Después de la reunión del viernes 29 de junio de 2018 de la Unión Sindical Nacional con el Gobierno de la República, le compartimos en el enlace adjunto dos documentos: el que los sindicatos le entregaron al Gobierno y el que éste propuso para abrir un proceso de negociación.
Sindicatos analizarán agenda de trabajo presentada por el Gobierno
Comunicado de prensa actualizado
La Unidad Sindical entregó al Gobierno de la República, un pliego de peticiones que permitirían dar a apertura a la mesa de diálogo multisectorial, que propondría soluciones consensuadas al déficit fiscal.
La entrega se hizo esta mañana, en la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.
A su vez, la Unidad Sindical recibió de parte del Gobierno, la propuesta de una agenda de trabajo en temas fiscales, la cual será analizada por las diversas organizaciones.
Los temas fiscales de la agenda presentada por el Gobierno son: el IVA, impuesto al salario, renta global, así como evasión y elusión fiscal, exoneraciones, pensiones de lujo y normativa de contención del crecimiento del gasto público.
Durante la reunión, los diversos representantes sindicales le hicieron ver al Gobierno la necesidad de un análisis de los puntos en discusión para emitir una respuesta, misma que se estaría emitiendo el próximo lunes 9 de julio a las 10 a.m. en una nueva reunión.
Uno de los puntos que cuestionaron las organizaciones sindicales, es que el Gobierno sugiere una mesa de diálogo bilateral con la presencia de la Iglesia Católica como garante, mientras los Sindicatos solicitan una mesa multisectorial.
La Unidad Sindical también solicitó que se retire de la corriente legislativa el expediente N°20.580 «combo fiscal» y que den marcha atrás con la solicitud de declaración ilegal de la huelga del pasado 25 de junio y que se garantice un diálogo diáfano, en un escenario exento de ataques contra la clase trabajadora y, particularmente, el empleo público.
Sobre este pliego, el Gobierno también deberá emitir una respuesta el próximo 9 de julio.
Imagen tomada de la nota de SURCOS titulada: Sindicatos se reúnen con Gobierno para tratar el combo fiscal.
Un corto muestra el pensamiento de los distintos sectores sindicales ante la necesidad de la unidad, para impulsar propuestas alternativas en el campo fiscal.
El material audiovisual fue compartido con SURCOS por Rafael López Alfaro.
Este miércoles 16 de mayo a las 9 a.m., especialistas de la Universidad Nacional (UNA) e invitados especiales estarán analizando el tema del déficit fiscal y su efecto sobre el empleo en Costa Rica. Se trata de una mesa redonda que tendrá lugar en la Sala de Exrectores de la Biblioteca Joaquín García Monge, en el Campus Omar Dengo, Heredia.
En la actividad participarán Cristóbal Pérez, académico de la Escuela de Administración (EDA) de la UNA, David Cardoza, académico de la Escuela de Economía de la UNA, Pamela Jiménez, investigadora principal del capítulo “Oportunidades, estabilidad y solvencia económica” del Programa Estado de la Nación y representante del Instituto de Estadística y Censo (INEC). La moderadora será Floribeth Solís, directora de la EDA.
El evento es organizado por la Rectoría, la Rectoría Adjunta, el Programa UNA Vinculación, la Facultad de Ciencias Sociales y la EDA. Para más información se dispone del correo electrónico vinculación@una.cr y del teléfono 2277-3974.
***Más información en la Oficina de Comunicación. Tel. 2237-5929 / 2277-3067***
El ministro de Trabajo y otras autoridades de gobierno nos han dicho en varias ocasiones algo así como que: el aumento de impuestos permitirá que se financien los salarios, no suban las tasas de interés de los créditos, si se piensa de manera ligera y bastante egoísta podría fácilmente concluir que tienen razón “a los funcionarios públicos podría convenirnos un paquete fiscal”.
Es importante aclarar que el porcentaje de ingresos tributarios para que cualquier gobierno cumpla con sus deberes es menor al necesario, o sea se requiere más impuestos, por eso existe la deuda interna como una medida casi desesperada para cubrir los gastos, aumentando lógicamente el más serio problema que tiene el gobierno dentro del déficit fiscal (50%).
El movimiento sindical podría hacerse el “chancho” y dejar que la “paz social” mantenga la dinámica de atornillar a las mayorías, sin tocar a los poderosos con más impuestos, esa sería la posición más cómoda, pues la población seguiría “detrás del palo” y simplemente tendría que pagar el costo de esta solución pero…
Nosotros somos parte del pueblo y también tendríamos que pagar el aumento de los impuestos y para poner una “flor en el ojal” el paquete fiscal tiene una serie de medidas que afectarán los servicios públicos, al reducir el gasto público a la fuerza además de poner reglas para el pago de los salarios de los funcionarios que podrían rebajar de manera brutal lo que recibimos.
¿Nos piden propuestas? ¡Mentirosos! Cuando el movimiento sindical ha propuesto soluciones que implicarían repartir entre las diferentes clases sociales el costo de mantener los servicios públicos, simplemente nos ignoran, porque nuestra visión no es “políticamente viable”, lo que significa que los diputados representantes de los poderosos no lo van a aceptar.
¿Y saben porque proponemos afectar a los ricos? Porque contrario a la posición de gobierno que “no quiere afectar los precios internacionales de exportadores” debido a que eso “quita competitividad”, creemos que el país es uno solo y que todos los que creamos riqueza, más los que se la apropian, debemos contribuir al desarrollo nacional, no dejando esa responsabilidad solo en los que menos ganan.
Además consideramos que los grupos poblacionales más poderosos que se dejan más del 50% de la riqueza país producida en un año y también están dentro del grupo de los que más evaden el pago de impuestos (8% del Producto Interno Bruto), deben ponerse en cintura, eso ayudaría mucho en otro problema bien ignorado: la justicia social.
Si el escandalo mundial de los Papeles de Panamá tiene ricos nacionales involucrados, los que no pueden acusarse de evasión porque aquí no existen los delitos en nuestra legislación, cualquiera en su sano juicio diría que ese es una camino de solución de nuestro grave problema.
Estamos tan lejos de las palabras del presidente que impuso el impuesto a la renta, Alfredo González Flores “que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres” lo que le costó un golpe de Estado.
(*)Secretario General, Central General de Trabajadores
Los sindicatos conocemos que el Estado costarricense está en una crisis producto de déficit fiscal, pero no podemos coincidir posiblemente en las causas que han llevado a esta situación la finanzas públicas y que podrían generar una crisis que implicaría efectivamente el cierre de instituciones y plazas, servicios por falta de dinero.
Pero nos extraña que sus soluciones sean para que los trabajadores paguen los platos rotos además de irónicamente aplicar una “regla fiscal” que precisamente pretende disminuir el gasto público reduciendo servicios y cerrando plazas a la fuerza, el anhelo neoliberal de achicar un Estado que curiosamente está por debajo del promedio de la OCDE.
La insistencia de los poderosos y sus representantes es que no haya nada que afecte la competitividad internacional del país, por eso existe el escandaloso delito fiscal que incluye exoneraciones que de no existir resolvería drásticamente el problema del déficit.
Sabe usted que en economía no hay una sola solución de los problemas pero por alguna extraña razón lo que parece su “visión” es imponernos a la sociedad el recrudecimiento de un sistema fiscal en el cual los ricos pagan como pobres y los pobres como ricos.
Lo decente y honorable es que quien obtiene más recursos pague más, pero eso es mala palabra en el lenguaje de los poderosos, incluso llegan a ridículos injustificables como oponerse a la factura electrónica, al control de pasajeros en los autobuses, a mejorar la recaudación, lucha ferozmente por buscar portillos en la legislación vigente, efectivamente desastrosa para el control, contra el fortalecimiento de personal y modernización del Ministerio de Hacienda, demostrándonos que la tal ética empresarial es puritico discurso hueco.
Este su gobierno y el que sigue prefirió buscar las “fáciles” soluciones que tendrán consecuencias directas en el deterioro del nivel de vida de la población, especialmente los de menos recursos, un ejecutivo que prefirió darnos palo en sus nuevas reglas que también dañarán nuestros ingresos familiares en lugar de buscarnos para construir soluciones conjuntas.
Podríamos coincidir con usted en la preocupación pero su solución “la voló”, quizás comprendamos que su nivel de vida poco se afectará con esta, nosotros que sí dependemos de un salario podemos defendernos de sus iniciativas, es nuestro derecho aunque le parezca extraño a todo el cuerpo ministerial y diputadil.
¡Esa cucharada a la fuerza no la vamos a tomar!
(*)Secretario general, Central General de Trabajo.
Lenín Hernández, presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum: “Con nuestro salario no se metan. Nos oponemos al expediente 20580 porque este proyecto de ley concatena reformas fiscales y empleo público y con ello pasan dos cosas: se le sigue endilgando la responsabilidad del déficit fiscal a los empleados públicos y en segundo lugar, estas reformas fiscales son un paliativo, un “parchecito” al verdadero problema fiscal que atraviesa el país. (…)”.
Texto del rector de la UCR en relación con la negociación anual del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)
Dr. Henning Jensen Pennington, Rector de la UCR
El Dr Henning Jensen especificó que «no será nunca nuestra aspiración avanzar sin que la sociedad, y especialmente los sectores menos favorecidos, avancen con nosotros, puesto que esto sería una contradicción hecha realidad» (foto archivo ODI; UCR).
El compromiso de la UCR con la sociedad costarricense se manifiesta de múltiples maneras. Una de ellas – y de las más importantes – es la regionalización universitaria, en la cual es pionera, y constituye la vía regia de democratización de la educación superior. Mediante su presencia en prácticamente todo el país, no solo con sus sedes y recintos, sino también con cientos de proyectos de acción social e investigación, alcanza la UCR a muchas comunidades. Este legado, iniciado hace medio siglo, tiene el propósito de favorecer el bienestar y progreso de la colectividad.
La UCR ha tenido siempre detractores que han pretendido rebajarla, dando a entender que en ella prevalecen el elitismo, la corrupción y el despilfarro. Aunque tenemos problemas, y muchos muy serios, ellos no pervierten lo que podríamos llamar la sustancia de la institución. El buen nombre nos ha acarreado un especial aprecio por parte de la comunidad nacional, lo cual se debe a que nuestra universidad está totalmente inserta en el engranaje de la sociedad costarricense.
La educación superior se traduce en progreso de personas, familias y comunidades. Los resultados de la inversión en talento no son instantáneos, pues deben cultivarse a lo largo del tiempo, pero la cosecha, si se hace con esmero, tiende a ser fructífera. En una sociedad con desiguales oportunidades, la promoción de la equidad en el acceso y la permanencia en el sistema educativo deben ser siempre una prioridad, aun en tiempos de crisis, puesto que precisamente las personas más vulnerables son las que mayor apoyo requieren del estado. Es a ellas a quienes, nunca, debemos darles la espalda.
Nuestro país enfrenta hoy serias situaciones económicas. Recientemente el gobierno calificó de «crisis de liquidez» la reducción del dinero disponible para honrar los compromisos existentes. En vista de la creciente desigualdad en nuestra población y la exigua reducción de la pobreza, esta «iliquidez» no puede menos que provocar una enorme preocupación.
La debilidad de las finanzas estatales no es un tema por tomar a la ligera. Más bien debe convocarnos, como ciudadanía responsable, a informarnos y tomar decisiones con sabiduría y rigurosidad. En el marco de las políticas económicas que este y los próximos gobiernos deberán revisar, implementar y fomentar, será indispensable considerar acciones para asegurar que el estado cuente con los recursos para salir adelante, y hacer frente a los compromisos adquiridos y a los problemas acuciantes, alejándonos de los círculos viciosos de deudas con malas inversiones y acercándonos a los círculos virtuosos de recursos bien empleados. Esto implica conocer muy bien la situación del estado, y con ello visualizar sus necesidades de transformación, así como tener visión de futuro y evaluar resultados.
Las alianzas son quizá una de las alternativas vitales para que un país como el nuestro logre prosperar, a pesar de la grave situación de las finanzas públicas, que el Estado de la Nación ha calificado de ‘insostenible’. Juntos, tanto el gobierno como la academia, los sectores sociales y la empresa privada, somos palanca y polea que realizaríamos un trabajo mucho mejor que muchas manos dispersas. Es ahí en donde el valor del trabajo en conjunto, la cooperación y la visión común de desarrollo juegan un papel esencial para acelerar soluciones y promover el talento, la innovación y la generación de empleos.
La UCR comparte esta visión desde su propia trinchera: la reducción de la desigualdad, el empuje a las fuerzas vivas de la sociedad, a los pequeños y medianos productores, y la promoción de la educación superior como medio de movilidad social, son los recursos con los que cada día demostramos el provecho que puede obtenerse de la ciencia, la tecnología, la innovación y el estudio de la sociedad. Somos una universidad que piensa y actúa en tres dimensiones: la docencia, la investigación y la acción social, y sobre estos ejes hemos constituido un quehacer integral que no solo prepara a las y los futuros profesionales que llevarán las riendas del país, sino que además podemos incidir desde ahora en situaciones actuales y urgentes.
Contamos con una población permanente de unos 40.000 estudiantes, distribuidos en todo el país; tenemos siete sedes y cinco recintos universitarios; ofrecemos 240 opciones académicas con diversos grados de titulación; publicamos más de 50 revistas académicas especializadas que han surgido con la generación de conocimientos; realizamos más de 1800 actividades de investigación; y aportamos prácticamente un millón de horas anuales a la comunidad nacional mediante la acción social.
Para preservar estos logros, los cuales reflejan historias de éxito y superación, en los últimos años hemos debido tomar medidas enfocadas en la reducción de gastos, así como la orientación de nuestros recursos hacia el fortalecimiento de nuestras actividades sustantivas. Esto es algo que, sin importar la crisis, nunca dejaremos de apoyar. Y hemos de tener en mente que la UCR, a pesar de las medidas de contención del gasto aplicadas durante los últimos cinco años, experimenta un gran florecimiento académico y goza de una reputación internacional inigualada en el pasado.
Creemos en la consolidación de condiciones propicias para que cada estudiante, cada investigador o investigadora, cada funcionario o colaborador de la UCR sienta la seguridad de encontrarse en una institución sólida, de renombre, que no mancillará sus derechos y será inclusiva y solidaria. Esto implica mantener nuestro sistema de becas; no escatimar en los recursos necesarios para el equipamiento de laboratorios e institutos de investigación; apoyar la construcción y remodelación de la infraestructura requerida para un estudio y trabajo dignos y de punta; respaldar aquellos acercamientos con las comunidades que permitan el progreso mutuo, y seguir estableciendo vínculos con prestigiosas universidades y centros de investigación de todo el mundo.
A pesar de que es prácticamente imposible el cumplimiento constitucional del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación el próximo año y, por lo tanto, tampoco será viable arribar al 1,5% para el FEES, hay que aclarar que este fondo tiene rango constitucional, y no será reducido en su monto. Sin embargo, tampoco está exento de sufrir las consecuencias de la situación fiscal que atraviesa el país.
En el caso hipotético de que el gobierno cumpliera con esa meta, en las condiciones actuales se produciría un crecimiento nulo en todas las demás áreas de atención social del Estado. Esto, desde todo punto de vista, iría contra los postulados humanistas de la UCR: nunca podríamos aceptar recortar programas sociales esenciales para las poblaciones vulnerables, a cambio de gozar de un FEES mucho mayor.
No olvidamos que existe una enorme evasión fiscal, a todas luces ilegal y antipatriótica que ofende a toda la ciudadanía. Tampoco ignoramos que deben mejorarse los mecanismos de recaudación tributaria. No perdemos de vista la obligación de cumplir con el mandato constitucional del 8% del PIB para la educación, pero sabemos de la difícil situación que enfrenta el país, la cual no está en nuestras manos resolver, y de la cual tampoco somos causantes, pero no podemos eludir la responsabilidad de actuar solidariamente con quienes saldrán perjudicados. La primera medida, y que debemos tener muy presente, es recordar que no somos una institución aislada, sino plenamente inserta en el tejido social del país. Así, no será nunca nuestra aspiración avanzar sin que la sociedad, y especialmente los sectores menos favorecidos, avancen con nosotros, puesto que esto sería una contradicción hecha realidad. No se trata de resignación, ni de ceder ante el cinismo de algunos políticos, sino de compromiso social y solidaridad.
Es cierto que los atrasos en las transferencias del FEES han requerido nuestra observancia, pero, por el momento, no es una situación grave. Sin embargo, esas transferencias son un ingreso esencial para el trabajo de nuestra institución que, de no recibirse oportunamente, podría comprometer los aportes que brinda al país.
En síntesis, esperamos llegar a un escenario que efectivamente cumpla con el mandato constitucional, y que a su vez nos permita seguir ofreciendo calidad en la formación profesional y en los aportes técnicos y de conocimientos, siempre y cuando este crecimiento no sea presupuestaria ni económicamente ofensivo para los sectores desfavorecidos de la población costarricense, ni suceda a costa de su bienestar. Si no avanzamos juntos, debemos unirnos para que sea una realidad: hoy, más que nunca, debemos estrechar nuestras manos con quienes ven en las universidades públicas una esperanza.
Por otro lado, no cabe duda de que, en momentos difíciles, es una virtud volver la mirada hacia adentro. Las universidades estatales debemos practicar una autocrítica sistemática, incluso descarnada, pero razonable y basada en realidades, no en distorsiones, mitos ni rumores.
Nos satisface saber que, pese a las adversidades, somos una institución cuyo renombre surca cielos y mares. Una institución de aportes, resultados y progreso.
