Nancy Piedra Guillén
Profesora de la Escuela de Sociología, Universidad de Costa Rica
El reciente debate presidencial Se busca presidente, transmitido por OPA, introdujo una ruptura relevante en la escena política costarricense. A diferencia del formato tradicional —centrado en la confrontación retórica y el golpe mediático—, este ejercicio colocó en el centro la evaluación técnica de propuestas, la coherencia programática y la viabilidad institucional, bajo la mirada de personas expertas y con criterios explícitos de factibilidad.
El debate estuvo claramente dirigido a un electorado que hoy define el rumbo de la elección: las personas votantes indecisas, mayoritarias según las encuestas del CIEP-UCR de noviembre y diciembre de 2025. Sin embargo, el verdadero campo de disputa no se limitó al estudio de televisión. Se desplazó, con fuerza, al espacio digital, donde se hizo visible una tensión cada vez más estructural en nuestras democracias: la desconexión entre racionalidad técnica, afectos políticos y legitimidad pública.
La técnica no garantiza legitimidad
El formato del debate apostó por una lógica deliberativa exigente: qué se propone, cómo se implementa, con qué recursos y en qué plazos. Este tipo de ejercicio resulta indispensable en una democracia erosionada por la improvisación, el personalismo y la simplificación extrema de problemas complejos. No obstante, el debate dejó al descubierto un límite fundamental: la buena técnica, por sí sola, no garantiza adhesión política ni respaldo social.
Las calificaciones otorgadas por el panel experto —alta, media o baja factibilidad— no se tradujeron automáticamente en apoyo ciudadano. Algunas candidaturas con evaluaciones favorables no lograron generar entusiasmo, mientras que otras, con desempeños más débiles o controversiales, concentraron altos niveles de conversación pública. El dato no es anecdótico: revela un cambio profundo en las formas contemporáneas de construcción de legitimidad política.
Redes sociales: volumen, rechazo y castigo simbólico
El análisis de la conversación digital posterior al debate confirma esta brecha. Durante la transmisión, el politólogo y analista en comunicación política Cristan Bonilla, profesor de la Universidad Latina de Costa Rica, presentó datos de monitoreo de redes sociales que permiten una lectura más fina del impacto político del debate: volumen de menciones, balance entre comentarios positivos y negativos y niveles de rechazo simbólico por persona candidata.
Los resultados son claros: liderar la conversación digital no equivale a generar apoyo neto. Las redes sociales operan bajo lógicas distintas a las de la evaluación técnica. Amplifican emociones, moralizan el conflicto y funcionan como espacios de sanción simbólica. La viralidad no distingue entre aprobación y repudio; intensifica la polarización.
Esta lectura coincide con el análisis periodístico de CRHoy, que mostró cómo, tras el debate, algunas candidaturas concentraron altos niveles de rechazo aun cuando su desempeño fue consistente o disciplinado.
Coherencia ideológica y penalización digital
El caso del Frente Amplio resulta ilustrativo. La candidatura de Ariel Robles sostuvo una línea ideológica clara y consistente, con un discurso estructural sobre desigualdad, endeudamiento y modelo de desarrollo. Sin embargo, fue también la que acumuló mayor rechazo neto en redes sociales. Esta penalización no se explica por errores técnicos, sino por una distancia explícita frente al marco dominante de soluciones punitivas y simplificadoras, particularmente en materia de seguridad ciudadana.
En un contexto atravesado por el miedo, los discursos que cuestionan el modelo económico y proponen transformaciones estructurales tienden a ser castigados simbólicamente, incluso cuando están bien fundamentados. El castigo no es técnico; es político y afectivo.
Género: la ausencia que no sanciona
Otro elemento relevante del debate fue el señalamiento reiterado de las personas expertas sobre la ausencia de propuestas específicas para mujeres, cuidados, violencia y embarazo adolescente en algunos planes de gobierno. Desde una perspectiva técnica y feminista, esta omisión constituye un déficit significativo.
Sin embargo, la reacción en redes sociales mostró algo inquietante: la ausencia de una agenda explícita de género no genera sanción electoral visible. No provoca rechazo masivo ni controversia sostenida; simplemente pasa desapercibida. Mientras la evaluación especializada identifica la omisión como un problema, la conversación digital la neutraliza. Esto confirma que la agenda de género continúa ocupando un lugar secundario en la jerarquía electoral, incluso cuando las mujeres conforman una parte significativa del electorado indeciso.
Modelo económico, juventudes y territorios
Este análisis parte de una preocupación central: la democracia no puede reducirse a la defensa formal de la institucionalidad ni al respeto procedimental del Estado social de derecho, si al mismo tiempo se profundizan la desigualdad, la exclusión social y la precarización de la vida, especialmente entre las juventudes. Costa Rica arrastra desde hace décadas una orientación neoliberal persistente, consolidada incluso por gobiernos que se presentaron como alternativas progresistas —donde el PAC fue determinante en la normalización de estas orientaciones— y que, en nombre de la responsabilidad fiscal, la modernización o la eficiencia, debilitaron políticas redistributivas, recortaron inversión social y abandonaron territorios completos.
Las consecuencias de este modelo se expresan territorialmente: comunidades expulsadas del empleo formal, sistemas educativos incapaces de ofrecer trayectorias reales de movilidad social y cientos de jóvenes sin horizonte, para quienes el narcotráfico y las economías ilegales se convierten en una de las pocas formas de inserción económica, reconocimiento y pertenencia. La inseguridad que hoy domina la agenda electoral no puede comprenderse al margen de este proceso estructural de exclusión generacional y territorial.
Si seguimos eligiendo gobiernos que, aunque respeten la institucionalidad democrática, la legalidad y el marco formal del Estado social de derecho, mantienen intacto el modelo neoliberal, seguiremos profundizando las brechas que dicen combatir. Ninguna política de mano dura resolverá un problema cuyas raíces están en la desigual distribución de oportunidades y en la retirada del Estado de los territorios más golpeados.
Tres capas de la campaña
El cruce entre debate, redes sociales y encuestas permite identificar al menos tres capas simultáneas en esta campaña electoral:
- Una capa técnica, donde importan la viabilidad, la institucionalidad y la coherencia programática.
- Una capa afectiva, dominada por el miedo, el enojo, la identificación y el castigo simbólico.
- Una capa estratégica, donde las candidaturas deciden a quién le hablan: al panel experto, a las personas indecisas o a sus bases políticas.
El debate fue exitoso en la primera. Las redes muestran que la disputa decisiva ocurre en la segunda. Las encuestas advierten que la tercera aún está abierta.
Un cierre necesario
La democracia no se erosiona solo por la mala técnica, sino también cuando la política se reduce al castigo emocional, al miedo y al ruido digital. Votar conscientemente hoy implica resistir la simplificación, exigir propuestas viables y, sobre todo, defender políticas públicas que atiendan las necesidades de quienes menos tienen, de las personas y territorios históricamente excluidos, y de las juventudes que hoy crecen sin horizonte.
Cuando la discusión pública se desplaza hacia el orden, la mano dura o la estabilidad macroeconómica desligada de justicia social, se invisibilizan las causas estructurales de la violencia y la desigualdad. Sin inversión social, sin políticas redistributivas, sin presencia estatal sostenida en los territorios más golpeados, seguiremos reproduciendo las condiciones que empujan a cientos de jóvenes hacia economías ilegales como el narcotráfico, mientras el sistema político responde solo con discursos punitivos.
El futuro no se define con memes, ni con tendencias momentáneas, ni con la viralidad del enojo. Se construye cuando las personas ciudadanas ejercen su derecho al voto con juicio crítico, memoria histórica y responsabilidad colectiva, apostando por un proyecto de país que no sacrifique a sus juventudes ni profundice la exclusión en nombre de la gobernabilidad o del continuismo del modelo. Defender la democracia hoy exige defender la justicia social.
Partidos políticos participantes en el debate de OPA
Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Nueva República (NR), Unidos Podemos, Partido Liberal Progresista (PLP), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Partido Avanza y Coalición Agenda Ciudadana (vinculada al espacio político del PAC).
Fuentes
- CIEP-UCR. Encuestas de Opinión Pública, noviembre y diciembre de 2025.
- Debate presidencial “Se busca presidente”, Canal OPA, 18 de enero de 2026.
- CRHoy. “Redes sociales pasan factura tras debate: estos fueron los más apoyados y los más rechazados”. Enero 2026.
- Análisis de conversación digital presentado por Cristian Bonilla, Universidad Latina de Costa Rica, durante la transmisión del debate.
