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Etiqueta: Defensoría de los Habitantes

Derecho de propiedad ancestral afrodescendiente

El documento compartido con SURCOS es una notificación dirigida al Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, enviada por la Licda. Angie Cruickshank Lambert, Defensora de los Habitantes, junto con una copia al señor Marco Vinicio Levy Virgo.

La notificación es una solicitud presentada por Levy, quien solicita la intervención de la Defensoría de los Habitantes en temas relacionados con el derecho de propiedad ancestral afrodescendiente.

De tal manera, la Defensoría de los Habitantes admite la solicitud de intervención para su trámite, notificando al solicitante sobre la admisión de los puntos 1, 2 y 3 de su petición.

Se enfatiza que la admisión no implica la aceptación de los hechos enunciados en la solicitud. Dentro de la solicitud, se le pide al Gobierno un informe detallado de las acciones realizadas para definir el término «propiedad ancestral afrodescendiente» en relación con el decreto ejecutivo N° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP y el proyecto de ley 23903. Además, se requiere información sobre posibles coordinaciones interinstitucionales y acciones a emprender para abordar el tema.

Por último, la Defensoría de los Habitantes solicita al Gobierno que remita el informe dentro de un plazo de cinco días hábiles, conforme al artículo 20 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes. También se solicita comunicar cualquier información adicional relacionada con el asunto. Se recuerda a los órganos públicos su obligación de colaborar con la Defensoría de los Habitantes y brindar facilidades para sus investigaciones.

Estado debe atender pendientes con mujeres y niñas con discapacidad

Defensoría lidera proceso entre organizaciones de mujeres, personas con discapacidad e institucionalidad pública

La Defensoría de los Habitantes realizó una sesión de trabajo para abordar observaciones finales sobre los informes periódicos emitidos este año por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, incluido el informe alternativo presentado por la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad (Alamud) en relación con los derechos de las mujeres y las niñas.

Uno de los objetivos de este encuentro fue iniciar el camino para la elaboración de acciones que permitan el cumplimiento de estas observaciones, a partir de una sesión de trabajo por ejes temáticos y derechos, con la participación de representantes de la sociedad civil y de las instituciones estatales competentes.

En la actividad estuvieron presentes la defensora de los habitantes, Angie Cruickshank Lambert; la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, Allegra Baiocchi; la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vásquez; la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Adilia Caravaca; la directora ejecutiva del CONAPDIS, Bilbia González Ulate; representantes de Alamud, Poder Judicial, Ministerio de Trabajo, organizaciones de personas con discapacidad y de mujeres, entre otros actores.

Es importante destacar que, en Costa Rica, el 60,9% de las personas con discapacidad mayores de 18 años corresponde a mujeres, dato suministrado por la Encuesta Nacional sobre Discapacidad- ENADIS 2018 y similar ocurre con las personas con discapacidad menores de edad.

En el informe preparado por Alamud se indica que la formulación de las políticas públicas dirigidas a las mujeres, así como las dirigidas a las personas con discapacidad, en general, no cuenta con perspectiva de género. Asimismo, las políticas públicas de género no introducen el enfoque de derechos de las personas con discapacidad. Señalan que las mujeres no sólo son la mayoría de la población con discapacidad, sino que también asumen en un porcentaje de un 70 por ciento las tareas de asistencia, apoyos y cuidados.

En ese sentido, consideran necesario evidenciar las situaciones de doble discriminación, barreras y retos que viven las niñas y mujeres en situación de discapacidad para el avance real en la protección y garantía de sus derechos desde el modelo social y la discapacidad.

En cuanto a las principales preocupaciones hechas por el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas están la persistente discriminación hacia las personas con discapacidad, especialmente mujeres, niños y niñas, y personas con discapacidad psicosocial e intelectual, y la inexistencia de mecanismos accesibles de denuncia y reparación para las víctimas de discriminación por motivos de discapacidad; así como la demora para la aprobación del Proyecto de Ley Expediente N. 20174 “Ley Marco para Prevenir y Sancionar todas las Formas de Discriminación, Racismo e Intolerancia”, así como la ausencia del criterio de discapacidad en la definición de discriminación y de referencias sobre las formas múltiples e interseccionales de discriminación.

A su vez, señala el Comité las insuficientes medidas legales y políticas para promover y proteger los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad, de manera explícita, particularmente en la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2018-2030 (PIEG); que los programas de formación y capacitación política del INAMU no prioricen a las mujeres con discapacidad. A ello se suma la inexistencia de un protocolo para la protección de mujeres y niñas con discapacidad contra la explotación, la violencia y el abuso, derivado de la violencia de género.

Otros puntos importantes señalan la falta de medidas para asegurar el acceso, de manera autónoma, de las mujeres y las niñas con discapacidad a los mecanismos de protección, incluyendo albergues temporales y terapias de recuperación en casos de violencia, abuso y explotación en todo el territorio del Estado parte; asimismo la baja representatividad de las mujeres con discapacidad en el INAMU y la falta de programas de empoderamiento para las mujeres con discapacidad en el empleo, la vida pública y política, la toma de decisiones y el Poder Judicial. Además, la falta de datos sobre violencia contra mujeres y niñas con discapacidad, debido a la inexistencia de información desagregada del sistema de recolección de datos estadísticos en las diferentes instituciones públicas.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría investigó impacto en atención de las listas de espera

Se trata de habitantes que necesitan un procedimiento o recibir consulta especializada en hospital de Pérez Zeledón.

Como parte de una investigación que realiza la Defensoría de los Habitantes en relación con la gestión de listas de espera del Hospital Escalante Pradilla, de Pérez Zeledón, se llevó a cabo un proceso de rendición de cuentas con la Dirección Médica del Hospital Escalante Pradilla y las jefaturas de servicio sobre un informe preliminar del estado de estas listas, con particular interés en evaluar el impacto de las jornadas de producción a diciembre del año 2023.

Esta investigación tiene su origen por la cantidad de denuncias que recibe esta Defensoría. Así, de enero 2023 a enero de 2024, se recibió un total de 417 quejas o consultas de pacientes de ese centro hospitalario, siendo el hospital de la CCSS con la mayor cantidad de quejas ante la Defensoría.

Se hizo un análisis de las jornadas de producción 2021-2023 para determinar cuál fue su impacto en las especialidades en las que se realizaron. Preliminarmente se pudo verificar que el impacto no es el mismo en todas las especialidades. Un ejemplo es el caso de urología que pasó de 882 casos a 1.139 a final de diciembre de 2023. En el caso del ultrasonido ginecólogo, se observa una disminución importante pasando de 938 a 428 casos. Situación similar se presenta con los días de espera, pues para una cita en urología el tiempo de espera aumentó en casi un 11%, mientras que, para el ultrasonido ginecológico, disminuyó en casi un 59%.

Los datos aportados por el Hospital Escalante Pradilla reflejan que a diciembre del 2023 había pendientes en cirugía general 2.615 casos, con un tiempo de espera promedio de 622 días; en ortopedia un total de 3103 con 395 días de espera promedio; en oftalmología 1356 con una duración aproximada de 119 días; en ginecología un total de pacientes de 906 con un tiempo promedio de espera de 279 días. Así sucesivamente en el resto de especialidades médicas. En palabras del mismo informe del Hospital Escalante Pradilla, en consulta externa el plazo promedio de espera aumentó en 89,9 días; en procedimientos disminuyó en 10,2 días; mientras que cirugías aumentó en 45,7 días. La Defensoría estará evaluando los resultados al primer trimestre 2024 para concluir el estudio.

En relación con los médicos especialistas, se ha podido constatar el ingreso de algunos médicos más en Neurología, Geriatría, Medicina Interna, Fisiatría, Ginecoobstetricia, Patología, Anestesia y Cirugía general, pero en otros casos como Cardiología, Nefrología, Gastroenterología, Dermatología, Oncología, Ginecología Oncológica y Medicina Materno Fetal los especialistas son pocos o no hay. Lo mismo cabe decir de muchos técnicos que son insuficientes como en gastroenterología, terapia ocupacional, oftalmología, lenguaje o nutrición.

Respecto del equipamiento del hospital es necesario un TAC nuevo de 128 cortes, cuya compra fue aprobada según las autoridades, pero además es necesario una incubadora de transporte neonatal, 2 Incubadoras abiertas para salas de expulsivos de sala de partos, un Oxímetro de pulso neonatal, al menos 2 camas para sala de labor de partos y 8 bombas para nutrición parenteral, entre otro equipo del Servicio de Patología.

Al realizar la jornada de trabajo de personal de la Defensoría en ese hospital, se verifica la necesidad de más espacios de atención en Consulta Externa, los quirófanos y las salas de recuperación siguen siendo reducidas de espacio. Sin embargo, de igual forma se verificó una ampliación del Servicio de Consulta Externa que construido recientemente.

Como parte del estudio, 17 de abril se realizó un encuentro con la sociedad civil de Pérez Zeledón con la participación de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, la Asociación Nacional de Empleados Públicos, la Casa de la Mujer, Junta de Salud del Hospital Escalante Pradilla y la Unión de Trabajadores Agroindustriales de Pérez Zeledón en el Salón de Capacitación Claudio Gamboa. En este encuentro, la Defensoría expuso para validación un avance de la investigación en curso y se atendieron los aportes de estas agrupaciones en relación con sus preocupaciones por el estado de las listas de espera de este hospital y las posibles soluciones que estas agrupaciones pudiesen visualizar.

Este proyecto de investigación aún no está concluido pues es necesario solicitar más información a este hospital, así como a los otros centros de salud de la Red Brunca de Servicios de Salud de la CCSS con el propósito de realizar una evaluación del impacto que causan estos centros de salud en las listas de espera del Hospital Escalante Pradilla. Además, se tiene prevista la realización de una evaluación del estado de salud ocupacional del personal de este hospital mediante la realización de un grupo focal.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría de los Habitantes convoca a autoridades para exigir soluciones a la inopia de especialistas y a las listas de espera

Ante solicitud de intervención de UNDECA

A solicitud de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), la señora Defensora de los Habitantes, Angie Cruikshank Lambert, convocó  a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Esquivel Rodríguez; a la Ministra de Salud, Mary Munive Angermϋler; a la presidenta del Colegio de Médicos y Cirujanos, Margarita Marchena Picado; al presidente del Consejo Nacional de Rectores, Gustavo Gutiérrez Espeleta; a la presidenta del CONESUP, Anna Katharina Müller Castro; al decano de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, Fernando Morales Martínez; a la decana de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica, Flor Jiménez Segura; al director de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, Willen Buján Boza; al SINAME, la UMN y el equipo de UNDECA.

Esta reunión se realizará a partir de las 8 a.m. del día jueves 25 de abril de 2024, en la sede de la Defensoría, obedece a la imposibilidad que tiene un centenar de médicos especialistas para incorporarse al Colegio de Médicos, a pesar de la inopia de especialistas declarada por la CCSS.

La situación es apremiante, ya que un centenar de médicos especialistas enfrenta grandes obstáculos para incorporarse al Colegio de Médicos, a pesar de la declarada inopia de especialistas por parte de la CCSS. Esta inopia afecta directamente a los pacientes, quienes experimentan demoras en procedimientos quirúrgicos, diagnósticos, terapéuticos y citas en consulta especializada.

El objetivo de esta convocatoria es encontrar soluciones, de una vez por todas, para incorporar a estos médicos especialistas a las labores en la Caja, además, de una solución integral a la problemática sanitaria para garantizar el derecho fundamental a la vida y la salud de la población costarricense.

Defensoría facilitó proceso de diálogo con autoridades y organizaciones de salud

Situación de médicos especialistas con formación en el extranjero sin incorporación al colegio profesional

La Defensoría de los Habitantes convocó a representantes de instituciones del Estado del sector salud, organizaciones sindicales, academia y colegios profesionales en la materia, en aras de facilitar un proceso de diálogo para escuchar posiciones respecto a la situación que atraviesa un grupo de médicos especialistas con formación en el extranjero sin incorporación al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

Entre las personas asistentes estuvieron la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert; la Ministra de Salud, Mary Munive; la presidenta del Colegio de Médicos y Cirujanos, Margarita Marchena; el rector de la Universidad de Costa Rica y presidente del Consejo Nacional de Rectores, Gustavo Gutiérrez; el presidente de la Unión Médica, Edwin Solano; el secretario general de UNDECA, Luis Chavarría; representantes de la Caja Costarricense del Seguro Social, representantes del Sindicato de Médicos/as Especialistas, entre otros actores.

Esta sesión de trabajo obedeció a una solicitud de intervención solicitada por UNDECA. La Defensoría asumió el rol de facilitación del espacio para la discusión de este tema, teniendo como punto de partida el interés público que existe en relación con nuevos especialistas, al tiempo que se garantice la idoneidad comprobada de estos profesionales y el cumplimiento de requisitos vigentes, todo en el marco de la razonabilidad.

El grupo aproximado de este grupo de médicos especialistas que fueron formados en el extranjero ronda entre los 80 y 88, y entre los puntos de encuentro estuvo establecer una mesa de trabajo interinstitucional que profundice en esta situación y cuya sesión de trabajo se lleve a cabo el próximo 16 de mayo, en una sede por definir.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría respalda fallo que elimina orden de ocultar etiquetado frontal de alimentos

Circular derogada incumplía diversas normativas

La Defensoría de los Habitantes respaldó la resolución de la Sala Constitucional, anunciada ayer, de eliminar la circular emitida por el Ministerio de Salud que ocultaba los sellos de advertencia nutricional en el etiquetado frontal de alimentos. A inicios del presente mes, la Defensoría notificó un informe a Salud donde recomendó a Salud dejar sin efecto jurídico dicha circular, luego de un amplio análisis técnico y jurídico.

La Defensoría sostuvo que el Ministerio de Salud no demostró, con estudios con información cuali-cuantitativa, que el Etiquetado Frontal de Advertencia Nutricional (EFAN) de los productos importados que lo portan confundía al consumidor y que se contaba con el fundamento jurídico correspondiente. Dicha investigación, en criterio de esta Defensoría, debería realizarse con los aportes de los sectores académicos, colegios profesionales y organizaciones no gubernamentales.

Dado que los consumidores dedican poco tiempo a la compra de alimentos, la inclusión de sistemas simplificados de información nutricional podría mejorar su capacidad de encontrar y comprender la información nutricional, lo que fomentaría la toma de decisiones fundamentadas con respecto a los alimentos. Por este motivo, la inclusión de sistemas de etiquetado nutricional en la parte frontal del envase es considerada una prioridad en la formulación de políticas.

Se trata de una herramienta costo-efectiva para la prevención de la obesidad y las enfermedades crónicas no trasmisible, sino que además responde a equiparar los desequilibrios que presenta el consumidor. De igual forma, lo protege de potenciales riesgos a la salud y le permite hacer elecciones bien fundadas para su propio bienestar, respondiendo al derecho del consumo informado y responsable.

Debe recordarse que mediante la Circular MS-DRPIS-UR-1588-2023 de fecha 22 de junio de 2023, el Ministerio de Salud estableció la instrucción de que los comerciantes eliminen la información del EFAN particularmente el de los productos importados que contengan los octágonos o rombos negros recomendados por la Organización Panamericana de la Salud. Entró en vigencia el 22 de diciembre de ese mismo año.

Esta medida no fue consultada con instituciones u organizaciones con competencia en esta materia. Tampoco existe suficiente fundamentación jurídica para eliminar el EFAN porque no se cuenta actualmente con una norma sobre el etiquetado nutricional frontal simplificado. En el ámbito centroamericano, no existe norma que regule el tema. Tanto COMISCA como el Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), según informe del Ministerio de Salud, aún no han aprobado una normativa centroamericana al respecto.

Además, en criterio de esta Defensoría, el Ministerio de Salud mediante esa resolución estaba reformando tres reglamentos centroamericanos debido a una errónea interpretación y aplicación de estas disposiciones. La falta de un motivo y una motivación debidamente demostrados está ausente en esta circular. Con todo, esta Defensoría considera que el EFAN debe contar con una adecuada regulación que debe estar armonizada al menos con el contexto centroamericano y para ello es necesario un pronunciamiento conjunto de al Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA) y Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO).

Más bien por el contrario, existe abundante evidencia de estudios realizados en el contexto latinoamericano y particularmente en Centro América y Costa Rica en relación con la superioridad y ventajas de la comprensión para el consumidor de los sellos octogonales como la mejor de las estrategias de la EFAN. Sellos que, además, cuentan con el respaldo de la OPS.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Falencias en la tutela de Derechos Humanos de personas afrodescendientes por parte de la Defensoría de los Habitantes

Marco Levy Virgo hace una solicitud a la Defensoría de los Habitantes la cual es respondida en el oficio N° DH-DIND-0329-2024. En este documento, en resumen, explica que la Defensoría no puede intervenir en asuntos que están pendientes de resolución judicial. Sin embargo, se proporciona información sobre las leyes y normativas vigentes relacionadas con la protección de los derechos de las personas afrodescendientes en Costa Rica, así como el seguimiento realizado por la Defensoría en temas de interés social. Además, se informa sobre un simposio internacional organizado para abordar la aceleración de los derechos de las poblaciones afrodescendientes.

Marco Levy en representación de la comunidad Afrodescendiente emite un comunicado dirigido a la Defensora de los Habitantes, en el cual se expresa la preocupación por “la falta de acción de la Defensoría” en la protección de los derechos humanos de la población afrodescendiente. El documento, emitido en respuesta al oficio N° DH-DIND-0329-2024, señala una aparente contradicción en la postura del organismo en relación con los derechos de esta comunidad.

Según la comunidad afrocostarricense, la Defensoría reconoce en su oficio la importancia de garantizar el funcionamiento del sector público conforme a la moral, la justicia y la Constitución Política, así como el respeto a los derechos humanos y libertades sociales de las personas afrodescendientes. Sin embargo, critican que, pese a este reconocimiento, la Defensoría no habría actuado de manera efectiva para detener las violaciones de derechos humanos que están sufriendo.

Uno de los puntos clave de la crítica es la aparente inacción de la Defensoría frente a la violación del derecho de propiedad ancestral sobre tierras en comunidades como Cahuita, Siquirres, Matina, Puerto Viejo, Cocles y Manzanillo. La comunidad afrocostarricense alega que la Defensoría no ha intervenido para garantizar el respeto y reconocimiento de estos derechos, protegidos por convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT.

Además, el comunicado destaca que la Defensoría ha reconocido en informes previos la violación de derechos de la población afrodescendiente, pero no ha tomado medidas para evitar estas violaciones. Se menciona específicamente la falta de consulta previa en decisiones que afectan a la comunidad afrodescendiente, incumpliendo recomendaciones internacionales.

En respuesta a estas preocupaciones, Marco Levy en representación de la comunidad afrocostarricense menciona una serie de solicitudes para un correcto accionar de la Defensoría de los Habitantes. Se solicita a la Defensoría intervenir de manera directa e inmediata para garantizar el respeto a la propiedad ancestral afrodescendiente según el convenio OIT 169. Gestionar con el Estado el funcionamiento de este para que se proteja este derecho. Proteger y respetar las comunidades de Cahuita, SIquirres, Matina, Parismina, Puerto Viejo, Cocles y Manzanillo. Gestionar la emisión de una ley especial a favor de la población afrodescendiente y garantizar el derecho a consulta previa y participación efectiva. Intervenir a la Defensoría en favor de la población afrocostarricense  y cumplimiento de los convenios internacionales en materia de derechos humanos de la población afrodescendiente. Entre las acciones solicitadas se encuentran la delimitación y reconocimiento de territorios ancestrales, así como la protección de derechos de consulta y participación efectiva en decisiones que afecten a estas comunidades.

El comunicado concluye instando a la Defensoría a asumir un papel más activo en la protección de los derechos de la población afrodescendiente, especialmente en el contexto de las violaciones graves y directas que están sufriendo en relación con sus territorios ancestrales y otros derechos fundamentales.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Defensoría: Justicia deberá explicar avances en 10 metas en temas de seguridad

Seguimiento a cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026

A partir de la evaluación realizada por el Ministerio de Planificación acerca del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas 2023-2026, la Defensoría de los Habitantes solicitó cuentas al Ministerio de Justicia y Paz sobre los avances en el cumplimiento de 10 metas.

Para nadie es un secreto que la temática de la seguridad ciudadana constituyó en el año 2023 y en la actualidad, uno de los mayores desafíos a nivel del Estado costarricense, con la tasa de homicidios más alta en la historia del país y con varias “oportunidades de mejora”, según Mideplan, en la ejecución de acciones planteadas en dicho Plan Nacional para este sector.

La Defensoría considera fundamental que el Ministerio de Justicia informe sobre las acciones programadas, calendario respectivo y asignación de responsabilidades, para atender cada una de las siguientes 10 situaciones:

– Sobre la medición del porcentaje de personas privadas de libertad que participan en procesos de reinserción social integral, pues en el 2023 Planificación indicó que no fue posible debido a la forma en que registra esa información.

– Sobre la insuficiente participación de personas privadas de libertad en actividades ocupacionales remuneradas en las regiones Brunca y Huetar Caribe.

– Sobre las acciones adoptadas para atender las causas del retraso en la construcción de Delegaciones Policiales. Planificación detectó un retraso en el diseño, adjudicación y construcción de ocho Delegaciones Policiales, debido a que la Fuerza Pública modificó criterios sobre cantidad de funcionarios que albergaría cada una, a que el contratista de la Delegación de Horquetas abandonó la obra y al aumento en los precios de construcción y consecuente insolvencia financiera.

– Sobre acciones para agilizar la implementación del programa “Fortalecimiento de la seguridad ciudadana y prevención de violencia”, y específicamente el componente “Efectividad policial”, pues Planificación identificó insuficiente avance.

– Sobre las acciones para actualizar, la meta de otorgar permisos de trabajo a personas solicitantes de refugio, de acuerdo con la reglamentación reciente.

– Sobre las acciones para replantear, dotar de recursos y ejecutar el proyecto “Un Esfuerzo Preventivo, de Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”. Planificación indica que no se avanzó debido a deficiencias en su diseño, a la falta de recursos y a la suspensión de convenios para asignar “personal a préstamo” a esa iniciativa.

– Sobre las acciones para dotar de personal y mejorar la ejecución presupuestaria, en la iniciativa de atención a mujeres víctimas de violencia con representación legal y orientación psicosocial, en los distintos centros de denuncia interinstitucional. Aquí Planificación detectó insuficiente capacidad instalada para atender la demanda de bienes y servicios, de al menos 600 mujeres víctimas de violencia atendidas en los distintos centros de denuncia institucional y tardanza en la contratación de profesionales.

– Sobre acciones para promover, con material impreso y otras modalidades de divulgación, el acceso de mujeres víctimas de violencia a los “Puntos Violeta” y otros “espacios seguros” previstos en el PNDIP 2023-2026.

– Acciones para mejorar la ejecución presupuestaria del sector, en el cumplimiento de las metas sectoriales y de intervención pública establecidas en el PNDIP 2023-2026. Indica Planificación que el sector Seguridad Ciudadana y Justicia solamente ejecutó el 62% de la programación presupuestaria del 2023.

-Considerando que el PNDIP 2023-2026 cifró en 545 el número de homicidios para 2023, que esa cifra resultó absolutamente superada (907), y que para 2024 también se prevé superar la “meta” estimada en dicho Plan (533), informar las acciones que usted, como Ministro Rector del Sector Seguridad Ciudadana y Justicia, está adoptando para cumplir las responsabilidades que le encarga el artículo 4 del Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, a fin de anticipar y revertir la tendencia observada en la tasa de homicidios dolosos y el previsible incumplimiento de las metas del PNDIP. Actualmente el Ministerio de Justicia solicitó una prórroga para responder a la Defensoría.

Oficina de Comunicación Institucional.

Defensoría de los Habitantes

Defensoría revisará resultados de la política nacional de seguridad

Gestiona respuestas a primeras 11 inquietudes presentadas al Ministerio de Seguridad Pública

Como parte del seguimiento de las acciones estatales para atender la situación de inseguridad y criminalidad en el país, la Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio de Seguridad Pública respuesta a 11 inquietudes relacionadas con el avance en la ejecución de la “Política Nacional de Seguridad Pública Costa Rica-Segura Plus 2023-2030”, emitida por el Gobierno de la República en noviembre anterior, fuentes de financiamiento para ejecutarla y mecanismos que permitan evaluar efectividad.

Para la Defensoría es importante conocer si dicha cartera ya presentó oficialmente, al menos, las siguientes iniciativas, a saber, “Bloque Policial para el combate del sicariato en Costa Rica”, “Operación contra el Femicidio”, “Frente de Lucha contra el Consumo de Drogas ilícitas en Costa Rica”, “Estrategia interinstitucional e intermunicipal para la Prevención del Delito” y la “Estrategia preventiva de lucha contra el Fentanilo”.

Respecto al Consejo de Seguridad Nacional, establecido en la Política Nacional, informar si cuenta con reglamentación que precise aspectos básicos de su funcionamiento, la periodicidad de sus reuniones, metodología de trabajo y el auxilio de alguna secretaría técnica, además se solicitó el acceso a las actas de cada sesión realizada.

En cuanto a las metas de la Política Nacional al 2030, la Defensoría consultó el motivo técnico del por qué se prevé una disminución solo de 34 delitos por cada 100.000 habitantes, pasando de 1.181,57 –año base 2019- a 1.147,04 al 2030. Aquí se está considerando, según el documento, todo lo relacionado a homicidios, robos, asaltos, robos a vehículos, tachas de autos durante un año calendario.

Además, considerando que el eje estratégico N°1 de la Política reconoce la necesidad de reforzar la prevención en sectores que están en riesgo por su situación de pobreza, la Defensoría pregunta el por qué el modelo de Gobernanza de la Política no prevé ninguna interacción formal con la institucionalidad del sector social, como el sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social.

También la Defensoría solicitó las estadísticas sobre la cantidad de droga decomisada por la Policía Control de Drogas (PCD), número de operativos ejecutados y cifra de personas detenidas por la PCD por delitos de drogas durante los años 2021, 2022, 2023 y durante el primer trimestre del 2024.

La Defensoría de los Habitantes consultó a la Contraloría General de la República si, desde su valoración, esta Política cumple con las disposiciones giradas en el Informe de Auditoría N° DFOE-GOB-IF-00017-2022 del 20 de diciembre de 2022, en cuanto a incorporar un enfoque prospectivo, un cronograma que incluya los elementos contenidos en la Guía de elaboración de Políticas Públicas del Ministerio de Planificación y demás aspectos formales y estratégicos que fueron requeridos por el ente contralor.

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Defensoría de los Habitantes

Defensoría: Cúmulo de desaciertos del AyA agravó crisis del agua

El país actualmente enfrenta una situación crítica en relación con el suministro de agua potable, tal como se refleja en los extensos racionamientos programados y no programados en comunidades como Hatillo, Mata Redonda, Coronado, Desamparados, Alajuelita, entre otros. Esta situación se debe a causas multifactoriales que incluyen desorden territorial, falta de protección en las zonas de recarga acuífera, inadecuada planificación, falta de ejecución de proyectos y descoordinación a lo interno del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Estos factores, aunados al cambio climático y las modificaciones en el comportamiento de las lluvias, han contribuido a crear la severa problemática de abastecimiento que actualmente impide satisfacer la demanda de este servicio a nivel nacional.

El AyA ha informado de las acciones implementadas para abordar los problemas relacionados con el suministro de agua, particularmente en el Gran Área Metropolitana, entre las que se incluyen horarios de racionamiento, suministro con camiones cisterna, la incorporación de nuevos pozos al sistema del acueducto metropolitano, la instalación de tanques en las zonas de alta vulnerabilidad para acceso de los vecinos y otras medidas paliativas para atender la situación en el corto plazo.

No obstante, la Defensoría considera que los esfuerzos realizados no han sido suficientes y que una adecuada o más eficiente planificación y ejecución de proyectos de infraestructura a mediano y largo plazo para el mejoramiento de la capacidad hídrica e hidráulica de los sistemas de acueductos habrían podido contribuir a satisfacer la demanda del servicio de agua potable, aún en la época seca.

Al respecto, la Intendencia de Agua de la Autoridad Reguladora de los Servicios Público (ARESEP) elaboró en 2022 un diagnóstico de estudio tarifario del AyA, en el cual se concluyó: que la institución presenta un 57% de pérdidas de agua potable, que la ejecución de proyectos u obras de inversión no es completa y toma de 10 a 15 años, y que el 80% de los medidores presenta un subregistro del consumo. Además, advirtió sobre la ausencia de registros de grandes consumidores y de niveles de consumo, así como de planificación institucional orientada a la sustitución de activos, junto con el rechazo en las disponibilidades de servicios, y que un 70% de los sistemas de acueductos presentan estrés hídrico. También se concluyó que hay incumplimientos en la verificación de la calidad del agua en todos los prestadores de servicio del país, y la ausencia de una estrategia para mantener actualizada de forma anual la información de calidad del agua, por parte del Laboratorio Nacional de Aguas. Finalmente, el diagnóstico resalta la necesidad de un refinanciamiento de las obligaciones crediticias asociadas a proyectos u obras de inversión.

De hecho, desde años anteriores, la Defensoría ha llamado la atención del AyA por la falta de previsión e implementación de medidas para la satisfacción de las necesidades de abastecimiento de la población, de modo que se garantice el suministro de agua a las comunidades que, año tras año, sufren de racionamientos por períodos extensos y otras afectaciones del servicio, con el consecuente impacto negativo que esto implica para el pleno disfrute del derecho humano al acceso al agua potable, al derecho a la salud y a la educación y al desarrollo, entre otros.

Aunado a lo anterior, los habitantes han denunciado reiteradamente el incumplimiento de los horarios de abastecimiento y la falta de comunicación clara y asertiva de parte del AyA, en detrimento del derecho a la información de todas las personas que habitan en las comunidades afectadas, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad, tales como niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, enfermos encamados y otras.

La Defensoría sigue con su labor de exigir cuentas, y elaborará un informe específico sobre cada una de las comunidades que han denunciado la afectación del suministro de agua potable, con el fin de que el AyA tome las medidas e implemente las acciones requeridas para realizar una planificación integral de las necesidades de inversión y mejora de la prestación del servicio y una ejecución eficiente de los proyectos y obras de infraestructura necesarias para satisfacer la demanda actual y futura del servicio a nivel nacional, en aras de que se garantice efectivamente el derecho humano al acceso al agua potable.

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Defensoría de los Habitantes