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Etiqueta: Defensoría de los Habitantes

Defensoría lamenta decisión con terna al cargo de la Defensoría Adjunta

Angie Cruickshank Lambert, Defensora de los Habitantes de la República, lamentó la decisión adoptada por las señoras y señores diputados en el Plenario Legislativo, de no designar de la terna presentada, a la persona que desempeñará el cargo de Defensor o Defensora Adjunta de los Habitantes y, en su lugar, solicitar tres nuevos nombres para su análisis.

El artículo 10 de la Ley 7319, Ley de la Defensoría, establece que la Defensoría Adjunta es colaboradora directa de la jerarca; en ese sentido, la persona a ser nombrada debe reunir los mismos requisitos exigidos para el titular.

Con esta decisión del Plenario Legislativo, la Defensora de los Habitantes deberá reiniciar el proceso de entrevistas a nuevas personas, dispuestas a pasar por el proceso de escrutinio legislativo. Adicionalmente, la comisión de nombramientos deberá iniciar el proceso, desde cero, con lo que ello implica en materia de recursos y tiempo.

“Respeto la decisión; sin embargo, no puedo dejar de indicar que, de alguna forma, como órgano de control de legalidad, esta decisión podría lesionar el principio de independencia garantizado a la institución, de acuerdo con la legislación nacional y los Principios de Paris. Es mi responsabilidad como jerarca garantizar el cumplimiento de este principio, particularmente en la coyuntura política actual”, dijo la Defensora.

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Defensoría de los Habitantes

Defensoría: Transporte para estudiantes apenas sobrevive

Su fortalecimiento está ligado a sostenibilidad presupuestaria y a eliminar barreras operativas

La Defensoría de los Habitantes considera importante que el país fortalezca el programa de transporte para estudiantes que administra el Ministerio de Educación Pública (MEP) a través de un adecuado financiamiento del Estado que permita no solo atender a la población beneficiaria actual sino también a la demanda insatisfecha.

La Defensoría de los Habitantes realizó un estudio sobre la gestión y financiamiento del servicio de transporte estudiantil de la Dirección de Programas de Equidad del MEP y sus consecuencias en la realización efectiva del derecho humano a la educación de personas menores de edad y de personas con discapacidad en el año 2023. Esa Dirección está compuesta actualmente por 52 funcionarios/as.

Este programa facilita el traslado de estudiantes matriculados en distintos niveles del sistema educativo público hacia los centros educativos mediante la contratación de servicios de transporte o a través del otorgamiento de subsidios. Los estudiantes beneficiados deben cumplir requisitos relacionados con su condición económica y la distancia a la que se encuentra del centro educativo más cercano.

En el estudio se destacaron varias barreras operativas que afectan la gestión del programa de Transporte Estudiantil, a saber, limitaciones presupuestarias, restricciones de recursos humanos y la necesidad de gestionar una cantidad considerable de trámites y presupuesto con un personal insuficiente.

En cuanto a presupuesto en el año 2022 se asignó un presupuesto de 44.279,01 millones de colones, mientras que para el 2023 se redujo un 29.34%, pasando a 31.286, 22 millones de colones. Según el MEP, durante el 2023 la disminución mayor se da en el apartado de rutas subsidiadas y afectó la capacidad para integrar a nuevos beneficiarios. Se estima que 4.198 estudiantes, categorizados como nuevos ingresos en rutas nuevas por excepción, emergencias o en rutas regulares, se vieron imposibilitados de ser atendidos debido al déficit presupuestario existente en ese año. Además, se identificaron otros procedimientos asociados a las rutas ya existentes, tales como los ajustes técnicos que comprenden la expansión de recorridos, la consolidación o separación de rutas, entre otros. Con el presupuesto 2024 se estima que se mantenga la continuidad del servicio y garantizar la atención de los 167.618 estudiantes inscritos en el programa.

La viabilidad financiera del programa de Transporte estudiantil está fuertemente condicionada por el presupuesto asignado y aprobado a nivel nacional. A pesar que el artículo 78 de la Constitución Política establece un monto del 8% del PIB a la educación, en el 2023 apenas alcanzó el 5,35%.

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Casi 30 mil personas en pobreza esperan por una pensión del RNC

Defensoría de los Habitantes alza la voz por inversión social

La Defensoría de los Habitantes inició una investigación de oficio ante la lista de espera para el trámite de una pensión por el Régimen No Contributivo (RNC) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Datos del 2024 indican que la Defensoría ha recibido a la fecha un total de 202 consultas o denuncias de personas sobre esta problemática y cifras de la Dirección Administración de Pensiones de la Caja, al 31 de enero del presente año, indican que, hay 28.860 solicitudes pendientes, con hasta más de tres años de espera.

Tras una serie de consultas de la Defensoría, la Gerencia de Pensiones de la Caja, dijo que la situación del incremento de solicitudes pendientes obedece a que el otorgamiento de estas pensiones está sujeto al financiamiento disponible, y en los últimos años, no ha sido suficiente para atender la demanda.

Para el 2023, se recibieron los recursos adicionales que, por ley, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) debe transferir para la atención del programa; sin embargo, al ser trasladados en los últimos días de diciembre se imposibilitó su ejecución, por lo que fue registrado como superávit y por ende, debe reintegrarse parcialmente al FODESAF.

Según la Gerencia de Pensiones de la CCSS, para el presente periodo tomando en cuenta los datos de la liquidación presupuestaria del programa, las estimaciones de la Dirección Actuarial y Económica reflejan un déficit presupuestario de ¢8.147.4 millones. Por lo que se requiere, con carácter de urgencia, que el Ministerio de Trabajo, por medio de la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF), traslade recursos para cumplir con las obligaciones del Régimen, y poder asignar -al menos- las metas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo y las reasignaciones de pensión.

Es por esta razón que, la administración, de acuerdo con la necesidad actual de pendientes y en vista del faltante de recursos, con fundamento en los principios y objetivos definidos para la creación de la reserva de contingencia, que alcanza la suma de ¢4.115.7 millones, procedió a utilizar estos recursos para poder cubrir 1.650 casos de pensiones por sustituciones, en espera del traslado de recursos por parte de FODESAF.

Ante este panorama, esta Defensoría le solicitó a la DESAF, información del por qué hay un atraso en el traslado de los fondos y al parecer todo se debe a que hace falta la firma de un convenio de cooperación y aporte financiero con las instituciones ejecutoras de los recursos del FODESAF.

La Defensoría mantiene preocupación respecto a la disminución en la inversión social y el presupuesto que tiene la CCSS para atender este programa, por lo cual analiza la saturación que se está presentando con el propósito de girar las recomendaciones que permitan disminuir los plazos de respuesta, conforme el principio de justicia pronta y cumplida y el de petición y pronta respuesta.

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Defensoría: Prolongación de crisis por faltante de especialistas es una bomba de tiempo

Cada día que pasa eleva el riesgo de los pacientes a no recibir una atención oportuna

* Defensoría pidió detallar a CCSS sobre contratación de servicios privados.

* Impactos se han visto esta semana, pero es incierto si medidas de emergencia implementadas a la fecha sean sostenibles en caso de extenderse por más días el conflicto.

“Cada día que pasa, sin que exista un acuerdo entre las autoridades de la CCSS y la dirigencia de los médicos especialistas, representa un riesgo muy alto que podría amenazar, en cualquier momento, el derecho que tienen las personas usuarias de los servicios de salud a una atención oportuna después de las 4:00 de la tarde. Esto es una bomba de tiempo y quienes están en el centro de la afectación son los pacientes”, dijo esta mañana la Defensora de los Habitantes, Angie Cruikshank Lambert.

La Defensora mostró su preocupación que las medidas extraordinarias o de emergencia implementadas por la CCSS lleguen a ser insostenibles por el agotamiento y la presión a nivel hospitalario, si el conflicto entre las partes se prolonga por varios días más.

Si bien entiende que es importante que se revisen las condiciones laborales de los médicos especialistas, lo cierto del caso es que, a hoy, no se vislumbra un oportuno diálogo que facilite a un acuerdo pronto. “¿Qué están esperando para negociar? Esperemos que no ocurra ninguna situación que genere dolor a una familia. Por favor, la salud no puede estar en juego”, agregó la Defensora de los Habitantes.

La Defensoría de los Habitantes, en seguimiento a esta situación solicitó a la Gerencia Médica de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) un informe que permita conocer, con más detalle, las medidas implementadas para atender a las personas que requieran los servicios de emergencia.

La Defensoría pidió detallar en cuanto a la contratación de servicios privados, la distribución de establecimientos de salud de las empresas oferentes y los servicios ofrecidos. Además, en el caso que éstos tengan sede en la Gran Área Metropolitana, pero se requiera la atención fuera de la misma, cuál es el mecanismo previsto para trasladar a esos pacientes.

Es importante conocer el mecanismo que la CCSS utiliza para verificar que los médicos especialistas que participan en la suspensión y que también laboran en los centros de salud privados, no sean contratados por las empresas privadas seleccionadas.

Otro punto que quiere conocer la Defensoría tiene relación con si el plan de contingencia que informó la CCSS cuenta a la fecha con alguna modificación o actualización. En relación con los centros de salud que están realizando una distribución de los médicos especialistas del primer y segundo hacia el tercer turno, se solicitó un informe que señale las medidas que se están tomando para atender el incremento en los tiempos de espera de la consulta externa y realización de procedimientos que tal distribución pueda ocasionar.

Finalmente, se pidió conocer si el centro de operaciones conocido como Centro de Atención de Emergencias y Desastres de la CCSS (CAED) para atender esta emergencia se reúne con periodicidad para revisar el estado de situación, si participan los directores de hospital, representantes del INS y de la Cruz Roja y, cuáles son los acuerdos que, a la fecha, se han adoptado para la atención de la crisis.

El fin de semana es altamente preocupante porque, al no existir una jornada ordinada que pueda permitir una reorganización interna, los esfuerzos que deba hacer la CCSS para garantizar la atención especializada dentro de la red o coordinación con centros privados deberán ser mayores.

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Defensoría señala 10 deficiencias que debe corregir la CCSS

Un reciente informe de la Defensoría de los Habitantes aborda la situación que atraviesa la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Como resultado de la presente investigación, se evidencia que, persisten 10 deficiencias y debilidades importantes.

-Ausencia de un sistema de gestión de Gobierno Corporativo. Pese a que la Junta Directiva de la CCSS es el máximo jerarca de la Institución, dedica el mayor tiempo de sus funciones a labores administrativas, ya que carece de un modelo de gobernanza que le permita que su labor se enfoque en la dirección y supervisión de los asuntos estratégicos relacionados con la actividad institucional.

-Deficiencia en la Planificación y Gestión de Riesgos. A pesar de que la CCSS cuenta con un Plan Estratégico Institucional para el periodo 2023-2033 y una Política Institucional de Gestión Integral de Riesgos, la administración de los recursos financieros no se realiza conforme al modelo de gestión para resultados a nivel de toda la institución

-Ausencia de un sistema de costos: En materia de salud, persiste la necesidad de la CCSS de contar con un sistema de costos como instrumento clave de gestión que permita cuantificar el costo de procesos, actividades e intervenciones con mayor precisión, y mejorar las estimaciones.

-Proyecciones actuariales ambiguas del Seguro de Salud. Las proyecciones actuariales son parte fundamental para darle la sostenibilidad al sistema de pensiones y al sistema de salud. Sin embargo, al persistir el uso de datos promedio, tiene como resultado una visión distorsionada en los servicios, al ser una limitante y desventaja para el análisis de los datos, especialmente en presencia de valores atípicos o distribuciones no normales, como es el sector de la salud.

-Contra criterios de gerencia y administración, se elimina la información financiera para las provisiones y proyecciones financieras. Recientemente la Junta Directiva ratifica como únicos instrumentos válidos para las provisiones y proyecciones financieras, los informes y otros documentos elaborados por la Dirección Actuarial. Si bien ambas responden a metodologías diferentes, la información de la Gerencia Financiera permite mostrar el equilibrio financiero a hoy. La decisión de la Junta Directiva incrementa el riesgo de que no se observe el panorama completo de la situación financiera institucional, puesto que son insumos complementarios que van a aportar a la toma de decisiones.

-Una CCSS sin una visión de futuro con horizonte de largo plazo. La CCSS no ha consolidado por completo la inclusión de elementos de gestión para resultados en el desarrollo como parte de la construcción de una visión de futuro con un horizonte de largo plazo, persisten debilidades en el proceso de identificación y planificación de necesidades de infraestructura, tecnología y compra de equipos, que no permiten orientar razonablemente la gestión oportuna de los proyectos de sustitución o ampliación de oferta, a efectos de prevenir eventuales afectaciones en la continuidad y calidad de los servicios de salud

-Posible inequidad y uso ineficiente de recursos en la oferta de servicios. La CCSS carece de información actualizada y completa sobre los requerimientos de servicios, recursos humanos y equipos que caracterizan a cada tipo de establecimiento de salud, según el modelo de atención y en su ausencia utiliza una serie de insumos para identificar la complejidad de esos centros, que presentan debilidades importantes, lo que la CCSS podría no estar asignando los recursos en materia de salud en las zonas de mayor riesgo, y con ello, podría estarse fomentando la inequidad en la atención y el uso ineficiente de esos recursos, y por ende, afectándose la calidad del servicio.

-Impacto de la ausencia de planificación sobre Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR Suscrito desde el 2017, este Fideicomiso de obra, por el que se cancelan más de 28 millones de colones por mes, ha estado caracterizado por los constantes cambios en la asignación de proyectos. El fideicomiso que inicialmente incluía la construcción de 53 obras, se modifica en el 2023 para la construcción de 30 Áreas de Salud en un ritmo de 4 por año. Adicionalmente a los costos generados durante los años con que cuenta el mismo contrato del fideicomiso, se pudo constatar que el mismo carece de multas hacia el fiduciario e incluso se logra observar que las responsabilidades de atrasos en las obras son responsabilidades de la situación económica del país, causas que sea ocasionados por terceros o por atrasos en la CCSS, pero deja por fuera al BCR por demoras en las obras o por acciones fuera de las responsabilidades que le correspondan.

-Dilación en la toma de decisiones sobre el Fortalecimiento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, mesa de diálogo. Si bien en el 2021 fue probada una reforma para el Fortalecimiento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, era de conocimiento por la Junta Directiva de la CCSS, que la misma se constituía en la primera etapa de un proceso que busca brindar sostenibilidad y solvencia actuarial al Seguro de Pensiones que le brindaría el oxígeno necesario al Sistema para iniciar con una segunda etapa. Pese a ello la Junta Directiva no ha dado inicio con la mesa de diálogo propuesta para el abordaje del tema, además de que no se encontró evidencia de que se hayan tratado de estudiar nuevas fuentes de ingresos para el Seguro de Salud y pensiones, recomendaciones que la Dirección Actuarial y Económica, ha hecho en las valuaciones actuariales, en donde se ha señalado la importancia de abordar temas como el bono demográfico y la informalidad en el empleo, además del desempleo en jóvenes especialmente en las mujeres.

-Gobernanza de Tecnologías de Información. La CCSS no ha logrado consolidar los roles y responsabilidades definidos en su Marco de Gobernanza de Tecnologías de Información y Comunicación de la CCSS. Como ejemplo los recientes problemas de su estructura organizacional para proyectos de infraestructura tecnológica, como el proyecto de implementación del EDUS.

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Defensoría revisará resultados del modelo de gestión de la CCSS

Emite recomendaciones a Junta Directiva para entrega de información

Como parte de la investigación que llevó a cabo la Defensoría de los Habitantes sobre el modelo de gobernanza de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) emitió una serie de recomendaciones a la Junta Directiva, en aras que facilite una serie de datos e información que permita hacer un análisis de resultados de gestión y su impacto en la población.

El informe establece la necesidad que se envíe a esta Defensoría un informe sobre el estado de avance del proceso de implementación del “Proyecto Estratégico para el Desarrollo, Implementación y Control del Sistema de Gestión de Gobierno Corporativo de la Junta Directiva de la CCSS”, al 28 de junio del 2024, que incluya, un detalle de la eliminación de deficiencias y distorsiones que se han venido creando a través de los años, con responsables en el proceso y rendición de cuentas a la sociedad civil.

También se requirió el estado de cumplimiento de la implementación del “Modelo de gestión para resultado a nivel institucional”, conforme con el Plan Estratégico Institucional para el periodo 2023-2033 y su articulación con la política institucional de gestión integral de riesgos.

Otro punto importante a destacar es la necesidad de disponer, en un mes, de los objetivos, metas, indicadores y acciones que permitan vincular la alineación del “Manual de Iniciativas y Portafolio de Proyectos (versión 2.0)” con el Plan Estratégico Institucional 2023, que identifique que la infraestructura requerida responde a esa visión de la CCSS eliminando brechas e inequidades, distribución de recursos, oferta de servicios, planificación del desarrollo de prestación de servicios e infraestructura de apoyo requerida.

Además, la Defensoría requiere que al 30 de abril se envíe el análisis técnico jurídico que permita determinar la conveniencia y/u oportunidad de la inclusión de una cláusula del contrato de Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017, en el marco de la responsabilidad del fiduciario de multas por incumplimiento de obligaciones. A ello, el avance del trabajo de la comisión interinstitucional en relación del proceso de conciliación con el monto que el Estado le adeuda a la CCSS y definir la ruta de los pagos.

Para la Defensoría es fundamental que la Caja ponga a disposición de la Defensoría el avance del diseño y desarrollo de un sistema de costos que permita cuantificar los montos de actividades e intervenciones con mayor precisión.

Se solicitó a la Junta Directiva que envíe un informe sobre la evaluación de los proyectos prioritarios recientemente anunciados, a saber, construcción y equipamiento del hospital Tony Facio; la construcción del nuevo hospital Manuel Mora Valverde; el fortalecimiento del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología y, la primera etapa del fortalecimiento del hospital de Guápiles, sus costos, estructura de financiamiento y la ruta crítica para su ejecución.

La Defensoría de los Habitantes recomendó conocer el cronograma de prioridades en materia de inversión hospitalaria, donde se incluya la línea de tiempo de ejecución de cada una de las prioridades establecidas, estrategias de construcción, costo de cada proyecto donde se incluya, entre otros construcción, equipamiento y recurso humano. De igual manera, el portafolio de inversiones actualizado donde se identifiquen el inicio de obras para los próximos 12, 24 y 36 meses.

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Defensoría investiga seguimiento médico a personas con crisis de salud mental

Determinar cuál es el seguimiento a nivel de la Caja Costarricense del Seguro Social que ofrece a las personas que han presentado una crisis de salud mental y que, por tal circunstancia, requirieron de internamiento en los hospitales Nacional de Salud Mental, el Calderón Guardia, el Chacón Paut y/o Tony Facio, hizo que la Defensoría de los Habitantes iniciara una investigación de oficio.

Se trata de personas que ya han presentado una crisis en su salud mental que puede implicar la persistencia de los ataques de ansiedad o pánico, las autolesiones o intentos de suicidio.

Durante el periodo de internamiento, estas personas reciben una atención constante, tanto por psiquiatras, como psicólogos o trabajadores sociales, según corresponda. No obstante, una vez egresadas de los servicios hospitalarios, deben esperar determinado plazo de tiempo para contar con una atención médica y psicológica adecuada, que podría implicar entre seis meses o más. En ocasiones, la alternativa que tienen es regresar a las salas de emergencias y volver a ser internadas o recibir en emergencia, la atención psiquiátrica que requieren.

Preocupa a la Defensoría que las personas con enfermedades de salud mental deben lidiar con una sociedad que los estigmatiza y discrimina, por lo que estas situaciones les impacta la vida familiar y su actividad productiva.

Es por esta situación que la Defensoría giró una serie de consultas al Gerente Médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, entre las que destacan, si existe o no un programa de apoyo profesional para las familias de pacientes egresados y un programa de visitas al hogar. Además, si hay protocolos que definan el proceso de seguimiento de un paciente egresado hasta su resolución, si la entidad tiene estrategias de referencia a otros centros de salud como Ebais o clínicas para el respectivo seguimiento y cuál es el procedimiento, criterio y profesional que define el reingreso o rechazo de un paciente egresado.

A esta Defensoría también le interesa conocer si hay estrategias de seguimiento a los lugares de trabajo de quienes egresan y en caso de ser menores de edad y estudiantes, si hay o no contacto con los centros educativos.

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Amenaza de regresividad de derechos desvela al país

Defensoría: Situación del país en materia de seguridad, salud, educación y atención de la pobreza es crítica

Costa Rica viene atravesando por circunstancias críticas desde hace varios años, principalmente en materia de seguridad, educación, salud y atención de la pobreza, que genera un riesgo alto para el respeto de los derechos de la población.

Para la Defensoría de los Habitantes, el Estado debe prestar no solo atención al estado de esta situación sino también fortalecer las acciones tendientes a luchar contra manifestaciones de violencia en distintos espacios de la vida cotidiana de las personas, y atender con prontitud, toda acción que procure discriminación y con ello, inequidad, desigualdad y la falta de igualdad de oportunidades.

La pobreza -medida por el método de ingresos, el método multidimensional o ambos métodos- afecta a más del 30% de la población costarricense, la cual también se ve agravadas, de una u otra forma, con recortes en la inversión social.

La seguridad ciudadana y la convivencia pacífica ha desmejorado desde el año 2015 y se originan cambios constantes en los lineamientos estratégicos de la institucionalidad que atiende el sector. En el año 2023, se registraron 907 homicidios (la mayor cantidad en la historia del país). Al 21 de marzo de 2024 se registran 200 homicidios. Mientras tanto el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hace llamados urgentes al país, y de manera constante, por un fortalecimiento de su presupuesto.

A ello se suma que los flujos migratorios mixtos han sobrepasado las capacidades de la institucionalidad pública costarricense. Más de 400.000 personas cruzaron Costa Rica proveniente de otros países con crisis humanitarias sobrevenidas por complejas dinámicas socioeconómicas y políticas.

En materia de Educación, el panorama expuesto por el Estado de la Educación 2021 y 2023 es urgente de atender en campos como la calidad, el financiamiento, infraestructura, brecha digital, competencias lectoras de las y los estudiantes; el liderazgo pedagógico, ampliación de la cobertura del bilingüismo y el fortalecimiento de la educación técnica, entre muchos otros aspectos.

Las vulneraciones al derecho a la salud debido a las listas y tiempos de espera para procedimientos y exámenes médicos, los rezagos en infraestructura hospitalaria y del primer nivel de atención, así como el faltante de especialistas, entre otras situaciones. A ello se suma las diversas crisis de acceso al agua potable para consumo humano en diversas regiones del país, tanto en la Gran Área Metropolitana como en el resto del país.

“Costa Rica debe dar el paso en la mejora de la calidad en la prestación de los servicios públicos a través del fortalecimiento de la institucionalidad en las comunidades, la participación activa de la sociedad civil organizada y la disponibilidad de recursos dirigidos a la inversión social”, dijo esta mañana la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

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Defensoría: Vacíos legales no permiten erradicar la violencia obstétrica

A pesar de avances en los derechos de las mujeres en estado de embarazo, el país tiene vacíos en materia de regulación, fiscalización y sanción en cuanto a violencia obstétrica. Así lo hizo ver la Defensoría de los Habitantes ante una solicitud de información requerida por el despacho de la diputada Paula Nájera Abarca.

La Defensoría llamó la atención sobre la ausencia de conceptualización de la violencia obstétrica en la Ley No.10.081 “Derechos de la mujer durante la atención calificada, digna y respetuosa del embarazo, parto, posparto y atención del recién nacido” que entró a regir el 27 de enero del año 2022.  “Ni en su título, ni en su contenido, esta importante Ley desarrolla el concepto de violencia obstétrica, a pesar de que se enumeran los derechos de las usuarias en el marco de la atención prenatal, durante y después del parto”, indica la Defensoría.

La Defensoría hizo observaciones en cuanto al cumplimiento de los transitorios contenidos en la Ley. Destacó que si bien se han conocido acciones tendientes a generar normativa regulatoria -por ejemplo, el Protocolo Clínico de Atención Integral al embarazo, parto y posparto en la Red de Servicios de Salud – no se ha informado sobre un protocolo generado para el cumplimiento de la norma en los términos del transitorio I. Aunado a ello, la Ley No. 10.081 no dispuso las responsabilidades de verificación de esta obligación, ni el mecanismo para evaluar su implementación.

En relación con el Transitorio II, se promulgó el Decreto Ejecutivo N°44093-S: “Reglamento para la Defensa y Garantía de los Derechos de las Mujeres Embarazadas y de la Persona Recién Nacida en el contexto de la atención de su salud”, sin embargo, la Ley N°10.081 no desarrolló otras responsabilidades en el marco de las competencias de ese Ministerio de Salud, tales como la vigilancia de la salud: fiscalización sobre la prestación de los servicios, verificación sobre la incidencia de los incumplimientos en relación con la incidencia en las tasas de mortalidad materna e infantil, entre otros aspectos.

La Defensoría estima que, para que Costa Rica garantice la generación de indicadores sobre este tipo de violencia, debe incluirse su conceptualización tanto a nivel legal, como en los lineamientos, guías y protocolos que se aprueben e implementen en los servicios de salud. Actualmente, este tipo de violencia no está incluida dentro de los datos del Sistema Unificado de Medición Estadística de la Violencia de Género (SUMEVIG), ni hay información disponible en el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial. Hace unos días, la CCSS anunció una estrategia para el abordaje de la violencia obstétrica en los diversos servicios institucionales.

Declaraciones de Kathya Rodríguez, directora de Mujer de la Defensoría de los Habitantes:

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Defensoría previene a CCSS obligación de colaboración preferente para inspeccionar centros médicos

Hospital de Cartago negó ingreso para una revisión de las condiciones en que se atienden a pacientes

La Defensoría de los Habitantes elevó una gestión a la Presidencia Ejecutiva de la CCSS y a la Dirección del Hospital Max Peralta de Cartago, para que haya total apertura a las inspecciones que realiza, sin previo aviso, personal de la Defensoría de los Habitantes para conocer no solo las condiciones en que se están atendiendo a las personas usuarias sino también las necesidades que tienen los servicios de urgencias ante la situación crítica de saturación que atraviesan.

El sábado anterior, la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, se trasladó hasta el centro hospitalario de Cartago para efectuar una inspección en sitio, con el propósito de conocer detalles relativos al funcionamiento del servicio de emergencias, la atención que reciben los pacientes y además, determinar cuáles son las necesidades existentes. Todo ello con el fin de hacer un reporte de lo encontrado y elevarlo ante las autoridades de la CCSS. Sin embargo, se encontraron reticencias en el centro médico, para cumplir con los objetivos encomendados por la normativa al Órgano Defensor.

La Ley de la Defensoría de los Habitantes N°7319 establece en su artículo 12.2 que el personal de la institución puede realizar inspecciones a oficinas públicas, sin previo aviso y, requerir de ellas toda la documentación y la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. La institución efectúa con frecuencia esta tarea, sin embargo, en esta ocasión no se logró el ingreso. 

A la luz de lo acontecido, la Defensoría de los Habitantes elevó una gestión a la Presidencia Ejecutiva de la CCSS para que se instruya a la Dirección o Jefatura de todos los centros de salud de la Caja que se garantice la colaboración preferente de los servidores públicos como lo establece la Ley N°7319.

Asimismo, se solicitó a la Dirección Médica del Hospital de Cartago tomar las medidas administrativas que correspondan para establecer las responsabilidades correspondientes de quienes impidieron el acceso ese día, y garantizar que esta situación no se vuelva a repetir.

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