Esta tarde, el Movimiento Sindical entregó a los representantes del gobierno, una propuesta fiscal progresiva y equitativa, que permitiría la recaudación de recursos financieros sin necesidad de imponer más impuestos al pueblo costarricense.
Algunas medidas de carácter inmediato entregadas este lunes, podría significar entre un 3% y 4% del producto interno bruto, recaudando recursos frescos para el Estado, en temas como impuesto sobre grandes utilidades, aduanas, impuesto a las transacciones financieras internacionales, entre otros.
Además, el Movimiento Sindical tiene diversas propuestas en materia tributaria que podríamos denominar de contingencia, que garantizan la entrada de nuevos recursos, propuestas estructurales orientadas a lograr mayor progresividad y equidad tributaria e iniciativas orientadas a corregir los mecanismos que estimulan el fraude fiscal.
Ingrese en el siguiente enlace para leer la propuesta completa:
La Red Sismológica Nacional y el Laboratorio de Ingeniería Sísmica reciben más de ¢400 millones al año por la vía de destino específico
La Red Sismológica Nacional (RSN), formada mediante un convenio entre la Universidad de Costa Rica y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), investiga y monitorea de forma permanente la actividad sísmica y volcánica del país. – foto cortesía RSN.
La Red Sismológica Nacional (RSN) y el Laboratorio de Ingeniería Sísmica (LIS), de la Universidad de Costa Rica (UCR), reciben fondos para su equipamiento y operación mediante el financiamiento específico de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N.º 8488. Estos recursos se discuten actualmente en la Asamblea Legislativa como parte de la reforma fiscal.
El Consejo Universitario de la UCR emitió un pronunciamiento a pedido de la comisión legislativa, que acogió la propuesta, en el que solicita a los diputados eximir a las universidades estatales de las normas que eliminarían los recursos financieros asignados por leyes específicas.
Asimismo, los miembros de la instancia universitaria les recuerdan a los congresistas que los recursos asignados en la Ley de Emergencias a ambos programas de investigación de la UCR «son transferencias que se encuentran protegidas por la cláusula final del artículo 85 de la Carta Magna», en el que les garantiza el financiamiento a las universidades públicas y establece que: «El Estado les creará rentas propias, además de las que ellas mismas originen, y contribuirá a su mantenimiento con las sumas que sean necesarias».
Ante la posibilidad de que dichos fondos sean eliminados, tanto la RSN como el LIS se debilitarían al perder los recursos que han recibido desde el 2009 para ofrecerle al país información científica de calidad que permita tomar decisiones oportunas ante eventuales fenómenos sísmicos y volcánicos.
La RSN, conformada mediante un convenio entre la UCR y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), tiene como objetivos investigar los procesos sísmicos y volcánicos para contribuir con una adecuada gestión del territorio, promover una cultura de prevención de desastres e incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de la población costarricense.
Para su labor de vigilancia sísmica y volcánica, posee 138 estaciones sísmicas distribuidas en todo el país, lo que le permite efectuar un monitoreo de la actividad sísmica las 24 horas del día y los siete días de la semana.
Cromatógrafos de iones del Laboratorio de Geoquímica, de la Escuela Centroamericana de Geología, donde se analizan muestras de ceniza volcánica para determinar la presencia de magma, entre otros aspectos. – foto cortesía RSN.
La RSN también realiza investigación y vigilancia permanente en los cinco volcanes activos: Turrialba, Poás, Irazú, Rincón de la Vieja y Arenal; y, en el último año, está en proceso de ampliar la cobertura a los volcanes Barba y Platanar. Para esto se requiere la instalación de tecnología moderna en puntos cercanos a los volcanes, con lo cual se obtienen datos de forma remota y en tiempo real.
De julio del 2017 a julio del 2018, esta instancia invirtió ¢94.6 millones procedentes de la Ley Nacional de Emergencias para adquirir equipos, programas para la localización de sismos, mantenimiento tecnológico, aplicaciones móviles y servicios digitales, entre otros rubros.
El director de la Escuela Centroamericana de Geología, Mauricio Mora Fernández, consideró que el recorte de esos fondos no sería la mejor salida para el país, ya que “alguien tiene que hacer esa labor de prevención y el Gobierno tendría que buscar una solución”, en un país donde no existe una cultura acerca de los fenómenos geológicos.
El vulcanólogo insistió que la mejor alternativa sería maximizar el uso de los recursos para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los procesos iniciados en cuanto a equipamiento y fortalecimiento de la RSN, así como de la ampliación de las capacidades científicas con la incorporación de más recursos humanos a estos programas.
Mora resaltó que en los últimos años ha habido, en el campo vulcanológico, mayor coordinación e intercambio de información con el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), de la Universidad Nacional, lo que ha permitido contar con respaldo cuando uno de los dos servicios falla y ofrecer una mejor atención durante periodos de crisis volcánica.
Ingeniería sísmica
En el caso del Laboratorio de Ingeniería Sísmica (LIS) del Instituto de Investigaciones en Ingeniería, su coordinador e investigador, Víctor Schmidt Díaz, señaló que actualmente mantienen en operación cerca de 150 acelerógrafos ubicados en distintos puntos del país, principalmente en entornos urbanos.
Gracias a estos dispositivos, los expertos del LIS logran registrar datos en tiempo real en el preciso momento en que ocurre un sismo, acerca de los espectros de respuesta de las estructuras, los valores máximos de aceleración del suelo, los efectos de amplificación de la onda sísmica según el tipo de suelo, mapas de intensidad sísmica, localización y el tiempo de ocurrencia, entre otros aspectos.
Gracias a un convenio con la Caja Costarricense de Seguro Social, el Laboratorio de Ingeniería Sísmica incluye dentro de la red de acelerógrafos a varios hospitales, como por ejemplo la estación que se ubica en el Hospital de Los Chiles. – foto cortesía LIS.
A partir de estos datos, el LIS genera informes que son publicados en su sitio web y en redes sociales, y, además, son utilizados por profesionales en ingeniería, geología, planificación urbana y entidades como el Instituto Nacional de Seguros, Ministerio de Educación Pública, Cruz Roja Costarricense, Comisión Permanente del Código Sísmico de Costa Rica y la Caja Costarricense de Seguro Social.
El monto recibido por el LIS proveniente de la Ley Nacional de Emergencias durante el 2017 asciende a cerca de ₡345 millones.
“Si los fondos provenientes de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo se recortan, nos será muy difícil poder sustituir los equipos una vez que se vuelvan obsoletos, que serían unos diez años después de ser adquiridos, por lo que la red de instrumentos dejaría de operar”, aseguró Schmidt.
Cada equipo tiene un costo cercano a los $10 000, por lo que difícilmente la UCR podría enfrentar costos tan altos con el presupuesto ordinario, agregó el experto.
El LIS es el único centro de investigación en Costa Rica que se dedica en forma exclusiva al registro de sismos fuertes con el uso de acelerógrafos, que son instrumentos diseñados con fines distintos a los sismógrafos que utiliza la RSN y el Ovsicori.
La red de instrumentos de monitoreo y medición con que cuenta tiene una amplia cobertura, pues está presente en todas las cabeceras cantonales, en pueblos, zonas urbanas y edificios altos. Asimismo, toda la información que el LIS genera es pública y muy importante para el diseño y construcción sismo-resistente de estructuras, lo cual es de gran utilidad para la planificación urbana.
La Universidad de Costa Rica (UCR) manifestó su criterio con respecto al proyecto de Ley para fortalecer las finanzas públicas (Exp. N.° 20.580), pues este contiene una serie de artículos que causarían un perjuicio sustantivo a las universidades estatales, al reducir los recursos económicos que el Estado debe garantizar para el cumplimiento del derecho a una educación superior estatal.
La posición de esta casa de estudios fue emitido por el Consejo Universitario, en la sesión N.° 6199 de este martes 3 de julio, como respuesta a la consulta, que por mandato constitucional, le realizó la Asamblea Legislativa.
De acuerdo con el órgano colegiado, esta propuesta contempla tres aspectos que ponen en peligro la hacienda universitaria; en primer lugar, el proyecto incluye instancias no contempladas en el artículo 78 de la Constitución Política como parte del presupuesto destinado a la educación estatal. En segundo lugar, autoriza al Ministerio de Hacienda a fijar los montos asignados por ley que se destinan a las universidades, de acuerdo con el estado de las finanzas públicas y, finalmente, elimina algunos recursos que actualmente perciben las universidades y que resultan fundamentales para apoyar procesos de regionalización y desarrollo institucional.
En el caso específico de los recursos correspondientes al 8 % del Producto Interno Bruto (PIB) para educación, la UCR le recordó al Poder Legislativo que ya la Sala Constitucional dejó muy claro que en ese rubro no debe incluirse el presupuesto del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), por lo que la intención de esta iniciativa de incorporar tanto ese dinero como el de la Red de Cuido violan el mandato establecido en el artículo 78 de nuestra Carta Magna.
El Consejo Universitario también cuestionó la intención que tiene el proyecto de reducir o eliminar los aportes adicionales asignados a las universidades vía leyes específicas, lo cual compromete aquellas acciones que son directamente financiadas con ese tipo de recursos. En el caso de la UCR, se verían afectados algunos proyectos vinculados con la regionalización, específicamente en el Recinto de Paraíso, y las tareas de análisis de la red vial del país que lleva a cabo el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR).
Por otra parte, el órgano colegiado destacó que las universidades estatales han trascendido su misión de formación de profesionales, pues también realizan un aporte muy significativo en inversión dentro del campo científico-tecnológico, mantienen la mayor cantidad de masa crítica para el desarrollo de la investigación en el país, hacen las mayores inversiones en investigación, formación de posgrado y aportes de transferencia de tecnología al sector productivo, sin dejar de lado el trabajo con las comunidades y los grupos vulnerables, mediante las actividades de acción social o extensión universitaria.
La institución reconoce la necesidad que tiene el país de contar con acciones oportunas para aminorar el crecimiento del déficit fiscal; sin embargo, considera que este proyecto dista mucho de ser una reforma fiscal integral y que, más bien, se debería trabajar en la ejecución de medidas que contribuyan a modernizar nuestro sistema impositivo, tales como reducir la elusión y evasión fiscal, manejar eficientemente los fondos públicos, evitar la corrupción, además de instaurar políticas para reactivar la economía.
Después de la reunión del viernes 29 de junio de 2018 de la Unión Sindical Nacional con el Gobierno de la República, le compartimos en el enlace adjunto dos documentos: el que los sindicatos le entregaron al Gobierno y el que éste propuso para abrir un proceso de negociación.
Sindicatos analizarán agenda de trabajo presentada por el Gobierno
Comunicado de prensa actualizado
La Unidad Sindical entregó al Gobierno de la República, un pliego de peticiones que permitirían dar a apertura a la mesa de diálogo multisectorial, que propondría soluciones consensuadas al déficit fiscal.
La entrega se hizo esta mañana, en la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.
A su vez, la Unidad Sindical recibió de parte del Gobierno, la propuesta de una agenda de trabajo en temas fiscales, la cual será analizada por las diversas organizaciones.
Los temas fiscales de la agenda presentada por el Gobierno son: el IVA, impuesto al salario, renta global, así como evasión y elusión fiscal, exoneraciones, pensiones de lujo y normativa de contención del crecimiento del gasto público.
Durante la reunión, los diversos representantes sindicales le hicieron ver al Gobierno la necesidad de un análisis de los puntos en discusión para emitir una respuesta, misma que se estaría emitiendo el próximo lunes 9 de julio a las 10 a.m. en una nueva reunión.
Uno de los puntos que cuestionaron las organizaciones sindicales, es que el Gobierno sugiere una mesa de diálogo bilateral con la presencia de la Iglesia Católica como garante, mientras los Sindicatos solicitan una mesa multisectorial.
La Unidad Sindical también solicitó que se retire de la corriente legislativa el expediente N°20.580 «combo fiscal» y que den marcha atrás con la solicitud de declaración ilegal de la huelga del pasado 25 de junio y que se garantice un diálogo diáfano, en un escenario exento de ataques contra la clase trabajadora y, particularmente, el empleo público.
Sobre este pliego, el Gobierno también deberá emitir una respuesta el próximo 9 de julio.
Imagen tomada de la nota de SURCOS titulada: Sindicatos se reúnen con Gobierno para tratar el combo fiscal.
Un corto muestra el pensamiento de los distintos sectores sindicales ante la necesidad de la unidad, para impulsar propuestas alternativas en el campo fiscal.
El material audiovisual fue compartido con SURCOS por Rafael López Alfaro.
Este miércoles 16 de mayo a las 9 a.m., especialistas de la Universidad Nacional (UNA) e invitados especiales estarán analizando el tema del déficit fiscal y su efecto sobre el empleo en Costa Rica. Se trata de una mesa redonda que tendrá lugar en la Sala de Exrectores de la Biblioteca Joaquín García Monge, en el Campus Omar Dengo, Heredia.
En la actividad participarán Cristóbal Pérez, académico de la Escuela de Administración (EDA) de la UNA, David Cardoza, académico de la Escuela de Economía de la UNA, Pamela Jiménez, investigadora principal del capítulo “Oportunidades, estabilidad y solvencia económica” del Programa Estado de la Nación y representante del Instituto de Estadística y Censo (INEC). La moderadora será Floribeth Solís, directora de la EDA.
El evento es organizado por la Rectoría, la Rectoría Adjunta, el Programa UNA Vinculación, la Facultad de Ciencias Sociales y la EDA. Para más información se dispone del correo electrónico vinculación@una.cr y del teléfono 2277-3974.
***Más información en la Oficina de Comunicación. Tel. 2237-5929 / 2277-3067***
El ministro de Trabajo y otras autoridades de gobierno nos han dicho en varias ocasiones algo así como que: el aumento de impuestos permitirá que se financien los salarios, no suban las tasas de interés de los créditos, si se piensa de manera ligera y bastante egoísta podría fácilmente concluir que tienen razón “a los funcionarios públicos podría convenirnos un paquete fiscal”.
Es importante aclarar que el porcentaje de ingresos tributarios para que cualquier gobierno cumpla con sus deberes es menor al necesario, o sea se requiere más impuestos, por eso existe la deuda interna como una medida casi desesperada para cubrir los gastos, aumentando lógicamente el más serio problema que tiene el gobierno dentro del déficit fiscal (50%).
El movimiento sindical podría hacerse el “chancho” y dejar que la “paz social” mantenga la dinámica de atornillar a las mayorías, sin tocar a los poderosos con más impuestos, esa sería la posición más cómoda, pues la población seguiría “detrás del palo” y simplemente tendría que pagar el costo de esta solución pero…
Nosotros somos parte del pueblo y también tendríamos que pagar el aumento de los impuestos y para poner una “flor en el ojal” el paquete fiscal tiene una serie de medidas que afectarán los servicios públicos, al reducir el gasto público a la fuerza además de poner reglas para el pago de los salarios de los funcionarios que podrían rebajar de manera brutal lo que recibimos.
¿Nos piden propuestas? ¡Mentirosos! Cuando el movimiento sindical ha propuesto soluciones que implicarían repartir entre las diferentes clases sociales el costo de mantener los servicios públicos, simplemente nos ignoran, porque nuestra visión no es “políticamente viable”, lo que significa que los diputados representantes de los poderosos no lo van a aceptar.
¿Y saben porque proponemos afectar a los ricos? Porque contrario a la posición de gobierno que “no quiere afectar los precios internacionales de exportadores” debido a que eso “quita competitividad”, creemos que el país es uno solo y que todos los que creamos riqueza, más los que se la apropian, debemos contribuir al desarrollo nacional, no dejando esa responsabilidad solo en los que menos ganan.
Además consideramos que los grupos poblacionales más poderosos que se dejan más del 50% de la riqueza país producida en un año y también están dentro del grupo de los que más evaden el pago de impuestos (8% del Producto Interno Bruto), deben ponerse en cintura, eso ayudaría mucho en otro problema bien ignorado: la justicia social.
Si el escandalo mundial de los Papeles de Panamá tiene ricos nacionales involucrados, los que no pueden acusarse de evasión porque aquí no existen los delitos en nuestra legislación, cualquiera en su sano juicio diría que ese es una camino de solución de nuestro grave problema.
Estamos tan lejos de las palabras del presidente que impuso el impuesto a la renta, Alfredo González Flores “que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres” lo que le costó un golpe de Estado.
(*)Secretario General, Central General de Trabajadores
Los sindicatos conocemos que el Estado costarricense está en una crisis producto de déficit fiscal, pero no podemos coincidir posiblemente en las causas que han llevado a esta situación la finanzas públicas y que podrían generar una crisis que implicaría efectivamente el cierre de instituciones y plazas, servicios por falta de dinero.
Pero nos extraña que sus soluciones sean para que los trabajadores paguen los platos rotos además de irónicamente aplicar una “regla fiscal” que precisamente pretende disminuir el gasto público reduciendo servicios y cerrando plazas a la fuerza, el anhelo neoliberal de achicar un Estado que curiosamente está por debajo del promedio de la OCDE.
La insistencia de los poderosos y sus representantes es que no haya nada que afecte la competitividad internacional del país, por eso existe el escandaloso delito fiscal que incluye exoneraciones que de no existir resolvería drásticamente el problema del déficit.
Sabe usted que en economía no hay una sola solución de los problemas pero por alguna extraña razón lo que parece su “visión” es imponernos a la sociedad el recrudecimiento de un sistema fiscal en el cual los ricos pagan como pobres y los pobres como ricos.
Lo decente y honorable es que quien obtiene más recursos pague más, pero eso es mala palabra en el lenguaje de los poderosos, incluso llegan a ridículos injustificables como oponerse a la factura electrónica, al control de pasajeros en los autobuses, a mejorar la recaudación, lucha ferozmente por buscar portillos en la legislación vigente, efectivamente desastrosa para el control, contra el fortalecimiento de personal y modernización del Ministerio de Hacienda, demostrándonos que la tal ética empresarial es puritico discurso hueco.
Este su gobierno y el que sigue prefirió buscar las “fáciles” soluciones que tendrán consecuencias directas en el deterioro del nivel de vida de la población, especialmente los de menos recursos, un ejecutivo que prefirió darnos palo en sus nuevas reglas que también dañarán nuestros ingresos familiares en lugar de buscarnos para construir soluciones conjuntas.
Podríamos coincidir con usted en la preocupación pero su solución “la voló”, quizás comprendamos que su nivel de vida poco se afectará con esta, nosotros que sí dependemos de un salario podemos defendernos de sus iniciativas, es nuestro derecho aunque le parezca extraño a todo el cuerpo ministerial y diputadil.
¡Esa cucharada a la fuerza no la vamos a tomar!
(*)Secretario general, Central General de Trabajo.
