Alejandro Machado García Gestor y promotor social Consultor Internacional y Local en Desarrollo Humano, Género y Migraciones
No podemos seguir llorando sobre la leche derramada. Es válido sentirse mal, angustiados, enfadados, con miedo y derrotados en las urnas, pero no es un diagnóstico de pronóstico reservado. La rigidez emocional de quedarnos enganchados en pensamientos, sentimientos y comportamientos hay que superarla. Obviamente, esto fue producto de la estrategia del oficialismo, llena de bullying, amedrentamiento y odio, que nos pasó factura al validar la injusticia y la impunidad de un sector enfermo.
Puedo explicar esta derrota con una autocrítica en tres niveles: organizacional-dirigencial, la estrategia del oficialismo y en el uso de la religión como eje de control. Hemos sido incapaces de pactar y crear un espectro ideológico diverso, respaldado por una organización fuerte con principios, que se resuma en programas y proyectos alineados con una misión compartida de democracia e institucionalidad. Esta debilidad, visible a leguas y de carácter histórico, fue detectada por el adversario, que se nos adelantó aplicando la vieja táctica de «divide y vencerás». Aprovecharon el desgaste de figuras de diversos movimientos para incrustarles la batería de malestar, iniciada en conferencias de prensa que orientaron el odio, el desconocimiento y la frustración hacia esos sectores y el sistema republicano de contrapesos.
Entiendo que no es fácil, pues se ha acumulado un desgaste por malas prácticas: desde la desmovilización por la Ley Antihuelgas, el «desgaste de rodillas», el miedo a perder el salario, hasta vicios organizacionales como sesgos ideológicos, egos, mezquindad política y soberbia académica que nos llevan a defender lo indefendible. Así ocurrió con el informe del CIEP-UCR: algunos atacaron la metodología o los técnicos, mientras otros buscaron respuestas alternativas para apaciguar un incendio forestal con un extintor ABC. Era una crónica de una muerte anunciada.
Esto no empezó con el banderazo del TSE en octubre de 2025. Este gobierno lo inició al emular modelos de conferencias de prensa de países como Estados Unidos, El Salvador y México, con la excusa de la «transparencia» y el derecho a informar a la ciudadanía. ¿Pero a quién hablaban? ¿A los actores que fiscalizan el gobierno, o los usaban para desvirtuarlos? Durante casi cuatro años, prepararon el camino para otros cuatro —o cuidado, hasta doce—, pero nadie se preguntó: ¿a quién le hablaban, a qué audiencia y para qué? ¿Qué pasó con las métricas de las plataformas oficiales cada vez que había conferencia de prensa, quién las analizaba, para qué fines, como se usaban?
La fórmula no fue solo «miente que algo queda», sino convencer a la ciudadanía de que había un monstruo que derrotar. No buscaban votos aún —no había elecciones—, sino sembrar dudas, odio y agitación para cosechar después. Germinaron semillas que, con el pitazo electoral, brotaron como un «chavismo» espontáneo y temporal. Ponían en la guillotina a los controladores políticos, atribuyéndoles amantes (curiosamente, esa vara no aplica hoy para ellos), adjetivos como zurdos, burócratas o filibusteros colocados por partidos y exfiguras. Al iniciar la campaña, el «déjeme trabajar» desapareció: ahora resultó ser que eran los mejores, con indicadores impecables. ¡Cómo es posible esto, si no los dejaron trabajar!
Las organizaciones, coaliciones y partidos no supimos detectar ni contrarrestar estos movimientos a tiempo. Fuimos sumamente pasivos. Ni las instituciones, a través de sus esquemas de prensa y sitios web, mejoraron la información de forma accesible, fácil y creativa para balancear las mentiras; ni los partidos capitalizamos tempranamente, porque enfrentamos contradicciones internas, «vacas sagradas» y desafíos para integrar generaciones y clases sociales sin asustar a quienes tienen «derecho de piso», ni permear nuevas formas de pensamiento y organización. Aunque conozco un partido amplio, que ha sabido integrar esto.
Aunado a las fugaz de las alcaldías municipales, no logramos conectar con esa masa que ya no era racional, dado que fue toreada durante cuatro años. Además, nunca sacamos la batalla afuera: siempre fue interna, cuando somos reflejo de colas de movimientos geopolíticos mundiales, donde la coherencia es el peor valor en este reacomodo de piezas. Las soberanías están en el papel, y en el sometimiento por chantaje o por quién tiene más poder militar.
Entiendo los retos de los partidos, pero debimos iniciar antes y dimensionar el desafío completo. Lloramos sobre leche derramada llamando a las filas tras la pérdida, pero es entendible. Hay que reagruparse con memoria histórica —como dijo Ariel—, no para resentimientos, sino para evaluar técnicamente, controlar daños y extraer lecciones. Así nos conectamos mejor con nuestro país y entendemos al «chavista» no como irracional o bully, sino como disidente pedagógico, como decía Clodomir Santos de Morais: como sujetos pedagógicos, por lo que algo tendremos que aprender de este tipo de chavismo.
Mordimos el anzuelo porque, los ataques en la prensa a la política y la institucionalidad, era la punta del iceberg; lo valioso era la respuesta en las personas. Apelamos al moralismo ante lo grotesco, pero nos faltó mirar a otros presidentes en América y los cambios en masas, democracia y geopolítica. Esa detección emocional y política, con nuestro contexto cultural y geopolítico, daba pistas locales. El adversario detectó mejor nuestras debilidades; no pactamos antes para una coalición fuerte, ya sea para no perder espacio en la Asamblea, recibir deuda política o capitalizar, como sospecho que lo hizo Alvarado, que no votó por el levantamiento esperando favores electorales, sin percatarse de pactos a sus espaldas.
El chavismo usó la creencia de quitar pecadores para poner a los «nuestros», cuando el proyecto de Jesús no era jerárquico. Hablaron lo suficiente durante cuatro años para que la muchedumbre aceptara sacar a supuestos “corruptos” como el Fiscal o Doña Marta, e instalar a sus ungidos compatriotas. Esto pesa por nuestra herencia histórica de formas políticas imperiales: reino, soberanía, mando y súbditos.
No es buena señal adaptarse a una sociedad enferma. Hay que hacer autocrítica: incomodar con amor, paciencia, estrategia y voluntad para escuchar, resistir y proponer. El papel de la iglesia que yo no conocí no fue para el juicio, es el amor y desde ahí con cualquier creo que tengan, hay que acercarse con pragmatismo, amor y proyectos claros, que reúnan crear un espectro ideológico diverso, respaldado por una organización fuerte con principios y una visión país compartida.
Pasada la “goma” electoral del 1ero de febrero, y con la cabeza fría que otorga el silencio de las urnas, es momento de analizar no solo lo que pasó, sino lo que inevitablemente viene.
Empecemos por lo incómodo, breve y directo: el triunfo del oficialismo no se explica únicamente por gestión o carisma. Sería ingenuo ignorar el elefante en la habitación. La victoria de Laura Fernández y la continuidad del proyecto “chavista” se cimentaron, en gran medida, sobre una sofisticada maquinaria de desinformación y manipulación mediática. La estrategia de la posverdad, esa donde —recordando la advertencia de Pilar Cisneros— “a veces es necesario mentir”, fue ejecutada con precisión quirúrgica. El electorado fue bombardeado con realidades paralelas que terminaron por definir el voto. Ganaron, sí, pero el costo democrático de esa victoria basada en la distorsión es una factura que apenas empezamos a deber.
Sin embargo, el escenario en Cuesta de Moras cuenta otra historia.
La nueva Asamblea Legislativa se configura con una realidad aritmética que no puede ser ignorada: 26 diputados.
Este bloque, conformado por cuatro partidos de oposición (incluyendo la sobrevivencia del PLN gracias al arrastre personal de Álvaro Ramos y el crecimiento del Frente Amplio), no es un accidente estadístico. Representan a alrededor de un millón de costarricenses.
Hagamos una pausa en esa cifra. Un millón de personas que, a pesar de la fragmentación y los egos de las dirigencias que impidieron una coalición a tiempo, salieron a votar con un mensaje claro.
Esos 26 diputados deben entender que sus curules no son cheques en blanco para el “negociado” político. No están ahí para canjear votos por puestos en el Directorio, ni para suavizar el tono a cambio de embajadas o beneficios personales.
El mandato de ese millón de ciudadanos es inequívoco: fueron electos para ser un muro de contención. Su trabajo es ser una OPOSICIÓN férrea ante la deriva autocrática que el oficialismo ha demostrado y que, empoderado por el triunfo, intentará profundizar.
La ciudadanía, que en la última semana dio cátedra de unidad espontánea ante el peligro, les está exigiendo lo mismo. El mensaje de las calles fue claro: depongan las actitudes sectarias. Guarden las banderas partidarias en la gaveta y saquen la bandera de Costa Rica.
Si estos 26 legisladores se pierden en rencillas internas, dogmáticas o, peor, se venden al mejor postor oficialista, no solo traicionarán a sus partidos; traicionarán a ese millón de votantes que, en medio de la desinformación, les confió la última línea de defensa de nuestra institucionalidad.
Señores diputados: la unidad que no lograron en campaña, están obligados a forjarla en el plenario. No hay margen de error, pero menos a la traición.
La Universidad para la Cooperación Internacional (UCI) mantiene abierta la matrícula del programa “Desafíos autoritarios al Estado social de derecho”, una propuesta formativa orientada a analizar críticamente el avance de discursos y prácticas autoritarias que, en distintos contextos, precarizan la vida ciudadana y debilitan la democracia.
El programa parte de un diagnóstico claro: vivimos una aceleración del autoritarismo que impacta ámbitos centrales como la gobernanza, la seguridad democrática, la movilidad humana, el ambiente y las múltiples expresiones de la violencia. Frente a este escenario, la iniciativa propone que el análisis riguroso y multidisciplinario es, en sí mismo, una forma de resistencia democrática.
Con una duración total de cinco cursos y veinte sesiones, el programa se desarrolla mediante clases virtuales en formato de videoconferencia, cada sesión con una duración de tres horas. Las lecciones se impartirán los lunes, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. (hora de Costa Rica), iniciando el 9 de marzo.
El enfoque académico es multidisciplinario, integrando aportes de la ciencia política, la economía, el derecho, la ecología, la criminología y la sociología. Esta perspectiva permite abordar los desafíos contemporáneos del Estado social de derecho desde distintos ángulos, sin reducir el análisis a una sola disciplina.
Entre los contenidos específicos del programa se incluyen:
Democracia, estado de derecho y garantismo en el contexto de la globalización y el malestar contemporáneo.
Política penal y fundamentos criminológicos.
Gobernanza de la movilidad humana, migración, derechos y políticas de control.
Derecho ambiental y gobernanza en la sociedad del riesgo.
Violencia, crueldad y hospitalidad en la cultura contemporánea.
El cuerpo docente está conformado por profesores y profesoras de reconocida trayectoria internacional, entre ellos Iñaki Rivera Beiras, Iñaki Anitua, Gabriela Oviedo Perhavec, Rafael González Ballard, Eduard Müller Castro y Mónica Vul.
El programa está dirigido a personas profesionales y estudiantes de las Ciencias Sociales, así como a toda persona comprometida con los debates centrales de nuestro tiempo, especialmente aquellos vinculados con democracia, derechos, gobernanza, migración, ambiente y violencia.
La UCI subraya que, ante el avance del autoritarismo, comprender sus dinámicas, discursos y efectos resulta clave para fortalecer la defensa del Estado social de derecho y de las libertades democráticas.
Para más información e inscripciones, las personas interesadas pueden contactar a la organización del programa a través del correo info@uci.ac.cr o los teléfonos 2283-6464 y 4037-5710.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) convoca a un conversatorio titulado “Las elecciones y la Segunda República”, un espacio de análisis y reflexión política e histórica sobre el proceso electoral reciente y su relación con los principios, transformaciones y desafíos de la Segunda República.
La actividad contará con la participación de José María Villalta Flórez-Estrada, diputado electo, y Marielos Aguilar Hernández, historiadora, quienes dialogarán sobre el significado de los resultados electorales, la representación política y los retos actuales para la democracia costarricense desde una perspectiva histórica y social.
El conversatorio se realizará el jueves 20 de febrero, a las 4:00 p.m., en la Sala de Sesiones Lydia Lacayo Mena, en la sede de la ANEP. Para mayor información, se encuentra disponible el teléfono 2257-8233.
La actividad es organizada por la Escuela Sindical Mario Alberto Blanco Vado, la Secretaría de Juventudes y la Seccional ANEP-JOVEN, como parte de sus esfuerzos de formación política y sindical.
📌 El registro de participación se realiza mediante el código QR incluido en la imagen de la convocatoria.
Frente a las desgracias, las derrotas y las frustraciones, debemos buscar explicaciones y salidas, no chivos expiatorios.
La rebelión de los olvidados
Hace unos quince años el sociólogo costarricense Carlos Sojo (†) denominó la irrupción del Partido Acción Ciudadana (PAC) en las elecciones presidenciales del 2002 como una “rebelión de las clases medias”, advirtiendo que fueron sobre todo estos sectores urbanos los que preferentemente apoyaron a su tres veces candidato presidencial Ottón Solis Fallas y su discurso basado en la ética en la función pública y en recuperar el papel del Estado como promotor del desarrollo económico y social.
Conocemos el desenlace de esta frustrada rebelión: después de ocho años en el gobierno (2014-2022), el PAC no obtuvo ningún diputado en las elecciones de 2022.
Parece que hoy asistimos a una nueva rebelión de importantes sectores de la población, pero esta vez se trata de costarricenses en su mayoría de estratos bajos y medio-bajos, abrumadoramente de zonas costeras y rurales y con un prolongado retraso en desarrollo humano (“zonas periféricas”). Pero sorprendentemente (o quizás no tanto a la luz de la tendencia mundial), esta rebelión la promueven y lideran personajes de la plutocracia costarricense con aspiraciones a convertirse en la nueva oligarquía: conservadores, neoliberales y de derecha autoritaria; admiradores de Trump, de Bukele y hasta de Netanyahu.
¿Cómo hemos llegado a esta situación?Los antecedentes inmediatos
Primero aclararemos rápidamente el resultado electoral y sus antecedentes inmediatos. En 2022 Rodrigo Chaves Robles, un ex tecnócrata del Banco Mundial alcanza la presidencia de la República en segunda ronda, venciendo al liberacionista José María Figueres Olsen. Chaves se presentó en las elecciones como un competente gerente de la cosa pública (tal cual empresa privada), un enemigo de la histórica corrupción que aqueja al país y un “outsider” sin compromisos con la clase política tradicional. Pero una vez establecido en el gobierno dejó claro que su proyecto político no consistía simplemente en administrar mejor los recursos públicos (promesa que no logró), sino, en refundar la República. Cuatro años después, a pesar de no presentar ningún logro importante de su propia autoría, sigue teniendo un respaldo popular de casi el 60%, incluso entre personas que reconocen que su gobierno no ha sido bueno. ¿Cómo lo hizo? Repasemos los elementos explicativos más importantes: i) se ha comunicado con la población de manera cercana, coloquial e incluso estridente (él mismo se define como un pachuco), ii) desde su elección ha estado en campaña electoral permanente, preparando el terreno para su sucesor o sucesora, iii) ha culpado a los otros poderes de la república de no dejarle gobernar, iv) ha colocado a la Contraloría General de la República como los chivos expiatorios de sus proyectos malogrados; v) pero quizás lo más importante, logró crear una identidad de grupo (a pesar de todos sus exabruptos), con al menos la mitad del país.
Así, muy pronto comenzó a repetir el estribillo de que sin 40 diputados en la Asamblea Legislativa era casi imposible transformar el país.
También el presidente Chaves (y esto resulta paradójico), ha socavado las dos instituciones insignias del Estado Social costarricense: la Caja Costarricense del Seguro Social y la educación pública. Y entre sus fracasos más estrepitosos destaca la grave ola de delincuencia, crimen organizado y narcotráfico que hoy azotan a Costa Rica y que se dispararon precisamente durante su gobierno. Pero de manera retorcida y sarcástica, ha convencido a sus seguidores (a menudo fanáticos que lo ven como un Moisés) de que estos problemas no existen, no son tan graves como los críticos señalan, o son el resultado de causas ajenas a su responsabilidad.
Y así llegamos a la reciente contienda electoral, con la politóloga conservadora Laura Fernández como su sucesora y la llamada a allanar el camino para el regreso del mesías Chaves en 2030, algo improbable, pues ello requiere una reforma constitucional difícil de lograr.
La hoy presidenta electa Laura Fernández logró lo que parecía casi imposible hace seis meses: un sólido triunfo electoral en primera ronda con el 48% de los votos válidos emitidos y una bancada de 31 diputadas y diputadas (dos más que mayoría absoluta en un Congreso de 57 diputaciones, pero 7 menos para lograr la mayoría calificada), la fracción legislativa más grande para un partido oficialista desde 1982; con una clara ventaja sobre su inmediato seguidor, el socialdemócrata Alvaro Ramos, que obtuvo 33% de los votos y 17 diputaciones. Más abajo, en un tercer lugar, el partido de izquierda democrática Frente Amplio, con 7 diputaciones.
El partido de Laura Fernández (Pueblo Soberano) venció de forma arrolladora especialmente en las zonas rurales, urbano marginales, costeras y, en general, en los cantones de menor desarrollo económico y social. El pueblo raso creyó en sus promesas y se volcó en su apoyo. La mayoría de sus seguidores ignoran seguramente que el proyecto político de Laura Fernández es claramente conservador en lo ideológico, neoliberal en lo económico y de derecha autoritaria en lo político; pero en la cultura poco politizada de la Costa Rica actual, estas denominaciones importan muy poco.
¿Cómo llegamos a esto? Los factores de más largo plazo.
Don Cristian Cambronero (a quien no tengo el gusto de conocer), hizo circular recientemente en su muro de la red social X la siguiente reflexión:
Lo escrito por el señor Cambronero es, sin duda, una parte muy cierta de la explicación, pero solo una parte. Los años 50’s -70’s del siglo pasado fueron años de esperanza en Costa Rica, el Estado social posibilitó el ascenso económico de muchos y la conformación de una pujante clase media. En cambio, los años 1980-2020 fueron años de alto crecimiento de la desigualdad, de prosperidad económica para solo una quinta parte de la población, de crisis en la educación y en la salud públicas, de vejez sin pensión para muchas y muchos, de una línea de pobreza estancada en el 20% de las familias, de infraestructuras cada vez más deterioradas, de políticas públicas contra el agricultor de pequeña escala, de fuerte crecimiento en el empleo informal, de sonados casos de corrupción, etc., etc.
Este es el “caldo de cultivo” al que se refiere don Cristian. Y ciertamente, más allá de muchos estudios diagnósticos de biblioteca, poco se hizo para impedir la aparición del populismo de derecha en las elecciones del 2022.
Otros aspectos circunstanciales para tener en cuenta
Pero si nos ubicamos en el 2026, otros factores deben ser tomados en cuenta (entre muchos otros), no necesariamente coyunturales, porque han sido recurrentes en la política electoral costarricense.
1. Él clientelismo agresivo y sistemático que practicó PPSO y el propio gobierno en las comunidades más empobrecidas del país (y que aprendieron de estrategias electorales similares practicadas en el pasado por el PLN, el PUSC y más recientemente, por el partido de Fabricio Alvarado).
2. Los miles de millones de dudosa procedencia que el PPSO gastó en la campaña electoral, más dinero que todos los demás partidos juntos, y que sirvió no solo para publicidad y propaganda, sino también para comprar operadores políticos y lideres de barrio.
3. La eficaz campaña comunicativa emprendida para convencer a los «básicos» (término utilizado por la diputada oficialista Pilar Cisneros) de las certezas de su narrativa, tanto en los medios, las redes como en las comunidades que el presidente visitaba.
4. La organización casi militar que aplicaron el día de las elecciones, cazando votos casa por casa, cuerpo a cuerpo, antes y después del 1 de febrero.
5. La transferencia de la popularidad de Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros en favor de la candidata Laura Fernández. Este traslado de popularidad no fue del 100% pero sí suficiente para ganar en primera ronda. Imperó “la continuidad del cambio”.
6.La incapacidad de la oposición para traducir los graves problemas del país (violencia e inseguridad especialmente) en incredulidad hacia las propuestas de Laura Fernández y en rechazo al continuismo.
La Costa Rica de la “Tercera República” (¿o una República de tercera?)
En su discurso de la victoria el pasado 1 de febrero en altas horas de la noche, Fernández se autoproclamó cofundadora de la Tercera República (en alusión al supuesto final de la Segunda República nacida en 1948 con el desenlace de la guerra civil de ese año); anunció nuevas reglas para el funcionamiento de la democracia (sic), advirtió a los medios de necesarias limitaciones de la libertad de prensa y a la oposición de que no podrá seguir haciendo “obstruccionismo” en la Asamblea Legislativa. Pero en realidad se trata de la amenaza de terminar con lo que queda del Estado social de derecho que ha prevalecido en Costa Rica durante los últimos 75 años: privatización de la salud pública, educación pública centrada en conocimientos básicos para las mayorías, fin de la banca estatal, privatización total de la generación y la distribución eléctrica, mayor apertura comercial (iniciando con un tratado de libre comercio con Israel), borrar todo vestigio de soberanía alimentaria, fin de la independencia de poderes, degradación e instrumentalización de las instituciones contraloras del ejercicio público y del cumplimiento de los derechos humanos, reforzamiento de los valores cristianos tradicionales (sic), etc., etc. en fin, la “bukelización” de Costa Rica.
¿Y ahora qué?
La primera tarea de un Movimiento Nacional por la Justicia Social y la Democracia es impedir la consolidación histórica del bloque de derecha autoritaria que se aglutina en torno a los nuevos oligarcas del PPSO. Resulta altamente improbable que puedan presentar a Rodrigo Chaves nuevamente como candidato en 2030 (la Constitución no lo permite), pero en estos cuatro años se han vuelto duchos en demagogia y manipulación, así que lo seguirán intentando.
Lograr este objetivo tiene su anverso positivo:
La conformación de un gran movimiento de unidad nacional con una agendaprogramática de defensa de la democracia, los derechos humanos y laborales, el Estado social, la seguridad ciudadana, e incluso (hoy hay que advertirlo ante la amenaza del partido vencedor), las garantías individuales de la población. Pero muy especialmente, la integración social de “los olvidados”, revirtiendo las brutales diferencias entre la Costa Rica urbana y la rural, entre la “costa pobre” y la “costa rica”.
Esta unidad tiene que lograrse en todos los frentes, en la Asamblea Legislativa y en la sociedad civil, en los partidos políticos democráticos, en los movimientos sociales, feministas, ecologistas y sindicales, en las comunidades, en las universidades públicas, en las iglesias, en los territorios y un largo etc.
En los campos estratégicos de la educación política, de la ética, de la solidaridad, de la comunicación (virtual y presencial), de la conversación y discusión grupal, de la resistencia, de la economía solidaria, de la cultura, etc.
Podemos complementar lo anterior con tres llamados para la acción:
Rechazar y denunciar permanentemente y con pedagogía popular (lo que no se ha logrado) la erosión democrática siempre que ocurra la amenaza. Hacer público cada ataque a las instituciones y a los derechos humanos, a la seguridad social, a la educación pública y contrarrestar masivamente la desinformación con información clara y verificada.
Utilizar todas las vías institucionales y legales (tribunales, parlamento, plebiscitos) para frenar reformas autoritarias, apostando por una movilización social masiva y pacífica siempre que sea necesaria y que fortalezca la legitimidad de estas acciones ante la población (lo que tampoco se ha logrado aun).
Construir una amplia alianza democrática transversal que supere divisiones políticas históricas (y también las personalistas), buscando activamente la incorporación a esta alianza de conglomerados clave (como las Iglesias, los sindicatos, los empresarios) y la solidaridad internacional. En la Costa Rica actual, la batalla por la hegemonía ideológica, política y cultural ha pasado de ser una advertencia de intelectuales a una realidad ya impuesta.
Porque defender la democracia y el Estado social no es solo resistir el avance de la noche autoritaria, es construir, mano con mano y sin descanso, el amanecer que todas y todos nos merecemos.
En términos generales la Historia de Costa Rica la podemos dividir en grandes períodos. El primero, el del surgimiento del territorio, su conformación geológica, geomorfológica, el de sus ambientes naturales y ecológicos, el de sus paisajes geográficos, su desarrollo hidrológico, su modelado fluvial, sus tipos de relieves, sus suelos, los paisajes naturales y diversas zonas de vida vegetal, que siguen siendo la base del territorio, y de los factores culturales, sociales, económicos y políticos que en ese territorio se fueron dando. El segundo, el del poblamiento migracional antiguo hasta el establecimiento de sociedades humanas, sencillas y complejas, las tribales y cacicales. El tercero, el del contacto con las exploraciones europeas, españolas, en su período de conquista y el período de la colonia, el de la formación política de Costa Rica como parte del Reino de España, del Virreinato de Nueva España o México, el de la Capitanía General de Guatemala o el Reino de Guatemala y el de la Provincia de Costa Rica en ese contexto. El cuarto, el del período de la Independencia, desde 1808 hasta 1821, con sus particularidades en el contexto de la Independencia de América, con la desintegración del colonialismo español y el surgimiento de las sociedades, regiones o países independientes. El quinto, el del inicio de la vida independiente.
A partir de la Independencia, declarada el 29 de octubre de 1821, tenemos, del mismo modo, un primer periodo, corto, el período de Las Juntas de Gobierno, 1821-1824, un segundo período, el de la incorporación de Costa Rica y del establecimiento del Estado de Costa Rica, 1824-1838, en la República Federal de Centroamérica, 1823, cuando se estableció la Asamblea nacional Constituyente que la originó hasta 1839, el período de la República de Costa Rica, 1848 – 2026.
En términos generales desaparecida la República Federal de Centroamérica se mantuvo su imagen hasta que los Estados que la constituían iban surgiendo como Repúblicas, y desarrollando sus propias relaciones exteriores en la década de 1840-1848.
El período de la República, a su vez puede dividirse en dos grandes períodos. El de la República, desde 1848 hasta 1948 y el de la llamada Segunda República desde 1948 hasta momento actual, 2026.
Las autoridades políticas de Costa Rica, desde esta perspectiva, las podemos considerar, en su conjunto de la siguiente manera: Caciques indígenas, Reyes de España y Virreyes de México, Gobernadores y Autoridades Superiores de la Capitanía General de Guatemala y de Centroamérica, que se proyectaron sobre Costa Rica, Autoridades Superiores de la Provincia de Costa Rica durante la dominación española, la Autoridades Políticas de las Juntas de Gobierno al iniciar la Independencia, los Presidentes de la República Federal de Centroamérica, los Jefes de Estado de Costa Rica cuando pertenecimos como Estado en la República Federal de Centroamérica y los Presidentes de la República, a partir de 1848 hasta nuestros días.
En la Asamblea Legislativa se reconoce como autoridades a los Jefes de Estado y a los Presidentes, con sus retratos o pinturas, del período independiente. Falta allí, por lo menos, la lista de quienes dirigieron el país, bajo las Juntas del Gobierno del período inicial de la Independencia, 1821-1824 y la de los Presidentes de la República Federal, 1823-1839.
Durante la República de Costa Rica tuvimos las Constituciones Políticas de 1848, 1859, 1869, 1871, 1917. La Constitución de 1917 correspondió al período de la Dictadura de Federico Tinoco, 1917-1919.
La de 1871 en ocasiones fue suspendida y restablecida con modificaciones en 1871, en 1882 y en 1919 cuando cayó la dictadura de Tinoco. Fue finalmente suspendida por los acontecimientos de marzo-abril de 1948, la llamada Guerra Civil de 1948, que dieron origen al establecimiento de la Junta de Gobierno, 1948-1949, que se autodenominó Junta Fundadora de la Segunda República.
La Constitución del 10 de febrero de 1847 es del Estado de Costa Rica, mientras que la del 30 de noviembre de 1848 se establece como Constitución de la República de Costa Rica.
La República de Costa Rica fue establecida por el Congreso Legislativo del Estado de Costa Rica, el 30 de agosto de 1848, lo que fue ratificado el 31 de agosto de 1848, fecha a partir de la cual se reconoce la Declaratoria de la República, por el Jefe de Estado en funciones y Primer Presidente José María Castro Madriz, título de Presidente que se consagró constitucionalmente el 30 de noviembre de 1848.
Cuando se aprobó la Constitución Política de 1949, el 7 de noviembre de ese año, no se consignó que la Constitución fuera la Constitución de la Segunda República.
¿En qué descansó el pronunciamiento de Figueres de su Declaratoria de Segunda República? A mi modo de ver, entender y comprender el contexto de la década de 1940-1949 fueron dos factores fundamentales: primero, el centenario de la Declaratoria de la República, en 1948 y segundo, las consideraciones que Figueres y el grupo insurgente hacía de los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia y Teodoro Picado, de corruptos, nepóticos, fraudulentos electoralmente, que por sus hechos habían dado al traste con la República, la que había que refundar.
Así surgió la Segunda República de Costa Rica, sin asidero constitucional. ¿Qué le dio contenido y fuerza a la Segunda República? Las medidas y políticas que se tomaron por Decretos Leyes durante la Junta de Gobierno y las políticas de los gobiernos iniciales una vez que Otilio Ulate asumió la Presidencia de la República el 7 de noviembre de 1949, con la Constitución vigente a partir de ese momento, que incluía las Garantías Sociales que se habían aprobado en 1943, junto al Código de Trabajo que se mantuvo, a la par de la CCSS y la Universidad de Costa Rica, como los grandes pilares del Estado costarricense. A ello se sumó la nacionalización bancaria, la nacionalización de los recursos hidroenergéticos, la creación del ICE. Constitucionalmente se fortalecieron mecanismos de control de la administración pública, se creó la Contraloría General de la República, se desconcentró el Poder Ejecutivo, se fortalecieron autonomías institucionales, se debilitó el presidencialismo existente, se fortaleció el régimen municipal, se le dio más poder a la Asamblea Legislativa en su control político, se eliminó el Ejército, brazo muy importante para sostener autoritarismos, despotismos, dictaduras y tiranías, se fortaleció el sufragio y se le dio al Tribunal Nacional Electoral, de 1946, bautizado como Tribunal Supremo de Elecciones, por la Junta, rango constitucional igual a los poderes del Estado.
Frente al Estado liberal, que heredábamos del siglo XIX, que fortalecimos en el período liberal de 1882-1888, la Segunda República originó el Estado Social y Democrático de Derecho, con fortalecimiento de libertades y derechos ciudadanos y más de una treintena de instituciones sociales y económicas, junto con el reconocimiento de voto de las mujeres y de los jóvenes a los 18 años.
Se habla de avanzar a una Tercera República. La razón la dio el presidente Rodrigo Chaves cuando afirmó que todos los presidentes de la Segunda República habían sido dictadores y tiranos que gobernaron para ciertos grupos elitistas de poder y de la economía, sin que hubieran gobernado para el pueblo, autodenominándose como el Presidente que le devolvía el poder al Pueblo, al soberano, como el Presidente que queriendo gobernar para el pueblo, esos grupos del pasado incrustados en la administración general del Estado no le dejaban gobernar.
Institucionalmente Rodrigo Chaves no ha hecho nada nuevo que lo distinga, en comparación con las presidencias anteriores, que fundamenten esa Tercera República.
Tampoco hay un planteamiento político orientado en esa dirección. Tan solo se ha señalado la posibilidad de la modificación constitucional para la reelección continua, la eventual convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, quitarle o debilitarle funciones a la Contraloría General de la República, destituir a los Magistrados del Poder Judicial y con ellos destituir a los del Tribunal Supremo de Elecciones, y nombrar nuevos magistrados en armonía con el Poder Ejecutivo, obligar de la misma forma a los diputados con las políticas del Poder Ejecutivo, para que actúen “disciplinadamente”, con el gobierno, como dijo la Presidenta electa, facilitar el establecimiento del estado de excepción suspendiendo libertades y derechos, y garantías constitucionales, como lo han anunciado varias veces.
El gobierno de Laura Fernández, por ahora, solo será un apéndice del gobierno de Rodrigo Chaves. La continuidad que garantiza está amarrada con su reincorporación como ministra de la Presidencia hasta el 7 de mayo, y como eventual ministro de la Presidencia a cargo de Rodrigo Chaves, a partir del 8 de mayo.
La llamada Tercera República apenas asegura el cogobierno de Rodrigo Chaves, considerado como un segundo gobierno del mismo equipo de gobierno y de sus nuevos sectores empresariales, económicos y financieros que están subiendo a las estructuras del poder político nacional, con el entramado mafioso, lavador de dinero, exportador de drogas, que opera a su amparo con bastante libertad en el país.
El objetivo político del actual grupo dominante y el que llega con Laura Fernández al Poder Ejecutivo y con mayoría en el Poder Legislativo es acabar con el Estado Social de Derecho que se ha construido en estos 78 años, desde 1948, desde el período de la Junta de Gobierno, u 83 años desde las Reformas Sociales de 1943.
La Segunda República se justificó con un ideario político, filosófico e ideológico, en el marco de las tesis políticas de la socialdemocracia con algunos ribetes del socialcristianismo.
La Tercera República carece de un ideario político, filosófico, que justifique su instauración. Por ahora, lo que me parece el llamado a la Tercera República es tan solo un canto a La Luna, con agua en las manos, que podría resultar en una República de Tercera.
La conferencia de prensa de la presidenta electa confirmó con total claridad el rumbo que tomará el país. Su anuncio de continuar la agenda del gobierno saliente y de impulsar la llamada «Tercera República» no deja espacio para dudas: se trata de un proyecto político que combina un fuerte énfasis neoliberal en lo económico con un conservadurismo moral que pretende redefinir las instituciones y los equilibrios democráticos. Más allá de la retórica conciliadora o del gesto populista de “unidad nacional”, el camino está trazado.
Sus primeras declaraciones fueron reveladoras: pidió la salida inmediata de autoridades de control, anunció la firma de proyectos archivados que buscan transformar la estructura del Estado y expresó que no habrá “curva de aprendizaje”. El mensaje es inequívoco: ejercerá el poder con firmeza y buscará reconfigurar el entramado institucional desde el primer día.
Este contexto obliga a mirar hacia atrás para comprender mejor el presente. La huelga sindical del 10 de septiembre al 11 de diciembre de 2018, impulsada por numerosos gremios del sector público, especialmente el magisterio, fue uno de los movimientos sociales más largos de la historia reciente. Ese conflicto abrió paso, en enero de 2020, a la aprobación de la Ley 9808 sobre huelgas, un marco normativo que restringe significativamente el ejercicio del derecho a la protesta. Si bien se presentó como una medida de equilibrio, en la práctica debilitó la capacidad de acción colectiva y limitó el margen de maniobra de la ciudadanía frente a decisiones públicas regresivas.
A la luz de este escenario, una frase que se escuchó recientemente en las movilizaciones educativas resuena con fuerza: “las universidades nos dejaron solos como movimiento”. Más allá de su literalidad, esa afirmación revela una fractura entre actores que deberían estar articulados en la defensa de lo público. La distancia entre la universidad y otros sectores sociales —especialmente en los territorios más vulnerabilizados— se ha profundizado en los últimos años.
Pero el país no solo enfrenta un problema de articulación social. También requiere reconocer que sí necesita cambios. La corrupción que ha impedido avanzar en áreas estratégicas; la evasión y la elusión fiscal que privan al Estado de recursos indispensables; el enriquecimiento privado a partir del uso de bienes y fondos públicos; y el debilitamiento sistemático de instituciones esenciales —cuya erosión prepara el terreno para la privatización de servicios como la educación y la salud— no se resuelven siguiendo una receta neoliberal que ya mostró sus límites en múltiples países. Hoy, la crisis del capitalismo es evidente, al igual que las sostenidas acciones de Estados Unidos por mantener su hegemonía militar, económica y geopolítica.
Los partidos ubicados entre la derecha conservadora y el liberalismo económico suelen ocultar los intereses que representan: grupos minoritarios que aspiran a concentrar riqueza y poder, sin reparar en las consecuencias de escasez y empobrecimiento que recaen sobre las mayorías. El discurso populista, empático y supuestamente humanista que utilizan para encubrirse resulta eficaz porque apela a necesidades inmediatas y a la esperanza de que, esta vez sí, las cosas serán mejores. Aunque el resultado no llegue, la expectativa de un cambio posible sostiene el apoyo de sectores históricamente excluidos.
Bajo esa lógica, “los nadie” —como los llamó el presidente Chaves y retoma la presidenta electa— apostaron por la candidatura oficialista, que no es otra cosa que la continuidad del proyecto político vigente. La narrativa directa, la emocionalidad disciplinada del discurso y una conexión simbólica con el resentimiento social han calado profundamente. No debe olvidarse que, desde las zonas costeras, se combinó un apoyo significativo con niveles altos de abstencionismo. Ambos fenómenos revelan rostros distintos de una misma problemática: quienes votaron lo hicieron esperando una respuesta concreta a sus necesidades; quienes se abstuvieron, probablemente concluyeron que en sus vidas nada cambió en los últimos cuatro años, y que nada cambiará en los próximos.
Frente a este panorama, la pregunta no es qué deberían hacer los partidos, sino qué debemos asumir como ciudadanía y como movimientos sociales. No podemos permitirnos la indiferencia ni la desconexión territorial. Las universidades públicas deben reconstruir su vínculo con las regiones, fortalecer sus sedes, acompañar procesos comunitarios y comprender las urgencias de quienes se sienten al margen del Estado. Los movimientos sociales, por su parte, deben repensar estrategias en un contexto donde la normativa limita la protesta y donde la narrativa oficialista ha logrado configurar sentidos comunes.
Lo que está por venir exigirá una ciudadanía alerta, movimientos sociales capaces de reorganizarse y una universidad pública que asuma su responsabilidad histórica. Enfrentaremos iniciativas de privatización, presiones sobre servicios esenciales, venta de instituciones estratégicas y reformas que buscarán reconfigurar el equilibrio democrático. Ningún sector podrá responder solo.
Y aquí es indispensable dirigir una reflexión a las mujeres.
Históricamente, hemos sido las primeras afectadas por los recortes al Estado social, por la privatización de servicios básicos y por la precarización laboral. Cuando la salud y la educación se debilitan, cuando los cuidados se descargan nuevamente en los hogares, somos las mujeres —en todos los territorios, pero especialmente en los más empobrecidos— quienes asumimos la carga. Este nuevo panorama exige que estemos alertas, organizadas y conscientes de que los avances logrados en derechos, autonomía y participación política no están garantizados.
La defensa de la democracia, de lo público y de los derechos no puede hacerse sin nosotras ni a costa nuestra. Las mujeres hemos sido el corazón de los movimientos sociales en Costa Rica: maestras, trabajadoras comunitarias, lideresas locales, académicas, sindicalistas. Nuestro lugar es estratégico y nuestra voz, imprescindible. Lo que se defina en los próximos años tocará de manera directa nuestras vidas, nuestros cuerpos y nuestras posibilidades de autonomía. Por eso, este es un momento para fortalecer alianzas, tejer redes y sostener con firmeza el derecho a vivir en un país más justo, más igualitario y verdaderamente democrático.
El reciente proceso electoral dejó un hecho imposible de relativizar: un partido que se presentó como abanderado de los “valores conservadores” no solo perdió, sino que desapareció de la arena política. No obtuvo un solo diputado y su votación presidencial fue ínfima. No se trata de un tropiezo coyuntural, sino de la deslegitimación práctica de una propuesta que pretendió erigirse como representación moral de un sector del país.
La polarización artificial entre “progresistas” y “conservadores” es un callejón sin salida. No porque no existan diferencias legítimas, sino porque el Evangelio no opera como etiqueta ideológica. Jesús no se movió en esos binarios simplistas. El Reino de Dios no se anuncia desde trincheras culturales ni se defiende con consignas identitarias. Cuando la fe se reduce a eso, deja de interpelar y comienza a excluir.
Este partido, de matriz protestante, se presentó como el conservadurismo por excelencia, casi como si la fidelidad a Dios tuviera un solo color político. El problema es que la discusión nacional no estaba ahí. La ciudadanía no votó pensando en guerras culturales importadas, sino en problemas concretos: desigualdad, deterioro institucional, falta de oportunidades, cansancio frente a discursos moralizantes que no ofrecieron soluciones reales.
El resultado electoral es pedagógico. No hubo persecución ni censura. Tampoco procede afirmar que “les robaron el capital político” porque otra fuerza recogiera parte de su lenguaje. El capital político no es propiedad privada: se construye, se renueva y se pierde cuando deja de conectar con la ciudadanía. Si otros lograron canalizar ciertas sensibilidades, fue porque supieron leer mejor el momento histórico y ofrecer una propuesta más amplia y creíble.
Cuando una agrupación queda sin representación parlamentaria y con una votación presidencial marginal, lo que ocurre no es una simple derrota: ocurre una deslegitimación profunda de su planteamiento. La ciudadanía decidió que ese lenguaje no interpretaba sus angustias ni sus esperanzas.
Llegados a este punto, las preguntas ya no pueden dirigirse hacia afuera sino hacia dentro: ¿Qué les corresponde hacer ahora como fuerza política?, ¿Dónde va a estar la revisión, en el mensaje, en el lenguaje, en la confusión entre fe y poder?, ¿Se atreverán a reconocer que no existe un voto confesional cautivo y que los creyentes no son un bloque homogéneo?, ¿Revisarán el uso del nombre de Dios en el debate público?
En medio de este escenario, hay un dato que merece ser reconocido: el factor religioso no fue decisivo en esta elección, y eso fortaleció la democracia. La Iglesia Católica asumió el proceso con altura, sin alineamientos partidarios ni discursos incendiarios. A ello se sumó la reacción madura de un amplio sector protestante que se negó a quedar atrapado en la lógica de polarización confesional.
Dios no está sobrando en el debate público; lo que sobra es la pretensión de representarlo políticamente. Hoy hacen más falta que nunca los valores del Evangelio —la dignidad humana, la justicia, la compasión, la opción por los más vulnerables—, pero esos valores no requieren un partido confesional para encarnarse. Se verifican en políticas públicas justas, en prácticas democráticas honestas y en una cultura del encuentro, no en el uso del nombre de Dios como objeto de confrontación.
La ironía final es que quienes fueron señalados como “progresistas” o “izquierdosos” ocupan hoy casi la mitad del plenario legislativo, mientras quienes se proclamaron como el dique moral de la política nacional quedaron sin voz ni representación.
La enseñanza que deja este proceso es contundente: En el presente político de Costa Rica, una propuesta que se apoya únicamente en una identidad religiosa termina debilitándose hasta desaparecer. Lo ocurrido no fue simplemente una derrota electoral; fue la pérdida de credibilidad ante la ciudadanía, que decidió que ese discurso ya no respondía a sus preocupaciones ni a sus expectativas.
Ernesto Herra Castro, M.EL Académico, Universidad Nacional
I. Democracia-étnica: problema de partida
En el contexto posterior a las elecciones nacionales más recientes en Costa Rica, diversos partidos de oposición hicieron un llamado reiterado a “defender la democracia”. El tono del llamado, sin embargo, no fue neutro: se activó en reacción directa al fuerte respaldo popular a la continuidad del proyecto político encabezado por el presidente Rodrigo Chaves, respaldo que no solo se expresó en un triunfo electoral en primera ronda, sino también en la conformación de una bancada oficialista mayoritaria de 31 diputaciones en la Asamblea Legislativa.
El punto de partida de este artículo no es cuestionar la legitimidad del llamado a la “democracia” como valor normativo, sino interrogar críticamente el lugar desde el cual se emite dicho llamado. Porque cuando la defensa de la democracia se activa únicamente cuando los resultados no favorecen a determinados sectores —geográficos, sociales y étnicos—, dicha defensa deja de ser universal y se transforma en defensa del “prestigio” y “honor social” que no es, sino, la forma de autoridad simbólica históricamente acumulada que permite a ciertos grupos ser reconocidos como voces legítimas del orden social, mientras que el honor social es el sistema que organiza y resguarda ese prestigio, definiendo quién puede representar a la comunidad política y hablar en nombre de valores universales como la “democracia” o encarnar ellas y ellos la “representación popular” de la “República”.
La pregunta central es entonces: ¿estamos ante una defensa de la “democracia” como principio político común, o ante la defensa de un orden étnico-partidario que se siente amenazado?
Plantear esta pregunta exige abandonar la lectura estrictamente procedimental del proceso electoral y situar el análisis en un plano más profundo: el de la estructura histórica desde la cual se produce la apelación a la “democracia”. En Costa Rica, esa estructura no es neutral. Está anclada en la constitución de un sujeto hegemónico —el “mestizo claro”— que, desde el Valle Central, ha logrado presentarse históricamente como portador natural de la racionalidad política, como intérprete autorizado del interés general y como garante legítimo del orden republicano. La fuerza de este sujeto no reside únicamente en su capacidad institucional o económica, sino en su pretensión de universalidad: su capacidad de pensar su propia experiencia histórica como si fuese la experiencia de la nación en su conjunto.
Este sujeto —blanco-mestizo, urbano, ilustrado, heredero del liberalismo republicano y del catolicismo institucional— no se reconoce a sí mismo como particular. Por el contrario, se piensa como medida de lo nacional. De ahí que, cuando habla de democracia, lo haga en clave universal, como si su definición, sus valores y sus preocupaciones aplicaran de manera indistinta a todo el territorio y a todos los grupos sociales. Sin embargo, esa universalidad es aparente. Lo que se presenta como defensa de la “democracia” es, en realidad, defensa de una matriz moderna específica, localizada histórica, social y territorialmente, que intenta seguir representándose como totalidad.
Desde una lectura que pone su acento en lo étnico, lo que aquí está en juego no es una disputa coyuntural entre partidos, sino la activación de un orden étnico que organiza la vida social y política costarricense desde hace décadas. Este orden se sostiene, en primer lugar, sobre jerarquías étnicas, entendidas no como diferencias culturales, sino como diferencias de estatus social y político. Dichas jerarquías establecen quién posee mayor prestigio, quién es reconocido como sujeto plenamente racional y quién, en cambio, aparece como incompleto, carente o necesitado de tutela. En el campo electoral, estas jerarquías se manifiestan cuando ciertos votos son leídos como expresión legítima de conciencia democrática, mientras otros son interpretados como resultado de manipulación, ignorancia o error.
Estas jerarquías no operan de forma espontánea. Se reproducen mediante estructuras étnicas, es decir, a través de dispositivos institucionales, discursivos y simbólicos que convierten la desigualdad de estatus en normalidad. Partidos políticos, lenguajes públicos, agendas de discusión, medios de comunicación y formas de experticia contribuyen a consolidar la idea de que hay territorios y sujetos que saben votar y otros que deben ser explicados. Cuando la recepción electoral de determinadas propuestas se concentra casi exclusivamente en el Valle Central, pero esas propuestas se presentan como nacionales; cuando el fracaso fuera de ese espacio no conduce a una revisión de la interpelación política, sino a una descalificación del electorado periférico, lo que se pone en evidencia no es un desacuerdo democrático, sino el funcionamiento pleno de una estructura étnica.
A este entramado se suma un sistema de honor social que articula jerarquías y estructuras en el plano simbólico. El sistema de honor define quién tiene derecho a nombrar los valores superiores de la comunidad política y quién puede erigirse como su defensor legítimo. En Costa Rica, ese honor ha estado históricamente asociado al sujeto urbano-central, que se concibe a sí mismo como custodio de la institucionalidad, la república y la democracia. Desde esta posición, “defender la democracia” no significa simplemente resguardar un procedimiento electoral, sino defender el monopolio simbólico sobre la definición misma de lo democrático.
Por ello, cuando el resultado electoral expresa con claridad el peso político de territorios históricamente subalternizados —las costas, las fronteras, la Zona Norte, amplios sectores rurales—, y cuando ese resultado sostiene la continuidad de un proyecto político que no responde dócilmente a los códigos tradicionales del honor político central, la reacción no es el reconocimiento del pluralismo democrático, sino la activación de una alarma moral. La “democracia” se invoca, paradójicamente, contra el resultado mismo del ejercicio del sufragio, y el problema deja de ser el procedimiento para convertirse en el sujeto que lo protagoniza.
En este sentido, la apelación a “defender la democracia” revela su carácter profundamente localizado. No es la defensa de la democracia como principio político común, sino la defensa de un orden étnico-partidario que se percibe a sí mismo en riesgo. La pretensión de universalidad del mestizo claro le impulsa a pensar que cuando piensa su pensamiento es capaz de dar cuenta de la totalidad de la nación aún cuando lo que hace no es más que pensarse a sí mismo. Se vuelve entonces visible, no como virtud republicana, sino como límite histórico en la disputa étnica de un proyecto de “democracia” en la que, por primera vez en mucho tiempo, lo más allá que el Valle Central participa en ella de manera decidida.
II. Etnicidad y territorio: Cartografía electoral
Si en el punto anterior se planteó que el llamado a “defender la democracia” no es neutro sino étnicamente situado, el análisis riguroso de los datos electorales permite observar cómo esa etnicidad se inscribe materialmente en el territorio. Las elecciones nacionales constituyen, en este sentido, el registro empírico más robusto de la subjetividad política contemporánea en Costa Rica: no una encuesta ni una inferencia muestral, sino un ejercicio censal efectivo en el que la ciudadanía expresa, sin intermediación discursiva, su posición frente al orden político existente. Por ello, los datos oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones no cumplen aquí una función ilustrativa, sino analítica y probatoria.
La siguiente tabla sintetiza la distribución porcentual del voto presidencial por provincia y constituye el punto de partida empírico del análisis:
Tabla 1
Distribución porcentual del voto presidencial por provincia
Provincia
Oficialismo (%)
PLN (%)
Frente Amplio (%)
C.A.C. (%)
PUSC (%)
San José
41,5
38,2
4,4
5,8
3,0
Alajuela
54,7
30,2
3,3
3,4
2,5
Cartago
37,9
40,8
4,0
7,1
3,1
Heredia
42,1
38,2
4,6
6,1
2,6
Guanacaste
57,5
27,2
2,5
3,1
2,3
Puntarenas
63,6
21,7
2,6
2,2
2,6
Limón
65,2
18,4
2,7
2,3
2,9
Fuente: elaboración propia con base en datos oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones.
Leídos de manera estrictamente cuantitativa, estos datos muestran mayorías claras a favor de la continuidad del proyecto político del Ejecutivo en las provincias costeras y un comportamiento más fragmentado en el Valle Central. Sin embargo, la lectura étnica del territorio permite ir más allá del dato numérico y comprender por qué esas mayorías se concentran donde se concentran y por qué generan una reacción defensiva desde el centro.
La continuidad del proyecto político del Ejecutivo se expresa como mayoría clara y sostenida en las provincias costeras, superando el 55 % del voto válido en Guanacaste y alcanzando márgenes superiores al 60 % en Puntarenas y Limón. Estas no son diferencias marginales ni oscilaciones coyunturales; son brechas estructurales que, en el caso de Limón, superan los 40 puntos porcentuales respecto a las principales fuerzas tradicionales del Valle Central. En contraste, San José, Cartago y Heredia muestran escenarios de competencia cerrada, fragmentación del voto y una mayor concentración relativa en partidos históricamente asociados al centro político del país.
Sin embargo, el alcance analítico de estos datos solo se revela plenamente cuando se los lee espacialmente. Al proyectar la tabla sobre el territorio nacional, emerge una cartografía político-étnica que desborda la explicación partidaria convencional. El país se organiza, electoralmente, en dos grandes configuraciones territoriales que responden a trayectorias históricas diferenciadas de incorporación al Estado y a la nación.
Cuando proyectamos la tabla sobre el mapa nacional, emerge una cartografía político-étnica elocuente:
Las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón, junto con la Zona Norte de Alajuela, corresponden históricamente a espacios donde la presencia de lo que la época virreinal formó en oposición al “español” como “indios”, “negros” y “pardos”, así como de “mestizos bajos”, ha sido estructuralmente mayor. Se trata de territorios incorporados tardíamente al proyecto nacional, marcados por economías de enclave, trabajo forzado o precarizado, y una relación distante con el Estado central. En estos espacios, el prestigio social no ha estado asociado a la cercanía con el poder político ni al capital cultural urbano, sino a formas comunitarias de subsistencia, memoria y resistencia cotidiana. Desde esta perspectiva, las jerarquías étnicas se manifiestan en la valoración diferencial del sufragio. El voto proveniente de territorios asociados históricamente a “indios”, “negros”, “pardos” y “mestizos bajos” es leído como sospechoso; el voto del espacio mestizo alto–español es leído como expresión legítima de conciencia democrática. Las estructuras étnicas convierten esta lectura en sentido común político y mediático, mientras el sistema de honor social autoriza al centro a erigirse como defensor de la democracia incluso cuando no logra producir mayorías nacionales.
Las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón —junto con la Zona Norte de Alajuela, que presenta un comportamiento convergente— configuran un arco territorial continuo, rural, costero y fronterizo, donde el voto por la continuidad adquiere carácter mayoritario, estable y territorialmente concentrado. Este bloque no puede ser interpretado como suma de decisiones individuales desconectadas, sino como expresión de una subjetividad política compartida, forjada en contextos históricos de marginalidad relativa, economías de enclave, distancia respecto al centro político y experiencias prolongadas de interlocución estatal desigual. En estos territorios, la democracia no se ejerce como adhesión abstracta a un ideal normativo, sino como evaluación práctica del vínculo con el Estado, comparando trayectorias, respuestas institucionales y formas concretas de reconocimiento.
Que en estos territorios el respaldo a la continuidad supere de forma consistente el 55 % del voto válido no puede leerse como un acto irreflexivo ni como manipulación política. Desde una clave étnica, este comportamiento expresa una subjetividad política situada, propia de sectores históricamente subalternizados que evalúan la democracia no desde su pureza normativa, sino desde la experiencia concreta del reconocimiento, la interlocución y el trato estatal. Aquí, la democracia es vivida como relación, no como abstracción.
El Valle Central, en contraste, es el espacio histórico de consolidación de los españoles y mestizos altos, es decir, de los grupos que acumularon prestigio, honor social y capacidad de representación desde la colonia tardía y la República liberal. San José, Cartago y Heredia concentran ese capital simbólico que permite a ciertos sujetos presentarse como voceros naturales de la nación. Aunque electoralmente fragmentado, este espacio conserva el monopolio interpretativo: la capacidad de definir qué voto es racional, qué decisión es responsable y cuándo la democracia está “en riesgo”. Este espacio geográfico tiene un comportamiento electoralmente fragmentado pero simbólicamente cohesionado. San José, Cartago y Heredia no producen mayorías nacionales claras, pero concentran el prestigio político histórico desde el cual se define qué cuenta como voto informado, responsable y legítimo. Aquí, el comportamiento electoral se inscribe en una gramática distinta: no solo se vota, sino que se interpreta el voto ajeno. La lectura de los resultados no se limita a los porcentajes; se transforma rápidamente en juicio moral y pedagógico sobre los territorios que votan de manera distinta.
Esta diferencia no es accidental. Responde a la operación de jerarquías étnicas que asignan valor diferencial a las decisiones políticas según su origen territorial. El voto costero y rural, aun cuando es empíricamente mayoritario, es leído como problemático; el voto urbano-central, aun cuando no produce mayorías, conserva su prestigio interpretativo. Las estructuras étnicas refuerzan esta asimetría al naturalizarla en el discurso público, permitiendo que proyectos políticos con recepción concentrada en el centro se presenten como representantes de la nación, mientras descalifican implícitamente la decisión periférica.
La cartografía etno-electoral resultante no muestra un país dividido entre “demócratas” y “antidemócratas”, sino un país donde distintos sujetos étnico-históricos ejercen la democracia desde posiciones estructurales desiguales. Las costas y fronteras, asociadas históricamente a la subalternidad étnica, producen hoy mayorías empíricas; el centro, asociado al honor social y al prestigio histórico, produce el discurso que pretende deslegitimarlas.
Desde esta cartografía, el sistema de honor social adquiere plena visibilidad. El llamado a “defender la democracia” no emerge desde los territorios donde la democracia se expresa como mayoría empírica clara, sino desde aquellos donde se concentra el honor histórico de definirla. Lo que se percibe como amenaza no es la alteración del procedimiento electoral, sino la pérdida del monopolio simbólico sobre la representación legítima del país.
La lección principal que se desprende de esta lectura es clara: el conflicto actual no es electoral ni coyuntural, sino estructural y de larga duración. Lo que está en disputa no es el procedimiento democrático, sino quién tiene derecho a definir qué democracia vale y para quién. Los datos del Tribunal Supremo de Elecciones, leídos a la luz del orden étnico costarricense, no anuncian el colapso de la democracia, sino el agotamiento del monopolio étnico del centro sobre su significado. Del comportamiento electoral en las pasadas elecciones nacionales se desprende el hecho de que no es Costa Rica la que está atravesando una crisis democrática, sino que en ella se está viviendo una reconfiguración del sujeto democrático. Los datos muestran que amplios territorios históricamente subalternizados ya no aceptan ser objeto de pedagogía política ni de tutela moral. Votan, deciden y producen mayorías. Frente a ello, el centro reacciona defendiendo una democracia que, en realidad, defiende su propia posición histórica de prestigio y honor social.
Leídos con rigor, los resultados del Tribunal Supremo de Elecciones no confirman el deterioro de la democracia costarricense. Confirman, más bien, el fin progresivo de su monopolio étnico-central.
III. El prestigio político y el monopolio de la representación democrática
La lectura territorial del voto presentada en el apartado anterior permite avanzar un paso más en la comprensión del conflicto político actual: no basta con identificar dónde se vota de determinada manera; es necesario explicar por qué ciertos resultados generan alarma democrática mientras otros son aceptados como normales. La respuesta no se encuentra en el procedimiento electoral ni en la aritmética del sufragio, sino en el prestigio político acumulado históricamente por determinados sujetos, territorios y tradiciones partidarias.
El “prestigio” al que estamos apelando no es un atributo individual ni una virtud moral; es una posición social producida en el tiempo, que otorga autoridad simbólica para ser reconocido como voz legítima del orden social. En el campo político costarricense, ese prestigio se ha concentrado históricamente en el Valle Central y en los sujetos que encarnan la matriz moderna del Estado-nación: los herederos del liberalismo republicano, de la institucionalidad ilustrada y del catolicismo político. No se trata simplemente de poder electoral, sino de algo más persistente: la capacidad de definir el marco mismo desde el cual se interpreta la política.
Esta concentración de prestigio explica un fenómeno que, a primera vista, podría parecer contradictorio. Aunque los datos electorales muestran con claridad que las provincias rurales, fronterizas, costeras y periféricas producen hoy mayorías empíricas decisivas, el discurso público sigue siendo dominado por actores cuyo respaldo electoral es territorialmente limitado. La autoridad de estos actores no deriva de su capacidad de ganar elecciones en el conjunto del país, sino de su posición histórica como intérpretes legítimos de la nación. El prestigio político opera, así, como un capital simbólico que permite hablar con voz de totalidad incluso cuando los números ya no acompañan.
En este sentido, el llamado a “defender la democracia” debe ser leído como un acto de reafirmación del prestigio, más que como una defensa neutral del procedimiento. Quienes lo enuncian no solo expresan preocupación por el rumbo político; expresan, sobre todo, la pérdida de control sobre la definición de lo democrático. La democracia deja de ser el nombre del acuerdo básico y se convierte en el terreno de una disputa por la representación legítima donde lo que se confronta es quién puede decir qué es la democracia y cuándo está en peligro.
El prestigio político cumple aquí una función decisiva: desacopla la autoridad simbólica de la mayoría empírica. Permite que actores con menor peso electoral se presenten como custodios del interés general, mientras los territorios que efectivamente deciden el rumbo del país son situados en una posición subordinada, explicada o problematizada. La democracia, así, se jerarquiza: hay decisiones que cuentan como plenamente políticas y otras que deben ser interpretadas, corregidas o justificadas.
Este mecanismo no es nuevo. Forma parte de la larga duración del orden social costarricense, en el que el centro no solo gobernó, sino que enseñó a gobernar, enseñó a votar y enseñó a entender la política. Lo novedoso es que ese prestigio comienza a chocar abiertamente con una realidad empírica que ya no puede ser ignorada. Cuando las mayorías se desplazan hacia territorios históricamente subalternizados, el prestigio ya no alcanza para producir consenso; solo alcanza para producir resistencia simbólica.
Desde esta perspectiva, el conflicto actual no es entre democracia y autoritarismo, sino entre dos modos de legitimidad. Por un lado, una legitimidad basada en la experiencia territorial, en la evaluación práctica del Estado y en la producción de mayorías empíricas claras. Por otro, una legitimidad basada en el prestigio histórico, en la centralidad simbólica y en la pretensión de representar la nación incluso sin respaldo mayoritario. El problema emerge cuando esta segunda forma de legitimidad se presenta como la única compatible con la democracia.
Así entendido, el monopolio de la representación democrática no se sostiene ya en la capacidad de ganar elecciones, sino en la inercia de un prestigio que se resiste a desaparecer. Defender la democracia, en este marco, significa defender la continuidad de ese monopolio étnico, no porque sea más democrático, sino porque ha sido históricamente eficaz para ordenar el campo político. La reacción del centro frente a los resultados electorales recientes expresa, entonces, menos una preocupación institucional que un desplazamiento simbólico profundo: la constatación de que el prestigio ya no garantiza obediencia ni consenso.
Este desplazamiento marca un punto de inflexión. Cuando el prestigio político deja de coincidir con la producción de mayorías, la democracia deja de ser un terreno pacificado y se convierte en un espacio de disputa abierta por el sentido. Lo que está en juego no es solo quién gobierna, sino quién puede hablar en nombre de la democracia y con qué autoridad. En esa disputa, los datos electorales no son el problema; son, precisamente, lo que el prestigio ya no logra domesticar.
IV. Honor social, partidos políticos y defensa selectiva de la democracia
Si el apartado anterior permitió comprender cómo el prestigio político habilita a ciertos actores a hablar en nombre de la democracia aun sin producir mayorías empíricas, el concepto de honor social permite dar un paso adicional y explicar por qué esa autoridad simbólica se activa selectivamente, en determinados momentos y frente a determinados resultados. El honor social no es una cualidad moral ni una virtud cívica abstracta; es un criterio colectivo de valoración que define quién encarna legítimamente los valores superiores de la comunidad política y quién tiene derecho a custodiarla cuando se percibe amenazada.
En Costa Rica, el honor social se ha configurado históricamente en torno a una matriz republicana específica, asociada al Valle Central y a los sujetos que heredaron la centralidad del Estado liberal: orden institucional, respeto a la ley, moderación política, lenguaje ilustrado y una determinada forma de catolicismo civil. Este honor no se distribuye de manera homogénea entre los partidos; se adhiere diferencialmente a aquellos que han sido capaces de presentarse como continuadores naturales del proyecto nacional. De ahí que, incluso cuando pierden capacidad de convocatoria territorial, conserven la autoridad simbólica para definir qué es la democracia y cuándo está en riesgo.
El campo partidario es uno de los principales escenarios donde este honor se reproduce. Partidos con larga trayectoria en el gobierno o con fuerte arraigo en el centro político han logrado encarnar el rol de garantes del orden democrático, no tanto por su desempeño electoral actual, sino por su inscripción histórica en el sistema de honor social. Desde esa posición, su palabra adquiere un peso que excede los resultados: cuando hablan de democracia, no lo hacen como competidores más, sino como guardianes del marco mismo de la competencia.
Esta posición explica la selectividad con la que se invoca la defensa de la democracia. No toda derrota electoral genera alarma institucional, ni toda victoria ajena es presentada como amenaza. La alarma se activa cuando el resultado desplaza a los actores investidos de honor y pone en cuestión su centralidad simbólica. La democracia, entonces, deja de ser un procedimiento que canaliza la voluntad popular y se convierte en un recurso discursivo para disputar legitimidad cuando el honor se siente vulnerado.
Desde esta perspectiva, la reacción de ciertos partidos frente a los resultados recientes no puede interpretarse únicamente como desacuerdo político. Es, más bien, una respuesta estructural ante la pérdida de una posición histórica que permitía gobernar no solo desde el poder formal, sino desde la autoridad moral. El llamado a “defender la democracia” aparece así como una defensa del honor, es decir, de la capacidad de seguir siendo reconocidos como representantes legítimos de la nación, aun cuando el mapa electoral ya no los respalde de manera decisiva.
El honor social cumple aquí una función de frontera. Delimita quién pertenece plenamente al “nosotros democrático” y quién queda situado en una posición ambigua, sospechosa o tutelada. Cuando los territorios periféricos producen mayorías claras y sostienen proyectos políticos que no responden a los códigos tradicionales del honor central, esas mayorías no son celebradas como expresión del pluralismo democrático, sino interrogadas como problema. La democracia se acepta mientras reproduce el orden simbólico existente; se cuestiona cuando lo desborda.
Este mecanismo permite comprender por qué la defensa de la democracia no se formula en términos de respeto irrestricto al sufragio, sino en términos de calidad del voto, responsabilidad ciudadana o madurez política. Son categorías aparentemente neutrales, pero profundamente normativas, que funcionan como lenguaje del honor: distinguen entre quienes votan “bien” y quienes votan “mal”, entre decisiones legítimas y decisiones que requieren explicación. En este punto, la democracia deja de ser igualdad política y se convierte en jerarquía moral.
Lo decisivo es que este uso selectivo del concepto de democracia no es una anomalía coyuntural, sino la manifestación contemporánea de un orden social de larga duración. El honor social, al igual que el prestigio, no desaparece cuando cambia el mapa electoral; se adapta, se repliega y se reactiva discursivamente. Por eso, aun frente a datos empíricos contundentes, el centro conserva la capacidad de poner en duda el significado político de las mayorías y de presentarse como última instancia de legitimación democrática.
Desde esta óptica, el conflicto actual no enfrenta a partidos “democráticos” contra fuerzas “antidemocráticas”. Enfrenta a un orden de honor que se resiste a perder su centralidad con una democracia que comienza a ser ejercida desde otros lugares, por otros sujetos y bajo otras experiencias históricas. Defender la democracia, en este contexto, no es un gesto universal: es un acto situado, que busca preservar la continuidad simbólica de quienes durante décadas monopolizaron el derecho a representarla.
V. El voto periférico como sujeto político: fin de la tutela democrática
Hasta aquí hemos mostrado cómo el prestigio y el honor social han sostenido históricamente un monopolio simbólico sobre la definición de la democracia, el análisis del comportamiento electoral reciente obliga a reconocer un hecho político mayor: las periferias han dejado de ser objeto de pedagogía democrática para convertirse en sujeto político activo. El voto que emerge desde las costas, las fronteras y amplios territorios rurales no es una anomalía del sistema, sino la expresión de una agencia política consolidada que ya no solicita autorización al centro para existir.
Durante décadas, el orden político costarricense funcionó bajo un esquema implícitamente tutelar. El centro —investido de prestigio y honor— no solo gobernaba, sino que explicaba la política al resto del país. La ciudadanía periférica aparecía como incompleta: votaba, pero su voto debía ser interpretado, corregido o encauzado. En ese marco, la democracia se concebía como un proceso de maduración guiado desde arriba, donde el centro definía los tiempos, los límites y los criterios de legitimidad.
Los resultados electorales recientes rompen con esa lógica. Las mayorías empíricas producidas en Guanacaste, Puntarenas, Limón y la Zona Norte no pueden ser comprendidas como reacciones episódicas ni como desviaciones emocionales. Son el resultado de procesos acumulativos de experiencia política, en los que amplios sectores sociales evalúan el Estado, comparan proyectos y deciden desde su propia historicidad. Aquí, el voto no es una respuesta inducida; es una toma de posición consciente, aun cuando no se exprese en los lenguajes legitimados por el centro.
Este desplazamiento tiene implicaciones profundas. La democracia deja de ser un espacio donde unos enseñan y otros aprenden, y se convierte en un campo de confrontación entre sujetos con experiencias históricas distintas. El problema ya no es la falta de educación cívica de la periferia, sino la incapacidad del centro para reconocer que ya no monopoliza la conciencia política. De ahí la insistencia en explicar, moralizar o problematizar el voto periférico: no porque sea incomprensible, sino porque es políticamente autónomo.
Este proceso puede leerse como un cambio en la posición estructural de sujetos históricamente subalternizados —“indios”, “negros”, “pardos”, “mestizos bajos”— dentro del orden político nacional. No se trata de una reivindicación identitaria explícita, sino de un desplazamiento en la relación con el poder. El voto se convierte en un acto de reconocimiento propio, no otorgado desde fuera. La periferia ya no pide ser incluida; actúa como parte constitutiva de la nación política.
Este quiebre explica la intensidad simbólica de la reacción del centro. Cuando la tutela deja de ser efectiva, el lenguaje democrático se vuelve defensivo. La apelación a la “calidad del voto”, a la “responsabilidad ciudadana” o a la “madurez democrática” no busca mejorar la democracia, sino restituir una asimetría perdida. Es el intento de reponer una jerarquía que permitía al centro hablar en nombre del todo, aun sin respaldo mayoritario.
En este sentido, el voto periférico no amenaza la democracia; amenaza un modo particular de ejercerla. Amenaza la democracia entendida como propiedad simbólica de un sujeto hegemónico y la reemplaza por una democracia ejercida desde múltiples experiencias territoriales. Lo que está en juego no es la estabilidad institucional, sino la redistribución del poder de nombrar lo legítimo.
La lección política de este proceso es clara. Costa Rica no asiste a una erosión de la democracia, sino a una expansión conflictiva de su sujeto histórico. El fin de la tutela no implica caos ni regresión; implica la necesidad de repensar la democracia sin centro, sin pedagogos únicos y sin guardianes autoproclamados. En la medida en que el voto periférico se consolida como expresión legítima de voluntad política, la democracia deja de ser un ideal administrado desde arriba y se convierte, finalmente, en un campo de disputa real entre sujetos iguales en dignidad, aunque desiguales en historia.
VI. Conclusión: democracia sin centro, democracia sin tutela
El recorrido realizado a lo largo de este ensayo permite volver, con mayor densidad analítica, a la pregunta que lo animó desde el inicio: ¿estamos ante una defensa de la democracia como principio político común, o ante la defensa de un orden étnico-partidario que se siente amenazado? La evidencia empírica, la lectura territorial del voto y su interpretación a la luz de las categorías de etnicidad, prestigio y honor social conducen a una respuesta que no es cómoda, pero sí necesaria: lo que se defiende bajo el nombre de “democracia” no siempre es el ejercicio efectivo de la soberanía popular, sino la continuidad de un monopolio simbólico sobre su definición.
Los datos electorales no muestran un país desinteresado por la democracia ni una ciudadanía extraviada. Muestran, por el contrario, un país en el que amplios territorios históricamente subalternizados han asumido plenamente su condición de sujeto político, produciendo mayorías empíricas claras y decisiones coherentes con su experiencia histórica del Estado y del poder. Lo que ha entrado en crisis no es la democracia como procedimiento, sino la autoridad histórica del centro para tutelar, interpretar y jerarquizar el voto ajeno.
Desde esta perspectiva, la apelación a “defender la democracia” revela su carácter situado. No emerge como reacción ante la vulneración de derechos ni ante el quiebre del orden constitucional, sino como respuesta a la pérdida de centralidad de quienes durante décadas encarnaron el prestigio político y el honor social de la república. La democracia se invoca, entonces, no como espacio de igualdad política, sino como recurso defensivo frente a un desplazamiento simbólico profundo.
El análisis étnico-territorial permite comprender que este desplazamiento no es coyuntural. Se inscribe en una larga duración histórica en la que sujetos que en la época colonial fueron incorporados en la estructura étnico-colonial como “indios”, “negros”, “pardos” y “mestizos bajos” —así como los territorios que habitan— han sido progresivamente incluidos en la vida política, con el particular que en la actualidad se comportan no como beneficiarios pasivos de la modernidad republicana, sino como actores con capacidad de decisión propia. El voto reciente no inaugura este proceso; lo hace visible de manera clara.
En este contexto, insistir en una democracia con centro, con pedagogos privilegiados y con guardianes autoproclamados del bien común, equivale a negar la expansión real del demos. Defender la democracia hoy exige, por el contrario, aceptar que ya no pertenece a un solo sujeto histórico, a una sola geografía ni a una sola tradición política. Exige reconocer que la igualdad política no se agota en el derecho al voto, sino que se realiza cuando todas las decisiones cuentan por igual, independientemente del territorio, del origen social o del prestigio acumulado de quienes las emiten.
La democracia costarricense no enfrenta su colapso, sino su reconfiguración. Una reconfiguración conflictiva, ciertamente, porque implica renunciar a privilegios simbólicos largamente naturalizados. Pero también una reconfiguración fecunda, en la medida en que abre la posibilidad de una democracia sin tutela, sin centro único y sin jerarquías morales encubiertas. En ese horizonte, defender la democracia deja de ser la defensa de una posición histórica de poder y se convierte, finalmente, en la defensa de un principio que solo puede sostenerse si se ejerce desde todos los lugares y por todos los sujetos que componen la nación política.
Referencias bibliográficas
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Recuerdo con dolor y nostalgia la trágica historia que me contaba un octogenario uruguayo de cómo habían sido sorprendidos, en un país donde pesaba el civilismo, de la noche a la mañana en los años de 1970, por la irrupción de una dictadura represiva que encarceló y torturó sin pudor alguno y mandó a toda una generación relativamente joven al exilio. Sí, una generación perdida, por la instauración de un régimen de facto legitimado por la fuerza de un ejército y una doctrina de seguridad nacional. Tuvieron que pasar muchos años para que, de las cenizas de aquella brutal represión, emergiera un líder ya entrado en años y víctima de esa embestida represiva, José Mujica, pero que, con una envidiable vitalidad y pasión “juvenil”, vino a refrescar política y socialmente a un país agobiado por la represión, la desesperanza y el miedo.
En Costa Rica no arrastramos esa herencia de represión y exilio, aunque sí tuvimos algunos exiliados políticos y una generación perdida, la de los años 1980 que no alcanzó a concluir sus estudios secundarios. Por ello, no hay motivos para idealizar el pasado, pero tampoco desconocer sus logros. En ese sentido, tenemos que avanzar -hacia una Tercera República, es solo una forma de decirlo-, pero con mesura y humildad, ofreciendo todo el esfuerzo que sea necesario con la esperanza de que lo mejor lo podamos construir juntos, para el bienestar de todos y todas en este pequeño y gran país.
Sí, no hay que distraerse con los nubarrones del pasado, los desaciertos de los gobiernos anteriores, que los hubo; hoy es tiempo de caminar con paso firme y esperanza para construir una Costa Rica más democrática, es decir, con más justicia y solidaridad social y más pacífica y conciliadora, dispuesta a tender el abrazo que crea hermandad y amistad, más allá de las tiendas partidarias y las distancias ideológicas. Como se acostumbra a decir ahora, tenemos que ser resilientes, es decir, transformar los fracasos y los errores del pasado en aprendizajes que nos conduzcan a abrir los mejores horizontes posibles. Es decir, a evitar a toda costa, que la historia de corrupción e inequidades se repita con nuevos rostros.
Vemos con gran expectativa que hoy irrumpe una generación de políticos, mujeres y hombres, jóvenes, que anhelamos tengan la fuerza, vitalidad y visión para enrumbar a este país por senderos más promisorios. Aunque la juventud está en el alma, como lo testimonian muchas mujeres y hombres valientes y visionarios, como José Mujica, lo cierto es que siempre vemos con esperanza cuando una nueva generación asume el relevo con pasión y tenacidad. No podemos esperar milagros de una generación solo por ser joven, ni tampoco su ímpetu debería llevarlos por los caminos de un triunfalismo exacerbado, muy propio del discurso populista-mesiánico que ofrece mundos paradisiacos.
Mirando las constelaciones, pero con los pies en la tierra, esperamos que esta nueva generación sepa actuar con valentía y decisión, pero también con humildad y sabiduría política para dar de los mejor de sus capacidades intelectuales, emocionales y espirituales al servicio de la patria.
“Hoy es día de arar con arado de fuego las eras del amor y el entusiasmo” (Jorge Debravo).
