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Etiqueta: Defensoría de los Habitantes

Falencias en la tutela de Derechos Humanos de personas afrodescendientes por parte de la Defensoría de los Habitantes

Marco Levy Virgo hace una solicitud a la Defensoría de los Habitantes la cual es respondida en el oficio N° DH-DIND-0329-2024. En este documento, en resumen, explica que la Defensoría no puede intervenir en asuntos que están pendientes de resolución judicial. Sin embargo, se proporciona información sobre las leyes y normativas vigentes relacionadas con la protección de los derechos de las personas afrodescendientes en Costa Rica, así como el seguimiento realizado por la Defensoría en temas de interés social. Además, se informa sobre un simposio internacional organizado para abordar la aceleración de los derechos de las poblaciones afrodescendientes.

Marco Levy en representación de la comunidad Afrodescendiente emite un comunicado dirigido a la Defensora de los Habitantes, en el cual se expresa la preocupación por “la falta de acción de la Defensoría” en la protección de los derechos humanos de la población afrodescendiente. El documento, emitido en respuesta al oficio N° DH-DIND-0329-2024, señala una aparente contradicción en la postura del organismo en relación con los derechos de esta comunidad.

Según la comunidad afrocostarricense, la Defensoría reconoce en su oficio la importancia de garantizar el funcionamiento del sector público conforme a la moral, la justicia y la Constitución Política, así como el respeto a los derechos humanos y libertades sociales de las personas afrodescendientes. Sin embargo, critican que, pese a este reconocimiento, la Defensoría no habría actuado de manera efectiva para detener las violaciones de derechos humanos que están sufriendo.

Uno de los puntos clave de la crítica es la aparente inacción de la Defensoría frente a la violación del derecho de propiedad ancestral sobre tierras en comunidades como Cahuita, Siquirres, Matina, Puerto Viejo, Cocles y Manzanillo. La comunidad afrocostarricense alega que la Defensoría no ha intervenido para garantizar el respeto y reconocimiento de estos derechos, protegidos por convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT.

Además, el comunicado destaca que la Defensoría ha reconocido en informes previos la violación de derechos de la población afrodescendiente, pero no ha tomado medidas para evitar estas violaciones. Se menciona específicamente la falta de consulta previa en decisiones que afectan a la comunidad afrodescendiente, incumpliendo recomendaciones internacionales.

En respuesta a estas preocupaciones, Marco Levy en representación de la comunidad afrocostarricense menciona una serie de solicitudes para un correcto accionar de la Defensoría de los Habitantes. Se solicita a la Defensoría intervenir de manera directa e inmediata para garantizar el respeto a la propiedad ancestral afrodescendiente según el convenio OIT 169. Gestionar con el Estado el funcionamiento de este para que se proteja este derecho. Proteger y respetar las comunidades de Cahuita, SIquirres, Matina, Parismina, Puerto Viejo, Cocles y Manzanillo. Gestionar la emisión de una ley especial a favor de la población afrodescendiente y garantizar el derecho a consulta previa y participación efectiva. Intervenir a la Defensoría en favor de la población afrocostarricense  y cumplimiento de los convenios internacionales en materia de derechos humanos de la población afrodescendiente. Entre las acciones solicitadas se encuentran la delimitación y reconocimiento de territorios ancestrales, así como la protección de derechos de consulta y participación efectiva en decisiones que afecten a estas comunidades.

El comunicado concluye instando a la Defensoría a asumir un papel más activo en la protección de los derechos de la población afrodescendiente, especialmente en el contexto de las violaciones graves y directas que están sufriendo en relación con sus territorios ancestrales y otros derechos fundamentales.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Defensoría: Justicia deberá explicar avances en 10 metas en temas de seguridad

Seguimiento a cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026

A partir de la evaluación realizada por el Ministerio de Planificación acerca del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas 2023-2026, la Defensoría de los Habitantes solicitó cuentas al Ministerio de Justicia y Paz sobre los avances en el cumplimiento de 10 metas.

Para nadie es un secreto que la temática de la seguridad ciudadana constituyó en el año 2023 y en la actualidad, uno de los mayores desafíos a nivel del Estado costarricense, con la tasa de homicidios más alta en la historia del país y con varias “oportunidades de mejora”, según Mideplan, en la ejecución de acciones planteadas en dicho Plan Nacional para este sector.

La Defensoría considera fundamental que el Ministerio de Justicia informe sobre las acciones programadas, calendario respectivo y asignación de responsabilidades, para atender cada una de las siguientes 10 situaciones:

– Sobre la medición del porcentaje de personas privadas de libertad que participan en procesos de reinserción social integral, pues en el 2023 Planificación indicó que no fue posible debido a la forma en que registra esa información.

– Sobre la insuficiente participación de personas privadas de libertad en actividades ocupacionales remuneradas en las regiones Brunca y Huetar Caribe.

– Sobre las acciones adoptadas para atender las causas del retraso en la construcción de Delegaciones Policiales. Planificación detectó un retraso en el diseño, adjudicación y construcción de ocho Delegaciones Policiales, debido a que la Fuerza Pública modificó criterios sobre cantidad de funcionarios que albergaría cada una, a que el contratista de la Delegación de Horquetas abandonó la obra y al aumento en los precios de construcción y consecuente insolvencia financiera.

– Sobre acciones para agilizar la implementación del programa “Fortalecimiento de la seguridad ciudadana y prevención de violencia”, y específicamente el componente “Efectividad policial”, pues Planificación identificó insuficiente avance.

– Sobre las acciones para actualizar, la meta de otorgar permisos de trabajo a personas solicitantes de refugio, de acuerdo con la reglamentación reciente.

– Sobre las acciones para replantear, dotar de recursos y ejecutar el proyecto “Un Esfuerzo Preventivo, de Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”. Planificación indica que no se avanzó debido a deficiencias en su diseño, a la falta de recursos y a la suspensión de convenios para asignar “personal a préstamo” a esa iniciativa.

– Sobre las acciones para dotar de personal y mejorar la ejecución presupuestaria, en la iniciativa de atención a mujeres víctimas de violencia con representación legal y orientación psicosocial, en los distintos centros de denuncia interinstitucional. Aquí Planificación detectó insuficiente capacidad instalada para atender la demanda de bienes y servicios, de al menos 600 mujeres víctimas de violencia atendidas en los distintos centros de denuncia institucional y tardanza en la contratación de profesionales.

– Sobre acciones para promover, con material impreso y otras modalidades de divulgación, el acceso de mujeres víctimas de violencia a los “Puntos Violeta” y otros “espacios seguros” previstos en el PNDIP 2023-2026.

– Acciones para mejorar la ejecución presupuestaria del sector, en el cumplimiento de las metas sectoriales y de intervención pública establecidas en el PNDIP 2023-2026. Indica Planificación que el sector Seguridad Ciudadana y Justicia solamente ejecutó el 62% de la programación presupuestaria del 2023.

-Considerando que el PNDIP 2023-2026 cifró en 545 el número de homicidios para 2023, que esa cifra resultó absolutamente superada (907), y que para 2024 también se prevé superar la “meta” estimada en dicho Plan (533), informar las acciones que usted, como Ministro Rector del Sector Seguridad Ciudadana y Justicia, está adoptando para cumplir las responsabilidades que le encarga el artículo 4 del Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, a fin de anticipar y revertir la tendencia observada en la tasa de homicidios dolosos y el previsible incumplimiento de las metas del PNDIP. Actualmente el Ministerio de Justicia solicitó una prórroga para responder a la Defensoría.

Oficina de Comunicación Institucional.

Defensoría de los Habitantes

Defensoría revisará resultados de la política nacional de seguridad

Gestiona respuestas a primeras 11 inquietudes presentadas al Ministerio de Seguridad Pública

Como parte del seguimiento de las acciones estatales para atender la situación de inseguridad y criminalidad en el país, la Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio de Seguridad Pública respuesta a 11 inquietudes relacionadas con el avance en la ejecución de la “Política Nacional de Seguridad Pública Costa Rica-Segura Plus 2023-2030”, emitida por el Gobierno de la República en noviembre anterior, fuentes de financiamiento para ejecutarla y mecanismos que permitan evaluar efectividad.

Para la Defensoría es importante conocer si dicha cartera ya presentó oficialmente, al menos, las siguientes iniciativas, a saber, “Bloque Policial para el combate del sicariato en Costa Rica”, “Operación contra el Femicidio”, “Frente de Lucha contra el Consumo de Drogas ilícitas en Costa Rica”, “Estrategia interinstitucional e intermunicipal para la Prevención del Delito” y la “Estrategia preventiva de lucha contra el Fentanilo”.

Respecto al Consejo de Seguridad Nacional, establecido en la Política Nacional, informar si cuenta con reglamentación que precise aspectos básicos de su funcionamiento, la periodicidad de sus reuniones, metodología de trabajo y el auxilio de alguna secretaría técnica, además se solicitó el acceso a las actas de cada sesión realizada.

En cuanto a las metas de la Política Nacional al 2030, la Defensoría consultó el motivo técnico del por qué se prevé una disminución solo de 34 delitos por cada 100.000 habitantes, pasando de 1.181,57 –año base 2019- a 1.147,04 al 2030. Aquí se está considerando, según el documento, todo lo relacionado a homicidios, robos, asaltos, robos a vehículos, tachas de autos durante un año calendario.

Además, considerando que el eje estratégico N°1 de la Política reconoce la necesidad de reforzar la prevención en sectores que están en riesgo por su situación de pobreza, la Defensoría pregunta el por qué el modelo de Gobernanza de la Política no prevé ninguna interacción formal con la institucionalidad del sector social, como el sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social.

También la Defensoría solicitó las estadísticas sobre la cantidad de droga decomisada por la Policía Control de Drogas (PCD), número de operativos ejecutados y cifra de personas detenidas por la PCD por delitos de drogas durante los años 2021, 2022, 2023 y durante el primer trimestre del 2024.

La Defensoría de los Habitantes consultó a la Contraloría General de la República si, desde su valoración, esta Política cumple con las disposiciones giradas en el Informe de Auditoría N° DFOE-GOB-IF-00017-2022 del 20 de diciembre de 2022, en cuanto a incorporar un enfoque prospectivo, un cronograma que incluya los elementos contenidos en la Guía de elaboración de Políticas Públicas del Ministerio de Planificación y demás aspectos formales y estratégicos que fueron requeridos por el ente contralor.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría: Cúmulo de desaciertos del AyA agravó crisis del agua

El país actualmente enfrenta una situación crítica en relación con el suministro de agua potable, tal como se refleja en los extensos racionamientos programados y no programados en comunidades como Hatillo, Mata Redonda, Coronado, Desamparados, Alajuelita, entre otros. Esta situación se debe a causas multifactoriales que incluyen desorden territorial, falta de protección en las zonas de recarga acuífera, inadecuada planificación, falta de ejecución de proyectos y descoordinación a lo interno del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Estos factores, aunados al cambio climático y las modificaciones en el comportamiento de las lluvias, han contribuido a crear la severa problemática de abastecimiento que actualmente impide satisfacer la demanda de este servicio a nivel nacional.

El AyA ha informado de las acciones implementadas para abordar los problemas relacionados con el suministro de agua, particularmente en el Gran Área Metropolitana, entre las que se incluyen horarios de racionamiento, suministro con camiones cisterna, la incorporación de nuevos pozos al sistema del acueducto metropolitano, la instalación de tanques en las zonas de alta vulnerabilidad para acceso de los vecinos y otras medidas paliativas para atender la situación en el corto plazo.

No obstante, la Defensoría considera que los esfuerzos realizados no han sido suficientes y que una adecuada o más eficiente planificación y ejecución de proyectos de infraestructura a mediano y largo plazo para el mejoramiento de la capacidad hídrica e hidráulica de los sistemas de acueductos habrían podido contribuir a satisfacer la demanda del servicio de agua potable, aún en la época seca.

Al respecto, la Intendencia de Agua de la Autoridad Reguladora de los Servicios Público (ARESEP) elaboró en 2022 un diagnóstico de estudio tarifario del AyA, en el cual se concluyó: que la institución presenta un 57% de pérdidas de agua potable, que la ejecución de proyectos u obras de inversión no es completa y toma de 10 a 15 años, y que el 80% de los medidores presenta un subregistro del consumo. Además, advirtió sobre la ausencia de registros de grandes consumidores y de niveles de consumo, así como de planificación institucional orientada a la sustitución de activos, junto con el rechazo en las disponibilidades de servicios, y que un 70% de los sistemas de acueductos presentan estrés hídrico. También se concluyó que hay incumplimientos en la verificación de la calidad del agua en todos los prestadores de servicio del país, y la ausencia de una estrategia para mantener actualizada de forma anual la información de calidad del agua, por parte del Laboratorio Nacional de Aguas. Finalmente, el diagnóstico resalta la necesidad de un refinanciamiento de las obligaciones crediticias asociadas a proyectos u obras de inversión.

De hecho, desde años anteriores, la Defensoría ha llamado la atención del AyA por la falta de previsión e implementación de medidas para la satisfacción de las necesidades de abastecimiento de la población, de modo que se garantice el suministro de agua a las comunidades que, año tras año, sufren de racionamientos por períodos extensos y otras afectaciones del servicio, con el consecuente impacto negativo que esto implica para el pleno disfrute del derecho humano al acceso al agua potable, al derecho a la salud y a la educación y al desarrollo, entre otros.

Aunado a lo anterior, los habitantes han denunciado reiteradamente el incumplimiento de los horarios de abastecimiento y la falta de comunicación clara y asertiva de parte del AyA, en detrimento del derecho a la información de todas las personas que habitan en las comunidades afectadas, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad, tales como niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, enfermos encamados y otras.

La Defensoría sigue con su labor de exigir cuentas, y elaborará un informe específico sobre cada una de las comunidades que han denunciado la afectación del suministro de agua potable, con el fin de que el AyA tome las medidas e implemente las acciones requeridas para realizar una planificación integral de las necesidades de inversión y mejora de la prestación del servicio y una ejecución eficiente de los proyectos y obras de infraestructura necesarias para satisfacer la demanda actual y futura del servicio a nivel nacional, en aras de que se garantice efectivamente el derecho humano al acceso al agua potable.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría lamenta decisión con terna al cargo de la Defensoría Adjunta

Angie Cruickshank Lambert, Defensora de los Habitantes de la República, lamentó la decisión adoptada por las señoras y señores diputados en el Plenario Legislativo, de no designar de la terna presentada, a la persona que desempeñará el cargo de Defensor o Defensora Adjunta de los Habitantes y, en su lugar, solicitar tres nuevos nombres para su análisis.

El artículo 10 de la Ley 7319, Ley de la Defensoría, establece que la Defensoría Adjunta es colaboradora directa de la jerarca; en ese sentido, la persona a ser nombrada debe reunir los mismos requisitos exigidos para el titular.

Con esta decisión del Plenario Legislativo, la Defensora de los Habitantes deberá reiniciar el proceso de entrevistas a nuevas personas, dispuestas a pasar por el proceso de escrutinio legislativo. Adicionalmente, la comisión de nombramientos deberá iniciar el proceso, desde cero, con lo que ello implica en materia de recursos y tiempo.

“Respeto la decisión; sin embargo, no puedo dejar de indicar que, de alguna forma, como órgano de control de legalidad, esta decisión podría lesionar el principio de independencia garantizado a la institución, de acuerdo con la legislación nacional y los Principios de Paris. Es mi responsabilidad como jerarca garantizar el cumplimiento de este principio, particularmente en la coyuntura política actual”, dijo la Defensora.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría: Transporte para estudiantes apenas sobrevive

Su fortalecimiento está ligado a sostenibilidad presupuestaria y a eliminar barreras operativas

La Defensoría de los Habitantes considera importante que el país fortalezca el programa de transporte para estudiantes que administra el Ministerio de Educación Pública (MEP) a través de un adecuado financiamiento del Estado que permita no solo atender a la población beneficiaria actual sino también a la demanda insatisfecha.

La Defensoría de los Habitantes realizó un estudio sobre la gestión y financiamiento del servicio de transporte estudiantil de la Dirección de Programas de Equidad del MEP y sus consecuencias en la realización efectiva del derecho humano a la educación de personas menores de edad y de personas con discapacidad en el año 2023. Esa Dirección está compuesta actualmente por 52 funcionarios/as.

Este programa facilita el traslado de estudiantes matriculados en distintos niveles del sistema educativo público hacia los centros educativos mediante la contratación de servicios de transporte o a través del otorgamiento de subsidios. Los estudiantes beneficiados deben cumplir requisitos relacionados con su condición económica y la distancia a la que se encuentra del centro educativo más cercano.

En el estudio se destacaron varias barreras operativas que afectan la gestión del programa de Transporte Estudiantil, a saber, limitaciones presupuestarias, restricciones de recursos humanos y la necesidad de gestionar una cantidad considerable de trámites y presupuesto con un personal insuficiente.

En cuanto a presupuesto en el año 2022 se asignó un presupuesto de 44.279,01 millones de colones, mientras que para el 2023 se redujo un 29.34%, pasando a 31.286, 22 millones de colones. Según el MEP, durante el 2023 la disminución mayor se da en el apartado de rutas subsidiadas y afectó la capacidad para integrar a nuevos beneficiarios. Se estima que 4.198 estudiantes, categorizados como nuevos ingresos en rutas nuevas por excepción, emergencias o en rutas regulares, se vieron imposibilitados de ser atendidos debido al déficit presupuestario existente en ese año. Además, se identificaron otros procedimientos asociados a las rutas ya existentes, tales como los ajustes técnicos que comprenden la expansión de recorridos, la consolidación o separación de rutas, entre otros. Con el presupuesto 2024 se estima que se mantenga la continuidad del servicio y garantizar la atención de los 167.618 estudiantes inscritos en el programa.

La viabilidad financiera del programa de Transporte estudiantil está fuertemente condicionada por el presupuesto asignado y aprobado a nivel nacional. A pesar que el artículo 78 de la Constitución Política establece un monto del 8% del PIB a la educación, en el 2023 apenas alcanzó el 5,35%.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Casi 30 mil personas en pobreza esperan por una pensión del RNC

Defensoría de los Habitantes alza la voz por inversión social

La Defensoría de los Habitantes inició una investigación de oficio ante la lista de espera para el trámite de una pensión por el Régimen No Contributivo (RNC) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Datos del 2024 indican que la Defensoría ha recibido a la fecha un total de 202 consultas o denuncias de personas sobre esta problemática y cifras de la Dirección Administración de Pensiones de la Caja, al 31 de enero del presente año, indican que, hay 28.860 solicitudes pendientes, con hasta más de tres años de espera.

Tras una serie de consultas de la Defensoría, la Gerencia de Pensiones de la Caja, dijo que la situación del incremento de solicitudes pendientes obedece a que el otorgamiento de estas pensiones está sujeto al financiamiento disponible, y en los últimos años, no ha sido suficiente para atender la demanda.

Para el 2023, se recibieron los recursos adicionales que, por ley, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) debe transferir para la atención del programa; sin embargo, al ser trasladados en los últimos días de diciembre se imposibilitó su ejecución, por lo que fue registrado como superávit y por ende, debe reintegrarse parcialmente al FODESAF.

Según la Gerencia de Pensiones de la CCSS, para el presente periodo tomando en cuenta los datos de la liquidación presupuestaria del programa, las estimaciones de la Dirección Actuarial y Económica reflejan un déficit presupuestario de ¢8.147.4 millones. Por lo que se requiere, con carácter de urgencia, que el Ministerio de Trabajo, por medio de la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF), traslade recursos para cumplir con las obligaciones del Régimen, y poder asignar -al menos- las metas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo y las reasignaciones de pensión.

Es por esta razón que, la administración, de acuerdo con la necesidad actual de pendientes y en vista del faltante de recursos, con fundamento en los principios y objetivos definidos para la creación de la reserva de contingencia, que alcanza la suma de ¢4.115.7 millones, procedió a utilizar estos recursos para poder cubrir 1.650 casos de pensiones por sustituciones, en espera del traslado de recursos por parte de FODESAF.

Ante este panorama, esta Defensoría le solicitó a la DESAF, información del por qué hay un atraso en el traslado de los fondos y al parecer todo se debe a que hace falta la firma de un convenio de cooperación y aporte financiero con las instituciones ejecutoras de los recursos del FODESAF.

La Defensoría mantiene preocupación respecto a la disminución en la inversión social y el presupuesto que tiene la CCSS para atender este programa, por lo cual analiza la saturación que se está presentando con el propósito de girar las recomendaciones que permitan disminuir los plazos de respuesta, conforme el principio de justicia pronta y cumplida y el de petición y pronta respuesta.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría: Prolongación de crisis por faltante de especialistas es una bomba de tiempo

Cada día que pasa eleva el riesgo de los pacientes a no recibir una atención oportuna

* Defensoría pidió detallar a CCSS sobre contratación de servicios privados.

* Impactos se han visto esta semana, pero es incierto si medidas de emergencia implementadas a la fecha sean sostenibles en caso de extenderse por más días el conflicto.

“Cada día que pasa, sin que exista un acuerdo entre las autoridades de la CCSS y la dirigencia de los médicos especialistas, representa un riesgo muy alto que podría amenazar, en cualquier momento, el derecho que tienen las personas usuarias de los servicios de salud a una atención oportuna después de las 4:00 de la tarde. Esto es una bomba de tiempo y quienes están en el centro de la afectación son los pacientes”, dijo esta mañana la Defensora de los Habitantes, Angie Cruikshank Lambert.

La Defensora mostró su preocupación que las medidas extraordinarias o de emergencia implementadas por la CCSS lleguen a ser insostenibles por el agotamiento y la presión a nivel hospitalario, si el conflicto entre las partes se prolonga por varios días más.

Si bien entiende que es importante que se revisen las condiciones laborales de los médicos especialistas, lo cierto del caso es que, a hoy, no se vislumbra un oportuno diálogo que facilite a un acuerdo pronto. “¿Qué están esperando para negociar? Esperemos que no ocurra ninguna situación que genere dolor a una familia. Por favor, la salud no puede estar en juego”, agregó la Defensora de los Habitantes.

La Defensoría de los Habitantes, en seguimiento a esta situación solicitó a la Gerencia Médica de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) un informe que permita conocer, con más detalle, las medidas implementadas para atender a las personas que requieran los servicios de emergencia.

La Defensoría pidió detallar en cuanto a la contratación de servicios privados, la distribución de establecimientos de salud de las empresas oferentes y los servicios ofrecidos. Además, en el caso que éstos tengan sede en la Gran Área Metropolitana, pero se requiera la atención fuera de la misma, cuál es el mecanismo previsto para trasladar a esos pacientes.

Es importante conocer el mecanismo que la CCSS utiliza para verificar que los médicos especialistas que participan en la suspensión y que también laboran en los centros de salud privados, no sean contratados por las empresas privadas seleccionadas.

Otro punto que quiere conocer la Defensoría tiene relación con si el plan de contingencia que informó la CCSS cuenta a la fecha con alguna modificación o actualización. En relación con los centros de salud que están realizando una distribución de los médicos especialistas del primer y segundo hacia el tercer turno, se solicitó un informe que señale las medidas que se están tomando para atender el incremento en los tiempos de espera de la consulta externa y realización de procedimientos que tal distribución pueda ocasionar.

Finalmente, se pidió conocer si el centro de operaciones conocido como Centro de Atención de Emergencias y Desastres de la CCSS (CAED) para atender esta emergencia se reúne con periodicidad para revisar el estado de situación, si participan los directores de hospital, representantes del INS y de la Cruz Roja y, cuáles son los acuerdos que, a la fecha, se han adoptado para la atención de la crisis.

El fin de semana es altamente preocupante porque, al no existir una jornada ordinada que pueda permitir una reorganización interna, los esfuerzos que deba hacer la CCSS para garantizar la atención especializada dentro de la red o coordinación con centros privados deberán ser mayores.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría señala 10 deficiencias que debe corregir la CCSS

Un reciente informe de la Defensoría de los Habitantes aborda la situación que atraviesa la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Como resultado de la presente investigación, se evidencia que, persisten 10 deficiencias y debilidades importantes.

-Ausencia de un sistema de gestión de Gobierno Corporativo. Pese a que la Junta Directiva de la CCSS es el máximo jerarca de la Institución, dedica el mayor tiempo de sus funciones a labores administrativas, ya que carece de un modelo de gobernanza que le permita que su labor se enfoque en la dirección y supervisión de los asuntos estratégicos relacionados con la actividad institucional.

-Deficiencia en la Planificación y Gestión de Riesgos. A pesar de que la CCSS cuenta con un Plan Estratégico Institucional para el periodo 2023-2033 y una Política Institucional de Gestión Integral de Riesgos, la administración de los recursos financieros no se realiza conforme al modelo de gestión para resultados a nivel de toda la institución

-Ausencia de un sistema de costos: En materia de salud, persiste la necesidad de la CCSS de contar con un sistema de costos como instrumento clave de gestión que permita cuantificar el costo de procesos, actividades e intervenciones con mayor precisión, y mejorar las estimaciones.

-Proyecciones actuariales ambiguas del Seguro de Salud. Las proyecciones actuariales son parte fundamental para darle la sostenibilidad al sistema de pensiones y al sistema de salud. Sin embargo, al persistir el uso de datos promedio, tiene como resultado una visión distorsionada en los servicios, al ser una limitante y desventaja para el análisis de los datos, especialmente en presencia de valores atípicos o distribuciones no normales, como es el sector de la salud.

-Contra criterios de gerencia y administración, se elimina la información financiera para las provisiones y proyecciones financieras. Recientemente la Junta Directiva ratifica como únicos instrumentos válidos para las provisiones y proyecciones financieras, los informes y otros documentos elaborados por la Dirección Actuarial. Si bien ambas responden a metodologías diferentes, la información de la Gerencia Financiera permite mostrar el equilibrio financiero a hoy. La decisión de la Junta Directiva incrementa el riesgo de que no se observe el panorama completo de la situación financiera institucional, puesto que son insumos complementarios que van a aportar a la toma de decisiones.

-Una CCSS sin una visión de futuro con horizonte de largo plazo. La CCSS no ha consolidado por completo la inclusión de elementos de gestión para resultados en el desarrollo como parte de la construcción de una visión de futuro con un horizonte de largo plazo, persisten debilidades en el proceso de identificación y planificación de necesidades de infraestructura, tecnología y compra de equipos, que no permiten orientar razonablemente la gestión oportuna de los proyectos de sustitución o ampliación de oferta, a efectos de prevenir eventuales afectaciones en la continuidad y calidad de los servicios de salud

-Posible inequidad y uso ineficiente de recursos en la oferta de servicios. La CCSS carece de información actualizada y completa sobre los requerimientos de servicios, recursos humanos y equipos que caracterizan a cada tipo de establecimiento de salud, según el modelo de atención y en su ausencia utiliza una serie de insumos para identificar la complejidad de esos centros, que presentan debilidades importantes, lo que la CCSS podría no estar asignando los recursos en materia de salud en las zonas de mayor riesgo, y con ello, podría estarse fomentando la inequidad en la atención y el uso ineficiente de esos recursos, y por ende, afectándose la calidad del servicio.

-Impacto de la ausencia de planificación sobre Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR Suscrito desde el 2017, este Fideicomiso de obra, por el que se cancelan más de 28 millones de colones por mes, ha estado caracterizado por los constantes cambios en la asignación de proyectos. El fideicomiso que inicialmente incluía la construcción de 53 obras, se modifica en el 2023 para la construcción de 30 Áreas de Salud en un ritmo de 4 por año. Adicionalmente a los costos generados durante los años con que cuenta el mismo contrato del fideicomiso, se pudo constatar que el mismo carece de multas hacia el fiduciario e incluso se logra observar que las responsabilidades de atrasos en las obras son responsabilidades de la situación económica del país, causas que sea ocasionados por terceros o por atrasos en la CCSS, pero deja por fuera al BCR por demoras en las obras o por acciones fuera de las responsabilidades que le correspondan.

-Dilación en la toma de decisiones sobre el Fortalecimiento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, mesa de diálogo. Si bien en el 2021 fue probada una reforma para el Fortalecimiento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, era de conocimiento por la Junta Directiva de la CCSS, que la misma se constituía en la primera etapa de un proceso que busca brindar sostenibilidad y solvencia actuarial al Seguro de Pensiones que le brindaría el oxígeno necesario al Sistema para iniciar con una segunda etapa. Pese a ello la Junta Directiva no ha dado inicio con la mesa de diálogo propuesta para el abordaje del tema, además de que no se encontró evidencia de que se hayan tratado de estudiar nuevas fuentes de ingresos para el Seguro de Salud y pensiones, recomendaciones que la Dirección Actuarial y Económica, ha hecho en las valuaciones actuariales, en donde se ha señalado la importancia de abordar temas como el bono demográfico y la informalidad en el empleo, además del desempleo en jóvenes especialmente en las mujeres.

-Gobernanza de Tecnologías de Información. La CCSS no ha logrado consolidar los roles y responsabilidades definidos en su Marco de Gobernanza de Tecnologías de Información y Comunicación de la CCSS. Como ejemplo los recientes problemas de su estructura organizacional para proyectos de infraestructura tecnológica, como el proyecto de implementación del EDUS.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría revisará resultados del modelo de gestión de la CCSS

Emite recomendaciones a Junta Directiva para entrega de información

Como parte de la investigación que llevó a cabo la Defensoría de los Habitantes sobre el modelo de gobernanza de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) emitió una serie de recomendaciones a la Junta Directiva, en aras que facilite una serie de datos e información que permita hacer un análisis de resultados de gestión y su impacto en la población.

El informe establece la necesidad que se envíe a esta Defensoría un informe sobre el estado de avance del proceso de implementación del “Proyecto Estratégico para el Desarrollo, Implementación y Control del Sistema de Gestión de Gobierno Corporativo de la Junta Directiva de la CCSS”, al 28 de junio del 2024, que incluya, un detalle de la eliminación de deficiencias y distorsiones que se han venido creando a través de los años, con responsables en el proceso y rendición de cuentas a la sociedad civil.

También se requirió el estado de cumplimiento de la implementación del “Modelo de gestión para resultado a nivel institucional”, conforme con el Plan Estratégico Institucional para el periodo 2023-2033 y su articulación con la política institucional de gestión integral de riesgos.

Otro punto importante a destacar es la necesidad de disponer, en un mes, de los objetivos, metas, indicadores y acciones que permitan vincular la alineación del “Manual de Iniciativas y Portafolio de Proyectos (versión 2.0)” con el Plan Estratégico Institucional 2023, que identifique que la infraestructura requerida responde a esa visión de la CCSS eliminando brechas e inequidades, distribución de recursos, oferta de servicios, planificación del desarrollo de prestación de servicios e infraestructura de apoyo requerida.

Además, la Defensoría requiere que al 30 de abril se envíe el análisis técnico jurídico que permita determinar la conveniencia y/u oportunidad de la inclusión de una cláusula del contrato de Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017, en el marco de la responsabilidad del fiduciario de multas por incumplimiento de obligaciones. A ello, el avance del trabajo de la comisión interinstitucional en relación del proceso de conciliación con el monto que el Estado le adeuda a la CCSS y definir la ruta de los pagos.

Para la Defensoría es fundamental que la Caja ponga a disposición de la Defensoría el avance del diseño y desarrollo de un sistema de costos que permita cuantificar los montos de actividades e intervenciones con mayor precisión.

Se solicitó a la Junta Directiva que envíe un informe sobre la evaluación de los proyectos prioritarios recientemente anunciados, a saber, construcción y equipamiento del hospital Tony Facio; la construcción del nuevo hospital Manuel Mora Valverde; el fortalecimiento del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología y, la primera etapa del fortalecimiento del hospital de Guápiles, sus costos, estructura de financiamiento y la ruta crítica para su ejecución.

La Defensoría de los Habitantes recomendó conocer el cronograma de prioridades en materia de inversión hospitalaria, donde se incluya la línea de tiempo de ejecución de cada una de las prioridades establecidas, estrategias de construcción, costo de cada proyecto donde se incluya, entre otros construcción, equipamiento y recurso humano. De igual manera, el portafolio de inversiones actualizado donde se identifiquen el inicio de obras para los próximos 12, 24 y 36 meses.

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Defensoría de los Habitantes