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Etiqueta: Defensoría de los Habitantes

Costa Rica excluyó a niñez indígena de Política Nacional

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Defensoría acudió a Sala IV para que se garantice la protección de sus derechos

Costa Rica excluyó de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036, vigente en la actualidad, a la población menor de edad indígena, lo que representa una flagrante violación al interés superior del niño y de la niña indígena, sus derechos a la igualdad y no discriminación, sus derechos de participación, supervivencia y desarrollo, entre otros.

A pesar de que la Defensoría de los Habitantes alertó a las autoridades competentes de esta grave decisión, no se echó marcha atrás, situación que provocó que elevara el caso ante el Tribunal Constitucional a través de un recurso de amparo, el cual ha sido admitido para estudio.

La decisión del Gobierno fue que la consulta sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes se hiciera en el marco de la Política Pública de Pueblos Indígenas y no en la Política Nacional de Niñez y Adolescencia. “La desidia y la falta de seriedad con la cual el Estado costarricense ha abordado el tema, y particularmente la violación de derechos que las acciones del Estado generan, al haber dispuesto que la consulta de la política de niñez de la población menor de edad indígena se anexará a la consulta general de pueblos indígenas -lo que supone un periodo mínimo de dos años o inclusive superior- atentan contra el principio de interés superior del niño y la niña, pero además una decisión que se tomó sin criterios razonables ni objetivos”, afirmó la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

Para esta Defensoría, dicha exclusión constituye una discriminación que invisibiliza a las personas menores de edad que viven en territorios indígenas, sus inquietudes y sus aspiraciones, violentando sus derechos e incumpliendo con la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La Defensoría solicitó a la Sala Constitucional declarar violatorios los acuerdos del Consejo de la Niñez y la Adolescencia, y ordenar la inmediata realización del proceso de consulta a las niñas, niños y adolescentes de los 24 territorios indígenas, garantizándose con ello, la incorporación de sus necesidades y aspiraciones en la Política Nacional de Niñez y Adolescencia y en sus planes de acción.

“No hay política pública sin derechos humanos, ni se puede hablar de una garantía de los derechos humanos sin una debida política pública, su relación es innegable e indisoluble, pues la política pública viene a instrumentalizar el medio a través del cual, el Estado garantiza los derechos, medio que debe tener, además, un contenido presupuestario que torne realista y realizable su ejecución”, agregó la Defensora de los Habitantes.

La discriminación denunciada se observa claramente en cuatro momentos distintos.:

  • A raíz de la exclusión de las personas menores de edad indígenas de los extensos procesos de consulta realizados por la Secretaría Técnica de Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia durante la formulación de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036.
  • En la sesión ordinaria CNNA 03-2023 del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, celebrada el 24 de octubre de 2023, en la que se acuerda atender la consulta y los asuntos relativos a la niñez y adolescentes indígenas en el marco de elaboración de la Política Pública para Pueblos Indígenas (Acuerdo artículo 07) aparte 04), sin fundamentar tal decisión.
  • En la sesión extraordinaria CNNA 02-2024 del 18 de abril de 2024 del Consejo Nacional Niñez y la Adolescencia, con la adopción de los Acuerdos artículo 05) aparte 01) y 02), con los cuales se pretende conferirle un fuero de legitimidad a un proceso lesivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas y queda aprobada la Política Nacional de Niñez y Adolescencia.
  • Por último, se concreta y consolida con el lanzamiento y la entrada en vigencia de dicho instrumento programático-estratégico, en tanto, a partir de ese momento se perpetua la discriminación histórica en contra de la población menor de edad indígena debido a la ausencia de acciones afirmativas y medidas especiales concretas a favor de esa población, que les permita acceder desde un plano de igualdad al disfrute de todos los derechos reconocidos a la población menor de edad, en general.

Como Defensoría hemos venido exigiendo un compromiso real del Estado en materia de protección de derechos de la niñez plasmados en casos concretos como el de la niña desaparecida en Cartago, una adecuada prevención y atención a los casos por acoso escolar, la reducción en la inversión a la educación, entre otros.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Hospital de Alajuela: Faltante de 18 EBAIS complica servicios a usuarios

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Informe de la Defensoría de los Habitantes

La saturación del servicio de emergencias del Hospital San Rafael de Alajuela tiene una causa que agrava el problema: un faltante de 18 EBAIS, según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Esa situación genera una sobrecarga de pacientes provenientes de algunas Áreas de Salud que presiona la capacidad de atención del centro hospitalario e impacta en la prestación de los servicios de atención médica.

Así lo plasmó la Defensoría de los Habitantes en un informe con recomendaciones a la CCSS, donde considera necesario que se dote a la población alajuelense de más equipos de atención primaria y, el establecimiento de más áreas de salud que funcionen 24/7 para atender la demanda de pacientes ambulatorios y con patologías de menor complejidad, que puedan completar sus procesos diagnósticos y terapéuticos en ese primer nivel.

Adicionalmente, la Defensoría considera necesario que se remodelen y amplíen los servicios de Neonatología, Emergencias, Quirófanos, Intermedios y UCI del hospital de Alajuela y los Servicio de Cuidados Intensivos de los hospitales Carlos Luis Valverde Vega y San Francisco de Asís, los cuales están dentro del proyecto 0824-CCSS.

Entre las recomendaciones que gira esta Defensoría a la Gerencia Médica de la CCSS está valorar, si no lo ha hecho todavía, la aprobación del proyecto 0824-CCSS de fortalecimiento del Hospital San Rafael de Alajuela planteado el 1 de marzo de 2024, el cual incluye la dotación de más recurso humano, lo mismo que la aprobación del proyecto de construcción y equipamiento Servicio de Urgencias, en el Hospital San Francisco de Asís Grecia (laboratorio, farmacia y Rayos X).

Datos sobre la saturación

Durante el 2023 y hasta febrero 2024, en el Hospital San Rafael de Alajuela se generaron 114.000 atenciones en el servicio de emergencias, entre las cuales se encuentra gran cantidad casos que no necesariamente representan verdaderas emergencias: 37.696 verdes (33 %), 67.183 amarillos (58 %), 9.458 rojos (8 %), 241 azules (1%). Hubo cerca de 200 pacientes en condición blanco a los que se suman los 24.604 usuarios que fueron valorados por medio de “triage” y redireccionados a otras áreas de salud. Estos datos indican que la mayoría de pacientes presentan casos simples que no ameritan una atención inmediata y que pueden ser atendidos en un nivel de complejidad inferior.

La media de ocupación del servicio de emergencias del Hospital de Alajuela, de enero 2023 a febrero 2024, fue de 120%, generando plazos de espera de los pacientes para ser internados hasta de 12 días, en servicios como Ortopedia, por ejemplo. De las especialidades con mayor cantidad de pacientes se encuentran Ortopedia, Medicina Interna, Geriatría, Neumología y Cardiología.

Otro dato importante que debe resaltarse es que la población adscrita al Hospital de Alajuela es de 676.698 habitantes, de los cuales, 391.698 habitantes son directos y 285 mil habitantes son de adscripción indirecta, pues provienen de los cantones de Grecia, Naranjo, San Ramón, Palmares, Alfaro Ruiz-.

Brechas de faltante de EBAIS
Datos Dirección Regional Integral de Prestación
de Servicios de Salud Central Norte CCSS

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría pide cuentas a seis instituciones del Estado por atrasos salariales en el MEP

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Situación salarial podría ser más grave

Debido a las repercusiones que hay desde el punto de vista de derechos laborales del funcionariado, la no eficiencia administrativa, la afectación de las finanzas públicas y los problemas para la elaboración y ejecución presupuestaria, los procesos y sentencias judiciales, la Defensoría de los Habitantes debió pedir cuentas a seis instituciones del Estado porque la situación en los atrasos salariales de las personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública (MEP), podría ser más grave de lo que inicialmente se pudo determinar.

Para la Defensoría, esta situación afecta la trascendental labor que cumplen las personas trabajadoras del MEP como responsables del sistema público de educación de la niñez, adolescencia y juventud costarricense.

Es por eso que, es de suma importancia tener información de los ministerios de Hacienda, Trabajo y Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), de la Procuraduría General de la República, de la Contraloría General de la República y del mismo MEP, para realizar una investigación estructural, de manera que se logre tener una visión integral de dicha problemática.

La Defensoría ha venido atendiendo un número considerable de denuncias de personas funcionarias del MEP sobre la inadecuada gestión y excesiva tardanza, por parte de la Dirección de Gestión de Talento Humano de este ministerio, en el reconocimiento y pago de diferentes incentivos salariales a los que tienen derecho (carrera profesional, anualidades, excedentes y otros), tanto de períodos fiscales vencidos como del actual.

A esas denuncias se unen otras, reiteradas año con año sin que se visualice alguna solución, sobre las múltiples omisiones, por parte del MEP, en cuanto al pago de distintos rubros que son parte del salario de su personal; omisiones reiteradas como, por ejemplo, salarios incompletos por el no reconocimiento de lecciones ya impartidas, recargos no reconocidos o rebajos injustificados; amén del aumento por costo de vida no reconocido y el no pago de prestaciones, entre otros.

En detalle

Al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, se le envió cinco consultas sobre las partidas concretas en presupuestos ordinarios y modificaciones presupuestarias o presupuestos extraordinarios aprobados al MEP para cubrir el pago de períodos fiscales vencidos, indexaciones, multas, intereses y demás rubros originados en resoluciones administrativas y sentencias judiciales de los reclamos administrativos sobre el MEP. Sobre las cifras pagadas de más, por errores de la Administración originados en cálculos erróneos y el monto, esto dentro del periodo comprendido entre el 01 de enero del 2010 y el 30 de junio de 2024. También se le consultó el porcentaje, dentro del presupuesto para educación, que ha representado esas partidas presupuestarias, entre otros aspectos.

Al ministro de Trabajo, Andrés Romero, se le solicitó las propuestas planteadas al MEP y las acciones adoptadas. También debe informar sobre los espacios de diálogo dispuestos por ese ministerio o acercamientos que se haya tenido con el personal del MEP afectado o con sus organizaciones gremiales, para su análisis y propuestas de abordaje integral y efectivo y las acciones que se ejecutarán en el corto plazo, para incidir en la atención y solución de esta problemática que, evidentemente, afecta los derechos laborales del funcionariado.

A Mideplan, se le envió cuatro solicitudes; las acciones adoptadas para contribuir en la construcción de rutas de acción que conduzcan a la identificación y superación de las causas estructurales que la generan, un análisis, desde el punto de vista de la planificación y gestión del talento humano para mejorar la administración del MEP en cuanto a su capacidad de respuesta frente a los reclamos que se le plantean por los conceptos indicados.

A la Procuraduría General de la República, se le solicitó un informe sobre la cantidad de procesos judiciales interpuestos por el personal del MEP, el tipo de proceso, montos cobrados al Estado como consecuencia del pago de las costas, daños y perjuicios e intereses declarados en las sentencias judiciales, la cantidad total de profesionales asignados para la atención de dichos procesos y las acciones entabladas o que ejecutará la Procuraduría ante el MEP, en resguardo del erario público afectado por el cumplimiento de tales sentencias judiciales.

A la Contraloría General de la República, se le solicitó información sobre el seguimiento realizado a informes elaborados sobre ejecución presupuestaria y si hay o no nuevas investigaciones relacionadas con la problemática denunciada.

Y al MEP, la Defensoría le solicitó información muy detallada sobre diez puntos, entre los que destaca, detalles específicos sobre los reclamos administrativos planteados por las personas, los reclamos en vía judicial, los reclamos interpuestos por concepto de aumento por costo de vida, sobre el pago de prestaciones, detalle de los sistemas informáticos que están en funcionamiento para atender reclamos y especificaciones sobre el presupuesto institucional y un análisis realizado sobre la problemática que investiga la Defensoría de los Habitantes de cara a la búsqueda de soluciones en el corto plazo.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría investiga traslado de atención de carreteras nacionales a municipalidades

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Sobre más de 3.000 kilómetros de la red vial nacional

Como parte del control de legalidad que realiza la Defensoría de los Habitantes, se le envió al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, (MOPT), 12 preguntas relacionadas con la eventual entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo N° 44.263-MOPT, que estaría trasladando a las municipalidades del país la atención de más de 3.000 kilómetros de carreteras nacionales.

El objetivo de esta Defensoría es verificar la procedencia técnica y jurídica de dicha medida y garantizar que su eventual aplicación no perjudique la conservación y mejoramiento de dichos caminos públicos. Estas son las consultas que el jerarca del MOPT, Mauricio Batalla Otárola, debe responder dentro de los cinco días hábiles: si la transferencia de dicha responsabilidad fue comunicada formalmente a los gobiernos locales involucrados o no. En caso afirmativo, precisar en qué fechas y a través de qué medios.

Se le consultó si la medida fue adoptada con el concurso y participación de dichos gobiernos locales, o si es una decisión unilateral del Poder Ejecutivo, además, en caso de llevar adelante esta iniciativa, cuál es la cuantía exacta de los recursos que serán transferidos a cada una de las municipalidades involucradas y si dichos recursos ya están o no reservados a nivel presupuestario.

Para esta Defensoría, es importante saber en qué fechas serán transferidos los respectivos recursos a las municipalidades involucradas, a través de qué metodología se estableció la cuantía de recursos a trasladar para cada una de ellas y si su ministerio considera que tales recursos son suficientes para garantizar el óptimo mantenimiento y conservación de las carreteras cuya atención sería encomendada a los gobiernos locales.

Además, se le consultó si la transferencia de esta responsabilidad no prevé transferir recursos adicionales, qué consideración le merece que los establecidos actualmente en las Leyes N° 8114 y 9329, se destinen exclusivamente al mantenimiento de la red vial cantonal y cuál sería el plazo por el que se trasladaría dicha responsabilidad a las municipalidades.

También, deberá informar si considera que las respectivas municipalidades están preparadas en términos de recursos humanos, administrativos y logísticos, para asumir dicha responsabilidad a partir del presente mes y lograr la ejecución presupuestaria de los recursos que les serían transferidos y presentar los estudios técnicos recientes de órganos expertos como LANAMME u otros, que precisen el estado actual de las carreteras cuya atención se trasladaría a las municipalidades.

Por último, deberá indicar qué consideración le merece la posible transgresión al principio de jerarquía de las normas, que implicaría trasladar la atención de carreteras nacionales a las municipalidades vía Decreto, a pesar de que la Ley General de Caminos Públicos, N° 5060, asigna al MOPT la administración de la red vial nacional (incluyendo las carreteras primarias, secundarias y terciarias), y a las municipalidades la red vial cantonal.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría: Urge soluciones de agua para habitantes de Aserrí

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Defensoría dará seguimiento a acciones de la Municipalidad sobre acueducto

Debido a que la comunidad de Aserrí ha enfrentado por años una situación crítica en relación con el suministro de agua potable, tal como se refleja en las denuncias presentadas, la Defensoría de los Habitantes considera que la Municipalidad local debe tomar todas las medidas e implementar las acciones que se requieran para una planificación integral de las necesidades de inversión y mejora de la prestación de ese servicio público.

Para la Defensoría, el gobierno municipal debe realizar las obras de infraestructura necesarias para satisfacer la demanda actual y futura, en aras de garantizar efectivamente el derecho humano al acceso al agua potable, por lo que se le solicitó remitir el cronograma de acción, con responsables y plazos de la ejecución de todos sus proyectos.

Además, deberá presentar una estrategia de control interno, con análisis de riesgos y definir quienes tendrán la responsabilidad de hacerla cumplir en el menor tiempo posible y dar a conocer, tanto a la comunidad de Aserrí como a esta Defensoría, el Plan de Contingencia y Protocolo de Comunicación con el que cuenta esa municipalidad.

De acuerdo con las denuncias presentadas en el mes de mayo del 2024, la Municipalidad de Aserrí incumple con el suministro de agua, así como con los horarios de racionamiento propuestos, lo que genera una condición de desigualdad con un recurso tan importante como es el agua, además que el líquido presenta la turbidez.

Según esta Municipalidad, la topografía bastante irregular contribuye a aumentar la problemática, ya que el agua llega primero a las partes bajas, donde el líquido se consume de manera desproporcionada, y deja a las partes altas, con cierto grado de desabastecimiento. Además, este año los caudales de las fuentes superficiales que abastecen la planta de tratamiento han disminuido hasta niveles de 30 litros por segundo, teniendo con ello un déficit actual de 80 litros por segundo.

Además, indicaron a esta Defensoría que la situación climática no es ajena a la municipalidad y ha obligado a tener que establecer sectorialmente horarios de racionamiento, en donde se regulan válvulas durante 16 horas continuas para garantizar que tanto las partes bajas como las partes altas puedan tener suministro de agua lo más equitativamente posible.

Según indicó la alcaldesa de Aserrí, Patricia Mayela Porras Segura, la Municipalidad tiene proyectado para el año 2024, perforar un pozo en el sector de Lourdes u otro sector afín. Para el año 2025 pretenden adquirir propiedades para perforar dos pozos más y un camión cisterna para el acueducto municipal. Para el 2026 proyectan aumentar la capacidad de almacenamiento en un millón de litros más en la planta de tratamiento municipal y para el 2027 tener por lo menos perforados tres pozos que ayuden a mejorar el suministro del agua a la población de los distritos del centro de Aserrí y salitrillos y con ello reducir el tema del racionamiento y construir una planta de tratamiento potabilizadora en el sector de Salitrillos.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría plantea amparo contra Ministro por no responder dudas sobre Política de Seguridad Pública

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Defensoría evalúa Política “Costa Rica Segura Plus 2023-2030”

La Defensoría de los Habitantes planteó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el Ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, por ser omiso en las respuestas ofrecidas a éste órgano de control sobre avances en la ejecución de la “Política Nacional de Seguridad Pública Costa Rica-Segura Plus 2023-2030”.

El 03 de abril anterior la Defensoría remitió al señor Ministro una gestión en aras de revisar los resultados de la Política Nacional de Seguridad Pública, que incluía varias inquietudes puntuales, no obstante, desde entonces no ha informado sobre algunas de ellas bajo el argumento de que primero debe emitir un Plan de Acción de la Política Pública -previsto para octubre-.

Para esta Defensoría, ninguna de las consultas que quedaron sin responder requiere la emisión de un Plan de Acción, por lo que no es de recibo dejar de informar sobre las actas y reglamentación del «Consejo de Seguridad Nacional» establecido en la Política; las metas de reducción de delitos previstas en la Política; las fuentes de financiamiento que garanticen sostenibilidad a la Política, o los mecanismos de rendición de cuentas hacia la ciudadanía, entre otros aspectos.

Llama la atención que el Ministro de Seguridad, sí informó sobre un cronograma para elaborar el Plan de Acción de la Política, y que las acciones a desarrollar inicien justamente en abril de 2024, cuando esta Defensoría le consultó sobre la programación de trabajo para emitir ese instrumento, luego de transcurridos cinco meses de emitida la Política.

El Plan de Acción es el «corazón» de la Política Pública y sin él queda solo una declaración de buenas intenciones en el mejor de los casos, por lo que esta Defensoría insistió, a través de la prevención de ley, para que el ministro Zamora respondiera todo lo consultado.

En respuesta a la prevención, el Ministro de Seguridad tampoco respondió todo lo solicitado y más bien cuestionó aspectos de procedimiento de este órgano de control de legalidad, evadiendo dar respuesta a los temas de fondo requeridos. Ante ello, la Defensoría recurrió a la Sala Constitucional para hacer valer el derecho de acceso a la información de interés público que tutela el artículo 30 de la Constitución Política, recurso que fue acogido para su estudio por parte del Tribunal y le otorgó un plazo de tres días para que rinda cuentas.

Cabe destacar que, más recientemente el señor Ministro respondió parcialmente a las consultas de la Defensoría, pero ello ocurrió hasta el pasado 25 de junio, un día después de que la Sala Constitucional le notifica la interposición del Recurso de Amparo y le fijara un plazo para referirse a su omisión. Así, la Defensoría considera lamentable que se deba recurrir hasta el órgano constitucional para que acceda a informar sobre la conducción de esta política pública, y que, aún así, lo haga de forma incompleta.

Las políticas públicas son los mecanismos que permiten concretar las líneas maestras por donde encauzará el Estado sus esfuerzos para materializar y dar vigencia real y cotidiana a los derechos humanos; por su naturaleza y alcance, la Política Nacional de Seguridad Pública tiene una afectación e impacto transversal en el resguardo de diversos derechos humanos de toda la población como son la vida, la integridad física, la libertad, la igualdad, el desarrollo, la salud, entre otros, lo que la convierte indudablemente en información de un alto interés público que debe estar al alcance de toda la ciudadanía y de la Defensoría como órgano de control y supervisión, sin restricción alguna, para asegurar su cumplimiento.

Oficina de Comunicación Institucional / Defensoría de los Habitantes

Defensoría recomienda replantear la Regla Fiscal

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*Que trascienda el enfoque mecánico y, evalúe la eficiencia y calidad del gasto a recortar

Tras su reciente comparecencia en la Asamblea Legislativa, la Contralora General de la República afirmó, ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, que existe una necesidad de replantear la regla fiscal desde su origen, porque a su criterio hay limitaciones e incongruencias.

Esta excitativa en relación con la necesidad de contar con un nuevo instrumento no es nueva, ya que desde el año anterior, un informe de la Defensoría de los Habitantes de noviembre del 2023, recomendó al Poder Ejecutivo “convocar una mesa de trabajo a nivel nacional con la activa participación de diversos sectores, incluyendo la sociedad civil, la academia, la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República y grupos políticos a nivel nacional con el propósito central analizar y debatir la regla fiscal”.

Entre los aspectos que detalló en su informe la Defensoría de los Habitantes indicó que, la actual regla fiscal presenta una falta de concreción en relación con el objetivo que se pretende alcanzar, ya que está más orientada en establecer una limitación en el tamaño del gobierno que a lograr resultados específicos en las finanzas públicas, al definir la regla como un límite al crecimiento del gasto corriente sin especificar un horizonte temporal de aplicación.

Un aspecto que resultó de suma relevancia durante la investigación es que, con la normativa actual, la restricción de la Regla fiscal no podría ser levantada incluso en períodos de bonanza fiscal, ya que utiliza como referencia del gasto de las instituciones del sector público no financiero, el cual no puede ser superior a la variación del PIB durante los últimos 4 años anteriores.

Asimismo, pese a que la Regla fiscal podría ser suspendida hasta por dos años en situaciones de estado de emergencia nacional o de recesión económica, durante la crisis económica generada por la pandemia, la Regla siguió activa, ya que se confió la decisión a la interpretación y aplicación del Reglamento correspondiente (Decreto Ejecutivo N° 41641-H), que dio como resultado que se otorgara un enfoque fiscalista que demostró que durante momentos socioeconómicos desafiantes, la regla fiscal se convirtió en un instrumento potencialmente perjudicial y regresivo que menoscabó la efectiva realización de los derechos de la población, derechos que están garantizados por normativas de rango superior a las leyes ordinarias.

Otro elemento que se destaca de la actual Regla Fiscal, es su incapacidad para permitir intercambios o compensaciones internas entre aquellas entidades que no requieran superar el límite de gasto autorizado y aquellas que necesiten un mayor gasto por atender poblaciones vulnerables, de manera que se cumpla con la restricción a nivel global.

Además, se señaló que la actual regla no tomó en cuenta la evolución de los ingresos públicos, lo que habría proporcionado mayor flexibilidad a la restricción del gasto ni consideró la relevancia del gasto institucional que se recorta o se restringe, ni incorporó un proceso de evaluación basado en beneficios, costos, impacto, eficiencia y calidad de los gastos sujetos a reducción o eliminación.

La diversidad de actores generó divergencia en las interpretaciones, debido a que la ley no abordó este asunto de manera explícita, sin definir el momento presupuestario para poner en marcha la norma y llevar a cabo su verificación, situación que se podría evitar si se contara con un Consejo Fiscal independiente del Poder Ejecutivo, con la capacidad técnica para evaluar la consistencia del marco fiscal y presupuestario, monitorear el cumplimiento de las metas fiscales y comunicar públicamente los resultados de sus análisis, como nos indica Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el informe para el año 2023.

Para la Defensoría el replantear la regla fiscal no significa debilitar la disciplina financiera, sino adaptarla a las necesidades contemporáneas, asegurando que el crecimiento económico sea inclusivo y sostenible, y que el bienestar de las personas no se vea comprometido por rigideces fiscales, que no toma en consideración la situación las crecientes necesidades de la población en términos de servicios públicos, los cambios demográficos en curso, o la atención requerida por grupos vulnerables y en situación de pobreza, entre otros factores socioeconómicos.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Prórroga de concesiones de radio y TV es un paso, pero urge una legislación moderna

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Costa Rica sobresale, en el tema inversiones, por la seguridad jurídica con la que cuenta dentro de su marco institucional. Sin embargo, con respecto a las concesiones de radio y televisión, a criterio de la Defensoría, no se cuenta con la claridad requerida acerca cómo y durante cuánto tiempo se estarían prorrogando dichas concesiones.

A menos de una semana para su vencimiento, el Gobierno anunció que prorrogará, antes del 28 de junio, a través de un decreto ejecutivo, estas concesiones. No obstante al plantearse como una medida temporal genera incertidumbre en torno al derecho en cuanto a su seguridad jurídica; es por tal motivo, que la Defensoría de los Habitantes manifestó su oposición al Proyecto de Decreto Ejecutivo para Reforma Parcial Al Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, que pretende ampliar por un año la vigencia de los títulos habilitantes de concesión administrativa de frecuencias para la operación de redes y la prestación de servicios de radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre y gratuito, adiciónese un transitorio al artículo 179 del Decreto Ejecutivo N° 34765-MINAET. El Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICITT) comunica mediante medios de comunicación, que utilizará el modelo jurídico del Decreto para llevar a cabo la prórroga, sin entrar en mayores detalles, cómo será el tema del plazo.

Por ello, la Defensoría de los Habitantes, hace un vehemente llamado a las autoridades gubernamentales, a adoptar una resolución pronta y oportuna, en el marco del respeto al marco jurídico, que permita a nuestro país continuar con el disfrute de los contenidos que ofrecen las empresas de radio y televisión que operen en nuestro territorio y en atención a la función social que realizan en el marco y respeto de los derechos fundamentales.

Finalmente, la Defensoría hace un llamado de la urgente necesidad de abordar, en el marco de la presente situación, la ampliación por un plazo suficiente de las concesiones que permita al Congreso discutir una nueva ley, que venga no solo a regular el otorgamiento de las frecuencias de radio y televisión con criterios actuales, razonables en materia técnica y legal; sino también todo lo vinculado a la valoración económica de los cánones por su uso en el país.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría monitorea control del Estado a centros de personas adultas mayores con fondos públicos

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Realizó seguimiento con el CONAPAM en visita a centro diurno de la Asociación de la Casa de la Persona Adulta Mayor de Moravia (ACAPAM)

En el mes de abril 2024 se tuvo conocimiento de denuncias por presuntas agresiones (maltratos psicológicos, emocionales y tratos discriminatorios) en contra de personas adultas mayores en el centro diurno de cuido Asociación Casa de la Persona Adulta Mayor de Moravia (ACAPAM).

La información recibida por CONAPAM refiere que realizarán labores de observación y trabajo de campo para verificar la atención que se brinda a las personas adultas mayores que continúan asistiendo al lugar. La Asociación mantiene suscrito y en vigencia, el convenio de transferencia de recursos púbicos del CONAPAM para el año 2024.

La Municipalidad de Moravia informó que las siete denuncias recibidas fueron trasladas a la Junta Directiva para un abordaje en coordinación con la psicóloga del centro diurno para los procesos de contención de las personas denunciantes y refiere la creación de una Comisión Especial para la evaluación operativa del Centro Diurno del Adulto Mayor del Concejo Municipal y una revisión de los registros contables, sobre lo cual se ha solicitado mayor información.

La Defensoría de los Habitantes solicitó al CONAPAM ampliar información sobre las coordinaciones interinstitucionales que se realizan para contar con un diagnóstico integral de la condición de las personas adultas mayores usuarias del servicio, por lo que la Unidad de Gestión Social de esa institución realiza un proceso de observación, realizándose entrevistas a cada una de las personas adultas mayores que acuden al centro, así como su personal.

Esta semana, la Defensoría de los Habitantes en acompañamiento al CONAPAM, realizó una inspección en el centro diurno, donde se llevó a cabo un encuentro con representantes de la Municipalidad local y la administración del centro diurno.

CONAPAM informó que la actual intervención de la entidad se da a fin de identificar si hay situaciones de abuso, posibles usuarios agredidos y posibles responsables de las agresiones, así como, corroborar la prestación del servicio a favor de la población adulta mayor y desescalar las situaciones de conflicto que se han presentado. Asimismo, efectuar una verificación de la información financiera referente a la utilización de los recursos y efectuar un informe contable.

Desde la Municipalidad de Moravia, manifiestan se han efectuado algunas visitas, se ha intentado un acercamiento con la población adulta mayor y las personas funcionarias. Se ha detectado una mejora significativa en el trato, los horarios y la alimentación. Se prevé mayor contacto con el centro, más visitas periódicas, y mayor fiscalización.  Desde la oficina de la Persona Adulta se les da seguimiento a los casos denunciados, se conversa con las personas usuarias para constatar cómo se sienten y tratar de darles contención ante las preocupaciones suscitadas con ocasión de las denuncias.  Se procura trabajar en la modificación del reglamento y del convenio que se tiene con la Asociación el cual vence en el 2025.

La actual administradora del centro informó que continúa recibiendo un promedio de 34 personas usuarias diarias, a quienes intenta unirlos y siempre estar pendiente de sus necesidades y su estado general. Se compromete a realizar una depuración de los usuarios activos, a intentar un acercamiento con la comunidad y con quienes fueron usuarios y se hayan retirado.

La Defensoría de los Habitantes continuará dando un estricto seguimiento a este trabajo de campo realizado por la CONAPAM a diferentes centros, en aras de la protección de los derechos de la población adulta mayor en situación de vulnerabilidad.  

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría: Urge centro permanente para flujos migratorios en Zona Norte

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*Debe existir un mayor control en el transporte de las personas migrantes

Jueves 13 de Junio 2024. Como parte de las acciones llevadas a cabo a partir de las recomendaciones incluidas en la “Alerta Temprana”, sobre flujos migratorios mixtos, la Defensoría de los Habitantes realizó una inspección al puesto fronterizo de Los Chiles, la cual permitió monitorear las condiciones de permanencia de las personas extranjeras a su llegada a la zona fronteriza de Los Chiles (una vez que logran abordar los buses que salen del CATEM-SUR).

Se coordinó una reunión con la Mesa Movilidad Humana de Los Chiles y con la Mesa Territorial de Migración y Movilidad Humana-Zona Norte; ambas subrayaron la necesidad de contar con un establecimiento permanente para la atención de las personas extranjeras provenientes de los flujos migratorios mixto (CATEM-NORTE), que se ubique en Los Chiles.

Para ello ya se cuenta con un terreno conocido como “FINCA del CTP” de 5 hectáreas, para lo cual se conformó un grupo técnico para analizar su viabilidad para la construcción del centro de atención temporal y cuál sería la figura legal para recibir la cooperación en ese sentido. Están a la espera de que el Ministerio de Gobernación defina la “modalidad de convenio” que se suscribirá.

La Mesa Territorial de Migración y Movilidad Humana-Zona Norte, se refirió además a lo siguiente:

  • La necesidad de coordinación de sus actividades como parte del proceso de actualización del plan de atención de flujos migratorios mixtos, para que exista vinculación directa de las necesidades y dinámicas de los gobiernos locales de las zonas fronterizas, con respecto a las políticas migratorias que se emiten a nivel nacional.
  • Que el sistema integrado de información de la Dirección General de Migración y Extranjería, sea accesible para las autoridades migratorias en la zona norte.
  • Preocupación por la presencia de personas menores de edad como parte de los flujos migratorios mixtos, una de cada 5 personas son personas menores de edad.
  • Necesidad de dar seguimiento a las empresas de transporte que están siendo utilizadas por las personas migrantes desde el sur hacia el norte del país, donde están obteniendo ganancias considerables por el monto que cobran para dicho traslado.

En la inspección realizada por el equipo de la Defensoría de los Habitantes, liderado por la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, se constató la inexistencia de un centro de atención para personas migrantes en tránsito, lo cual impide una adecuada atención por parte de las instituciones responsables de la misma. El centro o salón comunal de Los Chiles se encuentra habilitado para la permanencia de personas migrantes en un horario de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., donde se lleva un registro de las personas que ingresan. El espacio cuenta con duchas, servicios sanitarios, espacio techado donde las personas reciben información sobre el lugar, las condiciones de su permanencia, la distancia hasta la zona fronteriza y los riesgos que pueden enfrentar al continuar su trayecto por puntos no habilitados, espacio para la recreación de personas menores de edad. Al finalizar el horario de habilitación del salón comunal, las personas migrantes deben recoger sus pertenencias y salir del lugar, acción que se repite todos los días.

Deben entonces buscar un lugar para poder pasar la noche y colocar sus toldos o tiendas de campaña. Algunas personas lo hacen en la zona verde frente al salón comunal, otras en espacios públicos como el parque de Los Chiles (cuenta con anfiteatro pequeño que les permite no quedar a la intemperie) o la infraestructura que era utilizada anteriormente como “zona portuaria) y, otras, en su mayoría, se ubican en la terminal de buses de Los Chiles).

Las personas en tránsito, una vez que arriban a la terminal de buses de Los Chiles y que cuentan con el dinero suficiente para continuar su desplazamiento hacia los Estados Unidos, deben recorrer, aproximadamente, 6 kilómetros para llegar al puesto fronterizo de Las Tablillas. Sin embargo, considerando que no cuentan con documentos de viaje, no pueden salir de manera regular, por lo que para poder llegar a territorio nicaragüense deben hacerlo por un lote baldío, exponiéndose a robos o actividades ilícitas en su contra.

Según se pudo constatar durante una inspección nocturna, al momento de su arribo a la terminal de buses, las personas migrantes en tránsito son abordadas de manera inmediata por personas de la zona, que les ofrecen trasladarlos hasta el puesto fronterizo de Los Chiles. Según fue corroborado, este tráfico ilícito de migrantes se facilita debido a la porosidad de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Se informó existen más de 63 pasos no habilitados (en una zona fronterizo de más de 8 kilómetros), lo cual dificulta ejercer un verdadero control migratorio. Lo anterior, pese a los esfuerzos que se realizan para realizar recorridos policiales por la zona, tanto por parte de la Policía de Fronteras, como por parte de la Policía Profesional de Migración.

Se resalta la existencia de los varios espacios denominados “espacios seguros”, promovidos por la cooperación internacional, que sirven de esparcimiento y recreación para las personas migrantes en tránsito, entre éstas, las personas menores de edad. Asimismo, las personas menores de edad de hasta 10 años, con el consentimiento de sus padres, reciben vacunas contra el sarampión, por parte del personal de la CCSS. Igualmente, en caso de existir alguna sospecha, se aplican pruebas de malaria a todas las personas que presenten síntomas. Y por su parte, la organización de la sociedad civil “manos amigas”, brindan alimentación gratuita a las personas migrantes en tránsito que arriban a la terminal de buses de Los Chiles.

Ante esta crítica situación humanitaria, la Defensoría enfocará su trabajo en la posibilidad de que el Sistema Integrado de Registro de Albergues-SIRA, esté disponible para las autoridades migratorias del puesto fronterizo de las Tablillas, contar con esta información sobre la cantidad de personas que ingresan por Paso Canoas y se ubican en el CATEM SUR, incidirá en la atención de las necesidades particulares de protección.

Es relevante conocer sobre la naturaleza (permanente o temporal) del centro de atención que se instalará en la zona de Los Chiles, plazos para su materialización y los criterios para su definición. Durante la gira también se conoció sobre la falta de control y seguridad en relación con el transporte de personas migrantes provenientes de los flujos migratorios mixtos, sobre el estado de los caminos, acceso al agua potable, recolección de basura, a las cuales se les dará el debido seguimiento.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes