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Etiqueta: déficit fiscal

Un PAC erosionado y en franco declive

Marcos Chinchilla Montes

marcos chinchilla montes

Un aspecto inicial que no quisiera omitir de la huelga que inició el día de hoy, está relacionado con tres sondeos que hizo Repretel. El viernes pasado, el nivel de apoyo a la huelga era de 69% vs un 31% en contra; el domingo el nivel de apoyo alcanza el 82% vs un 17% de rechazo, y ya hoy, el nivel de apoyo subió a un 92%. No deja de asombrarme que ese medio informativo haya publicado resultados tan desfavorables para el binomio Alvarado-Piza, cosa poco común en los medios de comunicación dominantes, más proclives a silenciar o del todo invisibilizar los intereses de los sectores progresistas.

El que el movimiento social que rechaza el combo fiscal haya crecido 23 puntos en tan solo 3 días, debe estar generando un cisma en Casa Presidencial, en las y los diputados oficialistas, en las y los diputados opositores que se sumaron a la causa del PAC (o a la inversa, que subsumieron al PAC a los intereses del PLN y el PUSC) y particularmente, en el empresariado que se niega a pagar impuestos en función del nivel de ganancias y capital que tienen.

Carlos Alvarado y su equipo de neoliberales afines, deben de asumir esta situación prácticamente como una derrota. No solo es que la estrategia comunicativa que han utilizado para imponernos el combo fiscal fracasó, sino que también tantas expresiones de corrupción acumuladas durante los últimos años, ha sido realmente dimensionada: la clase política y empresarial vive a sus anchas gracias a la explotación que viene haciendo de millones de personas trabajadoras.

Sin embargo, Alvarado y Piza se niegan a escuchar el clamor social y más bien tienden a deslegitimar los argumentos de quienes se sumaron a la amplia huelga nacional que tuvo una acogida realmente inesperada, pero comprensible. Esta estrechez mental y política le está pasando una amarga factura al PAC, recuérdese que recientemente el CIEP de la UCR informó que Alvarado tenía una valoración positiva tan solo del 35% de las personas entrevistadas, y ahora se le suman estos datos de Repretel que sin lugar a dudas, le son crecientemente adversos. El capital político del PAC y el gobierno está en franca erosión y declive, y es una verdadera pena, pues por un tiempo, existía la esperanza de que ese partido retomara la senda de justicia, igualdad y equidad que la población costarricense tanto anhela.

A Piza poco puede importarle la debacle del PAC, con haber alcanzado un 16% de los votos del electorado, se siente satisfecho con haber sacado al muerto del coma.

La respuesta de Carlos Alvarado del domingo pasado en la cadena de televisión deja presumir una posición fuerte y sin margen de negociación: él como presidente, macho-varón (machín, al decir de las amigas feministas), jefe, cabeza, escogido y ungido por el electorado (votado por ser menos peor y peligroso frente a Fabricio Alvarado) tiene la verdad absoluta, no está dispuesto a escuchar y menos a hacer concesiones. Sin pena ni gloria, su elenco de ministros y jefaturas, incluso hasta regidores municipales, se han dedicado de lleno a perseguir, amenazar y violentar el derecho a huelga de quienes trabajan en el sector público; dichosamente con no mucho éxito. Debo reconocer mi decepción para con Edgar Mora, Ministro de Educación, a quien consideré más sensato; su brillantes quedó opacada por ese plegarse acrítico al gobierno.

La huelga podrá ser calificada como ilegal, pero sabemos que es justa; una medida desesperada pero anunciada dada la intransigencia del ejecutivo y el legislativo.

El escenario no deja de ser complejo, en un día de movilización nada está resuelto. El gobierno podría enredarse más en sus mecates, dar un salto al vacío y recurrir a la violencia, cosa que lo terminaría de enterrar; o en un acto de humildad e inteligencia política, sacar el combo fiscal de la corriente legislativa, e impulsar una discusión nacional, democrática, sectorial y participativa (nada de notables) que permita generar un consenso sobre una reforma fiscal progresiva en la que todos aportemos según nuestros ingresos y capital.

Por el momento, quienes estamos en la acera que adversa el combo fiscal, debemos tener una actitud vigilante, continuar la huelga, mantener y ampliar las movilizaciones, rechazar cualquier acción violenta que nos deslegitime, y redoblar la campaña informativa en redes sociales; misma que dichosamente ha expuesto con creces a la clase política y empresarial corrupta que ha tomado al país desde hace varias décadas para su provecho propio.

 

Enviado a SURCOS por el autor.

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Criterio del rector de la UCR sobre reforma fiscal

SURCOS ha recibido para su publicación una declaración del doctor Henning Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica, acerca de la reforma fiscal que se tramita en la Asamblea Legislativa. En su exposición, el jerarca indica que es necesario resolver el déficit fiscal mediante una reforma que sea justa y equitativa. Jensen Pennington comenta además por qué los cambios que ha sufrido el proyecto original son inconvenientes y no cumplen esas dos condiciones: justicia y equidad.

Le invitamos a escuchar la exposición de poco más de tres minutos siguiendo este enlace:

Rector UCR sobre reforma fiscal

La estrategia fiscal de Carlos Alvarado: El hexágono de un fracaso anunciado

Luis Paulino Vargas Solís (*)

 

1)El proyecto de ley sobre reforma fiscal actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa (expediente 20.580) tan solo aportará nuevos ingresos por un monto de alrededor de 1,5% del PIB (valor total de la producción nacional). Recordemos, por otra parte, que para este año el déficit fiscal muy posiblemente sobrepase el 7% del PIB y que, bajos las tendencias actuales, superaría el 8% en 2019. Sumemos los “ahorros” que doña Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, viene promoviendo, y pongámonos además sumamente optimistas: al cabo, entonces, podríamos hablar de un déficit del 6% en 2019. Es absolutamente imposible que, bajo tales condiciones, se logre frenar el crecimiento de la deuda pública, que es el objetivo mínimo que habría que alcanzar para que la situación fiscal logre emerger del territorio turbulento en que hoy día se mueve. Lograr tal cosa es aún más difícil, teniendo presente el menos que mediocre dinamismo de la economía.

2)El gobierno apuesta, sin embargo, a que aprobado ese proyecto ello servirá como certificado de “buena conducta” que facilite el acceso a financiamiento externo y tasas de interés más reducidas, lo que, a su vez, atenuaría la presión que los pagos de intereses ponen sobre el déficit. Primero, no alimentemos excesivas expectativas: la fama de “buena administradora” de Costa Rica ya está bastante tocada, y el contexto internacional es hoy menos propicio que años atrás, con tasas de interés al alza y corrientes de capital fluyendo de nuevo hacia el norte rico. Pero incluso si apelamos a las hipótesis más optimistas, e imaginamos que se logra colocar deuda externa en condiciones favorables, ello si acaso cubriría la cuarta parte de las necesidades de financiamiento que tendría el gobierno. Quizá se atenúe un poco el efecto, pero podamos dar por descontado que los intereses seguirán jalando hacia arriba el déficit.

3)El dinamismo de la economía, o sea, sus índices de crecimiento, siguen siendo francamente insatisfactorios, con una situación del empleo sumamente deteriorada. En lo fundamental, la situación fiscal que vivimos ha nacido precisamente de esa persistente atonía económica y de los crónicos problemas del empleo. Ello conlleva subvertir las bases principales de las que depende la salud de las finanzas públicas, lo cual se ve agravado por la inequidad de nuestro sistema tributario, los esquemas de exoneración fiscal vigentes y la magnitud del fraude tributario. Por su parte, el ajuste fiscal propuesto, aun siendo limitado, y al ser aplicado sobre una economía muy frágil, tendría un inevitable efecto contractivo, que nos llevaría al borde del estancamiento, agudizaría los problemas del empleo y empeoraría la pobreza. O sea: la propuesta fiscal del gobierno podría estar serruchando la rama sobre la que se sienta: en el intento por extraer recursos de la economía y recortar el gasto público, debilitaría aún más una economía ya debilitada, lo que repercutirá en que, al cabo, los nuevos recursos que se recauden sea menos de los previstos, y el déficit, y por lo tanto la deuda, mayores a lo esperado.

Rocío Aguilar, ministra de Hacienda.
Rocío Aguilar, ministra de Hacienda.

4)El gobierno de Carlos Alvarado ha presentado recientemente diversas propuestas para la reactivación de la economía. Siendo, en general, ideas buenas y necesarias, reflejan confusión respecto de lo que el concepto “reactivación económica” significa. La casi totalidad de lo propuesto, suponiendo que fuese aplicado con rigor y constancia, tendría algún efecto solo al cabo de varios años, y lo que pudiera dar frutos más expeditos (como la simplificación de trámites, infinitas veces mencionada por los sucesivos gobiernos), no tendrían más que consecuencias marginales sobre el desempeño general de la economía. No parece entenderse –lo cual me deja muy perplejo– que la reactivación solo tiene sentido como una cuestión para el corto plazo, un año a lo sumo, como tampoco parece haber claridad sobre cuáles son los mecanismos que realmente pueden reactivar una economía en períodos relativamente cortos. Subrayo: hay que ponerle energía e impulso a la economía ya, ahora mismo, para que ello nos dé el músculo que urgentemente necesitamos para enfrentar el problema fiscal, “sin morir en el intento”. Dentro de los distintos programas anunciados, el que sí es relevante desde el punto de vista de la reactivación es el de inversión pública. Y, según se desprende de las diversas notas de prensa, se trata de montos muy significativos, de hasta más del 6% del PIB. Un programa de obra pública de este tipo –no obstante su excesivo énfasis en lo vial– si podría levantar la economía…a condición de que esa inversión pública se ponga a caminar de inmediato y esté siendo ejecutada en el plazo de pocos meses. Sobre eso, la información disponible no es clara, y teniendo presente –como no podía ser de otra manera– los obstáculos infinitos y la comprobada ineficiencia en la gestión y ejecución de obra pública en Costa Rica, uno no puede alentar mucho optimismo. Más importante que dar cifras muy impresionantes –que es lo que el gobierno ha tratado– hay que explicar muy claramente cómo se romperán esos innumerables cuellos de botella que frenan la inversión pública. Al respecto, el gobierno es omiso. Y, la verdad, yo no veo posibilidad de lograrlo si no es con base en un gran acuerdo y un gran esfuerzo nacional, del que tendrían que ser partícipes –de forma articulada, desprendida y generosa– tanto la institucionalidad pública, como la empresa privada y la ciudadanía organizada.

5)El proyecto fiscal en discusión no solo es limitado en términos de los nuevos recursos que pueda aportar, sino también es retrógrado por sus consecuencias sociales. En la parte tributaria, el núcleo del proyecto es claramente el “impuesto al valor agregado” (IVA), en lo cual el gobierno ha invertido una dosis altísima de capital político. Han hecho incontables malabares para justificarlo. Al cabo, un hecho fundamental sigue siendo incontrovertible: es un impuesto regresivo que agudizará la inequidad social. Decir que es un tributo que “todo el mundo aplica” no aporta mucho. También es cierto que “en todo el mundo” la desigualdad crece y la concentración de la riqueza es cada vez más insultante. La amplísima preferencia por el IVA –que va de la mano con el abandono de la tributación progresiva que sí propicia mayor equidad social– es simplemente parte de ese proceso. El resto de las reformas no alcanzan, ni de lejos, a darle un perfil equitativo a este proyecto: no se logra incrementando las tasas sobre el impuesto al salario que básicamente tocará a sectores medios profesionales asalariados del sector público, mientras que el impuesto a las ganancias y rentas de capital es un mal intento por fingir progresividad donde claramente no la hay. Lo resumo diciendo: este proyecto nació mutilado por el terror que suscita la sola mención de una reforma tributaria justa, progresiva y moderna. Tengamos claro: no es un problema técnico, sino una realidad política: eso, y no más, es lo que permiten los intereses dominantes en la Costa Rica de hoy.

6)El proyecto también incorpora un capítulo llamado de la “regla fiscal”. Analicé esa propuesta con amplitud en un artículo que publiqué en marzo pasado (puede verse aquí). Agrego lo siguiente: esta idea debe ser evaluada a la luz de la “hoja de ruta” que la ministra Rocío Aguilar ha delineado, según la cual en los años sucesivos, el gasto corriente del Gobierno Central (exceptuando intereses) se mantendrá congelado en su nivel de 2018. El presupuesto para 2019, recién presentado, da testimonio de que, en efecto, se quiere cumplir con esa lineamiento. En la medida en que se mantenga esa ruta, al concluir el gobierno de Carlos Alvarado tendríamos una reducción de alrededor del 8 o 9% en el gasto corriente, medido en términos reales, o sea, descontada la inflación. La vigencia de la regla fiscal, en la medida en que efectivamente sea aplicada, ampliaría ese efecto contractivo. El objetivo me parece claro, y lo enuncio no como una observación ideológica, sino como la conclusión a que los datos obliga a llegar: se propone avanzar en un proceso de efectivo achicamiento del Estado, que muy probablemente implicará el debilitamiento, acaso el desmantelamiento, de nuestros sistemas de seguridad social.

 

(*)Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED),

Presidente Movimiento Diversidad Abelardo Araya

 

Tomado del blog: http://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com

Enviado por el autor.

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¿Qué tan endeudados estamos los ticos y cómo nos afecta la situación fiscal del país?

Roxana Morales Ramos*

 

El creciente deterioro de las finanzas públicas amenaza la estabilidad macroeconómica de Costa Rica. Son varios años los que llevamos discutiendo sobre la urgencia de sanear las finanzas del Estado, más, sin embargo, muchas personas, incluidos algunos políticos, no comprenden la gravedad de la situación y las serias consecuencias que tendría para el país la no aprobación de las reformas necesarias en el muy corto plazo.

Los datos que se presentan a continuación describen mejor la situación mencionada.

El gasto del Gobierno Central como porcentaje del PIB pasó del 15,3% en 2008 al 20,7% en 2017, mientras que la carga tributaria (recaudación de impuestos como porcentaje del PIB), se ha mantenido en cerca del 13% del PIB en los últimos diez años, es decir, existe una insuficiencia de recursos propios para cubrir los gastos y como consecuencia, la deuda del Estado se ha incrementado considerablemente. En 2008 la deuda de Gobierno Central fue de 24,1% del PIB, en 2017 alcanzó el 49,1% del PIB, mientras que para 2018 y 2019, el Banco Central de Costa Rica estima, en su programa macroeconómico, que la misma alcanzará el 53,8% y 58,4% del PIB, respectivamente.

Por su parte, en el presupuesto 2019, recién presentado a la Asamblea Legislativa por parte del Ministerio de Hacienda, se estima un gasto del gobierno equivalente al 29,6% del PIB, financiado en un 53,5% con nueva deuda y solo el 46,5% con ingresos propios. Es decir, el déficit estimado es de 7,9% del PIB para el 2019.

Lo anterior denota la gravedad de la situación de las finanzas públicas y la urgencia de tomar decisiones cuanto antes, es decir, se requiere un ajuste inmediato, para evitar una crisis fiscal que tendría graves secuelas para la economía y para el país en su conjunto.

Una de las consecuencias, en caso de no aprobarse las reformas necesarias, es el incremento que podrían experimentar las tasas de interés y, por tanto, el costo de la deuda para el Gobierno Central y para las empresas y familias en el país.

En este sentido, vale la pena mencionar que el creciente endeudamiento del Estado también se replica en el sector privado. Al analizar los datos del BCCR, el crédito otorgado por el sistema financiero al sector privado no financiero, en julio de 2018, alcanzó el 58,2% del PIB, es decir, 20,1 millones de millones de colones (en 2007 representaba el 43,2%, por tanto, en los últimos 10 años, la deuda privada ha crecido en casi 15 puntos porcentuales).

Otra forma de observar el creciente endeudamiento de las familias es a través del aumento de la deuda en tarjetas de crédito: según datos del Ministerio de Economía, de 2010 a 2018, la deuda en este tipo de tarjetas se ha duplicado y alcanzó en abril de este año el 3,5% del PIB (1,2 millones de millones de colones); siendo que las tasas de interés de este tipo de créditos rondan el 40% y 50%.

En resumen, a manera de referencia, si sumamos la deuda del Gobierno Central y la deuda del sector privado no financiero (53,8% y 58,2%, respectivamente), no nos alcanzaría toda la producción de bienes y servicios de consumo final (PIB) de todo un año para pagar el principal (saldo de la deuda) y mucho menos los intereses.

Y si a lo anterior sumamos que, del total de la deuda del sector privado no financiero, el 39% se encuentra denominada en dólares y el 61% en colones, y que, cerca del 71% de las personas endeudadas en dólares ganan en colones, según datos de la propia SUGEF; entonces, ante un incremento en las tasas de interés y en el tipo de cambio (depreciación del colón), como consecuencia de no tomar las medidas a tiempo para sanear las finanzas públicas, muchísimas familias podrían ver comprometida su estabilidad económica y con ello la estabilidad del sistema financiero y de la economía como un todo.

En este sentido, a manera de ejemplo, suponga una familia que contrajo un crédito para vivienda por 50 millones de colones, a una tasa de interés del 9% anual, a un plazo de 30 años; actualmente paga una cuota mensual de 402.311 colones. Ahora suponga que la tasa de interés se incrementa en 3 puntos porcentuales y llega al 12%, esto implica que, con el ajuste en la tasa de interés, deberá pagar mensualmente 514.306 colones, es decir, 111.994 colones más. Esta situación evidencia el impacto que podrían sufrir muchas familias, más considerando que del total de créditos otorgados por el sistema financiero al sector privado, a mayo 2018 -según datos del BCCR- el 28% corresponde a créditos para vivienda, el 33% para consumo, el 13% para servicios, el 11% para comercio, y el restante 15% para otros.

Es por lo anterior, entre otras razones, que urge un acuerdo que permita evitar una crisis económica en el país; sin embargo, ese sentido de urgencia no debe ser una excusa para descuidar aspectos importantes como por ejemplo cuáles sectores son los que soportarán el peso de la reforma fiscal. Todos y todas debemos aportar, pero de acuerdo con nuestras posibilidades (riqueza y nivel de renta), para que el país salga adelante, de lo contrario, las consecuencias serán muy negativas para la economía y para la sociedad.

 

*Observatorio Económico y Social, Escuela de Economía UNA.

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por UNA Comunicación.

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Costa Rica: la tormenta fiscal es asunto muy serio

Luis Paulino Vargas Solís

Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)

Presidente Movimiento Diversidad Abelardo Araya

 

1.La situación económica de Costa Rica en este momento es delicada. Las apuestas son sumamente riesgosas y el panorama extremadamente complejo.

2.Tengamos claro el origen inmediato de la amenaza que hoy enfrentamos: se ha ido agudizando la percepción de riesgo en relación con la sostenibilidad de las finanzas públicas, con sus previsibles efectos: fuerte presión alcista sobre las tasas de interés que pagan los bonos de la deuda pública, cuya colocación se hace más difícil, lo cual se refleja en el acortamiento de los plazos. Es a eso a lo que llamamos “prima de riesgo”, o sea, un “premio” obligado derivado del mayor riesgo percibido. Quienes usualmente proveen el financiamiento –por ejemplo: fondos de pensiones, bancos y aseguradoras– usufructúan con las urgencias del gobierno. En resumen: la “prima de riesgo” va al alza y constriñe progresivamente los márgenes de maniobra.

3.Puesto que la ortodoxia exige que el Banco Central mantenga sus manos fuera de este juego, ello eventualmente se resolvería como una profecía autocumplida: se teme que el gobierno se vuelva insolvente, y ello produce comportamientos que hacen realidad tal insolvencia. Lo cual también entraña quedar atrapados en las redes de los poderes financieros: bancos, aseguradoras y fondos de pensión incluidos. Pero incluso para estos es un juego perder-perder: el eventual colapso financiero del Estado, posiblemente jalará a toda la economía a la crisis, en cuyo caso seguramente el negocio financiero entrará en una etapa de mucha turbulencia, teniendo en cuenta los altos niveles de endeudamiento privado, incluso en dólares.

4.Frente a este panorama, de tal forma erizado de amenazas, el gobierno de Alvarado maniobra –hace equilibrios al borde del abismo– tratando de “tirar la bola hacia adelante”. Lo hace inmerso en un contexto político complejo y conflictivo, con escasos oxígeno para bucear en aguas tan agitadas.

5.La apuesta va en este sentido: aprobar el proyecto tributario actualmente en discusión (expediente 20.580), para exhibirlo como certificado de “buena conducta”, al modo de pasaporte para obtener financiamiento externo. Hay aquí expectativas heredadas de la administración Solís Rivera: obtener unos $1000 millones del BID y, avanzar en la colocación en los mercados internacionales de bonos en moneda extranjera –usualmente llamados eurobonos –a razón de mil millones de dólares por año, posiblemente por unos cuatro años más, como ya se ensayó en el cuatrienio 2012-2105. Obviamente eso requiere aprobación legislativa, cosa que quizá no sea tan difícil de lograr, una vez se haya cumplido la fase, políticamente mucho más espinosa, de aprobación de aquel proyecto tributario. Las mayorías legislativas no sentirán mucho escrúpulo a la hora de aprobar un endeudamiento externo que se prolonga más allá de sus cuatro años en funciones.

6.Evidentemente el gobierno espera que esto reducirá el pago por concepto de intereses. El efecto positivo podría venir de dos fuentes complementarias. Primero, las tasas de interés en dólares son más reducidas que en colones. Segundo –y quizá más importante– el gobierno juega con la idea de que, aprobado el expediente 20.580, y con esa constancia de presunta “buena conducta” en la mano, se reducirá un poco la “prima” por concepto de riesgo que, como he indicado, va hoy día al alza.

7.Al momento actual, los pagos por intereses ya superan holgadamente el 3% como proporción del PIB, sobre un déficit total que exceden del 6,5%. El endeudamiento externo previsto tan solo cubriría la cuarta parte, o poco más, del total del financiamiento requerido. En este momento, el gobierno necesita financiar más de dos billones de colones (más de dos millones de millones) mediante colación de bonos. Al tipo de cambio actual, $1000 millones colocados en mercados externos rendirían el equivalente a 570 mil millones de colones. Aún quedarían más de 1,5 billones a ser financiados internamente. Es, en el mejor de los casos, un deshago muy parcial. Qué tan significativo resulte, depende crucialmente de un detalle: que la percepción de riesgo realmente ceda, y, con ello, también lo hagan las tasas de interés. Sobre esto volveré luego.

8.La reforma tributaria planteada, en su formulación original (previa a los cambios que se le han introducido), rendiría –según la versión gubernamental– un monto de nuevos ingresos equivalente a alrededor de 1,7% u 1,8% del PIB, en el mejor de los casos. Siendo sumamente optimista sobre la posible reducción en el pago de intereses, quizá estemos hablando de una reducción total del déficit en 2,5 puntos porcentuales o poco más. Bajaría entonces a aproximadamente un 4,5% del PIB, aunque los plazos en que ello pueda lograrse no son claros. Incluso en esta hipótesis –quizá la más optimista concebible– es muy dudoso que se logre estabilizar la deuda, que es el objetivo mínimo al que habría que aspirar. El muy mediocre crecimiento de la economía, suponiendo que se logre mantener en los niveles actuales (lo cual es en sí mismo dudoso), bastaría para hacer que, con ese nivel de déficit fiscal, la deuda siga creciendo.

9.Sin embargo, lo anterior tiene sentido dentro de presunciones bastante positivas. Es fácil imaginar evoluciones donde ese cielo azulito, empiece a cubrirse de nubarrones.

10.Primero, se hace necesario suponer que, tanto a lo interno como a nivel internacional, la aprobación del mencionado proyecto tendrá una recepción positiva, y que aflojará la ansiedad que ha ido creciendo en relación con la situación fiscal de Costa Rica, de forma que las tasas de interés cedan. Puede que en lo inmediato se registre ese efecto, pero su perdurabilidad dependería en alto grado de que se constate que hay una evolución hacia una reducción efectiva de los desequilibrios fiscales, sobre todo, y como mínimo, que se logre estabilizar la deuda. Reitero: es muy dudoso que ello se dé, dentro del arreglo de medidas actualmente planteadas.

11.Pero además, debemos recordar que la evolución de las tasas de interés a nivel internacional, no es hoy la más propicia. La Reserva Federal de los Estados Unidos –el banco central más poderoso del mundo– claramente ha definido una ruta ascendente: ha venido subiendo su tasa de interés de referencia, gradualmente, pero de forma cada vez más resuelta. Todo parece indicar que esa tendencia continuará. Mucho de la turbulencia que ha golpeado las monedas de Turquía y Argentina, tiene que ver con esto. Dicho en otros términos: los flujos de capitales financieros tienden a moverse de nuevo hacia las grandes economías del norte, y ven como con menos interés y mayor recelo los países del sur.

12.O sea: la eventual colocación de bonos en los mercados internacionales enfrentará un ambiente menos propicio que aquella realizada en los años 2012 a 2105: habrá menos abundancia de capitales y tasas de interés más altas. Con el agravante de que no será fácil limpiar la estela de desconfianza que han ido sembrando estos años de persistente y creciente desequilibrio fiscal.

13.Por otra parte, el ajuste fiscal propuesto vía aumento de impuestos y reducción de gastos, no será anodino: inevitablemente repercutirá negativamente en el desempeño de la economía, sobre todo porque se aplica sobre una economía atrapada, desde hace ya un decenio, en una especie de anemia crónica, y con problemas del empleo muy graves. Con un crecimiento que penosamente logra sostenerse en el rango del 3-4% anual, se extraería el equivalente a un 2,5-3% de poder adquisitivo y, por lo tanto, de demanda efectiva. Inevitablemente el crecimiento se resentirá. Habrá estancamiento, quizá recesión.

14.Es esperable que conforme el dinamismo económico desfallezca, también lo harán los ingresos fiscales adicionales que el gobierno logre captar. Terminará por recaudar menos de lo previsto, y el desbalance fiscal será mayor a lo esperado. En cuyo caso, las perspectivas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas volverán a ser sombrías, suponiendo que en algún momento inicial se hubiese logrado mejorarlas un poco. Con una economía moviéndose cerca del estancamiento –quizá en terreno negativo– es prácticamente inevitable que la deuda siga al alza. Ya para entonces el chantaje de los intereses financieros –vía una “prima de riesgo” cada vez más asfixiante– se habrá agudizado severamente.

15.Pero incluso la esperanza de lograr una mejora inmediata en la percepción acerca de la sostenibilidad de las finanzas públicas de Costa Rica podrían fallar. Es decir, no podemos descartar que la impresión que se cause a nivel internacional no sea tan favorable como están esperando, por lo que el financiamiento que se querría lograr, no llegaría con tanta facilidad. La evolución actual a nivel mundial, de las tasas de interés y de los flujos de capital, reforzarían esta hipótesis menos positiva.

16.Existen otras opciones por examinar, más allá de la estrategia que el gobierno de Carlos Alvarado propone. La de “no hacer nada”, que parece entusiasmar a mucha gente, es una de ellas. Es una opción que tiene una “ventaja”: nos llevará a una crisis severa en un plazo muy corto. Todavía una segunda opción es la que apunte a un ajuste fiscal dosificado inteligentemente, de forma que la base fundamental del proceso se asiente en una vigorosa reactivación de la economía. Solo así podría lograrse una solución sostenible y perdurable, sin precipitar a la economía en una crisis, cuyas consecuencias humanas serán inevitablemente dolorosas. Pero lograr tal cosa exige un grado de sensatez y generosidad, un sentido de justicia y una dosis de diálogo y desprendimiento, que, en la babel caótica que Costa Rica es hoy, pareciera iluso e inalcanzable.

Costa Rica la tormenta fiscal es asunto muy serio2

17.¿Podría darse un colapso repentino con una devaluación pronunciada y fuga de capitales? Bajo la estrategia actual que ensaya el gobierno de Alvarado, ello se podría posponer en el tanto se logre (lo cual no está garantizado) el efecto deseado en términos de un aflojamiento de la ansiedad –hoy día al alza– suscitada por las dudas que deja la situación fiscal. Pero, como he tratado de explicar, esta propuesta gubernamental adolece de limitaciones importantes, por lo que, al cabo, y en el mejor de los casos, podría tan solo posponer la crisis, no conjurarla. Queda el consuelo de que el Banco Central posee un acumulado significativo de reservas monetarias, para amortiguar el efecto sobre el tipo de cambio. Y, sin embargo, las vulnerabilidades de nuestra economía son múltiples y se entrelazan en un tejido problemático, plagado de puntos débiles que fácilmente podrían romperse (al respecto véase lo que he escrito, por ejemplo aquí y aquí).

 

Enviado por Luis Paulino Vargas Solís.

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El carácter clasista y popular de la lucha contra el proyecto fiscal

Comisión Nacional de Enlace

Comunicado político Nº 60

 

La respuesta de la administración Alvarado Quesada a la Mesa de Unidad Sindical sobre la propuesta fiscal presentada por esa instancia sindical era de esperarse y es la consecuente con la estrategia política del gobierno para mantener en el movimiento sindical la ilusión de un diálogo, pero avanzando con su objetivo central que es aprobar el proyecto Nº 20580.

Cabe entonces preguntarse: ¿tiene sentido lo manifestado por el vicepresidente Marvin Rodríguez de mantener el discurso de la “vía del diálogo”  cuando el proyecto Nº 20580 sigue avanzando en la Asamblea Legislativa? ¿Qué sentido tiene una mesa de diálogo sobre el tema fiscal con el gobierno, si su proyecto fiscal, con el cual mantenemos diferencias irreconciliables, avanza en la corriente legislativa?

Aquí es donde el Movimiento Sindical, particularmente  el Bloque Unitario Sindical y Social (BUSSCO) tiene que, de manera forzada por los hechos, parar y hacer un balance sobre lo que está ocurriendo y tomar las decisiones correspondientes. Ha quedado  claro que el gobierno nunca tuvo intencionalidad de resolver en forma conjunta y en una mesa de negociación con el movimiento sindical el tema fiscal, queda claro también que este tema no es simplemente un asunto técnico, sino esencialmente político, que por más “propuestas técnicas” que el movimiento sindical presente, la incidencia en lo fiscal es un asunto de fuerza política, aunque reconocemos como positivo que los sindicatos hicieran el esfuerzo por presentar propuestas sobre un tema complejo como es el fiscal.

Es entonces que, definidas ya las cosas, desde nuestra perspectiva, la definición del carácter de la lucha es lo determinante y así ha sido históricamente, por eso recapitulamos brevemente sobre los resultados de algunas luchas  recientes en el tiempo y la importancia del carácter de la lucha.

La lucha contra la transnacional Millicom, que resultó en la expulsión de esa empresa de nuestro país, tuvo un carácter profundamente patriótico. Definidos los objetivos y el carácter los trabajadores del ICE se lanzaron a la lucha y obtuvieron el resultado ya mencionado.

En la lucha contra el Combo del ICE fue igual. Solo que la respuesta de las masas se dio en gran medida por el correcto enfoque del carácter patriótico y popular de esa lucha. Finalmente se logró que el Combo del ICE fuera retirado de la corriente legislativa y se asestó un golpe en profundidad a la administración Rodríguez Echeverría.

La lucha contra RITEVE fue lo contrario. Cuando existían factores objetivos y subjetivos para expulsar la empresa de nuestro país, el carácter patriótico y popular de esa  lucha se difuminó en las negociaciones y la administración Pacheco de la Espriella logró resistir  el embate y RITEVE logró permanecer en el país.

En la lucha contra el TLC el carácter  amplió el espectro y se convirtió en una lucha patriótica, popular y antimperialista. Ya sabemos el resultado de esa lucha cuando la derecha vio una oportunidad en la propuesta del referéndum, nacida de los propios sectores sociales. Perdido el carácter inicial, la lucha derivó en una disputa electoralista y jurídica que condujo finalmente al movimiento popular en su conjunto a una derrota estratégica (ver: http://www.comisiondeenlace.co.cr/archivos/7295/balance-de-la-lucha-contra-el-tratado-de-libre-comercio/trata-dos-de-libre-comercio/).

Obsérvese entonces la importancia del carácter de la lucha y en esta coyuntura particular donde la ofensiva neoliberal apunta a descargar los efectos de la “crisis”, sobre las espaldas de los trabajadores (as), se hace imprescindible priorizar esa discusión.

Es decir, la lucha contra el paquete fiscal 20.580 tiene un claro contenido popular, de clase y de defensa de los derechos laborales. Este proyecto pretende fiscalmente poner a pagar más impuestos a los sectores populares/laborales y medios, es decir a la clase trabajadora en general. Además al precarizar condiciones laborales de la clase trabajadora del sector público se abre el camino para el despido masivo de trabajadores (as) del sector. Es así entonces que, en este caso, la lucha debe continuar con un marcado carácter clasista y popular, que involucre a toda la clase trabajadora.

El enemigo tiene claridad meridiana sobre lo que tiene que hacer, romper la resistencia sindical, reducir a los empleados públicos, quebrar  cualquier  resistencia a su proyecto neoliberal-plus. Dadas las condiciones y las respuestas del gobierno, aceptar participar en una mesa de diálogo en esta coyuntura no significaría otra cosa que la claudicación.

 

Comisión Nacional de Enlace

09 08 2018

San José, Costa Rica

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS por Ricardo Segura Ballar.

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Movimiento sindical presentó propuesta de Reforma Fiscal en la Asamblea Legislativa

Bajo el nombre de “Una Reforma Fiscal Justa y Solidaria para Costa Rica” el movimiento sindical presentó a diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa una propuesta alternativa al proyecto de ley Nº20.580, sin la necesidad de cobrar más impuestos a los costarricenses, en busca de solucionar el déficit fiscal que enfrenta el país.

La propuesta sindical, elaborada por la mesa técnica, en el marco del diseño de una reforma fiscal alternativa y no complementaria al proyecto de ley 20.580, busca alcanzar soluciones tanto estructurales (de mediano plazo) como de impacto inmediato (de corto plazo) al déficit fiscal que Costa Rica atraviesa actualmente, para lo cual se han agrupado las iniciativas en dos bloques de análisis según el plazo en el cual actúan sobre el déficit: A) Soluciones estructurales y B) Medidas de impacto inmediato. Dicha propuesta tiene un carácter autónomo.

Las propuestas del Movimiento Sindical se fundamentan en la búsqueda del bien común y en la justicia social.

“Nos daremos a la tarea de demostrar que es posible concretar una reforma en la que el rico pague como rico y el pobre pague como pobre. Es posible construir una propuesta fiscal solidaria que solucione el déficit sin empobrecer a los hogares costarricenses”, dijo Rafael Mora, representante de ANEP y el Colectivo Sindical Patria Justa.

El conjunto de medidas propuestas por la mesa de Unidad Sindical (en el caso de aquellas que son directamente cuantificables o para las cuales existen datos disponibles), aporta entre 780 mil millones de colones (2.38%PIB) y 1 billón 374 mil millones de colones (4.20%PIB). Las medidas propuestas permiten, como mínimo, solventar el déficit primario.

La propuesta del Movimiento Sindical fue entregada a los legisladores del PAC, Catalina Montero, Welmer Ramos, Victor Morales, Nielsen Pérez, Luis Román Carranza, Mario Castillo y Laura Guido. Por parte del partido Restauracion Nacional recibieron la propuesta Eduardo Cruickshank, Carolina Chang y Melvin Núñez Restauración Nacional.

Mientras que por el PUSC y el PIN fue recibida por los diputados Erwen Masis y Walter Muñoz respectivamente, así como José María Villalta del Frente Amplio.

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Albino Vargas Barrantes.

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Propuesta técnica final – Ajuste fiscal progresivo

UNA REFORMA FISCAL JUSTA Y SOLIDARIA PARA COSTA RICA

PROPUESTA SINDICAL COMÚN

 

El presente documento contiene la propuesta sindical, elaborada por la mesa técnica, en el marco del diseño de una reforma fiscal alternativa y no complementaria al proyecto de ley 20.580, que permita alcanzar soluciones tanto estructurales (de mediano plazo) como de impacto inmediato (de corto plazo) al déficit fiscal que Costa Rica atraviesa actualmente, para lo cual hemos agrupado las iniciativas en dos bloques de análisis según el plazo en el cual actúan sobre el déficit: A) Soluciones estructurales y B) Medidas de impacto inmediato. La presente propuesta tiene un carácter autónomo.

Todas y cada una de nuestras propuestas se fundamentan en la búsqueda del bien común y en la justicia social. Nos daremos a la tarea de demostrar que es posible concretar una reforma en la que “el rico pague como rico y el pobre pague como pobre”. Es posible construir una propuesta fiscal solidaria que solucione el déficit sin empobrecer a los hogares costarricenses. Definitivamente, es posible.

La pregunta es, ¿existe la voluntad política en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo para concretarla?

Ingrese en el siguiente enlace para conocer la propuesta:

Propuesta técnica final – Ajuste fiscal progresivo

 

Imagen tomada de la nota: Propician unidad sindical propositiva ante tema fiscal

Enviado por Albino Vargas.

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