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Etiqueta: déficit fiscal

¿Qué tan endeudados estamos los ticos y cómo nos afecta la situación fiscal del país?

Roxana Morales Ramos*

 

El creciente deterioro de las finanzas públicas amenaza la estabilidad macroeconómica de Costa Rica. Son varios años los que llevamos discutiendo sobre la urgencia de sanear las finanzas del Estado, más, sin embargo, muchas personas, incluidos algunos políticos, no comprenden la gravedad de la situación y las serias consecuencias que tendría para el país la no aprobación de las reformas necesarias en el muy corto plazo.

Los datos que se presentan a continuación describen mejor la situación mencionada.

El gasto del Gobierno Central como porcentaje del PIB pasó del 15,3% en 2008 al 20,7% en 2017, mientras que la carga tributaria (recaudación de impuestos como porcentaje del PIB), se ha mantenido en cerca del 13% del PIB en los últimos diez años, es decir, existe una insuficiencia de recursos propios para cubrir los gastos y como consecuencia, la deuda del Estado se ha incrementado considerablemente. En 2008 la deuda de Gobierno Central fue de 24,1% del PIB, en 2017 alcanzó el 49,1% del PIB, mientras que para 2018 y 2019, el Banco Central de Costa Rica estima, en su programa macroeconómico, que la misma alcanzará el 53,8% y 58,4% del PIB, respectivamente.

Por su parte, en el presupuesto 2019, recién presentado a la Asamblea Legislativa por parte del Ministerio de Hacienda, se estima un gasto del gobierno equivalente al 29,6% del PIB, financiado en un 53,5% con nueva deuda y solo el 46,5% con ingresos propios. Es decir, el déficit estimado es de 7,9% del PIB para el 2019.

Lo anterior denota la gravedad de la situación de las finanzas públicas y la urgencia de tomar decisiones cuanto antes, es decir, se requiere un ajuste inmediato, para evitar una crisis fiscal que tendría graves secuelas para la economía y para el país en su conjunto.

Una de las consecuencias, en caso de no aprobarse las reformas necesarias, es el incremento que podrían experimentar las tasas de interés y, por tanto, el costo de la deuda para el Gobierno Central y para las empresas y familias en el país.

En este sentido, vale la pena mencionar que el creciente endeudamiento del Estado también se replica en el sector privado. Al analizar los datos del BCCR, el crédito otorgado por el sistema financiero al sector privado no financiero, en julio de 2018, alcanzó el 58,2% del PIB, es decir, 20,1 millones de millones de colones (en 2007 representaba el 43,2%, por tanto, en los últimos 10 años, la deuda privada ha crecido en casi 15 puntos porcentuales).

Otra forma de observar el creciente endeudamiento de las familias es a través del aumento de la deuda en tarjetas de crédito: según datos del Ministerio de Economía, de 2010 a 2018, la deuda en este tipo de tarjetas se ha duplicado y alcanzó en abril de este año el 3,5% del PIB (1,2 millones de millones de colones); siendo que las tasas de interés de este tipo de créditos rondan el 40% y 50%.

En resumen, a manera de referencia, si sumamos la deuda del Gobierno Central y la deuda del sector privado no financiero (53,8% y 58,2%, respectivamente), no nos alcanzaría toda la producción de bienes y servicios de consumo final (PIB) de todo un año para pagar el principal (saldo de la deuda) y mucho menos los intereses.

Y si a lo anterior sumamos que, del total de la deuda del sector privado no financiero, el 39% se encuentra denominada en dólares y el 61% en colones, y que, cerca del 71% de las personas endeudadas en dólares ganan en colones, según datos de la propia SUGEF; entonces, ante un incremento en las tasas de interés y en el tipo de cambio (depreciación del colón), como consecuencia de no tomar las medidas a tiempo para sanear las finanzas públicas, muchísimas familias podrían ver comprometida su estabilidad económica y con ello la estabilidad del sistema financiero y de la economía como un todo.

En este sentido, a manera de ejemplo, suponga una familia que contrajo un crédito para vivienda por 50 millones de colones, a una tasa de interés del 9% anual, a un plazo de 30 años; actualmente paga una cuota mensual de 402.311 colones. Ahora suponga que la tasa de interés se incrementa en 3 puntos porcentuales y llega al 12%, esto implica que, con el ajuste en la tasa de interés, deberá pagar mensualmente 514.306 colones, es decir, 111.994 colones más. Esta situación evidencia el impacto que podrían sufrir muchas familias, más considerando que del total de créditos otorgados por el sistema financiero al sector privado, a mayo 2018 -según datos del BCCR- el 28% corresponde a créditos para vivienda, el 33% para consumo, el 13% para servicios, el 11% para comercio, y el restante 15% para otros.

Es por lo anterior, entre otras razones, que urge un acuerdo que permita evitar una crisis económica en el país; sin embargo, ese sentido de urgencia no debe ser una excusa para descuidar aspectos importantes como por ejemplo cuáles sectores son los que soportarán el peso de la reforma fiscal. Todos y todas debemos aportar, pero de acuerdo con nuestras posibilidades (riqueza y nivel de renta), para que el país salga adelante, de lo contrario, las consecuencias serán muy negativas para la economía y para la sociedad.

 

*Observatorio Económico y Social, Escuela de Economía UNA.

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por UNA Comunicación.

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Costa Rica: la tormenta fiscal es asunto muy serio

Luis Paulino Vargas Solís

Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)

Presidente Movimiento Diversidad Abelardo Araya

 

1.La situación económica de Costa Rica en este momento es delicada. Las apuestas son sumamente riesgosas y el panorama extremadamente complejo.

2.Tengamos claro el origen inmediato de la amenaza que hoy enfrentamos: se ha ido agudizando la percepción de riesgo en relación con la sostenibilidad de las finanzas públicas, con sus previsibles efectos: fuerte presión alcista sobre las tasas de interés que pagan los bonos de la deuda pública, cuya colocación se hace más difícil, lo cual se refleja en el acortamiento de los plazos. Es a eso a lo que llamamos “prima de riesgo”, o sea, un “premio” obligado derivado del mayor riesgo percibido. Quienes usualmente proveen el financiamiento –por ejemplo: fondos de pensiones, bancos y aseguradoras– usufructúan con las urgencias del gobierno. En resumen: la “prima de riesgo” va al alza y constriñe progresivamente los márgenes de maniobra.

3.Puesto que la ortodoxia exige que el Banco Central mantenga sus manos fuera de este juego, ello eventualmente se resolvería como una profecía autocumplida: se teme que el gobierno se vuelva insolvente, y ello produce comportamientos que hacen realidad tal insolvencia. Lo cual también entraña quedar atrapados en las redes de los poderes financieros: bancos, aseguradoras y fondos de pensión incluidos. Pero incluso para estos es un juego perder-perder: el eventual colapso financiero del Estado, posiblemente jalará a toda la economía a la crisis, en cuyo caso seguramente el negocio financiero entrará en una etapa de mucha turbulencia, teniendo en cuenta los altos niveles de endeudamiento privado, incluso en dólares.

4.Frente a este panorama, de tal forma erizado de amenazas, el gobierno de Alvarado maniobra –hace equilibrios al borde del abismo– tratando de “tirar la bola hacia adelante”. Lo hace inmerso en un contexto político complejo y conflictivo, con escasos oxígeno para bucear en aguas tan agitadas.

5.La apuesta va en este sentido: aprobar el proyecto tributario actualmente en discusión (expediente 20.580), para exhibirlo como certificado de “buena conducta”, al modo de pasaporte para obtener financiamiento externo. Hay aquí expectativas heredadas de la administración Solís Rivera: obtener unos $1000 millones del BID y, avanzar en la colocación en los mercados internacionales de bonos en moneda extranjera –usualmente llamados eurobonos –a razón de mil millones de dólares por año, posiblemente por unos cuatro años más, como ya se ensayó en el cuatrienio 2012-2105. Obviamente eso requiere aprobación legislativa, cosa que quizá no sea tan difícil de lograr, una vez se haya cumplido la fase, políticamente mucho más espinosa, de aprobación de aquel proyecto tributario. Las mayorías legislativas no sentirán mucho escrúpulo a la hora de aprobar un endeudamiento externo que se prolonga más allá de sus cuatro años en funciones.

6.Evidentemente el gobierno espera que esto reducirá el pago por concepto de intereses. El efecto positivo podría venir de dos fuentes complementarias. Primero, las tasas de interés en dólares son más reducidas que en colones. Segundo –y quizá más importante– el gobierno juega con la idea de que, aprobado el expediente 20.580, y con esa constancia de presunta “buena conducta” en la mano, se reducirá un poco la “prima” por concepto de riesgo que, como he indicado, va hoy día al alza.

7.Al momento actual, los pagos por intereses ya superan holgadamente el 3% como proporción del PIB, sobre un déficit total que exceden del 6,5%. El endeudamiento externo previsto tan solo cubriría la cuarta parte, o poco más, del total del financiamiento requerido. En este momento, el gobierno necesita financiar más de dos billones de colones (más de dos millones de millones) mediante colación de bonos. Al tipo de cambio actual, $1000 millones colocados en mercados externos rendirían el equivalente a 570 mil millones de colones. Aún quedarían más de 1,5 billones a ser financiados internamente. Es, en el mejor de los casos, un deshago muy parcial. Qué tan significativo resulte, depende crucialmente de un detalle: que la percepción de riesgo realmente ceda, y, con ello, también lo hagan las tasas de interés. Sobre esto volveré luego.

8.La reforma tributaria planteada, en su formulación original (previa a los cambios que se le han introducido), rendiría –según la versión gubernamental– un monto de nuevos ingresos equivalente a alrededor de 1,7% u 1,8% del PIB, en el mejor de los casos. Siendo sumamente optimista sobre la posible reducción en el pago de intereses, quizá estemos hablando de una reducción total del déficit en 2,5 puntos porcentuales o poco más. Bajaría entonces a aproximadamente un 4,5% del PIB, aunque los plazos en que ello pueda lograrse no son claros. Incluso en esta hipótesis –quizá la más optimista concebible– es muy dudoso que se logre estabilizar la deuda, que es el objetivo mínimo al que habría que aspirar. El muy mediocre crecimiento de la economía, suponiendo que se logre mantener en los niveles actuales (lo cual es en sí mismo dudoso), bastaría para hacer que, con ese nivel de déficit fiscal, la deuda siga creciendo.

9.Sin embargo, lo anterior tiene sentido dentro de presunciones bastante positivas. Es fácil imaginar evoluciones donde ese cielo azulito, empiece a cubrirse de nubarrones.

10.Primero, se hace necesario suponer que, tanto a lo interno como a nivel internacional, la aprobación del mencionado proyecto tendrá una recepción positiva, y que aflojará la ansiedad que ha ido creciendo en relación con la situación fiscal de Costa Rica, de forma que las tasas de interés cedan. Puede que en lo inmediato se registre ese efecto, pero su perdurabilidad dependería en alto grado de que se constate que hay una evolución hacia una reducción efectiva de los desequilibrios fiscales, sobre todo, y como mínimo, que se logre estabilizar la deuda. Reitero: es muy dudoso que ello se dé, dentro del arreglo de medidas actualmente planteadas.

11.Pero además, debemos recordar que la evolución de las tasas de interés a nivel internacional, no es hoy la más propicia. La Reserva Federal de los Estados Unidos –el banco central más poderoso del mundo– claramente ha definido una ruta ascendente: ha venido subiendo su tasa de interés de referencia, gradualmente, pero de forma cada vez más resuelta. Todo parece indicar que esa tendencia continuará. Mucho de la turbulencia que ha golpeado las monedas de Turquía y Argentina, tiene que ver con esto. Dicho en otros términos: los flujos de capitales financieros tienden a moverse de nuevo hacia las grandes economías del norte, y ven como con menos interés y mayor recelo los países del sur.

12.O sea: la eventual colocación de bonos en los mercados internacionales enfrentará un ambiente menos propicio que aquella realizada en los años 2012 a 2105: habrá menos abundancia de capitales y tasas de interés más altas. Con el agravante de que no será fácil limpiar la estela de desconfianza que han ido sembrando estos años de persistente y creciente desequilibrio fiscal.

13.Por otra parte, el ajuste fiscal propuesto vía aumento de impuestos y reducción de gastos, no será anodino: inevitablemente repercutirá negativamente en el desempeño de la economía, sobre todo porque se aplica sobre una economía atrapada, desde hace ya un decenio, en una especie de anemia crónica, y con problemas del empleo muy graves. Con un crecimiento que penosamente logra sostenerse en el rango del 3-4% anual, se extraería el equivalente a un 2,5-3% de poder adquisitivo y, por lo tanto, de demanda efectiva. Inevitablemente el crecimiento se resentirá. Habrá estancamiento, quizá recesión.

14.Es esperable que conforme el dinamismo económico desfallezca, también lo harán los ingresos fiscales adicionales que el gobierno logre captar. Terminará por recaudar menos de lo previsto, y el desbalance fiscal será mayor a lo esperado. En cuyo caso, las perspectivas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas volverán a ser sombrías, suponiendo que en algún momento inicial se hubiese logrado mejorarlas un poco. Con una economía moviéndose cerca del estancamiento –quizá en terreno negativo– es prácticamente inevitable que la deuda siga al alza. Ya para entonces el chantaje de los intereses financieros –vía una “prima de riesgo” cada vez más asfixiante– se habrá agudizado severamente.

15.Pero incluso la esperanza de lograr una mejora inmediata en la percepción acerca de la sostenibilidad de las finanzas públicas de Costa Rica podrían fallar. Es decir, no podemos descartar que la impresión que se cause a nivel internacional no sea tan favorable como están esperando, por lo que el financiamiento que se querría lograr, no llegaría con tanta facilidad. La evolución actual a nivel mundial, de las tasas de interés y de los flujos de capital, reforzarían esta hipótesis menos positiva.

16.Existen otras opciones por examinar, más allá de la estrategia que el gobierno de Carlos Alvarado propone. La de “no hacer nada”, que parece entusiasmar a mucha gente, es una de ellas. Es una opción que tiene una “ventaja”: nos llevará a una crisis severa en un plazo muy corto. Todavía una segunda opción es la que apunte a un ajuste fiscal dosificado inteligentemente, de forma que la base fundamental del proceso se asiente en una vigorosa reactivación de la economía. Solo así podría lograrse una solución sostenible y perdurable, sin precipitar a la economía en una crisis, cuyas consecuencias humanas serán inevitablemente dolorosas. Pero lograr tal cosa exige un grado de sensatez y generosidad, un sentido de justicia y una dosis de diálogo y desprendimiento, que, en la babel caótica que Costa Rica es hoy, pareciera iluso e inalcanzable.

Costa Rica la tormenta fiscal es asunto muy serio2

17.¿Podría darse un colapso repentino con una devaluación pronunciada y fuga de capitales? Bajo la estrategia actual que ensaya el gobierno de Alvarado, ello se podría posponer en el tanto se logre (lo cual no está garantizado) el efecto deseado en términos de un aflojamiento de la ansiedad –hoy día al alza– suscitada por las dudas que deja la situación fiscal. Pero, como he tratado de explicar, esta propuesta gubernamental adolece de limitaciones importantes, por lo que, al cabo, y en el mejor de los casos, podría tan solo posponer la crisis, no conjurarla. Queda el consuelo de que el Banco Central posee un acumulado significativo de reservas monetarias, para amortiguar el efecto sobre el tipo de cambio. Y, sin embargo, las vulnerabilidades de nuestra economía son múltiples y se entrelazan en un tejido problemático, plagado de puntos débiles que fácilmente podrían romperse (al respecto véase lo que he escrito, por ejemplo aquí y aquí).

 

Enviado por Luis Paulino Vargas Solís.

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El carácter clasista y popular de la lucha contra el proyecto fiscal

Comisión Nacional de Enlace

Comunicado político Nº 60

 

La respuesta de la administración Alvarado Quesada a la Mesa de Unidad Sindical sobre la propuesta fiscal presentada por esa instancia sindical era de esperarse y es la consecuente con la estrategia política del gobierno para mantener en el movimiento sindical la ilusión de un diálogo, pero avanzando con su objetivo central que es aprobar el proyecto Nº 20580.

Cabe entonces preguntarse: ¿tiene sentido lo manifestado por el vicepresidente Marvin Rodríguez de mantener el discurso de la “vía del diálogo”  cuando el proyecto Nº 20580 sigue avanzando en la Asamblea Legislativa? ¿Qué sentido tiene una mesa de diálogo sobre el tema fiscal con el gobierno, si su proyecto fiscal, con el cual mantenemos diferencias irreconciliables, avanza en la corriente legislativa?

Aquí es donde el Movimiento Sindical, particularmente  el Bloque Unitario Sindical y Social (BUSSCO) tiene que, de manera forzada por los hechos, parar y hacer un balance sobre lo que está ocurriendo y tomar las decisiones correspondientes. Ha quedado  claro que el gobierno nunca tuvo intencionalidad de resolver en forma conjunta y en una mesa de negociación con el movimiento sindical el tema fiscal, queda claro también que este tema no es simplemente un asunto técnico, sino esencialmente político, que por más “propuestas técnicas” que el movimiento sindical presente, la incidencia en lo fiscal es un asunto de fuerza política, aunque reconocemos como positivo que los sindicatos hicieran el esfuerzo por presentar propuestas sobre un tema complejo como es el fiscal.

Es entonces que, definidas ya las cosas, desde nuestra perspectiva, la definición del carácter de la lucha es lo determinante y así ha sido históricamente, por eso recapitulamos brevemente sobre los resultados de algunas luchas  recientes en el tiempo y la importancia del carácter de la lucha.

La lucha contra la transnacional Millicom, que resultó en la expulsión de esa empresa de nuestro país, tuvo un carácter profundamente patriótico. Definidos los objetivos y el carácter los trabajadores del ICE se lanzaron a la lucha y obtuvieron el resultado ya mencionado.

En la lucha contra el Combo del ICE fue igual. Solo que la respuesta de las masas se dio en gran medida por el correcto enfoque del carácter patriótico y popular de esa lucha. Finalmente se logró que el Combo del ICE fuera retirado de la corriente legislativa y se asestó un golpe en profundidad a la administración Rodríguez Echeverría.

La lucha contra RITEVE fue lo contrario. Cuando existían factores objetivos y subjetivos para expulsar la empresa de nuestro país, el carácter patriótico y popular de esa  lucha se difuminó en las negociaciones y la administración Pacheco de la Espriella logró resistir  el embate y RITEVE logró permanecer en el país.

En la lucha contra el TLC el carácter  amplió el espectro y se convirtió en una lucha patriótica, popular y antimperialista. Ya sabemos el resultado de esa lucha cuando la derecha vio una oportunidad en la propuesta del referéndum, nacida de los propios sectores sociales. Perdido el carácter inicial, la lucha derivó en una disputa electoralista y jurídica que condujo finalmente al movimiento popular en su conjunto a una derrota estratégica (ver: http://www.comisiondeenlace.co.cr/archivos/7295/balance-de-la-lucha-contra-el-tratado-de-libre-comercio/trata-dos-de-libre-comercio/).

Obsérvese entonces la importancia del carácter de la lucha y en esta coyuntura particular donde la ofensiva neoliberal apunta a descargar los efectos de la “crisis”, sobre las espaldas de los trabajadores (as), se hace imprescindible priorizar esa discusión.

Es decir, la lucha contra el paquete fiscal 20.580 tiene un claro contenido popular, de clase y de defensa de los derechos laborales. Este proyecto pretende fiscalmente poner a pagar más impuestos a los sectores populares/laborales y medios, es decir a la clase trabajadora en general. Además al precarizar condiciones laborales de la clase trabajadora del sector público se abre el camino para el despido masivo de trabajadores (as) del sector. Es así entonces que, en este caso, la lucha debe continuar con un marcado carácter clasista y popular, que involucre a toda la clase trabajadora.

El enemigo tiene claridad meridiana sobre lo que tiene que hacer, romper la resistencia sindical, reducir a los empleados públicos, quebrar  cualquier  resistencia a su proyecto neoliberal-plus. Dadas las condiciones y las respuestas del gobierno, aceptar participar en una mesa de diálogo en esta coyuntura no significaría otra cosa que la claudicación.

 

Comisión Nacional de Enlace

09 08 2018

San José, Costa Rica

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS por Ricardo Segura Ballar.

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Movimiento sindical presentó propuesta de Reforma Fiscal en la Asamblea Legislativa

Bajo el nombre de “Una Reforma Fiscal Justa y Solidaria para Costa Rica” el movimiento sindical presentó a diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa una propuesta alternativa al proyecto de ley Nº20.580, sin la necesidad de cobrar más impuestos a los costarricenses, en busca de solucionar el déficit fiscal que enfrenta el país.

La propuesta sindical, elaborada por la mesa técnica, en el marco del diseño de una reforma fiscal alternativa y no complementaria al proyecto de ley 20.580, busca alcanzar soluciones tanto estructurales (de mediano plazo) como de impacto inmediato (de corto plazo) al déficit fiscal que Costa Rica atraviesa actualmente, para lo cual se han agrupado las iniciativas en dos bloques de análisis según el plazo en el cual actúan sobre el déficit: A) Soluciones estructurales y B) Medidas de impacto inmediato. Dicha propuesta tiene un carácter autónomo.

Las propuestas del Movimiento Sindical se fundamentan en la búsqueda del bien común y en la justicia social.

“Nos daremos a la tarea de demostrar que es posible concretar una reforma en la que el rico pague como rico y el pobre pague como pobre. Es posible construir una propuesta fiscal solidaria que solucione el déficit sin empobrecer a los hogares costarricenses”, dijo Rafael Mora, representante de ANEP y el Colectivo Sindical Patria Justa.

El conjunto de medidas propuestas por la mesa de Unidad Sindical (en el caso de aquellas que son directamente cuantificables o para las cuales existen datos disponibles), aporta entre 780 mil millones de colones (2.38%PIB) y 1 billón 374 mil millones de colones (4.20%PIB). Las medidas propuestas permiten, como mínimo, solventar el déficit primario.

La propuesta del Movimiento Sindical fue entregada a los legisladores del PAC, Catalina Montero, Welmer Ramos, Victor Morales, Nielsen Pérez, Luis Román Carranza, Mario Castillo y Laura Guido. Por parte del partido Restauracion Nacional recibieron la propuesta Eduardo Cruickshank, Carolina Chang y Melvin Núñez Restauración Nacional.

Mientras que por el PUSC y el PIN fue recibida por los diputados Erwen Masis y Walter Muñoz respectivamente, así como José María Villalta del Frente Amplio.

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Albino Vargas Barrantes.

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Propuesta técnica final – Ajuste fiscal progresivo

UNA REFORMA FISCAL JUSTA Y SOLIDARIA PARA COSTA RICA

PROPUESTA SINDICAL COMÚN

 

El presente documento contiene la propuesta sindical, elaborada por la mesa técnica, en el marco del diseño de una reforma fiscal alternativa y no complementaria al proyecto de ley 20.580, que permita alcanzar soluciones tanto estructurales (de mediano plazo) como de impacto inmediato (de corto plazo) al déficit fiscal que Costa Rica atraviesa actualmente, para lo cual hemos agrupado las iniciativas en dos bloques de análisis según el plazo en el cual actúan sobre el déficit: A) Soluciones estructurales y B) Medidas de impacto inmediato. La presente propuesta tiene un carácter autónomo.

Todas y cada una de nuestras propuestas se fundamentan en la búsqueda del bien común y en la justicia social. Nos daremos a la tarea de demostrar que es posible concretar una reforma en la que “el rico pague como rico y el pobre pague como pobre”. Es posible construir una propuesta fiscal solidaria que solucione el déficit sin empobrecer a los hogares costarricenses. Definitivamente, es posible.

La pregunta es, ¿existe la voluntad política en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo para concretarla?

Ingrese en el siguiente enlace para conocer la propuesta:

Propuesta técnica final – Ajuste fiscal progresivo

 

Imagen tomada de la nota: Propician unidad sindical propositiva ante tema fiscal

Enviado por Albino Vargas.

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Sindicatos entregan propuesta fiscal

Comunicado de prensa

Resolvería déficit sin necesidad de más impuestos

 

Esta tarde, el Movimiento Sindical entregó a los representantes del gobierno, una propuesta fiscal progresiva y equitativa, que permitiría la recaudación de recursos financieros sin necesidad de imponer más impuestos al pueblo costarricense.

Algunas medidas de carácter inmediato entregadas este lunes, podría significar entre un 3% y 4% del producto interno bruto, recaudando recursos frescos para el Estado, en temas como impuesto sobre grandes utilidades, aduanas, impuesto a las transacciones financieras internacionales, entre otros.

Además, el Movimiento Sindical tiene diversas propuestas en materia tributaria que podríamos denominar de contingencia, que garantizan la entrada de nuevos recursos, propuestas estructurales orientadas a lograr mayor progresividad y equidad tributaria e iniciativas orientadas a corregir los mecanismos que estimulan el fraude fiscal.

Ingrese en el siguiente enlace para leer la propuesta completa:

Comunicado de Prensa-Sindicatos entregan propuestas

 

Imagen ilustrativa tomada de Imagen tomada de http://dfiscal.blogspot.com

Enviado por Maikol Hernández.

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UCR: Recursos para la prevención permanente de emergencias se discuten en la Asamblea Legislativa

  • La Red Sismológica Nacional y el Laboratorio de Ingeniería Sísmica reciben más de ¢400 millones al año por la vía de destino específico
UCR Recursos para la prevencion permanente de emergencias se discuten en la Asamblea Legislativa
La Red Sismológica Nacional (RSN), formada mediante un convenio entre la Universidad de Costa Rica y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), investiga y monitorea de forma permanente la actividad sísmica y volcánica del país. – foto cortesía RSN.

La Red Sismológica Nacional (RSN) y el Laboratorio de Ingeniería Sísmica (LIS), de la Universidad de Costa Rica (UCR), reciben fondos para su equipamiento y operación mediante el financiamiento específico de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N.º 8488. Estos recursos se discuten actualmente en la Asamblea Legislativa como parte de la reforma fiscal.

El Consejo Universitario de la UCR emitió un pronunciamiento a pedido de la comisión legislativa, que acogió la propuesta, en el que solicita a los diputados eximir a las universidades estatales de las normas que eliminarían los recursos financieros asignados por leyes específicas.

Asimismo, los miembros de la instancia universitaria les recuerdan a los congresistas que los recursos asignados en la Ley de Emergencias a ambos programas de investigación de la UCR «son transferencias que se encuentran protegidas por la cláusula final del artículo 85 de la Carta Magna», en el que les garantiza el financiamiento a las universidades públicas y establece que: «El Estado les creará rentas propias, además de las que ellas mismas originen, y contribuirá a su mantenimiento con las sumas que sean necesarias».

Ante la posibilidad de que dichos fondos sean eliminados, tanto la RSN como el LIS se debilitarían al perder los recursos que han recibido desde el 2009 para ofrecerle al país información científica de calidad que permita tomar decisiones oportunas ante eventuales fenómenos sísmicos y volcánicos.

La RSN, conformada mediante un convenio entre la UCR y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), tiene como objetivos investigar los procesos sísmicos y volcánicos para contribuir con una adecuada gestión del territorio, promover una cultura de prevención de desastres e incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de la población costarricense.

Para su labor de vigilancia sísmica y volcánica, posee 138 estaciones sísmicas distribuidas en todo el país, lo que le permite efectuar un monitoreo de la actividad sísmica las 24 horas del día y los siete días de la semana.

UCR Recursos para la prevencion permanente de emergencias se discuten en la Asamblea Legislativa2
Cromatógrafos de iones del Laboratorio de Geoquímica, de la Escuela Centroamericana de Geología, donde se analizan muestras de ceniza volcánica para determinar la presencia de magma, entre otros aspectos. – foto cortesía RSN.

La RSN también realiza investigación y vigilancia permanente en los cinco volcanes activos: Turrialba, Poás, Irazú, Rincón de la Vieja y Arenal; y, en el último año, está en proceso de ampliar la cobertura a los volcanes Barba y Platanar. Para esto se requiere la instalación de tecnología moderna en puntos cercanos a los volcanes, con lo cual se obtienen datos de forma remota y en tiempo real.

De julio del 2017 a julio del 2018, esta instancia invirtió ¢94.6 millones procedentes de la Ley Nacional de Emergencias para adquirir equipos, programas para la localización de sismos, mantenimiento tecnológico, aplicaciones móviles y servicios digitales, entre otros rubros.

El director de la Escuela Centroamericana de Geología, Mauricio Mora Fernández, consideró que el recorte de esos fondos no sería la mejor salida para el país, ya que “alguien tiene que hacer esa labor de prevención y el Gobierno tendría que buscar una solución”, en un país donde no existe una cultura acerca de los fenómenos geológicos.

El vulcanólogo insistió que la mejor alternativa sería maximizar el uso de los recursos para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los procesos iniciados en cuanto a equipamiento y fortalecimiento de la RSN, así como de la ampliación de las capacidades científicas con la incorporación de más recursos humanos a estos programas.

Mora resaltó que en los últimos años ha habido, en el campo vulcanológico, mayor coordinación e intercambio de información con el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), de la Universidad Nacional, lo que ha permitido contar con respaldo cuando uno de los dos servicios falla y ofrecer una mejor atención durante periodos de crisis volcánica.

Ingeniería sísmica

En el caso del Laboratorio de Ingeniería Sísmica (LIS) del Instituto de Investigaciones en Ingeniería, su coordinador e investigador, Víctor Schmidt Díaz, señaló que actualmente mantienen en operación cerca de 150 acelerógrafos ubicados en distintos puntos del país, principalmente en entornos urbanos.

Gracias a estos dispositivos, los expertos del LIS logran registrar datos en tiempo real en el preciso momento en que ocurre un sismo, acerca de los espectros de respuesta de las estructuras, los valores máximos de aceleración del suelo, los efectos de amplificación de la onda sísmica según el tipo de suelo, mapas de intensidad sísmica, localización y el tiempo de ocurrencia, entre otros aspectos.

UCR Recursos para la prevencion permanente de emergencias se discuten en la Asamblea Legislativa3
Gracias a un convenio con la Caja Costarricense de Seguro Social, el Laboratorio de Ingeniería Sísmica incluye dentro de la red de acelerógrafos a varios hospitales, como por ejemplo la estación que se ubica en el Hospital de Los Chiles. – foto cortesía LIS.

A partir de estos datos, el LIS genera informes que son publicados en su sitio web y en redes sociales, y, además, son utilizados por profesionales en ingeniería, geología, planificación urbana y entidades como el Instituto Nacional de Seguros, Ministerio de Educación Pública, Cruz Roja Costarricense, Comisión Permanente del Código Sísmico de Costa Rica y la Caja Costarricense de Seguro Social.

El monto recibido por el LIS proveniente de la Ley Nacional de Emergencias durante el 2017 asciende a cerca de ₡345 millones.

“Si los fondos provenientes de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo se recortan, nos será muy difícil poder sustituir los equipos una vez que se vuelvan obsoletos, que serían unos diez años después de ser adquiridos, por lo que la red de instrumentos dejaría de operar”, aseguró Schmidt.

Cada equipo tiene un costo cercano a los $10 000, por lo que difícilmente la UCR podría enfrentar costos tan altos con el presupuesto ordinario, agregó el experto.

El LIS es el único centro de investigación en Costa Rica que se dedica en forma exclusiva al registro de sismos fuertes con el uso de acelerógrafos, que son instrumentos diseñados con fines distintos a los sismógrafos que utiliza la RSN y el Ovsicori.

La red de instrumentos de monitoreo y medición con que cuenta tiene una amplia cobertura, pues está presente en todas las cabeceras cantonales, en pueblos, zonas urbanas y edificios altos. Asimismo, toda la información que el LIS genera es pública y muy importante para el diseño y construcción sismo-resistente de estructuras, lo cual es de gran utilidad para la planificación urbana.

 

Patricia Blanco Picado

Periodista Oficina de Divulgación e Información.

Otto Salas Murillo

Periodista Oficina de Divulgación e Información.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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UCR: Ley para fortalecer finanzas públicas afectaría negativamente hacienda universitaria

  • Pronunciamiento del Consejo Universitario

 

La Universidad de Costa Rica (UCR) manifestó su criterio con respecto al proyecto de Ley para fortalecer las finanzas públicas (Exp. N.° 20.580), pues este contiene una serie de artículos que causarían un perjuicio sustantivo a las universidades estatales, al reducir los recursos económicos que el Estado debe garantizar para el cumplimiento del derecho a una educación superior estatal.

La posición de esta casa de estudios fue emitido por el Consejo Universitario, en la sesión N.° 6199 de este martes 3 de julio, como respuesta a la consulta, que por mandato constitucional, le realizó la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con el órgano colegiado, esta propuesta contempla tres aspectos que ponen en peligro la hacienda universitaria; en primer lugar, el proyecto incluye instancias no contempladas en el artículo 78 de la Constitución Política como parte del presupuesto destinado a la educación estatal. En segundo lugar, autoriza al Ministerio de Hacienda a fijar los montos asignados por ley que se destinan a las universidades, de acuerdo con el estado de las finanzas públicas y, finalmente, elimina algunos recursos que actualmente perciben las universidades y que resultan fundamentales para apoyar procesos de regionalización y desarrollo institucional.

En el caso específico de los recursos correspondientes al 8 % del Producto Interno Bruto (PIB) para educación, la UCR le recordó al Poder Legislativo que ya la Sala Constitucional dejó muy claro que en ese rubro no debe incluirse el presupuesto del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), por lo que la intención de esta iniciativa de incorporar tanto ese dinero como el de la Red de Cuido violan el mandato establecido en el artículo 78 de nuestra Carta Magna.

El Consejo Universitario también cuestionó la intención que tiene el proyecto de reducir o eliminar los aportes adicionales asignados a las universidades vía leyes específicas, lo cual compromete aquellas acciones que son directamente financiadas con ese tipo de recursos. En el caso de la UCR, se verían afectados algunos proyectos vinculados con la regionalización, específicamente en el Recinto de Paraíso, y las tareas de análisis de la red vial del país que lleva a cabo el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR).

Por otra parte, el órgano colegiado destacó que las universidades estatales han trascendido su misión de formación de profesionales, pues también realizan un aporte muy significativo en inversión dentro del campo científico-tecnológico, mantienen la mayor cantidad de masa crítica para el desarrollo de la investigación en el país, hacen las mayores inversiones en investigación, formación de posgrado y aportes de transferencia de tecnología al sector productivo, sin dejar de lado el trabajo con las comunidades y los grupos vulnerables, mediante las actividades de acción social o extensión universitaria.

La institución reconoce la necesidad que tiene el país de contar con acciones oportunas para aminorar el crecimiento del déficit fiscal; sin embargo, considera que este proyecto dista mucho de ser una reforma fiscal integral y que, más bien, se debería trabajar en la ejecución de medidas que contribuyan a modernizar nuestro sistema impositivo, tales como reducir la elusión y evasión fiscal, manejar eficientemente los fondos públicos, evitar la corrupción, además de instaurar políticas para reactivar la economía.

 

DOCUMENTOS

Acuerdo en firme del Consejo Universitario sobre Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas

 

Alejandra Amador Salazar

Periodista Consejo Universitario

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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