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Etiqueta: déficit fiscal

CTRN: «Con nuestro salario no se metan»

Lenín Hernández, presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum: “Con nuestro salario no se metan. Nos oponemos al expediente 20580 porque este proyecto de ley concatena reformas fiscales y empleo público y con ello pasan dos cosas: se le sigue endilgando la responsabilidad del déficit fiscal a los empleados públicos y en segundo lugar, estas reformas fiscales son un paliativo, un “parchecito” al verdadero problema fiscal que atraviesa el país. (…)”.

 

Enviado por Maikol Hernández.

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Henning Jensen Pennington: La UCR es una universidad solidaria

Texto del rector de la UCR en relación con la negociación anual del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)

Dr. Henning Jensen Pennington, Rector de la UCR

Henning Jensen Pennington La UCR es una universidad solidaria
El Dr Henning Jensen especificó que «no será nunca nuestra aspiración avanzar sin que la sociedad, y especialmente los sectores menos favorecidos, avancen con nosotros, puesto que esto sería una contradicción hecha realidad» (foto archivo ODI; UCR).

El compromiso de la UCR con la sociedad costarricense se manifiesta de múltiples maneras. Una de ellas – y de las más importantes – es la regionalización universitaria, en la cual es pionera, y constituye la vía regia de democratización de la educación superior. Mediante su presencia en prácticamente todo el país, no solo con sus sedes y recintos, sino también con cientos de proyectos de acción social e investigación, alcanza la UCR a muchas comunidades. Este legado, iniciado hace medio siglo, tiene el propósito de favorecer el bienestar y progreso de la colectividad.

La UCR ha tenido siempre detractores que han pretendido rebajarla, dando a entender que en ella prevalecen el elitismo, la corrupción y el despilfarro. Aunque tenemos problemas, y muchos muy serios, ellos no pervierten lo que podríamos llamar la sustancia de la institución. El buen nombre nos ha acarreado un especial aprecio por parte de la comunidad nacional, lo cual se debe a que nuestra universidad está totalmente inserta en el engranaje de la sociedad costarricense.

La educación superior se traduce en progreso de personas, familias y comunidades. Los resultados de la inversión en talento no son instantáneos, pues deben cultivarse a lo largo del tiempo, pero la cosecha, si se hace con esmero, tiende a ser fructífera. En una sociedad con desiguales oportunidades, la promoción de la equidad en el acceso y la permanencia en el sistema educativo deben ser siempre una prioridad, aun en tiempos de crisis, puesto que precisamente las personas más vulnerables son las que mayor apoyo requieren del estado. Es a ellas a quienes, nunca, debemos darles la espalda.

Nuestro país enfrenta hoy serias situaciones económicas. Recientemente el gobierno calificó de «crisis de liquidez» la reducción del dinero disponible para honrar los compromisos existentes. En vista de la creciente desigualdad en nuestra población y la exigua reducción de la pobreza, esta «iliquidez» no puede menos que provocar una enorme preocupación.

La debilidad de las finanzas estatales no es un tema por tomar a la ligera. Más bien debe convocarnos, como ciudadanía responsable, a informarnos y tomar decisiones con sabiduría y rigurosidad. En el marco de las políticas económicas que este y los próximos gobiernos deberán revisar, implementar y fomentar, será indispensable considerar acciones para asegurar que el estado cuente con los recursos para salir adelante, y hacer frente a los compromisos adquiridos y a los problemas acuciantes, alejándonos de los círculos viciosos de deudas con malas inversiones y acercándonos a los círculos virtuosos de recursos bien empleados. Esto implica conocer muy bien la situación del estado, y con ello visualizar sus necesidades de transformación, así como tener visión de futuro y evaluar resultados.

Las alianzas son quizá una de las alternativas vitales para que un país como el nuestro logre prosperar, a pesar de la grave situación de las finanzas públicas, que el Estado de la Nación ha calificado de ‘insostenible’. Juntos, tanto el gobierno como la academia, los sectores sociales y la empresa privada, somos palanca y polea que realizaríamos un trabajo mucho mejor que muchas manos dispersas. Es ahí en donde el valor del trabajo en conjunto, la cooperación y la visión común de desarrollo juegan un papel esencial para acelerar soluciones y promover el talento, la innovación y la generación de empleos.

La UCR comparte esta visión desde su propia trinchera: la reducción de la desigualdad, el empuje a las fuerzas vivas de la sociedad, a los pequeños y medianos productores, y la promoción de la educación superior como medio de movilidad social, son los recursos con los que cada día demostramos el provecho que puede obtenerse de la ciencia, la tecnología, la innovación y el estudio de la sociedad. Somos una universidad que piensa y actúa en tres dimensiones: la docencia, la investigación y la acción social, y sobre estos ejes hemos constituido un quehacer integral que no solo prepara a las y los futuros profesionales que llevarán las riendas del país, sino que además podemos incidir desde ahora en situaciones actuales y urgentes.

Contamos con una población permanente de unos 40.000 estudiantes, distribuidos en todo el país; tenemos siete sedes y cinco recintos universitarios; ofrecemos 240 opciones académicas con diversos grados de titulación; publicamos más de 50 revistas académicas especializadas que han surgido con la generación de conocimientos; realizamos más de 1800 actividades de investigación; y aportamos prácticamente un millón de horas anuales a la comunidad nacional mediante la acción social.

Para preservar estos logros, los cuales reflejan historias de éxito y superación, en los últimos años hemos debido tomar medidas enfocadas en la reducción de gastos, así como la orientación de nuestros recursos hacia el fortalecimiento de nuestras actividades sustantivas. Esto es algo que, sin importar la crisis, nunca dejaremos de apoyar. Y hemos de tener en mente que la UCR, a pesar de las medidas de contención del gasto aplicadas durante los últimos cinco años, experimenta un gran florecimiento académico y goza de una reputación internacional inigualada en el pasado.

Creemos en la consolidación de condiciones propicias para que cada estudiante, cada investigador o investigadora, cada funcionario o colaborador de la UCR sienta la seguridad de encontrarse en una institución sólida, de renombre, que no mancillará sus derechos y será inclusiva y solidaria. Esto implica mantener nuestro sistema de becas; no escatimar en los recursos necesarios para el equipamiento de laboratorios e institutos de investigación; apoyar la construcción y remodelación de la infraestructura requerida para un estudio y trabajo dignos y de punta; respaldar aquellos acercamientos con las comunidades que permitan el progreso mutuo, y seguir estableciendo vínculos con prestigiosas universidades y centros de investigación de todo el mundo.

A pesar de que es prácticamente imposible el cumplimiento constitucional del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación el próximo año y, por lo tanto, tampoco será viable arribar al 1,5% para el FEES, hay que aclarar que este fondo tiene rango constitucional, y no será reducido en su monto. Sin embargo, tampoco está exento de sufrir las consecuencias de la situación fiscal que atraviesa el país.

En el caso hipotético de que el gobierno cumpliera con esa meta, en las condiciones actuales se produciría un crecimiento nulo en todas las demás áreas de atención social del Estado. Esto, desde todo punto de vista, iría contra los postulados humanistas de la UCR: nunca podríamos aceptar recortar programas sociales esenciales para las poblaciones vulnerables, a cambio de gozar de un FEES mucho mayor.

No olvidamos que existe una enorme evasión fiscal, a todas luces ilegal y antipatriótica que ofende a toda la ciudadanía. Tampoco ignoramos que deben mejorarse los mecanismos de recaudación tributaria. No perdemos de vista la obligación de cumplir con el mandato constitucional del 8% del PIB para la educación, pero sabemos de la difícil situación que enfrenta el país, la cual no está en nuestras manos resolver, y de la cual tampoco somos causantes, pero no podemos eludir la responsabilidad de actuar solidariamente con quienes saldrán perjudicados. La primera medida, y que debemos tener muy presente, es recordar que no somos una institución aislada, sino plenamente inserta en el tejido social del país. Así, no será nunca nuestra aspiración avanzar sin que la sociedad, y especialmente los sectores menos favorecidos, avancen con nosotros, puesto que esto sería una contradicción hecha realidad. No se trata de resignación, ni de ceder ante el cinismo de algunos políticos, sino de compromiso social y solidaridad.

Es cierto que los atrasos en las transferencias del FEES han requerido nuestra observancia, pero, por el momento, no es una situación grave. Sin embargo, esas transferencias son un ingreso esencial para el trabajo de nuestra institución que, de no recibirse oportunamente, podría comprometer los aportes que brinda al país.

En síntesis, esperamos llegar a un escenario que efectivamente cumpla con el mandato constitucional, y que a su vez nos permita seguir ofreciendo calidad en la formación profesional y en los aportes técnicos y de conocimientos, siempre y cuando este crecimiento no sea presupuestaria ni económicamente ofensivo para los sectores desfavorecidos de la población costarricense, ni suceda a costa de su bienestar. Si no avanzamos juntos, debemos unirnos para que sea una realidad: hoy, más que nunca, debemos estrechar nuestras manos con quienes ven en las universidades públicas una esperanza.

Por otro lado, no cabe duda de que, en momentos difíciles, es una virtud volver la mirada hacia adentro. Las universidades estatales debemos practicar una autocrítica sistemática, incluso descarnada, pero razonable y basada en realidades, no en distorsiones, mitos ni rumores.

Nos satisface saber que, pese a las adversidades, somos una institución cuyo renombre surca cielos y mares. Una institución de aportes, resultados y progreso.

 

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ANEP: empleo público, revivir expediente 19.506 es revivir el escenario confrontativo abierto

  • La clase trabajadora no es responsable de los problemas de liquidez del Gobierno
  • La clase trabajadora no es responsable del déficit fiscal
  • La clase trabajadora no es responsable de la deuda pública ni del astronómico pago de intereses de la misma

 

Una vez más tenemos que condenar, enérgicamente, la reedición de la enfermiza tesis neoliberal de que el salario que devengan las personas trabajadoras asalariadas del sector Público (específicamente sus pluses y sus anualidades), que pretende culpabilizar, satanizándoles ante la sociedad, a quienes laboran para el sector Público, de los problemas de liquidez que enfrenta el Gobierno, del grave problema del déficit fiscal, del no menos grave del problema de la deuda pública y de espantoso nivel altísimo del pago de sus intereses.

Tampoco es culpable la clase trabajadora asalariada del sector Público, como tampoco lo es la del sector privado, por la injusta estructura tributaria costarricense, perversamente regresiva, la cual hace que quienes ganan menos, proporcionalmente hablando, pagan más; mientras que los que ganan más, pagan menos o no pagan del todo, eludiendo y/o evadiendo sus reales obligaciones tributarias.

Hacemos un vehemente llamado a todas las conciencias laborales del sector Público, así como a los diversos grupos y gremios que les representan, para que nos pronunciemos con energía y procedamos a rechazar con vehemencia, la resucitación política del detestado Expediente Legislativo No. 19.506, cargado de un odio visceral contra todos los derechos conquistados por la clase trabajadora del sector Público a lo largo de muchas décadas.

Lo que corresponde es dar los primeros pasos de corte estratégico para que esa injusta estructura tributaria nacional pase a ser progresiva: que paguen más los que más tienen.

Lo que corresponde es un proceso nacional de diálogo político-social para evitar que nuestro país caiga en el precipicio de la quiebra del Estado y que pasemos a vivir dolorosas e irreconciliables experiencias tipo Grecia, tipo Portugal.

Lo que corresponde es abandonar el fundamentalismo neoliberal cargado de odio patológico contra el sector Público, contra los empleados públicos y contra las empleadas públicas, contra sus organizaciones sindicales; y, por el contrario, establecer una fuerte estrategia nacional para combatir el robo de impuestos en todas sus manifestaciones, superior a los 8 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB); y/o, entrarle a los 6 puntos PIB de exenciones-exoneraciones determinando la derogatoria de, al menos, la mitad de la mismas.

Lo que corresponde es auscultar la naturaleza del endeudamiento nacional y una reingeniería de la deuda para atenuar, en alguna medida, el abultado y exorbitante pago anual de intereses que supera ya los 3 puntos porcentuales PIB.

Reiteramos con contundente vehemencia: quienes laboran para el sector Público, no son los responsables de los problemas de liquidez que enfrenta el Gobierno, no son los responsables del grave problema del déficit fiscal, no son responsables del no menos grave del problema de la deuda pública y de espantoso nivel altísimo del pago de sus intereses.

Hacemos un vehemente llamado a todas las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, así como a todas las organizaciones sindicales, gremiales, profesionales que les representan, para que unamos esfuerzos y procedamos a la movilización necesaria en aras de cerrarle, nuevamente, el paso al expediente 19.506 y similares, y, por otra parte; exigir las legislaciones necesarias del cambio estructural tributario hacia la progresividad.

 

San José, lunes 7 de agosto de 2017.

 

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.anep.or.cr

Enviado por ANEP.

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ANEP: ante la crisis de liquidez anunciada por el Presidente de la República

Comunicado de Prensa

  • ¿Entramos ya a transitar el doloroso sendero de países como Grecia y como Portugal?… ¿Cuál es la esencia fundamental de la dura situación fiscal en perspectiva de que se podría llegar a un punto de “no retorno”? ¿Cuál debe ser la posición de una concepción sindical de carácter sociopolítico y con perspectiva ciudadana?
  • Llamamos a la unidad sindical en la acción y a la movilización social
  • Comunicado Oficial de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP integrante del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA y de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)

 

Emitimos por esta vía las primeras impresiones oficiales emanadas desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con relación al preocupante anuncio presidencial de que el Gobierno de la República está enfrentando serios problemas de liquidez para honrar la enorme cantidad de compromisos financieros que implica su operación diaria; tratando el mandatario Luis Guillermo Solís Rivera de “tranquilizarnos” en cuanto a que, ante la falta de plata contante y sonante que está enfrentando la Administración Central del Estado, las prioridades fundamentales para pagar “puntualmente”, mes a mes, serán:

  1. Honrar la deuda pública y los intereses de la misma….
  2. Salarios (ministerios, entes adscritos a los mismos, transferencias a universidades públicas y otros; ¿incluirá el aguinaldo?… ¿incluirá el salario escolar?).
  3. Pensiones con cargo al presupuesto nacional (incluyen las de carácter lujoso-abusivo).
  4. Transferencias pero según “urgencia” social (no todas en el ámbito de lo social).
  5. El resto… si queda plata

EL RESTO: ¿El pago de los servicios de luz, de agua, de teléfonos que se ocupan en las oficinas públicas del Estado central? ¿El pago de la cuota patronal a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en los seguros de enfermedad-maternidad y de IVM? ¿El pago del aporte estatal a los seguros sociales de la Caja? ¿Los recursos mínimos para funcionar en una serie de servicios públicos ya, de por sí, totalmente precarizados pero profundamente esenciales, como los policiales? ¿Se generará la paralización total de su prestación? ¿El pago puntual a proveedores que, a su vez, deben pagar salarios a sus propios trabajadores?… Etc., etc.

¡No podemos “tranquilizarnos”! ¡Nadie puede “tranquilizarse”! ¿Cómo es que llegamos a esto?

La esencia del problema radica en la naturaleza perversa del sistema tributario costarricense, caracterizada por una radicalmente injusta regresividad, según lo catalogan así cualquier cantidad de especialistas en la materia, tanto nacionales como internacionales, quienes vienen señalando este problema hace ya mucho tiempo.

En palabras sencillas, esa injusta regresividad hace que estén pagando-tributando más, proporcionalmente hablando, los que menos tienen; mientras los que más tienen, pagan menos o no pagan del todo (eluden, evaden, roban impuestos).

En tal sentido, “hay que darle vuelta a la tortilla”: que paguen más los que, proporcionalmente hablando, ganan más, concentran más, acumulan más…; sancionando severísimamente, como se hace en los Estados Unidos, el robo de impuestos en todas sus manifestaciones. Esto es transformar el carácter del sistema tributario costarricense para que se vuelva progresivo. A esto le hemos llamado en ANEP, una Transformación Tributaria Estructural, así en mayúsculas.

En palabras ticas, nadie ha resumido mejor esto, en toda nuestra historia republicana como nación independiente, que el ex Presidente de la República don Alfredo González Flores (1877-1962), el vigésimo presidente de la historia de nuestro país, declarado Benemérito de la Patria, con su famosa frase célebre: “Que el rico pague como rico y el pobre como pobre”.

La profunda e injusta regresividad del sistema tributario costarricense tiene cualquier cantidad de ejemplos. Fijémonos en estos dos:

En el 2012 se reportó que ochenta megaempresas costarricenses con ingresos equivalentes a la mitad del presupuesto nacional, no pagaron ni un cinco de impuesto a las utilidades. Hacienda dijo que iba a investigar lo sucedido. En el 2015 fue la Contraloría la que alertó sobre 93 grandes contribuyentes que declararon cero impuesto de utilidades, a pesar de declarar en conjunto ingresos brutos por ¢3,0 billones y de activos totales por ¢6,7 billones, en promedio, por año.

Acometer esta tarea, la de la Transformación Tributaria Estructural, implica la construcción de un poderoso polo de sectores políticos, político-partidistas, sindicales y sociales, dispuestos a evitar, por todas las formas posibles, que suframos el inmenso dolor de pueblos como el de Grecia o como el de Portugal; acometiendo tareas de adopción de legislación tributaria urgente y justa, con la movilización social que, también, resulta urgente.

Cuatro planteamentos desde la visión de sindicalismo sociopolítico

Hemos insistido a lo largo de muchos meses en una serie de planteamientos en torno al problema fiscal-tributario del país. Conviene reiterar algunos, ahora con más vehemencia y potencia en estos momentos:

UNO: Las personas trabajadoras asalariadas empleadas públicas no son responsables del déficit fiscal. Quienes laboran para el Estado y quienes lo hacen para el sector Privado, son pagadoras puntuales de sus impuestos, especialmente los dos más importantes. El de ventas, al momento mismo de la compra; el de renta, cuando corresponde, es deducido, “implacablemente”, de planilla. La clase trabajadora no roba impuestos. Los excesos y abusos en materia de Empleo Público y en pensiones, aunque los hay, son los menos, pueden ser corregidos; pero, aunque fuera así (y es necesario que sean corregidos), no impactarán nada en materia de déficit fiscal. Los ataques al empleo público han sido, fundamentalmente, de carácter ideológico.

DOS. Si la deuda pública nacional está superando ya el 50 % con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), y si su pago y el de los intereses es prioridad fundamentalísima ante los problemas de liquidez que afronta el Gobierno según el anuncio presidencial, corresponde ejercer una especie de auditoría ciudadana de la deuda: ¿Quiénes son los acreedores del país?, ¿quiénes son nacionales y quiénes son extranjeros?, ¿cuál es la deuda de corto, de mediano, de largo plazo?, ¿en qué períodos gubernamentales se fue generando esa deuda?, ¿es posible renegociar plazos, pago de intereses, condonaciones…?, ¿cuáles son los sectores financieros que viven de los intereses de la deuda y que no tendrían interés alguno en que se resuelva el problema del déficit? Etc. Etc.

TRES: Si el déficit fiscal está cerca de llegar o superar la “barrera psicológica” impuesta por los mercados financieros neoliberales, del 6 % con relación al Producto Interno Bruto (PIB), deberíamos considerar estos dos aspectos centrales.

A: ¿Cuál es el porcentaje de déficit fiscal con el cual podríamos vivir como sociedad y cuál es la cifra con la cual no podríamos vivir como sociedad, considerando que el país siempre ha vivido con déficit y seguirá viviendo con déficit y que el déficit cero no es posible? ¿Podríamos construir un acuerdo sociopolítico entre sectores y fuerzas sanas para que, por ejemplo, aceptemos vivir con un 3 % y arreglar el otro 3 %?

B: ¿Pueden los economistas que piensan primero en el ser humano antes que el mercado, diseñar una nueva metodología para reconceptualizar eso del déficit fiscal, de modo tal que se comprenda y se contabilice la estructura financiera total del Estado y no solamente el 40 % de la misma, que es la que revisa anualmente la Asamblea Legislativa al tramitarse eso que erróneamente se denomina presupuesto “nacional”?

CUATRO: Uno de los cambios tributarios más urgente es la modificación al impuesto sobre la renta, de forma tal que, por ejemplo, se instaure la renta global o universal. El más “cómodo” cambio tributario es que el transforma en impuesto al valor agregado (IVA), el actual impuesto sobre las ventas, el más injusto de todos los impuestos pues se cobra sin discriminar capacidad de ingreso de las personas y de las familias, por eso, treparlo del 13 al 15 % genera oposición rotunda de nuestra parte.

La clase trabajadora, tanto la del sector público como la del privado, ¡no da más!

Una clase trabajadora con salarios prácticamente congelados, así impuesto por la política macroeconómica del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y su enfermiza obsesividad por una quimérica e imposible “inflación cero”, mientras seguimos viviendo en uno de los países más caros de la América Latina;

Una clase trabajadora altamente endeudada por las tarjetas de crédito y por los créditos personales, financieros, hipotecarios: miles y miles de sus integrantes son víctimas de escasa o nula liquidez.

Una clase trabajadora con salarios mínimos realmente bajos, en contraste con los que devenga la alta cúpula político-tecnocrática del Estado, con salarios realmente lujosos y abusivos.

Una clase trabajadora a la que ahora castigaron injustamente con una reducción del 1 % en sus salarios para dizque darle sostenibilidad al sistema de pensiones de la Caja, el IVM-CCSS; mientras el festín de las pensiones de lujo con cargo al presupuesto “nacional”, muestra una de las más duras caras de la desigualdad.

Una clase trabajadora que está llegando a tener al 50 % de sus integrantes en la informalidad y en el desempleo, al margen de la Seguridad Social…

Finalmente, reiteramos que este panorama impone la construcción de una articulación de conciencias cívicas inspiradas en una visión de mundo nutrida con los mejores valores de la socialdemocracia real, de los mejores valores del humanismo cristiano (especialmente, los contenidos del mensaje social del papa Francisco), de los mejores valores de la izquierda progresista costarricense, para enfrentar tal gigantesco reto de la Transformación Tributaria Estructural; así como el accionar unitario de organizaciones sindicales que puedan combinar sus tareas corporativo-gremiales con su responsabilidad para con el bienestar general de la clase trabajadora, impulsando la movilización obrera, social y ciudadana que será necesario para enfrentar los poderosos sectores político-económicos que han venido frenando esa Transformación Tributaria Estructural en perjuicio de las grandes mayorías.

En lo inmediatísimo estamos trasladando estas primeras impresiones de la ANEP a cada una de las organizaciones hermanas en el seno del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA para que sus respectivas juntas directivas las consideren a fin de que, con la urgencia del caso, definan sus propias posiciones para la mayor conjunción de esfuerzos al respecto de la situación planteada.

 

San José, miércoles 2 de agosto de 2017.

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Coordinador PATRIA JUSTA

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

ANEP

Fundada el 19 de agosto de 1958

COSTA RICA

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por ANEP.

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Enviado por ANEP.

ANEP: ¡14 billones es la deuda pública del Gobierno Central!

  • Empleo público e impuestos son una mezcla tóxica
  • Cada tico está “debiendo” 3.111.111 colones en estos momentos y solamente por la deuda del Gobierno Central…y la deuda sigue creciendo.
  • Reiteramos: el déficit fiscal no se debe a los salarios públicos

 

Una y otra vez, y otra vez más, incansablemente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), integrante del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, reitera su tesis fundamental en esto del déficit fiscal y empleo público: los salarios que devenga la clase trabajadora asalariada del Estado no son los responsables del déficit fiscal. ¡Nada que ver! ¡Punto!

ANEP ajusta ya poco más de dos año analizando el tema: investigando, estudiando, leyendo, consultando, analizando para ser tan contundentes. Las razones del déficit fiscal son otras, ¡no los salarios públicos!

Por el contrario, los necesarios cambios que requiere el sistema tributario costarricense son modificaciones en materia de impuestos para que se le dé vuelta a la tortilla: poner a pagar más a quienes más tienen y que son los que más evaden sus responsabilidades tributario-fiscales.

En tal sentido, rechazamos tajantemente que en la Asamblea Legislativa se impongan nexos indecentemente políticos de mezclar cambios, completamente inaceptables, en materia de salarios del empleo público, para facilitar la discusión (y eventual aprobación parlamentaria) sobre los impuestos de ventas (transformándolo a impuesto al valor agregado -IVA-), y renta.

Empleo público e impuestos es una mezcla tóxica que solamente conduce al desastre social. Continuar por esta vía, hace que el tema del empleo público se convierta, radicalmente, en un asunto de corte ideológico, estrictamente; y, por tanto, opaca, obstaculiza, bloquea, discusiones puntuales de empleo público que ameritan abordajes particulares, de corte abusivo, como pueden serlo los “salariazos” que se devengan en algunas partes de la alta cúpula político-tecnocrática y gerencial del Estado.

Además, el espantoso endeudamiento del país exige esa discusión sobre los cambios estructurales que ocupa el sistema tributario costarricense, aparte de que se va imponiendo la necesidad de una especie de auditoría ciudadana de la deuda, planteamiento que recientemente hemos decidido promover, contando ahora con el apoyo del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA al respecto.

La ciudadanía debe exigir explicaciones de cómo es que hemos llegado hasta aquí: al terminar agosto pasado, solamente la deuda del Gobierno Central, ascendió a 14 billones de colones: 14.000.000.000.000.00. Repetimos, solamente la del Gobierno Central sin contar la deuda de instituciones fuera de este ámbito del Estado. Los datos provienen de la unidad de Crédito Público del Ministerio de Hacienda.

Cada costarricense, bebé, niño, adolescente, joven, adulto, anciano, y con base en una población promedio de 4.5 millones de ticos y de ticas, está debiendo, en estos momentos, es decir per cápita, 3.111.111 colones. Y mañana será más, y pasado mañana será más…

Para peores, cada vez hay más y más costarricenses en condiciones económicamente difíciles y sin ninguna responsabilidad por ese alto nivel de endeudamiento-país.

Nuevamente insistimos en la imperiosa necesidad de que los empleados públicos y las empleadas públicas, incluidos los de las municipalidades, mantengan una vigilia política constante de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, pues se está jugando con su futuro salarial-social y familiar; y, a la vez, estén en total disposición para movilizarse de manera contundente apenas se les convoque.

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

 

Imagen tomada de http://www.anep.or.cr/

Enviado a SURCOS Digital por ANEP.

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En un país de alta evasión fiscal la solución de los diputados: Bajar las penas por evasión

Carlos José Cabezas Mora (*)

Carlos Cabezas

En medio de una campaña por “salvar” al Estado costarricense del “gasto que produce” el déficit fiscal, los sectores económicamente poderosos han pegado alaridos e impulsado a través de sus diputados proyectos de empleo público que afecten los salarios de los servidores públicos, añadiendo de que tenemos ingresos de privilegio, claro que en comparación con las miserias del sector privado podría considerarse, de estirarse mucho la fantasía, que esas diferencias son “abusivas”.

Conscientes de que gracias a los TLC el Estado costarricense pasó de recibir del 6% a un 3% de la riqueza que produce nuestro país (PIB), además de que el actual gobierno promueve modestos proyectos de ley (para mejorar la recaudación fiscal) ha emergido una corriente para más bien disminuir penas.

Los proyectos de fortalecimiento del fisco encontraron la resistencia esperada en las cámaras empresariales, haciendo eco en los diputados de oposición que intentaron rebajar las penas de prisión a dos años, tal descarada posición que consideramos antipatriótica, refleja muy bien la forma de comportarse de ese sector social acostumbrado a buscar mecanismos para estar exonerado o bien eludir o evadir el pago de los impuestos.

Recientemente conocidos de un planteamiento que hace referencia a la práctica de algún país donde se dejó de perseguir a los evasores fiscales estableciéndose un solo impuesto, el cual por voluntad empresarial más bien aumentaron las recaudaciones.

Un expositor mexicano narró que el seguro social de su país tiene serias limitaciones presupuestarias para brindar sus servicios, pero como empresarios aducían que era muy altas sus contribuciones, el Gobierno Federal decidió de un día para otro rebajarles sus pagos, el resultado fue un deterioro muchísimo mayor de la seguridad social, algo muy parecido al nuevo proyecto del Partido Libertario.

La realidad de la evasión fiscal en nuestro país supera por mucho el déficit fiscal, donde la práctica es no asegurar en la CCSS a los trabajadores pero sí rebajarles las contribuciones sociales, acostumbrados a que la absoluta mayoría de los impuestos son indirectos lo que significa que a las mayorías somos los que cargamos sobres las espaldas al fisco, dudamos seriamente de la voluntariedad o bondad en pagar, si no se les exige y menos si pueden quedar impunes. Ese efecto soñado por la derecha nacional e internacional le denominan los expertos economía vudú, por considerarla técnicamente absurda y destinada a arrojar resultados negativos para la sociedad y van claramente en contra de la misma racionalidad del sistema capitalista en el que nos correspondió vivir.

(*)Secretario General, Central General de Trabajadores, Costa Rica.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de www.justiciafiscal.org

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ANEP: ¡Celebramos aprobación proyecto contra el fraude fiscal!

Comunicado de Prensa

 

  • ¿Se negoció algo a cambio, en materia de empleo público? ¿Vía rápida?
  • Casi un millón 500 mil votos están expectantes al respecto
  • Ahora hay que fortalecerla administración tributaria
  • Cobro judicial de Hacienda está en estado calamitoso

 

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), luego con el apoyo directo del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, ajusta ya bastante tiempo mediando fuertes esfuerzos, analizando documentos y estudios rigurosos, formulando serios planteamientos, valientes denuncias e impulsando movilizaciones, acerca de la gravedad del problema nacional de la evasión fiscal, del fraude tributario y del robo de impuestos, cuya proporción en Costa Rica ha alcanzado los 8.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), superando el promedio latinoamericano cifrado por la CEPAL, de Naciones Unidas, en un 6.7 %.

Particularmente, hemos dado sustento sumamente consistente a nuestro planteamiento central en la materia, de que el déficit fiscal no se debe a los salarios devengados por quienes laboran para el sector Público; celebrando hoy que la tesis de la ANEP al respecto, fue acogida y asumida por todos los sindicatos del sector Público y de todas las corrientes sindicales que en su seno se mueven; con las que tenemos coincidencias como con las que mantenemos diferencias.

Se ha venido enfrentando así una durísima campaña político-mediática de varios meses de duración, con fuertes contenidos de terrorismo ideológico y de agresión psicológica en contra del empleo público; campaña virulenta enormemente injusta jamás vista en la historia del sector Público desde la promulgación de la actual Constitución Política, en 1949.

La aprobación del proyecto de ley contra el fraude fiscal nos viene a dar la razón, en parte, en tal sentido, es decir, que el déficit fiscal no se debe a los salarios del empleo público. Celebramos esa aprobación y, particularmente, felicitamos a las señoras diputadas y a los señores diputados que desde las sensibilidades del progresismo político en materia de justicia social, desde un principio fueron consecuentes con este tipo de iniciativas de ley.

Lo que no se puede ocultar, pese a los esfuerzos intra y extraparlamentarios al respecto, es el papel jugado en este tema y en esta coyuntura, por las corrientes sindicales realmente responsables, seriamente propositivas y estudiosas de estas difíciles cuestiones tributario-fiscales. En la ANEP estamos orgullosos de haber dado nuestro aporte al respecto, el cual y de manera sobrada, está sumamente documentado.

Por supuesto que dada la magnitud del robo de impuestos en el país, hubiésemos deseado una ley contra el fraude tributario sumamente drástica e implacable, bajo la premisa de que evadir responsabilidades tributarias es un crimen contra toda la sociedad.

Por ejemplo, el registro de accionistas debió quedar ubicado en el Ministerio de Hacienda. Además, no debió establecerse exención alguna al respecto, pues los defraudadores “profesionales” y patológicamente propensos a ello, pueden dividir su capital en un sinnúmero de sociedades anónimas de 15 % o menos de patrimonio, para eludir reportarse ante tal registro.

A pesar de esto, hay un avance histórico que puede ser realmente concreto si, por ejemplo, se fortalece a toda la gestión tributaria en contratación de más personal especializado y asistencia técnica al mismo, en mayor innovación tecnológica de punta, en asignaciones presupuestarias verdaderamente sustanciosas. Bien dice el refrán de que “hecha la ley, hecha la trampa” y los ladrones de impuestos, más sus compinches asesores de todo tipo, se las han de ingeniar para burlarla.

Es resaltable que con el proyecto aprobado podría acabarse con la insana práctica de cierto profesionalismo tributario de inventarse toda clase de triquiñuelas y artilugios jurídicos, mediando incluso leguleyadas con membrete de bufete “prestigioso”, para legalizar el robo de impuestos. Que de ahora en adelante este tipo de profesionales mañosos pueden ser responsabilizados al respecto, representa un avance importante en materia de justicia tributaria.

Particularmente, a la ANEP la preocupa y según se nos ha informado al respecto, el actual estado calamitoso, sumamente precario, de la parte de la gestión tributaria que tiene que ver con el cobro judicial. Si con la nueva ley los controles a la morosidad fiscal se han de incrementar y habrá más posibilidades de detectarle y de combatirle, el departamento de Cobro Judicial del Ministerio de Hacienda debe, estratégicamente conceptuado, fortalecerse al máximo. Hacemos un vehemente llamado al Gobierno en tal sentido.

Finalmente, considerando el alto nivel confrontativo que se ha venido desarrollando en nuestra sociedad en esta tríada en conflicto de empleo público, fraude fiscal y justicia tributaria, tenemos que tener en consideración la circunstancia de que la aprobación del proyecto en mención pudiera haber sido objeto de algún tipo de negociación oculta,informal, en materia de empleo público.

Todo el mundo sabe que en la Asamblea Legislativa se mueven los asuntos de muy distintas formas y desde los más diversos ángulos y ámbitos; y, en ocasiones, lo que realmente sucederá no se definió en condiciones de total transparencia.

En ANEP nos preocupa, en grado sumo, que así como fue pactado darle vía rápida en el trámite parlamentario a la aprobación legislativa de esta necesaria ley contra el fraude fiscal; de igual forma se haya dado ya, o se esté “cocinando” en estos momentos, un pacto completamente impresentable, vía rápida parlamentaria también, para la institucionalización de la precarización del empleo público, con base en los más añorados deseos del capital neoliberal y su hegemonía financiero-bancaria.

Emplazamos, de manera vehemente, al propio señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, para que nos hable al respecto, con la mayor sinceridad y con total transparencia.

Una vez más debemos insistir en la imperiosa necesidad de que todos los gremios, asociaciones laborales de todo tipo, sindicatos del sector Público y hasta los colegios profesionales, concertemos una acción mancomunada para enfrentar, de manera realmente sólida, la batalla final del empleo público.

Por otra parte, esas agrupaciones político-partidistas que ya están haciendo cálculos electorales de cara al 2018, tanto las que están ahora representadas en la actual Asamblea Legislativa, como las que están fuera de la misma, deben pensar que, a final de cuentas, hay cerca 1 millón 500 mil votos relacionados con el Sector Público (los trabajadores y sus familias, promedialmente hablando); grupos de familias costarricenses que están completamente pendientes de cómo se ha venido jugando, en todos estos meses, con su estabilidad laboral, con su sustento familiar, con sus responsabilidades en materia de endeudamientos, al hacérseles responsables por algo que nunca generaron: el déficit fiscal y, por tanto, bajo amenaza de rebajarles el salario y precarizarles su empleo.

En ANEP pensamos que estamos ya ante un escenario tan intenso que los 330 mil empleados públicos, sus familias y la diversidad de las agrupaciones que les representan, se plantarán con contundente firmeza en su propia autodefensa y en la institucionalidad republicana que representan los diferentes servicios públicos para los cuales laboran.

San José, viernes 9 de setiembre de 2016.

 

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

 

 

*Imagen tomada de http://www.anep.or.cr/

Enviado a SURCOS Digital por ANEP.

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SEC convoca a jornada de lucha por defensa de empleo público y reforma fiscal

Comunicado de Prensa

A toda nuestra afiliación y dirigencias zonales

 

El pasado lunes 22 de agosto, en el Tercer Encuentro de “Unidad Sindical en la Acción”, se tomó la decisión de convocar el jueves 1 de septiembre a una Concentración frente a la Asamblea Legislativa.

El objetivo: continuar en la escalada del movimiento sindical para lograr el archivo definitivo de los proyectos de ley de Empleo Público y apoyar las reformas fiscales necesarias para que empiecen a pagar los grandes evasores, verdaderos responsables del déficit fiscal.

La jornada de lucha del 1 de septiembre iniciará a las 10:00 a.m. y se extenderá hasta las 3:00 p.m; con un acto político central a las 2:00 p.m: entregar a las y los diputados enemigos de la clase trabajadora una clara advertencia que, de avanzar estos proyectos nefastos en el período de sesiones ordinarias o votarles alguna vía rápida, las organizaciones sindicales iremos de inmediato a una Huelga General indefinida. Asimismo, aprovechar a renovar compromisos con las fracciones que se han pronunciado contra el avance de estos proyectos.

En este Tercer Encuentro de Unidad Sindical en la Acción, la dirigencia del SEC mantuvo su posición de convocar ese día a huelga, sin embargo la mayoría de las organizaciones votaron a favor de realizar la Concentración.

Así las cosas, la dirigencia del SEC valoró que esta es una lucha en favor de los intereses de todo el pueblo, por la defensa de los derechos laborales de la clase trabajadora y del sector público en particular, y ello implica una lucha conjunta con las demás organizaciones sindicales, y por eso las decisiones deben ser también unitarias para lograr sus objetivos.

No cabe aquí ningún deseo de protagonismo ni vanas beligerancias. La principal herramienta para vencer es la unidad en la acción, éste ha sido uno de los fundamentales llamados desde nuestras bases: unidad sindical. La unidad en la acción de todo el movimiento sindical se logra con acciones unitarias, por eso el SEC aceptó la decisión de la mayoría de las organizaciones, en el entendido que es una estrategia de lucha en escalada que además garantizará que al momento de un llamado a Huelga General indefinida se vaya de forma unitaria.

De esta manera, nos sumamos a esta convocatoria, mantenemos con firmeza nuestros objetivos, dejamos en claro nuestra posición pero también la convicción de que no estamos en estos espacios para imponernos ni figurar, sino para avanzar y dar fortaleza a la unidad sindical.

Nos comprometemos, ante los trabajadores y trabajadoras de la educación costarricense, a mantenernos vigilantes y seguir trabajando para que, de ser necesario, la Huelga General indefinida del sector público sea suficientemente fuerte para frenar el nefasto rumbo de los neoliberales que quieren cobrarle a la clase trabajadora la deuda social que ellos crearon.

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por SEC CR.

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Desempleo continúa siendo principal mal de la economía

Greivin Hernández González*

 

Inflación controlada, crecimiento superior al de nuestros socios comerciales, déficit fiscal menor al esperado, tasas de interés a la baja y fuerte posición de reservas; son muy buenas noticias económicas para el país, sin embargo, el alto nivel de desempleo, creciente nivel de deuda pública y alto endeudamiento en dólares, son los retos más importantes que debemos sortear en lo que queda de este año y el que viene, según la Revisión del Programa Macroeconómico 2016-2017 difundida recientemente por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

En cuanto a la inflación dos elementos positivos llaman la atención: las expectativas se han mantenido por 15 meses dentro del rango meta establecido por el Banco, y quizás este año no sea negativa. Lo primero significa que en el mediano plazo los precios dejarán de subir tanto como hace unas décadas, porque los agentes económicos creen que así será (profecía autocumplida), mientras que lo segundo es una buena noticia para la mayoría de los costarricenses que tenemos deudas, pues implica una baja en las tasas de interés reales y un estímulo al consumo, crecimiento y empleo. El BCCR espera que el año entrante la inflación se ubique más cerca de la meta (± 3%) por aumentos en el precio del petróleo y recuperación económica internacional, visión algo optimista pero funcional en términos de motivos para no inyectar más liquidez a la economía nacional.

En términos de crecimiento, el motor de la economía sigue siendo el consumo interno pero ahora se suman buenas noticias por parte de la demanda externa. Sectores como el agrícola y el industrial que habían venido rezagados del resto, finalmente están viendo la luz al final del túnel, gracias a menores eventos climáticos y el auge del sector de dispositivos médicos en sustitución del de componentes electrónicos. Sin embargo, como el mismo informe reconoce, aún no alcanzamos el crecimiento potencial. Y si bien crecemos más que los países con los que comerciamos, las tasas son insuficientes para reducir los niveles de desempleo y pobreza, se espera que la situación sea muy similar en 2017.

Uno de los principales cambios en las proyecciones del BCCR, es la perspectiva de déficit fiscal al cierre de 2016, si el gobierno sigue el curso mostrado en el primer semestre, será de 5.7% del PIB, levemente menor al de 2015. El cambio se debe en buena medida al trabajo del Ministerio de Hacienda en materia de ingresos tributarios, pues la variación interanual fue de 10.3% (los ingresos por impuestos sobre ingresos y utilidades crecieron 16%). La proyección no incluye efectos por aprobación de nuevos impuestos, por lo que si el Congreso finalmente acuerda algo, el resultado podría mejorar.

Otro aspecto positivo es que el BCCR aún encuentra margen para una reducción de las tasas de interés en colones, considera que el cambio de metodología que implementó en febrero de este año, así como la reducción de la tasa de política monetaria, han contribuido en esta línea, y lo seguirán haciendo.

Por otra parte, el informe llama la atención sobre elementos que podrían dar al traste con la recuperación de la economía, entre ellos el creciente nivel de deuda pública, fenómenos climáticos, débil crecimiento internacional, y volatilidad en el precio de las materias primas. De ellos los ticos deberíamos ser capaces de resolver al menos uno, el de la insuficiencia de ingresos por parte del Estado para cubrir sus obligaciones, el resto está fuera de nuestras manos.

Finalmente, el informe del Banco no esconde la precaria situación del empleo, reconoce que si bien en el primer trimestre del año la tasa de desempleo bajó a 9.5%, esto se debió a una reducción de la población económicamente activa, es decir, a que cada vez más personas dejan de buscar trabajo. Aunque sectores como comercio, comunicación y otros servicios están creando empleos, la caída en los demás arroja un balance negativo. Aquí el Banco ha dicho reiteradamente que su aporte es muy limitado, se circunscribe a brindar confianza para que el sector privado aumente la inversión productiva. Discrepamos, para empezar podría centrarse en acelerar el ritmo de reducción de las tasas en colones, para así desincentivar el endeudamiento en dólares, antes que encarecer el crédito en moneda extranjera. Adicionalmente, recordemos que llevamos 12 meses consecutivos de inflación negativa, cosa que no debería ocurrir pues implica un aumento en las tasas reales, en otros países (y aquí mismo en otra época) los bancos centrales han aumentado la meta de inflación de corto plazo para promover el consumo, la producción y el empleo.

*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de www.entornointeligente.com

Enviado a SURCOS Digital por Oficina de Comunicación, UNA.

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