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Discusión ha sido limitada a temas de prórroga y canon

La Defensoría de los Habitantes manifestó su oposición al Proyecto de Decreto Ejecutivo para “Reforma Parcial Al Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, que pretende ampliar por un año la vigencia de los títulos habilitantes de concesión administrativa de frecuencias para la operación de redes y la prestación de servicios de radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre y gratuito, adiciónese un transitorio al artículo 179 del Decreto Ejecutivo N° 34765-MINAET.

Previo a emitir los argumentos de fondo, la Defensoría señaló en su documento que resulta injustificable que el Gobierno de la República no haya adoptado, con tiempo suficiente, las medidas y/o coordinaciones oportunas y necesarias que permitieran contar en tiempo, no sólo con los estudios técnicos, sino además con los requerimientos necesarios para haber realizado los procedimientos correspondientes, tanto para llevar a cabo la ampliación, como para la elaboración de los carteles para los concursos para adjudicación de las concesiones, previo a su vencimiento, es decir, a partir del mes de junio del presente año.

Sobre el fondo, en el tema de las prórrogas, la Defensoría considera que el reglamento vigente estableció ya un procedimiento para ampliar las concesiones por un plazo que no supere el máximo de ley establecido en 25 años, situación que otorga el derecho a los concesionarios que, en cumplimiento del artículo 33 del Reglamento, hayan planteado dicha solicitud de prórroga, por el plazo señalado, por lo que se deberán atener a las solicitudes planteadas mediante resolución motivada.

Adicionalmente, se señaló que la Administración no estableció los criterios ni técnicos ni legales que venga a justificar el plazo de 1 año, como el establecido para la ampliación y que, a consideración de la institución, haría nugatorio el derecho de los concesionarios que hayan solicitado, en tiempo y forma la ampliación.

Pese a lo anterior, la Defensoría de los Habitantes considera que la discusión en relación con el tema de las frecuencias para radio y televisión ha sido limitada, ya que sólo se ha centrado sobre los temas de prórroga, actos preparatorios de concesión y el canon, sin tomar en consideración, como ha sido reconocido por diversos actores como la Contraloría General de la República y la propia SUTEL, que el país carece de un marco regulatorio integral en relación con la materia.

En este sentido, se hace un llamado vehemente a las autoridades del Gobierno, para que, en conjunto con los demás actores interesados, se pueda aprovechar el tiempo restante para el vencimiento de las concesiones, que permitan a Costa Rica contar con una nueva ley que venga a regular el tema de radio y televisión con criterios actuales, que permita adoptar medidas razonables en materia técnica y legal del uso de frecuencias.

En términos generales, de continuar con la línea aquí planteada por el gobierno, de limitar al plazo de un año y a la discusión a temas de concesión y cánones, Costa Rica pierde la oportunidad de tomar decisiones con visión de futuro, al quedar nuevamente amarrado el tema  concesiones por 25 años; concesiones que serán otorgadas bajo parámetros que no se ajustan, como se ha señalado, a criterios tanto técnicos como legales actualizados y por tanto con falta de visión a futuro, en un tema que resulta tan cambiante, como lo es el tema tecnológico.

Resulta pertinente otorgar a este país la oportunidad de darse un plazo razonable para que, en un ejercicio democrático, participativo y principalmente en aras de garantizar derechos humanos fundamentales, el Estado adopte una nueva ley en materia de radio tanto y televisión que, adicionalmente, incorpore criterios técnicos y legales modernos y actualizados, y sobre todo con la posibilidad de anticiparse a los cambios.

Para esta Defensoría, como Institución Nacional de Derechos Humanos, es igualmente importante se incorporen a la nueva ley principios de Derechos Humanos, establecidos en instrumentos internacionales vigentes en el país, en los que se desarrolla, entre otros  el derecho humano a la comunicación como eje transversal, el espectro radioeléctrico como un recurso valioso y escaso que pertenece a la colectividad, la radiodifusión como actividad de interés público prevalente, pluralidad de medios y de voces, diversidad social y cultural, equidad y solidaridad territorial, fortalecimiento de los medios públicos, participación ciudadana, etc.

Angie Cruickshank, Defensora de los Habitantes, dijo que una vez que el país cuente con una ley propia, moderna y con visión de futuro en materia de radio y televisión, se “dispersarán los nublados del día”, al contarse  con los criterios técnicos y legales, que sirvan a la construcción de una política pública, y un nuevo Plan Nacional de atribución de Frecuencias, que darán como resultado las bases técnicas y legales de cara a la elaboración del cartel de licitación o procedimiento concursal, para la concesión que nos regirá por los próximos 25 años.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes