Defensoría dará seguimiento a acciones de la Municipalidad sobre acueducto
Debido a que la comunidad de Aserrí ha enfrentado por años una situación crítica en relación con el suministro de agua potable, tal como se refleja en las denuncias presentadas, la Defensoría de los Habitantes considera que la Municipalidad local debe tomar todas las medidas e implementar las acciones que se requieran para una planificación integral de las necesidades de inversión y mejora de la prestación de ese servicio público.
Para la Defensoría, el gobierno municipal debe realizar las obras de infraestructura necesarias para satisfacer la demanda actual y futura, en aras de garantizar efectivamente el derecho humano al acceso al agua potable, por lo que se le solicitó remitir el cronograma de acción, con responsables y plazos de la ejecución de todos sus proyectos.
Además, deberá presentar una estrategia de control interno, con análisis de riesgos y definir quienes tendrán la responsabilidad de hacerla cumplir en el menor tiempo posible y dar a conocer, tanto a la comunidad de Aserrí como a esta Defensoría, el Plan de Contingencia y Protocolo de Comunicación con el que cuenta esa municipalidad.
De acuerdo con las denuncias presentadas en el mes de mayo del 2024, la Municipalidad de Aserrí incumple con el suministro de agua, así como con los horarios de racionamiento propuestos, lo que genera una condición de desigualdad con un recurso tan importante como es el agua, además que el líquido presenta la turbidez.
Según esta Municipalidad, la topografía bastante irregular contribuye a aumentar la problemática, ya que el agua llega primero a las partes bajas, donde el líquido se consume de manera desproporcionada, y deja a las partes altas, con cierto grado de desabastecimiento. Además, este año los caudales de las fuentes superficiales que abastecen la planta de tratamiento han disminuido hasta niveles de 30 litros por segundo, teniendo con ello un déficit actual de 80 litros por segundo.
Además, indicaron a esta Defensoría que la situación climática no es ajena a la municipalidad y ha obligado a tener que establecer sectorialmente horarios de racionamiento, en donde se regulan válvulas durante 16 horas continuas para garantizar que tanto las partes bajas como las partes altas puedan tener suministro de agua lo más equitativamente posible.
Según indicó la alcaldesa de Aserrí, Patricia Mayela Porras Segura, la Municipalidad tiene proyectado para el año 2024, perforar un pozo en el sector de Lourdes u otro sector afín. Para el año 2025 pretenden adquirir propiedades para perforar dos pozos más y un camión cisterna para el acueducto municipal. Para el 2026 proyectan aumentar la capacidad de almacenamiento en un millón de litros más en la planta de tratamiento municipal y para el 2027 tener por lo menos perforados tres pozos que ayuden a mejorar el suministro del agua a la población de los distritos del centro de Aserrí y salitrillos y con ello reducir el tema del racionamiento y construir una planta de tratamiento potabilizadora en el sector de Salitrillos.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
Defensoría evalúa Política “Costa Rica Segura Plus 2023-2030”
La Defensoría de los Habitantes planteó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el Ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, por ser omiso en las respuestas ofrecidas a éste órgano de control sobre avances en la ejecución de la “Política Nacional de Seguridad Pública Costa Rica-Segura Plus 2023-2030”.
El 03 de abril anterior la Defensoría remitió al señor Ministro una gestión en aras de revisar los resultados de la Política Nacional de Seguridad Pública, que incluía varias inquietudes puntuales, no obstante, desde entonces no ha informado sobre algunas de ellas bajo el argumento de que primero debe emitir un Plan de Acción de la Política Pública -previsto para octubre-.
Para esta Defensoría, ninguna de las consultas que quedaron sin responder requiere la emisión de un Plan de Acción, por lo que no es de recibo dejar de informar sobre las actas y reglamentación del «Consejo de Seguridad Nacional» establecido en la Política; las metas de reducción de delitos previstas en la Política; las fuentes de financiamiento que garanticen sostenibilidad a la Política, o los mecanismos de rendición de cuentas hacia la ciudadanía, entre otros aspectos.
Llama la atención que el Ministro de Seguridad, sí informó sobre un cronograma para elaborar el Plan de Acción de la Política, y que las acciones a desarrollar inicien justamente en abril de 2024, cuando esta Defensoría le consultó sobre la programación de trabajo para emitir ese instrumento, luego de transcurridos cinco meses de emitida la Política.
El Plan de Acción es el «corazón» de la Política Pública y sin él queda solo una declaración de buenas intenciones en el mejor de los casos, por lo que esta Defensoría insistió, a través de la prevención de ley, para que el ministro Zamora respondiera todo lo consultado.
En respuesta a la prevención, el Ministro de Seguridad tampoco respondió todo lo solicitado y más bien cuestionó aspectos de procedimiento de este órgano de control de legalidad, evadiendo dar respuesta a los temas de fondo requeridos. Ante ello, la Defensoría recurrió a la Sala Constitucional para hacer valer el derecho de acceso a la información de interés público que tutela el artículo 30 de la Constitución Política, recurso que fue acogido para su estudio por parte del Tribunal y le otorgó un plazo de tres días para que rinda cuentas.
Cabe destacar que, más recientemente el señor Ministro respondió parcialmente a las consultas de la Defensoría, pero ello ocurrió hasta el pasado 25 de junio, un día después de que la Sala Constitucional le notifica la interposición del Recurso de Amparo y le fijara un plazo para referirse a su omisión. Así, la Defensoría considera lamentable que se deba recurrir hasta el órgano constitucional para que acceda a informar sobre la conducción de esta política pública, y que, aún así, lo haga de forma incompleta.
Las políticas públicas son los mecanismos que permiten concretar las líneas maestras por donde encauzará el Estado sus esfuerzos para materializar y dar vigencia real y cotidiana a los derechos humanos; por su naturaleza y alcance, la Política Nacional de Seguridad Pública tiene una afectación e impacto transversal en el resguardo de diversos derechos humanos de toda la población como son la vida, la integridad física, la libertad, la igualdad, el desarrollo, la salud, entre otros, lo que la convierte indudablemente en información de un alto interés público que debe estar al alcance de toda la ciudadanía y de la Defensoría como órgano de control y supervisión, sin restricción alguna, para asegurar su cumplimiento.
Oficina de Comunicación Institucional / Defensoría de los Habitantes
*Que trascienda el enfoque mecánico y, evalúe la eficiencia y calidad del gasto a recortar
Tras su reciente comparecencia en la Asamblea Legislativa, la Contralora General de la República afirmó, ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, que existe una necesidad de replantear la regla fiscal desde su origen, porque a su criterio hay limitaciones e incongruencias.
Esta excitativa en relación con la necesidad de contar con un nuevo instrumento no es nueva, ya que desde el año anterior, un informe de la Defensoría de los Habitantes de noviembre del 2023, recomendó al Poder Ejecutivo “convocar una mesa de trabajo a nivel nacional con la activa participación de diversos sectores, incluyendo la sociedad civil, la academia, la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República y grupos políticos a nivel nacional con el propósito central analizar y debatir la regla fiscal”.
Entre los aspectos que detalló en su informe la Defensoría de los Habitantes indicó que, la actual regla fiscal presenta una falta de concreción en relación con el objetivo que se pretende alcanzar, ya que está más orientada en establecer una limitación en el tamaño del gobierno que a lograr resultados específicos en las finanzas públicas, al definir la regla como un límite al crecimiento del gasto corriente sin especificar un horizonte temporal de aplicación.
Un aspecto que resultó de suma relevancia durante la investigación es que, con la normativa actual, la restricción de la Regla fiscal no podría ser levantada incluso en períodos de bonanza fiscal, ya que utiliza como referencia del gasto de las instituciones del sector público no financiero, el cual no puede ser superior a la variación del PIB durante los últimos 4 años anteriores.
Asimismo, pese a que la Regla fiscal podría ser suspendida hasta por dos años en situaciones de estado de emergencia nacional o de recesión económica, durante la crisis económica generada por la pandemia, la Regla siguió activa, ya que se confió la decisión a la interpretación y aplicación del Reglamento correspondiente (Decreto Ejecutivo N° 41641-H), que dio como resultado que se otorgara un enfoque fiscalista que demostró que durante momentos socioeconómicos desafiantes, la regla fiscal se convirtió en un instrumento potencialmente perjudicial y regresivo que menoscabó la efectiva realización de los derechos de la población, derechos que están garantizados por normativas de rango superior a las leyes ordinarias.
Otro elemento que se destaca de la actual Regla Fiscal, es su incapacidad para permitir intercambios o compensaciones internas entre aquellas entidades que no requieran superar el límite de gasto autorizado y aquellas que necesiten un mayor gasto por atender poblaciones vulnerables, de manera que se cumpla con la restricción a nivel global.
Además, se señaló que la actual regla no tomó en cuenta la evolución de los ingresos públicos, lo que habría proporcionado mayor flexibilidad a la restricción del gasto ni consideró la relevancia del gasto institucional que se recorta o se restringe, ni incorporó un proceso de evaluación basado en beneficios, costos, impacto, eficiencia y calidad de los gastos sujetos a reducción o eliminación.
La diversidad de actores generó divergencia en las interpretaciones, debido a que la ley no abordó este asunto de manera explícita, sin definir el momento presupuestario para poner en marcha la norma y llevar a cabo su verificación, situación que se podría evitar si se contara con un Consejo Fiscal independiente del Poder Ejecutivo, con la capacidad técnica para evaluar la consistencia del marco fiscal y presupuestario, monitorear el cumplimiento de las metas fiscales y comunicar públicamente los resultados de sus análisis, como nos indica Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el informe para el año 2023.
Para la Defensoría el replantear la regla fiscal no significa debilitar la disciplina financiera, sino adaptarla a las necesidades contemporáneas, asegurando que el crecimiento económico sea inclusivo y sostenible, y que el bienestar de las personas no se vea comprometido por rigideces fiscales, que no toma en consideración la situación las crecientes necesidades de la población en términos de servicios públicos, los cambios demográficos en curso, o la atención requerida por grupos vulnerables y en situación de pobreza, entre otros factores socioeconómicos.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
Costa Rica sobresale, en el tema inversiones, por la seguridad jurídica con la que cuenta dentro de su marco institucional. Sin embargo, con respecto a las concesiones de radio y televisión, a criterio de la Defensoría, no se cuenta con la claridad requerida acerca cómo y durante cuánto tiempo se estarían prorrogando dichas concesiones.
A menos de una semana para su vencimiento, el Gobierno anunció que prorrogará, antes del 28 de junio, a través de un decreto ejecutivo, estas concesiones. No obstante al plantearse como una medida temporal genera incertidumbre en torno al derecho en cuanto a su seguridad jurídica; es por tal motivo, que la Defensoría de los Habitantes manifestó su oposición al Proyecto de Decreto Ejecutivo para Reforma Parcial Al Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, que pretende ampliar por un año la vigencia de los títulos habilitantes de concesión administrativa de frecuencias para la operación de redes y la prestación de servicios de radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre y gratuito, adiciónese un transitorio al artículo 179 del Decreto Ejecutivo N° 34765-MINAET. El Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICITT) comunica mediante medios de comunicación, que utilizará el modelo jurídico del Decreto para llevar a cabo la prórroga, sin entrar en mayores detalles, cómo será el tema del plazo.
Por ello, la Defensoría de los Habitantes, hace un vehemente llamado a las autoridades gubernamentales, a adoptar una resolución pronta y oportuna, en el marco del respeto al marco jurídico, que permita a nuestro país continuar con el disfrute de los contenidos que ofrecen las empresas de radio y televisión que operen en nuestro territorio y en atención a la función social que realizan en el marco y respeto de los derechos fundamentales.
Finalmente, la Defensoría hace un llamado de la urgente necesidad de abordar, en el marco de la presente situación, la ampliación por un plazo suficiente de las concesiones que permita al Congreso discutir una nueva ley, que venga no solo a regular el otorgamiento de las frecuencias de radio y televisión con criterios actuales, razonables en materia técnica y legal; sino también todo lo vinculado a la valoración económica de los cánones por su uso en el país.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
Realizó seguimiento con el CONAPAM en visita a centro diurno de la Asociación de la Casa de la Persona Adulta Mayor de Moravia (ACAPAM)
En el mes de abril 2024 se tuvo conocimiento de denuncias por presuntas agresiones (maltratos psicológicos, emocionales y tratos discriminatorios) en contra de personas adultas mayores en el centro diurno de cuido Asociación Casa de la Persona Adulta Mayor de Moravia (ACAPAM).
La información recibida por CONAPAM refiere que realizarán labores de observación y trabajo de campo para verificar la atención que se brinda a las personas adultas mayores que continúan asistiendo al lugar. La Asociación mantiene suscrito y en vigencia, el convenio de transferencia de recursos púbicos del CONAPAM para el año 2024.
La Municipalidad de Moravia informó que las siete denuncias recibidas fueron trasladas a la Junta Directiva para un abordaje en coordinación con la psicóloga del centro diurno para los procesos de contención de las personas denunciantes y refiere la creación de una Comisión Especial para la evaluación operativa del Centro Diurno del Adulto Mayor del Concejo Municipal y una revisión de los registros contables, sobre lo cual se ha solicitado mayor información.
La Defensoría de los Habitantes solicitó al CONAPAM ampliar información sobre las coordinaciones interinstitucionales que se realizan para contar con un diagnóstico integral de la condición de las personas adultas mayores usuarias del servicio, por lo que la Unidad de Gestión Social de esa institución realiza un proceso de observación, realizándose entrevistas a cada una de las personas adultas mayores que acuden al centro, así como su personal.
Esta semana, la Defensoría de los Habitantes en acompañamiento al CONAPAM, realizó una inspección en el centro diurno, donde se llevó a cabo un encuentro con representantes de la Municipalidad local y la administración del centro diurno.
CONAPAM informó que la actual intervención de la entidad se da a fin de identificar si hay situaciones de abuso, posibles usuarios agredidos y posibles responsables de las agresiones, así como, corroborar la prestación del servicio a favor de la población adulta mayor y desescalar las situaciones de conflicto que se han presentado. Asimismo, efectuar una verificación de la información financiera referente a la utilización de los recursos y efectuar un informe contable.
Desde la Municipalidad de Moravia, manifiestan se han efectuado algunas visitas, se ha intentado un acercamiento con la población adulta mayor y las personas funcionarias. Se ha detectado una mejora significativa en el trato, los horarios y la alimentación. Se prevé mayor contacto con el centro, más visitas periódicas, y mayor fiscalización. Desde la oficina de la Persona Adulta se les da seguimiento a los casos denunciados, se conversa con las personas usuarias para constatar cómo se sienten y tratar de darles contención ante las preocupaciones suscitadas con ocasión de las denuncias. Se procura trabajar en la modificación del reglamento y del convenio que se tiene con la Asociación el cual vence en el 2025.
La actual administradora del centro informó que continúa recibiendo un promedio de 34 personas usuarias diarias, a quienes intenta unirlos y siempre estar pendiente de sus necesidades y su estado general. Se compromete a realizar una depuración de los usuarios activos, a intentar un acercamiento con la comunidad y con quienes fueron usuarios y se hayan retirado.
La Defensoría de los Habitantes continuará dando un estricto seguimiento a este trabajo de campo realizado por la CONAPAM a diferentes centros, en aras de la protección de los derechos de la población adulta mayor en situación de vulnerabilidad.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
*Debe existir un mayor control en el transporte de las personas migrantes
Jueves 13 de Junio 2024. Como parte de las acciones llevadas a cabo a partir de las recomendaciones incluidas en la “Alerta Temprana”, sobre flujos migratorios mixtos, la Defensoría de los Habitantes realizó una inspección al puesto fronterizo de Los Chiles, la cual permitió monitorear las condiciones de permanencia de las personas extranjeras a su llegada a la zona fronteriza de Los Chiles (una vez que logran abordar los buses que salen del CATEM-SUR).
Se coordinó una reunión con la Mesa Movilidad Humana de Los Chiles y con la Mesa Territorial de Migración y Movilidad Humana-Zona Norte; ambas subrayaron la necesidad de contar con un establecimiento permanente para la atención de las personas extranjeras provenientes de los flujos migratorios mixto (CATEM-NORTE), que se ubique en Los Chiles.
Para ello ya se cuenta con un terreno conocido como “FINCA del CTP” de 5 hectáreas, para lo cual se conformó un grupo técnico para analizar su viabilidad para la construcción del centro de atención temporal y cuál sería la figura legal para recibir la cooperación en ese sentido. Están a la espera de que el Ministerio de Gobernación defina la “modalidad de convenio” que se suscribirá.
La Mesa Territorial de Migración y Movilidad Humana-Zona Norte, se refirió además a lo siguiente:
La necesidad de coordinación de sus actividades como parte del proceso de actualización del plan de atención de flujos migratorios mixtos, para que exista vinculación directa de las necesidades y dinámicas de los gobiernos locales de las zonas fronterizas, con respecto a las políticas migratorias que se emiten a nivel nacional.
Que el sistema integrado de información de la Dirección General de Migración y Extranjería, sea accesible para las autoridades migratorias en la zona norte.
Preocupación por la presencia de personas menores de edad como parte de los flujos migratorios mixtos, una de cada 5 personas son personas menores de edad.
Necesidad de dar seguimiento a las empresas de transporte que están siendo utilizadas por las personas migrantes desde el sur hacia el norte del país, donde están obteniendo ganancias considerables por el monto que cobran para dicho traslado.
En la inspección realizada por el equipo de la Defensoría de los Habitantes, liderado por la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, se constató la inexistencia de un centro de atención para personas migrantes en tránsito, lo cual impide una adecuada atención por parte de las instituciones responsables de la misma. El centro o salón comunal de Los Chiles se encuentra habilitado para la permanencia de personas migrantes en un horario de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., donde se lleva un registro de las personas que ingresan. El espacio cuenta con duchas, servicios sanitarios, espacio techado donde las personas reciben información sobre el lugar, las condiciones de su permanencia, la distancia hasta la zona fronteriza y los riesgos que pueden enfrentar al continuar su trayecto por puntos no habilitados, espacio para la recreación de personas menores de edad. Al finalizar el horario de habilitación del salón comunal, las personas migrantes deben recoger sus pertenencias y salir del lugar, acción que se repite todos los días.
Deben entonces buscar un lugar para poder pasar la noche y colocar sus toldos o tiendas de campaña. Algunas personas lo hacen en la zona verde frente al salón comunal, otras en espacios públicos como el parque de Los Chiles (cuenta con anfiteatro pequeño que les permite no quedar a la intemperie) o la infraestructura que era utilizada anteriormente como “zona portuaria) y, otras, en su mayoría, se ubican en la terminal de buses de Los Chiles).
Las personas en tránsito, una vez que arriban a la terminal de buses de Los Chiles y que cuentan con el dinero suficiente para continuar su desplazamiento hacia los Estados Unidos, deben recorrer, aproximadamente, 6 kilómetros para llegar al puesto fronterizo de Las Tablillas. Sin embargo, considerando que no cuentan con documentos de viaje, no pueden salir de manera regular, por lo que para poder llegar a territorio nicaragüense deben hacerlo por un lote baldío, exponiéndose a robos o actividades ilícitas en su contra.
Según se pudo constatar durante una inspección nocturna, al momento de su arribo a la terminal de buses, las personas migrantes en tránsito son abordadas de manera inmediata por personas de la zona, que les ofrecen trasladarlos hasta el puesto fronterizo de Los Chiles. Según fue corroborado, este tráfico ilícito de migrantes se facilita debido a la porosidad de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Se informó existen más de 63 pasos no habilitados (en una zona fronterizo de más de 8 kilómetros), lo cual dificulta ejercer un verdadero control migratorio. Lo anterior, pese a los esfuerzos que se realizan para realizar recorridos policiales por la zona, tanto por parte de la Policía de Fronteras, como por parte de la Policía Profesional de Migración.
Se resalta la existencia de los varios espacios denominados “espacios seguros”, promovidos por la cooperación internacional, que sirven de esparcimiento y recreación para las personas migrantes en tránsito, entre éstas, las personas menores de edad. Asimismo, las personas menores de edad de hasta 10 años, con el consentimiento de sus padres, reciben vacunas contra el sarampión, por parte del personal de la CCSS. Igualmente, en caso de existir alguna sospecha, se aplican pruebas de malaria a todas las personas que presenten síntomas. Y por su parte, la organización de la sociedad civil “manos amigas”, brindan alimentación gratuita a las personas migrantes en tránsito que arriban a la terminal de buses de Los Chiles.
Ante esta crítica situación humanitaria, la Defensoría enfocará su trabajo en la posibilidad de que el Sistema Integrado de Registro de Albergues-SIRA, esté disponible para las autoridades migratorias del puesto fronterizo de las Tablillas, contar con esta información sobre la cantidad de personas que ingresan por Paso Canoas y se ubican en el CATEM SUR, incidirá en la atención de las necesidades particulares de protección.
Es relevante conocer sobre la naturaleza (permanente o temporal) del centro de atención que se instalará en la zona de Los Chiles, plazos para su materialización y los criterios para su definición. Durante la gira también se conoció sobre la falta de control y seguridad en relación con el transporte de personas migrantes provenientes de los flujos migratorios mixtos, sobre el estado de los caminos, acceso al agua potable, recolección de basura, a las cuales se les dará el debido seguimiento.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
El pasado viernes 7 de junio de 2024 la defensora de los habitantes, Angie Cruickshank Lambert envió al señor Gabriel Aguilar Vargas, director del Despacho Presidencial Ministerio de la Presidencia de la República, con copia al señor Marco Vinicio Levy Virgo, una solicitud de ampliación de información relativa a las acciones del gobierno en protección de los derechos de las personas afrodescendientes.
De esta forma, la Defensoría de los Habitantes atendió la petición planteada por Marco Levy Virgo, quien ha pedido la atención debida para esa comunidad de parte del Estado y de la Municipalidad del cantón de Talamanca. La argumentación de Levy expone discriminación estructural, violación de derechos humanos de propiedad ancestral, irrespeto a la consulta previa y a la autodeterminación de la comunidad tribal afrodescendiente.
En la carta de la defensora al director del Despacho Presidencial se solicita:
1- Detallar cuál es la instancia o instancias gubernamentales encargadas de generar las propuestas legales mencionadas en su oficio a efecto de que sean presentadas en las vías correspondientes.
2- Remitir una copia del plan de trabajo elaborado por dicha instancia(s) gubernamental a efecto de atender la presente situación, remitiendo responsables, plazos de ejecución y entregables esperados.
3- Detallar las instancias de la sociedad con las cuales se ha coordinado o se va a coordinar incluyendo sus integrantes y medios para poder contactarlos.
4- Remitir las minutas generadas a la fecha de las reuniones efectuadas para la atención de esta temática.
5- Señalar si se cuenta con contenido presupuestario para este proceso.
Continúa intervención ante atrasos en pagos a personal de ese Ministerio
La Defensoría de los Habitantes realizó esta mañana una inspección sin previo aviso a las instalaciones de la unidad de reclamos salariales del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Esta es una de las acciones que realiza la Defensoría ante los atrasos en los reclamos salariales presentados por personas educadoras y personal administrativos de esa cartera.
De la información extraída en la inspección se indica que existen unos 60 mil reclamos pendientes de resolver por diferentes componentes salariales, correspondientes a unas 37 mil cédulas, del total de 88 mil trabajadores de esa institución. Según personal del MEP cerca del 90 por ciento se tratan de reclamos por carrera profesional. También la Defensoría solicitó información sobre el estado de situación de los reclamos por lecciones impartidas, pero no reconocidas y recargos, entre otros.
La Defensoría efectuó una revisión de todos los procedimientos que se realizan para ir pudiendo determinar dónde están los nudos que imposibilitan agilizar los pagos que con justa razón hace el personal del MEP.
Una de las personas que estaba siendo atendidas el día de hoy en la plataforma de servicios indicó a la Defensoría que venía desde Tortuguero, provincia de Limón, a realizar un trámite de pensión, pues de acuerdo a la información que recibió en la Sede Regional del MEP en Guápiles debía trasladarse hasta las instalaciones de la antigua escuela Porfirio Brenes, no obstante, indicó a esta Defensoría, que en este lugar le indicaron que debía de trasladarse hasta el edificio del Paseo Colón a realizar el trámite.
La Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, quien participó en la inspección, dijo que dichos problemas se arrastran desde hace muchos años sin que haya hoy una solución más oportuna para el personal del MEP. Toda la información recopilada el día de hoy más la solicitada va a ser analizada en la investigación que realiza la Defensoría sobre este tema que afectan los derechos laborales del personal del MEP.
Debemos recordar que el día de ayer estaba convocada por esta Defensoría la ministra de Educación a una sesión de trabajo, con el propósito que rindiera cuentas sobre las soluciones al respecto, si embargo, una hora antes canceló su presencia y la del resto de funcionarios del MEP que habían confirmado su presencia desde el viernes anterior.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
Fue citada legalmente para que ofreciera soluciones al desorden por atrasos en pago a educadores y personal del MEP.
Defensoría alista acciones ante violaciones a los derechos laborales de los trabajadores de la educación.
Lunes 10 de junio 2024. La Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank afirmó esta tarde que la señora ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller, declinó venir a dar explicaciones sobre las violaciones a los derechos de los trabajadores de la educación, una hora antes del encuentro a la cual fue citada legalmente, a pesar de que el viernes anterior confirmó la asistencia en compañía de un equipo de funcionarios públicos.
Para la Defensoría esta decisión de no asistir a rendir cuentas sobre este grave problema que viven un grupo de personas trabajadoras del MEP demuestra que efectivamente hay un desorden en esta materia y que, no existen respuestas de la presente Administración para solucionarlo.
A la Defensoría de los Habitantes se han presentado una gran cantidad de denuncias en cuanto al atraso en el pago de distintos componentes salariales, lo cual agrava la situación de una educación efectiva y de calidad a la que tienen derechos las y los estudiantes.
La ley de la Defensoría faculta a solicitarle a las y los funcionarios públicos que acudan a la institución a rendir cuentas sobre el trabajo que hacen y, desde la creación de esta institución, han venido a dar cuentas ministros, ministras, presidentes/as ejecutivos/as, alcaldes, alcaldesas, gerentes de bancos, entre otros funcionarios públicos.
“La rendición de cuentas es un deber que incluso responde a un mandato superior establecido en la propia Constitución Pública, mandato del que no se exceptúa ningún funcionario ni funcionaria pública, como depositarios que son de la autoridad”, afirmó la Defensora.
La citación a la señora ministra y la directora del Departamento de Talento Humano fue realizada desde el 28 de mayo anterior, por lo que la Defensoría de los Habitantes analiza distintas acciones para lograr revertir las violaciones a los derechos laborales del personal del MEP.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
Solicita a CONAPAN intervenir ante el sistema financiero nacional
Recientes investigaciones de la Defensoría de los Habitantes determinaron que los derechos de las personas adultas mayores a la seguridad económica e inclusión en el sistema financiero, no se les está brindando la atención suficiente, si se toman en consideración los niveles de discriminación, desigualdad, pobreza y desempleo o empleo de baja productividad. Este sector para el año 2050 se estima representará el 20,7% de la población del país.
La investigación de la Defensoría evidenció que el país carece de datos de este grupo de habitantes como usuarios de los servicios financieros, resultado de equiparar la edad avanzada con el incremento en el riesgo de recuperación de créditos, lo que no sólo limita su incorporación, sino que favorece prácticas abusivas, que promueven el acceso a préstamos en el sistema informal, como el gota a gota, el acoso y el hostigamiento por cobro de deudas, entre otros.
Ante este panorama, la Defensoría identificó una serie de acciones concretas en favor del derecho a la seguridad económica e inclusión al Sistema Financiero. Entre ellas, se recomendó al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), adoptar medidas, en coordinación con la Presidencia de la República, con el fin de garantizar a las personas adultas mayores acceso al crédito en condiciones preferenciales, tanto por parte de entidades financieras públicas como privadas, de conformidad con lo que señala la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor.
Se solicitó al CONAPAM elaborar un proyecto de ley, mediante el cual se garantice a las personas pensionadas, independientemente del Régimen de Pensiones al que pertenezca, una pensión mínima inembargable, o pensión mínima intocable, de forma que puedan disponer de su pensión sin limitaciones, hasta por el monto de un salario mínimo, en los mismos términos que se garantiza el salario.
En el marco de los Derechos Humanos y Empresas, la Defensoría emitió una resolución en la que se instó a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC)y al INFOCOOP promoverentre los asociados y cooperativas de ahorro y crédito, la adopción de procesos de debida diligencia, que permitan identificar, prevenir y mitigar el impacto sobre la población adulta mayor, en temas como la atención prioritaria, acceso a la información financiera en lenguaje apropiado a su condición, políticas de acceso al crédito y otros servicios bancarios, información sobre prevención de estafas electrónicas, cero tolerancia al acoso cobratorio, denuncia en caso de detectar abuso financiero en contra de la personas adulta mayor, etc.
En relación con el acceso a seguros, tema ligado al acceso al sistema financiero, la Superintendencia de Seguros (SUGESE)informó que cuenta con normativa interna que le permite garantizar el acceso al mercado de seguros a la Población Adulta Mayor, por lo que insta a presentar cualquier duda ante esa instancia.Además, la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) informó que ha identificado puntos de mejora en temas referentes al reforzamiento de aspectos regulatorios y sancionatorios y prepara este año un proyecto de ley.
La Oficina del Consumidor Financiero (OCF) informó que se encuentra en estudio de la Asamblea Legislativa el proyecto N° 24.136 que tiene como finalidad proteger los derechos e intereses legítimos de los consumidores de productos o servicios financieros. En relación con este proyecto de ley, la Defensoría considera oportuno que la ley aborde un acápite especial de protección a Población Adulta Mayor. Un elemento esencial en el desarrollo del presente tema es la educación, en este sentido la Defensoría participa como observador de la elaboración de la III Guía de Educación Financiera, a cargo del MEIC en el que se instó a la comisión que lo elabora, adoptar medidas que permitan garantizar las necesidades de esta población.
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