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Etiqueta: Defensoría de los Habitantes

Defensoría urge medidas a CONAPDIS y CONAPAM tras investigación del caso Manos Abiertas

Escrito en . Publicado en Derechos.

Tras una investigación realizada por la Defensoría de los Habitantes sobre el caso de la Fundación Hogar Manos Abiertas se ha determinado que tanto el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) como el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) deben implementar una serie de mejoras en su sistema de atención y supervisión para garantizar de manera efectiva los derechos de las personas con discapacidad y de la población adulta mayor. Es fundamental un actuar preventivo.

El análisis reveló limitaciones por parte del CONAPDIS en poder efectuar una adecuada fiscalización interdisciplinaria continua y oportuna de las alternativas residenciales para personas con discapacidad en condición de abandono, tal como ocurrió con la Fundación Manos Abiertas. El allanamiento realizado el 5 de marzo de 2024 evidenció fallas en el modelo actual de supervisión, lo que llevó a decisiones de emergencia para reubicar a los residentes de la fundación, ante la necesidad de proteger su integridad y derechos.

Este modelo implementado no ha permitido verificar en forma previa y adecuada la operatividad y funcionamiento de las alternativas residenciales. Ante esto, se hace necesario implementar protocolos de acción para prevenir situaciones similares en el futuro. Aunque CONAPDIS fue notificado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del allanamiento, la institución no estaba preparada, no contaba con los debidos protocolos para en un tiempo limitado, poder ejecutar un plan de acción adecuado.

A partir de los hechos, la Defensoría recomienda revisar y actualizar el modelo de servicios de convivencia familiar, así como establecer criterios claros y efectivos para la supervisión y fiscalización de alternativas residenciales. Adicionalmente, CONAPDIS deberá desarrollar un plan de capacitaciones para los encargados de estos centros, además de contar con instrumentos que permitan una atención adecuada en casos de emergencias judiciales.

Asimismo, no se logró identificar el mecanismo utilizado por CONAPDIS para determinar el consentimiento informado a ser trasladado a diferentes alternativas residenciales, tratándose de las personas mayores de edad que se encontraban albergadas en dicho hogar, en resguardo de los derechos de autonomía y capacidad de jurídica de las personas con discapacidad.

Por otra parte, la Defensoría calificó de “ausente” la participación del CONAPAM tratándose del caso de la Fundación Manos Abiertas. Como ente rector en materia de vejez, el CONAPAM tiene la responsabilidad de velar por las condiciones de vida de la población adulta mayor con discapacidad, independientemente de la fuente de financiamiento de los centros.

Ante estos hechos, la Defensoría recomendó que el CONAPAM establezca un proceso de coordinación con el CONAPDIS para garantizar una intervención conjunta en casos similares y garantizar la fiscalización de todos los centros que brinden atención a personas adultas mayores.

Recomendaciones a CONAPDIS

  1. Concluir el análisis y elaboración del nuevo modelo de servicios de convivencia familiar y establecer criterios claros para la supervisión y fiscalización.
  2. Calendarizar capacitaciones para el equipo de supervisión interdisciplinario.
  3. Elaborar un instrumento para la atención de futuras intervenciones administrativas y judiciales en alternativas residenciales, en resguardo de las personas con discapacidad, incluyendo acciones preventivas, correctivas, intervención de emergencia y su seguimiento.
  4. Garantizar que los traslados de los residentes se realicen respetando su autonomía y capacidad jurídica.
  5. Verificar que las personas trasladas de la Fundación Manos Abiertas a otra alternativa residencial cuenten con su debida afiliación y adscripción al centro médico que le corresponde.

Recomendaciones a CONAPAM

  1. Convocar una mesa de trabajo para elaborar un instrumento mediante el cual se identifiquen las medidas y mecanismos necesarios para ampliar la fiscalización de todos los centros de atención a personas adultas mayores.
  2. Recordar a las instituciones públicas o privadas que brinden servicios de cuidado y atención a las personas adultas mayores en el país, su obligación de remitir los informes de las evaluaciones anuales sobre la atención brindada a esta población.
  3. Coordinar con CONAPDIS lo relativo a las ubicaciones de la población adulta mayor (las que no se encuentran en el hogar Carlos María Ulloa) y verificar las condiciones en las que se encuentra cada usuario así como las condiciones de la residencia.

La Defensoría de los Habitantes reafirma su compromiso de proteger los derechos de las personas con discapacidad y de la población adulta mayor, instando a ambas instituciones a tomar medidas concretas para evitar que situaciones como la de la Fundación Hogar Manos Abiertas vuelvan a ocurrir.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría: Urge un proceso de fortalecimiento de la CCSS

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Habitantes en condiciones de vulnerabilidad sufren para hacerle frente a sus procesos de enfermedad

Una de las entidades más denunciadas por las y los habitantes ante la Defensoría de los Habitantes es la Caja Costarricense del Seguro Social por transgresiones al derecho fundamental a la salud, siendo algunas de las principales causas: tiempos de espera prolongados, problemas en la entrega de medicamentos, citas con especialistas a plazos irrazonables, realización de exámenes diagnósticos, insuficiencia de recursos humanos, condiciones de infraestructura, problemas en el equipamiento, entre otros.

Las denuncias de los habitantes, el resultado de las investigaciones, la observación activa de procesos de coordinación interinstitucional en el sector salud y las inspecciones de centros de salud, permiten a la Defensoría obtener una mirada que pone en la palestra los riesgos del sistema y la necesidad de acciones urgentes por parte de las autoridades. No sólo se trata de intervenir en la sostenibilidad financiera del sistema a través de una adecuada recaudación, sino también la incorporación de acciones innovadoras en materia de recursos humanos, financiamiento, infraestructura y equipamiento, que se traduzcan en forma efectiva en la satisfacción plena del derecho a la salud de los habitantes.

Los tiempos de espera para exámenes, consultas y cirugías, en múltiples ocasiones resultan irrazonables, situación que coloca a los habitantes en condiciones de vulnerabilidad para hacerle frente a sus procesos de enfermedad. La suspensión de muchos proyectos de infraestructura no sólo ha defraudado las expectativas de muchos habitantes, sino que incrementa los riesgos y ejercen presión sobre el sistema que de por sí, ya está sobrepasado por la demanda. La fuga de especialistas médicos nos da cuenta de un sistema que debe fortalecerse para atender en forma armónica las necesidades de la población, en consideración de saludables y atractivas condiciones laborales para todos los trabajadores del sector.

Procesos de formación de especialistas regulados y estratégicos, estudios de necesidades que sirvan de fundamento para la toma de decisiones con visión prospectiva, un uso máximo y racional de toda la infraestructura disponible, así como el aprovechamiento de todos los turnos horarios; son solo algunas de las líneas de acción que la Defensoría de los Habitantes considera que se deben valorar con urgencia.

La población se enfrenta a una oferta de servicios insuficiente y con problemas de calidad, que podrían tener explicación – en no pocos casos- en esa insuficiente oferta de servicios. Los retos son muchos y definitivamente deben pasar por el fortalecimiento del primer nivel de atención, con mayor capacidad resolutiva, en términos de calidad y cantidad y con un mecanismo definido de coordinación en red, que permita una maximización de los recursos disponibles y un servicio resolutivo más cercano a la población en términos geográficos.

En otro orden de ideas, la digitalización de los servicios sin duda alguna, es una herramienta que facilita los procesos de intervención en salud. El acceso a través de herramientas tecnológicas, ha facilitado a muchas personas su asistencia a los servicios, no obstante, el uso del EDUS y de las plataformas tecnológicas para la obtención de citas, no debe constituirse en una estrategia de intervención generalizada, que desconozca las diferencias en las poblaciones, la disposición de los recursos tecnológicos aptos para su uso y las posibilidades logísticas de los diferentes grupos, especialmente aquellos en condición de vulnerabilidad. Por ello, es necesario evaluar la medida y determinar dónde es idóneo para atender las necesidades de la población adscrita y dónde debe variarse la estrategia para la asignación de citas a las personas aseguradas.

La inversión en la salud de la población requiere un fortalecimiento sostenible en el tiempo. El perfil epidemiológico de nuestro país plantea retos que deben ser atendidos en tiempo y calidad, de tal suerte que la población pueda ver atendidas sus necesidades oportunamente. No resulta de recibo y así lo ha establecido la Sala Constitucional, que continuemos creando barreras a las necesidades de los habitantes en el campo de la salud, argumentando insuficiencia de recursos. Las necesidades del sector salud demandan acciones en las que participen todos los sectores que forman parte del sector, con una mirada hacia el fin público y la garantía del derecho a la salud de los habitantes, con una armonización clara, con rectoría firme y consistente del Ministerio de Salud, tanto en la articulación y regulación, como en la fiscalización del cumplimiento de metas. Y en ese proceso, la voz del paciente y sus organizaciones siguen siendo un punto de partida central, pues los pacientes – receptores directos de los servicios, también pueden contribuir a referenciar los puntos álgidos del sistema y comprender los puntos álgidos del sistema.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría: Incertidumbre rodea obras para ampliar atención de la salud

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Tímidos avances para la edificación de más de 50 proyectos de la CCSS

La Defensoría de los Habitantes expresa su preocupación sobre el estado actual del Fideicomiso Inmobiliario entre el Banco de Costa Rica y la Caja Costarricense de Seguro Social, establecido desde el 2017, un proyecto que, según reportes, ha presentado retrasos significativos en su ejecución. A pesar de haber iniciado formalmente en el 2019, los avances han sido limitados, lo que genera inquietud en torno a la efectividad de su desarrollo y la gestión de los recursos involucrados.

La Defensoría emitió a finales el año 2023 recomendaciones para transparentar el proceso y como parte del seguimiento del caso el pasado 04 de setiembre 2024 se solicitó a la presidenta ejecutiva de la Caja, Martha Esquivel, información detallada y clara sobre el futuro del fideicomiso y los criterios técnicos y jurídicos que la Junta Directiva de la CCSS estaba considerando para determinar la conveniencia u oportunidad de la ampliación o no del contrato del Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.

Recientemente, el 12 de setiembre, la CCSS le indicó a esta Defensoría que se dio la conformación de un Comité Ejecutivo del Fideicomiso para realizar un análisis de escenarios sobre la continuidad del mismo. Indicaron que se analizó el contrato de fideicomiso, el estado de avance de los proyectos, capacidad de ejecución de las obras, se identificaron escenarios sobre la continuidad y un análisis financiero y de riesgos sobre cada una de las alternativas. Comunicaron que actualmente la Junta Directiva de la CCSS realiza talleres para conocer los escenarios y los criterios técnicos, financieros y legales, para la toma de decisiones en torno a su continuidad.

Antecedentes del Fideicomiso

El Fideicomiso Inmobiliario BCR/CCSS 2017 tiene como objetivo la construcción de 53 inmuebles, que incluyen 30 sedes de áreas de salud, 18 sucursales, 4 direcciones regionales de sucursales y un centro de distribución, fundamentales para el fortalecimiento del sistema de salud del país. A pesar de las expectativas generadas, las obras no han avanzado al ritmo esperado, generando retrasos que afectan a la población.

La Defensoría ha identificado diversos problemas, entre ellos la falta de multas contractuales hacia el fiduciario (BCR) en caso de demoras, así como dificultades derivadas de la burocracia estatal que han obstaculizado la obtención de permisos y la viabilidad de los terrenos proporcionados por la CCSS para la construcción.

Esta Defensoría subraya la importancia de que tanto la CCSS como el BCR garanticen la transparencia del proceso y rindan cuentas a la ciudadanía sobre el uso de los recursos públicos. Además, reitera la necesidad de evaluar cuidadosamente si es conveniente o no extender el plazo del fideicomiso, siempre considerando el bienestar de la población y la adecuada administración de los fondos involucrados.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría alerta agotamiento del personal penitenciario

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Solicitó informe a Justicia sobre plazas vacantes, en proceso de nombramiento y estudio sobre cargas laborales

Tras varias inspecciones de oficio realizadas por la Defensoría de los Habitantes en centros penitenciarios desde el 2023 a la fecha, y mediante un proceso de entrevistas se logró constatar el cansancio y agotamiento en el que se encuentra el personal no sólo policial, sino técnico, administrativo y de salud.

Según ha comprobado la Defensoría a través de entrevistas, el personal trabaja hasta altas horas de la noche, se lleva el trabajo a la casa o labora los fines de semana, lo que está repercutiendo en su salud. Además, la Defensoría mantiene abierta una investigación de oficio sobre las condiciones laborales del personal de la Policía Penitenciaria a nivel general en todos los centros penitenciarios, específicamente sobre la falta de personal y la afectación en el otorgamiento al derecho de vacaciones legales y profilácticas.

Ante ello, la Defensoría considera que esta situación afecta seriamente la prestación de los servicios a lo interno de los centros penales. Para la institución, el sistema penitenciario se encuentra atravesando una crisis que se refleja en las serias limitaciones presupuestarias que impiden a los centros penitenciarios operar de manera ideal, limitaciones que afectan el nombramiento de personal, y el mantenimiento y construcción de infraestructura que cumpla de forma debida con los estándares nacionales e internacionales de protección de derechos humanos, tanto para el personal penitenciario como para la población privada de libertad.

Sobre la cantidad de personal técnico y administrativo en los centros de atención institucional y unidades de atención integral, en inspecciones realizadas en lo que va del 2024 en los Centros de Atención Institucional Calle Real, Luis Paulino Mora Mora, Antonio Bastida de Paz y 26 de Julio, la Defensoría verificó la existencia de plazas vacantes pendientes de nombramiento, reubicaciones de plazas entre centros penitenciarios o, hacia otras instancias administrativas de la Dirección General de Adaptación Social que afectan seriamente la prestación de los servicios, lo que produce un atraso en la realización de las valoraciones ordinarias, la instrucción de procedimientos disciplinarios, la dilación en los trámites que tienen que ver con el contacto de las personas privadas de libertad y sus familias, las verificaciones de ofertas laborales y de domicilio, la realización de procesos grupales, entre otras labores.

A pesar de que la Defensoría de los Habitantes ha solicitado a la Dirección General de Adaptación Social que indique si se realizan estudios de impacto en el servicio por la reubicación de plazas, Adaptación social informó que debe tomarse en cuenta la difícil situación que enfrenta el sistema penitenciario “caracterizada por limitaciones presupuestarias, y especialmente por la escasez de talento humano, que impactan significativamente en la consecución de los objetivos institucionales y en la planificación a corto, mediano y largo plazo.

Si bien la Administración plantea su potestad de reubicar y recargar funciones y señala las limitaciones presupuestarias y de infraestructura por las que atraviesa actualmente el Sistema Penitenciario Nacional y, en general, el sector público, lo cierto es que de lo que se trata en el caso de los centros penitenciarios es de la custodia de personas ubicadas en espacios completamente cerrados, que no sólo tienen su libertad de tránsito restringida, sino que, adicionalmente, sus otros derechos limitados por cuanto no existe la cantidad suficiente de personal técnico, administrativo y policial para brindarles dichos servicios. Esta situación no debe achacarse al personal, sino a la forma en la que el Estado restringe, desde el punto de vista presupuestario, la búsqueda de una solución al problema detectado.

Para esta Defensoría, el Ministerio de Justicia y Paz debe adoptar de manera inmediata, todas las acciones que sean necesarias para garantizar a los centros penitenciarios la cantidad suficiente de personal y considera relevante tener información actualizada acerca de las plazas con las que cuenta cada centro penitenciario, pues de ello depende el servicio que se debe brindar a la población privada de libertad. Además, solicitó realizar un estudio de cargas laborales con el fin de velar por las condiciones de trabajo del personal técnico, administrativo y de salud de dichos establecimientos.

En una respuesta ofrecida por el departamento de gestión institucional de recursos humanos y la unidad de organización y empleo del Ministerio de Justicia a la Defensoría se señala que han sido múltiples los esfuerzos realizados para la creación de plazas, no obstante, han sido mínimas las que la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda a aprobado a Justicia y Paz, para la consecución de los objetivos. “En razón de la necesidad de cumplir con los diferentes compromisos de estas nuevas unidades administrativas se implementó como estrategia institucional un reacomodo temporal del recurso humano institucional ya existente mediante traslado temporal, de manera que permitiera iniciar funciones en estas dependencias, sin embargo, este recurso no ha sido posible ubicarlo nuevamente a su unidad de origen. En este sentido, se posee una plantilla limitada de puestos para cubrir con las diferentes encomiendas…”

Además, informó esta dependencia de Justicia a la Defensoría que, en razón de que no se pueden nombrar plazas, reasignar plazas y de que el proceso de descongelamiento y utilización no es expedito y, el crecimiento de infraestructura del sistema penitenciario es desproporcional al recurso humano existente, se hace materialmente imposible que algunas unidades administrativas puedan cumplir con los objetivos trazados.

En cuanto a reubicación de plazas, Justicia informó el listado que contempla 12 permanentes y 33 temporales. En vacantes en proceso de nombramiento un total de 47 plazas.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría: “Justicia Pronta y Cumplida” continúa siendo una deuda para pueblos indígenas

Escrito en . Publicado en Derechos.

*Resoluciones judiciales sobre las muertes de los señores Sergio Rojas y Jerhy Rivera Rivera, activistas y defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

En el primero de los casos dictándose un sobreseimiento definitivo y en el segundo es hasta el día de día de hoy, 19 de setiembre del 2024, cuatro años después de la muerte del señor Rivera Rivera que los tribunales de Pérez Zeledón absuelven del delito de homicidio al presunto imputado, después que un Tribunal de Apelación de Cartago anulara el primer juicio en que se le había dado una sentencia de 22 años de cárcel.

Durante los doce años de vigencia desde la emisión de la Medida Cautelar 321-12 por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han sido pocos o escasos los esfuerzos y gestiones efectuadas por parte del Estado costarricense para proteger a las dirigencias indígenas a las cuales tutela esta medida cautelar; ejemplo de ello han sido las muertes de Sergio Rojas indígena Bribri de Salitre y Jerhy Rivera indígena Teribe de Térraba, ambos vecinos y representantes de los territorios indígenas beneficiarios de la medida cautelar.

Fue el 30 de abril del 2015, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que lo expuesto por las personas peticionarias de los pueblos indígenas costarricenses reunía los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad, por lo que otorgó la medida cautelar y solicitó al gobierno de la República de Costa Rica que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe de Térraba y del pueblo indígena Bribri de Salitre; y que informara sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

A pesar del dictado de la Medida Cautelar y las obligaciones emitidas al Estado Costarricense el día 18 de marzo del 2019 fue asesinado en su casa, Sergio Rojas Ortiz, indígena bribri de Salitre. Asimismo, el día 24 de febrero del 2020 fue asesinado Jerhy Rivera Rivera.

La violencia ha escalado en diferentes territorios indígenas del país extendiéndose de Salitre y Térraba a China Kichá y Cabagra; asimismo, como se indicó en el Informe Anual 2019-2020 de la Defensoría de los Habitantes “en algunos medios de comunicación y en las redes sociales se han exacerbado los discursos de odio de índole racista, y se han criminalizado las reivindicaciones indígenas de derechos. A la fecha, no se ha detenido a ninguna persona ni se ha sancionado a nadie por todos

estos hechos. Este panorama pone en evidencia que las acciones estatales no han sido suficientes, para alcanzar el fin pretendido de garantizar la vida e integridad personal, así como el acceso a la justicia de los miembros de los pueblos indígenas de Térraba y Salitre, y evitar así la repetición de los hechos que dieron lugar a la adopción de la Medida Cautelar”.

Situación por la cual la Defensoría de los Habitantes clama por la Justicia Pronta y Cumplida y hace un llamado vehemente al Estado Costarricense a combatir la impunidad y evitar la escalada de violencia dentro de los territorios indígenas. Ante tan lamentables hechos, se hace un llamado público a la paz y la no violencia ante las resoluciones emitidas en los casos de los señores Sergio Rojas y Jerhy Rivera Rivera activistas y defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

La Defensoría de los Habitantes como Institución Nacional de Derechos Humanos, envía un abrazo fraterno a sus familiares y a los pueblos indígenas del país, para que sus voces son escuchadas y continuar en esta lucha por la promoción y defensa efectiva de sus Derechos Fundamentales.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría revisan situación de los derechos de las personas afrodescendientes en América Latina y el Caribe

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Costa Rica participa activamente con su liderazgo en el continente

El estado de situación de los derechos humanos de las personas afrodescendientes en América Latina forma parte de un proyecto de capacitación que participa la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica con entidades homólogas a través de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA).

La intención no solo es que funcionarios/as de las Defensorías analicen los principales desafíos que enfrenta la población afrodescendiente de la región sino también que los participantes puedan reconocer los principales retos, problemas y afectaciones en cada país para un adecuado abordaje y protección.

El programa incluye el conocimiento del contexto histórico, económico y político de la población afrodescendientes con un enfoque de derechos humanos y su realidad actual, así como los instrumentos naciones e internacionales más relevantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el tema de la lucha por la tierra, territorios y recursos naturales y el estudio de casos puntuales en Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, México, entre otros.

Este esfuerzo de trabajo colaborativo entre la Defensoría de los Habitantes, la Asociación de Mujeres Afrocolombianas (AMUAFROC), la Articulación para el Decenio Afrodescendiente (ALDA) y RINDHCA, se propicia en el marco del proyecto de fortalecimiento de la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe en el diálogo de seguimiento y evaluación de la agenda del Decenio Internacional Afrodescendiente, liderado por AMUAFROC.

Para la Defensora de los Habitantes de Costa Rica, Angie Cruickshank, esta cooperación es fundamental para fortalecer las líneas de acción e incidencia de las instituciones nacionales de derechos humanos de la región en la protección y promoción de los derechos de la población afrodescendiente en América Latina y el Caribe.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría: Programas sociales navegan a la deriva

Escrito en . Publicado en Derechos.

Si bien la Agenda 2030 y sus ODS brindan la orientación adecuada para el diseño, formulación e implementación de iniciativas con la finalidad de reducir las múltiples desigualdades, mitigar los efectos negativos que enfrenta el país y aumentar así, el desarrollo humano para “no dejar a nadie atrás”, para la Defensoría de los Habitantes, mientras se carezca de una política nacional para la atención de la pobreza, Costa Rica se encuentra largo de la Ruta para una atención real, sostenida y estructural de la misma.

Así lo señalan las primeras conclusiones a las que llega un estudio preliminar que elabora la Defensoría de los Habitantes donde se analizan las consecuencias de la aplicación de la regla fiscal en las principales instituciones del Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social, como son el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI).

De los resultados preliminares preocupa a la Defensoría que, durante los últimos años, al amparo de la aplicación de la Regla Fiscal, Costa Rica vive una reducción constante en materia de inversión pública en educación, salud y programas de combate a la pobreza, que compromete los tímidos avances en relación con la pobreza y la desigualdad.

Adicionalmente a la reducción presupuestaria y aplicación de la Regla Fiscal, el estudio preliminar destaca la necesidad de revisar el diseño de los programas sociales selectivos para garantizar su idoneidad y que sean complementarios, mejorar la coordinación interinstitucional, perfeccionar y uniformar los mecanismos de selección de beneficiarios para garantizar que lleguen a quienes realmente lo necesitan, además de completar la cobertura de los programas sociales, especialmente en las áreas más alejadas del país, y para dar énfasis a la calidad de los servicios de educación y salud y ajustarlos a las necesidades y condiciones de las poblaciones

Se detalla en el informe preliminar de la Defensoría, la necesidad de incorporar prácticas de evaluación de servicios y programas que incorporen metodologías de costeo claras que determinen cuál es el monto adecuado que se debe otorgar a las familias o personas beneficiadas para que puedan subsistir o continuar con sus estudios.

Además, se observa que casi todos los programas sociales analizados carecen de indicadores de impacto y efecto, lo que impide medir si realmente están generando una incidencia positiva en la sociedad. Tampoco se puede determinar si es necesario implementar mejoras para beneficiar de manera más efectiva a la población.

Otro aspecto que se detalla es la falta de consideración de factores importantes como la región de planificación donde vive la persona beneficiada, si tiene alguna discapacidad o enfermedad crónica. Estas variables no se toman realmente en cuenta al establecer los montos de las ayudas. Asimismo, es fundamental realizar evaluaciones de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Evaluación para Intervenciones Públicas del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). Aunque algunos de los programas mencionados anteriormente han llevado a cabo evaluaciones de diseño, son muy pocos los casos en que se han realizado evaluaciones de procesos y resultados. En algunos programas que llevan más de 20 años en implementación, nunca se ha realizado una evaluación de resultados, lo que implica que no se sabe si actualmente están generando efectos positivos en la población beneficiada.

La Defensoría subraya la importancia de crear una política pública formal que coordine y articule de manera efectiva las distintas estrategias y programas dirigidos a la reducción de la pobreza y la inclusión social.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría interviene ante CCSS por atraso salarial a grupo de trabajadores

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

488 personas funcionarias en enfermería y auxiliares de hospitales afectadas a julio 2024

Luego de conocer que un grupo de funcionarios/as de enfermería, auxiliares de enfermería, asistentes de pacientes y auxiliar de quirófano de hospitales públicos tenían atrasos en el pago de sus salarios, incluso de hasta cinco meses, la Defensoría de los Habitantes solicitó a las autoridades un informe detallado a la Caja Costarricense del Seguro Social sobre la situación.

Según afectados los atrasos han provocado que las personas trabajadoras tuvieran que recurrir a endeudamiento justamente porque el salario no les llega de manera puntual como corresponde. Para esta Defensoría, el no pago en tiempo del salario va en demérito de la calidad de vida de estas personas y la de sus familias.

Datos suministrados por la CCSS, al 23 de Julio del 2024, 488 personas funcionarias de seis Direcciones de Red Integradas de Prestación de Servicios de Salud y Hospitales Nacionales presentaban problemas con su salario, la mayoría de estas personas (71%) se concentra en el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia (346 afectadas).

La Defensoría solicitó las acciones implementadas o por adoptar para solucionar la situación, por lo que la Dirección Médica informó que, se ha realizado la aplicación de nombramientos a fecha indefinida en plazas vacantes, comunicación de circulares relacionadas con la confección, revisión y trámite de los documentos de personal y, fortalecimiento al Sistema Operativo Gestión de Recursos Humanos. Además, se indicó que se encuentran trabajando en el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión de las Personas Trabajadoras de la CCSS (SIPE), que permitirá redefinir toda la tramitología manual que hoy se ejecuta en un proceso automatizado.

La Defensoría realizará un informe detallado sobre este tema en el cual planteará recomendaciones con el fin de solventar dicha problemática que violenta el derecho de estas personas trabajadoras. La CCSS tiene una planilla de 63.287 personas trabajadoras. De acuerdo con la información proporcionada a la Defensoría con los históricos del 2023 se identificó que existen un promedio de 195.464 documentos de personal por bisemana – que equivale a 53.937 acciones de personal, 7.004 extras, 976 colectivas y 133.547 movimientos de personal- de los cuales un 68% se tramitan en forma manual por parte de las Unidades de Gestión de Recursos Humanos el 100% de los documentos requiere de una captura manual en el Sistema de Planilla Institucional.

La Defensoría de los Habitantes también ha estado interviniendo en situaciones de atrasos en componentes salariales en personal del Ministerio de Educación Pública.

Direcciones de Red

Integradas de Prestación de Servicios de Salud

Hospital

Personas afectadas

a Julio 2024

Dirección de Red

Integrada de Prestación

de Servicios de Salud

Huetar Atlántica

Hospital Guápiles

Enfermera Obstetra:02

Auxiliar de Enfermería:13

Asistente de Pacientes:05

Auxiliar de Quirófano:44

 

Total: 64

Dirección de Red

Integrada de Prestación

de Servicios de Salud

Pacífico Central

 

Hospital Dr. Max

Terán Valls

Auxiliar de enfermería:02

Asistente de pacientes: 01

 

Total: 03

Dirección de Red

Integrada de Prestación

de Servicios de Salud

Pacífico Central

Hospital Dr.

Monseñor Sanabria

Enfermería: 22

Auxiliar de enfermería: 25

Asistente de pacientes: 08

 

Total: 55

 

Hospital Nacional

Personas afectadas a Julio 2024

Hospital San Juan de Dios

Auxiliares de Enfermería: 02

 

Total: 02

Hospital Dr. Rafael Ángel

Calderón Guardia

Enfermeras: 186

Auxiliares de Enfermería: 160

 

Total: 346

Hospital México

Auxiliar de Enfermería: 15

Enfermeros:02

Auxiliar de Quirófano: 01

 

Total:18

Fuente: Dirección De Administración y Gestión De Personal CCSS

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría: Reforma al Código Municipal afectó derechos de las mujeres

Escrito en . Publicado en Derechos.

Defensoría presentó coadyuvancia a acción de inconstitucionalidad

La Defensoría de los Habitantes presentó una coadyuvancia a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) en contra del artículo 13 del Código Municipal, por considerar que la modificación de dicha norma disminuyó las garantías institucionales para la consolidación de oficinas municipales dirigidas al aseguramiento, protección y promoción de los derechos de las mujeres y, por ende, es regresivo de los derechos de esta población.

Esta Defensoría considera que todas las acciones estatales deben ajustarse al cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos derivadas de los instrumentos jurídicos ratificados, y debe procurar acciones para el cumplimiento de las observaciones finales y recomendaciones emitidas por los órganos de Tratado.

En materia de infraestructura y políticas institucionales para el avance de los derechos de las mujeres, las Oficinas Municipales de la Mujer se constituyen en un medio accesible y disponible para ellas en toda su diversidad y en todas las regiones del país, como una expresión de una democracia consolidada. Se trata de instancias que fortalecen los mecanismos nacionales para el adelanto de los derechos de las mujeres cuyas acciones contribuyen, en el ámbito local, a multiplicar las acciones y responsabilidades ejercidas por el INAMU a nivel nacional, con la coordinación interinstitucional.

La Defensoría estima que parte de las acciones generadas desde las Oficinas Municipales de la Mujer han coadyuvado a los esfuerzos que a nivel nacional debe implementar el INAMU y el resto de las instituciones que ostentan responsabilidades derivadas del ordenamiento jurídico, y de las acciones contenidas en la Política Nacional para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres 2018-2030 y Política Nacional para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres de todas las edades.

Es por eso que, el fortalecimiento de estas oficinas propicia la generación de indicadores específicos respecto a la vigencia de los derechos de las mujeres en el ámbito local, así como la recopilación de datos, permite la coordinación interinstitucional para asegurar que todas las entidades involucradas trabajen de manera coherente hacia los objetivos de igualdad de género, desde el ámbito local.

También ayuda a la construcción de acciones para atender la resistencia cultural y los prejuicios de género existentes que pueden influir en la implementación y monitoreo de políticas públicas con perspectiva de género, brindan capacitación continua para el funcionariado público y las organizaciones de la sociedad civil a nivel local en temas de género y derechos de las mujeres, facilita la participación activa de la sociedad civil, especialmente de organizaciones de mujeres, para proporcionar un monitoreo independiente y constructivo de las políticas de género y de la gestión de los servicios institucionales en materia de derechos de las mujeres, especialmente en violencia de género, promueve la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos asignados y permite facilitar el acceso a mecanismos efectivos de denuncia y respuesta a las necesidades de todas las mujeres.

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Defensoría de los Habitantes