Por una democracia avanzada. Nuestra prioridad es Costa Rica. Dejemos de lado los desacuerdos que nos dividen.
Nos corresponde concentrar las fuerzas en nuestra propia tierra para superar el régimen neoliberal y autoritario actual. No el del pasado, sino el de hoy, el que representan Rodrigo Chaves Robles y la presidenta Laura Fernández Delgado.
Urge una lectura real del presente
Esto requiere que las izquierdas, el progresismo democrático y los sectores populares entendamos la realidad política y judicial de hoy, con sus nuevos liderazgos y el reacomodo de fuerzas. Las élites que gobernaron entre 1986 y 2022 ya hicieron su daño destruyendo el Estado Social de Derecho mutilando la democracia y las libertades republicanas; los liderazgos del oficialismo de hoy vienen a dar la estocada final. Vienen a privatizarlo todo, a desmantelar nuestras instituciones y a liquidar los programas sociales. Si lo permitimos, la salud, la educación pública, y la ayuda social se reducirán a limosnas, condenando a las personas más pobres a una mayor miseria.
Urge construir la unidad en la diversidad.
No podemos callar ante un régimen represivo que ataca al Poder Judicial, a la Contraloría y al Tribunal Supremo de Elecciones, mientras debilita los controles contra el crimen organizado y la corrupción. Frente a este atropello, la solución no es la división. Debemos unir fuerzas desde nuestras diferencias, organizarnos y activarnos hasta recuperar la democracia, las garantías sociales, y la justicia social. Y no permitir que nos arrebaten la jornada de las 8-8-8.
Debemos fortalecer y extender la red de organizaciones cívicas democráticas en todo el país.
La lucha es hoy. Mañana puede ser muy tarde.
“Es la hora de los hornos y no se ha de ver más que la luz”. José Martí
¡Es hora de iluminar y asegurar un mejor futuro para Costa Rica!
Las organizaciones y personas abajo firmantes expresamos nuestra solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores del Semanario Universidad, ante los recientes ataques y cuestionamientos dirigidos contra este medio de comunicación de la Universidad de Costa Rica.
No se trata solamente de defender a un periódico universitario. Se trata de defender el derecho de una sociedad democrática a contar con medios capaces de investigar, cuestionar y fiscalizar al poder, incluso cuando aquello que publican resulta incómodo para quienes gobiernan, para grupos empresariales, para instituciones y para cualquier otro sector con capacidad de influencia.
El reciente ataque contra el Semanario Universidad, presentado bajo argumentos de eficiencia presupuestaria y cuestionamientos a su línea editorial, no puede analizarse de manera aislada. Forma parte de una campaña de desprestigio que, desde sectores conservadores y fascistas, ha acompañado históricamente a este medio y a la propia Universidad de Costa Rica cada vez que sus espacios de pensamiento, investigación y comunicación han cuestionado intereses establecidos.
La historia del Semanario Universidad está precisamente vinculada con la defensa de la libertad de pensamiento y de expresión. Su existencia responde a una tradición universitaria que entiende que la Universidad Pública no está llamada a repetir el discurso de quienes ejercen el poder, sino a producir conocimiento, abrir espacios de discusión y contribuir a que la sociedad pueda conocer y debatir aquello que otros preferirían mantener fuera de la discusión pública.
Por eso resulta particularmente grave que se pretenda deslegitimar al Semanario mediante el señalamiento de los recursos destinados a sus salarios. La discusión sobre los recursos públicos puede y debe darse. Las instituciones públicas deben rendir cuentas y mejorar permanentemente su funcionamiento. Pero una cosa es discutir legítimamente el uso de los recursos y otra muy distinta es utilizar el costo de una planilla como mecanismo para descalificar el contenido de un medio, cuestionar su existencia o sugerir que sus periodistas deberían abandonar la universidad pública porque sus posiciones críticas resultan incómodas.
El Semanario Universidad ha sido durante décadas un espacio para la expresión de múltiples voces de la sociedad costarricense. Ha dado cabida a sectores sociales, comunidades, organizaciones, personas investigadoras, trabajadores, movimientos sociales y personas defensoras de derechos que muchas veces encuentran dificultades para acceder a otros espacios de comunicación.
También ha demostrado que su función crítica no significa responder a un partido político, a un grupo empresarial ni siquiera a las propias autoridades universitarias. Su valor reside, precisamente, en conservar la capacidad de cuestionar a distintos poderes, incluida la propia Universidad de Costa Rica.
Esa independencia es un valor democrático, no un defecto.
Nuestra solidaridad tampoco se limita al Semanario Universidad. Nos preocupa el ambiente cada vez más hostil que enfrentan periodistas, comunicadores y comunicadoras sociales, personas creadoras de contenido, influencers, activistas, organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos y ambientales que ejercen públicamente su derecho a cuestionar las decisiones del poder.
Estamos observando un fenómeno que merece atención: quienes tienen capacidad de comunicar, investigar, denunciar o construir una narrativa diferente a la oficial están siendo objeto de descalificaciones, señalamientos y campañas de desprestigio. La crítica es presentada como enemistad. La denuncia es presentada como conspiración. La investigación periodística es presentada como ataque político. La discrepancia es convertida en sospecha.
Esto constituye un riesgo para la democracia. Una sociedad democrática no puede reducirse a votar cada cuatro años. También necesita instituciones independientes, prensa crítica, organizaciones sociales, universidades públicas, personas activistas y ciudadanía capaz de expresar desacuerdos sin temor a ser perseguidas o estigmatizadas.
Nos preocupa, además, el debilitamiento progresivo de distintos espacios institucionales y sociales que históricamente han funcionado como contrapesos del poder.
La presión sobre las instituciones públicas, el debilitamiento presupuestario de servicios esenciales, los cuestionamientos constantes a derechos adquiridos, las amenazas sobre la seguridad social, los ataques contra quienes fiscalizan al poder y la utilización creciente de la confrontación política como mecanismo para disciplinar la disidencia configuran un escenario que no podemos normalizar.
No afirmamos que todas estas situaciones sean idénticas ni que respondan necesariamente a una única causa. Pero sí consideramos necesario observar el patrón que se produce cuando distintos poderes y voces sociales comienzan a ser desacreditados por el simple hecho de cuestionar al gobierno o a grupos con poder.
Cada episodio puede parecer aislado. El problema aparece cuando se acumulan. Y cuando la crítica comienza a ser presentada sistemáticamente como una amenaza, la sociedad debe preguntarse qué está ocurriendo con su democracia.
La sociedad y la democracia necesita voces incómodas. El Semanario Universidad representa también una de las funciones esenciales de la Universidad de Costa Rica: poner el conocimiento al servicio de la sociedad.
La Universidad Pública no puede ser solamente un lugar donde se forman profesionales. Es también un espacio de pensamiento crítico, investigación, acción social, debate y comunicación pública.
Una universidad que solamente habla cuando sus autoridades están de acuerdo con lo que se dice deja de cumplir una parte fundamental de su función social.
El Semanario Universidad ha incomodado por igual a todos los gobiernos y autoridades universitarias, porque fiscalizar su accionar no es algo a lo que una empresa, una junta directiva o una autoridad quiera estar sometida. Mucho menos cuando ese escrutinio social y mediático proviene de un medio de servicio público, con independencia editorial y una mirada crítica sobre el ejercicio del poder.
Por eso defendemos el derecho del Semanario Universidad a equivocarse, a ser cuestionado, a mejorar y a recibir críticas.
Defender al Semanario no significa considerar infalible todo lo que publica. Significa defender su derecho a publicar, investigar y ejercer el periodismo sin que su existencia sea amenazada por el contenido de sus informaciones.
La crítica al periodismo se responde con más periodismo. La crítica a una investigación se responde con argumentos y evidencia. El desacuerdo editorial se responde con debate. No con campañas de intimidación o desprestigio.
Las organizaciones y personas abajo firmantes consideramos que guardar silencio frente a estos acontecimientos solamente contribuye a normalizar un clima en el que cada vez resulta más difícil disentir.
Por eso expresamos nuestra solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores del Semanario Universidad y con todas las personas comunicadoras, periodistas, creadoras de contenido, activistas y defensoras de derechos humanos y ambientales que han enfrentado situaciones similares.
Reconocemos el trabajo realizado durante décadas por el Semanario y, particularmente, el esfuerzo cotidiano de sus periodistas y trabajadores por investigar, preguntar, contrastar fuentes y mantener abierta una ventana para las voces que no siempre encuentran espacio en otros medios.
Sabemos que todo medio de comunicación puede mejorar. También sabemos que ningún medio está por encima de la crítica. Pero precisamente por eso defendemos su existencia: porque una democracia necesita espacios donde distintas posiciones puedan expresarse, confrontarse y ser fiscalizadas públicamente.
Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, universidades, sindicatos, comunidades, periodistas, comunicadores, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía en general a no permanecer indiferentes ante cualquier intento de reducir los espacios para la crítica y la disidencia.
Defender la prensa crítica es defender el derecho de la sociedad a saber.
Defender a quienes disienten es defender la democracia.
Y hoy, frente a cualquier intento de silenciar, disciplinar o intimidar las voces críticas, consideramos necesario decirlo con claridad: No nos vamos a quedar callados.
La lista de personas que firman en representación o con afiliación a organizaciones, instituciones o a título personal se puede ver en el mismo formulario o bien en el PDF que compartimos mediante el siguiente enlace:
«Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz». — Benito Juárez (1806-1872)
Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr. Profesor catedrático jubilado UCR y UNED Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Compromas con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL) biodiversidadcr@gmail.com
Mientras la confrontación y el agravio contaminan el debate público, dos escolares costarricenses recordaron, desde las aulas y los actos patrios, que la democracia se construye con respeto, diálogo y responsabilidad.
Hay algo profundamente desconcertante en contemplar, durante este Mes de la Patria, la palabra PAZ adornando los escenarios oficiales mientras Costa Rica atraviesa un período de intensa crispación política. Las puestas en escena institucionales pueden ser hermosas, pero las palabras que se pronuncian desde el poder también funcionan como espejos que reflejan contradicciones difíciles de ignorar.
¿Cómo explicar que, mientras se invoca la concordia en los actos patrios, la confrontación y la descalificación sigan ocupando un lugar tan visible en el discurso político? La pregunta no es menor; la paz no se construye con lemas, banderas ni declaraciones solemnes, sino mediante el respeto cotidiano a quienes piensan diferente.
Frente a esta realidad, la verdadera sensatez cívica ha surgido, una vez más, desde las aulas escolares. El pasado 1.º de septiembre, en San Isidro de Coronado, la niña Keyla Chavarría Jiménez, de apenas ocho años, participó en los actos patrios con un mensaje que merece ser recordado. Su presencia nos invita a reconocer que la infancia también tiene mucho que enseñar a una sociedad adulta que, con frecuencia, parece olvidar el valor de la convivencia democrática.
Pero fue durante la celebración oficial del 15 de septiembre de 2026, en San José, cuando el estudiante de quinto grado de la Escuela España, Roberto Segura Murillo, pronunció un discurso que merece especial atención. Ante la presidenta de la República, ministros, autoridades municipales, docentes, de familia y estudiantes, el niño ofreció una lección de civismo que trasciende los actos protocolarios.
Roberto comenzó recordando que la independencia no es únicamente un acontecimiento ocurrido hace muchos años; es, también, una tarea que debemos seguir construyendo y cuidando cada día. La libertad, explicó, se expresa cuando respetamos a los demás, cuidamos nuestro país, estudiamos con esfuerzo y hacemos lo correcto, aunque nadie nos esté viendo.
En esas palabras hay una comprensión de la ciudadanía que no siempre encontramos en quienes ejercen el poder. La independencia implica la responsabilidad de preservar las libertades, las instituciones y los derechos que permiten a cada persona vivir con dignidad.
El escolar recordó, además, que Costa Rica se caracteriza por ser un pueblo trabajador, amable, solidario y respetuoso, evocando ese «pura vida» que identifica nuestra manera de relacionarnos y que debería expresar esperanza, optimismo y agradecimiento. No se trató de una exaltación vacía de la nacionalidad, sino de una invitación a reconocer los valores que han contribuido a nuestra convivencia.
Uno de los pasajes más significativos de su discurso fue su referencia al sistema educativo. Roberto afirmó que este nos cobija a todos, sin importar nuestras divergencias, y lo comparó con una madre amorosa que sueña con un futuro mejor para todos sus hijos. También recordó que nuestra democracia permite participar, expresar opiniones y trabajar juntos por el bienestar común.
¡Qué contraste con las voces que pretenden convertir las diferencias en amenazas! En una democracia, pensar distinto no constituye una falta; la diversidad de opiniones no es un obstáculo que deba eliminarse, sino una condición necesaria para que la sociedad pueda deliberar y tomar decisiones colectivas.
Roberto también se refirió a la tea y al fuego de la libertad que recorren nuestras calles, recordando que cada generación tiene la responsabilidad de mantenerla viva porque no basta con recibir una herencia histórica: hay que cuidarla para que no se apague.
Su interpretación del lema oficial de estas fiestas, «Costa Rica: 205 años, libres, en paz y sembrando futuro», resultó particularmente elocuente. Así como un agricultor siembra una semilla con la esperanza de cosechar buenos frutos, nosotros podemos sembrar respeto, honestidad, solidaridad, responsabilidad y amor por la patria.
La metáfora agrícola adquiere una fuerza especial en boca de un niño: el futuro no se improvisa ni aparece por decreto, se cultiva mediante las acciones del presente, y una sociedad que aspira a cosechar paz no puede abonar la convivencia con el insulto, la exclusión o la descalificación de quienes ejercen funciones críticas.
El estudiante fue todavía más claro al recordar que todos los habitantes de nuestra patria tienen derecho a participar plenamente en los procesos democráticos. Habló de inclusión, igualdad de oportunidades y respeto por la diversidad, porque, como afirmó de forma categórica, «una patria es más fuerte cuando nadie queda atrás». Esta afirmación debería resonar en todos los despachos públicos.
La democracia no se fortalece cuando se clasifica a la población entre quienes merecen ser escuchados y quienes deben ser señalados o excluidos; se fortalece cuando las diferencias pueden expresarse sin temor y cuando las instituciones protegen por igual la dignidad de todas las personas.
Sin embargo, el momento más contundente de su intervención llegó con un llamado que debería ser escuchado con particular atención por quienes gobiernan: «Sigamos construyendo un país donde siempre gane el respeto y nunca la violencia. Aprendamos a resolver nuestras diferencias hablando, escuchando y comprendiendo a los demás. Cuidemos la paz porque es uno de los regalos más valiosos que hemos recibido como nación».
No hay en estas palabras ingenuidad alguna; hay, por el contrario, una comprensión elemental y profunda de la vida democrática. Resolver las diferencias hablando, escuchando y comprendiendo exige reconocer al otro como interlocutor legítimo, incluso cuando sus ideas nos incomodan, una disposición que es totalmente incompatible con la lógica del agravio permanente.
El mensaje de Roberto adquiere una dimensión mayor cuando se pronuncia frente a las autoridades del Estado. Mientras desde distintos sectores del poder se multiplican las descalificaciones hacia quienes ejercen funciones de control, crítica o fiscalización, un estudiante de quinto grado nos recuerda que la democracia se sostiene en el respeto, la participación y la responsabilidad compartida.
No corresponde exigir a la niñez que repare aquello que los adultos deterioramos, pero sí corresponde escucharla cuando nos recuerda principios que deberían orientar la vida pública. La escuela no solo transmite conocimientos, también puede formar ciudadanos capaces de convivir, deliberar y reconocer que ninguna diferencia justifica la violencia o la humillación.
El triunfo electoral concede el derecho a gobernar durante un período determinado; no otorga poder absoluto para descalificar a los adversarios, debilitar los contrapesos institucionales ni convertir la crítica en una amenaza. La autoridad democrática se ejerce con límites, responsabilidad y respeto por quienes no comparten las decisiones del Gobierno.
Por eso, el mensaje de este niño no debería quedar reducido a una intervención más dentro de los actos patrios; sus palabras constituyen una invitación a revisar la forma en que estamos construyendo nuestro presente y, sobre todo, el futuro que dejaremos a las nuevas generaciones.
La paz va mucho más allá de la ausencia de violencia física: significa aprender a convivir con las diferencias, escuchar antes de condenar y reconocer que nadie posee el monopolio de la verdad. La democracia, por su parte, no se limita a depositar un voto, sino que exige participación, respeto a las instituciones y disposición permanente al diálogo.
En este Mes de la Patria, mientras miles de costarricenses recorren las calles con la tea y las banderas blancas, las palabras de Roberto nos recuerdan que el futuro también está en nuestras manos, y que sembrar futuro no consiste únicamente en proclamar grandes objetivos, sino en cultivar desde ahora las condiciones que permitan alcanzarlos.
Tal vez la mayor lección de este Mes de la Patria no surgió de los adultos, sino de nuestros escolares. Keyla, desde Coronado, y Roberto, desde San José, enviaron un mensaje contundente. Nos recordaron que la dignidad, el respeto y la convivencia no son asuntos secundarios. Son, en realidad, el terreno donde se cultiva la patria.
En la vida política costarricense parece estar emergiendo un fenómeno nuevo que, quizá de manera provisional, puede denominarse populismo autoritario, a falta de una definición más precisa que dependerá del rumbo que tomen los acontecimientos en los próximos años.
Este fenómeno comienza a configurarse cuando apenas se cerraba el largo ciclo histórico del sistema bipartidista que predominó en Costa Rica durante varias décadas. Aquel período estuvo marcado por una notable estabilidad política y por una dinámica de alternancia entre dos grandes agrupaciones, una más progresista que la otra. Aunque ese contrapunto no estuvo exento de conflictos, permitió la consolidación de buena parte de la institucionalidad democrática y de políticas públicas que contribuyeron a un cierto igualitarismo social.
Sin embargo, contra muchos pronósticos, ese sistema colapsó con relativa rapidez. Factores sociopolíticos propios de la sociedad costarricense, combinados con transformaciones económicas y culturales de alcance global, precipitaron el derrumbe de uno de los dos grandes partidos tradicionales y el deterioro progresivo del otro. Se abrió entonces un período de mayor volatilidad política, caracterizado por la desaparición de antiguas lealtades partidarias y la proliferación de múltiples agrupaciones.
En ese escenario surgió una alternativa que se presentó como democrática, reformista y progresista: el Partido Acción Ciudadana (PAC), fundado en el año 2000. El PAC reivindicó la ética pública y logró modificar la dinámica electoral tradicional, provocando en tres ocasiones una segunda ronda electoral y alcanzando el triunfo en dos de ellas. Sin embargo, su trayectoria también estuvo marcada por contradicciones, dificultades para traducir sus principios en una transformación profunda de las estructuras económicas y sociales y un progresivo distanciamiento respecto de sectores que inicialmente habían depositado expectativas en él. Su derrota electoral en 2022 no puede explicarse únicamente por factores coyunturales: también expresa el desgaste de una alternativa que, para una parte de la ciudadanía, no logró responder a las expectativas que había suscitado.
La experiencia costarricense no es necesariamente excepcional. En otras sociedades democráticas se han producido desplazamientos políticos en los que el agotamiento o la pérdida de credibilidad de una alternativa progresista han abierto espacio a opciones de signo muy diferente. El caso chileno, con el tránsito de Gabriel Boric a José Antonio Kast, constituye una expresión particularmente dramática de esa dinámica. No se trata de establecer una relación mecánica entre ambos fenómenos ni de equiparar sus circunstancias, sino de advertir que cuando una alternativa política pierde capacidad de representar las expectativas de sectores importantes de la sociedad, el espacio que deja vacío puede ser ocupado por fuerzas que ofrecen respuestas de naturaleza muy distinta.
Desde la crisis del bipartidismo, Costa Rica ha vivido una creciente volatilidad política. La previsibilidad que durante décadas caracterizó la vida pública se debilitó, mientras aumentaban el pragmatismo, el oportunismo y la fragilidad de los liderazgos partidarios.
Fue en ese contexto donde emergió la figura de Rodrigo Chaves, prácticamente desconocido para amplios sectores de la ciudadanía tras una larga trayectoria fuera del país. Su experiencia en organismos internacionales, sus habilidades comunicativas y su capacidad para conectar con distintas expresiones del malestar social le permitieron construir una base de apoyo significativa. A ello se sumó un estilo político confrontativo y una estrategia discursiva orientada a presentar a las instituciones y a las élites tradicionales como obstáculos para el cambio.
Pero aquí aparece una cuestión central: ¿qué entendemos por populismo autoritario y por qué podría aplicarse esta categoría al caso costarricense?
El populismo, en términos generales, tiende a construir una oposición entre un “pueblo” presentado como depositario de la voluntad auténtica de la sociedad y unas élites identificadas como responsables de sus problemas. Esa lógica puede adoptar distintas orientaciones ideológicas y no es necesariamente incompatible con la democracia. El problema aparece cuando esa apelación al pueblo se combina con una concepción según la cual quien habla en su nombre puede presentarse como su único o legítimo representante y, desde ahí, cuestionar los límites que la democracia constitucional impone al ejercicio del poder.
Es en esa combinación donde podemos encontrar los rasgos propiamente autoritarios del fenómeno. Entre ellos estarían la deslegitimación sistemática de los contrapesos institucionales; la descalificación de quienes discrepan como enemigos del pueblo o del cambio; la personalización creciente del poder político; la pretensión de subordinar instituciones autónomas o independientes a la voluntad del Ejecutivo; la utilización de una comunicación política polarizante que reduce la complejidad de los conflictos a una confrontación entre “el pueblo” y sus supuestos adversarios; y una concepción de la democracia que tiende a identificar la voluntad expresada en las urnas con una autorización para limitar otros mecanismos de control y deliberación.
No todos estos rasgos tienen necesariamente la misma intensidad ni se presentan de manera simultánea. Precisamente por eso resulta más apropiado hablar de un fenómeno en proceso de configuración que de un régimen ya plenamente constituido. La categoría de populismo autoritario no debería utilizarse como una etiqueta cerrada, sino como una herramienta para observar una determinada evolución de la política.
En Costa Rica, esta perspectiva resulta pertinente en la medida en que algunas de esas tendencias parecen haber adquirido una presencia creciente en el discurso y en las prácticas políticas: la confrontación con instituciones que ejercen funciones de control, la descalificación de adversarios y críticos, la apelación directa a una ciudadanía supuestamente enfrentada a las élites y la tendencia a presentar los límites institucionales como obstáculos a la voluntad popular.
Esto no significa, sin embargo, que Costa Rica haya dejado de ser una democracia ni que su evolución hacia el autoritarismo esté predeterminada. Las instituciones, los partidos, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y la ciudadanía siguen constituyendo espacios de disputa y de resistencia democrática. Precisamente por ello es importante observar el fenómeno antes de que sus rasgos se consoliden.
Tampoco parece suficiente explicar este proceso apelando simplemente al “descontento ciudadano”. La sociedad costarricense no expresa hoy un único estado de ánimo frente a la política. Existen malestares diversos y, en ocasiones, contradictorios: frustración ante la desigualdad, inseguridad o pérdida de oportunidades; rechazo hacia determinadas élites políticas; desconfianza en instituciones y partidos; demandas de mayor eficacia estatal; pero también identificación con liderazgos que prometen orden, ruptura o cambio. Y esos sentimientos pueden coexistir con satisfacción, esperanza o incluso apoyo político al gobierno de turno.
Por eso, más que hablar de “el descontento”, habría que hablar de una sociedad atravesada por malestares y expectativas diversas, que no necesariamente conducen en una misma dirección política. El desafío consiste en comprender cómo esas experiencias diferentes pueden ser articuladas por determinados liderazgos y transformadas en una narrativa política capaz de construir una nueva mayoría.
Aquí reside uno de los principales problemas para las fuerzas democráticas y progresistas. No basta con defender las instituciones ni con añorar el período anterior al populismo. Tampoco basta con reivindicar las experiencias políticas que precedieron al actual momento. Si las instituciones y las fuerzas políticas tradicionales fueron percibidas por una parte importante de la sociedad como incapaces de responder a sus necesidades, defender la democracia exige también reconocer esas insuficiencias.
La democracia costarricense no puede sobrevivir simplemente conservándose a sí misma. Necesita renovarse. Pero esa renovación tampoco puede descansar en la concentración del poder ni en la eliminación de los contrapesos institucionales. El reto consiste en encontrar nuevas formas de representación, participación y deliberación capaces de responder a una sociedad mucho más heterogénea que aquella sobre la cual se construyó el viejo sistema bipartidista.
Esa ciudadanía tampoco constituye un bloque homogéneo. Es social, territorial, generacional, económica y políticamente diversa. No todos viven los problemas del país de la misma manera ni tienen las mismas expectativas respecto del Estado, la economía, las instituciones o el cambio social. Interpelarla democráticamente supone, por tanto, abandonar la pretensión de hablar en nombre de una ciudadanía abstracta y aprender a escuchar esa diversidad.
El desafío de nuestro tiempo no consiste únicamente en defender las instituciones democráticas, sino en hacer que vuelvan a tener capacidad de representar, integrar y procesar democráticamente las diferencias existentes en la sociedad. Una democracia viva no elimina el conflicto: crea las condiciones para que el conflicto pueda expresarse, negociarse y transformarse sin que ninguna fuerza política pretenda monopolizar la representación del pueblo.
Costa Rica se encuentra, por tanto, ante una disyuntiva que todavía está abierta. Puede avanzar hacia una democracia más plural, participativa y capaz de corregir sus propias deficiencias, o puede permitir que los legítimos malestares y frustraciones de la sociedad sean canalizados hacia formas crecientes de concentración del poder.
El desenlace no está escrito. Dependerá de la capacidad de las distintas fuerzas sociales y políticas para comprender una sociedad que ha cambiado, reconocer sus contradicciones y construir respuestas que no pretendan homogeneizarla. La supervivencia de la democracia dependerá tanto de la defensa de sus límites como de su capacidad para transformarse.
Quizá dentro de algunos años, cuando intentemos recordar este extraño momento de la historia costarricense, no sean los grandes discursos políticos los que primero regresen a nuestra memoria. Tal vez recordemos una frase infantil:
“Lero, lero, calzón de cuero”.
Pronunciada por Rodrigo Chaves ante un ciudadano que cuestionaba por qué debía mostrar su cédula para ingresar a la Plaza Mayor de Cartago durante los actos de celebración de la Independencia, la expresión provocó indignación, risas, memes y comentarios de toda naturaleza.
Podríamos quedarnos allí. Podríamos responder a la burla con otra burla, fabricar el meme correspondiente y continuar la interminable batalla de las redes sociales.
Pero también podemos hacer algo diferente.
Podemos queerizar el lero lero.
Queerizar, en este caso, significa tomar aquello que pretendía ridiculizar, desplazarlo de su lugar original y devolverlo convertido en pregunta. Quitarle a la burla su capacidad de humillar y utilizarla para mirar críticamente las relaciones de poder que hicieron posible aquella escena.
Entonces el “lero lero” deja de ser una simple ocurrencia presidencial y comienza a preguntarnos cosas.
¿Cuándo dejamos de escucharnos?
La escena es sencilla.
Un ciudadano interpela a una autoridad pública. Pregunta por qué debe presentar su identificación para ingresar a un espacio donde se desarrolla una celebración nacional. La respuesta termina convertida en sarcasmo.
Podemos discutir si la pregunta era adecuada, si el ciudadano estaba molesto, si existían razones de seguridad para los controles o quién había tomado la decisión.
Pero queda una cuestión anterior a todas ellas:
¿qué sucede con la conversación democrática cuando quien pregunta deja de ser interlocutor y se convierte en objeto de burla?
La pregunta importa porque el episodio no ocurrió aisladamente.
Llegó después de meses de enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y otras instituciones, cuestionamientos al Poder Judicial, conflictos presupuestarios, acusaciones cruzadas, manifestaciones, discursos sobre seguridad, criminalidad y enemigos políticos.
Y ocurrió precisamente durante la celebración de la Independencia.
La fotografía de Cartago
Quizá la imagen más poderosa de aquella noche no sea ninguna declaración.
Es una valla.
De un lado estaban autoridades y simpatizantes gubernamentales dentro de la Plaza Mayor. Del otro, manifestantes contrarios al Gobierno que habían participado en la llamada faroleada por la democracia.
Hubo policías, controles, revisiones y restricciones de acceso.
También hubo autobuses que trasladaron simpatizantes gubernamentales desde diferentes regiones del país y distribución de alimentos, capas y banderas.
Las redes hicieron inmediatamente su trabajo y apareció uno de esos productos inevitables del humor político costarricense: el “escuadrón arroz con pollo”.
Podemos reírnos.
Pero después de la risa queda la fotografía:
unos adentro, otros afuera y una valla en medio.
No necesitamos afirmar que alguien diseñó deliberadamente aquella imagen para reconocer su enorme potencia simbólica.
Era Cartago.
Era la Plaza Mayor.
Era la Antorcha.
Era la víspera del 15 de septiembre.
Era una celebración que supuestamente nos recordaba aquello que compartimos.
Y aparecimos separados físicamente.
La escenografía del poder
Hay otro elemento que merece atención.
La política no solamente habla.
También se viste, camina, gesticula, organiza espacios, construye escenarios y produce imágenes.
Erlin Rojas llamó recientemente la atención sobre la vestimenta presidencial y recuperó una provocadora categoría contemporánea: el fascismo-core. Partiendo de la conocida reflexión de Walter Benjamin sobre la estetización de la política, la categoría permite preguntarnos cómo determinadas imágenes de autoridad, disciplina, seguridad y orden pueden circular culturalmente antes incluso de convertirse en formulaciones ideológicas explícitas.
Conviene ser prudentes.
Una capa azul no convierte a nadie en fascista.
Un despliegue policial tampoco demuestra por sí mismo la existencia de un régimen autoritario.
Y atribuir intenciones políticas precisas a una elección de vestuario sin evidencia sería sustituir análisis por especulación.
Pero observar la escena completa sí resulta legítimo.
Vestimenta presidencial austera. Policía. Vallas. Controles. Autoridades protegidas. Símbolos patrios. Discursos sobre seguridad. Ciudadanos separados.
El objeto de análisis deja entonces de ser una prenda.
Es la escenografía del poder.
La pedagogía de la excepcionalidad
Durante los últimos meses hemos utilizado una expresión para intentar comprender algunos de estos acontecimientos: pedagogía de la excepcionalidad.
No significa que Costa Rica viva necesariamente bajo un régimen de excepción.
Significa algo más sencillo y quizá más difícil de percibir: la posibilidad de que determinadas prácticas inicialmente extraordinarias vayan incorporándose paulatinamente a nuestra experiencia cotidiana.
Primero sorprenden.
Después se repiten.
Finalmente dejan de sorprender.
La pedagogía puede operar mediante discursos: inseguridad, amenazas, enemigos, crisis.
Puede materializarse mediante prácticas: escoltas, barreras, controles, dispositivos policiales.
Y ahora advertimos una tercera dimensión:
la estética.
También aprendemos mediante imágenes.
Aprendemos cómo luce la autoridad.
Cómo luce el peligro.
Quién debe ser protegido.
Quién debe ser vigilado.
Quién ocupa el centro.
Quién permanece afuera.
Pero aquí aparece una cuarta dimensión todavía más preocupante:
aprender quién merece ser escuchado.
Cuando al adversario político se le responde mediante la ridiculización, la lección puede ser sencilla: con determinadas personas ya no hace falta discutir.
Basta reírse.
Pero cuidado: el miedo también puede enseñarse desde la oposición
Aquí necesitamos detenernos.
Sería demasiado cómodo observar exclusivamente al Gobierno.
Durante meses, sectores opositores han advertido sobre autoritarismo, deterioro institucional, amenazas a la división de poderes y eventualmente tendencias fascistas.
Algunas advertencias se apoyan en acontecimientos concretos que merecen escrutinio.
Pero también debemos preguntarnos qué ocurre cuando cada nuevo acontecimiento es interpretado como confirmación definitiva de que la democracia está a punto de desaparecer.
Una hipótesis que explica absolutamente todo corre el riesgo de volverse imposible de refutar.
Si el Gobierno confronta, confirma el autoritarismo.
Si retrocede, fue porque la resistencia lo obligó.
Si aumenta la seguridad, confirma la excepcionalidad.
Si modera el discurso, podría interpretarse como estrategia.
Entonces debemos hacernos una pregunta incómoda:
¿qué evidencia nos haría cambiar de opinión?
La pregunta vale para todos.
También para nosotros.
Nosotros también sentimos el miedo
Esta reflexión no nace desde una supuesta neutralidad exterior.
Quienes observamos críticamente estos acontecimientos también podemos experimentar indignación, cansancio y temor.
Después de Cartago resulta comprensible que algunas personas piensen:
“Hasta aquí. Hay que hacer algo más fuerte”.
Pero precisamente ahí debemos observarnos.
Porque del otro lado puede estar ocurriendo exactamente el mismo proceso.
Algunos simpatizantes gubernamentales consideran que el Gobierno intenta transformar el país y que determinados sectores institucionales y políticos impiden hacerlo.
En redes sociales aparecen entonces palabras como “antipatriotas”, “traidores”, “zurdos” o “enemigos”.
Mientras tanto, desde sectores opositores aparecen “fascistas”, “dictadores” y otras categorías igualmente absolutas.
Las posiciones son distintas y sus fundamentos deben examinarse por separado. Pero pueden producir una emoción semejante:
miedo al otro.
Y cuando cada grupo comienza a considerar al otro una amenaza existencial, la política cambia.
Ya no discutimos sobre cuál Costa Rica queremos.
Comenzamos a discutir sobre quién tiene derecho a pertenecer a Costa Rica.
La ternera
Existe una expresión popular bastante menos académica que quizá explique mejor el problema:
tanto se le jala el rabo a la ternera que termina pateando.
Y cuando patea, poco importa hacia dónde.
Patea.
Una sociedad sometida permanentemente a tensión puede llegar a un punto donde un acontecimiento relativamente pequeño produzca consecuencias enormes.
Una provocación.
Una detención.
Un empujón.
Una actuación policial equivocada.
Una imagen difundida fuera de contexto.
Un video viral.
Después cada grupo podría decir:
“¿Ven? Nosotros teníamos razón”.
Y atribuir al otro toda responsabilidad.
Por eso quizá deberíamos preguntarnos si la principal amenaza inmediata no reside únicamente en determinadas acciones gubernamentales, sino también en la pérdida progresiva de nuestra capacidad colectiva para procesar democráticamente el conflicto.
¿Se rompió la excepcionalidad costarricense?
Durante décadas nos contamos una historia.
Costa Rica era diferente.
La Suiza centroamericana.
El país sin ejército.
El país del diálogo.
El país donde los conflictos se resolvían institucionalmente.
Esa representación siempre fue parcialmente mítica. Nuestra historia contiene desigualdad, exclusión, violencia y enfrentamientos sociales.
Pero los mitos nacionales también cumplen funciones sociales.
Quizá lo que se está quebrando no sea necesariamente la democracia costarricense, sino la representación que teníamos de nosotros mismos.
Nos miramos y ya no reconocemos aquella fotografía.
El 14 de septiembre Cartago ofreció otra:
dos grupos de costarricenses separados por una valla.
Y al día siguiente, durante otra ceremonia de Independencia, volvimos a observar enfrentamientos verbales entre autoridades nacionales y municipales.
Algo está ocurriendo.
Reconocerlo no exige anunciar una dictadura.
Pero negarlo tampoco parece sensato.
¿Pacifismo o blandenguería?
Entonces aparece otra vieja pregunta costarricense.
¿Nuestro pacifismo constituye una fortaleza democrática o simplemente hemos aprendido a soportarlo todo?
Probablemente pueda ser ambas cosas.
Existe un pacifismo que significa:
“Mejor no meterse”.
Eso puede convertirse en pasividad.
Pero existe otro:
“Estoy profundamente en desacuerdo con usted, protestaré contra usted y utilizaré todos los mecanismos democráticos disponibles, pero no necesito destruirlo para hacerlo”.
Eso no es debilidad.
Es una forma exigente de fortaleza democrática.
Protestar no contradice la paz.
Fiscalizar tampoco.
Denunciar abusos no destruye la convivencia.
Recurrir ante tribunales, organizarse, marchar, investigar, escribir, cuestionar y exigir explicaciones forman parte de una democracia viva.
La pregunta es cómo hacerlo sin reproducir aquello mismo que denunciamos.
Quizá no necesitamos unidad
Durante mucho tiempo hemos repetido otra expresión hermosa:
unidad en la diversidad.
Pero quizá estamos pidiéndole demasiado a la democracia.
No necesitamos estar unidos.
No necesitamos pensar parecido.
Ni siquiera necesitamos caernos bien.
Podemos sostener proyectos de país profundamente incompatibles.
Lo indispensable es algo anterior:
reconocimiento mutuo de legitimidad.
Yo acepto que usted pertenece legítimamente a esta comunidad política aunque quiera una Costa Rica distinta de la que deseo.
Y usted reconoce exactamente lo mismo en mí.
Mientras eso exista, tenemos adversarios.
Cuando desaparece, comenzamos a fabricar enemigos.
Quitar la valla
Al principio parecía sencillo decir:
hay que quitar la valla.
Ahora sabemos que no basta.
Primero debemos preguntarnos si quienes están a ambos lados desean quitarla.
Porque ninguna convivencia democrática puede reconstruirse unilateralmente.
Tampoco significa tolerarlo todo.
Diálogo no significa sometimiento.
Pacifismo no significa pasividad.
Pluralismo no significa aceptar la destrucción del pluralismo.
Esperanza no significa ingenuidad.
Quizá necesitamos algo bastante más difícil:
vigilancia democrática sin pánico; resistencia sin odio; movilización sin violencia; denuncia sin exageración; esperanza sin ingenuidad.
No porque exista una vía correcta perfectamente trazada.
Precisamente porque no existe.
Volvamos al “lero lero”
Y entonces regresamos al comienzo.
Lero, lero, calzón de cuero.
Queericemos la frase.
Quitemos al insulto su capacidad de cerrar la conversación y obliguémoslo a abrirla.
Que ya no signifique:
“No merezco responderle”.
Que nos obligue, por el contrario, a preguntar:
¿cuándo dejamos de escucharnos?
¿En qué momento convertimos al adversario en enemigo?
¿Qué estamos aprendiendo a considerar normal?
¿Qué límites democráticos no estamos dispuestos a abandonar?
¿Qué tendría que ocurrir para que cambiáramos nuestra interpretación de los acontecimientos?
¿Podemos protestar sin odiarnos?
¿Podemos defender nuestras instituciones sin convertir el miedo en nuestra principal herramienta política?
¿Podemos disentir radicalmente y continuar reconociéndonos como costarricenses igualmente legítimos?
Quizá la democracia no dependa de encontrar respuestas idénticas.
Tal vez dependa de conservar el espacio donde todavía podamos formularnos juntos esas preguntas.
Porque el verdadero problema no comenzará cuando desaparezca la valla de la Plaza Mayor.
Comenzará si algún día descubrimos que la valla ya no necesita estar allí porque la llevamos instalada dentro de nosotros.
En nuestra casa nacional estamos viviendo una experiencia, no conocida en la historia costarricense, el tener un gobierno que se burla de la ciudadanía, atentando contra ella, lo hace con la participación y complicidad de funcionarios públicas que complacen a la tiranía, a la que temen. Los ejecutores de las acciones contra personas de su propia clase e intereses asumen inocencia por cumplir órdenes, pero son culpables, como los decisores y gobernantes que obedecen y protegen.
La historia está plagada de inocentes, corruptos, traidores y criminales al servicio de gobernantes tiranos, que participan en innumerables delitos, como múltiples son los pretextos para reprimir, secuestrar o desaparecer a las personas por ideas, etnias, religiones, ideologías, culturas, migrantes, miedos, o por la apropiación de territorios ajenos. Los ejecutores de los vejámenes y crímenes de lesa humanidad son los subordinados y los delincuentes. Las víctimas y victimarios son instrumentos del despotismo totalitario.
La política fundada en el miedo distorsiona y niega la libertad y la democracia, como impide imaginar un mundo sin regulación y coacción, como en la libertad de no tener miedo en sociedades del miedo. Al parecer la historia se repite aquí como caricatura, como nos recuerda Erich Fromm “… hemos debido reconocer que millones de personas, en Alemania, estaban tan ansiosas de entregar su libertad, como sus padres lo estuvieron de combatir por ella”. La libertad, esa utópica esperanza antagónica a los miedos, es quizás la ilusión cada vez más olvidada de la humanidad.
Es una obviedad el afirmar que las tiranías de todo tipo, así como las guerras, se sustentan en funcionarios incondicionales y de otros dispuestos a todo, que ejecutan ordenes, pero también habrá que reconocer, que en la manipulación de la historia han omitido los infinitos casos, donde la desobediencia permitió desenmascarar culpables y revelar injusticias, así como evitar tragedias o poner fin a guerras.
Evidenciamos una violencia verbal gubernamental de odio permanente contra la ciudadanía y la institucionalidad pública, como infames son los calificativos a quienes demandan y protestan por las obligaciones incumplidas del Estado en salud, educación, seguridad, así como con la protección a las mujeres, niños, jóvenes, migrantes y poblaciones originarias. La liquidación de la institucionalidad pública que efectúa el cogobierno no destruye entidades bajo su control, lo hace contra las políticas públicas, que fueron creadas históricamente por las necesidades y las problemáticas sociales que no han desaparecido. El gobierno se enfrenta ilegal, ilegitima y cobardemente contra las poblaciones que tiene el deber de proteger y amparar, en la inequidad y la desigualdad existente que ha agudizado.
Es una lástima que los funcionarios de la institucionalidad pública sean impasibles ante las prácticas de jerarcas que violentan sus obligaciones, mientras sus obedientes subalternos no están eximidos de culpabilidad ni de las consecuencias de sus propios actos. Los autócratas destruyen nuestra precaria democracia, sin cuestionamiento por los abusos contra los derechos ciudadanos y constitucionales. Al parecer los inmunes, luego de los juegos de poder, concertan en coexistencia pacífica, mientras …
Es patológica la actuación de individuos que, desde poder estatal, atentan contra la calidad de vida de una población y los valores nacionales, como es, de cobardes insultar, difamar y mentir contra los ciudadanos, cuando dispone de todos recursos del poder para ampararse y ser intocables.
Las tiranías del presente arguyen ser demócratas y a todos que los cuestionen les dicen izquierdistas, -aunque no es ningún problema ni un delito- o cualquier calificativo que los degradan o los condenan, cuando precisamente es lo inverso. La democracia implica el respeto a la heterogeneidad de pensamientos, análisis y posiciones, porque las personas y las realidades son diversas, como sus desenvolvimientos y perspectivas, así como, por existir intereses y tendencias contradictorias en un universo desigual e inequitativo. Si bien, la igualdad es una utopía, porque no somos robots, ni poseemos idénticas culturas, ni deseamos ni aspiramos lo mismo, pero no implica enfrentarnos e intentar liquidarnos, porque los tiranos han mostrado, hoy y siempre ser capaces de destruir sociedades y civilizaciones.
La democracia supone y requiere del diálogo, para negociar, conciliar o disentir, porque somos interdependientes y convivimos en el mismo espacio social, económico y político. Así, creer que empobrecer y destruir a unos, será el enriquecimiento y la usurpación de otros, es una visión que también un economista premiado, James Buchanan, creía que “una situación ideal” es “dominar un mundo de esclavos”. Sin duda, una ignorante y estúpida posición, además de ser una regresión cognoscitiva e histórica.
El disidente no merece ningún calificativo que afecte su integridad, capacidad ni derechos, pero suponer que la verdad es la enunciada por el poder gubernamental, y que los críticos están equivocados, que deben callarse, irse o ser aislados, es precisamente la posición antidemocrática y totalitaria que se observa tendencialmente aquí y en la globalidad imperial.
[1] Catedrático jubilado. Facultad de Economía. Universidad de Costa Rica.
La democracia se defiende con el pueblo en las calles.
Este 14 de setiembre de 2026, Cartago vuelve a demostrar que la libertad no se negocia, que la democracia no se encierra detrás de vallas y que la ciudadanía no puede ser tratada como una amenaza.
¡Este atropello tiene que caer!
Las autoridades nacionales y municipales deben dar marcha atrás a la decisión de cerrar los comercios y las calles en un perímetro tan amplio que impida el libre acceso durante la celebración cívica.
Debemos preguntarnos todos los costarricenses
¿Desde cuando la llegada de la antorcha y el desfile de faroles requiere cercar nuestras ciudades? ¿Desde cuándo la ciudadanía que piensa diferente debe ser vigilada? ¿Desde cuándo protestar pacíficamente se convierte en una amenaza?
En un país que decidió abolir el ejército y resolver sus diferencias mediante el dialogo, no queremos calles militarizadas ni despliegues innecesarios que intimiden a nuestra gente.
Cerrar el corazón de Cartago durante una de las celebraciones que más visitantes atrae significa golpear directamente a quienes trabajan y sostienen a sus familias con su trabajo diario.
El pequeño comercio también merece celebrar.
Las personas emprendedoras también tienen derecho de ganarse la vida.
Cartago es de todos y todas.
Una fiesta de la libertad no puede convertirse en una barrera para la participación.
¡La protesta pacífica es democracia!
Hoy nos invade la preocupación por un despliegue policial que consideramos innecesario, desproporcionado e innecesario.
Cartago se respeta!!
Por eso hacemos un llamado de alerta ante cualquier acción que pretenda restringir nuestras libertades económicas, cívicas, de expresión y de libre tránsito.
No al miedo
No a la intimidación
No a la criminalización de la protesta
Si a la democracia
Si a la libertad
Que este 14 y 15 de septiembre no solo sea una celebración de nuestra independencia sino también de nuestra capacidad defenderla.
Porque Costa Rica no se construyó con miedo se construyó en libertad.
Costa Rica atraviesa un escenario político distinto al que caracterizó su vida en os últimos 75 años. Transita por un terreno árido. Tanto por la irrupción de personajes ajenos a los bloques políticos tradicionales, como por la introducción de una agenda que prioriza temas hasta ahora ausentes (en particular la crítica a los poderes del Estado) expresadas en un tono poco habitual en el escenario político nacional. Suficiente para remecer las estructuras tradicionales e introducir en el debate la sensación de que peligran sus instituciones democráticas.
Un griterío ensordecedor ha sustituido el debate sobre alternativas de desarrollo. Ni el gobierno, ni la oposición, parecen sentirse obligados a poner sobre la mesa ideas sobre el tema. Barridas para debajo de la alfombra, se podría pensar que tienen poco que ver con el debate sobre la democracia.
¿Qué problema han resuelto los representantes de esa nueva expresión política que gobierna el país desde 2022? Pensemos un poco: ¿alguna propuesta para enfrentar la deuda sin coartar la creciente necesidad del gasto social? ¿Alguna idea nueva? ¿Alguna sugerencia para tratar el tema de la informalidad, de la creciente desigualdad social? ¿Alguna propuesta para restaurar una indispensable calidad de la educación pública, la atención del seguro social, las pensiones?
La lista es interminable. No se trata de ver los problemas resueltos en los cortos cuatro de la una administración. Eso no se puede. Estoy hablando de ideas, de propuestas capaces de ilusionar a los costarricenses, de hacernos ver un camino por el que nos gustaría caminar. ¡Ideas! Siempre pienso que, en política, son el motor de todas las cosas.
El sistema democrático tradicional
Elliot Coen, consultor político costarricense, decía –con acierto, en mi opinión– que la extrema derecha gana “porque ha sabido leer la grieta fundamental de nuestra época: la desolación de millones de personas para quienes el sistema democrático tradicional dejó de ser una promesa de futuro y se convirtió en una abstracción inútil”.
El estancamiento prolongado, la precarización, la inflación, “han pulverizado el contrato social. Para el trabajador informal o el repartidor de plataformas, el Estado no es un garante de justicia”, señaló. Yo agregaría que hoy tampoco es un instrumento de esperanza.
Sobre el sistema democrático tradicional, el exvicepresidente de la República Kevin Casas, hoy secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), con sede en Estocolmo, escribió recientemente un artículo. De paso por el país, sugirió su lectura.
Es un texto curioso, publicado en Americas Quaterly el pasado 31 de agosto. El entusiasmo por lo que Casas califica de “notables y sostenidos progresos en desarrollo humano” en América Latina está vinculado, en el artículo, a la celebración de elecciones democráticas. En su opinión, “las elecciones le han dado a los ciudadanos latinoamericanos una participación en el poder sin precedentes”. Al mismo tiempo señala –citando datos de la Cepal– que la pobreza en América Latina se redujo a la mitad desde 1990, que la extrema pobreza bajó en cerca de 40% y la desigualdad de ingresos ha disminuido en prácticamente en toda la región en las últimas tres décadas.
Una lectura que no deja de sorprender. Desde mi punto de vista choca, por un lado, con la impresión que deja cualquier recorrido atento por la región. Desde luego choca si solo miramos el escenario costarricense, el político y el económico. Por otro lado, me parece difícil de sostener ese vínculo entre el proceso electoral y el desarrollo virtuoso, con la idea de que las elecciones han dado a los ciudadanos latinoamericanos una participación en el poder “sin precedentes”.
El mismo artículo reconoce lo vacío de esos procesos electorales, las crecientes irregularidades con que operan. Lo más sorprendente, por contradictorio, es la afirmación de que estudios de la propia IDEA muestran que, en la región, se ha ido perdiendo la credibilidad en las elecciones y la confianza en las autoridades electorales.
Entonces ¿a qué atenernos?
Veamos los datos de la Cepal a los que acude Casas. Se trata del “Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023”. Es cierto que podemos ver en el gráfico 3 que el 51,2% de la población estaba en la pobreza en 1990 y que 15,5% estaba en la pobreza extrema. Esas cifras habrían caído a 29,1% y 11,4% en 2023. De modo que podemos estar satisfechos con esa reducción, sobre todo si no entramos en detalles de cómo se hacían las mediciones entonces. Pero hay que ser cuidadoso en el manejo de las cifras. El mismo gráfico nos muestra que en 2010 el 31,5% estaba en la pobreza y el 8,6% en pobreza extrema. O sea, en los últimos quince años la pobreza se mantuvo prácticamente sin cambio, mientras la pobreza extrema creció ligeramente.
En el mismo documento de la Cepal podemos leer que “en la dimensión laboral, América Latina y el Caribe viven una crisis en cámara lenta desde 2010”. “De 2014 a 2023, la tasa de crecimiento del número de ocupados fue de solo el 1,26%, casi la mitad del 3,2% registrado en la década perdida de 1980”. Y el 49% de los trabajadores trabajaban en la informalidad, en el cuarto trimestre de 2022.
En todo caso, el informe advierte que “para 2023 se proyecta un leve aumento de la pobreza y la pobreza extrema, lo que alerta sobre la sostenibilidad de la recuperación experimentada en 2022 en estos indicadores”.
En el informe se puede leer también que el índice de desigualdad de Gini cayó entre 2019 y 2022. Pero “pese a estas mejoras, las brechas de ingreso continúan siendo muy elevadas en los países de la región”. “No solo en el ingreso total, sino también en el ingreso laboral, que es la principal fuente de recursos para los hogares de todos los estratos”. Pero no se trata solo de los ingresos laborales, sino también del patrimonio. “Junto con la desigualdad del ingreso, la extrema concentración del patrimonio es una de las expresiones más evidentes de la desigualdad”. El patrimonio de los 105 milmillonarios de América Latina y el Caribe (es decir de las personas cuyo patrimonio excede los mil millones de dólares) “llegó a 453 mil millones de dólares corrientes en 2022, 4.600 millones de dólares más que en 2021”, dice la Cepal.
Para tener una idea de la magnitud de la riqueza de esos 105 milmillonarios, comparémosla con el PIB de tres países: el de Costa Rica fue, en 2024, de poco más de 89 mil millones de dólares; el de Chile, en 2025, fue de 357 mil millones de dólares; el de Colombia, 457 mil millones.
No me voy a extender sobre el tema. El informe de la Cepal está disponible en línea y me parece que da una imagen más ajustada de la realidad que un entusiasta optimismo sobre los notables progresos en desarrollo humano que los repetidos proceso electorales habrían ayudado a promover en la región.
Volvamos a hablar sobre la democracia.
La calidad de la democracia
Es muy difícil oír a Kevin hablar de democracia sin recordar su papel en la discusión del TLC en 2007, cuando era vicepresidente de la República, durante el gobierno de Oscar Arias. Sus recomendaciones para volcar la votación a favor del tratado -conocidas como el “Memorando del Miedo”– son cualquier cosa menos una receta democrática.
Permítanme una referencia personal sobre el tema. A Kevin lo había conocido antes de que asumirá sus cargos políticos. Después lo vi poco. Nos volvimos a encontrar en un hotel de San José, en alguna reunión a la que yo asistía como periodista y cuando ya había pasado lo del TLC. Kevin se me acercó y dijo algo sobre ese hecho, sobre el que suponía –con razón– que yo estaba muy molesto. Me dijo que lo lamentaba, que había sido un error lo del memorando. Yo estuve de acuerdo con él. Le dije que si de verdad era así, debía decir públicamente que lo que se había logrado de manera ilegítima, fraudulenta, era también ilegítimo. Kevin me contestó –y creo que lo cito textualmente, pese a que, de eso, ha pasado mucho tiempo– que “eso no lo podía hacer”.
Pero creo que la actitud de Kevin se enmarca en un escenario que ya estaba más comprometido para la democracia. Su memorando no era más que el reflejo de un clima creado antes y de mucho mayor trascendencia para la democracia y para la independencia de poderes en el país.
Me explico. Oscar Arias aspiraba a volver al gobierno. La constitución se lo impedía. Empezó entonces a mover sus hilos. Necesitaba el apoyo de la Sala Constitucional. Creyó que lo tenía, pero cuando se puso a votación el tema, lo perdió. Se sintió traicionado, pues le habían prometido los cuatro votos necesarios. Pero no desistió. Hacía falta lograr la mayoría en la Sala y maniobró para lograr la elección de magistrados favorables a su tesis. Manipuló el Poder Legislativo y el Judicial para lograr su objetivo.
¿Para qué lo hizo? Creo que la razón principal era hacer aprobar el TLC. De paso vio la oportunidad de privatizar las telecomunicaciones. Darle un golpe al ICE. Todo eso se hizo.
Viendo el mundo de hoy me parece evidente la mirada corta de quienes apostaban por un tratado que ha contribuido a desarticular la economía nacional, mientras se avanzaba con el proceso de privatizaciones, cuyos resultados me parecen evidentes y lamentables.
Desde mi punto de vista, ambas cosas resultaban un ataque al entramado social sobre el que sustenta la democracia costarricense.
Más de una vez escribí sobre las consecuencias de esas acciones. Siempre pensé que ese manoseo de los poderes Legislativo y Judicial tendría graves consecuencias para el país. Quizás alguien podría pensar que no, que exagero. Pero me parecía que eso era corrosivo, que tendría consecuencias a largo plazo. Me preguntaba que si una persona que había gozado de los mayores honores y privilegios se sentía con derecho de manipular la Constitución en beneficio propio, ¿dónde debía detenerse un padre que no podía alimentar y educar adecuadamente a sus hijos?
Creo que aquellas aguas trajeron estos lodos. Y no veo otra manera de enfrentar el problema sin ir a sus raíces. Chaves no es más que la versión chabacana de esa tragedia, que tiene antecedentes más largos.
Cómo retomamos el camino perdido
Si es así, ¿cómo retomamos el camino perdido? Coen ha sugerido algo que quisiera rescatar: “La extrema derecha no está ganando en América Latina porque sus consultores hayan descubierto el algoritmo de la piedra filosofal. Gana porque ha sabido leer la grieta fundamental de nuestra época: la desolación de millones de personas para quienes el sistema democrático tradicional dejó de ser una promesa de futuro. Lo convirtieron en una “abstracción inútil”.
Es esa grieta la que tenemos que sellar. Entiendo bien lo sensible que es la discusión de cómo hacerlo. Pero hay que intentarlo. Desde mi punto de vista ha sido esa insensata destrucción de lo nacional –desde el sistema bancario hasta las telecomunicaciones, el sistema público de salud, de educación– la apuesta por un modelo de desarrollo basado en un “sector dinámico” de zonas francas que no alcanza para desarrollar un país, mientras un “régimen definitivo”, orientado al mercado local, que emplea a cerca de 85% de la mano de obra, se tambalea. Un sistema que mantiene en la informalidad a poco más de 40% de la población económicamente activa, que se suma a un desempleo de 10% y un subempleo de alrededor de 8% no es sustento para ningún régimen democrático. Son cifras que han permanecido con poca variación (salvo durante la pandemia), con un índice de desigualdad superior al promedio de la OCDE.
De la OCDE son también cifras que nos debían llenar de vergüenza. Pero, sobre todo, hacernos ver que el camino emprendido requiere revisión. Me refiero a la tasa de pobreza entre menores de 17 años, en la que Costa Rica ocupa el primer lugar entre los países de esa organización, con una tasa de 29,6%. Nos siguen Israel, con 23% y España, con 21%. Tampoco hemos hecho la tarea con los mayores de 66 años. Aunque no somos los primeros, ocupamos un sexto lugar, con una tasa de pobreza de 25,8%.
En fin, somos parte de la desolación que afecta a “millones de personas” provocada por proyectos que funcionan mal, que han minado la base social y el apoyo a la democracia. Por lo tanto, hay que empezar por ahí, por reconstruir el modelo de economía nacional, por revivir la seguridad social y la educación pública. Por atender las necesidades de la gente. Por reconstruir el tejido social sobre el que se basa nuestro orden político. Por difícil que sea, no veo otro camino.
Cuando escuchamos al expresidente Rodrigo Chaves en las conferencias de prensa de casa presidencial, es casi inevitable asociar sus palabras con los discursos del viejo filósofo nazi Carl Schmitt, considerado “el enemigo del liberalismo más brillante del siglo XX” (*).
Su discurso se caracterizaba por un gran desprecio hacia las democracias parlamentarias y sus simpatías eran muy claras por la existencia de un líder autoritario en las sociedades modernas de su época.
Además, Carl Schmitt sentía gran desprecio por conceptos como la “separación de poderes” y los “derechos humanos universales”, bases de la democracia moderna. Al referirse a la vida política alemana durante el gobierno de Adolfo Hitter, lo avalaba diciendo: “dime quien es tu enemigo y te diré quién eres”.
Esta frase, por cierto, nos parece que encaja bastante bien con el discurso radical, irrespetuoso y neofascista del presidente de facto, Chaves Robles.
No nos llamemos a engaño, como ocurre en muchos otros lugares del mundo, hoy estamos en las puertas de una era neofascista en nuestro país, arrastrados por un monstruo bicéfalo, de un lado la presidenta en ejercicio y “asistenta” y, del otro, un ministro de la Presidencia que se desempeña como un presidente de facto, ambos torciendo a su antojo los destinos de la democracia costarricense. Y lo peor, empujados por algunos sectores de nuestro país, especialmente por un sector de la clase trabajadora débil y empobrecida, cuyo desencanto por la ausencia de soluciones verdaderas a sus problemas de sobrevivencia, avalan ese discurso de odio de “los presidentes”, quienes parecen fantasear, un día sí y otro también, con las ideas del pensador nazi Carl Schmitt.
La ciudadanía costarricense debe de avocarse ya a construir alternativas que nos alejen de semejante despeñadero. ¡Cómo decían nuestros abuelos, para mañana es tarde!
(*). Rachman, Gideon(s.f.) La era de los líderes autoritarios. Editorial Crítica. (pp. 294 y siguientes)
A propósito de la alocución de la escolar Keyla Chavarría; por qué su llamado al respeto y al diálogo desarma la retórica de la confrontación oficialista y nos recuerda que la paz es una tarea cotidiana
Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr. Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL) biodiversidadcr@gmail.com
«La grandeza de una república no reside en la estridencia de quienes gobiernan, sino en los anhelos de dignidad de su gente y en los límites que la ley le impone al capricho del poder».
Al inaugurarse este mes de la patria en la Costa Rica de 2026, el ambiente nacional se respira tenso, marcado por una preocupante polarización y por discursos oficiales que erosionan cotidianamente el respeto institucional. Frente a esa estridencia permanente que emana desde las cúpulas del poder, la bocanada de aire fresco y lucidez cívica ha venido desde la inocencia escolar.
Este artículo se basa en la conmovedora alocución pronunciada el pasado 1ero. de setiembre en el parque de San Isidro de Coronado por la niña Keyla Chavarría Jiménez, de segundo grado de escuela y tan solo ocho años de edad, con ocasión de la apertura del Mes de la Patria. Sus palabras no repiten consignas de la politiquería barata; por el contrario, configuran una lección magistral de civismo que desmonta el populismo discursivo y nos recuerda que «la democracia no solamente se hereda, también se cuida».
El mensaje de Keyla es un recordatorio de que la salud de una república depende de la calidad ética de la convivencia humana y del respeto absoluto a las reglas del juego democrático. Mientras el aparato propagandístico del oficialismo insiste en insultar a los críticos y en catalogar de enemigos a quienes piensan distinto, la estudiante de segundo grado devolvió la brújula al debate nacional al sentenciar que «aprendemos democracia cuando vemos que las personas pueden pensar diferente y aún así se hablan con respeto».
En una Costa Rica que padece el debilitamiento de su Estado social, la persecución discursiva hacia la academia y el quebrantamiento de la neutralidad pública, la voz de la infancia nos alerta que los valores de la paz y la libertad «no debemos darlos por sentado», ya que «la democracia es un tesoro que recibimos de quienes estuvieron antes que nosotros».
A la par de esta hermosa profesión de fe cívica, la alocución de Keyla se convierte, de forma involuntaria pero categórica, en la advertencia más severa para los gobernantes que confunden el mandato temporal de las urnas con una corona absolutista.
Cuando el Poder Ejecutivo utiliza la descalificación sistemática como herramienta de gestión, el clamor escolar resuena como un emplazamiento ético directo a los adultos que dirigen el Estado: «Enséñennos con su ejemplo, enséñennos que podemos estar en desacuerdos sin convertirnos en enemigos. Enséñennos que nuestras palabras pueden construir en lugar de lastimar».
Gobernar bajo el imperio del derecho implica entender, tal como lo expuso esta niña en Coronado, que «la paz no significa solamente vivir en un país sin ejército, significa también aprender a convivir, perdonar, escuchar y resolver nuestras diferencias sin violencia».
La soberanía no reside en las marcas de un partido político transitorio, sino exclusivamente en el pueblo —esa Nación plural y soberana que define nuestra Constitución—, y la mejor forma de honrarla en este mes patrio es protegiendo los contrapesos institucionales que blindan la libertad de los ciudadanos frente al abuso.
El próximo 14 de setiembre, cuando se espera que muchos ciudadanos participen en la faroleada que se está convocando y utilicen la luz blanca de la concordia para disolver pacíficamente la retórica del odio, la ciudadanía estará respondiendo al llamado de esta escolar de ocho años para «defender siempre el respeto» y «construir juntos una cultura de paz».
Escuchemos la reserva moral que habita en nuestras aulas y exijamos a los administradores temporales del Estado que abandonen los gritos estridentes; es hora de que demuestren estar a la altura de la dignidad que el cargo les demanda y de la grandeza del pueblo al que juraron servir.
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