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Ministro de Hacienda: mejor pobreciticos

Escrito en 18/07/2020. Publicado en Análisis, Coyuntura.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Recibí un video sobre cómo está enfrentando Alemania las consecuencias socio-económicas de la pandemia. Sorprendido por sus medidas atrevidas y visionarias, lo que parecía una noticia falsa más, me di a la tarea de verificar.

Efectivamente, ese país no ha escatimado esfuerzos y recursos para evitar el colapso económico y social. Se atreve a romper su política de cero déficit fiscal y, desde inicios de la pandemia, decide endeudarse por 156.000 millones de euros, para evitar el desempleo y la quiebra de empresas. Ni pensar en vender las “joyas” nacionales. Más bien, empresas como Luftansa son candidatas a una “seminacionalización”[1].

Las medidas para proteger al ciudadano, para los ticos nos parecen de ciencia ficción: no pago de alquileres, postergación del pago de deudas, financiamiento a empresas pequeñas y grandes. La mayor parte del fondo es para garantizar empleo y rescatar empresas de hasta diez trabajadores.

Mientras tanto, en nuestro país se le sirvió en bandeja de plata a la empresa privada para que despidiera o subcontratara, lo que ha disparado el índice de desempleo a más del 20%. Y ahora, el nuevo Ministro de Hacienda nos dice que “el país necesita que todos nos hagamos chiquiticos, porque la pandemia hizo a esta economía más chiquita”. En términos futbolísticos invita replegarse, evitar salir a la ofensiva. O sea, contraer la economía, siguiendo los dictámenes de la “pandemia” (UCCAEP, FMI). Todo lo contrario a lo que está haciendo Alemania.

Por supuesto que las comparaciones tienden a ser odiosas, más cuando no guardamos las distancias entre la situación de países pobres y ricos. Sin embargo, algo tenemos que aprender en doble vía. Claro, no podemos comparar a uno de los países de la Unión Europea que cobra un 55% de impuestos a los que más tienen con este país donde el impuesto a la renta promedio es de un 22.5%, candidato a la OCDE donde el promedio es de un 38%.

Más aún, un país donde las concesiones a los sectores empresariales y financieros más poderosos son vergonzantes e indignantes. O sea, al declarar cero ganancias, se les está permitiendo estafar y quebrar al Estado. Solo en impuestos evadidos se alcanza a la cuantiosa suma de 2.870.000.000.00 (2 billones 870 mil millones por año), el equivalente a un 8.2% del PIB; y en exoneraciones 2.100.000.00 (2 billones 100 mil millones de colones por año), lo que representa un 6,2% del PIB[2].

El nuevo ministro de Hacienda busca salvarlo con políticas de empequeñecimiento, atendiendo al mandato de esos sectores que solo les interesa reducir el sector público, y quitarle músculo al Estado, es decir, capacidad para regular el mercado. Y, así, seguir usufructuando de sus jugosas ganancias. “En río revuelto, ganancia de pescadores”. El ministro apela a la vieja excusa de salvar a los pobres, cuando lo que está haciendo es salvando a los ricos y hundiendo al país entero.

El economista Bernal Jiménez ha señalado que “con hacernos chiquiticos, la economía menguará, se reducirá el PIB y aumentará la desocupación y la pobreza […] reducir el nivel del presupuesto contrae la economía”. Efectivamente, lo que se busca es hacernos más pobreciticos de lo que ya somos, donde se hacen pruebas de Covid19 muy selectivas por falta de recursos.

Y es que ya hace rato nuestros anémicos gobiernos se vienen conformando con poco, conduciendo al apocamiento del país. ¡Qué gran daño! El gobierno de Oscar Arias celebró paliar la crisis del 2008, sin impulsar ninguna medida tributaria sustantiva, solo con paliativos asistencialistas. El de Luis Guillermo Solís celebró la reducción de la tasa de hogares pobres en un 0.5% en dos años (2016-2017). Y el gobierno de Carlos Alvarado con logros pírricos en reducción del déficit fiscal, mientras justificó la aprobación de un plan fiscalista que golpea a los pobres y a la clase media y premia con amnistías a las grandes empresas evasoras[3].

Mejor pobreciticos. Por este camino, estamos jodidos ¿Cuándo vamos a jugar a la ofensiva: reactivación económica con justicia social?

[1] https://www.dw.com/es/alemania-aprueba-un-contundente-plan-econ%C3%B3mico-contra-las-consecuencias-del-coronavirus/a-52891560

[2] https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/costa-rica-calcula-evasion-fiscal-en-82-del-pib/GB4YDJLQYRBVNK7ISFH3WCEOZA/story/

http://wwhttpsw.nacion.com/el-pais/politica/exoneraciones-fiscales-casi-equiparan-monto-del/FX6XOJXJZZF6ZIZVYCIJLS76SE/story/

[3] https://semanariouniversidad.com/opinion/costa-rica-un-pais-apocado/

Imagen: INEC editada.

Covid-19 y “apertura” de la economía: No nos hagamos ilusiones

Escrito en 07/07/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís
Economista, Director CICDE-UNED
Grupo Economía Pluralista

Tras semanas de parcial confinamiento, el gobierno de Carlos Alvarado inició un proceso así llamado de “apertura” de la economía, con la esperanza de restablecer una relativa “normalidad” que permita reanimar la actividad económica y recuperar empleos. Se comprende que esto se hace bajo un juego múltiple de presiones: en primera instancia por parte de las cámaras del gran empresariado, pero también por la severidad del derrumbe económico, la pérdida de empleos, el deterioro de la situación fiscal e, inclusive, la impaciencia misma de la gente.

Se ha intentado avanzar en la “apertura”, cuando al mismo tiempo se registra un fuerte incremento de los contagios por Covid-19. Esto plantea un gran desafío, y exige un altísimo grado de disciplina. Si el contagio se sale de control –y es lo que pareciera estarse dando– ello tendría consecuencias potencialmente catastróficas. No estoy del todo seguro si el común de las personas ha logrado interiorizar plenamente lo que esto significa. Pero lo que resulta más preocupante es el tipo de mensajes que lanzan algunos de los liderazgos empresariales, en especial la UCCAEP. Sus exabruptos, ofensivos y estridentes, transmiten un desprecio por la vida, que solo es propio de una ideología fascista. Confío, sin embargo, que, en su amplia mayoría, predomina en el empresariado costarricense, un compromiso ciudadano, de protección a la salud y de respeto a la vida, absolutamente indispensable en este momento.

Si la pandemia se desborda, los servicios hospitalarios colapsan y las muertes se disparan, la “apertura” de la economía inevitablemente se frenará. Por decisión de las autoridades o a causa del pánico que ello provocaría. No entender esto es no entender nada, y es obvio que la UCCAEP, incapaz de mirar más allá de la punta de su nariz, no lo entiende.

De ahí que sea un error hablar de establecer un “balance” entre la salud y la economía, lo cual sugiere que salud y economía están en el mismo nivel, tienen la misma importancia y pueden caminar la una a la par de la otra. Incorrecto. Incluso si se opta por “abrir” la economía, ello debe hacerse priorizando siempre la vida y la salud. De otra forma, la propia “apertura” se detendría cuando apenas empiece a caminar, y, al final, la factura que deba pagarse será mucho más cara.

Por otra parte, debemos entender que la “apertura” no tiene más que muy limitadas posibilidades, si de recuperación de la economía y los empleos se trata.

Primero, hay un ambiente de enorme incertidumbre y temor, que inevitablemente frena el consumo de las personas y los hogares, y los proyectos empresariales de inversión. O sea, lo que cabe esperar es un proceso donde, al “abrirse” la economía, la gente retome a lo sumo de forma parcial algunos de sus viejos hábitos de consumo, pero manteniéndose cauta y contenida. En el caso de las empresas ese mismo efecto se daría, pero en grado incrementado, ya que se parte de un altísimo nivel de desocupación de la capacidad instalada. Difícilmente habrá alguna empresa que, bajo tales condiciones, quiera emprender nuevos proyectos de inversión.

O sea, la reapertura tan solo dará un empujón parcial e insuficiente a la economía, y, por ello mismo, tan solo se recuperará una parte de los empleos perdidos. Por lo tanto, mucha gente que se quedó sin trabajo, no podrá recuperarlo, lo que, a su vez, mantendrá en pie poderosas fuerzas contractivas, que harán aún más limitada la recuperación de la demanda de consumo, y deprimirá aún más la disposición empresarial a generar nuevas inversiones.

Los estímulos provenientes del exterior tampoco aportarán gran cosa. La profundidad de la recesión en países ricos, mantendrá deprimidas las exportaciones al menos por el resto de este año, pero seguramente el efecto se prolongará al año venidero. El turismo, por su parte, durará mucho tiempo –posiblemente años– antes de retornar a niveles comparables a los de los tiempos pre-Covid. Hay demasiado miedo circulando en la atmósfera sicológica del mundo entero, para pensar otra cosa, ni siquiera si se adoptasen estrictas medidas sanitarias, y ni siquiera si se descubriese una vacuna eficaz, teniendo presente que aún si ésta estuviese disponible, su aplicación universal llevaría tiempo.

Y aquí es importante aclarar una idea errónea, pero muy popular, inclusive entre economistas: la de que “fondear” los bancos, para que éstos tengan recursos y coloquen créditos, es una herramienta eficaz para dinamizar la economía^[i]. La cuestión más bien funciona a la inversa. La economía no se reactiva porque se reactive el crédito; por el contrario, el crédito se reactiva en respuesta a la reactivación de la economía. Una vez la economía gana tracción, el crédito funcionará como lubricante que lo facilite y, eventualmente, contribuya a darle impulso. Pero el crédito no puede gatillar el proceso y ponerlo en marcha. Lo cierto es que no hay colocación de créditos, si no hay demanda de crédito. Y para que esta demanda exista, es necesario que la economía camine.

Ello asimismo demarca los límites de los estímulos monetarios que, vía tasas de interés, puedan ser aportados por el Banco Central. Existe, por un lado, el problema –entretención habitual en las conversaciones entre economistas costarricenses– acerca de la exasperante lentitud con que las tasas de interés en el sistema bancario, responden a las bajas acordadas por el Banco Central en su “tasa de política monetaria”. La razón de lo cual, según creo, hay que buscarla en el característico conservadurismo del propio Banco Central, el cual pareciera creer que basta con anunciar la baja, y por su linda cara los bancos le seguirán obedientes y sumisos. Lo cierto es que si no actúa con un mínimo de agresividad las tasas no bajarán. Y eso es lo que usualmente ocurre: las tasas no bajan. Se necesitaría mayor activismo, algo impensable en nuestro artrítico Banco Central.

Pero esa es una parte de la historia y, en las circunstancias actuales, la menos importante. Porque inclusive si las tasas de interés tuviesen una baja muy significativa, las fuerzas contractivas que mantienen frenados los planes de inversión de las empresas y los planes de consumo de las personas y las familias, seguirán en pie. Por un lado, la enorme capacidad productiva instalada de las empresas, que permanece ociosa. Por otro, la situación de amplísimo desempleo. Y súmele el congelamiento de las exportaciones y el turismo. Y, encima de tales factores objetivos, el ambiente sicológico de terrible incertidumbre y temor. Simplemente el crédito no se reactivaría, ni siquiera si las tasas de interés se aproximasen a cero.

Por su parte, el “libre mercado” carece de mecanismos que permitan desatascar esta maquinaria averiada. En el contexto de oscuridad que la incertidumbre reinante impone, esos mecanismos quedan paralizados. O, si acaso, solo podrían lograrlo después de un largo período y un cúmulo incalculable de sufrimiento humano, cuando, al fin, las empresas empiecen a hacer inversiones para sustituir capital destruido o depreciado, y/o las exportaciones de fuera de zona franca, empiecen a tener una reanimación significativa. Pero el lapso que tendría que transcurrir para ello, podría ser intolerable para la sociedad.

Estamos entrando a una fase donde se hace necesario recuperar, siquiera parcialmente y mínimo por algún tiempo, la noción cepalina de «desarrollo hacia adentro». No por razones ideológicas, sino por imperativo de la realidad. O sea: la economía costarricense tiene que reencontrarse con el mercado interno, y volver a priorizar objetivos de justicia social y mayor igualdad.

Teniendo eso claro y ante el contexto actual, el único agente económico que podría proporcionar el empujón que saque a la economía de ese sopor patológico y rompa la parálisis, es el sector público, y tendría que ser por medio de un amplio programa de inversión pública, planificado para que incorpore un componente de fácil ejecución en el corto plazo, capaz de generar muchos empleos y densos encadenamientos con actividades productivas nacionales. A mediano y largo plazo ese programa debería enfatizar las energías limpias, las tecnologías verdes, la modernización del transporte público, la fibra óptica, los acueductos y sistemas de alcantarillado y tratamientos de aguas residuales, la infraestructura educativa y sanitaria, los espacios públicos, el desarrollo de la ciencia y la tecnología y el acceso a la vivienda para toda la población.

Por ello mismo, resulta un desatino las propuestas de austeridad fiscal, que tan solo vendrían a reforzar las fuerzas contractivas que actualmente están en operación. Lo cierto es que la única forma saludable de volver manejables el déficit y la deuda pública, es a través de la dinamización de la economía.

Y siendo verdad que enfrentamos una severa restricción fiscal, por ello mismo se hace indispensable buscar formas alternativas e innovadoras de financiar ese programa de inversión, de forma que el déficit fiscal mismo no se vea incrementado. Entre las cosas rescatables en el programa de reactivación de la economía que el gobierno de Carlos Alvarado presentó el 4 de mayo pasado, había algunas ideas en este sentido. Los números ofrecidos eran interesantes, pero el planteamiento resultaba vago e impreciso, y lo sigue siendo hasta el día de hoy.

Se trata de poner a caminar la maquinaria económica, en la comprensión de que, una vez puesta en movimiento, el proceso de recuperación se alimentará a sí mismo. Será entonces cuando entre en juego el crédito, cuya demanda se verá incrementada una vez la economía agarre vuelo.

Ya para entonces los bancos volverán a funcionar como normalmente lo hacen: creando dinero prácticamente “del aire” para conceder crédito y, así, crear sus propios depósitos.

[i] Esta es una idea que, por ejemplo, desarrolla con amplitud el muy respetado colega, don William Hayden, en un artículo en el medio digital La Revista (4 de julio de 2020): “Las alternativas económicas de nuestro país en el marco del covid-19”.

Información tomada del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/

Enviado a SURCOS por el autor.

El Emperador o sobre la propuesta de UCCAEP

Escrito en 03/07/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Jorge Hernández V.

Bajo el engañoso título de “Pacto por el empleo” la UCCAEP hace, entre otras, las siguientes demandas al Estado costarricense, todo en el marco de la situación fiscal y de pandemia que atraviesa el país. Para el escrito hemos tomado del documento de UCCAEP algunas de sus exigencias que representan tanto beneficios directos (BD) como modificaciones de lo público en función de los intereses del sector privado (IP) al que representa la UCCAEP. Las presentamos como ejemplos del tipo de demandas que ellos presentan al Gobierno de Costa Rica. Así tenemos:

De orden general/transversal:

1.1 que le quiten el acoso tributario, es decir que no lo amenacen con impuestos, mucho menos hacerlos efectivos (BD)

1.2 que se suspendan los mensajes de amenaza al sector, o sea que no se den intentos de eliminar el secreto bancario) (BD)

1.4 que se detenga el acoso ambiental sobre el empresariado, que se le deje producir sin mayor regulación ambiental. (MPIP)

1.6. que se detengan los proyectos de ley que alteren el clima de negocios ( proyecto para fortalecer la inspección del trabajo, impuestos al reaseguro, no ligar el seguro de salud voluntaria a la inscripción como contribuyente a la CCSS, ley de prohibición de uso de bolsas plásticas desechables en el comercio, ley para prohibir la contaminación por residuos plásticos, ley para desincentivar el consumo de alimentos ultra procesados, ley de creación de la oficina de control de precios de medicamentos (MPIP)

1.8. dar seguridad jurídica al régimen de zonas francas, es decir que no les pongan impuestos (BD)

Crédito

2.1. que se recorten cargas fiscales de los bancos del Estado destinadas a Infocoop y al financiamiento de la educación para aumentar los saldos para créditos para el sector privado (BD)

Tramitología

3.2. que se aplique la guillotina a una serie de regulaciones sobre permisos de construcción, patentes comerciales, permisos de transporte turístico, certificación de guías de turismo (MPIP)

Bienestar institucional

4.1. Mayor eficiencia de ICE y RECOPE para bajar costos de producción (MPIP)

4.3. que se limite la compra entre instituciones públicas (no quieren que empresas públicas participen en contrataciones públicas) (BD)

4.4 que se privatice el sector de generación de electricidad ((BD))

4.5 Frenar la participación del ICE en obras de infraestructura (BD)

Reducción de la Informalidad

5.1. que se dé una amnistía para las cargas sociales y ambientales para incentivar la formalización de empresas y trabajadores independientes (BD)

5.2 que se apruebe una flexibilización laboral y aseguramiento solo por jornada efectivamente trabajada y no por mínimos (BD)

5.3 que se cambie la afiliación a la CCSS por esquemas de ingresos salariales para el trabajador

Independiente (MPIP)

Déficit fiscal iniciar venta de activos del Estado (BICSA, BCR, Fanal,) (MPIP)

7.1. que se aplique la regla fiscal a todas las instituciones del Estado (MPIP)

7.4. que no se presenten proyectos que generen más gastos para el Estado como en Japdeva, solo permitir proyectos que disminuyan el Estado (MPIP)

7.6. Ley para la reducción del gasto público (MPIP)

8 Educación

8.1. que se exija a las universidades públicas el uso eficiente del FEES, parece que trabajan en coordinación con los diputados de la Comisión FEES (MPIP)

8.2 que se transforme el CONESUP a las necesidades de la educación privada, eliminemos lo público y privaticemos (MPIP)

que se apruebe la Ley de empleo público para que el Estado y sus instituciones sean más eficientes (MPIP)

La lectura y análisis de estas y otras exigencias de la UCCAEP y del documento como un todo llevan a las siguientes reflexiones.

El Emperador UCCAEP quiere socializar las pérdidas y le dicta a su administrador (la Administración Alvarado), pero no al soberano, que tiene que hacer para que los empresarios Elite (que no son los medianos y mucho menos los pequeños empresarios) estén, a pesar de la pandemia, cada vez mejor. Futuro, poder y riqueza asegurados. Nada importa la inclusión social, ni el bien común. Se trata del bienestar del Emperador y sus allegados. Todas las propuestas enumeradas buscan exactamente ese fin, el bienestar del Emperador y sus allegados, a pesar de la pandemia y la crisis fiscal, la cual en buena medida tiene como causa la evasión fiscal, la elusión y las exoneraciones. Las dos primeras según el propio exministro de Hacienda alcanza la escandalosa suma de 3.800 millones de dólares.

Lo que propone y exige el Emperador tiene un tono político y moral, además del económico, con rasgos totalitarios e impositivos (claro vienen del Emperador, ese grupo social si puede hacer eso). El Emperador habla como si fuese el representante de todos, la voz de todos, pero en realidad es solo su propia voz.

UCCAEP nos quiere hacer creer que su propuesta es la única posible, lo cual por supuesto no tiene nada de cierto. Hay muchas otras y muy buenas opciones y posibilidades. Parece que para el Emperador no existe en Costa Rica ninguna otra visión del futuro, solo la suya, visión que bien le ayudan a promover el grupo Nación, Teletica, Repretel, Amelia Rueda y Monumental, entre otras.

Según el Emperador, en su documento, el desarrollo socioeconómico del país, a través de la historia se debe al empresariado. ¿Será esto ignorancia o interposición histórica?

Dicen además que tiene 200 años de producir libertad, posiblemente se refieren a la libertad para generar pobreza, pobreza extrema, y libertad para producir desigualdad extrema.

El Emperador UCCAEP y sus amigos políticos han planeado, diseñado y ejecutado confrontación y divisionismo, el 1 % contra el 99%, han erosionado el bienestar común, han erosionado la seguridad social y finalmente la democracia. No hay democracia con 25 o 30 % de pobreza y 20% de desempleo. Tampoco hay democracia donde los impuestos los pagan los que menos tienen y los poderosos exigen más privilegios.

Para el emperador el empleado público debe cumplir las leyes y los reglamentos, pero no se pregunta quienes son los evasores, los practicantes de la elusión y los que estafan las aduanas. Es la población de ingresos medios y bajos la que en la realidad sostiene al Estado, no son los empresarios. La emergencia de la pandemia ha dejado claro este hecho.

Como buen emperador la UCCAEP dice que ellos no tienen privilegios (están tan acostumbrados a no pagar los impuestos que deben pagar, a la elusión y a las exoneraciones, que no lo consideran un privilegio, aunque todos los demás costarricenses si los pagamos). Sus exigencias en el documento de su autoría son en buena parte privilegios que otros grupos económicos de este país no tenemos y ni siquiera pensamos en exigir. El hecho de exigirlos ya es un privilegio que ellos se auto recetan. El resto del pueblo no tiene medios para expresarse y si lo hace le aplican la ley anti huelgas que UCCAEP propuso y le aprobaron.

En la propuesta legislativa “Pacto por el empleo” el emperador UCCAEP solo ve sus intereses, no le interesa mejorar el nivel de vida de los trabajadores, aún cuando los necesita para generar sus ganancias. El emperador quiere, mediante legislación mezquina, reducir los beneficios del empleado del sector público porque no quiere que los empleados del sector privado logren el nivel de vida y los beneficios que con esmero han logrado los servidores del sector público, porque eso significaría ceder parte de sus ganancias. Es más fácil y más rentable atacar al empleado público y al Estado que cambiar la estructura de su funcionamiento como sector privado. El sector público es el que garantiza salarios, garantías sociales y servicios públicos. El documento deja ver que el emperador no quiere al Estado, no quiere contribuir con el Estado, pero lo que sí quiere es quitarle al Estado actividades lucrativas y privatizarlas.

COVID 19 ha mostrado las contradicciones enormes entre los intereses de las mayorías de esta sociedad y el interés privado de la UCCAEP. La lectura de la propuesta de UCCAEP confirma estas contradicciones.

En tiempos difíciles Costa Rica ha sabido, en su historia, concertar e innovar en ámbitos que han marcado el camino costarricense del progreso y desarrollo humano sostenible. La abolición del ejército, el Estado Social de Derecho, la conservación y preservación de los recursos de nuestra biodiversidad, los esfuerzos por la paz y la convivencia democrática; son rasgos que nos identifican. Todos estos logros a lo largo de nuestra historia son los que esta y otras propuestas de la UCCAEP a lo largo de los últimos años quieren destruir porque no tienen vocación democrática ni sentido social y son incapaces de confesarlo.

Negociación con el FMI

Escrito en 17/06/2020. Publicado en Análisis, Equidad y derechos de la mujer.

Óscar Madrigal

El hecho más relevante, importante y peligroso que de manera inmediata se le presenta al país es la negociación con el FMI, mucho más riesgosa para la clase trabajadora que las propuestas vía ultimátum que presentó la UCCAEP.

El FMI le prestará al país $2.250 millones de dólares en 3 años y a cambio de ello el Gobierno se compromete a un programa de ajuste estructural, informa la prensa.

Este ajuste, en las versiones preliminares, se orienta a:

1-. Reducir la deuda pública a un 50% del PIB, lo que significa reducirla en más de 6,1 billones de colones en un plazo de 14 años (al 2034), solo de principal, sin calcular pago de intereses.

2-. Reducir el déficit fiscal al 2% del PIB en 4 años (al 2025). La proyección del FMI es que este año el déficit sea de 8,7%; en otras palabras, reducirlo en 6,7 puntos, que significan 2,5 billones de colones en 4 años, sin incremento alguno del presupuesto del 2020.

El dilema es cómo reducir el déficit y simultáneamente reducir la deuda pública.

En números aproximados hay que reducir la deuda en 2 mil millones cada año por principal y el déficit en 600 mil millones por año, manteniéndose congelado el actual presupuesto.

En consecuencia, habría que congelar el actual presupuesto, sin aumentos de ningún tipo, ni gasto, inversión, trasferencias, etc. Y luego buscar 2.600 millones de colones adicionales para pagar la deuda y reducir el déficit.

El FMI prestaría 430 mil millones por año. El FMI nos presta para obligarnos a pagar la deuda, para pagarle principalmente a los acreedores internacionales. Pero su préstamo es ridículo en relación con las obligaciones que nos impone.

Los restantes 2.100 millones de colones que por año se deben conseguir, proponen recaudarlos de tres fuentes: reducción de gasto, venta de activos e impuestos.

(Esta es una proyección lineal que no incluye distintas variables, pero da una idea clara de lo que nos exigirá el FMI).

Cuando el anterior ministro de Hacienda propuso la venta de Bicsa y Fanal, sus datos más optimistas eran de que su venta podría producir 200 mil millones. Como se ve no mueve la aguja. Entonces, habría que vender por lo menos un banco estatal, el INS o el ICE.

La reducción de gastos es congelar salarios, reducción al aporte financiero a universidades públicas, PANI o CCSS y despido de funcionarios, vía cierre de instituciones y despido por reorganización.

Sobre los impuestos ya varias fracciones legislativas dijeron que no aceptarían un nuevo impuesto, con lo cual dejan claro que la crisis no tocará ni un pelo de los grandes empresarios. Todo el peso recaerá sobre los trabajadores y trabajadoras.

¿Pero es el préstamo y el programa de ajuste del FMI la única solución a la crisis? Por supuesto que no. En primer lugar, porque como queda explicado, esa solución no resuelve el problema y en segundo porque existen otras posibilidades más reales y que puedan resolver el asunto de fondo.

El movimiento popular ha hecho muchas propuestas realistas, serias y profundas. Creo que dos son importantes: trabajar por una moratoria de la deuda pública por un plazo de 4 años e imponer un impuesto solidario a las grandes empresas y patrimonios por 4 años. Nada de ello perjudicará gravemente a los acreedores del país ni a los grandes empresarios y resolvería el problema de las finanzas públicas sin empobrecer más a las clases populares.

El autogol político 9796

Escrito en 09/06/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

Hernán Alvarado

Los reclamos y argumentos se han multiplicado contra la disparatada ley 9796, que ya suma más de 400 demandantes. Además ha movilizado a las principales organizaciones de trabajadores. Se oyen pasos de animal grande, mientras se acumula evidencia de que es otro autogol político del populismo reinante.

Una chispa podría encender la pradera

El Foro de presidentes y secretarios generales del Magisterio Nacional (constituido por representantes de ANDE, SEC, APSE, ADEP, AFUP, COLYPRO, AFITEC, SINDEU, UNEUNED y SITUN) ha hecho circular su «Rechazo rotundo a la unificación de los regímenes de pensiones». Ellos repasan la historia del régimen destacando el desfalco sistemático que ha hecho el Estado de su fondo solidario; así como la historia de sus luchas, especialmente, la huelga de 1995. Esas organizaciones reafirman que «Defenderemos hasta sus últimas consecuencias la estabilidad de nuestro régimen de pensiones, propiedad de todas las personas trabajadoras de la educación. No permitiremos que este pilar de la seguridad social sea debilitado». También se reunieron con la titular de la SUPEN, el 5 de junio pasado, para hacer notar que el gobierno no está jugando solo en esta cancha embarrialada.

Por otra parte, una publicación reciente del Sindicato del Poder Judicial revela que su fondo de pensiones goza de buena salud y «no requiere ajustes», según estudio actuarial del 20 de marzo pasado. Eso confirma que la ley 9796 carece de fundamento técnico, por lo cual resulta jurídicamente improcedente.^[1]

Un remedio peor que la enfermedad

El Msc. Francisco Esquivel ya demostró que la ley 9796 es regresiva, pues obliga a pagar más a quienes menos tienen.^[2] Por su lado, el Dr. Jorge García, llegó a la misma conclusión. El siguiente gráfico de su autoría, con datos emanados de JUPEMA, compara montos netos de los jubilados del Magisterio Nacional con la ley vigente y los que recibirán con la nueva ley.^[3] En el eje horizontal se observa una serie de montos nominales en millones de colones y en el eje vertical los montos netos correspondientes, es decir, una vez hechos los rebajos que se desprenden de la ley 2248 (en azul) versus la ley 9796 (en rojo).

Ahí se observa que, en efecto, las pensiones entre 2,2 y 5 millones recibirán bastante menos con la ley 9796. Lo mismo sucede con el rango entre 5 y 9,5 millones, aunque en menor medida conforme el monto nominal crece, pues esas pensiones serán menos afectadas por la nueva ley (por eso las curvas se aproximan). Esto es suficiente para comprobar que el impuesto es regresivo.

Pero encima de los 9,5 millones el monto neto se revierte, es decir, que será mayor con la ley 9796, pues esta aumentará lo que reciben quienes más tienen. De modo que una pensión de 14 millones, por ejemplo, que recibe 4,3 millones, sería premiada con 2 millones más por mes; nada menos que 24 millones de colones al año. O sea, el señor Presidente protegió con su coadyuvancia a los que más pensión reciben. Espectacular autogol que desnuda el populismo de la clase política. ¿Se dignará algún día a explicarnos por qué?

Esto no solo niega todo lo que se ha dicho sobre la ley 9796, sino que también contradice su propósito: «El objeto de esta ley es contribuir con las finanzas públicas del país aplicando un rediseño de los topes de pensión máxima y de la pensión exenta de la contribución especial solidaria (…)». Y de manera inapelable contradice su fin principal: «Contribuir con la eliminación de las desigualdades en los beneficios sociales de las pensiones y jubilaciones, así como en las cargas tributarias.»^[4] En breve, esta ley se contradice a sí misma, se auto anula.

No solo es regresiva sino también desproporcionada

Esto resulta así, entre otras cosas, porque la ley 9796 se atiene al tope máximo que internacionalmente había establecido la OIT para un impuesto de este tipo, que es del 55%;^[5] mientras que en 1997 se admitió rebajas mayores, hasta un porcentaje del 69% para las pensiones más altas, según la ley 7531. Pero en ambos casos se trata de porcentajes usureros que nadie puede aceptar sin poner su grito en el cielo; porque se trata de impuestos confiscatorios, además de discriminatorios ya que a nadie más se le cobra tanto.

¿Qué haría, por ejemplo, la persona más rica de este país si en aras de equidad tributaria, o para limar odiosos lujos y privilegios, el Estado le obligara a pagar un impuesto de 481,352 millones de colones, el 55% de su ingreso anual?^[6] Con lo cual se recaudaría fácilmente 40 veces más que el «ahorro» de la ley 9796. Seguro que veríamos la primera huelga general convocada por la UCCAEP. Entonces, ¿por qué los jubilados deben admitir una carga tributaria del 55% que es 2,5 veces mayor que la carga tributaria del país, suponiendo que esta ronda el 22%?^[7] Lo que no es bueno para el ganso ¿por qué lo sería para la gansa?

¿Y encima las personas pensionadas tienen que tolerar ese bullying o acoso mediático que les tilda de privilegiados? Lo más irritante es que se les impone tanta injusticia porque creen que es un grupo pequeño y vulnerable. Se olvidan del poema de Pedro Mir, a propósito del vil asesinado de las hermanas Mirabal que acabó con la dictadura de Trujillo: «Porque hay columnas de mármol impetuoso no rendidas al tiempo/ y pirámides absolutas erigidas sobre las civilizaciones/ que no pueden resistir la muerte de ciertas mariposas…».^[8]

Las pensiones del Magisterio han sido gravadas reiteradamente por la ley 7268, la ley 7531, la ley 9635 y ahora por la ley 9796. ¿Quién puede creer justo ese proceder? ¿Acaso no es un comportamiento arbitrario con una población cuyas posibilidades de mejorar sus ingresos son prácticamente nulas? ¿Qué autoriza a redefinir un contrato laboral sancionado por ley, retroactiva y unilateralmente, a favor de la parte más fuerte, la patronal? ¿Cómo se justifica la vulneración estatal de un grupo de ciudadanos honorables que siguen produciendo y sirviendo voluntariamente a la patria? No hay razones actuariales, fiscales, jurídicas, ni morales, que sigan justificando tanto abuso de poder. En cambio, hay muchas razones opuestas que el derecho laboral tiene claras y también los derechos humanos.^[9] Que esto provenga de una clase política disque neoliberal deja más que claro lo poco liberales que son esos populistas.

Pero nadie más sordo que quien no quiere oír

No cabe duda de que el tema de pensiones es delicado y complejo, por eso el mayor yerro de los diputados fue no escuchar a quienes les advirtieron sobre las falencias del proyecto. Probablemente descartaron esas voces por considerarlas interesadas. Sin embargo ¿por qué no escucharon a la asesoría técnica de la Asamblea Legislativa?

De hecho, la contradicción principal de la ley 9796 ya había sido advertida en septiembre de 2019: «…es posible que actualmente por el impacto de la nueva estructura del impuesto sobre la Renta, las pensiones de menor nivel podrían realizar un aporte solidario mayor que las de un nivel más alto…»^[10] (p. 27). Se había detectado que esto ocurriría con las pensiones del Magisterio porque en este caso «las cuotas ordinarias de cotización tienen una estructura más progresiva.» (p. 30).

Ese informe señala otro punto contundente que la prensa también pasó por alto: una «cuota solidaria» solo se justifica si tiene que ver con la sostenibilidad del mismo fondo, por eso es inadmisible que se pretenda hacer una reforma de pensiones sin los estudios actuariales que la justifiquen; «…si su destino es ajeno a este propósito podría perder su naturaleza y convertirse de hecho en un impuesto a cargo de los pensionados para destinarlo a la reducción de la deuda» (p. 35). Esta es otra contradicción intrínseca de esta ley que pretende poner a los pensionados a pagar lo que no deben. Igual ocurre cuando el «ahorro» obtenido se pretende destinar a personas en pobreza, con lo cual se traslada a los pensionados una responsabilidad del Estado. Esto obliga al ahorrante a «contribuir» con algo completamente ajeno a su expectativa de derecho, «lo cual parece ser una decisión ajena a los intereses propios del ahorrante, y resulta desproporcionada en el trato brindado a este sector poblacional, pues atenta contra la conducta económica del propietario de los recursos» (p.37). En pocas palabras, no se vale seguir desviando el fondo de las pensiones para fines ajenos a su propósito e interés.

Como si fuera poco, el informe es claro en que: «El proyecto no soluciona los problemas de desigualdad e inequidad que se han observado desde la creación de los regímenes especiales de pensiones, pues al no estar sustentado en estudios actuariales no hay manera que se determine su efectividad para cerrar las diferencias de trato entre los afiliados de los diferentes regímenes» (Idem). En las conclusiones cobra relevancia «…que el proyecto no se fundamenta en estudios actuariales, lo cual puede llevar a la determinación de medidas que resulten desiguales, que no estén de acuerdo a los planes de inversión, al financiamiento, a los beneficios, ni con otras variables técnicas propias de un plan de pensiones.» (p. 38). ¿Será que ahora le queda claro, señora diputada Xiomara Rodríguez?

El proyecto de ley creaba un sin número de problemas más que no fueron resueltos, pues «En general, las propuestas estarían afectando en forma directa el flujo de ingresos de los actuales pensionados y las expectativas de los funcionarios activos con derecho a pensionarse. En el caso de los pensionados esta reducción de ingresos impactaría negativamente el nivel de vida de esas personas, tanto en sus patrones de consumo como en sus niveles de ahorro.» (p. 39). Al final el informe insiste en que con «…las medidas podrían estarse presentando desigualdades y tratamientos inequitativos…» (p. 40). Señoras y señores diputados ¿qué parte de este informe fue la que no entendieron?

¿Y cuándo rendirán cuentas?

Un diputado tiene que oír y entender bastante poco este tema para cometer un error tan grande. Sociológicamente, habrá que estudiar la ley 9796 como evidencia de la típica estupefacción del detentor de poder. El llamado «fetichismo» o confusión del poder (E. Dussel). Según la psicología social el representante tiende a perder contacto no solo con su representado sino también con la realidad, fascinado por su poderío o enredado en su propio sortilegio de aprendiz de brujo. Vamos a bautizar síndrome del tirano a esa enajenación, pues corresponde a lo que el sociólogo Rogelio Cedeño ha llamado una «dictadura en democracia», criterio alineado con lo que vienen advirtiendo varios analistas, entre ellos los sociólogos Álvaro Vega y Carlos Campos.

Es un hecho consumado que los diputados conculcaron la Constitución de la República. Ojalá que ahora la Sala IV les saque las castañas del fuego invalidando su desaguisado y reduciéndolo a grado de tentativa. Pero, en tanto representantes electos popularmente ya es una falta grave, porque al asumir su cargo juraron defender la norma superior, pero en vez se propusieron quebrantarla. Cuando se demuestre que ninguna ley puede estar por encima de los artículos 9, 11 y 34 de nuestra carta magna, simplemente por ser norma superior, cabe esperar que los diputados no sigan tan campantes en sus curules. Los que tengan vergüenza deberían renunciar ipso facto, por no haber entendido que un gobierno participativo es hoy un mandato, no una opción; y que «ninguna ley», para ningún ciudadano, debe ser «retroactiva».

La ley 9796 evidencia, una vez más, que la democracia representativa está sufriendo por no contar con revocatoria de mandato, la cual debiera incluir, desde luego, a los diputados. En esa grieta del diseño de Estado reposa el irrespeto a los derechos laborales que se viene observando en esta legislatura y con este gobierno, por lo que cabe esperar otros sismos políticos del mismo corte. Pero tampoco es de recibo que un grupo de representantes ponga en riesgo la seguridad jurídica de toda la población, así como la paz social, mientras se dedica, aprovechando la pandemia, a «jalarle el rabo a la ternera».

Aunque no haya condiciones políticas es evidente que sin un nuevo pacto social, constitucional y popular, nadie tiene un buen motivo para ser optimista sobre el futuro de esta patria. Mientras tanto hay que reclamar otra vez que un gobierno de los ricos y para los ricos, como el que procura la UCCAEP y sus sicofantas del gobierno y la prensa, es anticonstitucional, además de políticamente suicida.^[11]

^[1] Publicado por Diario Extra el 02 de junio 2020, bajo el título: «Nuestra jubilación no es un sistema de privilegio»

^[2] Ver en Surcos: https://surcosdigital.com/el-disparate-legislativo-9796/

^[3] JUPEMA. JD-PRE-0052-12-2019, Cuadro Anexo 3.

^[4] Ley para rediseñar y redistribuir los recursos de la contribución especial solidaria. Ley 9796. Artículo 1 y 3, inciso b.

^[5] Convenio 102 de la OIT.

^[6] Con base en dato publicado por la revista FORBES.

^[7] Según CEPAl es de 22,4%.

^[8] De su hermoso poema político «Amén de mariposas».

^[9] Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores.

^[10] Asamblea Legislativa. Departamento Estudios, Referencias y servicios técnicos. Informe de proyecto de ley. Informe económico. Expediente Nº 21.035. 3 de septiembre de 2019. «Ley para fijar topes equitativos a las pensiones de lujo, rediseñar y redistribuir los recursos de la contribución especial solidaria y crear la figura de la jubilación obligatoria excepcional».

^[11] Ver «El preocupante tono político y moral de las propuestas económicas de la UCCAEO», según el grupo pluralista de 25 economistas en: https://anep.cr/el-preocupante-tono-político-y-moral-de-las-propuestas-económicas-de-la-uccaep/

Foto: AFUP

El disparate legislativo 9796

Escrito en 31/05/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

«La mentira puede correr un año,
la verdad la alcanza en un día.»^[1]

Hernán Alvarado

Esta semana se confirmó que la ley 9796 causará lo contrario a lo prometido. El economista Francisco Esquivel ha demostrado, matemáticamente, que es una ley regresiva, pues cobrará más a las pensiones bajas que a las altas, mejorando incluso las más altas.^[2] A ese monumental despropósito prestó su coadyuvancia el Presidente de la República, diciendo que se trataba de proteger. Según el recurso de amparo presentado ante la Sala IV por otro grupo de más de 190 personas, la ley 9796 es «defectuosa», «contradictoria» y una verdadera amenaza para el estado de derecho.^[3] Esto ha dejado a la vista que es improvisada, desproporcionada, arbitraria y carente del sustento técnico que la norma exige. En otras palabras, si fuera boxeo estaríamos hablando de un knock-out en el primer round.

¿Para qué hacerlo bien si se puede hacer mal?

En términos tributarios se trata de una aberración que afectará injustamente el patrimonio de cientos de personas que no solo sirvieron bien a la patria, haciendo una labor encomiable, sino que además cotizaron mes a mes para obtener su derecho, pagaron sus impuestos a tiempo y continúan cotizando solidariamente. En términos jurídicos es también un adefesio, pues pretende burlarse del artículo 34 de la Constitución de la República que a la letra dice: «A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas.»^[4]

Además, la ley 9796 contraviene el principio de progresividad de los derechos humanos deshonrando los convenios internacionales ya firmados por el país. De hecho, pisotea derechos patrimoniales de las personas adultas mayores, además de los derechos laborales de los trabajadores activos acordados y negociados por ley, sumando un impuesto sobre otro, tan desproporcionado como una tasa de usura. De momento sirve para evadir una reforma seria del sistema de pensiones que solo podría ser un proceso transparente, participativo y dialogado a la luz del artículo 9 de la carta magna; asimismo, debiera contar con el criterio técnico calificado y con una sensibilidad social que riman mal con los intereses politiqueros y mediáticos de corto plazo. Pretender llevar a cabo esa reforma, de manera inconsulta y a golpe de ocurrencias, desde la misma Asamblea Legislativa, es el peor camino que se pudo haber tomado en un tema tan especializado, delicado y complejo.

Resulta alarmante que un grupo de diputados haya aprobado a la carrera una ley tan injustificada. Mientras tanto, nada que se deciden a poner tope a la usura. Ellos aprobaron una norma tan mal diseñada que esta vez el tiro les saldrá por la culata. ¿Por qué no oyeron las voces que lo advirtieron? ¿Qué hace la ciudadanía cuando una Asamblea Legislativa, que debe ser garante de derechos humanos, actúa de una manera tan discriminatoria contra un grupo relativamente pequeño y vulnerable? Si no logran hacer nada peor, la ley 9796 será la legislación más deslucida de la segunda república, resultado de la mayor obnubilación ideológica de los últimos 40 años.

En vez de tomar el toro por los cuernos, como sería una reforma integral y negociada, decidieron legislar a favor de un Estado que pretende eludir sus responsabilidades y compromisos, como si fuera un patrón privado que decide unilateralmente lo que es o no derecho de sus trabajadores. Todo con el fin de obtener un «ahorro» raquítico comparado con lo que deben los grandes evasores, ciudadanos privilegiados que gozan, acumulan y centralizan la riqueza producida entre todos.^[5] ¿Por qué tanto empeño en ese «ahorro» anual de 12.000 millones de colones que representa solo el 0,43% del incumplimiento tributario, suponiendo que este sea del 8% del PIB?^[6] ¿No tendría más sentido invertir tanto esfuerzo en recuperar para las arcas públicas los 2,789,244 millones de colones que les convierte en evasores de lujo? ¿Cómo podrá el Estado pagar su enorme deuda con la CCSS y con el Magisterio Nacional sin cobrarle a los que más tienen?

¿Y para qué hacerlo mal si se puede hacer peor?

A eso hay que agregar que la 9796 responde a una campaña de desprestigio que comenzó en el mundo atosigado de las redes sociales, pero luego fue amplificada y multiplicada por la prensa. Esta sumó su enfoque sesgado o tendencioso, que de rebote la ha retratado de cuerpo entero. Por ejemplo, los medios mantienen bajo estricto cerrojo lo que debiera ser la noticia del año: que las pensiones del Magisterio se cargan al presupuesto porque el Estado ha desfalcado a sus maestros desde 1958. Nada extraño, porque asimismo evitan el tema de evasión tributaria que se resisten a asociar con déficit fiscal. Comprender su técnica manipuladora es sencillo, basta ver el título que le puso un medio a la noticia que se está comentando aquí, a pesar de contar con el mismo contenido.^[7] Hay un periódico de gran circulación que se ha graduado con honores en ese arte maléfico.

Del mismo modo, se oculta las contribuciones que hacen las personas pensionadas no solo al fisco y a la seguridad social sino también en términos de obras científicas y literarias, pasadas y presentes, que siguen entregando con un espíritu de servicio ejemplar. Debe saberse que el grupo de personas que ha presentado esta otra coadyuvancia contra la ley 9796, goza de un enorme prestigio por su gran cantidad de logros, entre ellos premios nacionales e internacionales. Hace rato que no se reunía tanta gente honorable para reivindicar una causa justa. Pero, en vez de aprovechar su sabiduría, muchas páginas de la prensa solo destilan menosprecio e irrespeto, con una saña francamente tóxica.

Según esa campaña de descrédito toda pensión con cargo al presupuesto es un lujo, como si el Estado no tuviera ninguna responsabilidad patronal. Asimismo se ha propagado la idea falaz y peligrosa de que es un lujo tener una pensión digna. La campaña ha usado, como caballo de batalla, una expresión que parece ser un estigma de mala fe o mala fama, o un falso estereotipo (los de verdad nacen enraizados en la cultura, no se fabrican). O tal vez solo sea una palabreja o una «dispalabra» más, es decir, un término horrible y disparatado, disque novedoso, con el que algunos, sobre todo periodistas, buscan bautizar las cosas a su antojo.^[8] Así es como nacen y mueren los monstruos lingüísticos que son en sí mismos contradictorios, que no son menos absurdos porque sean más repetidos. Hasta se puede arriesgar la hipótesis de que cuanto más se repiten más rápido se los traga el remolino de su propio sin sentido.

Por ejemplo, es obvio que quien goza de lujos no necesita una pensión y quien necesita una es porque no puede darse el lujo de jubilarse sin garantía de que mantendrá, hasta cierto punto, el nivel de ingreso logrado a lo largo de toda una vida de esfuerzos y éxitos. Las palabras pensión y lujo son incompatibles, irreconciliables; cuando se juntan se dan de patadas, es decir, se genera una contradicción entre el sustantivo y el adjetivo (contradictio in adiecto). No obstante, dicha campaña no ha dejado de combinar esas palabras hasta el hartazgo. Acusar de lujo a todos los pensionados y, especialmente, a los del Magisterio Nacional, es más que falso y difamatorio; es malvado, denigrante, promueve envidias, odios y agresiones gratuitas e inaceptables que nadie se merece y menos aún las personas mayores que dedicaron su vida a educar. ¿Y con qué necesidad? Esa no es manera de pagarle al ejército de maestros, pilar de la democracia costarricense. Una sociedad desagradecida con sus maestros no tiene futuro.

Conclusión

En suma, la ley 9796 es en efecto una ley injusta por donde quiera que se la mire. Carece por completo de sentido que sea regresiva, es decir, que ponga a pagar más a los que menos tienen. Eso contradice todo lo que se ha dicho al respecto de parte de sus promotores. Además, ninguna ley puede ser retroactiva sin ser inconstitucional, abrir un portillo así constituye una grave amenaza para la seguridad jurídica de toda la ciudadanía.

Menos cuando se pretende burlar compromisos legales asumidos por el Estado, pues cohonesta el desvío de las cuotas de los maestros y profesores en vez de constituir el fondo solidario que le mandaba la ley. Y peor aún si de manera arbitraria y unilateral pretende imponer gravamen tras gravamen de modo desproporcionado. Se nota en esa ley tales deficiencias conceptuales, técnicas y procedimentales que resulta evidente que es un tema que no se debe dejar en manos de políticos y tecnócratas. Como tal es un ejemplo de una sociedad política que hace rato ha abandonado principios democráticos básicos: diálogo, participación, transparencia, rendición de cuentas, consulta, negociación. En obvia contradicción con nuestra propia Constitución.

Finalmente, es un lamentable ejemplo de atentado contra el pacto social que soporta nuestra convivencia pacífica desde 1949, que para colmo se hace en medio de una campaña denigrante y malsana contra un grupo de personas honorables. En vez de mostrarse orgullosa por prestarse como instrumento de semejante desaguisado, la clase política debiera pedir disculpas a este pueblo paciente pero justiciero, que tarde o temprano les exigirá cuentas. Ojalá que la Sala IV detenga a tiempo ese entuerto 9796 para no pasar por la vergüenza, como país, de que lo hagan los tribunales internacionales.

^[1] Según un refrán africano.

^[2] Ver: «Situación actual y propuesta de la ley para dar sostenibilidad a las pensiones»; https://www.pulsocr.com/situacion-actual-y-propuesta-de-la-ley-para-dar-sostenibilidad-a-las-pensiones/

^[3] Ver en Surcos digital: Personas jubiladas plantean recurso de amparo; https:/wp.me/p6rfbZ-bpe.

^[4] Constitución de la República de Costa Rica.

^[5] Tienen el cinismo de llamar «ahorro» al que esperan confiscar a los pensionados.

^[6] Suponiendo un PIB de 55,180 millones de Euros, o sea, de 34,865,547 millones de colones, al tipo de cambio del Euro actual, aproximadamente el del 2019.

^[7] La República tituló el 28 de mayo pasado: «Pensionados de lujo acuden a la Sala IV para reclamar ´regresividad´ en cobro de contribución especial».

^[8] Según un neologismo acuñado por Rafael Ángel Herra.

Imagen ilustrativa tomada de https://educacion.laguia2000.com/tipos-de-educacion/autonomia-docente

OES-UNA: Gobierno debe valorar cuidadosamente impacto de medidas en materia salarial

Escrito en 06/04/2020. Publicado en Análisis, Trabajo.

SURCOS comparte el siguiente comunicado del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la UNA:

M.Sc. Roxana Morales Ramos – M.Sc. Fernando Rodríguez Garro
Dr. Henry Mora Jiménez – M.Sc. Greivin Salazar Álvarez
Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía (UNA)

El efecto esperado de una reducción de salarios en el sector público debe considerar todos los impactos posibles

En los últimos días se ha insistido en promover una reducción de salarios en el sector público o en el Gobierno Central, lo que a nivel mediático se ha planteado como si se tratara de la opinión general de los economistas de este país. Ante la ausencia de una valoración de los posibles efectos de esta medida, el Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional quiere llamar la atención sobre varios aspectos.

Por ahora advertimos sobre la dirección de los impactos más que sobre la magnitud de los mismos, ya que ello dependerá del alcance de una eventual propuesta en este sentido (si llegase a presentarse).

1. La reducción de salarios del sector público, o del Gobierno Central, reduciría la base contributiva de la CCSS (tanto en seguro de salud como de pensiones), ya seriamente afectada por los despidos y reducciones de jornada en el sector privado, lo que sumaría más problemas financieros a la entidad. Para evitar un mayor efecto negativo, si se continúa con la idea, se deberá compensar financieramente a la CCSS, lo que reducirá el eventual ahorro esperado de esta propuesta. Adicionalmente, esta posible rebaja de salarios afectaría, aún más, los ingresos del Fondo de Asignaciones Familiares e IMAS.

2. La recaudación del impuesto sobre la renta aplicado a los salarios en el Gobierno Central o en el sector público, también se vería afectada hacia la baja, lo que debe restarse de las cuentas de un eventual ahorro por reducción de salarios. La baja en la recaudación podría ser incluso mayor en términos porcentuales, pues los tramos más altos de salarios están gravados a tasas más altas, e incluso, habría trabajadores y trabajadoras a los que ahora no les aplicaría el impuesto, dada la reducción en su salario por debajo del primer tramo gravable. La pérdida de recaudación debe estimarse para considerar los ahorros netos de una eventual reducción de salarios.

3. Si se da una reducción de salarios en el sector público o en el Gobierno Central, es de suponer que los funcionarios afectados tendrán el mismo derecho que sus pares del sector privado de retirar el Fondo de Capitalización Laboral (FCL), lo que pondría más presión financiera sobre las Operadoras de Pensiones Complementarias. La venta de títulos valores en el mercado para conseguir la liquidez necesaria para pagar los retiros del FCL, podría provocar una caída en el precio de los títulos valores y afectar las carteras de los propios fondos de pensiones y de los fondos de inversión, aumentando los rendimientos de esos títulos y generando una presión al alza sobre las tasas de interés.

4. Entre los funcionarios públicos se encuentran personas con altos niveles de endeudamiento que han autorizado, a ciertas entidades financieras, el rebajo automático del pago de sus créditos. Una rebaja de sus salarios crearía un problema para las entidades financieras que hacen estos rebajos o dejarían más expuestas a las personas que verían reducido su salario líquido más allá de lo razonable en estos casos. Esta situación, además de afectar a las personas asalariadas, podría convertirse en un serio problema financiero para algunas entidades que tienen una cartera muy concentrada en cierto grupo de trabajadores, como por ejemplo los del magisterio nacional.

5. La reducción en el consumo derivada de esta situación pesará más fuertemente en la producción, en el corto plazo, que algún beneficio producto de la reducción del déficit fiscal, que en todo caso tendría un efecto nulo o muy pequeño sobre el costo del financiamiento público y, por ende, en las tasas de interés. Es por esto que, si se llegase a plantear una reducción de salarios como se ha manifestado públicamente por algunos colegas economistas, debe estimarse el impacto que esto tendría en el consumo de las familias y por ende su efecto contractivo en el PIB, a fin de determinar qué tan negativa sería la medida en comparación con las ventajas macroeconómicas de la reducción del déficit, sobre todo en el corto plazo.

6. Creemos que las medidas deben seguir apuntando a buscar recursos para fondear ayudas para personas sin empleo y sin ingresos, incluyendo aquellos cuya actividad se clasifica como informal, para evitar un colapso social. Reiteramos nuestro llamado a una reforma tributaria amplia, altamente progresiva, que también grave otras formas de ingreso e incorpore contribuciones de los sectores ganadores o menos afectados por la crisis. Medidas que contengan los aumentos de salario, como la suspensión del ajuste salarial y la no aplicación de las anualidades en la actual coyuntura, también serán necesarias.

Adicionalmente es muy importante en esta discusión, más allá de si se llega a presentar o no una propuesta relacionada con los salarios del sector público, que el Gobierno de la República estime y haga públicos los ahorros que ya se están generando, particularmente en: horas extras, viáticos (dentro y fuera del país), compra de combustibles, pago de servicios públicos, eliminación de aumentos salariales, etc. El pago de horas extra y el no otorgamiento de aumentos salariales, también generará un ahorro en el pago de aguinaldos en diciembre, que es importante desde ya cuantificar, lo que permitiría hacer las rebajas respectivas del presupuesto gubernamental, para ir creando certeza sobre la evolución financiera del gobierno y sus necesidades de financiamiento.

Lunes 6 de abril del 2020

https://www.facebook.com/ObservatorioESEUNA/
Observatorio Económico y Social

Sitio Web: https://www.economia.una.ac.cr/index.php/es/oes

Enviado a SURCOS por M.Sc. Roxana Morales Ramos.

Crecimiento reducido no es una «sorpresa»

Escrito en 16/07/2019. Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

Luis Paulino Vargas Solís

Reveladora entrevista con doña Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, en La Nación (“Los ingresos podrían sufrir un menoscabo”).

Dice la ministra que podríamos llevarnos la “sorpresa” de que el crecimiento de la economía para el año 2019, sea menor de lo que oficialmente se había anticipado. Puedo imaginar que este “sorprendimiento”, será compartido también por las consultoras privadas y las escuelas de economía de la UNA y la UCR, ya que –como se ha vuelto costumbre– todas esas voces se unían a la voz oficial, para entonar a coro el mismo cántico de “optimismo”.

Teme entonces doña Rocío que los ingresos del gobierno flaqueen y que el déficit fiscal sea mayor a lo previsto, lo cual, según se colige de la entrevista, vendría a ser otra sorpresita para ella (y seguramente también para el susodicho coro).

La cuestión resulta paradójica, si recordemos con qué aplomo la señora Aguilar nos aleccionaba meses atrás (mientras el coro de nuestra historia le hacía la música de fondo), explicando que el plan fiscal de la administración Alvarado devolvería la “confianza” a las empresas, las cuales entonces invertirían y contratarían gente con renovado entusiasmo y rejuvenecidos bríos.

Pues parece que no. Muy tarde viene la ministra a darse cuenta.

Una aclaración me permito hacer: sorprendida ha de estar la ministra y su coro. Yo no lo estoy en absoluto. Lamentablemente, las cosas van por donde tantas veces anticipé, sin que nadie me prestara ni así poquito de atención.

Enviado a SURCOS por el autor.

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2018 en perspectiva: El debate fiscal y los muertos que siguen vivos

Escrito en 03/01/2019. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís (*)

Lo fiscal acaparó el debate económico en Costa Rica durante el año 2018. El gobierno, las élites políticas dominantes y los poderes mediáticos y empresariales, se afanaron por imponer un discurso único. No lo lograron, pero sí lograron aprobar una propuesta fiscal que, de tan parcial e insuficiente, resulta sumamente peligrosa.

El interés se centró, de forma prácticamente exclusiva, en la faceta contable, o sea, en las sumas y restas: incrementar ingresos fiscales y reducir gastos a fin de atenuar los faltantes presupuestarios del gobierno. Fueron ignoradas las facetas macroeconómica y social, lo cual hace improbable –o al menos mucho más costoso– resolver la parte estrictamente contable. El resultado es una propuesta fiscal que hace equilibrios en la cuerda floja, sin ningún fundamento firme en el cual apoyarse

Cuando hago referencia a la macroeconomía, hablo básicamente de un crecimiento económico que no tan solo sea suficientemente vigoroso, sino que, en especial, genere muchos empleos de calidad y distribuya ingresos con arreglo a criterios de equidad aceptables. Esto aliviaría la problemática social de la pobreza y la desigualdad, pero asimismo es clave desde el punto de vista fiscal, por sus implicaciones para los ingresos tributarios y la deuda pública, como enseguida lo explicaré.

Ignorar tales asuntos, o prestarles tan solo una atención marginal, tiene muy negativas implicaciones.

Primero, porque los ingresos del gobierno guardan una relación positiva y directa con el crecimiento de la economía y la generación de empleos. Aquellos ingresos se expanden más fuertemente cuando también la economía y el empleo lo hacen.

Segundo, los gastos del gobierno o bien aumentan de forma independiente respecto del crecimiento económico y el empleo, o bien, y a la inversa de lo que ocurre con los ingresos, crecen más cuando la economía crece menos, porque la falta de empleo agrava la pobreza, e incrementa las demandas y necesidades que la política social debe atender. Por lo tanto, cuando la economía crece poco, el crecimiento de los gastos se magnifica, no solo en forma absoluta, sino sobre todo en forma relativa al tamaño mismo de la economía.

O sea: un bajo crecimiento económico con extendidos problemas del empleo, debilita los ingresos fiscales y agranda el efecto derivado de los gastos, agudizando en consecuencia el déficit, el cual impulsa hacia arriba la deuda pública.

Pero nótese que una economía que crece lento frente a una deuda que crece mucho más rápido, conduce inevitablemente a que también se incremente el porcentaje que la deuda representa respecto del valor de la producción nacional (medida por el PIB: Producto Interno Bruto). Y es eso justamente lo que pone en marcha la bomba de la deuda: esta camina hacia su estallido en una crisis conforme su crecimiento como porcentaje del PIB no se frena y, con el tiempo, va alcanzando alturas más y más amenazantes.

Nada de esto fue tenido en cuenta en el “plan fiscal” que se nos impuso. Agréguele las severas insuficiencias inherentes al propio plan, y sus muy negativas consecuencias en el mediano y largo plazo para el Estado social costarricense. Omitiré aquí referirme a este último aspecto, que ya he discutido en otros escritos previos.

El carácter insuficiente del plan es un asunto obvio: teniendo en cuenta tanto la ley aprobada, como las diversas medidas de restricción del gasto que el gobierno ha anunciado, para 2019 tendríamos un déficit de magnitud similar al de 2018 (alrededor del 7% como proporción del PIB). La deuda en consecuencia seguirá creciendo.

Debo reconocer que las calificadoras de riesgo internacionales han examinado esto con una dosis de objetividad por completo ausente en el gobierno y las élites en Costa Rica. De ahí que hayan degradado nuestra calificación. Esto último inevitablemente dificultará y encarecerá el endeudamiento externo al que el gobierno desea recurrir, por magnitud muy significativa (unos $ 7.000 millones, alrededor de 12-13% del PIB). Se buscaba así aprovechar tasas de interés más bajas a nivel internacional, para aliviar un poco los cada vez más hinchados pagos por intereses y lograr un ligero respiro en el manejo del déficit. Tal era simplemente un poco sutil intento –de dudoso éxito– por trasladar el problema a futuros gobiernos. Nada de lo cual parece haber impresionado mayormente a las calificadoras de riesgo.

Lo único cierto es que la grave limitación del “plan fiscal”, combinada con las deprimentes previsiones de crecimiento y generación de empleos que el propio gobierno formula, tan solo garantizan una cosa: que el círculo vicioso “déficit-deuda” continuará su acción corrosiva. La relación o porcentaje “deuda/PIB” seguirá al alza, rumbo al estallido, tarde o temprano, de la crisis.

En principio, esto es solo un asunto matemático. Subyace, sin embargo, una debilidad económica fundamental, sistemáticamente desatendida. Súmele otro factor agravante: el crecimiento económico tan mediocre que oficialmente se nos anuncia, podría sin embargo ser excesivamente optimista, dada las implicaciones recesivas sobre la economía que derivan del mismo plan fiscal, y la ausencia de políticas de reactivación serias. El panorama, por lo tanto, podría ser incluso peor de lo que estoy anticipando.

Cualquier otra conclusión es mero fruto de la fantasía. No hay forma posible que este plan tenga sobre la inversión empresarial privada, el efecto mágico que con tan afiebrada imaginación le atribuye la ministra Rocío Aguilar, ni hay forma realista posible para que se dé la evolución suave, fluida y sin sobresaltos que con tan delirante optimismo, nos ha presentado el Banco Central. Sencillamente no existen los milagros.

Subsiste todavía la pregunta de si se nos estará ocultando información sobre medidas mucho más fuertes que se piensa aplicar posteriormente. Por ejemplo: IVA del 16%, cerrar instituciones, realizar despidos, privatizar empresas públicas. Si ése fuese el camino elegido –solo el gobierno puede decírnoslo– ello, lejos de desactivar la crisis, la profundizará.

En resumen: aquí no hay ningún muerto. El problema fiscal y el riesgo de crisis siguen muy vivos.

(*)Director CICDE-UNED, Presidente Movimiento Diversidad.

Enviado por el autor.

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Un balance sobre la huelga

Escrito en 07/12/2018. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Sin categoría.

Por Marjorie Hernández Delgado

¿SE PERDIÓ LA HUELGA?

Deseo aclararle lo siguiente a aquellos que están diciendo que deponemos la huelga, porque esta se perdió contra la ley 20580:

La huelga se levanta porque ya se cumplió el fin para la cual se había convocado. El propósito era la lucha por un Plan Fiscal justo y progresivo. Y la decisión fue llevar la lucha hasta el final. Si ya había cumplido todo el proceso, ¿qué sentido u objetivo tenía continuar en huelga? No creo que se perdiera la lucha, todo lo contrario. La ley 20580 se caerá solita ya lo verán, es cuestión de tiempo. En realidad lo negativo en esta batalla fue la persecución, presión, acoso, humillaciones, burlas, amenazas que sufrimos quienes asumimos el compromiso de salir a las calles con la convicción de que esta era una causa justa y necesaria.

Lo demás, fue solo ganar-ganar: Se logró abrir un debate nacional en torno al 20580, se dio un despertar de conciencias sobre la importancia de conocer las leyes que se discuten en la Asamblea Legislativa y el rol que tenemos como ciudadanos costarricenses, nuestra responsabilidad en la participación de las políticas públicas. O sea se inició un proceso de educación ciudadana. Lo cual considero es de suma importancia en momentos donde la ciudadanía desconoce sus derechos y deberes.

Se iniciaron cambios que siguen su curso y es cuestión de tiempo (no mucho) que se darán verdaderas transformaciones. Esta huelga, por sí misma, ha dejado un precedente histórico nunca antes vivido en la historia de Costa Rica porque ha tenido un efecto transformador y el tiempo nos dará la razón. Nos retiramos muy orgullosos de la lucha dada, valientes y decididos fueron mis compañeros en esta batalla. Y aunque intentaron violentar nuestro derecho constitucional de huelga, no lograron hacernos claudicar. Quedó en evidencia la violación del art. 9 de nuestra Carta Magna. Y sobre esto hay mucho que trabajar. Así es que como pueden darse cuenta, la huelga no se perdió.

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS por la autora.

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Etiqueta: déficit fiscal

Luis Paulino Vargas SolísEconomista, Director CICDE-UNEDGrupo Economía Pluralista

Jorge Hernández V.

Luis Paulino Vargas Solís

Luis Paulino Vargas Solís (*)

(*)Director CICDE-UNED, Presidente Movimiento Diversidad.

Por Marjorie Hernández Delgado

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Economista, Director CICDE-UNED
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