el Convenio 169 de la OIT.

  2. La falta de estudios técnicos completos y confiables, contraviniendo lo ordenado por la Sala en resoluciones anteriores.

Además, indicaron que la ley violaba compromisos internacionales de Costa Rica, como la Convención Ramsar y el principio de no regresión ambiental, al desafectar humedales y áreas costeras que forman parte de la lista de humedales de importancia internacional.

Informes internos del SINAC

Documentos técnicos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) revelan irregularidades en la forma en que se respaldó el proyecto de ley:

  • El informe técnico de 2013 tuvo dos versiones: la primera incluía recomendaciones y advertencias ambientales; la segunda, enviada a la Asamblea, eliminó esas observaciones y presentó conclusiones más generales.

  • El Informe SINAC-SE-PPC-320-2017 documentó ocupación irregular en Playa Chiquita, Punta Uva y Cocles, con infraestructura hotelera y viviendas sin los debidos Estudios de Impacto Ambiental. Además, constató que humedales y bosques no fueron debidamente certificados como Patrimonio Natural del Estado.

  • El Informe SINAC-ACTO-AL-55-2019 concluyó que la aprobación de la Ley 9223 se dio sin sustento técnico suficiente, y recomendó abrir procedimientos administrativos contra funcionarios del SINAC que eliminaron conclusiones y recomendaciones del informe original, lo que pudo inducir a error a los legisladores.

Denuncias ciudadanas recientes

El ambientalista Marco Levy Virgo ha presentado numerosas denuncias desde 2017. En septiembre de 2025, dirigió un escrito a la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría de los Habitantes exigiendo acciones urgentes para detener lo que calificó como un “saqueo ambiental” del sitio Ramsar 783 Gandoca-Manzanillo.

Levy señaló que se han devastado aproximadamente 165 hectáreas de humedales, manglares y sitios de anidación de tortugas marinas, y acusó la existencia de una red organizada que promueve desarrollos inmobiliarios ilegales con la presunta complicidad de autoridades locales y nacionales.

Entre sus exigencias destacan:

  • La recusación del ministro de Ambiente y de funcionarios del SINAC.

  • La coordinación con la Fiscalía General y el OIJ para una valoración técnica del daño ambiental.

  • La suspensión de actividades en la Zona Marítimo-Terrestre que carezcan de viabilidad ambiental.

  • El cumplimiento forzado de la resolución 2019-012745 de la Sala Constitucional, que ordena medidas correctivas en el refugio.

Una década de retrocesos ambientales

En conjunto, los documentos revisados muestran un proceso en el que prevaleció la inseguridad jurídica y la presión por modificar los límites del refugio, con graves consecuencias para la biodiversidad y las comunidades costeras.

Desde las primeras advertencias de 2012 hasta las denuncias más recientes de 2025, persiste la preocupación de que la Ley 9223 haya abierto la puerta a un negocio inmobiliario en detrimento de un ecosistema de valor mundial, protegido tanto por la Constitución como por tratados internacionales.

La situación del Refugio Gandoca-Manzanillo evidencia la urgencia de retomar principios básicos del derecho ambiental: precaución, prevención y no regresión, así como el respeto a los derechos de las comunidades afrodescendientes e indígenas históricamente afectadas por decisiones estatales que las excluyen de los procesos de consulta.

Convenio 190 de la OIT contra la violencia y el acoso laboral: deuda histórica saldada – video

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El pasado miércoles 20 de agosto, Costa Rica aprobó el expediente 22.589 que ratifica el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual establece compromisos para eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

La ratificación implica que el Estado y los empleadores deben prevenir, atender y sancionar el acoso laboral, así como ofrecer herramientas para garantizar espacios de trabajo libres de violencia. Este avance representa un paso clave en la protección de las personas trabajadoras, quienes históricamente han enfrentado situaciones de acoso sin contar con normativa clara ni mecanismos efectivos de respuesta.

La Defensoría de los Habitantes, a través de su Instituto de Educación en Derechos Humanos, ha señalado la ausencia de normativa interna en el sector público y la falta de conocimiento sobre los derechos de las víctimas, así como las responsabilidades de quienes acosan.

En este contexto, la ratificación del convenio constituye una deuda histórica saldada con las y los trabajadores costarricenses y un avance en la construcción de condiciones laborales dignas.

En el siguiente enlace podrá visualizar un video con la importancia del Convenio 190 y sus implicaciones en la vida laboral del país: https://www.youtube.com/shorts/SGSvI1Q87Ac

Fuente imagen: Facebook OIT

CONCEVERDE solicita anular la patente del Tajo Jucarza en San Rafael de Heredia

Escrito en . Publicado en Madre Tierra, Portada.

La organización ambiental CONCEVERDE solicitó a la Municipalidad de San Rafael de Heredia la cancelación del certificado de uso de suelo y/o de la patente municipal otorgada al Tajo Jucarza, ubicado en las montañas del cantón, por considerarlo incompatible con la normativa vigente y de alto riesgo para la salud y el ambiente.

En el oficio JFAC/CNV/010825, CONCEVERDE recuerda que la zona está clasificada como Zona Especial de Protección del Gran Área Metropolitana, con uso predominantemente agrícola, donde la actividad de extracción de canteras es prohibida, especialmente si colinda con áreas residenciales. La explotación, catalogada como de riesgo A por el Ministerio de Salud, se desarrolla además en un área de alta recarga acuífera según el SENARA.

El documento cita resoluciones municipales y dictámenes previos que han declarado la incompatibilidad del uso de suelo y la ausencia del certificado conforme. La organización pide que, si dicho certificado existe, se proceda a su anulación por nulidad absoluta y, si no existe, se cancele de inmediato la patente. También solicita ser parte del procedimiento y recibir información oficial del proceso.

El oficio fue remitido con copia a personas vecinas, la Defensoría de los Habitantes, SENARA y diputaciones de Heredia.

Material enviado a SURCOS por CONCEVERDE.

Cartago: Defensoría convocó a AyA y municipalidades por situación del agua

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

La Defensoría de los Habitantes recibió a autoridades del AyA, a los alcaldes de Paraíso y Cartago, junto con sus equipos técnicos, para trabajar sobre el tema pendiente dentro del proceso de Diálogo Social que inició en junio anterior, respecto al borrador de contrato de suministro de agua en gran volumen propuesto por AyA.

Ambos Gobiernos Locales presentaron por escrito sus criterios sobre esta iniciativa e hicieron propuestas de mejora, dejando claro que el principal problema es la discrepancia que tienen en relación con la razonabilidad y pertinencia de la tarifa vigente que les cobra el AyA, al tiempo que plantean la necesidad que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) realice un estudio técnico para definir una tarifa específica para el servicio de suministro de agua cruda.

En ese sentido, la Municipalidad de Cartago señaló que semanas atrás se había valorado con la ARESEP la posibilidad de que se realice un estudio de esa naturaleza, para lo cual AyA debería presentar la información necesaria ante el ente regulador. Al respecto, en la sesión de diálogo del día de hoy, la Gerente General del AyA informó que, a finales de agosto, estarían presentando la información ante el ente regulador.

A la luz de lo anterior, se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Las asesorías jurídicas de ambos gobiernos locales y del AyA trabajarán en conjunto para presentar una propuesta de convenio, en el entendido de que todo lo relativo al tema tarifario, queda sujeto a las acciones que las entidades competentes realicen en los próximos días. La Defensoría dará acompañamiento al trabajo conjunto relativo a la propuesta de convenio.

2. La Defensoría de los Habitantes, en el ejercicio de sus competencias de control de legalidad y protección y defensa de los derechos e intereses de los habitantes, dará seguimiento puntual a las acciones que, a partir de este momento, realicen AyA y ARESEP con miras la eventual elaboración de un estudio específico para determinar el precio al cual el AyA debe venderle el agua cruda a las Municipalidades de Paraíso y Cartago.

Asimismo, la Defensoría dará seguimiento a las acciones recursivas que en su momento hayan presentado ambos Gobiernos Locales en relación con la tarifa de venta de agua en bloque ante la Autoridad Reguladora y que aún están pendientes de resolución por parte de la Junta Directiva de la ARESEP.

Con ello, la Defensoría da por concluida su rol de facilitador de diálogo y las acciones siguientes a emprender, se enmarcarán dentro de su labor de ente contralor de legalidad.

ANEP denuncia opacidad e imposición en proceso de reorganización del AyA

Escrito en . Publicado en Trabajo.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en un comunicado titulado “Reestructuración oscura e improvisada en el AyA” publicado el 29 de julio de 2025, reaccionó con firmeza a la publicación del 28 de julio realizada por el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Juan Manuel Quesada, sobre la supuesta aprobación de una “reorganización institucional” en dicha institución

ANEP cuestionó este anuncio, al considerar que el proceso ha sido impulsado de manera opaca, sin participación de las personas trabajadoras ni de las organizaciones sindicales.

Según la organización sindical, el contenido completo del documento de reorganización no ha sido divulgado, lo que constituye una violación al principio de publicidad de la información pública (art. 30 de la Constitución Política), así como al deber de participación establecido en la Ley General de la Administración Pública y la Ley de Control Interno. La ANEP advierte que tampoco se han presentado estudios técnicos, financieros ni jurídicos que respalden la propuesta.

Para ANEP, lo que se presenta como un proceso de modernización en realidad representa una imposición unilateral que carece de legitimidad interna, evaluación objetiva y respaldo técnico validado. La organización denuncia que se abre la puerta a la tercerización de áreas sensibles, lo que pondría en riesgo la calidad del servicio público, encarecería los servicios básicos y afectaría la estabilidad laboral de quienes laboran en el AyA.

Ivone Mata, vicepresidenta seccional de ANEP-AyA, expresó en un audio difundido por la organización que la reestructuración ha sido manejada en total secretismo, sin participación ni respaldo técnico conocido, y que el documento no ha sido socializado. Alertó además sobre una posible intención de tercerización, lo que afectaría seriamente tanto la institucionalidad como los derechos laborales.

Por su parte, Edwin Marín Bonilla, presidente seccional de ANEP-AyA, recalcó que la oposición sindical no es por ocurrencia, sino producto de un análisis informado. Esta reorganización se ha manejado a espaldas de las personas trabajadoras y de la opinión pública. No se conocen los estudios que supuestamente la justifican. No se ha tomado en cuenta ni el sindicato legítimo ni ninguna otra organización dentro del proceso.

ANEP exigió de forma pública:

  1. Acceso inmediato al documento completo de reorganización institucional y sus anexos.
  2. Suspensión del proceso hasta que se garantice un espacio formal y vinculante de participación sindical.
  3. Responsabilidad directa al presidente ejecutivo Juan Manuel Quesada, a la gerente general Alejandra Mora Segura y a la Junta Directiva por los posibles efectos negativos de esta imposición.
  4. Intervención de la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y el MIDEPLAN, instando a que ejerzan sus funciones de fiscalización ante posibles incumplimientos legales.

Fuente imagen: ANEP

Defensoría: Limitaciones afectan fiscalización de violaciones a derechos laborales

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Hay un inspector por cada 15.220 personas trabajadoras

La falta de recursos humanos, financieros, tecnológicos y de infraestructura, afecta directamente la capacidad de acción de la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo (DNI), del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral en el país.

Esta es la conclusión de un informe de la Defensoría de los Habitantes que determinó que, solo hay 80 personas inspectoras y 23 personas coordinadoras, es decir 103 funcionarios/as para atender a más de 1.6 millones de personas trabajadoras, lo que equivale a un inspector por cada 15.220 personas trabajadoras, según los datos del 2024 facilitados por la DNI.

Debido a esta situación, la DNI requiere de un 50 % más de recurso humano. Cabe destacar que, algunas oficinas regionales, solo cuentan con un coordinador y un inspector para atender el territorio, mientras que la sede regional Brunca carece de inspectores, por ejemplo.


  1. En cuanto al presupuesto ha venido en disminución desde el año 2019 al 2024 y pese a que el Código de Trabajo, en su artículo 679, establece en su inciso a) que el 50 % del total recaudado por concepto de las multas recolectadas, como resultado de infracciones laborales, debe ser asignado a la DNI para la mejora de sus sistemas de inspección, desde el año 2019 este dinero no ha sido asignado.


Resulta importante indicar que, la falta de presupuesto genera una afectación sustancial en la contratación de recurso humano, así como de la infraestructura que venga a cumplir con las condiciones mínimas –algunas con órdenes sanitarias- y en la tenencia de la adecuada flotilla vehicular para el cumplimiento de las inspecciones de campo por parte de los inspectores; los viáticos no son suficientes, los suministros de papel y de limpieza se agotan, entre otros.

Sobre el tema de infraestructura, la oficina de Quepos se encuentra en proceso de cierre por motivo de una orden sanitaria. De la información recabada se constató que existe la limitante por ley para el alquiler de nuevas oficinas, sin embargo, preocupa a la Defensoría que la DNI, por falta de presupuesto, no pueda atender la necesidades de infraestructura y mantenimiento que necesitan las oficinas que mantienen en funcionamiento, y deba proceder con los cierres de éstas, por motivo de ordenes sanitarias, debiendo entonces en algunos casos al traslado de las mismas y establecer convenios con otras instituciones de zonas aledañas que vengan a prestar bienes inmuebles para uso de oficinas.

La Defensoría le giró recomendaciones al Ministerio de Trabajo, entre las que destaca revisar, de manera urgente, las razones por las cuales la DNI no está recibiendo el 50 % del total recaudado por concepto de las multas recolectadas, como resultado de infracciones laborales. En caso de proceder su asignación, de manera inmediata, realizar las gestiones administrativas pertinentes para su ejecución.

Por otro lado, una vez determinada las razones por las cuales esos dineros no ingresaron a la DNI, la Defensoría recomienda valorar la apertura de una investigación administrativa para identificar eventuales responsabilidades en torno al tema, así como acciones correctivas.

Finalmente, es necesario realizar mejoras en la planificación estratégica y la ejecución de los recursos, apoyando a la DNI con personal de otras oficinas y prontamente con la asignación de más plazas para el área de gestión.

Defensoría de los Habitantes señala avances y pendientes en la atención a personas deportadas desde Estados Unidos

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS recibió el siguiente comunicado de la Defensoría de los Habitantes:

Cuatro meses después de la llegada al país de personas deportadas desde Estados Unidos, la Defensoría de los Habitantes emitió un pronunciamiento en el que destaca avances, pero también señala importantes pendientes en la atención de esta población vulnerable, particularmente en el Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes (CATEM) Sur.

La institución subraya que la situación global de las migraciones implica múltiples riesgos, incluyendo abusos de autoridad, explotación y violaciones a derechos humanos. Ante esto, insiste en que los Estados deben liderar respuestas integrales con enfoque de derechos y participación multisectorial.

Desde febrero, la Defensoría ha recomendado al Estado costarricense una serie de acciones, como garantizar condiciones dignas de permanencia, alternativas de protección internacional para quienes no pueden regresar a sus países de origen, libertad de tránsito y un abordaje integral de necesidades. Aunque estas recomendaciones fueron inicialmente rechazadas por las autoridades migratorias, muchas han sido posteriormente implementadas.

Entre los avances señalados destacan:

  • Instalación de sábanas en los camarotes del CATEM Sur.

  • Mantenimiento y reparación del sistema de purificación de agua.

  • Sustitución del techo del centro con material aislante de calor.

  • Permiso de ingreso y salida para personas deportadas.

  • Normalización migratoria temporal por razones humanitarias.

  • Opción de solicitar refugio.

  • Intervención del MEP para valorar alternativas educativas para menores.

La Defensoría también reconoce el esfuerzo del personal de la policía migratoria, aunque advierte sobre la necesidad de una mejor planificación de recursos y mayor transparencia institucional.

Sin embargo, persisten varios temas críticos que requieren atención urgente:

  • Definición del país de destino para personas deportadas que no pueden volver a su lugar de origen y no desean solicitar refugio en Costa Rica.

  • Falta de traductores para atender adecuadamente a las personas deportadas desde EE.UU.

  • Ausencia de un abordaje institucional integral y constante, pese a la presencia del PANI e INAMU.

  • Falta de acceso a internet mediante Wi-Fi en el centro.

La Defensoría concluye reafirmando su compromiso de seguimiento activo para garantizar que se respeten los derechos humanos de todas las personas en contexto de movilidad humana.

Llamado a las comunidades afrodescendientes sobre la intervención de la Defensoría de los Habitantes

Escrito en . Publicado en Comunidad.

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

Llamado urgente a las comunidades afrodescendientes sobre la intervención de la Defensoría de los Habitantes Ignorada por Líderes.

A todos los pobladores afrodescendientes de Costa Rica
1 de junio de 2025

Estimados hermanos y hermanas de la comunidad afrodescendiente,

Nos dirigimos a ustedes con un sentido de urgencia y solidaridad para informarles sobre un asunto crítico que afecta los derechos de nuestras comunidades, particularmente en lo relacionado con la propiedad ancestral en zonas como Cahuita, Siquirres, Matina, Puerto Viejo, Cocles y Manzanillo. El pasado 11 de diciembre de 2024, la Defensoría de los Habitantes emitió un documento trascendental —Oficio N° 13873-2024-DHR, Registro de Intervención N° 442152-2024-RI— a raíz de una solicitud de intervención presentada por el señor Marco Vinicio Levy Virgo. Este documento aborda las continuas violaciones a nuestros derechos humanos, específicamente nuestro derecho a las tierras ancestrales y a la consulta previa, protegidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros marcos legales nacionales e internacionales.

La intervención de la Defensoría detalla la omisión del Estado costarricense en reconocer y proteger los derechos de propiedad ancestral de las comunidades afrodescendientes, así como la falta de consulta previa, libre e informada, como lo exige el Convenio 169. El documento presenta recomendaciones específicas al Ministerio de la Presidencia, entre las que destacan:

1. Nombrar con prontitud un nuevo Comisionado de Inclusión Social para dar seguimiento a las iniciativas de poblaciones vulnerables, incluyendo la afrodescendiente.

2. Designar una unidad técnica administrativa del Poder Ejecutivo para gestionar los procesos de consulta de los pueblos tribales afrodescendientes.

3. Definir el término “propiedad ancestral afrodescendiente” mediante coordinación interinstitucional y un peritaje cultural.

4. Ejecutar a la brevedad los procesos de consulta para delimitar y reconocer los territorios ancestrales afrodescendientes.

Estas recomendaciones están fundamentadas en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Costa Rica en 1993, y el Decreto Ejecutivo 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP (5 de mayo de 2022), que reconoce a los afrodescendientes costarricenses como pueblo tribal y establece el Foro Tribal Afro Costarricense como instancia de diálogo con el gobierno. Además, la Defensoría reconoce la discriminación sistémica y las injusticias históricas sufridas por nuestras comunidades, así como la inacción del Estado, según se desprende de informes previos (como el de Acciones de Protección de Derechos de las Personas Afrodescendientes 2015-2021 y el informe de la ex Defensora Montserrat Solano Carboni de 2014-2018).

Lamentablemente, hemos constatado que esta intervención crucial de la Defensoría ha sido ignorada por algunos líderes afrodescendientes, quienes no han reconocido ni actuado en relación con este documento oficial. Esta inacción pone en riesgo los avances hacia la garantía de nuestros derechos a las tierras ancestrales, la consulta previa y la autodeterminación, derechos que no son negociables, sino consagrados en el derecho internacional y en la Constitución multiétnica y pluricultural de Costa Rica.

Hacemos un llamado a todos los pobladores afrodescendientes a unirse para exigir rendición de cuentas tanto a nuestros líderes como al Estado. Las recomendaciones de la Defensoría son un grito de acción, instando al gobierno a cumplir con sus obligaciones legales bajo los principios de progresividad y no regresión de los derechos humanos y el principio de no discriminación. No podemos permitir que el silencio o la indiferencia de algunos obstaculicen nuestra lucha colectiva por la justicia, el reconocimiento y la protección de nuestro legado ancestral.

Instamos a la comunidad a:

• Informarse sobre la intervención de la Defensoría (Oficio N° 13873-2024-DHR) contactando a la institución en correspondencia@dhr.go.cr o visitando sus oficinas en Barrio México, Calle 22, Avenidas 7 y 11, San José.

• Participar con organizaciones comunitarias para asegurar que el Foro Tribal Afro Costarricense y otros organismos representativos prioricen este tema y aboguen por la implementación de las recomendaciones de la Defensoría.

• Exigir transparencia y acción a los líderes afrodescendientes para abordar las violaciones de nuestros derechos y apoyar los esfuerzos legales y técnicos necesarios para garantizar nuestras tierras ancestrales.

La lucha por nuestros derechos como pueblo tribal afrodescendiente es una responsabilidad compartida. Honremos la resiliencia de nuestros ancestros uniéndonos, educándonos y exigiendo responsabilidad tanto a nuestros líderes como al Estado. El momento para el reconocimiento, la justicia y el desarrollo —como se estableció en el Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024)— es ahora.

Para mayor información o para unirse a este esfuerzo, por favor contacte al teléfono (506).83-63-96-87

En solidaridad,
Marco Levy Virgo

Descargar el informe con recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes.

Defensoría pide protocolo para atención de incidentes en el transporte público cuyas víctimas sean personas con discapacidad

Escrito en . Publicado en Derechos.

Una persona menor de edad se cayó de una rampa de un bus. La unidad de transporte era del 2016. Este incidente motivó a la Defensoría de los Habitantes abrir una investigación de oficio, con el propósito de analizar las acciones que realiza el Consejo de Transporte Público (CTP) en la atención de este tipo de incidentes donde hay involucrados personas con discapacidad en el transporte público.

Aunque el CTP realizó un proceso de investigación sobre el caso puntual, reconoció a esta Defensoría que no existe un protocolo estructurado o específico para la atención de los incidentes en el trasporte público que involucra a personas usuarias con discapacidad.

“La ausencia de este protocolo que verifique las condiciones, no sólo mecánicas, sino de otra naturaleza como es la seguridad y adecuación, las necesidades de las personas con discapacidad y que reconozca que, dentro de este sector de la población, también existe una diversidad en cuando a sus necesidades y características, es una falencia que hoy en día tiene el CTP”, indica la Defensoría.

También llama la atención de esta Defensoría que el informe presentado por el CTP, refleja que la investigación sobre el caso, no respondió a un procedimiento homogéneo de investigación, establecido por dicho Consejo como instancia responsable de la supervisión de las empresas o personas prestatarias del servicio de transporte público; por el contrario, responde a un protocolo interno de la empresa autobusera. En este, se limita a dar parte a las autoridades públicas y a la verificación del funcionamiento mecánico de la empresa prestataria del servicio.

La Defensoría de los Habitantes recomendó al MOPT que además de elaborar un protocolo, emita una guía/lineamiento que permita homogenizar las acciones de las empresas concesionarias o permisionarias encargadas del transporte público, frente a sucesos/denuncias que afecten la integridad física o seguridad de las personas

usuarias con discapacidad. Todo ello se requiere, coordinar con el CONAPDIS para garantizar una participación efectiva de las personas con discapacidad en la elaboración de los instrumentos jurídicos.

Defensoría: Violencia obstétrica sigue presente en hospitales

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Luego de analizar e investigar denuncias que ingresaron a la Defensoría de los Habitantes sobre violencia obstétrica ocurridas en diversos hospitales, recopiladas entre el periodo 2022 y 2025, se determinó que, aún prevalecen prácticas contrarias a los derechos de las mujeres gestantes y sus familiares, tales como maltrato verbal, negación del acompañamiento durante el parto, procedimientos médicos sin consentimiento informado, desatención de condiciones emocionales y psicológicas de las pacientes, entre otros.

Según los casos denunciados destacan partos en condiciones indignas, errores en los diagnósticos que pusieron en riesgo vidas y atención despersonalizada en situaciones de alto riesgo obstétrico.

La Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social realizó en el 2024 una visita a doce hospitales durante el 2024, para observar la atención en servicios de Ginecología, Obstetricia y Neonatología. Determinó que, muchas mujeres aseguraron vivir situaciones donde se sintieron maltratadas o ignoradas. Relataron decisiones médicas sin explicaciones, respuestas confusas o contradictorias entre los profesionales, comentarios despectivos, falta de apoyo después del parto, y no saber a quién acudir si sentían que algo no estaba bien, entre otras cosas.

La Auditoría también encontró problemas en la organización de los servicios: poca capacitación del personal en temas de trato con calidez, falta de encuestas para saber qué piensan las usuarias, debilidades en la infraestructura, y carencia de espacios adecuados para adolescentes o mujeres que enfrentan una pérdida gestacional, aunque también encontró algunas iniciativas positivas del personal de salud de algunos hospitales, como el Proyecto Angelitos.

La Defensoría considera que lo que hace especialmente importante este informe de la Auditoría es que proviene de la misma CCSS.

Adicionalmente la Defensoría emitió recomendaciones a la CCSS, entre las que destaca, el garantizar la aplicación de normativas y protocolos vigentes, y establecer un mecanismo de monitoreo, oficializar, divulgar e implementar la “Estrategia Institucional de Prevención y Atención de la Violencia Obstétrica en la CCSS” así como posicionar la materia de violencia obstétrica desde una perspectiva cultural, a través de la formación y capacitación, y fiscalización de la prestación de los servicios gineco-obstetricia y otros.

Además, implementar procesos de capacitación en forma permanente; garantizar que el uso de medicamentos para la inducción del parto se realice cuando sea estrictamente necesario, reforzar en el personal el trato cálido, respetuoso, empático a las usuarias, así como el acceso a la información clara, coherente, comprensible y oportuna, y en particular, que las mujeres que hayan experimentado una pérdida gestacional reciban información y atención adecuada para enfrentar el duelo, incluyendo atención psicológica. También se debe garantizar el acceso a la denuncia mediante la información a las usuarias, y asegurar la investigación de las mismas sin dilación.