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Etiqueta: Defensoría de los Habitantes

Defensoría formula batería de inquietudes al ICE y a ARESEP sobre cortes

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Defensoría de los Habitantes formuló al ICE y a la Aresep una serie de preguntas relacionadas con los cortes de energía eléctrica en el país.

En el caso del ICE se presentó un total de 17 inquietudes, en las que destacan las medidas tomadas -aparte de los anunciados cortes de la energía- para incrementar la capacidad de generación de electricidad en el corto plazo sobre todo ante el escenario del fenómeno El Niño. los procesos de contratación que se detuvieron en su oportunidad, y los canales que habilitará para atender las previsibles quejas, consultas o requerimientos de información por parte de la población, entre otros asuntos.

En el caso de la Aresep, se hicieron 9 consultas relacionadas al seguimiento que dará la Intendencia de Energía a las acciones del ICE y las demás empresas distribuidoras ejecuten cuando se inicien los racionamientos, así como si la Autoridad Reguladora, en el ejercicio de sus competencias, instruyó acciones preventivas que ICE pudiera o no incumplido, entre otras inquietudes.

Compartimos ambas gestiones elevadas por la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, a Roberto Quirós Balma, gerente de Electricidad del ICE y, a Mario Alberto Mora Quirós, intendente de Energía.

Preguntas para el ICE:

  1. De acuerdo con el plan de expansión de la generación eléctrica 2022-2040; qué medidas está tomando el ICE, que no impliquen recortes de energía eléctrica, para incrementar la capacidad de generación de electricidad en el corto plazo (máximo 6 meses) sobre todo ante el escenario del “fenómeno del niño”.
  2. De acuerdo con las proyecciones de demanda que se encuentran en el documento “plan de expansión de la generación eléctrica 2022-2040”; qué factores extraordinarios (no afectadas por el fenómeno del niño) explican que estas proyecciones no se ajusten a la realidad ya que, de acuerdo con el escenario alto se estimaron 12532 GWh de energía y 1882 GWh de potencia.
  3. Cómo está conformada la capacidad instalada del Sistema Eléctrico al 30 de abril del 2024 según plantas: hidroeléctricas, térmicas, geotérmicas, eólicas,  biomasa y solar. Adicionalmente, cómo se encuentra dividida esta capacidad por operador, sea público o privado.
  4. De acuerdo con información del periódico La Nación del 9 de mayo; por qué el ICE detuvo los dos procesos de contratación, proceso 04-2023 para contratar generación solar y el 05-2023 para contratar producción eólica, y los retoma en marzo del 2024; yendo en contraposición de lo señalado en su plan de expansión.
  5. Dentro de la misma noticia mencionada en el punto anterior se indica que: que generar un kilovatio-hora (kWh) le cuesta al ICE, en promedio, un monto equivalente a $0,09, mientras que la electricidad importada el pasado 6 de mayo (117.000 kWh del Mercado Eléctrico Regional) la adquirió a un precio promedio de $0,41 cada uno (4,5 veces más de sus propios costos de generación); y la importada el martes 7 de mayo (92.000 kWh) a un costo unitario de $0,34 (3,7 veces que sus costos de generación); a partir de lo anterior, al momento de establecer las proyecciones de inversiones, de acuerdo con el plan de expansión, las mismas se realizan bajo el supuesto de autarquía o en función del MER?. Se le solicita incluir en su respuesta todos los detalles de análisis económico tomados en cuenta.
  6. Cuál es el peso de las inversiones vinculadas con la generación eléctrica, por fuente, dentro de la estructura tarifaria.
  7. Del 100% de la energía eléctrica generada, cuánto es a partir de combustibles fósiles. Indicar por planta en absolutos y relativos. Adicionalmente, para evitar los racionamientos de electricidad, cuánto se debería generar mediante combustibles fósiles, cuál sería el impacto en la tarifa y se cuenta con la capacidad instalada para ello.
  8. De acuerdo con el principio precautorio o de evitación prudente, referirse a las acciones que se están realizando para garantizar que la población no se vea afectada más allá de lo estrictamente necesario.
  9. Remitir copia del protocolo que se activa en este tipo de situaciones.
  10. Informar sobre los detalles operativos y los criterios que se utilizarán para establecer las zonas y los horarios en los que se ejecutarán los racionamientos.
  11. Indicar que zonas son las que más se van a ver afectadas y si se prevé que alguna zona no vaya a tener racionamiento y los motivos de ello.
  12. ¿Con qué antelación se informará a las y los abonados sobre la suspensión y restablecimiento del servicio? 
  13. Informar sobre los medios que pondrá a disposición de las y los abonados, para comunicar con suficiente antelación la suspensión del servicio.
  14. Informar sobre los canales extraordinarios que habilitará para atender las previsibles quejas, consultas o requerimientos de información por parte de las y los abonados, titulares de derechos ante ese Instituto.
  15. ¿Se prevé ofrecer una compensación económica a las y los consumidores, vía tarifaria o de otra índole, como consecuencia de la interrupción del servicio y consecuente afectación en sus actividades y necesidades?
  16. ¿Qué disposiciones adoptó el ICE ante el presunto incumplimiento contractual de algunos proveedores de plantas térmicas y generadores de electricidad con diésel, que incide en la insuficiencia eléctrica anunciada?
  17. ¿Qué medidas ha instruido para corregir las fallidas estimaciones de demanda eléctrica en los últimos años por parte de ese Instituto?

Preguntas para ARESEP:

  1. ¿Cuáles son los motivos que fundamentaron el anuncio de posibles racionamientos en la energía eléctrica?
  2. ¿Cuál es la responsabilidad del ICE como principal generador del país y cuáles son las responsabilidades de las empresas distribuidoras en relación con los abonados y la ejecución de los racionamientos?
  3. ¿Qué disposiciones regulan la obligación de brindar información oportuna, precisa y comprensible a los abonados afectados por los racionamientos y en particular a adultos mayores, personas con discapacidad, personas oxígeno dependientes entre otros y por qué medios se comunicarán los horarios de suspensión del servicio?
  4. En su condición de ente regulador y fiscalizador de la prestación óptima del servicio, ¿qué requerimientos mínimos considerará para evaluar la comunicación que brinde el operador a las y los usuarios, sobre la suspensión del servicio, y en qué criterios o normas fundamentará esa valoración?
  5. ¿Qué seguimiento dará la intendencia a las acciones del ICE y las demás empresas distribuidoras ejecuten cuando se inicien los racionamientos?
  6. Considerando que el racionamiento eléctrico anunciado incidirá en la calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima del servicio, ¿qué ajustes en precios y tarifas prevé exigir esa Autoridad Reguladora como compensación a las y los usuarios afectados?
  7. Considerando las responsabilidades de ARESEP en cuanto a velar por la calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima del servicio eléctrico en las etapas de generación, trasmisión, distribución y comercialización, ¿qué acciones instruyó al ICE para anticipar el inminente racionamiento que ahora se anuncia?
  8. Si esa Autoridad Reguladora, en el ejercicio de sus competencias, instruyó acciones preventivas que el ICE incumplió, ¿qué acciones correctivas ha instruido al respecto?
  9. ¿Qué disposiciones ha girado o prevé girar esa Autoridad Reguladora para anticipar el racionamiento futuro del servicio eléctrico?

SURCOS comparte los dos PDF con las preguntas.

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Defensoría evaluará ocho acciones del MEP

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Lunes 13 de mayo 2024. Con el fin de conocer el grado de ejecución e implementación de los acuerdos nacionales, tener información sobre la metodología de atención, estado y propuestas futuras en materia de educación, la Defensoría de los Habitantes envió a la ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller, un total de ocho consultas. Ello también, como parte del seguimiento a lo indicado en el Informe Estado de la Educación.

Para la Defensoría es necesario conocer qué acciones ha realizado el Ministerio de Educación Pública (MEP) para ampliar el número de escuelas que ofrecen el currículo completo en la educación primaria.

En términos de competitividad se ha demostrado que el Estado requiere el fortalecimiento de la educación técnico-profesional, por lo que se le solicitó indicar si se tiene un plan para la apertura de nuevos colegios técnicos y/o profesionales, en lo que respecta a esta administración.

Sobre la modernización del sistema de contratación docente, se le consultó qué gestiones ha realizado para la contratación en propiedad de las plazas docentes y las modificaciones legales para su modernización, además que informe detalladamente el estado de la situación de idoneidad, estrategias y cambios en la contratación de las y los docentes.

En cuanto al Informe N° DFOE-CAP-IF-00016-2022 de la Contraloría General de la República, sobre la ejecución de los recursos tecnológicos, la Defensoría requiere conocer qué gestiones ha realizado el Ministerio para cumplir con las recomendaciones y cuáles han sido las coordinaciones con el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones para la utilización de $197 millones contra la brecha digital.

Con relación al recorte presupuestario sufrido este año, se le pidió también informar si se ha negociado un presupuesto extraordinario, con el fin de cumplir con lo establecido en el artículo 78 de la Constitución Política e indicar si ya fueron aprobadas o no la reforma curricular y la ruta de la educación.

Sobre el tema de infraestructura educativa y el levantamiento de base de datos, la Defensoría tiene conocimiento que se obtuvo una geolocalización de todos los centros educativos por tipo de centro, por lo que se le solicitó indicar si ya se tiene o se inició la base de datos de la situación de la infraestructura educativa, presupuesto y ejecución.

Finalmente, en cuanto a las estrategias de la implementación del segundo idioma, se requiere saber cuáles han sido las acciones concretas para lograr su universalización.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Costa Rica es sede internacional para abordar la prevención de la tortura

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Esta semana, 10 países de América Latina realizaron sesiones de trabajo

Costa Rica se convirtió, esta semana, en la sede internacional para el abordaje integral sobre los avances y desafíos de los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura, en la cual participan miembros de 10 países de América Latina.

En los últimos años, los países de la región han intensificado el uso de la respuesta penal para hacer frente a problemas sociales complejos, lo cual ha traído como consecuencia un uso excesivo de la fuerza y otras situaciones en materia de detención, así como el surgimiento de acontecimientos de violencia intracarcelaria, hasta la adopción de políticas de seguridad para el manejo de los movimientos migratorios, hechos que han elevado los riesgos para la existencia de casos de tortura y malos tratos.

Esteban Vargas, director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en Costa Rica, con sede en la Defensoría de los Habitantes, dijo que este es un espacio muy provechoso para armonizar procesos relacionados con inspecciones, registros y otros instrumentos, para que en América Latina, los países tengan las recomendaciones necesarias que les permitan prevenir este tipo de hechos de tortura.

Aparte de Costa Rica, los países que tienen una representación en esta sesión de trabajo internacional son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay. Este evento es organizado y auspiciado por la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), una Organización No Gubernamental con sede Suiza, líder en la implementación del Protocolo Facultativo a la Convención contra la tortura.

Debemos recordar que recientemente el Tribunal Constitucional de Costa Rica resolvió un habeas corpus presentado por una persona detenida en la provincia de Guanacaste, y en la cual el órgano jurisdiccional logró acreditar que hubo tortura, a raíz de las acciones de oficiales de la Fuerza Pública.

El delito de tortura en Costa Rica está tipificado en el artículo 381 bis del Código Penal, y debe entenderse como: un acto intencional de producir a una persona dolor y sufrimiento, físico o mental, con el fin de obtener de ella (o de terceros) información o confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de coaccionar a esa persona o a otras por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría: Sector agro requiere de un gran impulso para su desarrollo – CNP acoge recomendación

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Defensoría de los Habitantes, emitió un informe final con recomendaciones al presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción (CNP), en el cual expresaba la preocupación, debido a que, durante los últimos 10 años, denuncias reiteradas sobre procesos de reestructuración en esa institución, que no sólo no concluían, sino que no se ajustaban a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN).

Producto de la intervención, la Presidencia Ejecutiva del CNP, acogió las recomendaciones de la Defensoría y remitió un cronograma de actividades, con el compromiso de desarrollar dicho proceso, conforme los lineamientos y asesoría del MIDEPLAN. Además, acepta, como lo señala la Defensoría desde el 2012, la participación del sindicato más representativo de la institución, con el fin de garantizar los principios de participación y transparencia.

Este tema toma relevancia a partir de lo que señala el Plan Sectorial de la Política Pública para el Sector Agropecuario Costarricense 2023-2032 I Quinquenio (2023-2027), el cual a partir del eje de Modernización de las instituciones del sector agropecuario, establece la modernización institucional del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE),  del Servicio Nacional de Aguas Subterránea, Riego y Avenamiento (SENARA), Consejo Nacional de Producción (CNP), del servicio de extensión agropecuaria, del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA).

En un momento histórico en el que el Sector del Agro requiere de un verdadero impuso para su desarrollo, la Defensoría de los Habitantes insta a las autoridades a procurar alcanzar un modelo óptimo de organización y prestación del servicio, en concordancia con el interés público que debe inspirar toda actuación de la Administración Pública, en el marco de los lineamientos emitidos por el Ministerio de Planificación Institucional y política económica.

Para la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, en el ámbito del sector agrícola, es vital fortalecer la institucionalidad y alinear las políticas públicas al cumplimiento de los desafíos que nos presentan los ODS y la protección de los derechos humanos en el actual contexto social, económico y político, por lo que no es de recibo, señala la jerarca, es que dichos procesos se alarguen por años injustificadamente, lo que genera rezagos muy difíciles de abatir.

La Defensoría de los Habitantes, viene planteando en el marco de sus investigaciones, que la vertiginosa transformación del sector productivo a nivel mundial ya no solo requiere de un modelo de adaptación y actualización por parte de la administración pública, dado su papel clave en el buen funcionamiento de la economía, sino que debe desarrollar las condiciones que le permitan prever y anticiparse a dichos cambios.

Derecho de propiedad ancestral afrodescendiente

Escrito en . Publicado en Derechos.

El documento compartido con SURCOS es una notificación dirigida al Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, enviada por la Licda. Angie Cruickshank Lambert, Defensora de los Habitantes, junto con una copia al señor Marco Vinicio Levy Virgo.

La notificación es una solicitud presentada por Levy, quien solicita la intervención de la Defensoría de los Habitantes en temas relacionados con el derecho de propiedad ancestral afrodescendiente.

De tal manera, la Defensoría de los Habitantes admite la solicitud de intervención para su trámite, notificando al solicitante sobre la admisión de los puntos 1, 2 y 3 de su petición.

Se enfatiza que la admisión no implica la aceptación de los hechos enunciados en la solicitud. Dentro de la solicitud, se le pide al Gobierno un informe detallado de las acciones realizadas para definir el término «propiedad ancestral afrodescendiente» en relación con el decreto ejecutivo N° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP y el proyecto de ley 23903. Además, se requiere información sobre posibles coordinaciones interinstitucionales y acciones a emprender para abordar el tema.

Por último, la Defensoría de los Habitantes solicita al Gobierno que remita el informe dentro de un plazo de cinco días hábiles, conforme al artículo 20 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes. También se solicita comunicar cualquier información adicional relacionada con el asunto. Se recuerda a los órganos públicos su obligación de colaborar con la Defensoría de los Habitantes y brindar facilidades para sus investigaciones.

04578-2024-DHR-PE-442152-2024-RIDescarga

Estado debe atender pendientes con mujeres y niñas con discapacidad

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Defensoría lidera proceso entre organizaciones de mujeres, personas con discapacidad e institucionalidad pública

La Defensoría de los Habitantes realizó una sesión de trabajo para abordar observaciones finales sobre los informes periódicos emitidos este año por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, incluido el informe alternativo presentado por la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad (Alamud) en relación con los derechos de las mujeres y las niñas.

Uno de los objetivos de este encuentro fue iniciar el camino para la elaboración de acciones que permitan el cumplimiento de estas observaciones, a partir de una sesión de trabajo por ejes temáticos y derechos, con la participación de representantes de la sociedad civil y de las instituciones estatales competentes.

En la actividad estuvieron presentes la defensora de los habitantes, Angie Cruickshank Lambert; la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, Allegra Baiocchi; la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vásquez; la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Adilia Caravaca; la directora ejecutiva del CONAPDIS, Bilbia González Ulate; representantes de Alamud, Poder Judicial, Ministerio de Trabajo, organizaciones de personas con discapacidad y de mujeres, entre otros actores.

Es importante destacar que, en Costa Rica, el 60,9% de las personas con discapacidad mayores de 18 años corresponde a mujeres, dato suministrado por la Encuesta Nacional sobre Discapacidad- ENADIS 2018 y similar ocurre con las personas con discapacidad menores de edad.

En el informe preparado por Alamud se indica que la formulación de las políticas públicas dirigidas a las mujeres, así como las dirigidas a las personas con discapacidad, en general, no cuenta con perspectiva de género. Asimismo, las políticas públicas de género no introducen el enfoque de derechos de las personas con discapacidad. Señalan que las mujeres no sólo son la mayoría de la población con discapacidad, sino que también asumen en un porcentaje de un 70 por ciento las tareas de asistencia, apoyos y cuidados.

En ese sentido, consideran necesario evidenciar las situaciones de doble discriminación, barreras y retos que viven las niñas y mujeres en situación de discapacidad para el avance real en la protección y garantía de sus derechos desde el modelo social y la discapacidad.

En cuanto a las principales preocupaciones hechas por el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas están la persistente discriminación hacia las personas con discapacidad, especialmente mujeres, niños y niñas, y personas con discapacidad psicosocial e intelectual, y la inexistencia de mecanismos accesibles de denuncia y reparación para las víctimas de discriminación por motivos de discapacidad; así como la demora para la aprobación del Proyecto de Ley Expediente N. 20174 “Ley Marco para Prevenir y Sancionar todas las Formas de Discriminación, Racismo e Intolerancia”, así como la ausencia del criterio de discapacidad en la definición de discriminación y de referencias sobre las formas múltiples e interseccionales de discriminación.

A su vez, señala el Comité las insuficientes medidas legales y políticas para promover y proteger los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad, de manera explícita, particularmente en la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2018-2030 (PIEG); que los programas de formación y capacitación política del INAMU no prioricen a las mujeres con discapacidad. A ello se suma la inexistencia de un protocolo para la protección de mujeres y niñas con discapacidad contra la explotación, la violencia y el abuso, derivado de la violencia de género.

Otros puntos importantes señalan la falta de medidas para asegurar el acceso, de manera autónoma, de las mujeres y las niñas con discapacidad a los mecanismos de protección, incluyendo albergues temporales y terapias de recuperación en casos de violencia, abuso y explotación en todo el territorio del Estado parte; asimismo la baja representatividad de las mujeres con discapacidad en el INAMU y la falta de programas de empoderamiento para las mujeres con discapacidad en el empleo, la vida pública y política, la toma de decisiones y el Poder Judicial. Además, la falta de datos sobre violencia contra mujeres y niñas con discapacidad, debido a la inexistencia de información desagregada del sistema de recolección de datos estadísticos en las diferentes instituciones públicas.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría investigó impacto en atención de las listas de espera

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Se trata de habitantes que necesitan un procedimiento o recibir consulta especializada en hospital de Pérez Zeledón.

Como parte de una investigación que realiza la Defensoría de los Habitantes en relación con la gestión de listas de espera del Hospital Escalante Pradilla, de Pérez Zeledón, se llevó a cabo un proceso de rendición de cuentas con la Dirección Médica del Hospital Escalante Pradilla y las jefaturas de servicio sobre un informe preliminar del estado de estas listas, con particular interés en evaluar el impacto de las jornadas de producción a diciembre del año 2023.

Esta investigación tiene su origen por la cantidad de denuncias que recibe esta Defensoría. Así, de enero 2023 a enero de 2024, se recibió un total de 417 quejas o consultas de pacientes de ese centro hospitalario, siendo el hospital de la CCSS con la mayor cantidad de quejas ante la Defensoría.

Se hizo un análisis de las jornadas de producción 2021-2023 para determinar cuál fue su impacto en las especialidades en las que se realizaron. Preliminarmente se pudo verificar que el impacto no es el mismo en todas las especialidades. Un ejemplo es el caso de urología que pasó de 882 casos a 1.139 a final de diciembre de 2023. En el caso del ultrasonido ginecólogo, se observa una disminución importante pasando de 938 a 428 casos. Situación similar se presenta con los días de espera, pues para una cita en urología el tiempo de espera aumentó en casi un 11%, mientras que, para el ultrasonido ginecológico, disminuyó en casi un 59%.

Los datos aportados por el Hospital Escalante Pradilla reflejan que a diciembre del 2023 había pendientes en cirugía general 2.615 casos, con un tiempo de espera promedio de 622 días; en ortopedia un total de 3103 con 395 días de espera promedio; en oftalmología 1356 con una duración aproximada de 119 días; en ginecología un total de pacientes de 906 con un tiempo promedio de espera de 279 días. Así sucesivamente en el resto de especialidades médicas. En palabras del mismo informe del Hospital Escalante Pradilla, en consulta externa el plazo promedio de espera aumentó en 89,9 días; en procedimientos disminuyó en 10,2 días; mientras que cirugías aumentó en 45,7 días. La Defensoría estará evaluando los resultados al primer trimestre 2024 para concluir el estudio.

En relación con los médicos especialistas, se ha podido constatar el ingreso de algunos médicos más en Neurología, Geriatría, Medicina Interna, Fisiatría, Ginecoobstetricia, Patología, Anestesia y Cirugía general, pero en otros casos como Cardiología, Nefrología, Gastroenterología, Dermatología, Oncología, Ginecología Oncológica y Medicina Materno Fetal los especialistas son pocos o no hay. Lo mismo cabe decir de muchos técnicos que son insuficientes como en gastroenterología, terapia ocupacional, oftalmología, lenguaje o nutrición.

Respecto del equipamiento del hospital es necesario un TAC nuevo de 128 cortes, cuya compra fue aprobada según las autoridades, pero además es necesario una incubadora de transporte neonatal, 2 Incubadoras abiertas para salas de expulsivos de sala de partos, un Oxímetro de pulso neonatal, al menos 2 camas para sala de labor de partos y 8 bombas para nutrición parenteral, entre otro equipo del Servicio de Patología.

Al realizar la jornada de trabajo de personal de la Defensoría en ese hospital, se verifica la necesidad de más espacios de atención en Consulta Externa, los quirófanos y las salas de recuperación siguen siendo reducidas de espacio. Sin embargo, de igual forma se verificó una ampliación del Servicio de Consulta Externa que construido recientemente.

Como parte del estudio, 17 de abril se realizó un encuentro con la sociedad civil de Pérez Zeledón con la participación de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, la Asociación Nacional de Empleados Públicos, la Casa de la Mujer, Junta de Salud del Hospital Escalante Pradilla y la Unión de Trabajadores Agroindustriales de Pérez Zeledón en el Salón de Capacitación Claudio Gamboa. En este encuentro, la Defensoría expuso para validación un avance de la investigación en curso y se atendieron los aportes de estas agrupaciones en relación con sus preocupaciones por el estado de las listas de espera de este hospital y las posibles soluciones que estas agrupaciones pudiesen visualizar.

Este proyecto de investigación aún no está concluido pues es necesario solicitar más información a este hospital, así como a los otros centros de salud de la Red Brunca de Servicios de Salud de la CCSS con el propósito de realizar una evaluación del impacto que causan estos centros de salud en las listas de espera del Hospital Escalante Pradilla. Además, se tiene prevista la realización de una evaluación del estado de salud ocupacional del personal de este hospital mediante la realización de un grupo focal.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría de los Habitantes convoca a autoridades para exigir soluciones a la inopia de especialistas y a las listas de espera

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

Ante solicitud de intervención de UNDECA

A solicitud de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), la señora Defensora de los Habitantes, Angie Cruikshank Lambert, convocó  a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Esquivel Rodríguez; a la Ministra de Salud, Mary Munive Angermϋler; a la presidenta del Colegio de Médicos y Cirujanos, Margarita Marchena Picado; al presidente del Consejo Nacional de Rectores, Gustavo Gutiérrez Espeleta; a la presidenta del CONESUP, Anna Katharina Müller Castro; al decano de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, Fernando Morales Martínez; a la decana de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica, Flor Jiménez Segura; al director de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, Willen Buján Boza; al SINAME, la UMN y el equipo de UNDECA.

Esta reunión se realizará a partir de las 8 a.m. del día jueves 25 de abril de 2024, en la sede de la Defensoría, obedece a la imposibilidad que tiene un centenar de médicos especialistas para incorporarse al Colegio de Médicos, a pesar de la inopia de especialistas declarada por la CCSS.

La situación es apremiante, ya que un centenar de médicos especialistas enfrenta grandes obstáculos para incorporarse al Colegio de Médicos, a pesar de la declarada inopia de especialistas por parte de la CCSS. Esta inopia afecta directamente a los pacientes, quienes experimentan demoras en procedimientos quirúrgicos, diagnósticos, terapéuticos y citas en consulta especializada.

El objetivo de esta convocatoria es encontrar soluciones, de una vez por todas, para incorporar a estos médicos especialistas a las labores en la Caja, además, de una solución integral a la problemática sanitaria para garantizar el derecho fundamental a la vida y la salud de la población costarricense.

Defensoría facilitó proceso de diálogo con autoridades y organizaciones de salud

Escrito en . Publicado en Derechos.

Situación de médicos especialistas con formación en el extranjero sin incorporación al colegio profesional

La Defensoría de los Habitantes convocó a representantes de instituciones del Estado del sector salud, organizaciones sindicales, academia y colegios profesionales en la materia, en aras de facilitar un proceso de diálogo para escuchar posiciones respecto a la situación que atraviesa un grupo de médicos especialistas con formación en el extranjero sin incorporación al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

Entre las personas asistentes estuvieron la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert; la Ministra de Salud, Mary Munive; la presidenta del Colegio de Médicos y Cirujanos, Margarita Marchena; el rector de la Universidad de Costa Rica y presidente del Consejo Nacional de Rectores, Gustavo Gutiérrez; el presidente de la Unión Médica, Edwin Solano; el secretario general de UNDECA, Luis Chavarría; representantes de la Caja Costarricense del Seguro Social, representantes del Sindicato de Médicos/as Especialistas, entre otros actores.

Esta sesión de trabajo obedeció a una solicitud de intervención solicitada por UNDECA. La Defensoría asumió el rol de facilitación del espacio para la discusión de este tema, teniendo como punto de partida el interés público que existe en relación con nuevos especialistas, al tiempo que se garantice la idoneidad comprobada de estos profesionales y el cumplimiento de requisitos vigentes, todo en el marco de la razonabilidad.

El grupo aproximado de este grupo de médicos especialistas que fueron formados en el extranjero ronda entre los 80 y 88, y entre los puntos de encuentro estuvo establecer una mesa de trabajo interinstitucional que profundice en esta situación y cuya sesión de trabajo se lleve a cabo el próximo 16 de mayo, en una sede por definir.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría respalda fallo que elimina orden de ocultar etiquetado frontal de alimentos

Escrito en . Publicado en Derechos.

Circular derogada incumplía diversas normativas

La Defensoría de los Habitantes respaldó la resolución de la Sala Constitucional, anunciada ayer, de eliminar la circular emitida por el Ministerio de Salud que ocultaba los sellos de advertencia nutricional en el etiquetado frontal de alimentos. A inicios del presente mes, la Defensoría notificó un informe a Salud donde recomendó a Salud dejar sin efecto jurídico dicha circular, luego de un amplio análisis técnico y jurídico.

La Defensoría sostuvo que el Ministerio de Salud no demostró, con estudios con información cuali-cuantitativa, que el Etiquetado Frontal de Advertencia Nutricional (EFAN) de los productos importados que lo portan confundía al consumidor y que se contaba con el fundamento jurídico correspondiente. Dicha investigación, en criterio de esta Defensoría, debería realizarse con los aportes de los sectores académicos, colegios profesionales y organizaciones no gubernamentales.

Dado que los consumidores dedican poco tiempo a la compra de alimentos, la inclusión de sistemas simplificados de información nutricional podría mejorar su capacidad de encontrar y comprender la información nutricional, lo que fomentaría la toma de decisiones fundamentadas con respecto a los alimentos. Por este motivo, la inclusión de sistemas de etiquetado nutricional en la parte frontal del envase es considerada una prioridad en la formulación de políticas.

Se trata de una herramienta costo-efectiva para la prevención de la obesidad y las enfermedades crónicas no trasmisible, sino que además responde a equiparar los desequilibrios que presenta el consumidor. De igual forma, lo protege de potenciales riesgos a la salud y le permite hacer elecciones bien fundadas para su propio bienestar, respondiendo al derecho del consumo informado y responsable.

Debe recordarse que mediante la Circular MS-DRPIS-UR-1588-2023 de fecha 22 de junio de 2023, el Ministerio de Salud estableció la instrucción de que los comerciantes eliminen la información del EFAN particularmente el de los productos importados que contengan los octágonos o rombos negros recomendados por la Organización Panamericana de la Salud. Entró en vigencia el 22 de diciembre de ese mismo año.

Esta medida no fue consultada con instituciones u organizaciones con competencia en esta materia. Tampoco existe suficiente fundamentación jurídica para eliminar el EFAN porque no se cuenta actualmente con una norma sobre el etiquetado nutricional frontal simplificado. En el ámbito centroamericano, no existe norma que regule el tema. Tanto COMISCA como el Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), según informe del Ministerio de Salud, aún no han aprobado una normativa centroamericana al respecto.

Además, en criterio de esta Defensoría, el Ministerio de Salud mediante esa resolución estaba reformando tres reglamentos centroamericanos debido a una errónea interpretación y aplicación de estas disposiciones. La falta de un motivo y una motivación debidamente demostrados está ausente en esta circular. Con todo, esta Defensoría considera que el EFAN debe contar con una adecuada regulación que debe estar armonizada al menos con el contexto centroamericano y para ello es necesario un pronunciamiento conjunto de al Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA) y Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO).

Más bien por el contrario, existe abundante evidencia de estudios realizados en el contexto latinoamericano y particularmente en Centro América y Costa Rica en relación con la superioridad y ventajas de la comprensión para el consumidor de los sellos octogonales como la mejor de las estrategias de la EFAN. Sellos que, además, cuentan con el respaldo de la OPS.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes