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Etiqueta: déficit fiscal

Costa Rica y el FMI: Los Eslabones Perdidos

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Luis Paulino Vargas Solís.
Economista
Director a.i. CICDE-UNED
Grupo Economía Pluralista

Acuerdo con el FMI… Hay problemas en lo que incluye y, en especial, en cómo lo incluye. Pero el mayor problema está en lo que no incluye, en lo que dejó fuera e ignoró.

¿Por qué desde 2009 la deuda pública ha venido creciendo sostenidamente? Bueno, porque ha habido un déficit fiscal considerable, resultante de una reducción relativa de los ingresos del gobierno, pero, sobre todo, de un incremento considerable de sus gastos corrientes, incluyendo remuneraciones y transferencias. Esa es la respuesta rápida, la usual entre nuestros economistas, pero también es la respuesta fácil y superficial.

Es preciso entonces agregar: la deuda ha crecido también, y principalmente, porque la economía crecía relativamente poco y las tasas de interés sobre la deuda han sido excesivamente altas y, en particular, claramente superiores al propio ritmo de crecimiento de la economía. En esa relación entre tasas de interés sobre la deuda y tasas de crecimiento de la economía está, desde el punto de vista matemático, la clave de la insostenibilidad de la deuda, porque implica un crecimiento automático de ésta por encima del crecimiento de la economía.

Pero en el momento en que entramos a considerar la tasa o ritmo de crecimiento de la economía, volvemos al principio de nuestra historia, ya que si los ingresos del gobierno han tenido un comportamiento insatisfactorio, que agudiza los desequilibrios fiscales, en buena medida es por causa del mediocre dinamismo de la economía. No es difícil entender la razón: una economía dinámica, que crea muchos empleos y pone en marcha un intensificado flujo comercial, con ello mismo genera acrecentados ingresos por concepto de impuestos que desembocan en las arcas públicas.

Pero además acontece que si los gastos los vemos más grandes, es precisamente porque los comparamos con una economía que es más pequeña de lo que debería ser, lo cual, a su vez, es reflejo de su insatisfactorio dinamismo durante más de un decenio. Es decir, también en este caso lo decisivo son las cifras relativas más que las absolutas, o sea, el gasto del gobierno comparado con el tamaño de la economía.

Desde luego, otros factores también inciden. El fraude fiscal, la inequidad del sistema tributario y la baja tasa de tributación son algunos de ellos. De momento omitiré detalles al respecto, pero sí enfatizo: en los tres casos hay sólida evidencia empírica que respalda la hipótesis de que, en efecto, son problemas importantes.

Pero, en fin, y volviendo a lo que más arriba indiqué, la variable atinente al dinamismo de la economía es de decisiva importancia, aun cuando no sea la única que debamos considerar. Y es especialmente importante, si de poner bajo control la deuda se trata.

El caso de Grecia ilustra ese punto con claridad. Se sometió a la población griega a un sacrificio brutal e inhumano, cuyo objetivo era generar un superávit fiscal primario (o sea, un excedente de los gastos sobre los ingresos, sin incluir los pagos por intereses). Lo lograron (a un costo inenarrable), pero ello no impidió que la deuda, expresada como porcentaje del valor de la producción nacional de Grecia (su Producto Interno Bruto, PIB), siguiera subiendo. Hoy es más alta de lo que era al inicio de la crisis, allá por 2009-2010, a causa de que las políticas de recorte y austeridad aplicadas provocaron un pavoroso desplome de la economía. Al año 2019, el PIB de Grecia era un 23% más pequeño de lo que era en 2007. Con la pandemia ese hueco se amplió a casi 30% en 2020. Ello significa que al hacer la división “deuda/PIB”, el denominador de esa razón (el PIB) se contrajo violetamente, elevando en consecuencia la proporción respectiva. La deuda, que representaba un 126,7% del PIB en 2009, alcanzó un 180,9% en 2019. La crisis asociada a la pandemia del Covid-19 ha agravado la situación, llevando la cifra a 205,2% (los datos provienen del World Economic Outlook Database, del Fondo Monetario Internacional, FMI: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October).

Una primera conclusión que se deriva de lo anteriormente planteado tiene que ver con el hecho de que el problema fiscal es mucho más que un asunto de sumas y restas. No se agota, ni mucho menos, en la mera contabilidad de gastos e ingresos del gobierno. Es una cuestión multifacética y compleja, respecto de la cual destaco aquí solamente lo siguiente: entre los equilibrios (o desequilibrios) fiscales y la economía en general, hay una relación de doble vía. Para bien o para mal, ambos se influyen mutuamente.

Ello tiene importancia, a la hora de evaluar los efectos esperables que podrían derivar del acuerdo que el gobierno ha negociado con el FMI, en cuanto éste está formulado en términos tales, que claramente sugieren efectos negativos sobre el desenvolvimiento de la economía de Costa Rica en los próximos años, lo que, en bucle de retroalimentación negativa, impactaría sobre las finanzas públicas.

Recordemos que durante todo el período posterior a 2008, el desempeño general de la economía costarricense tendió a ubicarse por debajo de sus estándares históricos previos. Esa pauta se hizo más clara luego de 2013, y todavía más pronunciada luego de 2018. Con la pandemia del Covid-19, la producción nacional sufrió una significativa contracción (estimada por el Banco Central en un -4,5%), la más severa desde la crisis de 1980-82.

Como ya expliqué más arriba, ese crecimiento económico relativamente mediocre, ha impactado negativamente, y de diversas formas, sobre los desbalances fiscales. Pero aquí se hace necesario agregar algo más: el empleo. Puesto que éste determina el ingreso de las personas y los hogares, asimismo influye sobre su capacidad de consumo y, en último término, sobre su capacidad para generarle ingresos al gobierno mediante el pago de impuestos. El problema -muy serio problema- es que desde 2009 en adelante, este año incluido, la situación del empleo en Costa Rica, es terriblemente insatisfactoria, y se hundió en forma cataclísmica en 2020, bajo el impacto de la pandemia.

Nada en lo negociado con el FMI, ni en las leyes y reformas que le acompañan, toma esto en cuenta. Es decir, no hay políticas en materia de reactivación de la economía y creación de empleos. Son como al modo de eslabones perdidos, y su ausencia puede tener graves consecuencias. A lo sumo se reitera la tesis de la “austeridad expansiva”, frecuente en las disertaciones de Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, la cual se plantea más o menos así: “el programa de recorte fiscal hará bajar las tasas de interés y devolverá la confianza a los empresarios, incentivando la expansión de la producción y el aumento de las contrataciones de personal”.

Esta es una tesis comprobadamente falaz, ampliamente desacreditada. Lo que sí está bien comprobado, es que, todo lo contrario, la austeridad fiscal tiene efectos depresivos sobre la economía. Y el efecto puede ser aún más problemático en una economía que ha sufrido una severa recesión, y que, además, arrastra graves problemas de empleo.

Según lo negociado con el FMI, el ajuste fiscal propuesto, es decir, la reducción esperada del déficit fiscal es por una magnitud de 4,75% como proporción del PIB, en el quinquenio 2021-2025, la mayor parte del cual (cerca de 3,5%) se concretaría en los tres primeros años. Esa es la magnitud total del recorte a la demanda en la economía, que necesariamente implicará menos ventas paras las empresas y menos flujos de comercio. Difícilmente eso incentivaría la confianza empresarial, ni les induciría ampliar su producción y su empleo.

Es un ajuste menos severo que el que, por ejemplo, se le impuso a Grecia, lo que, en principio, haría esperables efectos negativos no tan groseros. Pero esos efectos inevitablemente se sentirán. Con un agravante: se aplican sobre el telón de fondo de una economía que el año pasado tuvo una contracción significativa, y que arrastra horripilantes niveles de desempleo.

Se abre así una perspectiva preocupante: estancamiento económico y alto desempleo por un largo período, lo cual debilitaría las bases económicas indispensables, sin las cuales la sostenibilidad de las finanzas públicas se vuelve muy incierta.

Artículo relacionado: Costa Rica y el FMI: un camino trillado, un fracaso seguro

Compartido con SURCOS por el autor, publicado en su espacio digital:
https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2021/02/normal-0-21-false-false-false-es-cr-x.html?m=1

 

65.000 funcionarios públicos ganan menos de ₡500 mil mensuales

Escrito en . Publicado en Análisis, Trabajo.

Luis Paulino Vargas Solís

La Nación publica un reportaje titulado: “32.000 funcionarios públicos ganan más de ₡2 millones”. Igual pudieron haberlo titulado tal cual yo he titulado este comentario, puesto que ese dato aparece en el mismo reportaje. A lo cual podemos agregar: 107.000 ganan entre ₡500 mil y ₡1 millón.

Vale decir que 172.000 personas que trabajan para el sector público ganan menos de ₡1 millón. De donde igual La Nación pudo haber titulado: “56% de funcionarios públicos ganan menos de ₡1 millón”.

Claro que la nota ofrece datos que deben llamar la atención. Un ejemplo: 107 personas ganan arriba de ₡10 millones.

Sin duda, esos extremos son inaceptables. Entre las reformas que deben hacerse está la de fijación de un límite máximo a los salarios en el sector público, y, asimismo, un límite máximo al múltiplo, para cada institución pública, entre el salario más alto y el más bajo.

Pero, más allá de eso, el titular de La Nación está puesto, con mala intención, para reforzar el odio contra empleados y empleadas públicas y la satanización de lo público. Buscan así justificar ese adefesio contrahecho -el llamado “proyecto de empleo público”- un monstruito que causará mucho más daño que el que presuntamente se quiere corregir.

Pero el problema fundamental tiene que ver con el silencio sobre lo que es esencial: cuando un salario en el sector público excede de ₡2 millones ¿es eso signo inequívoco de abuso o refleja alguna realidad más profunda que deba ser considerada con un mínimo de atención?

La intención de La Nación es plantar la idea de que, sin excepción, son casos de abuso.

En cambio, un enfoque riguroso y no prejuiciado, reconocería la importancia de conocer los niveles de calificación profesional de las personas y el nivel de conocimiento especializado que sus labores demandan. Al fin y al cabo, ser intensivista en las salas de UCI de un hospital público, es una tarea que plantea demandas excepcionalmente exigentes. Pero, y perdone usted el ejemplo, no es cualquiera el que puede conducir una clase para analizar y discutir a fondo una obra tan rica y compleja, y tan fundamental para la historia del último siglo, como la Teoría General de Keynes.

Son sutilezas. Pero sutilezas absolutamente fundamentales. Ocultarlas, como lo hace La Nación, es el camino retorcido que alimenta el odio.

Los (¿escandalosos?) salarios del sector público

Escrito en . Publicado en Análisis, Trabajo.

Óscar Madrigal

La Nación ha hecho montones de estudios y análisis sobre el empleo público para querer demostrar que los problemas del país se deben a los trabajadores y trabajadoras del sector público. Hoy publica un nuevo análisis que lógicamente manipula, pero que indica lo siguiente:

1-. El 90% de los empleados de todo el sector público (poderes del Estado, instituciones autónomas, universidades, sea de todas las instituciones) reciben un salario menor a 2 millones de colones.

El 33% tienen un sueldo entre 1 millón y 2 millones.

El 35% entre ¢500.000 y un millón.

El 21% ganan menos de ¢500.000. Dentro de este grupo se encuentran un grupo importante de profesores universitarios que no tienen jornada completa.

Observen que el 56% -más de la mitad- de los trabajadores públicos ganan MENOS de un millón de colones al mes.

¿Son estos salarios de lujo?

2-. Los que ganan más de 2 millones (el 10%) trabajan principalmente en:

43% en la Caja. Son principalmente médicos especialistas.

12% en la Corte. Principalmente jueces.

6% cada uno en UCR, ICE y MEP.

Como se aprecia son profesionales muy importantes, médicos, catedráticos, jueces, técnicos especializados, que han dado una gran contribución al desarrollo económico-social del país.

¿Les rebajarán el salario como pretenden algunos?

3-. Ahora bien, sí hay que señalar que 107 empleados reciben más de 10 millones de sueldo al mes, que son a los que siempre recurre La Nación para denigrar a los trabajadores públicos. Habrá que analizar quiénes son, porque siempre se citan algunos médicos especialistas a los que les obliga la Caja a hacer guardias y estar en disponibilidad; hay que ver cómo la Caja logra reducir esas remuneraciones con la contratación o formación de más especialistas.

Sin embargo, llama la atención que uno de esos 100 funcionarios de más de 10 millones de salario mensual sea el señor Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, que un día sí y otro también claman por la austeridad y otro sea el embajador en Japón.

Por otra parte resulta claro que no es posible comparar instituciones o poderes del Estado ya que la realidad de cada uno es muy distinta: en el Poder Judicial y en las universidades predominan los profesionales mientras que en otras instituciones no.

Si alguno quiere comparar el sector público con el sector privado, deberá hacerlo por categorías de puestos. En el sector público, el 21% gana menos de ¢500 mil colones, sea los oficinistas, encargados de mantenimiento, etc.

La Nación echa por tierra lo que se ha venido diciendo desde hace muchos años, que los salarios de los empleados públicos son privilegiados. La realidad es otra como la reflejan los números: 56% de los trabajadores públicos, más de la mitad, reciben un salario menor a 1 millón de colones.

Una vez más queda claro, hasta con los estudios de La Nación, que los trabajadores no son los culpables del déficit fiscal ni de los problemas de las finanzas públicas y que el proyecto de empleo público no es más que una medida para congelar los salarios de los trabajadores y trabajadoras.

El congelamiento de las pensiones: una nueva fantasía fiscal que genera un ahorro pírrico y regresivo

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Francisco Esquivel V. Enero, 2021*

Las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional han recibido varios ataques en los últimos años. Tales acciones han buscado recortar el monto de las pensiones con el supuesto fin de colaborar a la reducción del déficit fiscal. La herramienta para lograr tales recortes han sido las modificaciones a las tablas de cotización que deben pagar estos pensionados. Esa cotización sólo se aplica a las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional y al Régimen de Pensiones del Poder Judicial. La modificación más reciente se produjo en noviembre de 2019 con la aprobación de la Ley 9796.

Al respecto se ha demostrado que estos recortes no afectan sustancialmente a las pensiones más altas, sino que su efecto se limita a reducir de manera violenta las pensiones intermedias que se oscilan entre 2 y 4 millones de colones. Esto produce un efecto regresivo en las pensiones que superan los 2 millones: pagan más los jubilados que tienen pensiones menores a 4 millones, mientras que las pensiones mayores se afectan de manera más reducida porque existe un blindaje, justificado, que impide que el total de las cotizaciones sobre una pensión sea superior al 50% del monto bruto de la misma. El autor de este documento ha hecho un análisis detallado de la aberración producida por la ley 9796 (https://www.franciscoesquivel.com/notas-y-comentarios/2020/5/22/53ly73hxxv0rgbh0fgmnb9dtclzuql).

Además, los montos recaudados por estas reformas sobre las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional no son significativos. Por ejemplo, la recaudación que logra la ley 9796 no pasa del 2% del total de las pensiones pagadas en el caso del Régimen de Reparto del Magisterio Nacional (RTR), que es el régimen más grande de los mencionados. Es decir, son montos mínimos que no ayudan a una solidez financiera de estas pensiones. En el caso del RTR la verdadera causa del déficit de ese régimen son los incumplimientos del Gobierno, desde la creación del sistema en 1958. A lo largo de 63 años, el Gobierno no ha aportado la contribución que debe hacer por ley, lo que se agrava por el hecho de que las cuotas aportadas por los docentes han sido usadas para otras cosas diferentes al sistema de pensiones.

De esta manera, la política fiscal golpea las pensiones sin producir un ahorro significativo; pero, mantiene la protección de los grupos con ingresos altos. Las reformas a las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional generan apenas milésimas del PIB. Sin embargo, no se hace nada importante para lograr una recaudación correcta del IVA y del impuesto sobre la renta, que generarían al menos 6% del PIB adicional, si se atendiera el problema del no pago en esos impuestos. Hay una política fiscal que tiene una opción preferencial por los ingresos altos.

En este contexto, no satisfecha la política fiscal de los últimos años con el ataque a las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, aparece con una nueva ocurrencia: el congelamiento de los montos brutos de las pensiones. Como la regla fiscal, aprobada a fines de 2018, contempla el congelamiento de los salarios de los empleados públicos, cuando el nivel de la deuda del Gobierno Central pasa del 60% del Producto Interno Bruto (PIB), ahora se quiere aplicar lo mismo para las pensiones mencionadas. Se trata de una extensión de la regla fiscal, que no está contenida en lo aprobado en 2018.

En este documento demostraremos que los cálculos publicados no reflejan la verdadera capacidad recaudadora del congelamiento de las pensiones. La explicación reside en que se han efectuado cálculos con el monto bruto de las pensiones. Pero, si se consideran las diferentes deducciones a que están sujetas las pensiones, se observará que hay una pérdida de recaudación “indirecta” en las cotizaciones que se hacen a estos regímenes de pensiones, en el impuesto sobre la renta, en el pago de las cuotas al seguro de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y en otras deducciones similares. Es decir, si se observa el efecto total del congelamiento en la pensión neta, se darán cuenta que calcular el ahorro considerando sólo la pensión bruta es un ejercicio fantasioso que está totalmente desligado de la realidad. Además, el ahorro generado es un monto muy reducido si se compara con el PIB.

Asimismo, mostraremos que ese congelamiento de las pensiones produce un efecto regresivo, perjudicando a las pensiones más bajas. Las pensiones menores a 1,5 millones sufrirán una disminución importante, principalmente si la inflación es relativamente alta como 5% ó 10%.

Este efecto, unido al hecho de que las pensiones bajas son la mayor parte de las jubilaciones afectadas por el congelamiento, hace que la mayor parte del ahorro recaiga sobre tales pensiones. Otra aberración producida por el fanatismo fiscal de los últimos 33 meses, que descarga el costo del ajuste fiscal sobre los segmentos más pobres de la población.

Descargue el documento en formato PDF para ver todo el análisis con los gráficos y un cuadro aportados por el autor.

CongelamientoPensionesDescarga

* Documento compartido por Freddy Pacheco León.

El proyecto de empleo público

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Óscar Madrigal

El proyecto de Empleo Público obedece a una concepción ideológica absolutamente neoliberal que se orienta no solo directamente contra los empleados públicos, sino contra el Estado de Bienestar. Es en consecuencia un proyecto ideológico impulsado especialmente por el Partido Liberación Nacional, el PUSC, el PAC, los ramashekos en sus dos variantes y algunos independientes. Según el presidente Alvarado, hay que vacunar a los diputados para que continúen su trabajo, sea de desmantelamiento de nuestro Estado de Bienestar.

Lo primero que se debe aclarar es que su fin no es fiscalista, no busca resolver el problema de las finanzas nacionales porque, como lo ha dicho hasta Rocío Aguilar, los empleados públicos no son el problema del déficit. Además, el ahorro que dicen las autoridades de Hacienda que producirá el proyecto, no se debe principalmente a establecer un salario único o global, sino al congelamiento de los salarios de los funcionarios públicos por 12 años. El salario único en la administración va a producir de arranque un aumento de los gastos en salarios, por la sencilla razón que un trabajador que empieza a trabajar va a devengar un salario muy superior a otro que empezaría con salario base más pluses. Será hasta dentro de 15 años que un salario base con pluses se igualaría al salario único. Pero en ese entonces, el gasto de las finanzas ya habrá tenido que haberse equilibrado. El ahorro que se producirá proviene de la congelación salarial impuesta por más de una década a los trabajadores, pero no por el cambio del sistema de pago. Congelar salarios, lógicamente, si producirá el ahorro planteado.

El proyecto crea trabajadores con salarios más altos que otros con funciones iguales. Más de 25.000 trabajadores con salario compuesto, recibirán un salario bastante menor que los trabajadores con salario único, haciendo las mismas funciones. Algunos tendrían un salario de ¢200.000 menos por mes. Este asunto no solo refleja la injusticia del proyecto sino lo que cualquiera entiende, que con el salario único en los primeros 10 o 15 años el gasto salarial del Estado será mayor.

Por otra parte, el proyecto propone eliminar las convenciones colectivas en la práctica, porque solo las limitarán a asuntos menores, dejando de lado la reivindicación principal de todo trabajador, la negociación salarial.

El proyecto propone eliminar el consejo salarial del sector público con participación sindical que se encarga de negociar los aumentos salariales por costo de vida, para dejarlo en manos de grupos indefinidos.

Además, se propone que se pueda hacer una reorganización de una institución, sea la posibilidad de disminución de personal o el cierre de departamentos o secciones con menos requisitos y sin los estímulos que actualmente se exigen para llevarla a cabo. Por esta vía se cierran partes importantes de instituciones.

También se propone introducir un sistema de dirección del personal de toda la administración pública, dirigida por el Servicio Civil, cuyo jerarca será nombrado por la Asamblea Legislativa. De esta manera regresamos al estado anterior a la actual Constitución que garantiza que los puestos públicos no son un botín político.

El proyecto de empleo público está enmarcado dentro de las políticas de reforma fiscal, pero va más allá. Es una regresión en derecho democráticos y facilita el desmantelamiento de instituciones del Estado. Por ello este proyecto no solo afecta a los empleados públicos sino a todos sectores sociales.

Y el ataque continúa.

SINAE-AFINES: “Al gobierno le falta claridad y transparencia en las propuestas que harán al FMI”

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte el comunicado del Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE):

Clase trabajadora está ansiosa, molesta y sin esperanza

“Una vez más el Gobierno muestra una falta de claridad y transparencia en las medidas que tomará para enfrentar el déficit fiscal y las propuestas que hará ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) el próximo lunes 11 de enero con el fin de obtener un préstamo por $1.750 millones”, afirma el Presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum), Lenin Hernández Navas.

De acuerdo con el representante de la CTRN la clase trabajadora está ansiosa, molesta y desesperanzada porque, no ve una ruta clara y concreta, de parte del Poder Ejecutivo, para salir adelante de esta crisis económica y social que atraviesa el país.

Unido a la falta de rumbo se suma las contradicciones en su propio equipo de trabajo, como por ejemplo, lo que las Ministras de Planificación y de la Presidencia dijeron a los Jefes de Fracción en una reunión sostenida, el martes 5 de enero, y luego lo que el Ministro de Hacienda Elián Villegas informó, en el sentido, de que no incluirían impuestos a las transacciones financieras, ni contemplaban aumentar el Impuesto del Valor Agregado (IVA) como forma de recaudar nuevos ingresos.

“No es nuestro afán sólo señalar los errores del Gobierno, pero hay cosas, que no podemos callar, y por lo contrario, hay que denunciarlas porque el Poder Ejecutivo muestra una falta de transparencia y contradicción en sus posiciones que genera gran malestar, y falta de seguridad, entre los sectores, en especial, aquellos que la están pasando mal”, informó el representante de los trabajadores Lenin Hernández Navas.

Por otra parte el líder de la CTRN subrayó que las medidas de ajuste sólo se concentran en el recorte al gasto se afectarán programas sociales de niñez y adulto mayor que quedarán sin recursos al igual que la inversión en obra pública, educación y salud.

Agregó que la gran deuda de este Gobierno, es que en tres años, no ha enseñado la ruta de cómo mejorar el tejido productivo del país que es la reconstrucción que el país necesita, en estos momentos, para generar empleo.

El Presidente de la CTRN cuestionó que el Gobierno use ciertos datos estadísticos para mejorar su imagen señalando la leve disminución en la tasa de desempleo que pasó de 526 mil (21,9%) a 517 mil (21.3 %) mil, pero omite que la tasa de ocupación disminuyó significativamente en 7,2% con relación al mismo periodo que el año anterior. Es decir hay 259 mil personas que perdieron su condición de ocupados.

“Esos desocupados son quienes la están pasando mal porque no ingresan al mercado de trabajo y según una encuesta de la Universidad Nacional alrededor de un 50% de los consultados que tiene empleo dedica parte de su ingreso para ayudar a familiares afectados por la emergencia sanitaria y un 17% usa su tarjeta de crédito para hacer frente a gastos básicos como alimentación, transporte, alquiler y pago de servicios públicos”, aseveró el Presidente de la CTRN.

Severo congelamiento y recortes por los próximos 12 años sin un solo aumento por costo de vida

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

SURCOS comparte 

– Empleo público nunca ha sido responsable del déficit fiscal: hay una fijación ideológica y de odio contra la clase trabajadora estatal.

En el informe documento de trabajo para la discusión, emitido por el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), ya en poder de la ANEP, se explica la “estimación de escenarios de empleo público: del salario compuesto al salario global…”; escenarios que plantean hasta 12 años de continuos de una “política salarial” para el empleo público en brutal reversión, al punto de que ni siquiera habría consideraciones de reajuste por costo de vida.

El citado documento se ha preparado para valoración en el seno legislativo, a fin de introducir al expediente legislativo 21.336, Ley marco de empleo público, cambios de último minuto para la propuesta que está el Gobierno por plantearle, en próximas horas, al Fondo Monetario Internacional (FMI); siguiendo la línea ideológica de culpabilizar al empleo público del déficit fiscal, a fin de estrangular el sector estatal al máximo, con brutal empobrecimiento de lo que quede de su población trabajadora asalariada.

ANEP denuncia que, ante el abrumador rechazo popular a la siempre considerada aspiración gubernamental de imponerle impuestos a la población, están pretendiendo que sea el empleo público el principal “gancho” para amarrar el eventual préstamo con el FMI, de 1.750 millones de dólares; poniendo en la pira del ajuste fiscal el futuro de 330 mil familias trabajadoras asalariadas estatales.

ANEP reafirma su rechazo total a ese expediente legislativo Ley marco de empleo público, No. 21.336, completamente inconstitucional y que lleva implícito derogatorias de valores fundamentales de la actual carta magna del país, establecida el 7 de noviembre de 1949; denunciando esta monstruosa propuesta de congelamiento y de reversión salariales hasta por los próximos 12 años.

Seguiremos insistiendo, una y mil veces más, que la solución integral al grave problema fiscal del país pasa, al menos, por lo siguiente: a) reestructuración-reingeniería de la deuda y del abusivo pago de intereses de la misma; b) el conocimiento legislativo del informe de Los papeles de Panamá, emitido en el período parlamentario constitucional anterior al actual; c) establecimiento de un impuesto solidario a las mega-fortunas, como lo han planteado los mismísimos Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial; d) establecimiento de la renta mundial y del impuesto a las zonas francas; e) transformación estructural-institucional del Ministerio de Hacienda; f) una ley especial para regular los salarios en la alta cúpula política tecnocrático-gerencial del Estado, entre otras.

Categóricamente, rechazamos cualquier aumento de impuestos, por mínimo que sea, a las capas medias y a las clases populares de nuestra sociedad; reforzando nuestra posición de que el país no ocupa del FMI para afrontar el desafío actual que presentan las finanzas públicas del país. A la vez, somos del criterio de que dado el nivel de agresión que está sufriendo el pueblo costarricense, apelar a la Democracia de La Calle para su autodefensa, sigue teniendo toda legitimidad.

San José, jueves 10 de diciembre de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

El Diálogo Multisectorial y los Diálogos Regionales, la escasa articulación de dos procesos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

En las últimas semanas dos procesos de diálogo se han realizado en el país, el proceso de diálogo multisectorial y los procesos de diálogo regional, impulsados por la Administración Alvarado.

En el primero se inscribieron 72 organizaciones y participaron 60 de ellas en 12 sesiones de trabajo en las que se discutieron 274 temas y en las que se llegó a acuerdos en 58 temas, pertenecientes a los grandes temas consensuados en el proceso, a saber:

– reactivación económica, generación de empleo decente y combate a la pobreza
– propuestas fiscales de alto consenso
– evasión, elusión y eficiencia de la gestión tributaria
– gestión de la deuda pública
– activos del Estado
– inversión, eficiencia y eficacia del gasto público
– ingresos y exoneraciones

La mesa acordó medidas para reducir el déficit fiscal en una cifra equivalente al 2.2 del PIB (aunque la meta era de 2.5), entre ellas 10 serían medidas permanentes que sumarían alrededor del 2.18 del PIB y varias medidas de tipo temporal (LN.com,23-11-2020). Entre las principales medidas aprobadas están:

 -el proyecto de Hacienda digital
 -la reducción de la deuda política
 -la reforma al sistema de compras públicas SICOP
 -introducir el sistema de renta global
 -el impuesto a los premios de lotería
 -cambio de deuda cara por deuda barata
 -emisión de bonos cero cupón
 -revisión y mejoramiento de la normativa de la SUGEF
 -facilitar el acceso al crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas productoras
 -recorte de 170 mil millones del presupuesto 2022
 -venta de la cartera de créditos de CONAPE
 -aprobación del proyecto PAGAR
 -impulsar una Política Nacional de los Cuidados
 -inventario de bienes del Estado y su traslado a Hacienda(GobiernodelaRepública,21-11-2020)

Estas medidas aprobadas en el diálogo multisectorial y a las que un Consejo Consultivo Económico y Social les dará seguimiento, resultan para algunos sectores insuficientes dada la magnitud de la crisis fiscal que rondaría este año el 9.3 del PIB y una deuda de alrededor del 70% de la producción.

Más allá de esa valoración, interesa establecer los vínculos de esas medidas con el desarrollo regional y con los procesos de diálogo regional que se han estado realizando en varias regiones. Aunque en el diálogo multisectorial no se aprobó ninguna medida específica sobre el desarrollo regional, en las distintas sesiones se mencionaron algunas acciones ligadas a la problemática regional como:

 -creación de clúster y encadenamientos (territorial -regional)
 -impulso al empleo rural y costero
 -reducción de la brecha digital en las zonas fronterizas y costeras
 -fortalecer el programa de centros de desarrollo empresarial regionales del INA

Por su parte, en las regiones Chorotega, Huetar Norte, Huetar Atlántica, Brunca y Pacífico Central se han estado efectuando procesos de diálogo coordinados por las Autoridades gubernamentales encargadas de los programas de desarrollo en cada región.

En la región Chorotega se han aprobado propuestas en materia de emprendimientos, diversificación de la economía, tramitología, agro y turismo.

En el Agro se incluyen acciones como agilizar el trámite de apertura de pozos, impulsar la plataforma virtual de comercialización, la simplificación de trámites con el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), y proyecto de agro-innovación 4.0 para fortalecimiento de productores de la Región.

Sobre Turismo resalta la reactivación del Aeropuerto Daniel Oduber, una propuesta de mesa de trabajo para disminuir costos de tiquetes aéreos, así como la presentación de guías turísticas y catálogos de artesanías.

En lo relativo a Emprendimientos se incluyó las capacitaciones y acompañamiento por parte del INA y del MEIC y se realizó un mapeo de programas para acceso a crédito para pequeñas y medianas empresas de diversos sectores de la economía.

Sobre la Diversificación de la economía, se señaló la promoción de acciones del programa Alianza para el Bilingüismo (ABI), así como el fortalecimiento de infraestructura de conectividad en la región, capacitación y nuevas formas de empleo a partir de las tecnologías.

Por último, en tramitología, se incluye la agilización de trámites en SETENA, INVU, AYA y MOPT y el fortalecimiento en la implementación de la Ventanilla Única de Inversión (VUI) en la región. (ElPais.cr,14-11-2020)

El diálogo en la región Huetar Atlántica, coordinado por la Mesa Caribe definió una serie de acciones prioritarias, entre ellas.

En el tema de Logística, la elaboración de una estrategia para la mejora de las principales cadenas de valor del sector logístico y aplicación de un benchmarking internacional, propuesta de proyecto de “Ley de nacionalización de las cargas en puntos de ingreso”, levantamiento de las necesidades de infraestructura y de formación de recurso humano del sector logístico e integrar el clúster logístico al Sistema Nacional de Empleo y la Plataforma de Intermediación Laboral.

En Turismo se mencionó el impulso a un proyecto de reactivación de espacios públicos y embellecimiento del casco central de Limón, el impulso de la Región Caribe como un ícono en gastronomía, mediante la generación de alianzas públicos – privadas, apoyo a las plataformas digitales WAY-Anansy, promovidas por la Federación de Cámaras, desarrollo de una estrategia, en conjunto con el ICT para la visitación tanto de nacionales como de extranjeros y el desarrollo de un proyecto de formación para el empleo, mediante una alianza con PANIAMOR-CCITUL y la Federación de Cámaras.

Sobre Agroindustria, se propuso la identificación y desarrollo de las cuatro cadenas de valor: Cacao, Frutas, Raíces y Tubérculos, y Productos Pecuarios, el apoyo de una plataforma tecnológica para mercadeo agropecuario en la región y el país (eHarvestHub y NAJU), la asistencia técnica y soporte tecnológico agrícola en la región mediante proyectos coordinados (proyecto Fundación Walmart), la coordinación público-privada para inversión y operación de proyectos en el sector agropecuario y la reactivación de la inversión ya establecida en la región para la generación de empleo, desarrollo económico y agroindustria.(ElPais.cr,12-11-2020)

En los diálogos de las regiones Huetar Norte, Brunca y Pacífico Central, lideradas por la Vicepresidenta Epsy Campbell, la Ministra de Economía y el Presidente Ejecutivo del INCOP respectivamente, los clamores de la población son por la mejora en la infraestructura pública, acceso a financiamiento, el rescate de la actividad turística, una de las más golpeadas por la pandemia del COVID-19 y la situación del agro, sin olvidar la principal preocupación de todas las regiones por la falta de empleo y por la pobreza de las familias.

No obstante los aspectos discutidos en los diálogos regionales, no abordaron directamente los grandes temas de la crisis fiscal, de la deuda pública, de la reactivación económica, de la gestión tributaria, del gasto público y de las necesidades de inversión, es decir los temas estructurales que son el contexto macro de las demandas regionales.

En ese sentido, podría reconocerse una escasa articulación entre los procesos de diálogo nacional multisectorial y los diálogos regionales, en donde el primero pone el énfasis en medidas globales de política fiscal, económica, social e institucional, con poca incorporación de acciones dirigidas al desarrollo de las regiones periféricas o de promoción de un desarrollo nacional más equitativo entre las actividades de la Gran Área Metropolitana (GAM) y dichas regiones.

Acierta plenamente el reciente Informe del Estado de la Nación cuando señala que la red productiva nacional es altamente dependiente de la región Central-GAM y del sector comercio y transporte, y que urge atender la desconexión entre ésta y las regiones fuera de aquella zona, (así como) fortalecer las interacciones para fomentar la actividad económica en ambos casos. (PEN2020, p.29).

 

Foto: UCR

UNPROBANCO: rechazamos propuesta del gobierno sobre imposición de más impuestos

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

SURCOS recibió el siguiente pronunciamiento público del Sindicato UNPROBANCO

  • Pronunciamiento público: rechazamos la propuesta del gobierno de la imposición de más impuestos que golpean la calidad de vida de nuestras familias
  • ¡No les basta con tener los salarios y las pensiones congeladas, ahora el gobierno propone subir el IVA a la canasta básica, educación y salud privada!

Tal y como lo informan este 19 de noviembre los diferentes medios, el presidente Carlos Alvarado y el Ministro de Hacienda, Elian Villegas, propusieron ante los 62 sectores que participan en la mesa de diálogo convocada por el Gobierno subir el IVA a la canasta básica tributaria (cnt) del 1% actual a un 13%, así como gravar con la misma tasa del 13% los servicios de educación y salud privados, al igual que los seguros.

El Ministerio de Hacienda calculó que la propuesta generaría ¢400.000 millones más por año, lo anterior para buscar una reducción permanente de un 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en el desbalance entre los gastos y los ingresos del gobierno, lo que equivale a unos ¢887.000 millones. https://cambiopolitico.com/gobierno-propone-subir-iva-a-canasta-basica-educacion-y-salud-privadas/143354/

En un escenario en el que nos han impuesto el congelamiento de salarios, se experimenta la subida de precios de los bienes y servicios, en que si no pagamos servicios médicos privados dado que el derecho a la salud con criterios de oportunidad en razón de las citas médicas a largo plazo convierten el sagrado derecho a la vida en una simple expectativa de derecho que está escrito en un papel sin valor.

En otras palabras, se prepara una nueva agresión a la estabilidad de nuestras familias. No le basta a este Gobierno el amplio rechazo popular que se generó a partir del 30 de setiembre pasado, en donde fuimos testigos de una brutal represión policial en contra de comunidades indefensas, agresión a viviendas con lanzamiento indiscriminado de gases lacrimógenas con afectación a las familias, entre ellas afiliados a UNPROBANCO, agresiones inauditas a los comunicadores sociales para silenciar la libertad de expresión.

Desde el sindicato UNPROBANCO, rechazamos esta nueva agresión familiar que se anuncia con bombos y platillos.

Es una vergüenza que en plena crisis fiscal, y exigencia de más impuestos para los que siempre los pagamos, se utilicen miles de millones de colones en compra de más armas y gases lacrimógenos para acrecentar la represión, mientras el hambre, el desempleo y la pobreza inundan Costa Rica.

https://www.diarioextra.com/noticia/detalle/434029/avalan-pagar-4-000-mills-por-armas-a-yerno-de-desanti

https://www.diarioextra.com/noticia/detalle/431241/encargan-178-mills-en-gases-para-repeler-ataques-

Los trabajadores y nuestras familias, no hemos participado en el despilfarro de cerca de $40 mil millones de una deuda que los desgobiernos han devorado en corrupción reseñada por la prensa, privilegios de las cúpulas políticas empresariales y robo de impuestos que termina cubriéndose en el llamado déficit fiscal con más impuestos y con más deuda.

Los trabajadores y nuestras familias sí hemos pagado los impuestos que exige la Constitución Política.

¡Exigimos justicia tributaria ya!
¡Que el rico pague como rico y el pobre como pobre!
Costa Rica no se vende, se defiende.
¡Convocamos a toda la familia trabajadora a luchar por sus derechos!
¡Los únicos derrotados son los que dejan de luchar!

Junta Directiva Sindicato UNPROBANCO
ING. Carlos Vega
Secretario General

Falacias mineras

Escrito en . Publicado en Análisis, Madre Tierra.

Jorge Lobo Segura

  1. La minería será una fuente de riqueza para el país, lo que necesitamos para salir de la crisis económica, porque dará recursos al estado y generará empleo.

Si esto fuera cierto, los países mineros de América Latina serían los que ofrecen mejores condiciones de vida para sus pueblos, pero ocurre exactamente lo contrario. Minería y pobreza de los pueblos van juntas en México, Brasil, Chile, Perú, Venezuela, Colombia, Nicaragua… y otros más. Además, nadie va a extraer el oro gratuitamente, las empresas mineras extranjeras o nacionales se quedarán con la mayor parte, y dejarán los daños ambientales para ser pagados por todos los costarricenses. Generan pocos empleos mal pagados y se van en pocos años.

  1. La minería puede ser ecológica y sostenible.

Aquí hay que distinguir los diferentes tipos de minería que existen. La más grande y destructiva es la minería a cielo abierto con lixiviación de metales, que destruye grandes áreas de suelo y bosques para convertirlos en desechos mineros contaminantes. A esta no hay manera de travestirla, requiere de la destrucción para ser económicamente rentable. Requiere del uso en grandes volúmenes de sustancias químicas peligrosas como el cianuro y genera una cadena de impactos ambientales. Infinito Gold quiso mostrarse ecológica prometiendo la siembra de plantaciones forestales a cambio de la destrucción de bosque. Bosques naturales y plantaciones forestales no son comparables ni canjeables.

La minería pequeña, realizada por coligalleros o por pequeños emprendimientos en túneles, tiene el gran problema de que puede volverse masiva y emplear sustancias todavía más peligrosas como el mercurio. Pero podría ser encausada hacia formas más controladas sin químicos peligrosos, aunque necesita un gran esfuerzo por parte del estado.

  1. En Costa Rica existe oro suficiente para pagar el déficit fiscal, financiar pensiones y cubrir las deudas del estado costarricense.

Estos cálculos se hacen sin siquiera saber con precisión cuánto oro hay realmente, porque no se ha realizado los estudios requeridos para eso. Lo que se sabe es por donde están los yacimientos, lo que se deduce por los estudios geológicos más generales. Y de lo que sabemos el oro se encuentra principalmente en parques nacionales, reservas forestales, reservas indígenas, corredores biológicos. En las regiones con más bosque, más recurso hídrico y ambientalmente más sensibles de la geografía costarricense. Evidentemente, para sacar aunque sea parte de ese oro, tendríamos que renunciar a la conservación de la naturaleza en nuestro país.

  1. Es mejor la a minería legal industrial, ordenada y dejando empleos e impuestos, que una situación desastrosa como la que se vivió en Crucitas con la invasión de mineros.

En América Latina la minería legal e ilegal van juntas, de la mano. Ambas actividades son muy perjudiciales para el ambiente, y la experiencia histórica en Centroamérica, México y América del Sur es que el desarrollo de proyectos mineros legales, usando maquinaria y técnicas más sofisticadas, no inhibe la invasión de mineros ilegales a regiones con yacimientos. Más bien la fomenta, la estimula. Minería legal y minería ilegal conviven lado a lado en Perú, Brasil, México, Panamá, Colombia, Chile, África y el Sudeste Asiático. Los proyectos de exploración minera realizados por compañías descubren la posición de yacimientos, que después son invadidos por oreros, como ocurrió en Crucitas. La minería genera una «cultura minera», personas que conocen el oficio y lo practican por costumbre y necesidad, como ocurre en Nicaragua. Finalmente, la minería industrial deja minas abandonadas que todavía tienen restos de minerales que son explotados ilegalmente, como ha ocurrido en minas abandonadas en Sudáfrica. En fin, son muchos ejemplos de que esta ecuación no funciona.

#NOalaMinería