La clase gobernante de Costa Rica, jugando fútbol con una bomba de tiempo.
No hay que caer en las estratagemas de la clase gobernante. A saber; que a Costa Rica no le queda más remedio que “vender la finca de los abuelos”, o “empeñar las alhajas de mamá”, porque ya no hay más a qué echar mano.
No nos comamos ese cuento.
El pueblo de Costa Rica no es culpable de este descalabro fiscal.
Los culpables son la clase gobernante y la burguesía que vive de la explotación.
Costa Rica es un país con grandes recursos. Lo que sucede es que los que tienen que pagar impuestos los evaden y el gobierno los alcahuetea. Además, les perdonan deudas millonarias.
El déficit fiscal del país es igual a la evasión y la efusión fiscal. Y esa riqueza que ellos se dejan es producida por los trabajadores que son los únicos que producen riqueza.
Pero ¿qué se puede esperar de los gobiernos de derecha, empeñados a quebrar las instituciones y no tocar a los millonarios?
Toda América Latina sufre de ese cáncer llamado neoliberalismo, o capitalismo neoliberal, donde los gobiernos están a merced de la agenda que le dicten las gigantescas empresas multinacionales (del norte), las corporaciones transnacionales y del Banco Mundial.
Los gobiernos neoliberales siempre van a desprestigiar y quebrar su patrimonio nacional y sus activos, para privatizarlos y venderlos a precios ridículos. Una vez que el país pierde “hacha, calabazo y miel”, no le queda otra que humillarse y volver a firmarle OTRO PAGARÉ a los poderosos prestamistas Mister Banco Mundial y su hermano Mister Fondo Monetario Internacional – los dos igualmente usureros hasta más no haber. Y así la deuda externa sigue aumentando y se convierte en un problema de nunca acabar.
Lo bueno es que, poco a poco, toda la América Latina está abriendo los ojos y eligiendo gobiernos con el corazón en el lado del pecho donde el corazón siempre debería estar, que prefieren la justicia y el bienestar social de sus pueblos.
Solo la clase obrera costarricense sigue creyéndose ese cuento de hadas, de que los ticos “somos otro nivel”, social, económica y políticamente. Y por eso continúa eligiendo los mismos amos… con diferentes nombres y colores, pero que al final son los mismos ladrones.
* Trabajador Social, Gestor de Desarrollo Comunitario. Defensor de los Derechos de las y los refugiados. Expastor Bautista.
MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval Académico Universitario, Ex Integrante Comisión de Vinculación con los Sectores Productivos y, Comisión de Trabajos Finales de Graduación COEX, AA Sede Central UTN www.utn.ac.cr Ex Funcionario Banco Mundial IFC Sede Ecuador y, América Latina, Escritor, Científico Social
La Dirección de Planificación Universitaria www.utn.ac.cr ha elaborado dos valiosos documentos: el PIDE 2018-2021 y, el PIDE 2022-2026. El primero se prospectó para 10 años. El segundo para 4 años. Tenemos algunas apreciaciones generales.
SOBRE EL PLAN INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 2011-2021
Este documento PIDE 2018-2021 formó parte de uno más amplio denominado Plan Institucional de Desarrollo Estratégico 2011-2021. En su contenido, resaltaba el papel esencial de las universidades como núcleos de gestión del conocimiento (la producción, la construcción, la generación, la organización y la transmisión) al más alto nivel. La idea central: “construir una Universidad Inteligente que responda a las demandas del entorno.”
“La Universidad Inteligente, podemos entenderla de acuerdo con lo que explica Carolina Thachuk como: “(…) un ecosistema académico con una visión integral y sistémica de la institución, donde todas las áreas y agentes se vinculan de manera sinérgica y coordinada, a través de tecnología y medios digitales, abarcando dimensiones de desarrollo educativo, investigativo, económico, sustentable, cultural, y político de la vida universitaria con la finalidad de alcanzar una gestión eficiente (inteligente), de valor y de calidad”.
Construir en el corto plazo una Universidad Inteligente es nuestro primer desafío y reto.
Hay datos interesantes. La matrícula, entre los años 2011-2016, mantuvo su tendencia al incremento. Llegando a un 66% su tasa de crecimiento. La Sede con mayor matrícula fue la Central (Alajuela, Villa Bonita) (48%), seguida por Sede Pacífico (16%), Sede San Carlos (13%), Sede Guanacaste (12%), Sede Atenas (9%) y el CFPTE con un (2%).
En cuanto a los datos matrícula por los CURSOS LIBRES 2011: 13.650 y para el 2016: 10.548. En 5 años se ha dado una caída por CURSOS LIBRES de menos de 3.102 (matriculados). Algo está pasando con la oferta de CURSOS LIBRES de VEAS y DEAS en todas las Sedes Regionales que viene desde el 2011. Esto es un problema estructural por el lado de la oferta.
Referido a la composición de la población estudiantil para esos años fue un 55%mujeres y 45%hombres. El 77% de los estudiantes tienen entre 17 y 25años. El 24% tiene beca otorgada por la UTN, donde el 50% de los hogares tienen ingresos máximos de ¢303.000 mensuales.
SOBRE EL PLAN INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 2022– 2026
Resaltamos algunos datos. Para el 2021, las carreras con mayor población matriculada, según área de conocimiento fueron Contabilidad y Finanzas con un 9,8%, la cual corresponde a las Administrativas Ciencias, seguida de Inglés como Segunda Lengua9.7% de Artes y Humanidades, Tecnologías Informáticas con un 8,4% (Tecnología), Electrónica con un 4,1%(Ingeniería) y Asistencia Veterinaria con un 2,1% (Ciencias Agropecuarias).
Las Carreras STEM, para el año 2021, solo representan por matricula el 12.5%.Siguen siendo bajas en: Mecatrónica, Ingeniería Energética Manejo de Recursos Energéticos, Ingeniería en Producción Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en Procesos y Calidad.
La elección y decisión por el lado de la demanda de nuestros estudiantes es para el Diplomado y, Bachillerato en Contabilidad y Finanzas. Asimismo, la Licenciatura en Contaduría Pública. Esta carrera se oferta en la Sede Central, Atenas, San Carlos y Pacífico. Como también, para la Carrera de Inglés como Lengua Extranjera a nivel de Diplomado y Bachillerato -aún no hay Licenciatura- que se oferta en Guanacaste, San Carlos, Pacifico y Central. Estas dos carreras, son las que siguen reinando en la elección de los estudiantes: COFI e ILE.
El comportamiento de la matrícula de la Universidad entre 2011-2021 ha mantenido una tendencia al incremento, pasando de 6.055 a 16.498 estudiantes, la tasa de crecimiento de la matrícula en dicho período es de un 172%. Además, para el 2021, la Sede con mayor matrícula es la Central, la cual representa el (44,48%) de la totalidad, seguida por la Sede del Pacífico (16,55%), Sede de Guanacaste (12,72%), Sede de San Carlos (12,20%), Sede de Atenas (10,29%) y el CFPTE con un 3,76%. A la fecha el 66,3% de la población estudiantil tiene entre 18 y 22 años. El 94,6% de la población de nuevo ingreso matriculada procede de una institución pública, el 4% de una privada, el 1% de subvencionada y el 0,4% de una extranjera.
Las razones no están claras sobre el incremento estudiantil durante esos años (2011-2021) de 6.055 mil a 16.498 mil, un 172%. Pero, hay supuestos que pueden ser usadas para tratar de explicar ese incremento: “(…) la falta de empleo incentivó a los que no laboran a estudiar y prepararse mejor para el mercado laboral. Las facilidades que ofrece el mundo virtual que rompió en tiempos de pandemia los horarios. (…) Por ejemplo, en tiempos de pandemia la UNED y UCR aumentaron su matrícula, los entornos virtuales fueron la causa.” Así también, el precio de matrícula, costo del crédito o aranceles bajos en UTN y, el sistema de becas.
Sin embargo, el incremento –172%-, solo puede ser analizado como un aumento de la demanda del servicio educativo. En el caso de www.utn.ac.cr, ese aumento no ha sido por: Número de docentes galardonados nacional o internacionalmente. Número de investigadores docentes altamente citados. Numero de artículos publicados por los docentes en las revistas científicas. Numero de trabajos académicos registrados, o por producción per cápita docente-.
El aumento de la demanda por parte de las economías domésticas (familias) ha sido por factores determinantes tales como: El precio bajo del arancel universitario. La renta baja de la familia. Tendencias o preferencias de mercado. La composición y el tamaño de la población – familiar-. Las expectativas. La opción por la educación pública. El sistema de becas y subsidios estudiantiles. La geografía. La no aplicación de examen de admisión, entre otros.
ANALISIS FODA PIDE 2018 – PIDE 2022
Al comparar el ANALISIS FODA 2018 – 2021 con 2022-2026, nos interesa enfocar en las DEBILIDADES como las AMENAZAS que se ciernen para la UTN. No tomamos en cuenta para el análisis las FORTALEZAS ni las OPORTUNIDADES. Será tema de otro ensayo.
Hay DEBILIDADES. Y, son internas
Del 2011 al 2022, persiste la asimetría del crecimiento de las Sedes Regionales. Lo que significa que todas las Sedes están avanzando menos rápido unas de otras. Ello es consecuencia de los marcos normativos, exceso de trámites, y la gestión pública institucional. No hay gestión integral. Hay ausencia de un Sistema Integrado Institucional de Información (SIII), guiado por sistemas de software, que no permite satisfacer las necesidades de procesamiento de información que está afectando la estrategia global de la Universidad.
El “Modelo Administrativo Desconcentrado” en cada Sede Regional no está operando de manera esperada y los enfoques administrativos asfixian el desarrollo de lo sustantivo, la ACADEMIA e INVESTIGACION. Hay que virar el modelo administrativista para generar el MODELO ACADEMICISTA E INVESTIGATIVO UNIVERSITARIO.
Un desafío y reto urgente es eliminar el “Modelo administrativo con desconcentración en grado máximo” contemplado en el Reglamento General de Organización de Sedes de la Universidad Técnica Nacional no solo su naturaleza, funciones y estructura que en cada Sede está dirigida por una Asamblea de Sede, un Consejo de Sede y un Decano. Esta estructura orgánica actual de la Sede es burocrática administrativa en su gasto público no agrega valor en su resultado final y es excesiva en departamentos que asfixian las Unidades Académicas. Nos referimos a que cada Decano cuenta en su Sede con las áreas de: I. Docencia II. Extensión y Acción Social III. Investigación y Transferencia. IV. Vida Estudiantil. V. Gestión Administrativa. VI. Producción y Gestión Empresarial. Mas la dependencia de Mercadeo y Comunicación. Un ejemplo para análisis. La Sede Central de la UTN tiene las siguientes Direcciones (2022):
Cuadro No 1
Direcciones Sede Central UTN (2022)
Sede Central
Decano de Sede
1
Director de Docencia
1
Director de Extensión y Acción Social
1
Director de Investigación y Transferencia
1
Director de Vida Estudiantil
1
Director de Gestión Administrativa
1
Director de Producción y Gestión Empresarial
1
Director de Mercadeo y Comunicación
1
Total
8
Fuente: Elaboración propia.
El cuadro se repite para Sede del Pacifico, Sede Guanacaste, Sede San Carlos, Sede Atenas y el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa. Para un total de: ¡48 direcciones!
La eliminación de estos órganos desconcentrados en grado máximo – Sedes y sus Decanatos- permitirá poner fin a estos feudos dentro de la UTN – que no agregan valor- y que se convirtieron en fines en sí mismos que han afectado la competitividad y, han creado mayor incertidumbre en la gobernanza universitaria. La figura de un Director Ejecutivo, permitirá que las distintas regiones universitarias creadas reporten directamente al RECTOR. Esto hará más eficiente la gestión universitaria y ahorrará recursos públicos. La reorganización le devolverá a la Rectoría de la UTN la capacidad de tomar decisiones y. empoderar a las distintas Direcciones de Carreras – Unidades Académicas – que bien pueden ser transformadas en Escuelas. Así, el nuevo cargo Director Ejecutivo trabajaría directamente con los Directores de Carrera o Escuelas.
Otro de los desafíos y retos -dada la debilidad orgánica- será trabajar con único CONSEJO UNIVERSITARIO AMPLIADO– dado que se eliminan Asambleas de Sedes y, Consejos de Sedes-. Se aumentaría el número de participantes en el Consejo Universitario según estamentos-estudiantes, administrativos, docentes, sectores productivos, representantes gubernamentales por ejemplo MEP, MICIT, -. Quedando el Rector, Vicerrectores, los nuevos Directores Ejecutivos según Regiones sin puesto en el Consejo Universitario para evitar no solo el tráfico de influencia sino también ser juez y parte en las decisiones universitarias. El Consejo Universitario como la Asamblea Universitaria serían los órganos de máxima decisión de la UTN.
Con la eliminación de estos órganos desconcentrados- Asambleas de Sede y Consejos de Sedes y, el nuevo rol del Director Ejecutivo-, también podemos fusionar carreras por afinidad, por ejemplo, Comercio Exterior, Administración Aduanera y Logística Internacional puede ser una (1) Escuela. Lo anterior, junto con el voto directo para el personal docente (Interino o en Propiedad) generará mayor participación, innovación, creatividad y nuevas formas de enfrentar los desafíos y, retos de corto plazo en la UTN y en cada una de las Escuelas. Son ejemplos, de debilidades que tenemos el desafío y, reto de cambiar en el corto plazo.
Otras debilidades tienen que ver con la desarticulación de la organización dado que no hay integración entre las áreas sustantivas ni los procesos organizacionales. Así, al no existir un Sistema de Gestión de la Calidad Certificado Internacional ISO 9001, ISO 14001 o SA 8000 Responsabilidad Social no se cuenta en la universidad con los principios de la gestión de la calidad que son: enfoque al cliente, liderazgo, compromiso de las personas, enfoque a procesos, mejoras continuas, toma de decisiones basada en la evidencia y gestión de las relaciones. Y SINAES, -un gasto público que debería eliminarse-, dado que no generará un Sistema de Gestión de Calidad en la organización.
Adicionalmente, el Modelo de Evaluación Institucional no está operando de manera deseada.
Referidos al personal docente al tener condición de interinos no solo resta participación en procesos de toma de decisiones sino también no goza de régimen de carrera docente ni cuenta con Reglamento Académico. Por ejemplo, tenemos docentes a cuartos o medios tiempos dado que la mayoría labora en otras instituciones y “la docencia sin tiempo completo no produce investigaciones ni publicaciones científicas” solo es una segunda o tercera opción de salario que no agrega valor a la organización. Adicionalmente, todos los contratos docentes se encuentran a plazo fijo porque si pasan a plazo indefinido se adquieren derechos laborales y se ingresa a la democracia directa universitaria. Afectando con ellos, los intereses creados, el nombramiento de Directores únicamente por aquellos docentes que tienen propiedad (3 o 4 docentes). Los interinos no votan y al ser la mayoría no participan de las decisiones organizacionales universitarias dándose con ello un débil compromiso con la academia y la investigación como también actitudes de indiferencia ante la vida universitaria.
La profesionalización y actualización académica y administrativa para buscar personal especializado, labor que debe realizar CFPTE, no se está cumpliendo y este Centro o se cierra o, se rediseña en su misión, visión y objetivos estratégicos para adecuarlo a las nuevas realidades de la Revolución 4.0 o 5.0 o el Metaverso. A la fecha este Centro- que por matricula solo significa un 3,76% del total-. solo es un apéndice de la Vicerrectoría de Docencia sin una hoja de ruta estratégica trazada…
El plurilingüismo es una realidad para enfrentar las nuevas fuerzas globales, pero no es prioridad en la agenda del Consejo Universitario ni las actuales Decanaturas. De hecho, tanto docentes, estudiantes como personal administrativo y autoridades universitarias no dominan una segunda lengua.
Las Carreras de Inglés conjuntamente con el Programa de Inglés para el Trabajo (PIT) deben articular esfuerzos y, fortalecerse para liderar el plurilingüismo. El personal docente del PIT como de las Carreras de Inglés deben fortalecerse para entornos presenciales, bimodales y virtuales de aprendizaje dado que el inglés es la segunda opción como carrera de los estudiantes. E impulsar en alianza PIT e inglés la venta de servicios a empresas y régimen municipal – abrir Escuelas de Inglés Municipales y en Zonas Francas, ofertar cursos, asesorías, capacitaciones y, vinculaciones con los sectores productivos para el avance del bilingüismo-, generar recursos frescos para el presupuesto universitario y, coadyuvar a la sostenibilidad financiera institucional.
En la UTN no hay cultura de investigación científica para la I&D y la generación de patentes, (a la fecha no hay normativa para propiedad intelectual y registro de patentes). Ni contamos aun con un Reglamento de Propiedad Intelectual ni alianzas globales e internacionales para fomentarlo. Por ejemplo, convenios internacionales con la NASA, la Agencia Espacial Europea o Administración Espacial Nacional de China. Los Trabajos Finales de Graduación que deben ser guiados por la investigación acción participación y aplicada para solución de problemas de los sectores productivos, pero no se está alineado con dicho mandato. ¡Producimos tesis de grado que dan un título de Licenciatura, pero no soluciones empresariales!
La Academia Universitaria – con excepción de un porcentaje muy bajo- no tiene experiencia internacional dado que no ha ejercido en otras naciones ni contamos con Académicos Ad Honoren -aun cuando podemos usar esa figura- que venga por cuatrimestres a darnos sus sabios consejos científicos para las Carreras STEM y, otras. Nuestra academia viene desde Colegios Universitarios, pasó por fusión y transición a la UTN. Se requiere generar acciones de capacitación estratégica para el personal académico que no se obtendrán en el CFPTE sino en otras instancias en alianza con universidades extranjeras.
A la fecha no contamos ni está operando un Sistema de Estudios de Posgrado y Doctorado Online en alianzas con otras universidades y, no le hemos dado forma desde la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia.
Aunado a ello en la UTN no hay experiencia en el recurso humano para negociar y buscar fondos reembolsables y no reembolsables ante los Organismos Internacionales Financieros sea BID, BCIE, BM, OCDE, ONG, entre otros. Necesarios para la sostenibilidad financiera.
Hay una débil medición del impacto de la gestión institucional en sus diferentes ámbitos de acción. Eso significa que no hay los “indicadores que son una representación cuantitativa, verificable, que permiten registrar, procesar y presentar la información de avance o retroceso en logro de un objetivo determinado.” Y ello impide crear una cultura que mida la “Eficacia: grado en el que se realizan las actividades y se alcanzan los resultados planificados (…). Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados (…). Efectividad: mide el impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles (…).” Sin ello surgen los “insuficientes mecanismos de comunicación y rendición de cuentas a la sociedad”.
La burocracia administrativa genera exceso de trámites, y/o ausencia de procedimientos claros y eficientes para la resolución de procesos y gestiones institucionales. La ACADEMIA como la INVESTIGACION esta asfixiada por lo ADMINISTRATIVO BUROCRÁTICO que no es sustancial a la Universidad. No existe una “una cultura de planeamiento y gestión institucional por proyectos”. Ni una cultura con visión a largo plazo. ¡El corto plazo guiado por la gestión operativa-día al día- nos atrapo! Y, perdimos de vista la gestión de conocimiento y comercial (venta de servicios, negocios vía sociedades públicas comerciales, desarrollos patentes, inventos, alianzas globales, etc.)
El “deficiente proceso sistemático de revisión y actualización curricular,” no es otra cosa que los mismos programas de carreras que vienen desde los Colegios Universitarios y, que no se han actualizado desde hace varias décadas en sus distintas unidades temáticas, contenidos, evaluación o bibliografías.
También tenemos debilidades en “políticas y normativa institucional sobre diversidad, inclusión, accesibilidad e igualdad.”
Hay, DEBILIDADES que se arrastran desde el 2011 y son aspectos estructurales negativos internos que depende de la organización pasarlos a FORTALEZAS u OPORTUNIDADES…
Hay AMENAZAS. Y estas son externas
Déficit fiscal y el panorama macroeconómico nacional e internacional que genera presiones e incertidumbre en el presupuesto público y universitario, mismo que consume cerca del 90% en gastos corriente.
Las carreras STEM específicamente tienen “dificultad para llenar las necesidades de recurso humano especializado.” Así también, la competencia en la educación superior universitaria es muy fuerte dada la estrategia, estructura y rivalidad empresarial con las Universidades Privadas de Costa Rica. ¡Se compite con 48 U Privadas! Mas institutos, educación en línea de cualquier parte del mundo y las otras Universidades Estatales e INA…
Una amenaza extrema es la poca “comprensión del modelo educativo de la UTN –guiado por el Pensamiento Complejo y Visión Holística, Biopedagogía, Eco Formación, Humanismo Científico- por parte de los agentes externos -sectores productivos- que determinan expectativas erróneas sobre la gestión de la Universidad.” Si no conocen los sectores productivos nacionales nuestro modelo educativo entonces tampoco comprenden cuál es nuestra Visión y Misión en el Siglo XXI.
Aunado con lo anterior, la pandemia trajo consigo “marcado proceso de deslegitimación, desinformación e injerencia de actores políticos y económicos nacionales e internacionales en la educación superior pública.” Y, un gran debate para restringir “las transferencias presupuestarias.” Hay amenazas de “presiones de grupos de poder que atentan contra la autonomía universitaria.”- por ejemplo, los proponentes de la Regla Fiscal, la Ley de Empleo Público o la reforma al artículo 176 constitucional. Además, no debemos dejar de lado que la UTN, es un centro de educación superior universitaria al servicio del “94,6% de la población estudiantil de nuevo ingreso matriculada que procede de una institución pública” que son en su gran mayoría clase media y clase baja.
En entorno nacional ha generado “procesos de empobrecimiento y desempleo que afectan las posibilidades de los estudios universitarios.” Frente a “los procesos acelerados de cambios en el desarrollo industrial y el mercado laboral, que podrían sobrepasar la capacidad de respuesta de la Universidad.”
Así también, los casi tres años de rezago – uno de huelgas, dos de pandemia- en la formación académica de las poblaciones de nuevo ingreso a la universidad consecuencia de la sindemia mundial provocada por la COVID-19, con efectos que se prolongan a largo plazo con alta complejidad y diversidad. Lo que, aunado con el cambio climático, con efectos que pueden crear presiones sobre los recursos y en diferentes ámbitos de la actividad universitaria.
CONCLUSIONES GENERALES
La UTN necesita un cambio estructural y, organizacional y un patrón de especialización guiado por innovaciones radicales, la eficiencia, la eficacia y, la efectividad productiva enfocando en Carreras STEM “de mayor crecimiento a nivel mundial y que tendrán mayor demanda laboral” y, el Bilingüismo (inglés).
¡Una UNIVERSIDAD INTELIGENTE! Eso solo será deseable y posible mediante una REFORMA ACADÉMICA PARA LA INVESTIGACIÓN & DESARROLLO que permita impulsar en la universidad el MODELO ACADÉMICO CIENTÍFICO INVESTIGATIVO APLICADO al servicio de los sectores productivos y las MiPymes– que genere en sus resultados no solo tesis sino registro de patentes y propiedad intelectual- por encima del Modelo Administrativista Burocrático caracterizado por reglamentación y normativa que no agrega ningún valor a la ACADEMIA, LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO CIENTIFICO.
TODAS las DEBILIDADES SON ESTRUCTURALES dado que vienen desde 2011 y, solo pueden ser transformadas a fortalezas y, oportunidades si vamos hacia un CONGRESO Y ASAMBLEA UNIVERSITARIA corto plazo (2022-2023) para realizar una reforma profunda y ajuste estructural vía REFORMA ACADÉMICA. Lo anterior, implica conformar la Comisión Organizadora de alto nivel con participación de los tres estamentos y la creación de la normativa interna (Reglamento de Congreso y Asamblea Universitaria) ¡No hay otra vía! La reforma debe ser integral y total. ¡No parcial! Por reforma debe entenderse … REFORMA ACADÉMICA E INVESTIGATIVA no solo reforma al Estatuto Orgánico y su Reglamento. El objetivo estratégico es una reorganización y reestructuración de la actual organización universitaria para lograr gobernanza.
Se requiere generar procesos de negociación con instituciones como la CCSS o JUPEMA para adelantar la pensión del personal docente, directores de carreras y, personal administrativo. Ya algunas instituciones gubernamentales lo han realizado- Japdeva- y hay ambiente para hacerlo en la Asamblea Legislativa. Tenemos en planilla 1.377 Académicos y 714 Administrativos la gran mayoría Generación X(nacidos en 1960 o, 1970) – 52 o 62 años- con estudiantes de la Generación Centennials o Generación Z (Gen Z) con edades entre 18 y 22 años (66,3% población estudiantil). Estamos frente a un choque y colisión generacional intra universitaria.La Generación X debe jubilarse de manera anticipada. Lo anterior, permitirá, abrir espacios para cambios generacionales en la universidad y, el ascenso de la Generación Z a cargos de dirección y puestos de autoridades universitarias. La Generación X (1960, 1970) -una vez jubilada- pueden conformar Sociedades Anónimas Laborales en alianza con la UTN para vender servicios o subcontratos para el diseño de recursos y materiales didácticos como también desarrollo de investigación específicas.
A la Visión como Misión entre 2011-2021 se le han hecho cambios. En el (2011) la Visión: “Ser una universidad de vanguardia en la formación integral de profesionales, la investigación y la extensión en las áreas técnicas y tecnológicas, con un enfoque de humanismo científico innovador, que contribuya al desarrollo sostenible de la sociedad costarricense”. Para el (2022) la Visión ha cambiado a: “Ser la Universidad pública de Costa Rica, referente académica nacional e internacional de la educación técnica, científica, humanista y tecnológica, comprometida con modelos de excelencia, calidad y transparencia”. En cuanto a la Misión (2011): “Brindar una educación de excelencia, integral e inclusiva, en el marco de la moderna sociedad del conocimiento, centrando nuestra acción académica en el área científica, técnica y tecnológica, con una investigación aplicada e innovadora como elemento fundamental para el desarrollo humano en articulación con los sectores productivos de la sociedad.” Para (2022) se propone como Misión “Contribuir a la equidad de oportunidades y la transformación integral del país, por medio del quehacer académico, la formación técnica, humanista, inclusiva e innovadora, centrada en el aprendizaje”. Hemos modificado la Visión y Misión sin pasar por un Congreso o Asamblea Universitaria – eso es arbitrario-, pero no se ha modificado el modelo educativo ni se ha avanzado en el modelo científico ni el modelo de negocios de educación superior universitaria para presencialidad, bimodalidad o en virtualidad esenciales para el impulso de una UNIVERSIDAD INTELIGENTE UTN.
La deserción estudiantil consecuencia de la presencialidad reportó en el primer cuatrimestre 2022, una caída por matrícula de 2.851 estudiantes menos. Es urgente un giro en el negocio para ofertar presencialidad si los cursos lo ameritan, virtualidad, o bimodalidad con presencialidad únicamente para aplicar exámenes en el aula (…) Se hace necesario la implementación de estos sistemas. Pero, ello obliga también a realizar una revisión total de todos los programas que al venir desde los Colegios Universitarios (1980s) están 100% DESACTUALIZADOS en su método, técnicas, habilidades, contenidos etc. La presencialidad -reiteramos- está contribuyendo con la DESERCION. Las causas de esta deserción son: Las necesidades económicas de las familias. Las becas estudiantiles que deben aumentar en sus montos y una mejor reasignación para estudiantes de clases bajas. El costo de transporte por aumento de gasolina. La inflación galopante que incide en el consumo (alimentación) de los estudiantes. La falta de seguridad de las Sedes principalmente la Sede Central ubicada en Villa Bonita Alajuela – la de mayor número de estudiantes que asisten presencialmente en horarios nocturnos-. El trabajo y la falta de tiempo. La pandemia latente.” Y, todo eso puede traducirse en una tendencia a corto plazo. Aprovechar la VIRTUALIDAD y, TELETRABAJO permitirá bajar la deserción y, obtener la retención. Lo que genera también ahorros del presupuesto público universitario.
Por último, como bien se expone en los documentos consultados -de los cuales hemos hecho una síntesis-: “La utn.ac.cr deberá asumir el liderazgo en la coordinación y articulación de la educación técnica costarricense.” Pero debe, “superar diversas debilidades entre ellas: la sostenibilidad financiera, la cultura del dato, el aseguramiento de la calidad y la alineación de la cultura organizacional, así como, la sistematización de la gestión, comunicación e información, logrando articular la unidad sin perder la diversidad, que la caracteriza.”
En el mes de junio de 1995, dos partidos políticos, el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana, dos caras de un mismo proyecto político neoliberal, consolidan el “Pacto de la Vergüenza”.
Ambos partidos durante años han conducido nuestro país, a un mayor empobrecimiento y a una mayor desigualdad social.
Para la ANEP, las encuestas de opinión acerca del gobierno y del presidente “…dejan un claro descontento nacional con las políticas neoliberales y las acciones antipopulares de elevar impuestos, despido de empleados públicos y de entrega vergonzosa a los dictados de los organismos financieros internacionales…”
Caricatura alusiva al tema del Pacto Figueres-Calderón (En Marcha, junio 1995).
El pacto significó la eliminación definitiva de la banca nacionalizada -hoy totalmente cumplido-, además, la entrega de aquellas empresas rentables del Estado, como es la FANAL, hoy en proceso de desmantelamiento; pero además la reducción forzada del déficit fiscal, que conlleva el despido de miles de empleados públicos y el deterioro y cierre de muchas instituciones y servicios públicos; también agenda permanente de la política costarricense.
La ANEP denuncia “…la maniobra del Partido Unidad, al engañar a los costarricenses presentándose como opuestos al Paquete Tributario, pero comprometiéndose a no obstaculizar su trámite en la votación legislativa…”
Asimismo, el sindicalismo, considera y denuncia el doble juego del Gobierno, al aparentar negociaciones con diferentes sectores sociales y presentarse como dispuesto al diálogo, cuando en realidad hace yunta con la supuesta oposición para seguir promoviendo mayor pobreza a la gran mayoría de costarricenses.
Manifestación en 1995.
En el editorial de la “Prensa Libre”, del 15 de junio de 1995, se expresa: “…llamando a las cosas por su nombre, el acuerdo Figueres-Calderón es simplemente la crónica de la toma del poder perpetrada por el liberalismo radical, el que considera que la ley de la oferta y la demanda está moralmente por encima de los diez mandamientos, y que los pobres por su mala cabeza… tienen la culpa, de su propia condición… y que si alguna gente se muere de hambre eso forma parte de la selección natural que elimina a los más débiles…”
Liberación Nacional y la Unidad se comprometen con el acuerdo, a no obstaculizar según su turno la aprobación de cualquier impuesto futuro, en situaciones similares a la presente, la conclusión es desoladora.
El editorial del vespertino lleva el nombre sugestivo “La flor del cactus”, porque es posible que la macro economía costarricense crezca pronto brillante, colorida y espinosa, como la flor del cactus, pero la paz social está en tremendo peligro.
Dr. Luis Paulino Vargas Solís Economista, CICDE-UNED
¿Es este un “impuesto al carbono”? ¿Quizá un “impuesto verde”? Es decir, ¿es un impuesto cuyo objetivo es desestimular el uso de combustibles fósiles y promover el cambio hacia formas de energía limpia? ¿Es entonces un impuesto animado por el objetivo de combatir los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global?
Remotamente podría tener ese aspecto. Pero hay al menos dos graves problemas que lo lastran significativamente: su mal diseño y su desconexión respecto de cualquier estrategia de políticas, más o menos integral y coherente.
En primer lugar, para darle viabilidad política y legitimidad social, un impuesto de esta naturaleza debía cumplir con al menos dos condiciones:
Debieron contemplarse mecanismos que redujesen su efecto sobre los grupos de ingresos medios y bajos, de modo que su incidencia se hiciera sentir principalmente en los de más altos ingresos. No es un problema fácil de resolver, pero podría intentarse por medio, por ejemplo, de algún tipo de subsidio, y mediante créditos fiscales a favor de micros y pequeñas empresas.
Los recursos provenientes de un impuesto con estas características, deberían destinarse principal -si no exclusivamente- a satisfacer objetivos ambientales. Claramente no es el caso, puesto que solo una fracción muy pequeña (3,6%) de la recaudación del impuesto, se destina a objetivos propiamente ambientales.
En segundo lugar, y si los objetivos fuesen realmente de combate al cambio climático, el impuesto no debería quedar como una medida aislada, sino como una pieza dentro de un engranaje mucho más amplio. Junto al impuesto, y mucho más allá de éste, se requieren al menos dos grandes políticas, ambas de amplia envergadura.
Primero, un programa de inversión a gran escala, que mejore radicalmente la calidad y eficiencia del servicio de transporte público. Se hace necesario todo un cambio cultural, que despoje al auto personal del aura de prestigio que recubre, y que lo convierte en una ambicionada meta dentro de los patrones de consumo de amplios sectores de la población. Pero es innegable que ello no se logrará si persisten las graves y evidentes deficiencias del transporte público, las cuales proporcionan un poderoso estímulo a favor del uso de ese tipo de vehículo.
Segundo, un programa de inversión, igualmente ambicioso, que promueva la migración hacia energías limpias en el transporte y en otras actividades en las que los combustibles fósiles siguen desempeñando un importante papel. O sea, más allá del limitado estímulo que el precio pueda proporcionar, es necesario que existan las condiciones efectivas para que otras fuentes de energía, realmente limpias, estén disponibles a costos razonables.
Nada de eso es posible, sin un vigoroso liderazgo estatal. Y la verdad es que el viraje ideológico que se hizo dominante desde hace más de 35 años, ha despojado al Estado costarricense de ese liderazgo. En el proceso ha proliferado un picadillo institucional, con organizaciones inconexas y sumamente débiles. En ello ha incidido una ideología que combina el antiestatismo con la idea de que la institucionalidad pública, tan solo debe cumplir un rol como facilitadora de la inversión privada en obra pública, lo que implica la privatización de facto de esa infraestructura pública. Esto ha dado lugar a un coctel tóxico: una institucionalidad débil y troceada, incoherente y muy vulnerable a la corrupción.
En el caso del transporte público ello es clarísimo, lo que ha facilitado que algunos cuantos consorcios privados impongan sus intereses a capricho, mientras las inversiones necesarias se posponen de forma indefinida, y los servicios resultan cada vez más defectuosos.
En lo que a las nuevas energías se refiere, el prejuicio ideológico impide impulsar las reestructuraciones y reorientaciones necesarias, y bloquea los necesarios mecanismos de coordinación. El ICE y RECOPE son, naturalmente, las instituciones públicas que deberían asumir ese liderazgo, en colaboración con las universidades públicas y algunas otras entidades. Un detalle curioso es que el famoso astronauta Franklin Chang tiene esto muy claro, pero, en cambio, estas ideas, absolutamente elementales, no logran taladrar la coraza ideológica que anestesia la inteligencia de las élites políticas y empresariales de Costa Rica. Debe quedar claro que esto no lo puede resolver el libre mercado. Si el Estado no asume un rol de liderazgo, el mercado a lo sumo aportará soluciones inconexas y muy parciales. Lo que, a fin de cuentas, significa no resolver nada.
Pero hay todavía un detalle adicional que no podemos omitir: el diseño actual del impuesto a los combustibles tiende a ser injusto y regresivo. Su incidencia sobre las tarifas del transporte público implica trasladarlo al bolsillo de los hogares y personas pobres. Pero tratándose del transporte privado, su peso relativo es mayor conforme más bajo el ingreso de la persona u hogar. Para micros y pequeñas empresas que requieren del uso de un vehículo, resulta una carga onerosa.
Digámoslo claro: este impuesto existe para satisfacer objetivos recaudatorios, o sea, para llevarle dinero al Ministerio de Hacienda y reducir un poco el déficit fiscal. Sus objetivos son fiscalistas y nada más. Hasta 2019, antes del impacto de la pandemia que, en 2020, e incluso en 2021, redujo la circulación de vehículos, este impuesto aportaba arriba del 11% de todos los ingresos tributarios (más de ₡ 600 mil millones en 2019). Claramente no hay detrás de este tributo ni objetivos ambientales, ni mucho menos objetivos de promoción de la equidad social.
Pero, en realidad, la existencia de este impuesto, tan mal diseñado y, en muchos sentidos, tan dañino, se explica porque no existen los impuestos que SI deberían existir, aquellos que gravan los rentas y ganancias de capital más elevadas, los grandes patrimonios privados y las grandes herencias. La cuestión es que la ideología de moda ordena que a los muy ricos de Costa Rica no se les deben cobrar impuestos, como asimismo prescribe que las corporaciones transnacionales, que tan jugosas ganancias obtienen en Costa Rica, tampoco tienen obligación alguna con nuestro país, no obstante, las beneficiosas condiciones que les ofrecemos. Pero, además, recordemos que en los últimos años se ha afirmado la tendencia que convierte las zonas francas en paraísos fiscales insertos en el propio territorio nacional, un refugio legalizado para la evitación de impuestos, en favor de un número creciente de grandes empresas costarricenses.
Es por eso, a fin de cuentas, que existe el impuesto a los combustibles: para intentar llenar una parte del hueco que abren esos manirrotos privilegios tributarios a favor de los grupos más ricos y poderosos.
Después de celebrada la primera ronda del proceso electoral 2022, una prima envió al chat de la familia un conmovedor artículo de una persona nicaragüense, admirada por lo que vio el 6 de febrero en las calles costarricenses, día en el que se celebró la primera ronda de las elecciones. Esta ciudadana nicaragüense estaba como encantada por las cualidades que, en su opinión, exhibe el sistema político costarricense; pero a la vez la embargaba una enorme tristeza al comparar nuestro sistema democrático con lo que para ella es el remedo de democracia existente en el hermano país.
No la culpo. Nicaragua encierra en las cárceles a los opositores del gobierno, de cualquier signo ideológico, inclusive a héroes y heroínas de la Revolución Sandinista de julio del 79 que se jugaron la vida contra la tiranía somocista. En Nicaragua se ha vuelto a reprimir con violencia, como se hacía en tiempos del Somocismo, a los jóvenes, estudiantes, a las mujeres, ancianos, o a cualquier persona que se convierta en opositora beligerante del régimen de Ortega. En Nicaragua el sistema electoral está férreamente controlado por el gobierno, por lo que no existe libertad para formar partidos políticos como no sean turecas del oficialismo. La pobreza y la desigualdad allí siguen siendo flagelos que hieren hasta los más fuertes espíritus y destruyen a los más débiles o postergados, desde el punto de vista social y económico. En Nicaragua, en pocas palabras, la democracia no existe. Por todo eso y más comprendo las expresiones de halago hacia nuestro sistema democrático de la amiga de mi prima y su decepción respecto de su país. Pero ¿qué tan democrático es nuestro sistema político y nuestra convivencia ciudadana?
Los ingredientes que debe tener un sistema democrático
«La democracia exige que los derechos políticos y de las minorías se resguarden». «Luchar contra la pobreza no es un asunto de caridad, sino de justicia». “Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada”. Nelson Mandela. Primer presidente negro de Sudáfrica.
Cuando escribo sobre conceptos como es el de la democracia, me gusta inspirarme y traer a colación, pensamientos, frases de egregios o insignes ciudadanos que se hayan destacado en la vida por su ejemplo y coherencia. Nelson Mandela es en mi opinión uno de los más grandes líderes democráticos en el mundo contemporáneo. Mandela tuvo que soportar durante veintisiete años la cárcel a manos del segregacionismo blanco de su país. Su voluntad fue inquebrantable, nunca se doblegó. Por ello, su prestigio y su reputación crecieron como la espuma, hasta que se convirtió en el líder más connotado de todos los que lucharon contra la cruel represión de aquel sistema de “apartheid” de oprobio que imperó en Sudáfrica hasta tiempos muy recientes.
Me inspiro en Mandela, porque como se extrae de las tres citas que les he presentado, su concepción de la democracia trascendió lo puramente formal, para apuntar a los derechos humanos de primera generación, o sea los civiles y políticos de las personas, pero junto a ellos, los de la segunda generación que son, los económicos, sociales y culturales, valga decir, el derecho al trabajo, a una remuneración digna, a la seguridad social, a la salud, a la educación, así como a un nivel de vida digno. Los de la tercera generación, son los derechos colectivos o de solidaridad. Todavía se ha destacado una cuarta generación de derechos que son el derecho a la paz, a la solución pacífica de los conflictos por medio de un tribunal internacional que intervenga contra los crímenes de lesa humanidad y, muy importante hoy en día, el derecho a un desarrollo sostenible y a preservar el medio ambiente natural y el patrimonio de la humanidad.
En suma, el sistema democrático, implica ciertamente un régimen en el que haya elecciones libres, informadas y competidas, de modo que todas las personas ciudadanas puedan concurrir sin restricción alguna a emitir su voto periódicamente. O sea, como se infiere claramente de la primera de las citas que les he presentado, un sistema en el que se resguarden los derechos políticos de todas las personas, pero con acento en los derechos políticos de las minorías. La razón es sencilla, los derechos de los grupos minoritarios pueden resultar ignorados por los grupos dominantes.
En Costa Rica, por ejemplo, esta discriminación fue contundente desde nuestra independencia hasta muy entrada e instaurada la vida republicana contra los desvalidos de los bienes de fortuna. Las minorías étnicas y las mujeres de manera connotada entre ellos han sido fuertemente dejadas en un papel cívico inferior al de los hombres; todos estos grupos de la sociedad se vieron siempre marginados de la participación del derecho a elegir, ser electos; las minorías también sufrieron en cuanto a que no disfrutaron por mucho tiempo del derecho de movilización en todo el territorio nacional e inclusive en lo concerniente a la libertad de expresión. Insisto, las minorías indígenas, los afrodescendientes, chinos y otras minorías étnicas, hasta tiempos muy recientes vivieron segregados de los derechos civiles y políticos que poseían en sí y para sí, solamente los acaudalados de los bienes de fortuna. Es decir, la democracia la habían construido únicamente para ellos mismos, como ocurría en la esclavitud. Todo lo que queda expresado, fue una realidad hasta la Constituyente de 1949, cuando se consagró en la Constitución de la República, para todos los ciudadanos, el derecho a poseer el voto democrático para elegir presidente o vicepresidentes de La República, a postularse para ser diputado, alcalde, regidor o aspirar a la libre movilidad de las personas en todo el territorio, y la plena libertad de expresión. Estas y otras conquistas y derechos civiles y políticos individuales se alcanzaron gracias a la lucha tesonera de las mujeres, de los afrodescendientes, de las poblaciones indígenas, de los chinos e italianos que habían sido traídos para incorporarse a la construcción del ferrocarril, en condiciones paupérrimas de semiesclavitud, desde fines del siglo XIX. Otro tanto ocurrió después con el resto de los derechos de segunda, tercera y cuarta generación. Nada de esto ha podido alcanzarse en ninguna parte del orbe, sin que medie la lucha de los pueblos por sus derechos.
La democracia es pues, un concepto que irradia luz a todos los aspectos fundamentales de la convivencia de los pueblos y naciones, para que se pueda forjar una cultura democrática trascendente y no solamente una forma de elegir a los representantes políticos y consagrar en la legislación el derecho a ser electos. La democracia real en consecuencia ha de ser integral, interactiva entre los diferentes aspectos de la vida en comunidad. Concierne a todos los hombres, mujeres, niños y ancianos, muy en especial a las personas con discapacidad, a quienes la sociedad debe ofrecer plenas oportunidades y garantías para su desarrollo individual y social. No puede haber democracia sin la consagración de estos derechos individuales de primera generación, pero tampoco la habrá si una nación no es capaz de erradicar la pobreza, la desigualdad social, y dotar a todas las personas que conviven en una comunidad política, de un ambiente sano, en el que se combatan, hasta hacerlas desaparecer, las prácticas depredadoras de los bosques, exterminadoras de los animales y contaminadoras de los océanos, mares y ríos. El reto como puede verse es grande y desafiante para toda la humanidad. Costa Rica, país pequeño como es, tiene sin embargo una gran importancia en todo lo dicho, pero más en este último tema del ambiente. La tiene por todo lo que hemos hecho y forjado, aunque falta mucho por hacer, Costa Rica ha suscitado y despertado admiración en numerosas naciones de la tierra. Su importancia tiene mucho de simbólico.
¿Cómo es la democracia costarricense y cómo quisiéramos que fuera?
Puedo entender a las personas nacionales y especialmente extranjeras que consideran que tenemos un régimen político maravilloso, como la amiga nicaragüense de mi prima; de verdad puedo entenderla; sobre todo cuando lo compara con el sistema político de su país, Nicaragua; cuyas falencias y dolores tienen hondas raíces históricas, las que son alimentadas hoy por déspotas como Daniel Ortega, Rosario Murillo y su cohorte de sometidos seguidores. Puedo entenderla, aunque pretendo aportar en el sentido de relativizar ese “maravilloso sistema político” que muchos nos atribuyen. Eso no quiere decir que no lo valore o, “contrario sensu”, lo menosprecie. De ninguna manera. Aprecio lo que hemos conquistado y lo defiendo con pasión y convicción.
¿Qué defiendo de nuestro sistema político? Defiendo y valoro el régimen de libertades democráticas alcanzado algunas veces hasta con sangre, sudor y lágrimas. La dolorosa guerra civil de la década de los cuarenta, en la que murieron hermanos de un bando y otro, sirvió para asentar profundamente un régimen de libertad electoral, que requería renovación y ajustes. No es un mito, como es harto conocido antes de la guerra, “los votos de los contendores del 48” se contaban en Casa Presidencial. En cambio, tras la guerra, se afianzó la libertad electoral y la independencia de un Tribunal Supremo de Elecciones que nació entonces con independencia del poder ejecutivo.
Esa conquista la defiendo “a muerte”. Perdón por la expresión, la empleo solo para que se me entienda mi convicción, hoy soy enemigo de las guerras, soy pacifista convencido. Eso lo aprendí de Mahatma Gandhi. Es invaluable, además, la abolición del ejército; un mérito histórico de José Figueres Ferrer, sin importar de quien fuera la idea primigenia. “El mazazo al Cuartel Bellavista” fue un símbolo bellísimo que reflejó una realidad, una voluntad inquebrantable de buscar la paz imperecedera como resultado de la guerra. Y fue también un símbolo de la democracia que se deseaba, entre otras cosas, porque aquí no se pagan sueldos para “generalotes”, se usan, o deberían usarse los recursos para construir escuelas, hospitales y carreteras. Aunque nos equivoquemos y algunas veces nos olvidemos de ello, o algunos usen el dinero público con abuso, premeditación y corrupción.
Hay plena identificación de la inmensa mayoría de la ciudadanía costarricense, de la juventud, con el régimen público de gratuidad de la educación primaria y secundaria. El analfabetismo sobrevive apenas en un 3.2% de la población. Aunque estamos avisados de su deterioro. ¡Cuidado con ello! La democracia costarricense igualmente no se podría entender sin una seguridad social como la que tenemos y que, los ganadores de la guerra civil profundizaron con la universalización del seguro social. Su desgaste igualmente ha provocado que algunas personas se equivoquen creyendo que la solución es la privatización de algunos de los servicios de la “Caja Costarricense del Seguro Social”. Sin esa formidable conquista anterior a la guerra del 48, pero que se profundizó tras ella, estoy convencido que la democracia se derrumbaría; conste no soy, ni quiero ponerme catastrofista. Otro tanto se puede decir respecto del ICE. La conquista de la creación del ICE después del 48 fue algo extraordinario para la democracia. La energía eléctrica y la telefonía llegaron hasta los lugares más recónditos. Democracia pura. Hoy el ICE requiere un remozamiento en el funcionamiento a cargo de la energía, puesto que ya el mercado de la telefonía celular se abrió. Sin embargo, ha sido una célebre conquista de la democracia costarricense. Hay voces privatizadoras, pero no creo que sea la mayoría de la población.
Costa Rica cuenta además con energías limpias, como la eólica, la solar, la proporcionada por la presión del agua, la geotérmica. Se habla ahora de la hidráulica o cinética y la potencial. Los bosques desde los decretos primero y luego las leyes de los años setenta, constituyen otra conquista esplendorosa de nuestra democracia. Por ahora me quedo aquí.
¿En qué necesitamos mejorar?
Persiste un nivel alto de contaminación, proveniente de emanaciones de gases de las fábricas que todavía usan combustibles fósiles. El principal factor contaminante lo constituye el parque automotor que produce alrededor del 56% de las fuentes contaminantes del aire. Las regiones más contaminadas están localizadas principalmente en el área metropolitana, o en las principales ciudades de la ruralidad del país. Lo grave es que aún este porcentaje se incrementa anualmente, debido a que los camiones o vehículos de combustión fósil crecen en un 7.4% cada año. En el 2020, nuestro país registró emisiones de CO2 del orden de 7,818 megatoneladas, por lo que llegó a ocupar el lugar n.69 en un ranking de países contaminantes de CO2, entre 84 naciones ordenadas de menor a mayor. La huella ecológica no es sostenible para Costa Rica, pues según datos del 2019 (de ODI/UCR), representa un 8% más de lo que el territorio es capaz de reponer. Como todo lo anterior, todavía tenemos deficiencias graves en la gestión y producción de residuos, además de este, algunos de los principales problemas son: la escasez y contaminación del agua, la sobreexplotación de los recursos del mar, así como el uso excesivo de agroquímicos.
Otros males que no podemos dejar de mencionar que afectan decisivamente la democracia son: el ominoso y abominable incremento de la desigualdad social. Nos hemos convertido en uno de los países con más rápido incremento de la desigualdad en el mundo. La pobreza y desocupación siguen representando un peso descomunal para la economía costarricense, la que acumula un déficit fiscal que venía siendo mayor del 7% del PIB; en el 2021, afortunadamente descendió a un 5.18%, el más bajo por cierto de los últimos tres años, según datos del Ministerio de Hacienda. Veremos si somos capaces como nación de disminuirlo, hasta que deje de representar un serio problema para nuestras finanzas.
Ciertamente, no hay democracia sin elecciones limpias, competidas y un TSE independiente del ejecutivo. Pero una democracia se robustece si el desarrollo no solamente hace crecer el Producto Interno Bruto anualmente, sino sobre todo si la distribución de la riqueza permite que cada vez porcentajes más altos de la población dejen la pobreza y pobreza extrema y adquieran niveles de vida confortables y sobre todo con justicia social. La corrupción, aunque ha mejorado, según el índice de percepción de esta (IPC), medido por Transparencia Internacional, Costa Rica se colocó en el año 2021, en el lugar 39 entre 180 naciones. La corrupción continúa afligiendo a la ciudadanía, sobre todo porque un porcentaje muy alto de los casos denunciados (90%) no llegan a juicio. La corrupción lacera y carcome las entrañas de la Patria, casualmente porque destruye la democracia.
Para concluir diré, que muchas personas sentimos que la división de poderes, principio esencial de una democracia, desde que los hubiese escrito el varón de Montesquieu, se ha debilitado. Al Poder Legislativo llega mucha gente mal preparada, alguna gente se postula a la presidencia tan solo para incrementar su opción para ir a la Asamblea Legislativa. El contrabando y otras acechanzas son verdaderas amenazas para los poderes del Estado nacionales y locales y provocan que la democracia trepide y la ciudadanía pierda fe en ella.
Nuestra democracia sigue teniendo solidez institucional, pero existe la percepción generalizada de que no hay una ruta clara para el desarrollo. Es indispensable apuntalar en la población la idea de lo imprescindible que resulta un desarrollo sostenible y sustentable con la Naturaleza, con el ambiente, con los ecosistemas, con la vida. Solo por una ruta como esta podremos vigorizar nuestras instituciones democráticas y superar el subdesarrollo. Espero que la patriota nicaragüense comprenda la integralidad del concepto de la democracia. ¿Es complejo construir este concepto? Más compleja es la realidad democrática que todo hombre y mujer honrada pretende forjar.
El señor Lenin Hernández, secretario general de SINAE Afines plantea en un material audiovisual, el avance que ha tenido la institución en la defensa del pago bisemanal, ya que se han dado los argumentos financieros que demuestran que mantener esa modalidad de pago en la CCSS no afecta las finanzas de la institución, ni afecta el déficit fiscal que atraviesa el país.
El diccionario de la Real Academia Española define fundamentalismo como “exigencia intransigente de sometimiento a una doctrina o práctica establecida”. La regla fiscal es eso exactamente. Es una limitación del gasto público aplicada férreamente sin importar las consecuencias de tal restricción. No importa si los niños pobres se quedan sin alimentos, o los ancianos pobres sin su pensión no contributiva, o si los acueductos rurales se paralizan. Incluso, si el país se queda sin censo y sin el servicio 911, tampoco es relevante para esta regla. Lo que vale es detener al “enemigo” de la economía: el gasto público. Es el neoliberalismo en su pura esencia.
Para la visión liberal el Estado es un obstáculo. Si el libre funcionamiento de los individuos produce el mejor resultado posible, ¿para qué queremos que el Estado intervenga en la economía? Por el contrario, la intervención del Estado, según este enfoque, producirá una distorsión en el funcionamiento de los mercados porque no dejará que los individuos actúen libremente, lo que se traducirá en un resultado no óptimo del mercado. Al respecto, el Estado estrujaría al individuo, cobrándole impuestos para desarrollar una intervención ineficiente. Si se eliminan los impuestos, el ingreso quedará disponible para el libre uso de los individuos, los que deberían producir lo mejor para la economía mediante los mercados libres.
El déficit fiscal de Costa Rica es importante. Amerita un programa urgente que combine equilibradamente el control riguroso del gasto y las acciones firmes para incrementar el ingreso. Sin embargo, cuando el enfoque liberal orienta la política fiscal, la disminución del gasto predomina sobre el incremento del ingreso. La experiencia reciente lo demuestra: se están impulsando acciones para aumentar la carga tributaria de los grupos de ingreso medio y bajo; sin afectar significativamente a los segmentos de ingreso alto. Así, el incremento de los ingresos será limitado. Por lo tanto, dominando la visión liberal, el equilibrio en las finanzas públicas se pierde, y la obsesión por reducir el gasto impide una acción integral de la política fiscal. En ese sentido, la gestión fiscal se reduce a perseguir partidas: salarios, compra de insumos, transferencias para la población pobre, pensiones, etc. Se recortan indiscriminadamente las partidas, sin considerar la importancia estratégica de los ministerios ni de los programas respectivos. La regla fiscal es la “fórmula operativa” de la persecución de partidas. El mecanismo es muy sencillo: se establece un nivel máximo de la deuda del Gobierno que se calcula como porcentaje respecto al Producto Interno Bruto (PIB). La política fiscal actual lo define como el 60% respecto al PIB. Si el monto de la deuda sobrepasa ese nivel, se activa un freno: se aplica un porcentaje reducido de crecimiento del gasto y el resto se acomoda a ese límite. En este momento, ese indicador sobrepasa levemente el 70%. ¿Cómo se definió ese porcentaje crítico de la deuda? Arbitrariamente. ¿Por qué no un 80%, o un 40%? En Japón ese indicador llega a 256%. En Estados Unidos el indicador asciende a 133%, mientras en Canadá equivale al 116%. Estos países aplican políticas de ingreso y de gasto para reducir los déficits; pero no se amarran a la rigidez de una regla fiscal como la costarricense, que opera en función del porcentaje de la deuda respecto al PIB.
El “truco” de la regla fiscal es condicionar el crecimiento del gasto al nivel de dicho indicador. En la situación fiscal actual, bajar el indicador desde el 70% al 60% tomará varios años; tal vez muchos. Eso dará una excusa para reducir el nivel del gasto hasta niveles insospechados. Cuando el indicador vuelva a su “nivel normal” del 60% será tarde: varias, o muchas funciones habrán sido desmanteladas. Incluso, podría suceder que el déficit fiscal se elimine en unos 3 o 4 años, pero el nivel de la deuda todavía supere el fatídico 60%. En consecuencia, tendríamos el absurdo de que el gasto se sigue recortando, aunque ya no habría déficit. El próximo gobierno, aunque intente modificar la política fiscal, no podrá hacer nada para detener la regla fiscal. La única solución es derogarla. Hay intentos por introducir excepciones; sin embargo, esas iniciativas no captan la esencia del problema: el enfoque liberal no admite parches. Por lo tanto, habrá una oposición obstinada a las excepciones porque “quebrarían” la disciplina. No se puede tapar el sol con un dedo, hay que cambiar la regla fiscal y aplicar un método diferente de control del gasto.
La persecución de partidas contiene errores metodológicos serios. En primer lugar, la regla se aplica, de manera general, al Gobierno Central (es decir, al presupuesto de los ministerios y de los otros Poderes del República) y a las entidades autónomas. Sin embargo, el déficit está en el Gobierno Central. Las instituciones autónomas tienen sus propios ingresos y normalmente no tienen déficit. Entonces, ¿por qué amarrar a las autónomas con la regla fiscal? Por ejemplo, el AyA no puede financiar adecuadamente con sus propios ingresos a las ASADAS, que administran acueductos comunales, porque “se pasa” del límite de gasto impuesto por la regla fiscal. ¡Notable ejemplo del enfoque anti estatista de la política fiscal¡: la regla fiscal se convierte en un pretexto para desmantelar las funciones básicas del Estado, en su acción descentralizada. Si las entidades autónomas no tienen déficit, ¿por qué están sujetas a la regla fiscal? No hay justificación; prevalece el prejuicio ideológico contra la acción del Estado.
Además de lo anterior, hay un defecto metodológico más grave. Antes de recortar una partida del presupuesto público, es necesario evaluar el impacto, la eficiencia y la calidad del gasto que se piensa reducir. Cualquier partida puede ser un problema, pero no de manera general. No es que, por ejemplo, los salarios, la compra de insumos o las transferencias sean malos, en sí mismos, sino que el recurso que se contrata con ese gasto se podría usar de manera ineficiente, o ser de mala calidad. La regla fiscal no evalúa el impacto, la eficiencia y la calidad del gasto; simplemente, aplica el bisturí porque el gasto público es “malo para la economía”. Lamentablemente, la regla fiscal olvida lo establecido en la ley 8131, que establece el marco operativo que se debe aplicar para obtener el máximo provecho de los presupuestos. El artículo 52 establece la obligación de los ministerios de Hacienda y de Planificación Nacional y Política Económica de velar por la eficiencia, el impacto y la calidad del gasto, aportando “los elementos explicativos necesarios para medir la efectividad de los programas, el costo unitario de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos públicos”. Nada de esto se encuentra en la regla fiscal.
La regla fiscal está generando daños que justifican su eliminación. Cercena áreas importantes de la gestión pública, de manera arbitraria, obedeciendo al dogma anti estatal. Y lo hace sin evaluar lo básico: la eficiencia, el impacto y la calidad del gasto. Por lo tanto, debe sustituirse por un riguroso control del gasto, orientado por la ley 8131, sin los defectos metodológicos citados.
El acuerdo con el FMI llega en un contexto de crisis, que agudizó los gravísimos problemas del empleo que ya existían desde antes de la llegada del Covid-19. Al centrar la política económica alrededor del déficit, no solo se perpetúan los problemas del empleo, con graves implicaciones para la calidad de vida de nuestra gente, sino que compromete seriamente el futuro del país.
En el ciclo de tertulias en el Bicentenario de la independencia de Centroamérica se invita al conversatorio “Sindemia Covid-19: crisis económica y acuerdo con el FMI” este miércoles 15 de septiembre, 9 a.m.
Con el propósito de adelantar un ejercicio prospectivo sobre lo que nos dejará la pandemia del COVID-19 y la Administración Alvarado en el año 2021 y siguientes, es posible visualizar un panorama de recuperación sanitaria y económica, lento y con grandes desafíos sociales e institucionales para los próximos dos años.
A nivel sanitario, la pandemia nos podría dejar un sistema de salud reforzado y mejor preparado, pero con un elevado déficit financiero de la Caja del Seguro Social y un déficit presupuestario del sector salud, que requerirá recursos extraordinarios.
En relación con la situación social y económica, la pandemia dejará secuelas muy profundas, toda vez que la emergencia lo que ha hecho es agudizar los problemas preexistentes como el déficit fiscal, la deuda pública, el desempleo, la pobreza y las desigualdades regionales, cuyas medidas de solución por parte de la Administración Alvarado resultarán insuficientes.
Las circunstancias económicas y políticas actuales indican que se mantendrá un déficit fiscal cercano al 7% de la producción y una deuda pública en constante crecimiento mayor al 70% de la misma, que junto a cifras de crecimiento económico del 2.5% según la OCDE (menos optimistas que las del Banco Central), no auguran una recuperación satisfactoria.
Parece claro que las medidas de la agenda del FMI permitirán gestionar a lo sumo una débil estabilidad económica, dado que las posibilidades de aprobación de los proyectos en la Asamblea Legislativa en esta coyuntura política preelectoral serán limitadas, siendo probable que los únicos proyectos que se aprueben en los próximos 6 meses sean los del crédito del FMI por 1,700 millones de dólares y a duras penas el de empleo público cuyas repercusiones económicas en todo caso no serán inmediatas.
Para los demás proyectos como el de renta global, rentas de capital y eliminación de exoneraciones, aporte solidario de empresas estatales e impuesto a los premios de lotería, las perspectivas son poco favorables, ya que existe una fuerte oposición de sectores e instituciones que ven afectados sus intereses generando presión sobre las fracciones legislativas opositoras.
La pandemia dejará secuelas socioeconómicas, como la vulnerabilidad y desaparición de muchas Pymes (3 mil en un año según el Ministerio de Economía), el crecimiento del empleo informal (más de 900 mil personas lo componen) y la constatación de la brecha digital en la educación (425 mil estudiantes no cuentan con conexión a internet según estudio reciente del MEP).
La Administración Alvarado, dejará unas finanzas públicas apenas estables, resultado de los primeros desembolsos del FMI, de los préstamos del BID y BCIE, de la venta bonos de deuda (en parte adquirida por los mismos bancos y empresas públicas), el leve crecimiento de las exportaciones y una mayor recaudación tributaria, también dejará avances cuestionados en infraestructura vial y un inviable proyecto de tren eléctrico para la GAM.
No obstante, su mayor falencia será en el aumento de las brechas socioeconómicas, tecnológicas, y territoriales y en la restricción de los derechos de los trabajadores y pensionados, en definitiva, nos dejará un país más desigual.
La política económica de esta Administración antes y después de la pandemia, ha estado más orientada a los grupos empresariales y sus actividades y ha favorecido un modelo de desarrollo que concentra riqueza, genera desempleo y que está creando pobreza.
Ese será el país del Bicentenario, con finanzas precarias, con un alto endeudamiento, carente de una reactivación económica y con grandes brechas sociales, lamentablemente frente a este oscuro panorama tampoco se escuchan propuestas serias y transformadoras de los partidos políticos de cara a las próximas elecciones.
A menos de un año de las elecciones generales en Costa Rica, el llamado “gobierno corporativo” hunde a miles de trabajadores costarricenses en la pobreza y la desigualdad social, viendo ellos como la pequeña nación centroamericana de 51 mil kilómetros cuadrados irremediablemente, se “colombianiza” por la corrupción y narcotráfico en los más altos niveles de la sociedad, mientras intencionalmente va cambiando el Estado Social de Derecho hacia otro donde los poderes de la república formalmente existen pero sus competencias cada vez son más difusas por la colaboración que deben dar para consolidar así el ambicioso “proyecto” país.
Con un 60% de los votos en segunda ronda para el presidente Carlos Alvarado en 2018, proveniente del Partido Acción Ciudadana (PAC) – una incisión de partidarios que se consideraban marginados del “socialdemócrata” Liberación Nacional (PLN)- los costarricenses hicieron gala de su buena fe y creyeron en un redireccionamiento de la política exterior , la seguridad ciudadana, la cleptocracia y la economía doméstica controlada, esta última, como es sabido, por al menos un centenar de familias encargadas de las finanzas, los bancos y el gran comercio. Los votantes vieron entonces la oportunidad de “castigar” al cerrado bloque bipartidista constituido por “socialcristianos” y “liberacionistas”, fortalecido sobre manera a partir de la administración de Luis Alberto Monge (1982-1986), cuando este gobierno apostó por el Primer Ajuste Estructural de la Economía (PAE I) exigido por el Banco Mundial.
Es así que a menos de 10 meses de realizarse las elecciones generales – están previstas para el 6 de febrero de 2022- la reputación del mandatario no es la mejor: sus detractores lo vincularon con supuestos viajes de descanso pagado por empresarios allegados a su gobierno, de priorizar la economía por encima de la salud de los trabajadores, de no dejar pasar la crisis de la pandemia para echar al suelo conquistas laborales y de recolectar “información” personal de más de un millón de ticos, sin que los ciudadanos conocieran estas andanzas, entre otras. La Fiscalía General de la República dice que va a investigar hasta las últimas consecuencias al gobernante y a un cercano grupo suyo por este asunto de la recolección de información de más de un millón de personas que, primero se entregó a una empresa privada para su “custodia” y luego, dicen ya está en el lugar correspondiente por ley: el Ministerio de trabajo. Su popularidad tampoco es la mejor, pues una encuesta centroamericana de opinión otorgó a Alvarado el último lugar en el istmo (Agencia Prensa Latina, citando a la encuestadora CID Gallup 4/3/2021).
La matriz mediática presenta además al gobernante como “alumno” aventajado en cuanto a las peores causas enarboladas por Washington, sí se trata de los gobiernos constitucionales de Daniel Ortega y Nicolás Maduro, en Nicaragua y Venezuela, respectivamente. Respalda al “grupo de Lima” y a la desprestigiada Organización de Estados Americanos (OEA), cuando se trata de reconocer al “gobernante fantasía” y su “banda” – no controlan en Venezuela una cuadra- encargados de saquear los activos de los venezolanos en el extranjero. Sí bien es cierto el gobierno de Alvarado terminará su administración en 2022, desde ya tiene asegurado un lugar en el colectivo de miles de trabajadores costarricenses, sobre todo a partir de sus gestiones para alcanzar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $ 1.778 millones, que a decir de sus detractores, no necesita el país y, en cambio, compromete seriamente el futuro del movimiento sindical, el empleo público y las cuatro universidades públicas para citar algunos de los “daños colaterales” . El decir de estos grupos es que “embarga” la nación centroamericana por varias generaciones, así como toda clase de recursos e instituciones. Las universidades públicas en la mira desde hace tiempo por el “proyecto país” (Súmese el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) o la Refinadora Costarricense de Petróleo) sobreviven frente a unas 60 casas de estudios superiores privadas encargadas de llenar de sus profesionales los tres poderes de la república. Las autoridades universitarias les han costado entrar en razón en el sentido que para muchos de los tecnócratas formados en ellas la educación ya es un gasto ensanchador del llamado déficit fiscal y no una inversión y un derecho a la instrucción, sobre todo de aquellos más arrinconados por el sistema de producción. El dirigente del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU), Trino Barrantes, en un reciente llamado a la unidad para la defensa del “Estado Social de Derecho”, la coordinación de “acciones” y “la lucha contra el neoliberalismo”, calificó de “guerra despiadada desde los tres poderes de la República” la coyuntura que viven los costarricenses.
En otra proclama en ocasión del 1 de mayo dada a conocer por la revista Surcos los trabajadores acusaron a las élites económicas y políticas del PLN, de los Partidos Unidad Socialcristiana, del PAC, Restauración Nacional y Nueva República, de “precarizar” las deterioradas condiciones laborales y salariales, al reducirse las jornadas laborales, suspenderse los contratos de trabajo y congelando salarios. En el documento proclama del movimiento sindical “por el derecho a la vida, al trabajo, a salarios; se oponen al acuerdo con el FMI y las exigencias que el mismo contiene con siete proyectos legislativos simulados, porque deteriora servicios públicos esenciales, empobrecen, y golpe las instituciones estatales.
Recuérdese que mediante una Cadena de radio y televisión a principio de octubre de 2020 Alvarado, y quien fue presidente de la Asamblea Legislativa Eduardo Cruickshank, convocaron a una mesa de diálogo multisectorial a fin de buscar acuerdos para atender la situación fiscal y la crisis económica del país. Cerca de 70 organizaciones entre sindicatos, federaciones estudiantiles de las universidades públicas, Alianza Cristiana, Movimiento solidarista, municipalidades, Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, entre otras , junto a Cámaras y federaciones empresariales fueron llamadas al “dialogo” por Costa Rica (fuentes: https://delfino.cr/2020/10/quienes-representaran-a-cuales-sectores-en-la-mesa-de-dialogo-multisectorial y https://www.larepublica.net/noticia/estado-de-la-nacion-cancela-dialogo-multisectorial-porque-no-se-dieron-las-condiciones-necesarias).Sin embargo, ahora algunos “lideres” sindicales que tuvieron expectativas con dicho dialogo, sienten ya los efectos de aquel promovido “acercamiento”; no obstando lo anterior para reconocer que, por encima de las críticas que ahora quieren hacer al jefe de estado, es un hecho que el presidente Alvarado, sí “tiene quien le escriba”, pues en algunos medios de comunicación ha recibido apoyo para su frase favorita dicha por televisión: “trabajar, trabajar”. Estas loas provienen principalmente de miembros de cámaras y federaciones empresariales, algunos cuyos líderes son, a la vez, parte o defensores del poderoso “gobierno corporativo” (Ver: https://elearningccpa.or.cr/producto/presupuesto-publico-contratacion-administrativa-17-05-2021/?id_producto=undefined).
SOROS Y LA “TERCERA VIA”
El “esfuerzo” sostenido por casi 12 años, en cuanto a la posibilidad de una “tercera vía” de gobernanza sin “capitalismo salvaje” y menos algún asomo de “socialismo”, tiene en Costa Rica “magistrales” alumnos que, a lo mejor, el magnate George Soros conoce y ni siquiera imaginó cuando confeccionó sus mantras para el campo de los recursos naturales y dar su lógica creíble a la ideología de género, entre otros. Desde los gobiernos de la expresidenta Laura Chinchilla (2010-2014); el exmandatario Luis Guillermo Solís (2014-2018); así como del actual (2018-2022), la nueva gobernanza está complementada por grandes empresas cuyos esfuerzos van dirigidos a fortalecer las relaciones de los accionistas, propietarios e inversionistas con el Estado, cada vez más disminuido. De esta manera, el llamado “estado corporativo”, adecúa el marco legal, financiero y económico a la “democracia”, “la paz social” y el “desarrollo” del país.
Empero, la discusión sobre cómo organizar a los asalariados y articular sus demandas, más allá del interés del empresariado para que disputen, en un primer momento el poder, lo controlen luego, y posteriormente, sea distribuido entre los sujetos activos de la producción de riqueza, sigue siendo una tarea pendiente entre los líderes de los asalariados. La evidencia más a mano es la desmovilización de los trabajadores promovidos por este sistema de “gobernanza paralelo” en estos últimos años; además de que muchas cabezas de la llamada gente “progresista” o la denominada “izquierda”, han perdido la perspectiva de lucha en pro del derecho a tener patria independiente, justa y digna, presentando como “conquista”, por ejemplo, ver izada la bandera del movimiento LGTBIQ en las afueras de la casa presidencial, como sinónimo de “igualdad” e “inclusión” social, cuando los prejuicios sociales, económicos y religiosos siguen evidentes a lo largo y ancho del país contra estas minorías; o la lucha por mejores salarios para las mujeres, como forma de combatir “el patriarcado”, olvidando la necesidad urgente de enderezar la lucha conjunta de hombres y mujeres contra las estructuras económicas que cada día nos despojan de esa patria cuyas sabanas corrimos siendo niños y a la cual tenemos derechos a vivir con dignidad como personas por el simple hecho de haber nacido vivos.
De esta .manera, quienes por acción u omisión defienden las tesis de Soros en cuanto a familia, ambiente, recursos naturales o trabajo, lograron muchas veces elevar a tema nacional sí, es mejor o peor un “estado laico” , sí la extracción de minerales a cielo abierto va contra el “desarrollo sostenible”, etc.; por encima de por qué en Costa Rica el sindicalismo es inexistente en el sector privado, sí es posible un sindicalismo en pleno siglo XXI que entierre egos y derribe feudos, o sí este país cumple con el artículo 23.1 de la Convención Universal de Derechos Humanos. Esta norma ordena que el trabajo es un derecho garantizado a la persona, pero el gobierno corporativo interpreta que la disposición se refiere a escoger libremente el trabajo. O hasta dónde, haberse sometido a la tesis de la fundación Soros, en cuanto debe reducirse la población en las economías periféricas, ya afectó a toda la sociedad costarricenses. La cantidad de adultos mayores ha crecido un 60% solo en los últimos 12 años y para estar más que claros, para el año 2045, seremos más adultos mayores que jóvenes (Fuente: https://www.google.com/search?q=costa+rica+envejece&rlz=1C1UUXU_esCR944CR944&oq=costa+rica+envejece&aqs=chrome..69i57.9867j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8).
El “gobierno corporativo” puede ufanarse que el valor agregado en el sector de servicios es de un 73 % del valor total de Costa Rica, seguido por la industria y la construcción (21 %) y el sector primario (5 %). El proceso de apertura al comercio internacional y la atracción de inversión extranjera directa, que comenzó desde las décadas de los ochenta, diversificaron la producción del país, impulsando las exportaciones y mejorando la utilización de la fuerza laboral (Fuente: El Panorama del gobierno corporativo; en https://www.oecd-ilibrary.org/sites/380130cf-es/index.html?itemId=/content/component/380130cf-es). Además debemos alegrarnos que los ticos con anemia menores de dos años son apenas el 18%, el desempleo nacional es de 23,2%, según la encuesta Continúa de Empleo (ECE), cuyo porcentaje de desocupados nunca antes se había visto, cuya fuente asegura es culpa de la pandemia de la COVID 19. O con el creciente deterioro de las escuelas usadas por la gente impedida de recurrir a la boyante educación privada. Según la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, no se justifica el abandono en que están los centros de educación pública, porque “el Estado es responsable de asegurar las condiciones que permitan la plena realización de los derechos del niño y en particular, el derecho a una educación de calidad. (Fuente: Sobre anémicos en La Nación 16/ago 2019 y https://www.elmundo.cr/costa-rica/defensoria-mal-estado-de-centros-educativos-debe-ser-prioritario-para-el-mep/).
NACE UN MANTRA: “SIN FMI NOS VAMOS AL CARAJO”
El desempleo, la falta de vivienda, los elevados precios de los servicios y los alimentos, el congelamiento de salarios y la exclusión social – Costa Rica está entre los cinco primeros países latinoamericanos con más mayor inequidad – entre otros, estaban antes de la aparición de la pandemia de COVID 19. El sicariato y los “ajustes” de cuenta, al mejor estilo de Colombia, nunca necesitaron de un maldito virus para extenderse. Con o sin vacunas están presentes en la vida del costarricense. Y no hay un plan integrado que ataque las raíces socioeconómicas del problema. Las noticias sobre narcotráfico suelen ser aquí las compañeras inseparables durante el almuerzo o la cena. Solo en febrero de 2021 la Policía Antidrogas confirmó que evitó la “exportación” de 2.5 toneladas de cocaína; que saldría por el puerto de Limón. Según la agencia de noticias Reuter -9 ene de 2021- Costa Rica cerró el 2020 con la mayor cantidad de cocaína y marihuana incautadas en su historia, al decomisar 71,2 toneladas de droga, explicando que el récord se logró por un aumento de la producción en Colombia y mayores capacidades policiales en casa.
En este contexto cobró relevancia que un influyente diputado del PLN, exsecretario general de esa organización y presidente de la comisión legislativa sobre narcotráfico, Gustavo Viales, renunciara a los dos últimos cargos, tras ser vinculado por la policía con una investigación a un cartel dedicado al trasiego de cocaína y legitimación de capitales. (Fuente:ELPaís.cr; 13/4/2021; http://www.elpais.cr/2021/04/13/diputado-viales-del-pln-renuncia-a-inmunidad-por-caso-de-narcotrafico-en-region-sur/). El ha negado toda vinculación hecha por la policía, así como de unos parientes cercanos, haciendo ver su disposición a someterse a la investigación. Según la Fiscalía de la República la banda había infiltrado la policía del Organismo de Investigación Judicial (OIJ); trasegarían una tonelada de cocaína cada dos meses. En 1985 durante la administración del PLN, encabezada por expresidente Monge, fue detenido en Costa Rica el “inversionista” y narcotraficante mexicano, Rafael “Caro” Quintero, supuestamente con una lista de “contactos”. Fue devuelto a México en tiempo récord y la libreta donde, según la prensa, aparecían direcciones y ubicaciones de esos contactos se perdió misteriosamente.
No todo, empero, está perdido en cuanto al derecho de tener un mejor país y lo provisorio del asunto. Para el presidente Alvarado la situación socioeconómica de su país encontrará una solución con el préstamo de $ 1776 millones provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero como “no hay chocolate sin cacao”, para acceder al empréstito deberá reformarse todo el sector estatal, congelar planillas y salarios, así como reducir fondos a importantes instituciones públicas (transferencias suena más elegante). De esta manera, la gobernanza paralela – está inspirada en el gobierno de los empresarios brasileños desde 1995-, prácticamente se consolidará definitivamente, pues quedan pocos activos estatales que vender o dar en concesión.
Durante un reciente discurso dado en la región del pacífico costarricense, en tono coloquial y para destacar la trascendencia del empréstito, Alvarado aseguró que necesitan la reforma del sector público a fin de reducir el faltante fiscal, porque sin el FMI “todo se va al carajo”.
Fuente: Semanario Universidad del 13/4/2021.
El déficit fiscal se origina, según la versión oficial, porque se destina el 1.56% de la producción nacional al pago de la deuda, siendo la mayor carga (83,82% de ella) para los llamados acreedores internos (Fuente: Diario Extra 17/4/2021). Para el Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, el faltante fiscal es provocado por los tenedores de bonos de la deuda interna, la evasión de impuestos, la corrupción, el contrabando y las repetidas amnistías tributarias dadas en los distintos gobiernos, cada vez que así exigen el empresariado.
Vargas apunta a que los distintos gobiernos han “satanizado” a los empleados públicos como los responsables de la crisis fiscal cuando hay elevadísimos salarios en el sector estatal para altos burócratas afines al proyecto neoliberal, además de millones de colones que se pagan en “asesorías” a los amigos del gobierno. Es del criterio que quienes tienen bonos de deuda interna y especulan con esos valores, hacen que cada costarricense nazca embargado, pues llega a este mundo con una deudilla equivalente a $ 9.917. Por su parte, el Semanario UNIVERSIDAD se quejó recientemente porque nadie conoce a estos “tenedores de deuda interna”, pues están blindados por el principio de “confidencialidad”, según los altos tribunales del país.
Este periódico dio a conocer que 25 grandes contribuyentes del control unificado del Ministerio de Hacienda entre 2017 y 201|9 estuvieron, inexplicablemente, ausentes del Registro Único de Contribuyentes, según una investigación realizada por la Contralaría General de la república (Fuente: https://semanariouniversidad.com/pais/fifco-britt-h-solis-farmaceutica-y-pineras-fueron-grandes-contribuyentes-que-quedaron-fuera-del-foco-de-hacienda-en-algunos-anos/). El informe asegura que todas esas firmas registraron volúmenes de importaciones por ₡ 370.936 millones e impuestos aduaneros por ₡ 51.078 millones, equivalente en dólares estadounidense a unos $ 604 234 millones y 83 millones.
¡Sí, amigo, Cid Campeador, cosas veredes¡
* Periodista, abogado y notario por la U.C.R.
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