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Etiqueta: democracia

Panel abordará situación de la prensa ante discursos de deslegitimación

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

El programa radial Alternativas organiza un panel de análisis titulado “La prensa nacional y alternativa: ante la mordaza velada, bajo el estribillo de ‘prensa canalla’”, con el objetivo de reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en el contexto actual y los desafíos que enfrentan frente a discursos que buscan desacreditarlos.

La actividad se realizará el 10 de abril de 2026 a las 6:00 p.m. (-6 UTC) y será transmitida en vivo a través de diversas plataformas digitales, incluyendo Facebook Live, YouTube y Spotify, así como por emisoras aliadas.

Un espacio para el análisis crítico

El panel propone responder preguntas clave como: ¿qué se hace, qué falta y cuáles tareas están pendientes en relación con la defensa de la prensa?, en un contexto donde se han intensificado los cuestionamientos hacia los medios de comunicación, tanto tradicionales como alternativos.

El encuentro busca abrir un espacio de diálogo sobre la libertad de expresión, el rol del periodismo en la democracia y las tensiones existentes entre el poder político y los medios.

Personas panelistas

El panel contará con la participación de:

  • Martín Chinchilla Castro, periodista y comunicador social, ex presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica y excandidato presidencial.

  • Efraín Valverde Moreno, consultor internacional en derechos humanos e investigador socioambiental, con trayectoria en comunicación alternativa.

  • Rafael Ugalde Quirós, abogado, notario y periodista, miembro del Comité Bolivariano de Solidaridad Yamileth López.

  • Martín Rodríguez Espinoza, comunicador y analista político, secretario de comunicación del Partido Vanguardia Popular y director del periódico Libertad y Ecos del 56 TV.

Producción y transmisión

El programa Alternativas es producido por el Colectivo Reflexión-Acción y se transmite desde diciembre de 2023. Para esta actividad contará con el apoyo de emisoras amigas, entre ellas:

  • Radio Guanacaste 106.1 FM

  • Radio Soberanía

  • Radio Revolución

  • 506 Ondas Alajuelita

  • 97.3 FM Voces Libertarias

La actividad está abierta al público mediante sus transmisiones en línea, promoviendo la participación y el debate sobre el presente y futuro de la comunicación en el país.

La obscenidad del poder: nuevo giro político de la dominación contemporánea

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa (*)

Entre negocios, espectáculo y dominación, lo obsceno deja de ser excepción para convertirse en regla.

Hay escenas que condensan una época. Por ejemplo, una investidura presidencial en los Estados Unidos, rodeada de magnates tecnológicos y grandes fortunas no es una simple noticia ni un exceso de protocolo; es la expresión visible de una mutación en las formas de dominación contemporáneas. Esa imagen no revela solo la cercanía entre poder político y poder económico —que siempre ha existido-—, sino un cambio profundo en la forma en que el poder se exhibe, se ejerce y se legitima.

La separación ficticia, pero necesaria, entre el interés público y los intereses privados nunca fue absoluta, pero operó durante largo tiempo como principio normativo. Gobernar en democracia implicaba, al menos en el plano formal, mantener una distancia prudente respecto a la acumulación directa de riqueza, así como una moderación en las formas de ejercer autoridad, sobre todo para el beneficio privado de los gobernantes.

Hoy esos límites se han vuelto crecientemente porosos. Tanto en la política internacional como en los contextos locales, irrumpe un tipo de actor que transita con naturalidad entre los negocios y la política. No es solo el empresario que incursiona en la política, ni el político que se aprovecha de su posición para lucrar. Es una figura híbrida que convierte el poder en un recurso de valorización múltiple: económica, simbólica y mediática.

El caso de Donald Trump resulta paradigmático no porque sea único, sino porque revela cómo, según orienta el marketing político, la presidencia puede funcionar simultáneamente como plataforma política, marca personal y entorno de negocios. Pero más allá de los conflictos de interés —que no son menores—, lo que importa es su naturalización. Lo que antes debía ocultarse o justificarse, ahora se exhibe sin reservas.

La metamorfosis no es solo económica. Junto con esa nueva fusión entre poder y acumulación de riqueza, cambian también los códigos culturales del quehacer político. El poder ya no se ejerce únicamente como autoridad institucional o liderazgo programático: se despliega como espectáculo, como performance, como presencia mediática.

El precedente de Silvio Berlusconi ayuda también a entender esta deriva. Durante años, su figura articuló de manera singular poder político, imperio mediático y escándalos sexuales, en un contexto donde la cosificación de las mujeres y la banalización del poder se volvieron parte del paisaje público. Lo que entonces parecía una anomalía hoy adquiere una resonancia más amplia.

La relación entre poder y escándalo no se agota, sin embargo, en figuras individuales. El caso de Jeffrey Epstein puso al descubierto no solo una red global de explotación sexual, sino también las conexiones entre riqueza, influencia y encubrimiento que permitieron su operación. Más que episodios aislados, estos entramados revelan circuitos donde el abuso, los favores y la impunidad operan como parte de economías clandestinas que se entrelazan con espacios de poder.

Cuando estas prácticas son asumidas como un patrón del ejercicio del poder, desnudan la decadencia en las formas de dominación y subordinación. Es ahí donde la obscenidad deja de ser solo un exceso —como en el imperio de Calígula— para revelarse, no en un sentido moralista, sino como parte de las estratagemas de control: aquello que se muestra sin pudor, que rompe los límites de lo que antes debía permanecer fuera de la escena pública.

Surge así una dimensión difícil de ignorar: la creciente perversidad de la dominación. En ella puede observarse cómo ciertos liderazgos incorporan una retórica y una gestualidad donde el cuerpo, la virilidad, el insulto, la humillación y el abuso ocupan un lugar central.

La obscenidad del poder se expresa en varios registros. En el lenguaje, a través del insulto y la caricaturización del adversario. En la gestualidad, mediante la exhibición de una masculinidad amenazante que impone autoridad más por intimidación que por argumentación. Y en la cultura política, en la normalización de prácticas que trivializan la desigualdad de género y de clase, y refuerzan jerarquías simbólicas.

Estos elementos funcionan como medios de dominación que articulan lenguaje, cuerpo y jerarquía. El insulto no es solo una falta de respeto: es un mecanismo de anulación simbólica. La sexualización del discurso no solo es vulgar: es una forma de marcar dominio, de convertir al otro —en particular a las mujeres— en objeto, y de establecer jerarquías que desplazan el debate racional.

No se trata únicamente de una devaluación del lenguaje público, sino de la transformación de la política en un espacio donde la dominación se exhibe sin mediaciones y donde la deliberación cede ante la imposición y la teatralización de la autoridad. Lo que se exhibe sirve también como mecanismo encubridor.

Este tipo de liderazgos, que suele presentarse como “auténtico”, “directo” o “sin filtros”, funciona porque conecta con un clima social marcado por la ansiedad, la frustración, el desencanto y la ira. Allí donde amplios sectores experimentan inseguridad material y desconfianza institucional, el discurso agresivo encuentra resonancia.

Pero esa conexión no es espontánea. Se construye. La agresividad canaliza malestares difusos; el desprecio por las normas se presenta como rebeldía; y la ostentación de poder —económico o simbólico— se interpreta como eficacia.

En ese marco, la política deja de ser percibida como un espacio de mediación entre intereses diversos y pasa a definirse como el terreno del más fuerte. No del que puede convencer, sino del que logra vencer. No se trata de deliberar, sino de doblegar.

Esta mutación tiene consecuencias más profundas de lo que suele admitirse. Al desdibujarse la frontera entre lo público y lo privado, la autoridad política pasa a operar como un recurso disponible para la acumulación, el exhibicionismo y el encubrimiento. Al mismo tiempo, se transforman las condiciones de la vida democrática: la política deja de ser racional y el conflicto político se tramita mediante la descalificación. No estamos solo ante un cambio de estilo, sino ante una alteración en la forma en que se produce legitimidad.

Cuando la obscenidad del poder consuma la transgresión de límites —en el lenguaje, en los gestos, en la exhibición de la dominación—, lejos de debilitar a estos liderazgos, puede reforzarlos. La falta de pudor se convierte, paradójicamente, en un recurso de autenticidad.

Pero esa eficacia tiene un costo. Se erosionan los vínculos sobre los que descansa cualquier comunidad política civilizada. Cuando el autoritarismo se vuelve espectáculo, la desigualdad deja de ser un problema y empieza a ser aceptada como valor.

Por eso, el desafío no es únicamente ético y comunicacional. Es político en un sentido más profundo: remite a la manera en que se reconfiguran las relaciones entre poder, sociedad y cultura.

Frente a este escenario, la respuesta no puede reducirse a la denuncia moral ni a la nostalgia. Implica reconstruir condiciones que limiten esa captura privada y obscena del poder, pero también desmontar los códigos culturales que hoy le otorgan legitimidad.

Mientras esa forma de dominación basada en la imposición siga siendo percibida como eficacia, seguirá encontrando adhesión.

Y ahí se juega lo esencial: si el poder se ejerce como forma de apropiación privada o como servicio al bien común.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

La defensa del Poder Judicial

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Corren tiempos difíciles para defender al Poder Judicial y a sus órganos auxiliares (Ministerio Público, OIJ, Defensa Pública). Pero tenemos que hacerlo sentando la primera diferenciación: una cosa es el entramado institucional y otra, muy distinta, las personas que circunstancialmente lo representan. Además, en un cuerpo tan amplio y complejo como el Poder Judicial costarricense, no es válido hacer generalizaciones. Hay de todo como en cualquier conglomerado humano. No creo equivocarme si digo que, a todo nivel, es más la gente íntegra y trabajadora que la corrupta o negligente.

Otra cuestión que debe quedar muy clara es que, en democracia, una cuestión es criticar las instituciones para mejorarlas, y otra, la opuesta, levantar señalamientos para demolerlas y arrasar con el sistema democrático mismo.

El primer gesto de defensa institucional consiste, entonces, en reconocer lo que ha andado mal por muchos años –nostra culpa-, esos crónicos males sin resolver, como la insostenible duración de los procesos; la pésima calidad de las investigaciones; la mediocre calidad jurídica de resoluciones y sentencias; la ausencia de controles efectivos sobre el rendimiento profesional del funcionariado y las abusivas prácticas de los litigantes; la tozuda resistencia de la cúpula a impulsar las transformaciones urgentes o a soportar las evaluaciones externas. Lo anterior sólo para mencionar algunas de las cuestiones más sensibles a las que no se ha dado respuesta.

A esto hay que agregar las cíclicas crisis del sistema por escándalos de corrupción, a saber, influencia de la peor política en decisiones trascendentales (reelección presidencial, manoseo de la Constitución en leyes de implementación del TLC, impunidad en el juzgamiento de líderes políticos y miembros de los supremos poderes, para solo dar algunos ejemplos) y, ahora, la amenazante infiltración del crimen organizado en la sociedad y los poderes públicos, incluido el sector justicia.

La estrategia de quienes se sienten autorizados a cuestionar el sistema tradicional en su conjunto, sea blandiendo motosierras, lanzallamas o jaguares desbocados, han alzado la bandera de cambiarlo todo… Pero como ya sabemos, para que nada cambie.

¿Qué sentido puede tener la consigna del cambio si en el fondo se trata del adagio, tan caribeño, de quítate tú pa´ ponerme yo? ¿Qué avance significativo puede haber si no le entramos, en serio, al mejoramiento del servicio público de justicia, a las respuestas en tiempos razonables, los procedimientos interminables, la calidad de las investigaciones, el control disciplinario sobre los que no dan la talla o no consiguen tener un mínimo de destrezas en resoluciones y sentencias? ¿Qué vamos a ganar si no reconocemos que a estas alturas del sigo XXI no podemos seguir arrastrando un modelo de organización y funcionamientos del Judicial anclado en el siglo XIX? ¿Hasta cuándo vamos a deslindar, de una vez por todas, la función jurisdiccional (a cargo de los tribunales de todas las categorías), de la función de gobierno y administración (ejercido por un órgano especializado que sustituya a la Corte), fuente de toda burocratización e ineficiencia del Poder Judicial? ¿De qué nos va a servir que nuevas mayorías parlamentarias aspiren a renovar la Corte Suprema si, en lugar de los amigos de otros, van a colocar a sus propios amigos, perpetuando la mala práctica de relegar a las y los mejores para asegurar influencias en caso de requerirse?

Estamos al borde de un abismo autoritario donde el ideal transformador es Nayib Bukele, caudillo salvadoreño, es decir, un Ejecutivo que concentre todo el poder, que pueda hacer y deshacer sin controles republicanos; un régimen que no dé cuentas al parlamento y menos aún a los jueces y demás entidades contraloras; un “orden” de vida cimentado en el estado de sitio y la suspensión de garantías individuales. Pero hay que reconocer, con mucha desazón, que hemos llegado hasta aquí porque por décadas no corregimos lo que anduvo mal. Estamos desmantelando el estado social de derecho a pellizcos; engendramos una sociedad cada vez más violenta, desigual e inequitativa; caímos en el dogma de la reducción del Estado y la desfinanciación de servicios públicos básicos.

Han sido muchos los expulsados del sistema escolar y quienes no gozan de garantías sociales y laborales mínimas. Las fuerzas políticas dominantes creyeron que podían hacer con las instituciones, los nombramientos y las políticas públicas lo que conviniera a sus particulares intereses, olvidándose de las grandes mayorías, los sectores más vulnerables, los marginados y desplazados, buena parte de los cuales han concurrido a votar en masa por el continuismo chavista, la voz que insulta, despotrica e injuria, pero que de alguna manera – o quizá precisamente por eso- ha logrado canalizar todo el descontento real y legítimo de la gente. Detenerse a oír las “soluciones” propuestas de la Presidenta electa, centradas en la implementación de la “mano dura”, o bien en la abrogación de derechos, libertades y garantías constitucionales, solo puede producir vértigo, ya sea por la vacuidad de las consignas, ya sea por la amenaza de vivir en una sociedad sin estado de derecho.

Cuánto tiempo proseguirán las cosas sin que nada cambie lo veremos en cuestiones muy concretas: la organización y funcionamiento del Poder Judicial seguirá siendo la misma; a las nuevas fuerzas políticas le convendrá mantener una cúpula judicial que concentre poderes, anacrónica e ineficiente, que se ponga a disposición de las mayorías legislativas y ejecutivas de última hora y a la que se le pueda echar la culpa de todo lo que no funciona; un “nuevo” Poder Judicial que le pase por encima a la Constitución y a la propia madre si con eso complace a los poderosos de turno. Ya hay un adelanto de esto si nos fijamos en el grupito de magistrados (as) que votaron en contra del pase a la Asamblea Legislativa de los casos contra Chaves.

Cuánto seguirán las cosas como están, lo sabremos cuando se entienda que la manifiesta impunidad en procesos contra gentes con poder político o económico, es un problema crónico y estructural, que juega a favor de los corruptos (empresarios en colusión con funcionarios), cálculo que ya estarán haciendo los herederos de última generación de quienes confunden la cosa pública con la privada, el interés personalísimo con el bien común, los recursos de todos con el aprovechamiento de unos pocos. Todo lo cual no es monopolio de unos u otros líderes o partidos, los tradicionales o los recién llegados, sino del modo de operar el sistema mismo, diseñado para que corrupción e impunidad se terminen consumando más allá de personajes y engranajes. La cruda verdad que tenemos que enfrentar no es que haya corruptos por aquí o por allá, lo que debemos comprender es que las reglas del sistema mismo son las corruptas: un neoliberalismo que ve oportunidades de negocio en la gestión gubernativa y en cualquier inversión con dineros públicos. Por eso su obsesión privatizadora, su famosa estrategia de alianzas público-privadas y la precarización de servicios para obligarnos a todos a pagarlos en lo privado.

Confirmaremos que las cosas siguen como están cuando un día, –¡oh sorpresa!- las empresas constructoras de siempre sigan ganando los licitaciones de obra pública, por ejemplo, para construir la nefasta mega-cárcel o el complejo de la ciudad gobierno; sabremos asimismo que nada ha cambiado cuando veamos que la obra pública en salud (hospitales regionales, la Torre del Hospital de Niños), y en educación (el deterioro edilicio de escuelas y colegios), seguirán enfrentando trabas y retrasos, para crear necesidades artificiales que le permitan, a quienes ven en la sanidad y la instrucción una mercancía más, hacerse ricos mientras amplios sectores se quedan sin acceso a estos derechos indispensables. Y en fin, para no hacer la lista interminable, las cosas seguirán como están cuando los grandes financistas de campañas electorales sigan apostando al caballo ganador, o bien si la nueva mayoría en la Asamblea Legislativa, dicta su reglamento para hacer nombramientos de Corte y otros altos cargos, a la medida de la coyuntura que le favorece, ignorando a los aspirantes con mejores atestados y experiencia, sacrificando, una vez más, la excelencia independiente por la mediocridad servil.

No se sostiene la crítica de que los hechos irregulares o de corrupción que emergen en la Corte Suprema son responsabilidad del mismo Poder Judicial, puesto que las designaciones de magistraturas son resorte de la Asamblea Legislativa y, hasta donde lo confirman los hechos, la Corte más bien ha cumplido con los procedimientos para disciplinar y enjuiciar a los magistrados envueltos en este tipo de infracciones. Tampoco es cierto que esta cuestión sea exclusiva responsabilidad del bipartidismo PLN/PUSC, la famosa “red de cuido”, dado que desde hace 24 años han concurrido muchos partidos en la designación de miembros de Corte y, al día de hoy, la gran mayoría ya no fueron electos por esa situación política.

Tampoco puede aceptarse la crítica lanzada contra el Poder Judicial como supuesto responsable de la grave situación de violencia criminal y la consiguiente impunidad. La acusación no resiste un serio análisis porque es responsabilidad del Ejecutivo, y no del Judicial, la función constitucional de mantener la seguridad, el orden público y la prevención del delito por medio de sus cuerpos policiales. Los tribunales de justicia, los fiscales y la policía técnica judicial intervienen cuando ya el hecho delictivo ha sido tentado o consumado, en una función estrictamente punitiva. Tampoco es de recibo la crítica de que la impunidad es responsabilidad del sistema de justicia en razón de que policía administrativa (Fuerza Pública) cumple con su deber deteniendo a los presuntos responsables y, en cuestión de horas, jueces y fiscales los ponen en libertad (puerta giratoria), ya que, al formularse el señalamiento, no se da ni un solo dato de, en cuántos casos ocurre esto, si el trabajo policial ha sido bien hecho respetándose derechos fundamentales, y si las razones del actuar judicial está bien o mal justificado. Esta descalificación omite, en cambio, considerar que Costa Rica, en los últimos treinta años, no sólo se ha abusado de la prisión preventiva sino que en números macro, se ha pasado de tener una tasa de prisionización de 100 presos por cada 100 mil habitantes, a una que ronda en la actualidad los casi 400 prisioneros por 100 mil habitantes. Este es un fenómeno prácticamente implosivo, que revela una deriva punitiva centrada en el encierro, que para bien o para mal, esta es una sociedad que ha apostado por encarcelar cada vez más gente y que es falsa la acusación de indolencia o alcahuetería del sistema penal. Es evidente que el frío no está en las cobijas, sino en ese modelo económico que ha abandonado el estado social de derecho inclusivo (estado de bienestar), por el excluyente y divisivo sistema de libérrimo mercado.

En fin, cuando uno oye al Presidente de la democrática República de Costa Rica, la misma que tiene más maestros que soldados, referirse a la Corte Suprema como “…un cáncer, una bolsa de pus…”, aparte de sentir que hemos tocado fondo, sólo cabe la pregunta: ¿de dónde surge tanto odio? La respuesta es muy sencilla: es el odio del autócrata que no controla a los jueces a su gusto y antojo… al menos hasta ahora.

Una última interrogante se impone: ¿hasta cuándo los demócratas auténticos impulsaremos los cambios que nos vacunen contra el reino de los tiranuelos populistas?

¿Por qué hoy más que nunca debemos defender los derechos humanos?

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Instituto Sindical de Formación Política

Hoy los derechos humanos están bajo ataque directo. No es un discurso exagerado: es la realidad que viven millones de personas en el mundo.

Gobiernos que se presentan como democráticos persiguen la libertad de prensa, silencian voces críticas y manipulan la información. Se castiga al periodista, se intimida al que denuncia y se premia al que calla.

El derecho internacional es ignorado cuando no conviene. Las grandes potencias actúan con impunidad, mientras los países más pequeños guardan silencio o se subordinan.

Las mujeres siguen siendo víctimas de discriminación, violencia y exclusión. Mucho discurso, pocos cambios reales.

Mientras tanto, los derechos de la clase trabajadora son debilitados: salarios injustos, precarización del empleo, persecución sindical y abandono de las condiciones laborales dignas. Se gobierna para el capital, no para el pueblo.

En nuestra región, la situación es aún más preocupante. Gobiernos como los de El Salvador y Costa Rica han claudicado frente a políticas antiinmigrantes impulsadas por los Estados Unidos. Se criminaliza a quienes migran por necesidad, se les trata como enemigos, y se abandona toda noción de solidaridad.

Se violan garantías individuales, se debilita la soberanía y se instala una peligrosa lógica: mano dura contra los débiles y sumisión frente a los poderosos.

Por eso, hoy más que nunca, defender los derechos humanos es una tarea urgente. No es un tema lejano: es la defensa de la dignidad, del trabajo, de la justicia y de la democracia real.

Cuando un derecho se pierde, lo pierde todo el pueblo.

Y cuando el pueblo pierde, ganan los mismos de siempre.

¿Hacia dónde vamos, con el nuevo gobierno, con el poder absoluto del Poder Ejecutivo y el poder mayoritario del Poder Legislativo?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

En el nuevo gobierno, que inicia el 1 de mayo, con la instalación de la Asamblea Legislativa y el 8 de mayo, con la instalación del Poder Ejecutivo, hay que reconocer, guste o no guste, que el Partido Pueblo Soberano, tiene como decimos los ticos, el sartén por el mango.

El punto no es que tenga el sartén por el mango, es que lo sepa usar. El arte de la cocina tiene sus reglas y sus mañas. El arte de la Política también tiene sus reglas y sus mañas.

Tiene el control pleno del Poder Ejecutivo, de sus ministerios e instituciones, y de todo el andamiaje que en ese sentido se concentra. No lo comparte con ningún otro partido político. Es el Poder que diariamente toma decisiones que afectan a todos los ciudadanos y habitantes, para bien o para mal, por medio de las políticas y acciones que se toman en los ministerios y sus instituciones.

Tiene el control mayoritario del Poder Legislativo, de toda su estructura interna, sin que esté obligado a compartirlo con ningún otro partido, en los puestos más importantes y en la instalación de las Comisiones Parlamentarias. Puede colocar a los diputados opositores como quiera, si así quisiera proceder.

En un sartén un mal uso de un ingrediente puede echar a perder una comida. En la política un mal uso de un número de diputados puede también echar a perder a una fracción mayoritaria, puede echar a perder acciones de gobierno del partido mayoritario, parlamentariamente, y puede echar a perder al mismo gobierno.

En 1953, al calor de la Guerra Civil, y del liderazgo de José Figueres, ya fundado el Partido Liberación Nacional, el 12 de octubre de 1951, participando en su primera elección nacional, sobre 45 diputados que tenía la Asamblea Legislativa, en ese entonces, obtuvo 30 diputados. Una mayoría super holgada.

En las elecciones de 1962 y 1966 Liberación Nacional volvió a tener mayoría de 29 diputados sobre 57, que ya tenía la Asamblea desde 1962, como tiene actualmente, cuando fueron candidatos ganadores a la Presidencia Francisco Orlich Bolmarcich, en 1962, y José Joaquín Trejos Fernández, en 1966, gobierno opositor a Liberación Nacional.

En la elección de 1970, de nuevo con Liberación Nacional, con José Figueres en la presidencia, obtuvo 32 diputados y, en la elección de 1982, con Luis Alberto Monge Álvarez, en la presidencia, Liberación Nacional logró elegir 33 diputados, que ha sido la cifra más alta de diputados en manos de un solo partido político gobernante.

En las elecciones de 1986, con Oscar Arias presidente, y en la elección de 1990, con Rafael Ángel Calderón Fournier, ya constituido el partido Unidad Social Cristiana, ambos obtuvieron la mayoría parlamentaria de 29 diputados.

Desde esta perspectiva, el partido Liberación Nacional, de nueve veces que ha gobernado, ha tenido la mayoría parlamentaria en cinco ocasiones, siendo partido gobernante y una siendo partido opositor, mientras el partido Unidad Social Cristiana en una ocasión obtuvo la mayoría parlamentaria siendo partido gobernante.

El Partido Pueblo Soberano tiene una mayoría de 31 diputados de 57 que integran la Asamblea Legislativa.

Tener mayoría parlamentaria, más de 29 diputados, mitad más uno del total de diputados, no es suficiente para tener el Poder del Parlamento para todo… lo más importante. Tener esa mayoría de 29 diputados da poder de bastantes e importantes decisiones, pero exige siempre capacidad de negociar y de llegar a acuerdos con los restantes diputados.

En las últimas ocho elecciones ningún partido obtuvo esa mayoría de 29 diputados. Algunos partidos lograron entre 17 y 28 diputados, constituyéndose en fracciones legislativas grandes, pero obligadas siempre a negociar y pactar para poder avanzar en los proyectos de ley, aun cuando eran partidos de gobierno como de oposición.

Los gobiernos más difíciles, desde el ámbito legislativo, los tuvo el Partido Acción Ciudadana, que en el gobierno del 2014 sacó 13 diputados y en el gobierno del 2018 tuvo 10, obligado en ambos casos constantemente a negociar, con un peso muy negativo, en el último para su imagen política, que prácticamente lo hizo desaparecer por cuatro años del escenario político.

Así, el gobierno de la presidenta Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano, con su triunfo, expresado en un 31% de los votantes, y con una mayoría de 31 diputados, inicia, después de 35 años, desde 1990, una nueva época política nacional, que se caracteriza porque un solo partido asume plenamente el control del Poder Ejecutivo y de la mayoría parlamentaria.

Lo hizo agitando cierto aire de renovación política, exaltando incluso una Tercera República, que posiblemente no entiende lo que significa ni cómo se justifica.

Figueres declaró la Segunda República desde el Poder total. Concentrando en él, y su grupo gobernante, la doble Facultad Ejecutiva y Legislativa, y nombrando ellos mismos la integración total de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual tenían el control de los tres Poderes del Estado, el sueño anhelado de Rodrigo Chaves, que es el mismo de Laura Fernández.

Figueres tenía su discurso político y su filosofía política frente a la “Primera República” que vivió, especialmente, en la década de 1940-1948, en los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia y de Teodoro Picado Michalski, y en el contexto de la II Guerra Mundial, de la Post guerra y del inicio de la Guerra Fría.

Laura Fernández tiene el reto de continuar el gobierno de Rodrigo Chaves, como tuvo Teodoro Picado con el de Rafael Ángel Calderón Guardia, en el nuevo contexto internacional, la antesala de una III Guerra Mundial, de una nueva Guerra Fría, y de un acendrado anticomunismo por las políticas trumpetistas a las cuales Laura Fernández ya se ha ido adhiriendo y sometiendo.

Si la época del bipartidismo estaba caracterizada por el papel que jugaban dos partidos políticos, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, en términos generales, alternándose el Poder Ejecutivo y ejerciendo la mayoría parlamentaria, entre ambos, estamos en este momento en una situación similar al arranque que hizo Figueres en 1953, con un solo partido dominando el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, que permitió, después, en 1962, 1970, 1982, 1986 se repitiera esa situación.

Rodrigo Chaves no es José Figueres, y Pueblo Soberano como partido es aún un partido no nato, no nacido, apenas extraído del útero electoral de las elecciones del 2026, con muchas dudas sobre su inicial desarrollo. Un partido no nato porque fue extraído de su partido materno, Partido Progreso Social Democrático, que lo hicieron fallecer para las elecciones pasadas.

Ese partido no nato, con sus 31 diputados, tiene formalmente fuerza legislativa. Tiene todo el poder para dirigir desde todos los puestos del Directorio Legislativo, desde todas las presidencias y secretarías, si así quisiera, de las Comisiones Parlamentarias Plenas y de las distintas comisiones parlamentarios, toda la institucionalidad legislativa.

En términos generales tiene todos los votos para aprobar leyes ordinarias, para reformar las leyes existentes, para crear o impulsar nuevas leyes, para impulsar cambios en las políticas económicas o para reforzar las que considere necesarias del gobierno de Rodrigo Chaves, para modificar, si así quisiera, instituciones públicas, en su estructura interna como en sus funciones.

Tiene toda la fuerza para convocar comparecencias de personajes, para bloquear, rechazar o priorizar proyectos de ley presentados por otros diputados, para crear o no comisiones de control político, sobre asuntos que exploten del próximo gobierno que la Asamblea quiera investigar.

En materia del Presupuesto Público Nacional tiene todos los votos para aprobarlo tal cual se lo presenten. Dentro de él pueden recortar fondos públicos a instituciones, como las universidades que son parte de su guerra declarada, pueden reasignar recursos públicos como quieran.

Lo que no pueden hacer 31 diputados es reformas a la Constitución Política, como la de la reelección presidencial, continua o consecutiva, como la de reducir el plazo para la aspiración presidencial de los expresidentes a cuatro años si no se permite la consecutiva, para facilitar, si así fuere, la de Rodrigo Chaves en el 2030, o la de ampliar el plazo presidencial a seis años. Tampoco pueden destituir magistrados ni nombrarlos por sí solos, o levantar inmunidades legales de altos funcionarios si procediere hacerlas.

Desde el punto de vista del trabajo del Plenario Legislativo, que son las sesiones que se realizan con todos los diputados, a partir de las 3 p.m, pueden ejercer el control de la Agenda Legislativa, definir las prioridades de la discusión parlamentaria, elegir las autoridades claves de la Asamblea Legislativa, como son el presidente y el secretario, y constituir las Comisiones Parlamentarias.

Esto haría, básicamente, que el Poder Ejecutivo representado por Laura Fernández sea más fuerte, en cuanto estaría mejor armonizado con la Asamblea Legislativa.

Si a Rodrigo Chaves lo nombran ministro de la Presidencia tendría la facultad de dar órdenes a 31 diputados, más que ir a negociar con los restantes el apoyo a las leyes que al gobierno le interese aprobar.

Es obvio y evidente que Rodrigo Chaves tiene muy poca capacidad de negociación con los diputados. Ya mismo ha estado atacando y burlándose de diputados y diputadas de la próxima Asamblea Legislativa y señalando que deben ir a las comisiones sin ninguna importancia. Eso está oscureciendo el inicio de la presidencia de Laura Fernández, pero ella comparte esa misma cama política de enfrentamiento con el presidente Chaves.

Si hasta ahora el grupo de Rodrigo Chaves culpaba de su incapacidad política para gobernar, a los opositores, el grupo que asciende con Laura Fernández solo tiene su propio espejo para ver a quien culpar de un posible mal gobierno, que nadie quiere que suceda, porque nos puede ir mal a todos.

¿Volveremos con este gobierno, a un monopartidismo político gobernante? ¿Facilitará este gobierno, con estas características de “poder institucional absoluto”, la entronización autoritaria, de características abusivas y dictatoriales?

Sin idealizar la democracia, rescatarla

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Quizá podamos aportar un rayo de luz en el oscuro panorama político costarricense si sentamos una premisa: toda democracia liberal-republicana y su Estado de Derecho es, en sus fundamentos, una democracia oligárquica.

Las oligarquías pueden convivir, con toda tranquilidad, ya sea con regímenes dictatoriales de facto, ya sea con gobiernos más o menos conservadores o progresistas surgidos de las urnas. Con total certeza, de sus exclusivas manos no dependerá nunca la consolidación o avance de la democracia.

La diferencia radica en si esas oligarquías monopolizan el poder político y su gobernanza, o bien, obligadas por el empuje de otros sectores de la sociedad, ceden parte de sus privilegios y deciden, -casi siempre por razones pragmáticas vinculadas a la estabilidad institucional y a la paz social-, otorgar derechos, un reparto menos injusto de la riqueza, o el ascenso social a ciertos sectores.

La historia de la democracia en Costa Rica no ha escapado a esta lógica. Dentro del bipartidismo (PLN/PUSC) tanto como dentro del pluripartidismo que lo ha seguido, los sectores oligárquicos nacionales han navegado sin sobresaltos, financiando a unos y otros, o dejando caer a unos en favor de otros, según soplen los vientos del electorerismo y las tendencias de moda; viendo con probable regocijo cómo viejos y nuevos partidos, con honrosas excepciones, se ponen a sus gratas órdenes en la Asamblea Legislativa. Por eso hemos visto cómo, financistas que fueron del PLN o del PUSC, aparecen apoyando a los improvisados liderazgos de última hora y sus partidos-taxi.

A partir de los años 80 del siglo pasado, con el surgimiento y predominio neoliberal, se frenó en seco el movimiento precedente de avances democráticos, para entran en una primera transición de estancamiento y, en los últimos años, de franco retroceso, sobre todo en cuanto a la respuesta a la violencia social mediante el sistema penal –sobre el que se quiere hacer recaer la responsabilidad exclusiva de aliviar los conflictos, las desigualdades e inequidades exacerbadas-, así como en cuanto a los derechos laborales y sociales en general –sobre todo con el deterioro de los derechos laborales y el acceso a servicios públicos de calidad-.

No son éstos tiempos, entonces, para seguir alimentando la mitología tradicional: ni somos la Suiza centroamericana –ahora que nos queremos parecer a El Salvador-; ni la patria con más maestros que soldados –en momentos que nos hemos matriculado, de manera acrítica, en la guerra transnacional contra el narcotráfico-; ni una de las pocas democracias plenas del mundo –con una mayoría electoral que amenaza en serio las instituciones de control político, la prensa independiente y toda manifestación de oposición.

Las orejas del lobo, en este último aspecto, se han asomado con claridad: campañas de odio y descalificación de las instituciones públicas; utilización del PANI para intimidar a un candidato presidencial; evidente loby ante la Embajada estadounidense para despojar de visa a adversarios políticos; propuesta para imponer suspensión de garantías individuales, legalización de allanamientos policiacos sin autorización judicial; o volver a las fracasadas políticas de “mano dura” para combatir la inseguridad ciudadana. Cuando se mutila la famosa frase de Winston Churchill de que la democracia es la peor forma de gobierno… y se omite adrede agregar: con excepción de todas las demás,… no sólo se está faltando a la verdad para sorprender ingenuos, se está manifestando un odio expreso antidemocrático y se está preparando a la gente para normalizar la destrucción total de las instituciones republicanas.

La oligarquía costarricense se ha transformado sustancialmente en el último siglo. Los cafetaleros (exportadores) y los comerciantes (importadores) han tenido que convivir con formas oligárquicas mucho más diversas y complejas, conforme los enormes cambios en la producción, importación, prestación de servicios e inversión externa en la producción agrícola extensiva, las zonas francas o productos tecnológicos especializados.

En la acera de enfrente, los sectores sociales que le arrancaron importantes concesiones a las antiguas élites, hasta hacer de Costa Rica una democracia con importantes progresos en muchos campos, tienen que aclarar ahora sus intereses para que le sigan recordando a esas élites económicas dominantes, que aquí convivimos mayorías y minorías que han sabido conquistar derechos, libertades y garantías en el pasado y que no estamos dispuestos a renunciar a ellas en el futuro.

Si hoy ya no están los sindicatos bananeros, los gremios artesanales urbanos, los pequeños agricultores o las asociaciones de maestros y profesores de antaño, nuevos núcleos de organización social como los colectivos feministas, los defensores del medio ambiente, los representantes de las poblaciones aborígenes y de otras minorías, deben ser hoy las que recojan el testigo para que un nuevo pacto social, inspirado en el bien común, revitalice nuestra amenazada democracia.

El peligro de callar: soberanía, vida y democracia en riesgo

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El Instituto Sindical de Formación Democrática manifiesta su profunda preocupación y enérgica condena ante el ataque a una embarcación en aguas costarricenses, que dejó como resultado la muerte de dos trabajadores del mar y un herido de gravedad.

Más allá de la gravedad del hecho, lo que hoy está en juego es algo aún mayor: el respeto a la vida, la soberanía nacional y el Estado de Derecho.

Se pretende cerrar el caso con una etiqueta fácil: “narcotraficantes”. Pero en una democracia ninguna etiqueta sustituye la verdad, la prueba ni el debido proceso. Cuando la fuerza letal se utiliza sin explicaciones claras, sin transparencia y sin rendición de cuentas, no estamos ante seguridad: estamos ante abuso de poder.

Cuando el poder actúa sin explicar, se impone el autoritarismo

Denunciamos con firmeza:

• Que no existe claridad sobre quién ejecutó el ataque, bajo qué marco legal y con qué autorización.

• Que se pretende imponer una narrativa donde preguntar es visto como sospechoso y exigir explicaciones como innecesario.

• Que se está normalizando el uso de la fuerza sin control, lo cual representa un grave retroceso democrático.

Costa Rica no puede aceptar, bajo ninguna circunstancia, acciones militares o de fuerza en su territorio o en sus aguas sin plena transparencia, legalidad y respeto a la soberanía nacional.

Los trabajadores no pueden ser víctimas de esta lógica

Como organización comprometida con la defensa de los trabajadores, advertimos:

• Que, una vez más, los sectores más vulnerables pagan con su vida decisiones que no controlan.

• Que la militarización y la lógica de “disparar primero y explicar después” no resuelven los problemas estructurales del narcotráfico, pero sí destruyen vidas y derechos.

• Que aceptar el silencio y la opacidad es abrir la puerta a más abusos y más impunidad.

Exigimos al país y a sus autoridades

1. Una investigación inmediata, independiente y transparente de los hechos.

2. El esclarecimiento de responsabilidades, incluyendo posibles actores extranjeros.

3. Una posición firme del Estado costarricense en defensa de su soberanía.

4. Respeto irrestricto al debido proceso y a los derechos humanos, incluso en contextos de lucha contra el crimen.

El silencio no es opción

Hoy no se trata solo de un hecho aislado. Se trata de una señal peligrosa: cuando la sociedad deja de preguntar, el poder deja de rendir cuentas.

El mayor riesgo para Costa Rica no es solo el crimen organizado, sino que, en su combate, se pierdan los principios que sostienen nuestra democracia.

No se trata de defender delincuentes. Se trata de defender el derecho del pueblo a saber, a cuestionar y a vivir en un país donde el poder tenga límites.

¡NO AL SILENCIO CÓMPLICE!
¡RESPETO A LA SOBERANÍA NACIONAL!
¡JUSTICIA Y VERDAD PARA LAS VÍCTIMAS!
San José, 25 marzo 2026

UCR: Voz experta: Conmemorar el 50 aniversario del último golpe de Estado en Argentina como oportunidad para interrogar nuestros desafíos democráticos

Escrito en . Publicado en Derechos.

María José Chaves Groth Docente, Sección de Sociología, Escuela de Estudios Generales, UCR

De Argentina a Costa Rica: exploración colectiva sobre el autoritarismo con comunidades estudiantiles

Los autoritarismos no son nuevos en la historia reciente de América Latina, nos atraviesan a través de dictaduras, golpes de Estado o caudillismos que dejan profundas huellas en la conformación de nuestros sistemas políticos y en nuestra subjetividad.

Entre las décadas del sesenta y ochenta, el Cono Sur enfrentó feroces dictaduras, cuyo efecto ejemplarizante trascendió los límites geográficos de los países directamente afectados. Mientras tanto, Centroamérica era escenario de guerras civiles, revoluciones sociales, intervenciones militares y “conflictos de baja intensidad” que desangraban y empobrecían a las grandes mayorías.

Frente a este contexto, la promesa de la democracia se erigió como el único camino posible para restablecer la convivencia social y el crecimiento económico. No obstante, los esfuerzos para modernizar los sistemas electorales y articular la democracia con el ejercicio de los derechos humanos, ha resultado insuficiente para satisfacer las múltiples necesidades y carencias de las poblaciones históricamente postergadas.

Hoy los autoritarismos vuelven a ser protagonistas en la región, solo que ahora no llegan al poder a través de golpes de Estado o intervenciones militares, llegan a través de los sistemas electorales y utilizan las deudas de la democracia como motor; y alcanzan, principalmente,  a las poblaciones jóvenes quienes ven sus expectativas y proyectos de vida diluirse entre las fisuras de un sistema que no les está respondiendo.

En este contexto, a través del proyecto EC-678 «De Argentina a Costa Rica. Exploración colectiva sobre el autoritarismo con comunidades estudiantiles secundarias y universitarias, a partir de las memorias de la última dictadura cívico militar en Argentina y sus resonancias en las prácticas y discursos presentes en la Costa Rica actual”, desde la Sección de Sociología de la Escuela de Estudios Generales nos sumamos a la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado en Argentina, con dos objetivos fundamentales: primero, hacer memoria a las 30 000 personas detenidas y desaparecidas; honrar las luchas que han liderado las y los sobrevivientes, las familias y los organismos de derechos humanos; para reclamar justicia por las desaparecidas y los desaparecidos; por recuperar la identidad de niñas y niños nacidos en cautiverio y para que este horroroso capítulo de la historia no se olvide.

Nuestro segundo objetivo es hacer de la memoria una oportunidad para el intercambio, el diálogo, el aprendizaje y la reflexión colectiva. Para que juntas y juntos pensemos caminos de transformación y fortalecimiento democrático que respondan a los desafíos que enfrentamos como país.

Lo anterior se concreta mediante cuatro líneas de trabajo, desde las cuales se llevarán a cabo talleres, conversatorios, conferencias y una exposición museográfica.

  1. El eje de memoria como estrategia para el fortalecimiento de la democracia. En un contexto en que los discursos y las prácticas autoritarias han vuelto a gozar de una alta legitimidad, donde se incluye  la sociedad costarricense; consideramos de gran relevancia recuperar la memoria del autoritarismo en nuestra región, esto con el fin de favorecer “la construcción de una ciudadanía activa, comprometida con la esfera pública y con convicciones democráticas” (Jelin, 2013, p. 240).
  2. Los autoritarismos y su relación con el cuerpo como campo de disputa y control del poder. Desde este eje se busca comprender las formas de legitimidad legal del poder autoritario para controlar los cuerpos y las corporalidades como estrategia de control social, así como la difusión del terror como estrategia política.
  3. Los autoritarismos, la vida cotidiana y la cultura, especialmente sobre la música rock. Durante la dictadura cívico-militar, el tiempo libre fue cooptado y oficializado como parte de las primeras acciones del régimen para consolidar su posicionamiento, con lo cual la ciudadanía fue expulsada del espacio público (Gerlero, 2012).

En el marco de este proyecto, problematizamos el impacto de las prácticas autoritarias en la vida cotidiana y en las expresiones culturales, como estrategia para favorecer el cambio social, especialmente en un contexto donde las personas jóvenes no se perciben como un actor político corresponsable de esa transformación.

  1. Tensiones entre el autoritarismo y la movilización política, especialmente desde las universidades públicas y el movimiento estudiantil. En el marco de este proyecto, nos preguntamos acerca del lugar histórico que ha ocupado la universidad pública y el movimiento estudiantil frente a los autoritarismos, pero, sobre todo, el lugar social que ocupan en las transformaciones que requiere la democracia para consolidarse como sistema político y de convivencia social.

Estos ejes priorizados interpelan directamente a las personas jóvenes desde diferentes roles, desde su condición de estudiantes de centros educativos públicos (colegios y universidad); pero también como personas ciudadanas que transitan un momento histórico marcado por la polarización, la violencia y la intolerancia; con lo cual, se hace imprescindible que fortalezcan su mirada humanista, el pensamiento crítico y el sentido de colectividad para hacerle frente.

Costa Rica no es una burbuja en la geopolítica global, nada nos exime de enfrentar persecuciones políticas, silenciamientos, miedos. Si permitimos que las diferencias políticas se traduzcan en sospecha, el tejido social se debilita, la desconfianza gana lugar y nuestros vecinos, familiares, compañeras y compañeros de trabajo, dejan de ser un recurso de apoyo para convertirse en enemigos potenciales.

María José Chaves Groth
Docente, Sección de Sociología, Escuela de Estudios Generales, UCR

El proceso contra Jesús y la democracia

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez[1]

Comienzo por advertir lo que esta reflexión no es. No entraré en la difícil cuestión acerca de la verdad histórica de los hechos relatados por los evangelistas, incluida la polémica interminable sobre la existencia misma de Jesús de Nazaret. Con el debido respeto a las convicciones religiosas de cada quien, ésta tampoco es, ni por asomo, una disquisición teológica, que aborde la trascendencia religiosa o espiritual de los acontecimientos y sus personajes; ni pretendo, en este sentido, convencer a nadie de nada. Por último, no puede ser éste un ejercicio que juzgue las deficiencias de un procedimiento penal realizado hace más de dos mil años, con parámetros y criterios actuales.

Sólo he tomado los relatos adjudicados a Mateo (26-1/75 y 27-1/56); Marcos (14-1/72 y 15-1/47); Lucas (22-1/71; 23-1/56); y sobre todo Juan (1-19; 11-49/53; 18-1/40 y 19-1/42)[2], en su estricta literalidad, asumiendo las muchas diferencias, diversos énfasis y hasta abiertas contradicciones que hay entre sus distintas versiones acerca de lo sucedido hace veintiún siglos, tratando de quedarme con lo esencial de lo referido, aquello que pueda tener relevancia desde una perspectiva jurídico-procesal y política, tanto para el momento en que sucedieron los hechos, como para las enseñanzas que pudiéramos sacar aplicables a los tiempos actuales.

1. Tiempos turbulentos. El escenario geográfico-temporal de los acontecimientos es la Palestina del siglo I de nuestra Era. El Imperio Romano ha sometido ese territorio y ejerce una especie de tutelaje conforme las pautas acostumbradas por Roma: para los conflictos internos (entre judíos) tolerancia hacia su cultura, religión y respeto por sus leyes y autoridades; para conflictos externos, en todo lo que amenace el dominio imperial, brutal imposición y represión. Además, es tiempo de frecuentes rebeliones y movimientos sediciosos y revolucionarios que pretenden la liberación e independencia de los subyugados. Pero también hay servilismo y complicidad, sobre todo de las élites oligárquicas judías, que buscaban mantener su estatus y ventajas complaciendo los intereses de los dominadores.

Primera enseñanza que apuntar: las cosas no han cambiado mucho en esto de complacer a los poderes imperiales por parte de las oligarquías internas, que lucen por completo colonizadas para defender sus intereses y mantener sus privilegios.

2. La conspiración de los poderosos. Queda claro, desde un inicio, que las prédicas y actuaciones de Jesús el Galileo, han provocado escándalo e indignación en la mayoría de los miembros del Sanedrín, autoridad que concentraba el poder político y religioso del pueblo judío y que estaba integrado por sumos sacerdotes, escribas y ancianos notables. Es desde esta instancia que se genera la necesidad de acusar a Jesús, buscando sobre todo señalarlo como autor de blasfemia (por decirse Hijo de Dios, el Mesías esperado), delito que conllevaba la pena de muerte. Los relatos evangélicos apuntan a toda una conspiración para capturar al sospechoso, buscar la prueba inculpatoria y esperar al momento oportuno para justiciarlo, todo a la sombra de la noche y en lugar retirado, para evitar protestas o revueltas de la gente que lo apoyaba.

Segunda enseñanza para nuestros días: el poder constituido puede encontrar en el proceso –sobre todo penal- un instrumento para deshacerse de opositores incómodos. El “Lawfare” es tan antiguo como la Biblia.

3.La traición y el abandono del procesado. En las grandes causas judiciales no es infrecuente que la traición de gente cercana al procesado se haga patente. Con excepción de las mujeres, que aparecen acompañándolo y consolándolo siempre, en este caso se describe la entrega explícita, a cambio de unas monedas, por parte de Judas Iscariote; y se registra también el abandono de sus propios discípulos al momento de ser detenido Jesús, y la negación reiterada del principal de ellos, Pedro, que declaraba no conocerlo. Se define así una desolación del perseguido penal que lo lleva al inmovilismo, la incapacidad para defenderse, -no sólo por la explicación teológica de hacer que las profecías se cumplieran-, sino por la parálisis a que puede conducir el saberse gravemente acusado.

Tercera enseñanza para todos los tiempos: la defensa frente a la persecución penal es un derecho imprescindible, un acompañamiento necesario desde los primeros pasos del proceso, dado que el desequilibrio entre el sujeto señalado y el aparato persecutor es tremendamente desigual en la mayoría de los casos.

4. Un proceso que mezcla religión y política. A lo largo de los relatos del Evangelio, lo que inicia como un proceso judicial, poco a poco se convierte en un juicio político. Las acciones de Jesús que motivan su captura y juzgamiento, son principalmente: las prédicas sobre la urgencia de la conversión y liberación según su palabra (que llevan al cargo de que solivianta e instiga al pueblo); las radicales críticas contra escribas y fariseos (que atenta contra la autoridad constituida); la expulsión con violencia de los mercaderes del Templo; y la jactancia de poder destruir ese lugar sagrado para reconstruirlo en tres días (que afecta a la clase de los comerciantes y subvierte el orden público); su proclamación como “rey de los judíos” (que contradice los poderes políticos tanto el judío como el romano); la relativización de los rituales y tradiciones religiosas, privilegiando el testimonio de vida; y, como ya vimos, la principal prédica de que él era, en efecto, el Hijo de Dios, el Cristo que comparte su naturaleza con la del Padre, cuestión que enardecía a las autoridades judías por constituir la peor de las blasfemias por ellos concebible y por lo que merecía la pena de muerte.

Cuarta enseñanza para la posteridad: estamos frente a un proceso en el que se mezclaron razones morales o religiosas con las estrictamente legales o jurídica; riesgo en el que puede caer incluso el procedimiento penal contemporáneo. Además, el simple hecho de que se enuncie la eventual existencia de graves delitos, no alcanza, por sí solo, para comprobar su existencia y, menos aún, la culpabilidad efectiva del procesado. Este principio de separar lo religioso de lo político es extensivo al sano funcionamiento general de la democracia moderna, cuestión que como sabemos, está en seria crisis en nuestros días, dada la influencia y control de movimientos religiosos sobre instituciones y decisiones políticas.

5. Las formas de penalidad en juego. Si bien desde un primer momento lo que buscan los acusadores del Sanedrín es una condena por blasfemia e imponer la pena de muerte (por lapidación según la ley judía; por crucifixión según la romana), la situación política imperante impedía que fuera el propio Sanedrín el que la ejecutara, razón por la cual Pilatos entra en escena por ser la autoridad imperial que tenía “poder sobre vida o muerte” de un acusado. Es claro que los evangelistas han querido cargar la responsabilidad de este deicidio (el asesinato de Dios), antes que en las autoridades romanas, en el pueblo judío en general. Pero es también evidente para ellos que el propósito último de aplicar la pena capital, fue acompañado, a lo largo de este proceso, tanto en el momento de la detención, como en las comparecencias ante el Sanedrín, el pretor Pilatos y el gobernador Herodes, por una andanada de bofetadas, escupitajos, golpes, burlas y humillaciones hasta que por último, sobrevino el suplicio y la crucifixión.

Quinta enseñanza: tuvieron que transcurrir muchos siglos para que la humanidad comprendieran que acusar a alguien no significa que sea culpable; que el maltrato, tortura y humillación de los detenidos son prácticas inaceptables; que nadie está obligado a declarar contra sí mismo y que el silencio no puede interpretarse en su contra (es notable que Jesús en reiteradas ocasiones no responde a interrogatorios lo que es utilizado para inculparlo) y que, por último, se debe respetar la inocencia del procesado hasta que la autoridad judicial competente dicte lo contrario.

6. La cuestión probatoria. Parecen coincidir los relatos evangelistas en punto a que estamos delante de un procedimiento penal que invierte el orden natural de cualquier investigación judicial: primero se conspira y busca la pena a imponer, y luego se trata de construir los hechos y constituir la prueba que los respalde. En particular es evidente que los acusadores de Jesús anduvieron buscando testigos, aunque fueran falsos, para sostener la imputación. Como esto no lo lograron, fue mediante interrogatorios inducidos y capciosos al acusado, -ante el Sumo Sacerdote Caifás en primera instancia y luego ante Pilatos-, logrando que Jesús declare que en efecto él es “el Hijo de Dios”, confesión del delito que andaban buscando sus perseguidores y que los relevaba de procurar cualquier otra elemento probatorio.

Sexta lección para el futuro: en este punto se evidencia una práctica viciosa del proceso penal que llega hasta nuestros días: detener y acusar primero, y buscar las pruebas después. En la larga historia del derecho procesal penal, por otra parte, la confesión del acusado fue valorada como la “reina de las pruebas”. Este mecanismo para “probar” el delito endilgado, se convirtió en una obsesión de acusadores y jueces durante mucho tiempo, sobre todo porque la confesión se quiso obtener por cualquier medio, incluido el tormento o la tortura. Si el acusado aceptaba los cargos en su contra, todos podían respirar aliviados y la justicia se imponía con certeza. Hasta que Cesare Beccaria, en el siglo XVIII, se permitió señalar que la confesión mediante tortura sólo servía para absolver al culpable fuerte que podía resistir, y por el contrario, permitía condenar al inocente frágil o débil que cedía ante el dolor.

7. Las competencias y el lavado de manos. Otro tópico importante en este relato judicial es la cuestión de las competencias. A Jesús lo anduvieron de aquí para allá, unos –el Sanedrín- buscando la condenatoria más grave; otros –Pilatos- tratando de quitarse aquella braza de las manos, enviando al acusado ante Herodes, de nuevo ante el Sanedrín y finalmente lavándose las manos y entregando al acusado a sus perseguidores. Los sumos sacerdotes, escribas y ancianos del Sanedrín no podían permitir la usurpación de su hegemonía religiosa por parte de aquél predicador, -falso profeta-, según su criterio. Tienen claro que deben acabar con él mediante la pena de muerte, pero también saben que la ejecución de esta medida no puede ser llevada a cabo por propia mano en virtud de la naturaleza del castigo y de la competencia romana sobre esas decisiones. Por su parte, según los evangelistas, el pretor Pilatos, aunque no encuentra fundamento a las acusaciones contra Jesús y está convencido de su inocencia, termina cediendo ante el clamor de la muchedumbre (¡crucifícale!) y el argumento de que el César no va a ver con buenos ojos que se deje impune a quien cuestiona su poder político. Se produce entonces el gesto de lavado de manos para que sean otros los que asuman la responsabilidad de ese ajusticiamiento. Nótese que en ningún momento se pronunció una formal sentencia de muerte, sino sólo una entrega de facto del acusado a sus enemigos.

Sétima enseñanza: ha llegado hasta nuestros días la mala práctica de declarar incompetencias por parte de jueces que no quieren resolver el asunto caído en sus manos. En este expediente, además, lo que comienza como un proceso judicial, termina siendo un linchamiento político. La verdad, la justicia, los fundamentos de la acusación y la prueba que los respaldan, terminan sacrificados en el altar de las presiones sociales y el pragmatismo político. Esta es otra cuestión que llega intacta hasta nuestros días; sobre todo cuando la judicatura renuncia a su deber de objetividad, imparcialidad y verdad por intereses ideológicos o partidarios, para perjudicar a un ciudadano de oposición o crítico de los poderes vigentes.

8. El papel del “pueblo”: muchedumbre y manipulación. El pseudo-proceso contra Jesús conoce un momento decisivo cuando Pilatos, presionado por el Sanedrín, decide poner en práctica la costumbre de liberar a un delincuente para las fiestas de la Pascua. Acude a este mecanismo “democrático” para evitar reclamos, tanto internos como externos, y finalmente, para evadir responsabilidades por la muerte del acusado. Su posición es la del político pragmático y oportunista que procura conservar su autoridad a cualquier precio, aunque tenga que sacrificar la verdad y la justicia del caso, con tal de complacer el clamor de las mayorías y así conservar su poder. Los sumos sacerdotes, escribas y ancianos judíos, por su parte, convergen en el mismo objetivo: aprovechan el momento “democrático” para infiltrar, instigar y manipular a la muchedumbre convocada ante el Tribunal, cuestión que logran imponer cuando el Pretor romano les entrega a Jesús para ser crucificado.

Octava y última lección: los procesos democráticos, llámense elecciones, encuestas, sondeos, referendos, plebiscitos, etc., pueden convertirse en simples mecanismos irracionales de manipulación, cuando algunos tienen, coyunturalmente, los recursos económicos-políticos y propagandísticos suficientes para imponer sus particulares intereses.[3] Esos mismos procesos democráticos, debidamente institucionalizados y reglados, conducidos y controlados por autoridades objetivas y competentes, pueden en cambio culminar en la toma de decisiones conscientes e informadas, para el logro de una sana gestión pública, en orden al bien común y en las que las posiciones de la mayoría no impliquen el menoscabo de los derechos fundamentales de las minorías. No es posible, en consecuencia, dejar el juicio de culpabilidad o inocencia de una persona, en manos de una muchedumbre, por mayoritaria que sea. Existe en la práctica una utilización espuria de la democracia, así como una consolidación institucional de la misma según el manejo que se haga de ella. De igual manera, existen falsos demócratas, auténticos autócratas, que apelan a la supuesta voluntad del pueblo para destruir las instituciones; tanto como existen, por el contrario, verdaderos demócratas que, sin dejar de ser críticos con lo que anda mal en la democracia, proponen reformarla y corregirla para mejorarla y fortalecerla.

[1] Este artículo ha contado como bibliografía básica: Sagrebelsky, Gustavo; La crucifixión y la democracia; Editorial Ariel; Barcelona, 1996; así como: Schiavone, Aldo; Poncio Pilatro-Un enigma entre historia y memoria; editorial Trotta; Madrid, 2020; además: Piñero, Antonio; El Jesús Histórico-Otras aproximaciones; Editorial Trotta, Madrid, 2020.

[2] Biblia de Jerusalén; Editorial Española Desclée de Brouwer, S.A., Henao 6, Bilbao, 9; 1975.

[3] Recordemos, en Costa Rica, el tristemente célebre debate sobre el “SI” o el “No” en el referéndum sobre el TLC (octubre de 2007), con feroz campaña de promesas inalcanzables y memorando del miedo incluidos.

Las necesarias reformas electorales que se deben aprobar

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Recién se plantea la necesidad de volver a reunir en una sola elección la escogencia de presidente, vicepresidentes, diputados y las autoridades municipales o cantonales.

Las elecciones cantonales se habían separado desde el año 1998, proceso que se enriqueció con reformas electorales posteriores en las cuales se introdujo el vicealcalde, y estas elecciones empezaron a realizarse dos años después de las nacionales.

El propósito fue darles un papel más relevante a las elecciones municipales, de manera que no se pusieran de furgón de cola de las nacionales. Igualmente, para que las comunidades pudieran poner más atención en sus gobiernos locales y fortalecer con ello la democracia nacional, el sufragio y la participación política ciudadana.

En la realidad esto no funciona de esa manera. Los partidos nacionales no fortalecen sus estructuras partidarias a nivel cantonal. Si los partidos políticos nacionales existen en la práctica solo para las elecciones nacionales, menos existen para impulsar organización provincial o cantonal.

En general, prácticamente, la totalidad de los partidos políticos nacionales carecen de figuras políticas representativas de sus partidos, que sean reconocidas en esa escala nacional. Presidentes y secretarios generales de los partidos políticos solo existen para la formalidad legal de la existencia de los partidos.

En Costa Rica no hay vida política partidaria, puesto que los partidos políticos y por ende sus dirigentes, no existen en la realidad, no están en la discusión de temas nacionales, políticos, económicos o sociales, por citar ejemplos. Los partidos políticos no se pronuncian sobre los principales problemas del país, ni hacen propuestas importantes sobre estos problemas o sobre la agenda política nacional, que es indefinible. Los periódicos no tienen a los partidos políticos, a sus dirigentes, como actores destacados de la vida política nacional.

Los diputados de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa generalmente hablan e intervienen a título personal. Aun cuando actúan como fracción representativa de un determinado partido político, excepcionalmente en sus discursos e intervenciones lo hacen a nombre de su partido, representando a su partido, destacando que lo que dicen es la posición de su partido político. Esto sucede también porque los diputados desde su elección forman casa aparte de su partido, no coordinan ni hablan como voceros parlamentarios de las direcciones políticas de sus partidos, porque estas direcciones, o comités políticos nacionales, en la realidad no desempeñan ningún papel, y los partidos con diputados terminan existiendo porque esos diputados existen. Y, sucede porque no hay disciplina partidaria de ejecutar o apoyas líneas de partido. En la próxima fracción parlamentaria de gobierno, Nogui Acosta, su futuro jefe, ha señalado esta necesidad con sus 31 diputados.

En la realidad los diputados “dirigen”, por su existencia y debates, a los partidos, que son como la cola de un animal dirigiendo a la cabeza de ese animal. La expresión más clara de esto son los mismos procesos electorales nacionales cuando partidos que tienen diputados se llevan enormes palizas como acaba de suceder con los partidos que están actualmente en la Asamblea Legislativa, como fueron el de Fabricio Alvarado, el de Eli Feinzaig o la misma Unidad Social Cristiana. Fabricio y Eli eran el partido mismo. Ni siquiera tenían ni tienen un local político del partido abierto. Sus locales eran sus oficinas en la Asamblea Legislativa. Así no se construyen partidos políticos.

La crisis de la Unidad Social Cristiana fue impactante para sus resultados. Sin dirección política ese partido, sin disciplina partidaria, sus diputados eran como una gatería callejera, era como arriar gatos por la avenida central, todo el mundo por su lado y algunos de sus diputados claramente identificados con el presidente Rodrigo Chaves, y hasta aspirantes presidenciales del presidente Chaves en ese partido.

Solo los diputados del Frente Amplio tienen más claro su papel partidario. Actúan disciplinadamente a nombre de su partido, aunque carezcan de una organización partidaria nacional que les impide tener una mayor representación parlamentaria. El éxito que tuvieron en esta elección se debió al excelente papel que ha tenido toda la fracción legislativa del Frente Amplio, que se ganó un legítimo reconocimiento nacional y a sus próximos diputados electos, que despertaban igual confianza, dos de ellos con experiencia parlamentaria, y los otros con muy buena formación para ese desempeño. Su débil nivel partidario organizativo lo muestran especialmente en las elecciones municipales que ha habido con participación de ellos en algunos de esos cantones.

Así las cosas, los partidos actuales con representación parlamentaria no tienen significado organizativo real en los cantones. Existen en el ideario colectivo nacional, político y electoral, en tanto existen en la Asamblea Legislativa. Su escenario principal es la Asamblea Legislativa.

Los diputados, que son electos por las provincias, tienen un carácter nacional, lo que permite que ciudadanos de una provincia, residentes en una ciudad o pueblo de una provincia, puedan ser candidatos a diputados por otra provincia, lo que evidencia la carencia de liderazgos reales provinciales y por ello también municipales o cantonales, y exhiben así las debilidades partidarias.

Siendo los diputados electos por el pueblo, solo el pueblo electoral que los eligió podría destituirlos. No hay otra manera. Por eso, cuando diputados disienten de los partidos, o de sus fracciones parlamentarias, y renuncian a ellas, no pueden ser despedidos por esos partidos que representan o por los que fueron electos. Este es un problema que enfrentan todos los partidos con los diputados que bajo sus banderas son electos y deciden hacer casa aparte, para llamarse “diputados independientes”. Es clara la amenaza o advertencia que ha hecho el presidente Chaves de “comprar” diputados de los otros partidos para lograr tener sus 38 votos legislativos.

Si no hay vida partidaria cantonal menos la hay a nivel provincial. Los niveles reales de elección son el nacional, que cubre a todo el país para la elección de presidente y vicepresidentes, y las municipales porque en ellas se eligen personas para constituir órganos de poder, el nacional y el municipal, para integrar el gobierno nacional y los gobiernos municipales, que son como pequeñas repúblicas.

Pues bien. La separación de las elecciones desde 1998 fue para fortalecer estas pequeñas repúblicas. Los alcaldes y los vicealcaldes son como el vicepresidente y los vicepresidentes y los consejos municipales son como el equivalente de la Asamblea Legislativa. Los alcaldes y vicealcaldes no tienen, como si lo tiene el presidente de la República, un consejo de ministros de rango municipal.

Si al presidente, a los vicepresidentes y a los ministros no se les permite actuar o identificarse en sus actos con el partido que los nominó para esos puestos, a los miembros de los Consejo Municipales no se les impide identificarse con los partidos que los eligieron. Tienen la posibilidad de actuar directamente como miembros de sus partidos como lo pueden hacer los diputados, que no tienen impedimento legal para actuar políticamente identificados con sus partidos.

A principios de este siglo fui invitado por el Partido Comunista de Portugal para asistir a su Congreso Nacional. Cuando llegué a Lisboa me sorprendió ver toda la capital embanderada con la Bandera Roja del Partido Comunista de Portugal, y mi sorpresa creció cuando entendí que el alcalde y el gobierno de la capital eran del Partido Comunista, y era natural y aceptable ver ese despliegue publicitario para el evento de la realización del Congreso del Partido.

Cuando recuerdo aquel evento pienso en qué sucedería, o qué tipo de escándalo se haría, si la municipalidad de un cantón y su alcalde embanderaran, en Costa Rica, una ciudad o un pueblo porque allí se va a realizar un congreso político del partido que gobierna mayoritariamente ese Cantón o Municipalidad.

Aquí, lo más probable, por el primitivismo político que vivimos, es que se provocaría un gran escándalo político y acusaciones de diverso tipo contra los integrantes de esa Alcaldía o Municipalidad. Para que esto se pueda aceptar se necesita cultura política, cultura ciudadana, cultura cívica, respeto por las actividades políticas de los partidos, pero sobre todo respeto por la democracia y la participación política.

La participación política, hoy pilar constitucional de nuestra democracia, es de papel, es simbólica, es solo para el texto constitucional. El referéndum y el plebiscito, claves de esta participación democrática, solo existen en la legislación como una expectativa de derecho político electoral. En la práctica chocan con el mismo Tribunal Supremo de Elecciones y con la misma Sala Constitucional, que no favorecen la convocatoria de estos instrumentos de poder político ciudadano.

Si la separación de las elecciones municipales de las nacionales fue para fortalecer los gobiernos locales, y no se ha logrado, es una falla institucional política y electoral. La culpa mayor la tienen los mismos partidos políticos. Si ambas elecciones se separaron fue para darle el realce que merece cada una de ellas.

Hoy se apunta que la separación debilitó las elecciones nacionales, y a los partidos grandes, por lo que deben reunirse nuevamente.

Las elecciones que acaban de pasar fue una gran lección política para los partidos tradicionales, para todos los que han electo diputados ahora y en el pasado, de derrota política de esos partidos. Derrota que no dependía del vínculo de ambas elecciones, si no del esfuerzo político que hay que realizar para construir partidos políticos estables, permanentes, nacionales, provinciales o cantonales, con vida política intensa.

Las elecciones que acaban de pasar las ganó “el chavismo político” que se manifestó como una corriente “de aliento”, “de aire fresco” frente a los restantes partidos políticos, frente a los partidos históricos que han gobernado y han tenido representaciones parlamentarias. No las ganó “literalmente” Laura Fernández, las ganó Rodrigo Chaves quien impulsó a Laura Fernández, quien lo representa y quien lo defiende en obra de gobierno y quien se compromete a continuar con sus políticas, y a luchar por reformar la Constitución para que él pueda seguir gobernando en el 2030. Si no se entiende esto, no se comprende el gobierno que viene, ni tampoco se ha valorado correctamente el momento político que vivimos. No es un problema de nuevos partidos o “partidos taxis”.

El Partido Pueblo Soberano es un nuevo partido. Se organizó para las pasados elecciones. No sé si va a desaparecer o no en los próximos meses.

Si Rodrigo Chaves en el próximo gobierno, o fuera de él, quiere volver a participar en la vida política, necesita crear un partido político o aprovechar el que llevó a Laura Fernández a la Presidencia. Tiene que convertirse en dirigente de ese partido o aprovechar el peso y proyección que tuvo en el territorio nacional para lograr el holgado triunfo que obtuvo. Que Laura Fernández diga que se retira de ese partido todavía no le pone la tarjeta de defunción. Ni tiene ninguna importancia que diga que se retiró, salvo que lo quiera meter en un sarcófago, para impulsar un nuevo partido para la III Republica que quieren proponer. Figueres en 1948 no tenía partido político. El Partido Liberación Nacional surgió en 1951, hacia las elecciones de 1953, usando el nombre “Liberación Nacional”, del ejército que constituyó Figueres para la guerra civil de marzo y abril de 1948.

Ese partido, Pueblo Soberano, con lo débil orgánicamente que pueda ser, fue el partido que ganó las elecciones y es el partido “propio” que se formó para ganar la elección. Pueblo Soberano más que un partido fue una corriente política, el “chavismo”. Ese es un insumo que lo pueden aprovechar. Habrá que ver cómo se desempeñará Laura en ejercicio de la Presidencia, especialmente en el campo de la comunicación pública. Me parece que mantendrá el estilo de Chaves, que lo va a tener cerquita, con mesas de prensa los miércoles o cualquier otro día, ¿o dos días por semana?, haciendo giras en la periferia del Valle Central, en todos los cantones que ganaron y especialmente volcándose en Cartago, que fue la provincia que perdieron. Y, también habrá que ver a Chaves fuera de la presidencia, o en el Ministerio de la Presidencia. ¿Habrá chavismo, laurismo, o fernandismo, a partir del 8 de mayo?

El partido Progreso Social Democrático que eligió a Rodrigo Chaves no era partido propio de Rodrigo Chaves. Fue literalmente el partido taxi que le permitió llegar a Zapote, que montado en él lo apropió sin poderlo escriturar a su nombre. Por ello tuvieron que crear otro partido, Pueblo Soberano, que pareciera ser del “·chavismo”, de los “jaguares”, concepto que se ha debilitado como símbolo.

La reforma que se pretende, de volver a unir las elecciones nacionales y cantonales, es un grave error político. Tan solo hay que ver estas elecciones que acaban de pasar, y todas las municipales anteriores.

Cuando Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana eran fuertes y eran partidos gobernantes, con mayorías parlamentarias, ganaban mayorías cantonales. Cuando separaron las elecciones de alcaldes para el mismo año que se hacían las presidenciales, el partido de gobierno ganaba la mayoría de las cantonales. Eso funcionó hasta las elecciones de Laura Chinchilla. A partir de los gobiernos del Partido Acción Ciudadana ya no funcionó, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, y partidos cantonales empezaron a emerger con éxito. Si estos pequeños partidos exitosos perdieron y se debilitaron en parte fue por su mala praxis política cantonal, y en parte también porque muchos de esos alcaldes venían de esos partidos tradicionales repitiendo sus vicios, mañas y malas prácticas políticas.

El reto para los partidos políticos que existen hoy, y para los que sobrevivieron las elecciones pasadas, sin tener representación parlamentaria, es enfrentar las próximas elecciones municipales, en febrero del 2028. Si los partidos políticos y sus grupos dirigentes no han entendido lo que pasó el 1 de febrero, van a ser barridos en las elecciones municipales del primer domingo de febrero de 2028.

Es muy difícil que se pueda cambiar la legislación para volver a integrar ambas elecciones en una sola.

Lo que valdría la pena es cambiar la legislación electoral para modificar el sistema de elección de presidente y de diputados. Así, el primer domingo de febrero del 2030 se elija al presidente de la República siguiente y, el primer domingo de abril se elijan los diputados de la Asamblea Legislativa. Ambas fechas ya están en el calendario de la patria electoral. Esto crearía las condiciones para que la elección de diputados sea más viva, sobre el resultado de quien ganare la elección presidencial en febrero. El peso se daría en ver si se dan más diputados al ganador de febrero, para una mejor gestión de gobierno, o se dan más diputados a la oposición para una mayor gestión de control político legislativo. De esa manera también se resuelve la participación de muchos partidos políticos en las elecciones nacionales y de legislativas.

Si se quisieran unir las elecciones nacionales y las municipales, ese también sería el momento de escoger las autoridades municipales o cantonales. Si hubiera necesidad de una segunda vuelta electoral porque en la primera no se logró el 40% de los votos, en la vuelta de abril se haría el paquete completo, elección entre los dos finalistas, la elección de los diputados y si fuera del caso la de las autoridades cantonales. Las elecciones municipales son por su naturaleza multipartidistas, porque cada cantón tiene una elección separada, como ya se hace y se tiene experiencia.

A estas reformas hay que añadir la de garantizar el presupuesto electoral público para todos los partidos políticos que participen en las elecciones independientemente de si sacan el 4% de los votos o de si eligen un diputado. Si esto se garantizara se podría prohibir todo tipo de donación directa a los partidos políticos. Nadie tendría que poner un cinco, ni nadie haría fortunas con el financiamiento público a los partidos políticos. Esto lo explicaré en otros artículos.

Esto mejoraría la gestión de gobierno y la vida democrática nacional.