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Etiqueta: democracia

Reflexión acerca del sistema electoral para la presidencia de los Estados Unidos de América

Sergio Mora Castro

El aparato electoral para definir la presidencia, en los Estados Unidos tiene aspectos discutibles que ponen en duda severa su autenticidad democrática. Al contrario de lo que uno pudiese esperar de una democracia genuina, el presidente de este país no resulta elegido por medio del voto de la mayoría, sino a través del denominado “Colegio Electoral”. El sistema está diseñado, de tal manera, que los votantes no eligen directamente al presidente (i.e. “voto popular”), sino que delegan su decisión a un grupo de representantes, pertenecientes al partido que obtiene la mayoría de los votos en cada estado. De esta manera, los votos a favor de un partido minoritario quedan prácticamente eliminados, como por ejemplo en el caso de los votantes republicanos en California o los demócratas en Texas, o peor aún, los partidos menores, los cuales nunca podrán competir contra los grandes tradicionales. Es un sistema bipartidista, prácticamente autocrático.

El origen de este sistema proviene de los primeros años de ese país, cuando las realidades sociales eran diferentes y apenas trataban de diferenciarse de las estructuras monárquicas europeas. En el contexto actual, su validez es, como mínimo, cuestionable. Aunque Estados Unidos ha seguido la línea de un sistema electoral abierto, los “padres fundadores” establecieron el Colegio Electoral con el propósito de evitar la degradación de toda democracia: el populismo. Al quitarle el poder de decisión final al pueblo, esperaban que la elección del presidente no quedara sometida a los avatares coyunturales del humor popular o el de los candidatos “descontrolados”. Con elecciones de segundo grado esperaban favorecer la elección de candidatos moderados, lo cual funcionó más o menos bien hasta el inicio del siglo XXI, cuando los programas de gobierno de los demócratas y republicanos apenas se diferenciaban, salvo por las políticas fiscal y social.

Pero resulta desconcertante que, pese a sus defectos antidemocráticos evidentes, no se encuentre en la agenda política un proceso de debate para su modernización, y quienes lo han intentado plantear han sido rápidamente silenciados por sus propios partidos.

Pero además de ser cuestionable su valor democrático, el Colegio Electoral se encuentra sometido, en realidad, al poder proveniente de las grandes corporaciones empresariales y financieras que operan detrás de las cortinas … y a veces, no tan atrás. Estas organizaciones hacen donaciones multimillonarias a los candidatos de ambos partidos, moldean sus agendas y condicionan sus políticas. En las elecciones de 2020, las donaciones alcanzaron alrededor de US$ 15 mil millones y se cree que esta cifra ha sido superada con creces en 2024. Sin embargo, esta cantidad de dinero, tan exorbitante, no parece generar inquietud, por lo que el tema no recibe la atención crítica que merece. Estos recursos, en lugar de emplearse para el bien común o fomentar un debate político racional, más bien financian estrategias de desprestigio entre los candidatos.

Las campañas no se centran en propuestas concretas, sino en el descrédito del oponente y como resultado, los votantes quedan atrapados en una realidad frustrante y se ven obligados a elegir, en el mejor de los casos, por “la vía menos mala”. Se recurre a las promesas banales (empleo, crecimiento económico, salud pública, etc.), pero también a la radicalidad, a mundos fantasiosos paralelos y sobre todo, a la desinformación. El proceso electoral termina pareciéndose al campeonato de beisbol, en donde los electores simplemente apoyan fanáticamente a un candidato, cual hinchas de su equipo favorito. Lo triste de esto no es solo que los candidatos dicen cualquier cosa, sino que los rebaños de seguidores les creen ciegamente y sin pedir explicaciones, ni cuentas, al final de sus mandatos (Atención, que este fenómeno es, cuando menos, semejante a lo que pasa en nuestros propios países, con elecciones de voto popular).

Ahora bien, en realidad es necesario reconocer que lo importante no siempre es el presidente, pues a pesar de todo puede solamente ser una figura casi simbólica. Ya se agotaron los Regan, Kennedy, Roosevelt, Obama y Clinton, quienes dejaron una impronta indeleble en sus administraciones, gústenos o no sus orientaciones. Ahora, son mucho más importantes el gabinete y los orientadores del proceso de toma de decisiones del gobierno, pues el mundo se ha complicado excesivamente…

Al final, este sistema electoral no solo reduce la representatividad de los ciudadanos, sino que cuestiona el mismo ideal de democracia al que se adscribe, no parece elegir al mejor candidato, ni siquiera siendo el mayoritario y, en última instancia, tan solo legitima una estructura de poder rígida y manipulada. Sin embargo, también cabe preguntarse si este sería el momento oportuno para cambiar el sistema, pues a todas luces la sociedad estadounidense parece haber perdido el sentido común y se encuentra desorientada en muchos campos, además del político.

Para concluir, agrego que pareciera que para América Latina ninguno de los dos candidatos cambiará en mucho la situación ni la relación recíproca. Pero debe tomarse en cuenta que sí es importante que la economía de EEUU mejore su situación, pues es la que empuja, hacia adelante, nuestras propias economías y evita las tentaciones de los cantos de sirenas de las otras potencias que quieren aprovechar la ocasión para introducirse, precisamente por vía de los gobiernos menos democráticos de la región. No hay vuelta atrás, parece ser que entramos en una nueva etapa global, post-EUA y post-democracia y tendremos que aprender a atravesar tormentas nuevas, menos conocidas, y no menos peligrosas.

¿Es Nayib Bukele un ejemplo demócrata a seguir?

Freddy Pacheco León

Es menester reflexionar, en estos días de tanto desbarajuste provocado por acciones antidemocráticas gubernamentales, que matizan la realidad nacional. Comentar que, planeada desde el Poder Ejecutivo, se desarrolla una estrategia propagandística populista, demagógica, perversa, que atrapa a incautos, en la que el Chaves se presenta como un «súper héroe» nacido del tugurio, en combate cuerpo a cuerpo contra los corruptos, que invita a que lo sigan cual cabeza de un cardumen.

Y es que, a año y medio de finalizar la administración, incapaz de mostrar siquiera, algunas pequeñas cosas buenas, se ha optado por reforzar una «campaña electoral», similar a la desarrollada en la segunda ronda que lo hizo presidente. Por ahí iba su intención de usar la figura del referendo, y, también, los anuncios de promesas, que, sabe muy bien, jamás se van a ejecutar, como son, luchar contra la criminal evasión de impuestos, fortalecer el Seguro Social, llevar bienestar a las ciudades costeras para liberar a sus habitantes de la tentación de buscar ingresos económicos en el narcotráfico, de fortalecer la seguridad ciudadana y acabar con los asesinatos cotidianos, de reafirmar compromisos con el ambiente, de garantizar el eficaz abastecimiento de agua potable…

Promesas y más promesas, que, bien divulgadas, y anunciadas con megáfonos, levantan la esperanza de un pueblo desvalido, que, al no poder superar su pobreza, a veces, extrema, quisieran creerle como último recurso. Pueblo que, dichosamente, poco a poco, parece ir despertando de su letargo.

Pues bien, como parte de esa nada sutil estrategia de campaña, una administración que se dice obstaculizada por caros principios democráticos, como la separación y respeto entre los poderes de la República, y por las instituciones de control del gasto público, ahora promueve la presencia de un cuestionado presidente centroamericano, con la intención de que éste le ayude en su vigente «campaña electoral», presentándolo como un ejemplo demócrata a seguir. Por ello, porque se viene ese incómodo acontecimiento, es pertinente mirar hacia la esencia del gobierno de Nayib Bukele, el ahora colaborador electoral de Rodrigo Chaves.

Al ponerle la lupa, la imagen captada, muestra a alguien que ha demostrado, un total menosprecio por las normas jurídicas salvadoreñas, como, por ejemplo, su menosprecio a la Constitución Política, conque fue electo la primera vez, síntoma evidente, de una deriva autoritaria, aplicada en el pequeño país hermano. Un caso grave es el de su forzada candidatura a la reelección presidencial. Resulta que la Constitución de 1983, prohíbe la reelección inmediata, y dicha prohibición había sido reafirmada por un fallo del 2.014. Sin embargo, gracias a una circunstancial mayoría absoluta, obtenida en las elecciones legislativas de febrero de 2.021, Nayib alteró las reglas constitucionales, gracias a una serie de maniobras alejadas de la legalidad. Cuando su sumisa Asamblea Legislativa, aprobó reemplazar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, le abrió camino a ejercer, una dictadura maquillada de democracia. De este modo, sus «piezas» judiciales resolvieron en el 2.021, que el presidente en ejercicio podía postularse legalmente para el cargo, si se alejaba del poder, un tiempito (seis meses) antes de las elecciones, como simuló hacerlo en el papel, para cumplir con ese fraudulento requisito.

Ejecutada esa maniobra, se postuló nuevamente. Asimismo, procedió a acabar con los vitales entes contralores, dándole vía libre a la corrupción galopante, donde su familia, por cierto, juega un papel determinante.

El enfrentamiento con los pandilleros expulsados de los EE.UU., que acosaban a la población salvadoreña, ha sido motivo de gravísimas acusaciones, lanzadas al basurero, después de la destitución del fiscal general, cerrándose así la investigación penal sobre las negociaciones del gobierno con los líderes de las pandillas. El enfrentamiento con los pandilleros, que expulsados de los EE.UU. (desde donde 2,5 millones de salvadoreños, con remesas anuales de US$8.000 millones, sostienen la economía de su país) acosaban a la población salvadoreña, ha sido motivo de acusaciones, muy serias. Sin embargo, después de la destitución del fiscal general, se cerró la investigación penal sobre las negociaciones amistosas del gobierno con los líderes de las pandillas, truncando un enjuiciamiento oficial sobre el caso, que, por supuesto, empañaba «el único logro» exhibido por Nayib, pese a la gran indignación, nacional e internacional, por las violaciones de derechos humanos, relacionadas con las detenciones arbitrarias de más de 73.000 personas, muchas inocentes, sin contar con el fundamental debido proceso. Pero era tanta la delincuencia, que el pueblo salvadoreño apoyó abrumadoramente las drásticas medidas oficiales, convirtiendo, por ello, a Nayib, en el líder más popular de América Latina, debido a la disminución de las tasas de violencia y homicidios, aunque obedecieran a acciones ilegales por él propiciadas.

El estado de emergencia” que siguió al aumento de la violencia de las pandillas, le dio a su gobierno, como sucediera antes con la pandemia del Covid 19, un camino libre, bien oscuro, tenebroso, para las irregularidades y la corrupción. El resultado fue una falta de transparencia y de acceso a la información pública, así como una total ausencia de rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, al eliminarse las restricciones legales sobre el manejo de fondos del Estado. Hasta hoy, dicho «estado de emergencia» se ha prorrogado 22 veces (la última vez en enero de 2024), por lo cual, la pareja corrupción e impunidad, viven una eterna luna de miel. Por ejemplo, se desconocen los déficits presupuestarios crónicos, pese a las remesas que representan el 28 % del PIB, pues se publican pocos datos sobre la composición exacta del presupuesto del Estado. Por ello, pese a que se asignan cifras gigantescas para «seguridad», la supervisión de las finanzas públicas es prácticamente inexistente.

Y como era previsible, como resultado de la cobertura crítica sobre la corrupción y las políticas públicas, vino el ataque a la prensa independiente. Los periodistas han sufrido la autocensura, al enfrentarse a la intimidación y las agresiones. Otros fueron obligados a abandonar el país, como el medio El Faro, que, habiendo informado sobre la corrupción institucional de El Salvador durante décadas, hubo de salir del país, para trabajar digitalmente desde Costa Rica. De hecho, Departamento de Estado de EE.UU., ha acusado de corrupción a más de una docena de funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, por lo que muchos de ellos figuran en la «Lista Engel» del gobierno estadounidense, que incluye a personajes corruptos y enemigos de la democracia.

Así, con el Poder Legislativo bajo su control total, el Poder Judicial manejado por sus fieles partidarios y el Poder Ejecutivo concentrado en su figura, con un círculo de confianza formado por hermanos y leales servidores, Nayib logró un poder indiscutible en El Salvador, que, por lo conocido, está muy lejos de merecer levantar un estandarte democrático, aunque sí, el de una dictadura que busca entronizarse por muchos años, cuando pise suelo patrio.

Preguntamos, ¿A de ser un modelo ejemplar para los costarricenses? ¿Se justifica honrarlo con una invitación a visitar las sedes de los tres poderes de la República? ¿Su amistad con el presidente Chaves, estará por encima de los principios democráticos, que movilizan a muchos compatriotas? ¿Qué beneficios obtendría nuestra Patria, con su visita oficial, aparte de, supuestamente, ayudar con la «campaña electoral» adelantada, que se desarrolla desde nuestra Casa Presidencial? Finalmente, ¿Será que Chaves aspira a gobernar como su admirado dictador?

Para nosotros, las respuestas son obvias, como también lo es, que repudiamos su inoportuna presencia en Costa Rica.

25.10.2024

Somos el Movimiento PATRIA PRIMERO

Comunicado 1-2024

Como movimiento nacemos de las preocupaciones del pueblo crítico y en resistencia, ante el ataque de personas ajenas a la idiosincrasia costarricense, que buscan destruir nuestro modelo de desarrollo democrático y sostenible. El país nos convoca a la acción.

A nuestro movimiento y a nuestra comunidad patriótica:

Nos une la preocupación común por los graves problemas que afronta el país, su identidad y la expresión de la democracia que ha sido y está siendo manchada y ultrajada, esto requiere un llamado inmediato a la acción de la sociedad y la organización cívica y sectorial.

Todos los aspectos de la gestión estatal están siendo vulnerados y necesitan la atención especial de toda la ciudadanía.

Si bien nuestro Poder Judicial y algunas instituciones de nuestro sistema democrático están en deuda con la ciudadanía, el camino a seguir es la limpieza, modernización y fortalecimiento y no su destrucción, como plantean algunos irresponsables desde la presidencia de la República y más; no podemos mejorar nuestro sistema dinamitándolo porque después no podremos construir nada sobre las ruinas y eso solo le dejará el espacio libre a una dictadura y la pérdida de nuestros derechos constitucionales.

Somos una agrupación pluralista, sin filiación partidista, que busca unificar lo mejor del pensamiento que históricamente hizo de Costa Rica una gran nación, y nos alimentamos de las múltiples capacidades de nuestros miembros para generar líneas temáticas propositivas para una política pública constructiva, justa, ética, sostenible y visionaria.

Manuel Mora: In Memoriam

Roberto Salom E.

A partir de los años setenta formé parte de un movimiento social o sociopolítico más propiamente dicho, que, sin estar confrontado al Partido de Manuel Mora, aspiraba a ser un émulo crítico de ese partido.

A principios de esa década, al calor de la revolución cubana, del conflicto chino-soviético y de otros acontecimientos relacionados, se produjo en Costa Rica, al igual que en otros países centroamericanos, una especie de eclosión revolucionaria, especialmente entre sectores de la pequeña burguesía estudiantil e intelectual, que le imprimieron una nueva dinámica al movimiento de izquierda.

El movimiento del cual formé parte se constituyó en el Partido Socialista Costarricense, desde su nacimiento hasta su ocaso, unos veinte años después de su fundación. Una de las principales tesis que discutíamos con el partido de Manuel Mora estaba relacionada con el problema del poder.

Le achacábamos a ese partido y en particular a don Manuel, una ausencia de lucha por el poder en su práctica y en sus planteamientos. Creíamos entonces que ese era un problema decisivo que nos haría darle un impulso determinante a la revolución social en nuestro país.

Al calor de las discusiones que se dieron por aquella época en el seno de la izquierda, tuvimos nuestras primeras impresiones del viejo líder comunista y aprendimos a quererlo y a respetarlo. Con mucha más madurez personal y política que nosotros, nunca nos antagonizó gratuitamente y más bien, siempre nos dio un trato fraternal.

Desde otras tiendas políticas, la percepción que se tenía del partido de Manuel Mora, y en particular de él mismo, contrastaba con la nuestra. Ya se ha dicho en repetidas ocasiones cómo para un líder de la clase política de este país, de la envergadura de Daniel Oduber, la reforma social de los años cuarenta no hubiera sido posible, si no fuera por el reto de las ideas de don Manuel, (Reflexiones No.31, p.6).

Hoy día, más que su propio partido, el nombre de Manuel Mora está asociado a todas las instituciones sociales de Costa Rica sin excepción; las cuales hicieron posible, en mucho de lo que tiene de positivo, la democracia y la relativa paz social, que a diferencia del resto de los países centroamericanos, han caracterizado la convivencia social en nuestro país desde el fin de la guerra civil de 1948 hasta nuestros días.

Ya sea de manera directa, por medio de sus propias iniciativas y concepciones, o como resultado indirecto de su lucha, las instituciones sociales de este país llevan el sello de Manuel Mora Valverde.

Hoy tenemos la oportunidad de revalorar la trayectoria política de este incansable y visionario luchador social de toda la vida. He llegado al convencimiento, de que una de las principales enseñanzas radica en su capacidad de realizar o poner en práctica sus ideas transformadoras, habiendo sido capaz, para ello de unir a fuerzas políticas y sociales muy amplias, por encima de las diferencias ideológicas que entonces pudieran existir entre ellas.

Manuel Mora demostró que en Costa Rica era posible impulsar grandes transformaciones sociales, en aras de una convivencia social más justa y civilizada, valiéndose del marco institucional, para ampliar el régimen de derecho y sentar así las bases para impulsar una democracia más avanzada, en la que las propias fuerzas socialistas tuvieran un espacio. Paradójicamente, como resultado de la guerra civil de 1948, el Partido Vanguardia Popular fue proscrito constitucionalmente, hasta que a principios de la década de los 70, se abolió el segundo párrafo del artículo 98 de la Constitución Política.

Para decirlo en el leguaje de Gramsci, Manuel Mora entendió la lucha social, más como una larga lucha de trincheras, que como una episódica guerra de posiciones, que se libra de una vez por todas, en un momento determinado. Por eso fue un luchador de toda la vida y sin temor a incurrir en excesos, nos atrevemos a decir que Manuel Mora encarnó el espíritu del luchador social por excelencia. Con visión estratégica, supo librar en cada ocasión los combates decisivos para la construcción de la institucionalidad democrática de nuestro país; pero también para la construcción de la conciencia colectiva y de la identidad nacional durante los últimos cincuenta años.

Manuel Mora conoció durante su vida política, todas las formas de lucha, y no rehuyó los combates decisivos, incluso con las armas en la mano, cuando entendió que las conquistas sociales de los años cuarenta estaban amenazadas, en la compleja coyuntura del 48. No le faltó temple ni entereza para colocarse a la cabeza de su partido después del exilio; para levantar de nuevo la lucha social y consolidar las reformas sociales de los años cuarenta y a la vez, buscar nuevos derroteros en los difíciles años de posguerra.

Supo privilegiar por encima de cualquier programa, al movimiento social real, para decirlo a la manera de Marx, lo cual revela una concepción de lucha muy realista y, además, muy auténtica. Nunca se dejó eclipsar por aquellas concepciones infértiles, si las juzgamos a la luz de los acontecimientos del mundo socialista antes de 1989, que privilegiaron la lucha por el poder, independientemente del desarrollo real de movimiento social. Ello implica, como en efecto lo hizo don Manuel, poner todo su empeño en el desarrollo del movimiento social de los trabajadores.

Al respecto conviene traer a colación a uno de los más autorizados pensadores socialistas, Adam Schaff, para quien una de las principales trampas en que cayó el movimiento socialista, en esa tradición de lucha, que se constituye con el triunfo de la Revolución de Octubre, fue precisamente el voluntarismo, (1993, Pp. 156-19). Esta actitud voluntarista condujo a buena parte del movimiento socialista del pasado siglo XX a subestimar, tanto las condiciones materiales, es decir, socioeconómicas, como los llamados factores subjetivos, es decir, la conciencia y la disposición de los trabajadores para luchar por la sociedad socialista y más aún, para participar activamente en la construcción de esa sociedad.

Lo anterior explica por qué, en nombre del socialismo se cometieron las peores atrocidades; así como por qué la construcción de la sociedad socialista no caminó de la mano con la construcción de la democracia, sino que, casi invariablemente, se constituyó en un Estado autocrático y autoritario que constreñía a la sociedad civil.

Justamente en esto Manuel Mora fue una de las pocas pero importantes excepciones, pues no solo fue un notable constructor de la sociedad civil y de la conciencia ciudadana, sino aún más, abominó del poder si ello lo alejaba de la posibilidad de alcanzar los anhelos de las masas oprimidas, (Reflexiones No. 31, P. 11).

En lo personal, Manuel Mora nunca estuvo obsesionado por la lucha por el poder político, pero en cambio nos legó más en el plano de la lucha social y del desarrollo de la conciencia y de la identidad social de este país que ningún otro dirigente político de izquierda.

Este legado está materializado en las conquistas sociales de los años 40 principalmente, así como en un sentido constructivo y propositivo en la edificación de una Costa Rica más justa, en la que se debían contemplar los derechos de los trabajadores a su organización, a la salud, a una vivienda digna, a la tierra, y a mejores condiciones de vida en general.

De este sentido constructivo careció en muy buena medida el movimiento de izquierda de los años 70, lo cual no implica desconocer el espíritu de lucha, la abnegación, la entrega, la generosidad y hasta el heroísmo que caracterizó a la mayor parte del movimiento de izquierda de las décadas de los años 70 y 80 del siglo XX. Por eso no sobrevivió a su crisis, porque no encontró su propia identidad, careció de autenticidad, de proyección, de visión de futuro, de una concepción capaz de luchar, no solo por la defensa de las conquistas sociales, desde entonces cada vez más amenazadas, sino por ampliar esas conquistas sociales y la democracia.

Se ha dicho que Manuel Mora tuvo el mérito de haber comprendido el sentido de su época, (Reflexiones No. 31, P. 5), más que eso, para nosotros contribuyó como el que más, a darle sentido a su época. Por todo ello, Manuel Mora fue más que un luchador social, un líder político con una amplia y profunda visión y proyección social. Su obra sociopolítica trasciende al movimiento de izquierda costarricense, por la universalidad de su pensamiento y la generosidad de su entrega; por eso fue querido y respetado ampliamente en nuestro medio social y político. Pero la figura de Manuel Mora, también tuvo una gran proyección en el plano internacional, específicamente en la compleja coyuntura de la crisis centroamericana de la década de los años 80; así como en el plano del movimiento comunista internacional.

BIBLIOGRAFÍA

Revista Reflexiones. Facultad de Ciencias Sociales, UCR, Febr. 1995, nº 31.

Schaff, Adam: Humanismo Ecuménico. Editorial Trotta S.A., 1993, Madrid.

IEM-UNA rechaza amenazas de muerte contra diputadas

UNA Comunica. 17 de octubre de 2024. El Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA) manifiesta su profunda preocupación y rechazo ante los actos de violencia política perpetrados en contra de las diputadas Andrea Álvarez Marín del Partido Liberación Nacional (PLN) y Sofía Guillén Pérez del Frente Amplio (FA), las cuales han recibido un correo electrónico con amenazas de muerte, tal y como ha sido señalado por las afectadas de manera pública.

El IEM rechaza la violencia política sea cual sea la manifestación de donde emane y denuncia las terribles prácticas que se han ejercido en contra de las mencionadas diputadas.

En los últimos dos años, el aumento exponencial de la violencia en nuestro país ha venido acompañado de un preocupante incremento de casos en los que mujeres políticas que no forman parte del oficialismo han sido blanco de descalificaciones, amenazas, intimidaciones y ataques, tanto en redes sociales como en la esfera pública. Esta violencia no solo atenta contra las personas afectadas, sino que constituye una amenaza directa a nuestra democracia, al intentar generar un clima de miedo, acallar las voces críticas, restringir la competencia política y sofocar el disenso.

Este tipo de agresiones representan un grave retroceso en los avances democráticos de nuestro país, afectando también de manera significativa la participación política de las mujeres. Costa Rica, como firmante de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y comprometida con la Plataforma de Acción de Beijing, debe garantizar la participación plena y libre de violencia de las mujeres en todos los ámbitos, incluyendo el político.

Ante este contexto, el IEM emite un llamado urgente a renunciar al uso de la violencia como medio de acción política. Condenamos firmemente la utilización de la fuerza, la incitación al odio, la coacción y las amenazas, ya que debilitan el debate democrático y dificultan el diálogo fundamental para el avance de la nación.

El Instituto exige a las autoridades judiciales y de seguridad que actúen con prontitud y severidad para identificar y castigar a las personas responsables de dichas agresiones. Asimismo, se hace un llamado al Gobierno para que asegure la protección y la seguridad de las diputadas, permitiéndoles ejercer sus responsabilidades sin preocupaciones sobre su bienestar físico y emocional.

Finalmente, hace un llamado a todos los actores políticos y a la ciudadanía a rechazar y condenar la violencia de género, tanto física como digital, y a promover el diálogo respetuoso y pluralista como base de una democracia saludable.

Se insta también a las organizaciones de mujeres a mantenerse vigilantes frente a posibles nuevas acciones de violencia y a alzar nuestras voces con firmeza en defensa de los derechos de las mujeres en la política. “Es fundamental que nos unamos para denunciar cualquier intento de intimidación y proteger los espacios de participación política libres de violencia y coacción. Solo a través de la solidaridad y la acción conjunta podremos garantizar una democracia más inclusiva y justa para todas”, afirmó el Instituto.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Amenazas a la democracia costarricense: el análisis de Vladimir de la Cruz

En una reciente aparición en el programa “La Lupa”, de Gilda González, el destacado historiador costarricense Vladimir de la Cruz ofreció un análisis profundo sobre las amenazas que enfrenta la institucionalidad democrática de Costa Rica. De la Cruz se enfocó en los peligros que, según su perspectiva, surgen de ciertas políticas y actitudes del actual gobierno costarricense, describiéndolas como indicios de una tendencia hacia el autoritarismo.

El historiador señaló que, bajo el pretexto de fortalecer la democracia, algunas de las acciones del gobierno podrían estar dirigidas a debilitar los mecanismos de control y contrapeso del sistema democrático. En su análisis, describió la situación como una estrategia que busca justificar el despotismo y la tiranía en nombre de una nueva democracia, alegando que esto refleja una tendencia preocupante que puede llevar a la instauración de un gobierno autoritario.

De la Cruz destacó que el actual presidente parece estar impulsando un discurso que intenta eliminar los controles institucionales, con el fin de ejercer el poder sin limitaciones. Este movimiento, según el historiador, podría abrir la puerta a prácticas corruptas, creando un escenario en el que las libertades democráticas y los derechos ciudadanos se vean erosionados. Advirtió que detrás de la corrupción y la falta de controles efectivos podría gestarse un régimen dictatorial, apoyado en mecanismos de represión y control desde las mismas estructuras de seguridad del Estado.

Además, subrayó que la creación de unidades especiales bajo el mando directo de la Presidencia, como la unidad de protección presidencial y la unidad especial de intervención, representan un peligro para las libertades ciudadanas. Estas acciones, en su opinión, reflejan una concentración de poder sin precedentes en la figura presidencial, lo que podría allanar el camino hacia la dictadura mediante la creación de un aparato de control y represión estatal.

Le invitamos a ver el análisis completo de Vladimir de la Cruz en el siguiente video para profundizar en este relevante tema: Análisis de la realidad costarricense con el historiador Vladimir de la Cruz.

Campaña en defensa del Estado de Derecho de Costa Rica – para firmar

Comunicado de grupo de personas de diversas creencias políticas y ocupaciones

Frente al montaje de hechos falsos, para intentar coaccionar al fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz Sánchez, firmamos este manifiesto.

Costa Rica es la democracia más antigua de América Latina y uno de sus pilares fundamentales ha sido el Estado de Derecho, construido a lo largo de muchas generaciones, que hoy día se ve acosado por los ataques y mentiras de un Poder Ejecutivo, con oscuros propósitos.

Como parte del ataque a nuestra democracia y a la división de poderes, el fiscal general está siendo objeto de amenazas y calumnias que buscan intimidarlo para que la fiscalía no proceda con la función encomendada por el Estado y la Constitución Política en el combate a la corrupción y los delitos contra la hacienda pública.

La fiscalía no ha actuado de oficio en este caso llamado “barrenador” (los EBAIS concedidos a algunas cooperativas y asociaciones privadas por la junta directiva de la CCSS), lo hace obligada por una denuncia de la auditoría interna de la CCSS, que la compromete, por ley a intervenir para esclarecer si hubo o no delito.

Conscientes de eso y también de la necesaria independencia, libre de presiones o amenazas en su actuar, es que damos nuestro indiscutible apoyo a las funciones que realiza la fiscalía, sobre todo en este caso que es objeto de chantaje para intentar obstruir su accionar por parte del Poder Ejecutivo.

La campaña ya cuenta con más de 1200 firmas, si desea agregar la suya siga este enlace.

Lucha por la mejora en el monto de pensión e información del Régimen No Contributivo

Contexto:
Este proceso responde a la solicitud realizada por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social en el oficio ACSS-007-2024, que planteó inquietudes sobre el reajuste de las pensiones ordinarias del Régimen No Contributivo (RNC), bajo la Ley N.º 5662 y Ley N.º 8769. Se presentaron varias preguntas y solicitudes relacionadas con el monto de la pensión, la falta de ajuste en el año 2024, y la entrega de información médica sobre las causas de invalidez para los beneficiarios.

Primera respuesta: Solicitud de reajuste de pensión
La Auditoría solicitó el reajuste del monto de las pensiones del Régimen No Contributivo, aumentando de ¢82.000 a ¢102.500. En respuesta, se indicó que, aunque la Ley N.º 5662 reformada por la Ley N.º 8783 establece la protección para las personas en situación de pobreza extrema que no califican para otros regímenes, el financiamiento del RNC depende principalmente del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), administrado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Se aclaró que la disponibilidad presupuestaria constituye el límite máximo para la gestión de las pensiones. La Junta Directiva de la CCSS, en conjunto con los estudios técnicos correspondientes, tiene la facultad de decidir sobre la variación en el monto de la pensión, siempre que haya suficiente financiamiento y que se cumpla con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 y las normativas de la Contraloría General de la República.

Por lo tanto, debido a la planificación presupuestaria, en 2024 no está previsto un incremento en el monto de las pensiones ordinarias y, por el momento, tampoco se ha considerado un aumento para el año 2025.

Segunda respuesta: Solicitud de ajuste de pensiones conforme a la Ley N.º 7125
La Auditoría también solicitó que se realizará el ajuste de las pensiones bajo la Ley N.º 7125 a partir del 1.º de enero de 2024. Se explicó que, debido a la situación financiera del Régimen y a los recursos aprobados, no fue posible hacer el ajuste en la fecha solicitada. Sin embargo, una vez que se recibieron recursos adicionales, se emitieron las instrucciones para realizar el ajuste correspondiente, el cual se aplicará en la planilla de septiembre de 2024, incluyendo el pago retroactivo.

Tercera respuesta: Solicitud de datos de invalidez del RNC/PCP
Se pidió el suministro de un archivo en formato Excel con información detallada sobre las pensiones del RNC por invalidez, incluyendo variables como número de caso, número de identificación, fecha de nacimiento, fecha de vigencia y la causa de invalidez. En respuesta, se proporcionó un archivo adjunto (Anexo 1), limitado por la privacidad de los datos de carácter médico.

Cuarta respuesta: Solicitud de lista de enfermedades equiparables a PCP, autismo y mielomeningocele
La Auditoría solicitó una lista de enfermedades o condiciones equiparables en severidad a la Parálisis Cerebral Profunda (PCP), autismo y mielomeningocele, de acuerdo con dictámenes emitidos por la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez. El Dr. Henry Jiménez Naranjo, director de la Dirección de Calificación de la Invalidez, emitió una respuesta indicando que el sistema integrado de pensiones clasifica a los usuarios de la Ley N.º 8769 bajo la categoría de condiciones equiparables a PCP.

El Dr. Jiménez mencionó que las condiciones equiparables en severidad incluyen alteraciones genéticas, síndromes neurológicos con procesos degenerativos, retardo mental severo con trastorno conductual de difícil manejo, entre otras. Estas condiciones requieren de cuidados permanentes y suelen estar bajo el cuidado de familiares, lo que les impide realizar actividades laborales remuneradas. La evaluación médica de cada caso es realizada por el personal médico de la Dirección de Calificación de la Invalidez y la Comisión Calificadora.

Para complementar la respuesta, se adjuntó un documento titulado «Guías para la Evaluación de Invalidez y Discapacidad» (Anexo 2), aprobado por la Junta Directiva de la CCSS en sesión N.º 9031, el 9 de mayo de 2019, el cual detalla las patologías equiparables a la Parálisis Cerebral Profunda.

En conclusión la CCSS respondió a las consultas planteadas por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social en relación con el ajuste de las pensiones del Régimen No Contributivo y proporcionó la información solicitada, en la medida que fue posible, dadas las limitaciones de presupuesto y los aspectos médicos confidenciales. Se reiteró que no habrá aumentos en las pensiones ordinarias durante el año 2024, y que se aplicará el ajuste de la Ley N.º 7125 en septiembre de 2024.

En el PDF adjunto se puede ver el oficio de referencia.