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Etiqueta: delitos ambientales

Ministra de la Presidencia Laura Fernández contra justicia pronta y cumplida

Asociación Confraternidad Guanacasteca

La Constitución Política define el derecho de todos a una Justicia Pronta y Cumplida.

Laura Fernández, ministra de la Presidencia, no sabe nada de eso.

No conoce sus funciones. Entre ellas la de presidenta del Consejo Nacional Ambiental que desempeña.

Y no sabe que ese Consejo debe nombrar jueces del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA).

Este Tribunal no puede cumplir sus funciones cabalmente hace meses, por falta de esos nombramientos.

Al TAA le toca analizar y castigar delitos ambientales, corta de bosques, contaminación de aguas, daño de humedales, construcciones sin permisos, proyectos sin permisos de SETENA, todas las denuncias de este campo.

Hoy tiene más de 4.000 casos, esperando ser tratados y resueltos. Algunos llevan ya 13 o 14 años de trámite.

El procedimiento exige la participación de tres jueces para las audiencias y para la toma de resoluciones.

Entonces, eso no funciona. Se gasta dinero. Se pagan salarios, pero no se hace nada. Y es por culpa de Laura Fernández.

En su escrito a los señores magistrados, la ministra reconoce que no sabía que a ella le tocaba hacer esos nombramiento.

Parece que los temas del medio ambiente no son importantes para este gobierno.

¡Por sus hechos los conoceréis!

Anexamos escrito firmado por Laura Fernández, hace un mes.

¿Justicia para quién? Reflexionamos en torno a la piña en Costa Rica

Observatorio de Bienes Comunes

En menos de 15 días, hemos asistido a una situación que llamó la atención en torno al ejercicio de la justicia por parte de la población. Resulta que alrededor del 6 de junio una empresa transacional hace anuncio que una de sus varieradades exclusivas estaba siendo cosechada de forma ilegal en territorio costarricense. Es así que en menos de una semana, el Estado acciono su aparato institucional y detectó inicialmente 3 fincas donde se producía, procedió a destruir los productos e iniciar los procesos judiciales.

El mismo día que esto sucedía, el Ministerio Público del país, reseñaba que el 33% de las hectáreas donde se siembra piña en el país se ubican en Áreas Silvestres Protegidas o en humedales, pero que no cuentan con los recursos para atender este tipo de delitos ambientales.

No profundizamos en las afectaciones que produce este monocultivo en las personas trabajadoras y las violencias laborales que atraviesan, o los efectos negativos en las comundiades que viven en las cercanías, ni mucho menos aquellas poblaciones que se enfrentan a la intensificación de este cultivo, llegando a rodear sus hogares y espacios públicos. Ante estos eventos, la institucionalidad se comparta ajena, y hasta se podría decir que toma posición como supuestos promotores de la actividad económica, sacrificando el derecho al ambiente sano.

A partir de estos hechos, nos preguntamos ¿justicia para quién? Reflexionamos como este tipo de hechos evidencian cuales son los sectores privilegiados por parte de la institucionalidad estatal.

Un mayo tóxico: urgente defender la salud comunitaria

  • Con el inicio de la época lluviosa salió a flote otra vez una alarmante verdad: la contradicción entre los monocultivos y la vida

Un mayo toxico FRENSAPP

Sólo este mes de Mayo se reportan miles de muertes de peces muertos en en la Laguna Madre de Dios en Batan. Similar a esta situación, en las inmediaciones del humedal Terraba-Sierpe en Osa mueren miles de peces por agrotóxicos en el agua presuntamente proveniente de una finca arrocera.

Pero preocupa también que esta estela de muerte atenta contra la vida humana directamente. Aunque desapercibida, la muerte de un jornalero piñero en Cajón de Pérez Zeledón es lo más grave que ha pasado en este tema (Sitrasep, 2018).

Jhonnatan Rojas López de 30 años se encontraba laborando en la finca de PINDECO, subsidiaria de la trasnacional Del Monte, cuando fue impactado por un rayo. Es conocido por el Sindicado de Trabajadores del Sector Privado que estas fincas piñeras obligan los jornaleros a arriesgar su vida cuando hay fenómenos climáticos extremos. Esta organización señala que no es un accidente laboral, por el contrario, evidencia la responsabilidad de la empresa piñera.

La expansión de los monocultivos industriales sigue impune de sus delitos ambientales. Sigue impune la deforestación de más de 5.566 Hectáreas de áreas de protección por más de 74 fincas piñeras (PNUD, 2015). Sigue igual de impunes las más de 1.112 Hectáreas de piña sembradas de forma ilegal dentro de las Áreas Silvestres Protegidas de Maquenque, Barra de Colorado y Franja Fronteriza. Así como sigue impune la contaminación de los acueductos comunitarios de Milano, El Cairo, La Francia de Siquirres y Veracrúz de Pital de San Carlos, por mencionar algunos.

Pero también recordamos que hace un año Mariana Panaigua y Jorge Castro recorrieron a pie, desde Pavón de San Carlos, 180 Km para denunciar el cercenamiento sufrido por la industria de la piña. Esta pareja ganadera señalaron que las piñeras vecinas hicieron imposible su vida criando animales debido al exceso de veneno y la plaga de la mosca. Aun así la administración Solís Rivera les dio la espalda, no cumplió sus promesas y además, el ex-ministro Felipe Arauz firmó tres decretos ejecutivos para legalizar la inundación del país con más venenos sin evaluación ecotoxicológica.

Ante todo esto se vuelven frágiles son los argumentos de personas, que como el actual ministro de la cartera de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, sostienen la idea de que no habría moratoria a la expansión piñera en este gobierno de Unidad Nacional. Parece que seguiremos siendo una democracia intoxicada. Se continuará incentivando una producción agrícola de excesos, irresponsable y deshumanizada.

Pero las comunidades nos encontraremos para rescatar la salud de los ecosistemas y las comunidades. Representantes de organizaciones locales nos reuniremos en en Encuentro de Salud Comunitaria organizado por el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera este 2 de junio en Sarapiquí.

Información al teléfono: 8760 9800

 

Enviado por FECON.

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